Para una república, para una democracia, es elemental (vital) el tema de la libertad de expresión. No hay que olvidar que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra este importante derecho (buscar, recibir y difundir información).
La posibilidad de que una ley relativa a los delitos informáticos (9048), cuyo formato es una reforma al Código Penal, esté atentando contra la libertad de expresión (pariente cercanísima de las libertades de pensamiento, prensa y enseñanza) es pareja con el hecho de que nuestro Estado no ha superado los entuertos contra la libertad de expresión señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera.
Por eso es risible el argumento de los diputados, en el sentido de que cualquier error es un gazapo de los asesores. Igual, el desempeño de la Presidencia de la República, que no veta el proyecto de ley sino que le da el “Ejecútese” y la promulga, pero que se deshace en cumplidos hacia la prensa y organiza una comisión de reformas (un placebo).
Preocupa que la técnica legislativa sea tan pobre y complicada (la ley 9048 es un exceso de verbos que no logran determinar un tipo penal preciso y es obvio que hay una serie de disposiciones que amenazan la libertad de información). Preocupa que la Presidencia de la República sea evasiva y finja complacencias. Preocupa que una parte de la prensa sea tan contradictoria, pues un día apura a los legisladores y exige leyes al por mayor y al día siguiente se rasga las vestiduras por el contenido de las leyes (la misma historia que con la Ley de Tránsito).
Asusta el entorno, pues hace pocos días el CONAVI recordaba a sus funcionarios que tenían el deber de confidencialidad y hay una acusación contra funcionarios por sospechas de haber filtrado la información que descabezó el nudo de negocios de la familia Herrero-Procesos.
El Estado debería ser como una casa de cristal, transparente y con todo a la vista. Esta ley y el entorno nos dejan ver que el panorama se complica. Sin libertad de expresión el pueblo no puede informarse adecuadamente para tomar decisiones. Cae así una garantía básica y un supuesto de la forma republicana que caracteriza a nuestro Estado.
Hay que reconocer que la tendencia en el poder costarricense (Asamblea y Ejecutivo) no es pro libertad de expresión. Una vez que entendamos esto entonces será claro que hay que promoverla la libertad de expresión y sus garantías.
Federico Malavassi Calvo
Federico Malavassi Calvo
