La columna de Carlos Federico Smith: incertidumbre en fallos de jueces

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está integrado por jueces quienes en última instancia son los encargados de la legalidad de los actos electorales en el país. El tribunal tiene rango constitucional y es “responsable de la organización, dirección y vigilancia de todos los actos relativos al sufragio.”

Sin duda es parte de nuestro sistema judicial. Y de hecho sus magistrados son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. 

Por ello, cierta decisión que tomó recientemente ese Tribunal y, en esencia, por el fundamento de dicha decisión, me preocupa por la incertidumbre que introduce a la legalidad del país.

Resulta que, de acuerdo con una información aparecida en La Nación del 14 de marzo, titulada “PAC autorizado a pagar intereses moratorios a Caja con dinero público: TSE da inédito viraje en jurisprudencia que data de 1999,” en el 2015 el PAC fue sancionado por el TSE a pagar a la Caja del Seguro Social una obligación de ₡60 millones que negoció con ese ente, como parte de “una deuda de ₡465 millones en cuotas, a lo largo de 36 meses” debido a cargas sociales que no fueron pagadas por el PAC “por 490 profesionales y técnicos contratados durante casi cuatro años, entre julio del 2006 y marzo del 2010.” Esto derivó en una condena en diciembre del 2016 por “el delito de estafa mayor en perjuicio del estado”, pues se había alegado que se trató de un trabajo voluntario, pero, a pesar de ello, esos gastos fueron pasados a cobro ante el TSE.

Pero, como no se habían pagado las cargas sociales del caso, la Caja cobró cerca de ₡60 millones en intereses por mora y el PAC solicitó que se permitiera el uso de recursos públicos -como parte de gastos aceptables de ser incluidos dentro del financiamiento estatal a los partidos políticos- para enfrentar esa obligación con la Caja.

El TSE, en decisiones del 2009 y del 2015, había rechazado que ese tipo de pagos se pudiera hacer como parte del financiamiento estatal aceptado, considerando así “que no constituía un gasto reembolsable” como parte del financiamiento a los partidos que brinda el estado. 

Vale la pena señalar lo que, en el 2015, dijo el TSE: “Avalar el pago de las referidas sanciones pecuniarias valiéndose de los recursos de la contribución estatal conllevaría el reconocimiento de deudas pendientes de la agrupación (generadas por la falta de pago oportuno) y no de erogaciones efectivamente realizadas.”

Ahora, en el 2017, y ante apelación del PAC, el TSE aprobó que se utilizaran fondos públicos para tal cancelación.  Para ello, alega que se toma en función del “interés público”, como nuevo paso en la jurisprudencia, al reconocer como financiable con fondos públicos esa deuda por mora con la Caja. El TSE dice que “la conveniencia de ese criterio se justifica, concretamente, en el ya expresado interés público que reviste este tipo de obligaciones”, además a causa de que “en la normativa vigente no se contemplan obstáculos formales que tornen improcedente esa alternativa de acción.”

Eso de “interés público” me parece que simplemente es lo que los jueces del TSE consideran es el interés de los diferentes grupos que integran a toda la sociedad: lo que, en última instancia, esos jueces consideran que es el interés de todos nosotros. En mi opinión, con ello se abre espacio para que, en función de un presunto omnisapiente tribunal, se puedan tomar decisiones basadas en que son capaces de conocer cuál es el interés exacto y ponderado de todas las personas de la sociedad. Casi que cualquier cosa cabría dentro de sus potestades, a fin de considerarla que es de interés público al tomar una decisión en cierto sentido.  ¿Cómo saben cuál es el interés público si no es lo que ellos consideran que lo es? Me parece una suprema arrogancia, que suele ser más propio del poder de la Divinidad, que de jueces. En todas las situaciones suele haber siempre intereses distintos entre diferentes grupos de ciudadanos -pues involucra la utilización de recursos estatales aportados por todos los contribuyentes- los que, de alguna forma, han de ser sopesados al considerar que una decisión se toma en función del “interés público.” ¿Cómo es que esos magistrados están en capacidad de comparar el daño o sacrificio que sufre alguno o varios o muchos grupos de la sociedad, con el beneficio de un grupo de la sociedad, como podría ser el grupo político llamado PAC?

Simplemente, lo de “interés público” no es más que lo que a esos magistrados se les ocurre es el bien general, pues ni siquiera tienen forma de comparar a los afectados con los beneficiados con sus acciones, a fin de poder demostrar que lo decidido es efectivamente el interés de “todos” los ciudadanos. Así las cosas, en cualquier momento, cualquier decisión puede ser tomada por los magistrados, porque a ellos le parece que va en bien de todos, aunque no lo sea más allá de su apreciación personal. Me temo que, bajo ese principio, uno siempre está en manos de lo que pueda pensar o decidir un tribunal, no por justo –en cuanto al principio de legalidad- sino porque consideran que lo que decide se hace en bien de un imaginario “todos” (alguien religioso podría considerar que ese es un atributo propio de Dios).  Ojalá que yo esté equivocado en mi apreciación.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un conflicto irresoluto que nos daña mucho

Desde hace ya buen rato que no hay solución a un conflicto que es particularmente relevante para las próximas elecciones de alcaldes en los primeros días de febrero.  Me refiero a que la Contraloría considera necesario castigar a alcaldes por supuestas anomalías, tal como lo ha señalado mediante diversas recomendaciones vinculantes, pero que, como quien los nombra es el Tribunal Supremo de Elecciones -ente que les entregó las credenciales a los alcaldes cuestionados- es el cuerpo facultado para ejecutar las decisiones de la Contraloría al respecto.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) considera que es la Contraloría la que tiene los poderes del caso para ejecutar esas sanciones.

Ante el impasse obvio y por la trascendencia que tiene desde el punto de vista de la rendición de cuentas y de la asunción de responsabilidades de los cuestionados, es que la Contraloría ha sometido la decisión al Tribunal Contencioso Administrativo, en torno a quién corresponde aplicar tales sanciones. Sin embargo, su resolución parece no haberse dado -pocas semanas antes de las elecciones municipales- siendo ello crucial en la lucha ciudadana contra la impunidad.

Esto lo presenta La Nación del 03 de noviembre del año pasado, en un artículo titulado “Irregularidades de Alcaldes se Quedan sin Castigo: Contraloría y TSE en pugna por quién tiene potestad para suspenderlos.” La pugna la resolverá, supuestamente, el Tribunal Contencioso Administrativo, pero, mientras tanto, ni la Contraloría ni el TSE nos dan aliento a los ciudadanos que tenemos las esperanzas puestas en un adecentamiento de la función pública. 

Este tiempo perdido por falta de una resolución final del Contencioso Administrativo puede ser crucial, pues ya se avecina la elección de nuevas autoridades municipales y algunos de los alcaldes sancionados por la Contraloría buscan su reelección, aunque  ciertamente algunos han apelado la decisión contralora ante otros tribunales.

La Nación cita los siguientes casos: Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana y sancionado con una suspensión por 8 días, del partido Liberación Nacional; Bernal Vargas, alcalde de Palmares y sancionado con una suspensión por 8 días, del partido Liberación Nacional; Néstor Mattis, alcalde de Limón y suspendido por 20 días, del partido Auténtico Limonense; Leonardo Quesada, alcalde de León Cortés y sancionado con una suspensión de 20 días, del partido Liberación Nacional y Jairo Guzmán, alcalde de San Mateo y sancionado con una suspensión de 30 días y del partido Liberación Nacional.

Asimismo, fueron suspendidos, pero no buscan su reelección, el alcalde de Valverde Vega, Luis Antonio Barrantes, suspendido por 15 días y del partido Movimiento Libertario y la alcaldesa de Atenas, Querima Bermúdez, suspendida por 15 días y del partido Unidad Social Cristiana. Asimismo, informa el periódico que, a esa fecha, “está en el limbo una sanción contra nueve regidores de San Mateo, Guatuso, Nicoya y Cartago y una vicealcaldesa de Osa.”

Por su parte, es bien sabido que Johnny Araya, quien fuera suspendido como alcalde de San José en febrero del año pasado, cuando “la Sala IV le dio el visto bueno (a la Contraloría) para emitir castigos,” aspira de nuevo a ser alcalde de San José (no conozco de otros casos, pues los citaría igualmente)

Por el mayor bienestar de la ciudadanía y los electores, es mi opinión que ya los jueces deberían de haber resuelto el impasse entre la Contraloría y el TSE. Los ciudadanos queremos justicia, transparencia y que se evite la impunidad.  Como no hay nada resuelto aún, creo que los ciudadanos ya saben qué hacer en cuanto a la reelección pretendida por los señores citados, mediante su voto en las elecciones municipales de febrero. Pero estamos ante otro ejemplo de ineficiencia -por lerdas- en lo referente a resoluciones de ciertos tribunales del estado.

Jorge Corrales Quesada

Desde la Tribuna: Programas de Gobierno según el Estado de la Nación

Un especial artículo de La Nación ha tomado un particular criterio del 19º Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible, relativo a los programas de gobierno propuestos por las agrupaciones políticas para las elecciones de 2010 (las pasadas, no las que están por realizarse).

Curiosamente, el estudio (pareciera que no hay otra cosa mejor que hacer con este dicho Informe de la Nación) destaca que, en su mayoría, “los partidos políticos no exponen cómo pretenden cumplir lo que proponen a los votantes en campaña electoral.”

Alguien se dio a la tarea de contar y determinó que “Para los comicios nacionales del 2010, las nueve agrupaciones con candidato presidencial ofrecieron más de 2.400 objetivos para el país. Sin embargo, casi 1.300 (el 53%) carecían de una política concreta para resolver el problema citado.”

Se afirma, de un solo párrafo que  “ … fueron propuestas generales, que dijeron muy poco sobre cómo se iban a realizar las promesas de campaña y de dónde se iban a sacar los recursos económicos para cumplir con todo lo prometido”

Paso seguido, el informe concluye que “que esa deficiencia coincide con los pocos recursos que las asociaciones políticas asignan al pensamiento y a la formación.”

Como observación curiosa, el partido que resultó mejor calificado en el análisis del Informe de la Nación fue el partido que fue denunciado por plagio en su programa de gobierno.  La notifica fue vergonzosa y hubo petición pública de perdón.  

No obstante, algunos malos lectores han salido a las redes a alardear de que el Informe del Estado de la Nación calificó a este partido como el del mejor programa.  ¡Cosas veredes!

Es necesario explicar que el Informe intentó sistematizar un análisis a partir de la búsqueda de una especie de común denominador de las propuestas programáticas.  Por tal motivo, explica el mentado informe que “los temas que concentraron las propuestas de los partidos fueron productividad y empleo, desigualdad y combate a la pobreza, eficiencia del Estado y seguridad.”

Asimismo, para adornar la noticia La Nación recogió la información de que “Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), coincidió con las conclusiones del Estado de la Nación . … Para Picado, las organizaciones remarcan el qué, pero no dicen el cómo a la hora de hacer campaña. … “Es muy fácil decir ‘vamos a echar a Costa Rica a andar’, pero ¿cómo? Ahí es donde la propuesta partidaria nos queda debiendo”, dijo el director del IFED, quien añadió que los partidos actuales perdieron las estructuras permanentes que tenían hace 20 años y se convirtieron en aparatos electorales. …“La actividad ideológica es pírrica”, añadió Picado. Él cree que las agrupaciones desaprovechan el financiamiento para capacitación que incluye el Código Electoral.”

¡Qué vaina!  Lo que me queda claro es que aunque no se ganen las elecciones, con plata de los costarricenses se harán estudios acerca de la “calidad” de los programas y promesas de gobierno.  Estos programas deberán ir a un análisis que los comparará (aunque no sean homogéneos) y determinará su “factibilidad”.

¿Será apropiado gastar dinero público en ello?

Algunas veces me siento agobiado con la homogenización o manía de formularios que se van imponiendo en las prácticas públicas.    

Formulario para la declaración de la renta, formulario para la obtención de una patente, formulario para la exoneración x, formulario para la compra y, formulario para ingresar a la escuela, formulario para obtener servicios de salud, formulario para … la vida del ciudadano pende de formularios y formularios.   La persona no interesa, sino su habilidad o destreza para llenar el formulario.   El gobierno digital, incluso, para decantarse por la vía del formulario.  

No interesa qué se dice, hay que llenar el formulario.  No se puede pensar más, ir más allá, ejercer la creatividad.  El funcionario público es implacable.  ¿A ver cómo le va con los servicios de migración o con los de aduanas?

Hasta el examen de Bachillerato se hace por formulario y lector óptico.  Pareciera que la destreza debe limitarse al formulario.  En múltiples actividades (desde la universitaria hasta la municipal, desde los servicios públicos de salud hasta las actuaciones fiscales) impera el formulario.  

Es el imperio del funcionario público, que ha logrado llevar a la vida ciudadana su sujeción al principio de legalidad.  Habilidad máxima del funcionario, tiene toda la discrecionalidad para traspasar al sector privado su obligación de sujetarse a la ley.

Puede ser que los puentes de la CNE sirvan para habilitar fincas en las cuales los narcotraficantes tengan helipuertos, puede ser que la Comisión de Vialidad sea influida para que se fomenten los caminos que llevan a estas fincas, puede ser que las inscripciones de vehículos estén dirigidas a transportar los combustibles para las naves que van a estos helipuertos, lo que interesa al registrador, al administrador de emergencias y demás empleados públicos concernidos es la sujeción al formulario.

¡Bendita tramitomanía que ya contagió la forma en que se deben expresar los programas electorales de los partidos políticos!

La verdad no interesa tanto como la sujeción al formulario.  El compromiso no importa tanto como la normalización de la expresión programática.  Hasta el representante del TSE lo expresa sin ambages. 
Quizás pronto el TSE exija que todos los partidos –so pena de anular su participación electoral- deberán expresar sus programas según formularios construidos conjuntamente por el IFED del TSE y el Programa de Informe de la Nación.  No se pagará deuda al partido que no se ajuste a la técnica de la expresión del programa de gobierno.

¿Que no cumple con las promesas?  ¿Que en su acción se contradice con sus principios y declaraciones?  ¿Que se utilizan los recursos públicos para otras cosas?  ¡Eso no importa!  Lo que interesa es que concrete sus ideas, programas y objetivos según políticas y partidas presupuestarias concretas.  ¡No estaría mal que se hicieran cronogramas y mención de las subpartidas específicas y un análisis de gobernabilidad y posibilidades de la oposición!

¡Cuánto me recuerda el tema central del libro “El otro sendero” (Hernando de Soto, Enrique Ghersi, María Murillo et. Al.)!  Cuando sus autores hicieron un análisis de las causas de la pobreza y la postración social en el Perú, determinaron que la tramitopatía es causa directa de muchos problemas.  Por eso las sociedades acuden al otro sendero, el de la informalidad, el de la solución.

Los autores de “El otro sendero” simularon una petición de un taller de costura para determinar cuántos formularios y trámites había que hacer (¡sí, para un humilde taller de costuras!) y al final obtuvieron su aprobación.  En el libro consta una fotografía con una especie de cinta o rollo en el cual coleccionaron metros y metros de papel con las formas y solicitudes que hubo que llenar.  ¡Impresionante!  Lo cierto es que al final la Administración pública otorgó el permiso, sin percatarse de que se trataba de una simulación.

Viendo las notas del Informe de la Nación y del IFED pienso en la simulación de un partido político, construido en el cumplimiento estricto de los requisitos y formularios electorales, con unos programas construidos e inscritos en los formularios que proponen el dichoso programa y el citado instituto, participando en un torneo electoral solo por ver la corrección de sus inscripciones y sin pretensión electoral alguna.  

Quizás haya quien piense que debe haber tramitólogos políticos de programas electorales.  Que tal vez debería abrirse en las Universidades, al estilo de los tramitadores de SETENA y demás administraciones singulares, una carrera con tal nombre, con colegio profesional y competencias exclusivas, bitácora y protocolo.  Estos tramitólogos deberían tener fe pública para inscribir estos esenciales documentos y hay que sopesar la posibilidad de que cuenten con bitácora, protocolo y hasta teodolito.

No estaría mal que para presentar programas de gobierno se exijan audiencias al estilo de SETENA, contribuiría mucho a su expresión que contara su formación con distintos profesionales (economistas para los temas económicos, ingenieros civiles para los temas de infraestructura, por supuesto que abogados para el manejo de la juridicidad que invade todo, informáticos, ingenieros agrónomos, médicos con especialidad en salud pública y así consecuentemente, solo un profesional puede validar la materia específica) y finalmente, debería ser obligatorio que todo programa se sujetara a reglas de inscripción (tal vez el Informe de la Nación pueda hacerles la prueba de esfuerzo).    

Finalmente, todos los candidatos deberían aprobar un examen básico acerca de sus programas, objetivos, políticas de ejecución y costos y contenido presupuestario.  ¡Quién no pase satisfactoriamente las preguntas no podrá recibir votos el primer domingo de febrero!

Asimismo, el TSE y sus delegados deberán velar porque la exposición de los programas ocupe un lugar importante en las tareas de proselitismo, difusión y plazas públicas.  ¿Para qué tanto esfuerzo si no se divulga?  De tal modo, cada equipo de chancletudos, pasacalles, proselitistas, piquetes y visitas deberá dedicar un porcentaje importante de su gestión a exponer el programa de gobierno (debidamente inscrito y calificado) según un formulario aprobado por las autoridades. En las plazas públicas deberá dedicarse un espacio importante no solo a exponer el programa según el formulario, sino que los delegados podrán desconectar sonido, luces, animadores, música y tarima si no se hace en la forma debida.  

¡No es ficción!  En la realidad estamos viviendo estas pretensiones todos los días, en la actividad social, económica, académica y productiva así se mueven los imperativos de la Administración pública.  ¡Sería divertido que los políticos, que son responsables de tanta coacción, también estuvieran expuestos a ella!

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: Diputados ¿secretos?

En días recientes, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que, para las próximas elecciones de 2014, tomó la decisión de suprimir los nombres de los candidatos a Diputados en las papeletas, con la excusa de simplificar el proceso, reducir las complicaciones de acarreo de material y ahorrar papel. Definitivamente, una torpe forma de entender el "voto secreto".

Nuestro sistema electoral es perverso, en el sentido que los partidos ofrecen al electorado listas cerradas y bloqueadas (cerradas porque no puede incorporarse a nadie más y bloqueadas porque no puede cambiarse el orden de los postulantes), que impiden que los ciudadanos tengan una relación cercana con las personas que los van a representar en el Congreso y no les permite expresar más que una preferencia por la bandera de la agrupación política escogida, sin poder alterar el orden establecido en la papeleta. 

Ahora, con la decisión del TSE, esto empeorará, pues ya ni siquiera tendrán a disposición el nombre de cada uno de los candidatos diputadiles por partido (en la práctica, ¿quién recordará las decenas de nombres y el partido en el que está cada uno a la hora de entrar al recinto electoral?).

En ASOJOD hemos sostenido, desde nuestros inicios, que la elección de representantes ciudadanos debe hacerse de la forma más directa posible, facilitando la identificación, cercanía y validación del votante y el candidato, a fin de fortalecer el lazo de legitimidad, por lo que esta ocurrencia del TSE no puede ser más que repudiada por ser la manifestación de la despersonalización del voto. 

¿Cómo queremos avanzar en términos de legitimidad de nuestro sistema político si los ciudadanos en verdad no tienen acceso a sus representantes, si estos representantes, en muchos casos, se dedican más a defender los intereses de grupos de presión organizados (Cámaras, Sindicatos, ONG's, Universidades, etc.) en lugar de los de los ciudadanos comunes y corrientes, si no existe forma de revocar el mandato de los Diputados cuando su actuación sea negativa para los electores y, ahora, si ni siquiera van a conocer los nombres por los que votan?

En lugar de avanzar en temas como la apertura y desbloqueo de listas para que los electores puedan incorporar los nombres y el orden de aquellos a los que desean dar un mandato para que los representen, la habilitación de candidaturas independientes de los partidos políticos, la regulación del instituto de revocatoria de mandato para hacerlo efectivo y la ampliación de la democracia directa, el TSE, supuesto pilar de la democracia, da un gigante paso atrás a favor de las cúpulas de poder dentro de los partidos para que sigan poniendo y quitando a su antojo a candidatos según les convenga. 

¡Qué mal ejemplo dará al mundo una democracia que ya casi cumple doscientos años! Parece que la edad no le ha servido para madurar.

Tema polémico: el voto en el extranjero

Recientemente, se indicó en una noticia que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está habilitando la posibilidad de votar en el extranjero, para los costarricenses residentes en otros países. El plan preveé facultar a unos 12.000 ciudadanos a elegir únicamente al Presidente de la República y se planteará como una forma de reducir el abstencionismo y profundizar la democracia electoral ampliando el derecho a otros compatriotas que, hasta la fecha, tenían reducidas oportunidades de ejercer su voto.

Hasta ahí, todo suena muy bien. El problema que encontramos en ASOJOD es operativo y, contrario a lo que pudiera pensarse, no es de poca monta. Según las propias declaraciones de funcionarios del TSE, los partidos podrán buscar personas que, en las embajadas y consulados costarricenses, deseen trabajar como miembros de mesa; de lo contrario, lo hará el personal de esos centros diplomáticos. 

Es claro que los partidos tienen muchos problemas para encontrar gente que desee trabajar en las mesas electorales. Y si ya ese es un trabajo arduo y pesado en nuestro país (no en vano tiene el TSE que convocarlos y pagarles), podemos imaginar que será todavía más complicado tener representantes en todos los consulados y embajadas. Eso nos deja con que la mayoría de las mismas estará cubierta por personal de dichos lugares. 

El problema de fondo es ¿quién nombra a ese personal? ¿A quién responden? Unos cuantos, la minoría según ha denunciado la propia Asociación de Trabajadores del Servicio Exterior, pertenecen a carrera diplomática y tienen un puesto en propiedad. Otros, los muchos, son puestos de confianza que responden al Gobierno de turno. Por supuesto que habrá excepciones, pero serán pocas. Podría pensarse que los embajadores, designados políticamente por el Poder Ejecutivo, tendrían todos los incentivos para devolver el favor de su nombramiento, máxime si quieren permanecer 4 años más en el cargo. 

¿Quién podrá controlar y garantizar que, efectivamente, el proceso electoral en embajadas y consulados se llevará de manera transparente y limpia? Nadie. Dependerá de la buena voluntad y la conciencia de sus funcionarios. No queremos acusarlos desde ya, pero sí señalar que hay un elemento de vulnerabilidad del proceso electoral que podría generar resultados muy diferentes a la expresión de los electores y eso no ayuda en nada a un sistema político que hace aguas en términos de credibilidad y legitimidad.

Habrá que vivir la experiencia para saber cómo nos va con la implementación del voto en el exterior. Otros países lo han hecho relativamente bien y eso podría calmar un poco las preocupaciones. No obstante, Costa Rica es famoso por hacer mal todo lo que en otras latitudes hacen bien. Ya veremos si el tiempo nos da la razón o, para nuestra sorpresa gratificante, todo sale en orden. 

Nunca falta un borracho en una vela

“Mire, muy raro, yo francamente... pusieron una crayola contra la tradición de Costa Rica de votar con la huella digital, que es mucho más seguro. Es más difícil hacer fraudes con huella digital (...) Todo muy sospechoso, lo veo muy raro”

Una vez más Rolando Socialismo Cuántico Araya intenta crear alboroto y sospechas con sus declaraciones. Si don Rolando en su infinita sabiduría no ha logrado comprender por qué ya no se vota con huella digital, con mucho gusto se lo explicamos: resulta que la huella digital viola el principio de que el voto debe de ser secreto, haciendo que sea identificable por quien voto cada persona.

Cada vez es más usual escuchar en nuestro país a llamados revolcuionarios y cosas por el estilo, por eso debemos de estar vigilantes en todo momento y desmentir a todos aquellos que pretenden justificia sus propios fracasos a la luz de supuestos fraudes electorales.

Absurdo

Una verdadera metida de pata es la última salida del TSE. Resulta que el TSE en razón del artículo 142 del Código Electoral le ha pedido a los bancos estatales abstenerse de hacer publicidad. Evidentemente es deseable que en campaña electoral las instituciones públicas -cualquiera de ellas- se abstengan de favorecer a un partido o candidato en particular ya sea explícita o implícitamente. Lo que parece verdaderamente ridículo es que se les prohiba informar al público de actividades necesarias de su propio giro comercial, como lo es informar al público de sus promociones y ofertas. Esto parece como que sacado del Código de Ética del PAC.

Entrevista a: Luis Antonio Sobrado y Héctor Fernández

¿Qué valoración hace de la experiencia ganada por usted y por el Tribunal en un referendo que se ha puesto demasiado tenso?

Esta ha sido una experiencia muy intensa para todo el país y desde luego también para el Tribunal.

No solo estamos estrenando el mecanismo del referendo, sino que además lo estamos haciendo con un proyecto muy polémico que desde el principio nos aseguraba un debate muy apasionado.

Aunque tenemos una gran experticia en administración de procesos electorales y una gran estabilidad departe de los magistrados y demás funcionarios del Tribunal nos enfrentamos a un proceso nuevo en muchos aspectos.

Nos estamos preparando para un duro desenlace del referendo. Dicen que los magistrados electorales siempre le pedimos al Niño Dios que en un proceso electoral gane cualquiera, pero que gane por goleada, porque eso evita la crispación tras el proceso y los ánimos encendidos.

¿Está el Tribunal en capacidad de organizar un referendo cada año, como lo permite la Ley?

Esa es otra lección que hemos aprendido. Nos preocupaba mucho la capacidad de organizar un referendo en tres meses.

Sí habíamos tomado previsiones presupuestarias, sin embargo, no es lo mismo saber con cuatro años de anticipación que vamos a tener elecciones, que con tres meses.

Pero toda la maquinaria electoral ha funcionado a la perfección, lo cual es mérito de don Héctor Fernández y de la oficina de Procesos Electorales.

Don Héctor, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo con el que se han topado durante este proceso?

Sin duda ha sido la propia Ley de Referéndum y algunas desconfianzas de la misma Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, porque cuando el presupuesto del TSE llega a la Asamblea, nos eliminan la distribución de los recursos por partida y lo meten todo en la misma bolsa.

Suponemos que eso lo hacen así para que no toquemos recursos destinados exclusivamente al referendo, pero no toman en cuenta que el proceso de compra del Estado es muy engorroso.

Es ilógico que si hay la posibilidad de hacer un referendo por año, no pueda el Tribunal tramitar compras de cosas que hacen falta.

Comprar desde cajas de cartón para las urnas, hasta materiales menores como lupas y focos en 8 semanas es muy difícil.

Afortunadamente, la Contraloría General de la República nos permitió hacer compras directas, pero aún así las transferencias presupuestarias se nos han dificultado.

¿Qué cambios sugerirían ustedes hacerle a la Ley de Referéndum?

Creo que la Ley Seca tiene que regir para consultas populares.

Además, hay que replantearse las cuotas de equidad en el proceso de referendo, sin que esto signifique que yo considere que el actual ha sido un proceso espurio por falta de equidad.

Pero hay que trabajar para que el Estado aporte recursos económicos para financiar espacios publicitarios, para que en este tipo de discusiones haya una mayor y mejor visualización de todas las corrientes de opinión en juego.

En las competencias electorales de toda índole, se deben prohibir por completo las contribuciones de personas jurídicas.

(Héctor Fernández) La ley de Referéndum no prevé ningún tipo de fiscalización y el Tribunal tuvo que hacerse cargo de eso vía reglamento, creando la figura del Observador Nacional.

Algo que nos ha traído muchos problemas, es que la Ley tampoco estipula la creación de Juntas Cantonales, lo que impide la definición de actores en el proceso de referendo.

Eso deviene en una traba para coordinar por ejemplo, la entrega de papeletas y otro material electoral, lo que nos ha obligado a asumir el proceso solos, cuando en otras circunstancias, los partidos políticos nos han ayudado a cumplir con nuestras labores.

¿Cuáles han sido los cambios más notorios que ustedes han logrado identificar respecto de las campañas políticas tradicionales?

Uno de los más notorios ha sido que los partidos políticos no son los protagonistas en un referendo, sino que son una gran diversidad de organizaciones sociales y de instituciones públicas que conforman sectores sin forma y de gran diversidad, con los cuales es incluso hasta difícil establecer una interlocución.

Este referendo nos plantea un reto en cuanto a la conformación de las juntas receptoras de votos, cuya integración es por primera vez en la historia es responsabilidad exclusiva de nosotros, por lo tanto no podemos fallar.

Por eso creemos que la participación de los partidos políticos como actores fundamentales en la democracia, debe fortalecerse de cara a futuros referendos. A pesar de que con la inscripción de fiscales, quedó claro que son los partidos los que siguen movilizando a la gente a participar.

Y evidentemente la polarización que ha causado el Tratado de Libre Comercio entre la población ha marcado el proceso.

A diferencia de lo que ocurre en los procesos electorales, donde usted tiene una pluralidad de candidatos y partidos, aquí es un tema polarizado, es blanco o negro, es sí o no.

¿Para ustedes cuál ha sido el resultado más evidente de la polarización en torno al TLC, en esta campaña?

Es evidente que para los defensores, el TLC es un proyecto imprescindible para el desarrollo del país, mientras que para sus detractores es muy negativo. Hay una polarización en el juicio sobre el TLC, hay momentos en que yo siento que las dirigencias han tendido a crear una guerra religiosa para el próximo 7 de octubre que lo que hace es desbordar las pasiones.

¿En ese panorama, le sorprendieron al TSE las noticias de sillazos en bares y de botellazos en el Club Unión a raíz de la discusión del TLC?

Prácticamente yo era un jovencillo cuando se daban las campañas de garrotazos de la Avenida Central. Teníamos muchos años de no ver pleitos en cantinas, vecinos enemistados, hogares con desavenencias por el tema de la política.

En parte eso es positivo porque hay una recuperación de la importancia de la política y esto es política, porque es la discusión de un asunto público y la valoración de qué conviene al país.

Después de elecciones desde el año 98 apagadas y con mucha apatía popular, pues vemos un gran entusiasmo de participación.

Sin embargo, los liderazgos tienen una gran responsabilidad para encausar positivamente esta pasión, porque de lo contrario, nos arriesgamos a un panorama post electoral, en primer lugar, con un escrutinio manual tensísimo, en donde la institucionalidad electoral va a volver ser puesta a prueba.

¿Son de esperar los cuestionamientos al Tribunal durante ese proceso de conteo manual de los votos emitidos durante el domingo 7 de octubre?

En otros países, como México, Perú y El Salvador, los resultados muy cerrados de los procesos electivos han derivado en fuertes tensiones sociales. A diferencia de otros países, Costa Rica se distingue por la gran confianza ciudadana en su organismo electoral.

Son 60 años de procesos electorales sin interrupciones, transparentes y eficaces.

Aun hoy cuando ven el tipo de padrón que nosotros tenemos, cuando ven el sistema de inscripción de electores y cómo funciona el cuerpo de delegados, en el exterior siguen sorprendiéndose de un país que mantiene importantes vanguardias, como permitir el voto de privados de libertad, tener el padrón electoral más confiable de toda América Latina.

Y sin embargo, en medio de la pasión que genera el referendo, algunos grupos han asumido la estrategia de descalificación anticipada del arbitro del proceso electoral.

Eso puede tener efectos nocivos para el desarrollo democrático, porque en Costa Rica se dado siempre esa ecuación entre democracia y Tribunal Supremo de Elecciones.

El ataque al Tribunal, cuando es injustificado, se basa en la mentira y en el rumor alarmista, como aquello de que va a haber cinco millones de papeletas para gemelear los votos, provoca una pérdida de credibilidad en el Tribunal, de los Magistrados y de la democracia misma.

¿Qué mensaje ha enviado el Tribunal sobre los rumores de fraude en el referendo que han circulado en las últimas semanas?

Hemos manifestado una censura muy vehemente ante una serie de rumores que han generado alarma pública, máxime en un país donde es muy grave hablar de fraude electoral, porque creímos haber construido una institucionalidad en general, y electoral en particular, que nos vacunaba contra este riesgo, tras la guerra civil del 48, donde el bando ganador defendía la pureza del sufragio.

Me preocupa sobre todo que estos sectores minoritarios mienten, porque no es cierto que el Tribunal haya puesto en proceso una conspiración. Desgraciadamente a partir del 2006, se estableció una mala costumbre de cuestionar de manera infundada al Tribunal, como estrategia política.

En esa ocasión los cuestionamientos surgieron durante el escrutinio manual de votos, ahora los hacen incluso por anticipado.

Aquí no hay ningún misterio, esas son afirmaciones muy peligrosas porque incendiar un país es muy fácil, apagar el incendio es lo difícil.

Pareciera que no todos los sectores querían un referendo para definir el TLC. Al final se está evidenciando que algunos querían un referendo solo si se les garantizaba de antemano ganarlo. Eso no se vale en democracia, porque uno entra en cualquier disputa aceptando la posibilidad de perder y aceptando que el elector es el ciudadano.

(Héctor Fernández) Uno nota esa mala imagen que han vendido del Tribunal cuando uno participa en algún programa de radio y la gente que llama hablan de las elecciones del 2006, como si se hubiera cometido algún pecado.

Hace pocas semanas un departamento nuestro terminó toda la evaluación, documento por documento, de las elecciones del 2006.

De esos datos se desprendió que solo el 5% de las juntas receptoras de votos cometieron errores durante las elecciones presidenciales pasadas.

Es decir, el 95% de las juntas funcionaron de manera aceptable.

Y dentro de los errores que se cometieron, no se logró determinar ninguna evidencia de que fueran hechos para perjudicar a una tendencia en específico, es decir, todos los partidos se vieron perjudicados.

A pesar de eso, por primera vez el Tribunal está organizando un proceso bajo un clima de desconfianza.

Por ejemplo, antes nunca habíamos tenido reportes de compañeros choferes, de que solo por andar con un vehículo del Tribunal, la gente los agrede y los insulta llamándolos corruptos.

Tampoco teníamos antecedentes del celo con que muchos fiscales están llegando a los actos de repartición de material electoral.

Llegan siempre tratando de encontrar lo malo, la trampa. Antes se revisaba el material electoral bajo un clima de extrema confianza, ahora hay que ser cuidadosos en extremo porque están esperando que cometamos el más mínimo error para hacernos un problema.

¿Ustedes han recibido insultos de la gente por ser miembros del Tribunal?

Lo primero es que uno pierde el anonimato, uno ya no se puede portar mal ni hacer loco, aun así, yo defiendo mi derecho a pasar mis fines de semana con chancletas y con bermudas.

No he sido objeto de ninguna grosería, y en la universidad donde doy clases he recibido el tratamiento más respetuoso.

A pesar de que no he vivido una situación amenazante, los niveles de seguridad personal de nosotros los magistrados están en su punto alto. Irresponsable sería no hacerlo de esa manera.

(Héctor Fernández) La situación más común es que tanto conocidos, como familiares le pregunten a uno si está con el “Sí” o con el “No”.

La gente que lo reconoce a uno en la calle, más bien le consultan a uno cómo va el proceso de referendo a manera de informarse y no de molestarlo a uno.

Hemos recibido muchas dudas sobre cómo va a funcionar el transporte gratuito de electores para el día del referendo. Don Héctor, ¿cómo funcionarán los tiquetes de bus?

Cualquiera que tenga que trasladarse para ir a emitir su voto tiene derecho a retirar los tiquetes.

Lo único que verificamos para emitir el tiquete, es que realmente una persona que dice que tiene que votar en San Carlos, esté inscrita en ese cantón.

A esa persona le daremos todos los tiquetes que necesite para trasladarse ida y vuelta por cada bus que tenga que tomar.

El tiquete es personal, solo en el caso de que el votante sea una persona con discapacidad y requiera de compañía, se le darán tiquetes a su acompañante.

Los choferes de autobús tendrán la posibilidad de solicitar la cédula a quienes vayan a usar el tiquete, para verificar que realmente fue extendido a nombre de esa persona.

Los tiquetes se están repartiendo en la sede central del Tribunal y en las sedes regionales, en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

Durante el sábado 6 de octubre el horario se extenderá hasta las 5 de la tarde e incluso el día del referendo hasta las 2 de la tarde.

Los tiquetes podrán usarse el día posterior dentro de lo razonable, dependiendo de la distancia.

¿A qué hora podremos conocer con certeza el resultado provisional del referendo del 7 de octubre?

A las nueve de la noche, y a partir del primer corte alimentaremos los datos continuamente.

La sesión solemne está convocada para las 8 de la noche. Es importante recodar que ese primer corte tenga un consolidado de muchísimas juntas, yo quisiera arrancar con el 50% de las juntas, para tener una tendencia consolidada.

Las reglas están establecidas, al menos un millón doscientos electores deberán presentarse a votar para que el resultado del referendo sea vinculante.

Para determinar si participó al menos esa cantidad se sumarán los votos del “Sí”, los del “No”, los votos nulos y los votos blancos.

Superado el umbral de participación del 40%, el ganador se determinará hasta por un voto de diferencia.

En caso de empate, se entenderá que el pueblo no legisló y el TLC volverá a la Asamblea Legislativa.

Ni los votos nulos ni los que queden en blanco se sumarán al “Sí” o al “No”.

¿Si el resultado del referendo fuera muy cerrado se podría llegar a la conclusión de que la campaña fue un fracaso o que la polarización social que ha causado el TLC continuará aun después?

Para uno es un poco complicado hacer una valoración política. Sí hay algo muy concreto, un resultado cerrado nos meterá en un proceso de escrutinio manual muy difícil e intenso.

Se ha determinado que nadie en este país está ajeno al TLC, y se ha recuperado la importancia de participar para resolver los problemas colectivos.

Debemos entender que Costa Rica no se acaba el 7 de octubre, el 8 vamos a amanecer con el mismo país, con el mismo vecino y con los mismos problemas que nos aquejan. Con dos Costa Ricas no podremos resolver ninguna de esas vicisitudes.

El referendo tiene que ser una competencia deportivo, y tomarlo con más racionalidad.

¿Qué conclusiones hace el TSE sobre la forma en que se planteó la campaña tanto a favor como en contra del tratado?

Creo que dominó el elemento pasional, ha prevalecido eso y de hecho los aportes más valiosos a la campaña provienen del propio Tribunal Supremo de Elecciones con los debates televisados y con el documento preparado por el Estado de la Nación. La Universidad Estatal a Distancia también hizo su aporte, publicando un documento muy interesante sobre el TLC.

Pero uno esperaba una campaña más dirigida a un debate de ideas, que a elementos más pasionales.

¿Ha sido una campaña sucia?

Las campañas se conforman de aspectos positivos y negativos, pero ciertamente ha habido elementos de campaña sucia.

Sí, hay cosas que se han hecho mal, y también cada sector con su estrategia publicitaria y propagandística labra su victoria o cava su derrota y este pueblo es inteligente y sabe cobrar errores y sancionar a aquellos que no le están valorando su inteligencia natural.

¿Realmente fue la decisión más acertada someter a referendo un tema tan complejo como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos?

Con todo y lo difícil que ha sido este proceso para el Tribunal, creo que fue un acierto. Tengo la impresión de que este país estaría en una muy difícil situación si el asunto se hubiera quedado en manos de la Asamblea Legislativa.

Sea como sea, el “Sí” o el “No” serán la última palabra y aquellos sectores que desoigan la sentencia de las urnas lo pagarán políticamente.

Así que creo que ha sido un ejercicio muy positivo donde el costarricense ha podido exhibir sus virtudes y sus defectos. Ha sido un proceso de aprender democracia ejerciendo democracia.

Teníamos entendido que había movilizaciones muy duras preparadas para el mes de mayo pasado, de suerte que si en algo hemos podido contribuir ha sido con la paz de la casa costarricense.

Tomado del Diario Extra

Inician debates del TLC

Este jueves 23 iniciarán una serie de debates respecto al TLC, organizados por el TSE. Los mismos serán cada jueves de toda semana hasta el jueves 4 de octubre, dichos debates están programados para las siete de la noche y serán transmitidos por el canal 13. Cada debate tendrá un tema en particular: empleo, seguros, telecomunicaciones, propiedad intelectual, etc. Afortunadamente estas actividades se realizarán sin público así que no se correrá el riesgo de que el auditorio se convierta en una gradería de sol, como fue el caso de los debates presidenciales organizado por la ¨conciencia crítica de la sociedad¨: la UCR.