Un principio básico del sistema republicano es el imperio de la ley, como un elemento cosustancial a la igualdad ante la ley. Esto significa que la norma está por encima de todos, que no hace distinción de clase social, credo, orientación política o algún otro factor y que se aplica, para bien o para mal, sin excepción. A la par de este principio se encuentra el de seguridad jurídica, otra cara de la misma moneda, que implica la necesidad del ciudadano de saber a qué atenerse, es decir, tener la certeza o seguridad de que las acciones tienen consecuencias, positivas o negativas.
En el caso de los delitos, estos principios jurídicos nos indican que las personas deben tener claro que ciertas acciones o conductas tienen sanciones y que, de cometerlas, se enfrentarán implacablemente a la justicia. El funcionamiento adecuado del sistema para procesar dichas conductas contribuye enormemente a la creación de una cultura social de respeto por los derechos individuales y permite la tranquilidad de los ciudadanos para que puedan desarrollar sus vidas sin temor.
No obstante, cuando los delitos no son sancionados debidamente y se genera un ambiente de impunidad, la sensación de las personas aumenta al mismo tiempo que lo hace su molestia hacia el sistema, al que poco a poco van despreciando y dan paso a privilegiar regímenes de mano dura que, tarde o temprano, terminan por imponerse autoritariamente y destruyen las libertades. No en vano decía Benjamin Franklin que "aquellos que renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad". No en vano la historia nos ha demostrado con infinitos ejemplos la validez de esta premisa.
Recientemente, hemos presenciado en nuestro país una serie de actos violentos -robos y homicidios- o de escándalos por corrupción o arbitrariedad, especialmente en las altas esferas del poder, que de una u otra forma no terminan en condena, a veces por la incapacidad del Ministerio Público para presentar la acusación, las pruebas y los testimonios para demostrar, cuando es posible y amerita, la responabilidad de los acusados y permitir a los Tribunales, luego del debido proceso, determinar las sanciones correspondientes.
Tal situación enciende las luces de alarma. Al respecto, el Informe del Latinobarómetro 2013 indica que
"Entre los países que han disminuido el apoyo a la democracia llama la atención Costa Rica que comienza a mediados de los años ‘80 como una de los países más democráticos de la región. Disminuye de 74% en 2009 a 53% en 2013. Costa Rica presenta en 2013 una diferencia de 16 puntos con respecto al promedio 1995- 2013, siendo el país de la región que ha perdido más apoyo a la democracia. Al mismo tiempo ha aumentado el apoyo a la frase “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” de 7% en 1996 a 17% en 2013. En total, las actitudes autoritarias aumentan 8 puntos por sobre el promedio 1995-2013".
Los datos son claros. Cada vez más gente molesta con un sistema político incapaz de satisfacer sus demandas, entre ellas, las de seguridad y tranquilidad, pierde su aprecio por la forma en la que se hacen las cosas y acepta la posibilidad de un líder autoritario que "resuelva" la problemática. En buena parte, esa sensación de desgaste e impotencia contribuyó, entre otros factores, a un incremento sustancial de apoyo hacia el partido Frente Amplio, cuyas propuestas son claramente comunistas, dirigidas a crear un Estado omnipresente y omnipudiente que se encargue de todo, sustituyendo a los individuos en el manejo de sus propias vidas y pisoteando su libertad, para convertirlos en simples autómatas que viven por y para el "ogro filantrópico", como lo llamara Octavio Paz, quien a propósito escribió en su momento que "el Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que las de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina".
Evidentemente no se trata de culpar por culpar a cualquier acusado y de comenzar una cacería de brujas que someta a la ordalía judicial a quienquiera que sea acusado. Estamos hablando de satisfacer la demanda de justicia por los medios republicanos propios de un Estado de Derecho, con tribunales de justicia que respeten los derechos de todas las partes involucradas en los procesos y garanticen el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.
Logrando eso, junto con otras tareas impostergables que hemos mencionado con regularidad en ASOJOD, podremos conseguir que las personas recuperen su tranquilidad, que se sientan representadas y protegidas por un sistema que no permitirá que se vulneren sus derechos individuales y que, ante todo, se encuentra dispuesto a hacer valer esos principios que mencionamos al inicio, cerrando las puertas a ese caldo de cultivo del totalitarismo, del autoritarismo estatal que solo desgracia trae a los pueblos.
