La columna de Carlos Federico Smith: A pensar bien lo del salario único en el sector público

El gobierno ha estado anunciando un pronto envío a la discusión legislativa de un proyecto para instaurar el salario único en el sector público. Aún no lo ha hecho. Por eso, considero que es muy importante el análisis, realizado por una comisión de la propia Corte, que presentó el señor Roger Mata ante los magistrados que integran la Corte Plena. Este comentario toma como base la nota de La Nación del 18 de febrero, titulada “Salario global en Corte significaría aumento de ¢5.444 millones por año.”

El ejercicio hecho permite sacar a la luz varios elementos que deberían servir como faros acerca de algunos de los resultados posibles de la puesta en práctica de dicha política, esencialmente establecida para disminuir el gasto de las diversas entidades estatales. Así, se terminaría con una serie de pluses salariales, cuyos efectos nocivos e injustos son bien conocidos, que se incorporarían, de alguna manera, en sólo el salario. 

De hecho, ya se ha puesto en práctica el salario único en el Banco de Costa Rica, el Banco Central y la Contraloría General de la República, bajo modelos distintos, pues, al momento, no existe uno uniforme, pero, me permito sugerir que es oportuno que esos tres entes, que han tenido experiencias al respecto, indiquen a la ciudadanía con exactitud la forma en que se ha implantado en cada entidad y qué grado de cobertura del personal se acogió al nuevo sistema, así como cuáles han sido los resultados financieros de reducción del gasto ya obtenidos, y cuáles por obtener, teniendo como punto de referencia que lo buscado es disminuir el gasto gubernamental.

Veamos algunos de los resultados interesantes del informe de marras del Poder Judicial. Lo primero es si las erogaciones adicionales (esto es, tal vez sólo habría un aumento en el gasto salarial en los primeros años, pero es bueno saber si luego habrá uno mayor), más bien se incrementarían en función del grado y naturaleza de los grupos salariales a los que se les aplicaría el salario único.

 A le fecha, el Poder Judicial tiene alrededor de 12.000 empleados, con distintos años de trabajo y diferentes anualidades. Para el estudio se formularon varios escenarios muy llamativos y que vale la pena conocer. Uno es una cobertura del 47% del personal, (que sería a 6098 empleados) que “tienen entre cero y 10 años de laborar… {con] el salario global conformado por salario base y 10 anualidades.” La introducción de un salario uniforme para este grupo significaría un gasto salarial anual adicional de ¢5.444 millones. 

Otro es un grupo que tiene de “cero a nueve años (con salario base y nueve anualidades), que estaría compuesto de 5.341 funcionarios, que equivale a un 41.3% del total. En este caso, “el monto adicional por pagar sería de ¢4.436 millones” al año.

Asimismo, si el nuevo salario global se diera al 25% de los trabajadores (3.239) que están en el rango de “cero a cinco años” con “un salario base y cinco anualidades”, el incremento anual en el gasto por salarios sería de ¢1.477 millones.

Por tanto, en la Corete, bajo la idea de un salario uniforme conformado por salario base más ciertos pluses, habría aumentos sustanciales, que oscilarían entre ¢1.477 y ¢5.44 millones al año, según ciertos supuestos antes indicados. ¿Y el ahorro buscado en el gasto? Se responde en el comentario de marras: “Todos quisiéramos que la planilla del Poder Judicial pudiera estar en el salario único para generar un ahorro más considerable, pero todos sabemos que este modelo no genera ahorros instantáneos, sino que será en unos 15 años.”  Una posibilidad interesante, ante lo expuesto por el medio, es señalar cuál sería el valor presente de esos flujos, negativos al inicio y positivos luego, como para ver la virtud de cuál camino es el menos malo, si se quiere poner en tales términos.

Dado que se señala la pronta presentación de la reforma salarial, vale la pena tener claros aspectos esenciales como a qué grupos de trabajadores se les aplicaría, tal vez para obtener el mayor ahorro en el valor presente del gasto. Y, por supuesto, asumiendo que, durante ese flujo de años, no habrá variación en las reglas de juego de la aplicación del salario uniforme, como podría ser instaurar nuevos pluses. El tema sin duda que se las trae y exige la atención ciudadana, pues no vaya a resultar que no estemos teniendo cuidado con lo que estamos pidiendo: lo que nos podría terminar pasando; esto es, que el gasto gubernamental aumente con el salario uniforme, en vez de bajar.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: proteccionismo cafetero

No hay duda que el proteccionismo tiene mil caras. Al asomarse la posibilidad de competencia, el gremio afectado acude a buscar protección al gobierno de turno para que le proteja ante todos los males que le traerá dicha competencia. Por supuesto, alegará todo tipo de razones, excepto una: que esa competencia podría significar una reducción en el precio a los consumidores y así dañar su negocio. Por eso el proteccionismo es inaceptable. Inventará cualquier cosa para impedir que ese consumidor, cuya satisfacción debería ser el objetivo de toda economía, pueda tener la oportunidad de conseguir ese producto más barato o de mejor calidad, si fuera posible.

Ahora los proteccionistas pretenden introducir legislación que impida la importación de café desde otros países, para usarse como mezcla con cafés nacionales y ser vendido en el país. 

Se busca que la entidad conocida como ICAFE regule las importaciones de café del exterior hacia el país. ICAFE agrupa no sólo a productores nacionales del grano, sino también a procesadores industriales, así como a exportadores y, por supuesto, a funcionarios del gobierno de turno. Aquí, el ICAFE es el equivalente del CONARROZ o de la LAICA, entre otros, que pretenden que sus agremiados sean protegidos ante una competencia más económica. En este caso, ICAFE no sólo alberga a un gremio específico, sino a diversos subgrupos del sector cafetero, entidad que, en esta oportunidad, posiblemente se encuentre en un serio conflicto interno, pues la búsqueda de protección para uno de esos subgrupos significa un costo mayor para los otros y, por ende, para los consumidores.
 

Se ha presentado un plan que se tramita en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, que tiene características claramente violatorias de la libertad de contratación y de comercio constitucionalmente garantizadas, así como a la libertad de comprar a calidades y precios que se definen en un mercado.
 

Lo que se pretende en dicho proyecto, según lo señala La Nación, en su edición del 18 de febrero, bajo el título “Tostadores de café denuncian intento de poner barreras a importación de grano,” es, en primer lugar, que los contratos privados de importación de café en grano tengan que ser informados ante el ICAFE. Evidentemente, el interés de los proteccionistas es impedir la posibilidad de que se venda un café más barato en el país, o de una calidad diferente al nacional, lo cual es una aprobación subjetiva de los consumidores, como es lo natural. Por supuesto, la realidad es que ese café nacional es más caro aquí pues nuestra producción doméstica tiene un precio más alto en los mercados internacionales, en comparación con otros cafés del exterior.
 

Alguien diría que aquello último protege al productor nacional, pues así obtiene un buen precio por su producto colocado en el mercado interno. Ciertamente, pero lo hace a costas de los consumidores. 

Pero, hay algo más, Costa Rica exporta todo su café de alta calidad a precios comparativamente altos, de forma que, para el mercado doméstico, queda, y siempre ha sido esa la práctica, un café de menor calidad que el exportado de mayor valor. (Por eso uno ve cierta promoción para los consumidores de cafés nacionales, que anuncian ser de “calidad de exportación.”)
 

Costa Rica debería producir todo el café de alta calidad que pueda, si su demanda internacional es elevada, traduciéndose así en un precio alto, pero no debería hacerlo a costas de impedirle al consumidor tener un café para consumo doméstico que sea más barato, al impedirse la importación de un grano extranjero menos costoso que el nacional. Posiblemente sea para proteger la venta en el mercado interno de café doméstico de menor calidad, pero que, tal vez, es más caro que el importado.
El ICAFÉ se convertiría en un ente con prácticas monopolísticas que impide la libertad de comercio entre las partes y, posiblemente, para ello, introducirá mayores restricciones, disfrazadas de normas técnicas que frenan la importación del grano del exterior. (Parecido a las “normas técnicas” usadas para impedir la importación del aguacate, por las cuales todos hemos sufrido). Posiblemente dirán que lo que se pretende es la entrada de un café de menor calidad que el nacional, pero eso quien lo determina, al final de cuentas, es el consumidor. ¿Y si la gente le gusta más un café mezclado del “bueno” nacional con el “malo” importado? De ello podrá diferir un catador, pero yo soy mi propio catador, y defino qué es lo que me gusta. Y, además, ¿qué tal si ese café mezclado es más barato que un café “no mezclado” de grano nacional? Si me parecen buenos y aceptables sustitutos, es mi derecho pleno poder comprar el que me salga más barato.

Finalmente, agregarán que, ante el buen nombre del café nacional en el mercado internacional, habrá gente en el país que traerá café “malo” del exterior, lo volvería a etiquetar como “café nacional” (el “bueno”), y lo vendería engañosamente en el mercado internacional, ocasionando, de paso, un daño al prestigioso café nacional.
 

Esto último no se lo cree nadie, pues asume que, quienes compran en los mercados internacionales, son incapaces de poder distinguir entre un café nacional “bueno” y un nacional falso “malo.” ¿Cómo que si no existieran catadores internacionales capacitados? Y, aún más, como si en las relaciones comerciales internacionales no hubiera un conocimiento tradicional entre vendedores y compradores, en donde el prestigio de la calidad del producto transado se ha determinado desde hace mucho tiempo, y en que cualquier engaño significaría una pérdida muy elevada en la confianza de los negocios usuales entre esas partes. Lo dejarían de comprar de ahí en adelante.
 

Es muy claro que lo que se pretende es que los consumidores nacionales seamos cautivos en precio y calidad de productores nacionales, incluso de productores de reconocido prestigio en la calidad de su grano, que por ello posiblemente lo exportan beneficiosamente al exterior, dejando para el mercado interno aquel de menor calidad. Pero, déjennos consumir lo que nos parezca, a precios que nos pueden ser más favorables y preocúpense por seguir mejorando la calidad del café de exportación, demostrada, no desde hace “más de 30 años” como señala una declaración en el medio citado, sino durante siglos, en los que hemos demostrado ser capaces de competir eficientemente y sin proteccionismo en los mercados externos. 
 

Por favor, señores diputados, no permitan que se nos convierta en vasallos económicos, con costos indebidos a todos los consumidores, para beneficio de unos pocos. No somos tontos: déjennos elegir que es lo que podemos preferir, a un precio más bajo y con una calidad mayor, o una mezcla que uno escoja, en contraste con una imposición proteccionista más.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: acerca del financiamiento gubernamental de la Caja y los EBAIS recuperados

En estos días, dos situaciones recientes alrededor de la Caja del Seguro Social han llamado mi atención. Una de ellas la recoge el periódico La Nación del 18 de febrero, en el artículo titulado “Deuda de Gobierno con IVM y seguro de salud se dispara,” y la otra que se ha comentado en distintos medios, es el hecho de que la Caja ha “recuperado” una serie de EBAIS ubicados en el este de la ciudad, que previamente eran administrados por una concesión de la Caja a una universidad privada del país.

Lo que ambos tienen en común, al menos para este comentarista, es su relación con los ingresos y gastos de la Caja. En sencillo, por una parte, el gobierno no le está dando los fondos que debería darle a la Caja, tanto para su programa de pensiones IVM, como para el denominado de salud y enfermedad. Y, por la otra, que, en apariencia, los costos para la Caja -que quede claro: para todos los ciudadanos contribuyentes- al ahora administrar esos EBAIS, serán muy superiores a los hasta hace poco pagados por hacerlo a la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Veamos el primer tema de la deuda total del gobierno al 2019 con la Caja. Según el medio citado, asciende a ¢1.67 billones, de los que, el 85%; o sea ¢1.42 billones, es la deuda del gobierno con el programa de la Caja llamado Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el 15% restante al programa de pensiones de la Caja (IVM) que asciende a ¢258.630 millones. La deuda total del gobierno casi que se ha duplicado en términos reales durante los últimos 3 años. La deuda con el SEM aquí indicada incluye principal e intereses.

El artículo de La Nación desglosa la deuda total gubernamental con el SEM de ¢1.42 billones de la siguiente manera:

1. Deuda por el traspaso a fines de los noventa a la Caja de los EBAIS por el administrador previo, el ministerio de Salud. El saldo de esa deuda, dice el medio, asciende a ¢468.471 millones e indica que “representan el 33% de la deuda estatal con el seguro de salud” SEM.

2. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, el gobierno debe trasladarlo al SEM como pago “por la atención médica que el Estado debe brindar a los menores de edad, principalmente por concepto de vacunación.” La deuda del gobierno con la Caja por esta subpartida al 2019 ascendió a ¢344.974 millones, lo que equivale al “24% de la deuda total del SEM.” Esa cantidad aumentó un 46% con respecto al año pasado.

3. La tercera subpartida de la deuda total que señala el medio es por “la población asegurada por cuenta del Estado, que incluye a personas en condición de pobreza y pobreza extrema, indigentes, y privados de libertad.” Según informa la Caja, el saldo que le adeuda el gobierno por esta subpartida, a fines del año pasado, es de ¢162.115 millones, que equivaldría a un 11% de la deuda con el SEM.

Aquí me surge un problema serio en cuanto a los números que presenta el periódico: no me cuadran. Esas tres subpartidas suman ¢975.560 millones, por lo que faltaría una hipotética subpartida equivalente al 37% del total que se dice adeudar al SEM y que ascendería a ¢444.440 millones. No tengo ni idea de la consistencia de la suma de las partes de la partida adeudada al SEM.

Todo esto es importante tenerlo claro, pues, como bien dice el medio, en el artículo citado, “La existencia de las obligaciones estatales pendientes con el SEM y el IVM, implica que los patronos y trabajadores [recuerden el sistema tripartito originario del financiamiento de la Caja] asumen, con sus cuotas, parte del peso que corresponde financiar al Estado.” O sea, si, como es lógico pensarlo, lo que aporta el estado de todas formas proviene de personas y empresas contribuyentes, si alguien piensa que el estado nos lo cobrará para pagar esta deuda, pues sepan que, aparte de lo que hemos pagado correspondiente a las cuotas laborales y patronales, de algún lado el fisco sacará esos fondos, y ya sabemos cómo, de dónde y a quiénes.

Termino con una nota aparte, pero relacionada con las finanzas de la Caja. En apariencia, el costo para la Caja de administrar los EBAIS que absorbió en el este de San José va a ser mayor que lo pagado al administrador privado previo (aparte de molestias con la ubicación actual diseminada, con malas aceras en calles nutridas -al menos en Sabanilla- con largas filas, en donde la Caja culpa de ello a la administración anterior- y una atención, en opinión de algunos, poco amable). Pero, desde el punto de vista del verdadero costo que va a significar esta “recuperación” de los EBAIS para los cotizantes de la Caja, eso deberá hacerse conocer pronto a la ciudadanía… máxime con los serios apuros financieros de la Caja. De hecho, un editorial de La Nación al respecto, del 24 de febrero, consigna que “La propia auditoría interna de la Caja lo admite [que serán mucho más caros que antes bajo concesión a la universidad privada]. Según cálculos de esa oficina, el costo de contratar el manejo de los EBÁIS con terceros es un 50% menor.” Debe demostrarse, al menos, que el servicio -que era relativamente bueno- mejorará significativamente, pero las primeras impresiones parecen indicar lo contrario.

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ahora, ¡siembren aguacates!

El gobierno ha lanzado el “Plan Nacional del Aguacate.” Pretende que se cultiven 2.500 hectáreas más de las 2.000 hoy sembradas. Por supuesto, el estado aportará dinero, en esta ocasión por medio del Banco Nacional, el cual dijo disponer “de más de ¢5.000 millones para ofrecer crédito a los agricultores,” así como se usarían fondos del Sistema de Banca de Desarrollo. O sea, el gancho de siempre para los agricultores: hay plata para prestar, aunque debería depender de ellos si se justifica que lo piden prestado. Y, paradójicamente, cuando en el país ese mismo gobierno habla del problema del sobreendeudamiento. Tal vez para que, al llegar el momento de repagar la deuda, deban acudir a presiones políticas para que les amplíe el plazo de repago o que se les rebaje algo o la totalidad de las obligaciones. ¿Acaso no ha sido eso parte de la historia de ciertos endeudamientos estimulados por el gobierno de turno?

Según La Nación, en su artículo “Gobierno pretende elevar en un 125% la siembra de aguacate,” lo que en realidad nos dice es que la producción doméstica, hasta el momento, no ha estado a la par de la demanda, por lo que los precios han aumentado (yen cuanto a la calidad que usted sea quien juzgue, porque, para mí, algunas veces muy mala y, en otras, muy buena). Tan es así dicha “insuficiencia,” la que solía ser llenada esencialmente por una eficiente producción mexicana, que ahora se debe importar de países más alejados, pues la prohibición del aguacate Haas, que es altamente demandado en el país, se hizo para países como México, Australia, España, Ghana, Guatemala, Israel, Sudáfrica, Venezuela y Estados Unidos, lo que hace que probablemente tenga que venir desde otros productores menos conocidos y hasta más alejados, lo cual eleva el costo. 

Ahora, ante la “insuficiencia,” según el ministro de Agricultura, se debe “cubrir la demanda nacional en su totalidad [o sea, si bien entiendo, se pretende la autosuficiencia] que actualmente es de 13.000 toneladas por año.” No se informa de cuánto es la oferta actual nacional, pero se puede estimar, dado que el objetivo es un aumento del 125% en la producción para ser autosuficientes, lo que daría que la oferta actual debe ser de unas 5.780 toneladas al año. Tamaña tarea ser autosuficientes…

Ciertamente, uno habría esperado que, si los precios de hoy son buenos ante la falta de importación, ese faltante se habría estimulado satisfacerlo con una mayor producción nacional, por una decisión de mercado propia de los productores, y en donde el estado puede, tal vez, ser útil an asistencia técnica y similares, pero no lo sería por falta de financiami}ento, pues, según el sistema bancario nacional, lo que hoy se tiene es un exceso de fondos prestables.

Hay algo que me inquieta de este programa en particular del gobierno, que es que ya una corte nacional ha determinado que la prohibición proteccionista, impuesta por el gobierno anterior, causó daño a algunos (importadores del aguacate y creo que principalmente a los consumidores). La resolución del conflicto producido por esta política proteccionista del gobierno está en manos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues el país fue acusado de violar las reglas internacionales del comercio por el gobierno nacional. O sea, podría ser que, a cierto plazo no muy largo, habrá una decisión de la OMC que obligue a las autoridades del país a reabrir su mercado a la competencia internacional.

Ante un nuevo “Plan Nacional del Aguacate, vale la pena recordar lo que ha sucedido con diversos ejemplos de programas estatales similares, de un estímulo determinado del gobierno para aumentar siembras de ciertos cultivos. De un gobierno que presume ser un mejor conocedor de los mercados que los productores e importadores nacionales, quienes son los que verdaderamente corren los riesgos del negocio al final de cuentas como para decidir sus inversiones. 

Me acuerdo, hace ya muchos años cuando, ante una decisión de políticos de turno, se promovió la siembra de cabuya en una parte importante del país, que, en la actualidad, si acaso, se produce algo de ella para artesanías locales. Eso fue hace ya su rato, pero hace menos tiempo, el gobierno promovió la producción de otro producto “exitoso”, pues los empresarios sembraban poco y, así, el gobierno promovió arduamente su siembra. Me refiero al cacao, tanto en el Atlántico como en el Norte del país. Sabemos que el experimento no fue exitoso, en mucho por tener variedades no resistentes a ciertos hongos. Y hoy la producción es relativamente baja.

Más cercano está el caso del estímulo estatal a la siembra de palma africana, que, según tengo entendido, el área sembrada se ha reducido significativamente, entre otras, por razones de mercado. Y, aún más actual, recuerdo cuando la “moda” gubernamental fue estimular a los agricultores para que sembraran palmito. Lo hicieron. Luego la competencia internacional dejó por fuera de ese mercado a quienes sembraron esperanzados, quienes, eso sí, terminaron con altas deudas por haber seguido el consejo de políticos.

¿Por qué no se deja a que sea la prudencia y la posibilidad de usar los recursos incluso emprestados, lo que guíe a los empresarios, para llevar a cabo sus proyectos, sin incitarlos a que lo hagan en productos selectivos que han fracasado en diversas ocasiones? Que el empresario pondere sus decisiones, sin tratar el gobierno de alentarlo, diciéndole que les van a dar acceso a fondos, entre otras cosas, que no suelen ser suficientes para que la actividad sea rentable. Los Planes Nacionales del… producto de moda, el del momento, definido entre burócratas, terminan sirviendo sólo para que una burocracia pase entretenida y para que unos políticos alienten a empresarios a invertir en lo que, si fuera rentable, lo harían por ellos mismos sin un plan estatal, todo a fin de cosechar votos. Piense el inversionista productor, cuáles son sus riesgos, cuáles las decisiones del mercado en curso y qué precios podría lograr si se duplicara la producción doméstica. El verdadero empresario buscará conocer mejor las condiciones de los mercados, que lo que pueden saber mejor un burócrata de escritorio o un político embaucador, pues, si se fracasa, si se pierde, ninguno de todos esos sufrirá en sus bolsillos la mala decisión económica que han incentivado.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: defínanse ante las pensiones de lujo

Han existido acciones que reivindican la acción legislativa del actual congreso. Ciertamente, ha habido ejemplos de ello, pero, al mismo tiempo, hay otros en contra. Dentro de los primeros, está la reciente decisión convertida en ley de poner freno a los abusos contra los ciudadanos por las huelgas de sindicatos gubernamentales. Peo, en lo segundo, creo que ya es mucho el diletantismo alrededor de la reforma indispensable a las pensiones de lujo.

Es cierto que toda legislación ha de someterse al razonamiento sano, con la expectativa de que los resultados de esas acciones se dirijan, en esencia, a que el estado proteja las libertades de los ciudadanos, así como también para que se reviertan acciones tomadas en el pasado y cuyos resultados no han sido los esperados, sino es que porque las cosas han salido mal. Si bien la meditación debe existir, creo que la reforma ante la injusticia evidente y pesada de las pensiones de lujo, no se debe retrasar más.
 

Debe corregirse un mal que agobia las consciencias de muchos ciudadanos y, en lo particular, de contribuyentes, cuyos ingresos, arduamente ganados, son tomados por el estado para, entre otros fines, la espuria protección indebida de unos a costas de otros. Es con los aportes obligados de los ciudadanos por medio de impuestos, que se están pagando enormes pensiones en el sector público, a individuos que no han contribuido para que sea por sus ahorros que las reciben en tales números. Montos que van desde pensiones juveniles, a pensiones exorbitantes, hasta pensiones múltiples, todas ellas, de alguna forma, cargadas a los ciudadanos comunes y corrientes. Una injusticia tal, producto de gremios de poder y gobiernos complacientes, es una loza, no sólo sobre los bolsillos ciudadanos, sino sobre las consciencias de las personas libres.
 

Recientemente, La Nación del 22 de enero publicó el comentario titulado “Nueva reforma ahorraría ¢115.000 millones en jubilaciones de lujo.” El proyecto de ley entraba al plenario y, como era de esperarse, sería, si bien aún parcial, un paso en la dirección correcta en todo el proceso de extirpar el incordio. En esencia, el proyecto considera: 

(1) El cierre de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Esto detendría, de inmediato, que nuevos gorrones de esas pensiones de privilegio engrosen la lista del privilegio. Sistemas de pensiones como los de Hacienda, General de Pensiones y de Obras Públicas, administrados hoy por la Dirección General de Pensiones (DNP), se trasladarían al régimen del IVM de la Caja. Cualquier trabajador que entró a laborar antes de 1992 en ciertas dependencias gubernamentales, hoy conserva el “derecho” a su pensión de privilegio. Se estima que “este traslado generaría un ahorro de más de ¢70.400 millones en nueve años,” que es cuando se jubilaría el último trabajador que goce de tal privilegio.
 

(2) Bajar el tope actual de las pensiones de lujo, que pasaría del monto actual de ¢2.7 millones al mes, para aquellas pensiones otorgadas después de 1998, a ¢2.2 millones, lo que equivale a 8 veces, en vez de 10, como es hoy, “el salario más bajo pagado en el régimen del Servicio Civil.” En 9 años el fisco (nosotros) se ahorraría ¢1.161 millones.
 

(3) Hoy poco más de 8.700 jubilados de los regímenes administrados por la DNP y el Magisterio, disfrutan “de exenciones en el pago de contribuciones gracias a leyes aprobadas en el pasado.” De aquellos, 777 personas están en el régimen Transitorio del Magisterio Nacional, y la propuesta daría un ahorro de ¢20.250 millones en esos nueve años, en tanto que 7.930 personas aparecen pensionadas de lujo en los llamados regímenes especiales del gobierno, generándose un ahorro en nueve años de ¢23.805 millones. El ahorro total por esta medidas en nueve años sería de ¢44.005 millones. 
 

Para explicar la idea, debe destacarse que, según la ley 2249, para los jubilados del Magisterio hay una cotización obligatoria que va de un 8.75% a un 16% progresivamente, hasta por un monto de ¢3.9 millones, pero en el Magisterio hay pensiones que llegan a ¢12 millones mensuales, que están exentas por encima de aquella cifra, viéndose así favorecidas relativamente. Ahora se lograría que a esos beneficiarios de pensiones altas paguen la cotización obligatoria sobre toda la pensión.
 

Por su lado, en la DNP, la cotización obligatoria va de un 9% a un 16% en función del tamaño de la pensión, pero la exoneración actual llega hasta un salario mensual de ¢575.400, que equivale a “menos de dos veces el salario base más bajo pagado en la administración pública.” Se eliminaría dicha exoneración y pagarían un 9%.
 

Estas evaluaciones sobre el impacto fiscal de la propuesta de reforma a las pensiones de lujo se hicieron para los próximos 9 años, que es cuando se jubilaría el último funcionario activo con acceso a esos regímenes de pensiones, y lo realizó el Departamento de Asesoría Actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del ministerio de Trabajo, a pedido de los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales.
 

Noten que no hay información del impacto de estas propuestas de reforma sobre las pensiones de lujo del Poder Judicial, pues no dependen de la DNP, aun cuando serían cubiertas por el proyecto de ley en trámite.
 

Peeeero… ya empezó la erosión al proyecto de ley en la propia Comisión de Asuntos Sociales, pues, 5 de 7 diputados presentes, excepto las diputadas Yorleny León de Liberación y Patricia Villalobos de Integración Nacional, se opusieron a elevar desde el 65% a la contribución obligatoria máxima aprobada en “la más reciente reforma a las pensiones de lujo” en noviembre del año pasado, hasta un 75%, para evitar la distorsión arriba citada, de una exención que favorece a las pensiones más altas.
 

No está claro el futuro del proyecto, por ello es indispensable que exista la atención ciudadana para hacer una realidad el fin del abuso con las llamadas pensiones de lujo. Ojalá la situación se resuelva correcta y justamente muy pronto, pues, cada día que pasa, más difícil se va haciendo establecer justicia en el seno legislativo… recuerden: ya empiezan a jugar las próximas elecciones. ¿Qué tal si la ciudadanía no votara por los partidos que votan en el seno legislativo por conservar esos odiosos privilegios para unos pocos, sufragados por los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: cómo arrastrar los pies: el presupuesto de las Universidades Públicas del 2020

Pasito a pasito, gradualmente, algunos entes de control del gobierno han venido tomando decisiones, si bien aún insuficientes, que van por el buen camino de ordenar las finanzas del estado costarricense. Tal es el caso de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del ministerio de Hacienda, así como la Contraloría General de la República (CGR), en torno a la improbación de los presupuestos para este año de las Universidades de Costa Rica, Nacional, Estatal a Distancia, Técnica Nacional, Instituto Tecnológico, así como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Es parte de ese esfuerzo de las universidades estatales por impedir que se les aplique la regla fiscal; esto es, que, en esencia, el aumento del gasto corriente (salarios, cargas sociales, becas y servicios) sea de un 4.87% con respecto al año anterior, según se aprobó en el llamado paquete fiscal de diciembre del 2018. Esas universidades se han negado a acatar la disposición, negándose a remitir información de sus planes de gasto ante la STAP, ente que verifica y confirma el cumplimiento de la regla fiscal, para que la Contraloría apruebe, por ley, estos presupuestos ordinarios para el 2020. La información la presenta La Nación del 20 de diciembre en su artículo “Rebeldía de universidades causa rechazo de sus planes de gastos en la Contraloría.”

Ante la no presentación de dicha información, la CGR señaló que, “de conformidad con el artículo 184 inciso 2 de la Constitución Política y el artículo 18 de su Ley Orgánica, tiene el deber de analizar que los presupuestos sean formulados y presentados de conformidad con las disposiciones legales y técnicas, dentro de las cuales está la certificación que emita el STAP sobre el cumplimiento de la regla fiscal.”

El arrastre de los pies de las universidades se sustenta -¿acaso es una sorpresa?- en la idea de su independencia y autonomía y en que su caso legal está por resolverse en los tribunales de ley. Una vez más, las autoridades universitarias hacen gala de su creencia de que son sus únicos dueños y señores, como tales, de los recursos que todos los costarricenses aportamos obligadamente cada año. Conviene brindar algunos datos del monto presupuestado para el FEES del 2019, que fue de ₡511.154.72 millones (para la UCR, la UNA y el Tec), a lo que debe sumarse la transferencia del gobierno a la Universidad Técnica Nacional por ₡34.868 millones, con un aporte total del gobierno a las universidades estatales de ₡546.022.72 millones.

Para el 2020, el monto inicialmente presupuestado para el FEES y la UTN ascendía a ₡512.781.51 millones, más lo correspondiente a la UTN por ₡35.677.88 millones, lo que lleva a un total de ₡548.459.39. Posteriormente, el ministerio de Hacienda definió una reducción de ₡70.000 millones del FEES que deberían usarse en infraestructura, pero la Asamblea Legislativa restituyó ₡35.000 millones al FEES.

Ante la decisión citada de la CGR por la no presentación de los documentos requeridos, ahora aquellas universidades y el CONARE deben trabajar con el mismo presupuesto ordinario del 2019 y no con el presentado para el 2020, aunque tienen la posibilidad de aumentarlo con presupuestos extraordinarios, que me imagino no van a ser fácilmente aprobados por la Asamblea Legislativa, ante esa actitud exhibida de impedir la aplicación de la medida de restricción fiscal aprobada, puesta no sólo para restringir el gasto de ciertas entidades estatales, sino a todas ellas, sin olvidar que también los ciudadanos hemos sido objeto de violentos aumentos en los impuestos.
 

Como bien recuerda la CGR a las autoridades reticentes a obedecer la ley, “el artículo 19 de la Ley 9635 [la del Paquete Fiscal] se encuentra impugnado ante la Sala Constitucional, lo que no [subrayo: NO] significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada.” ¿El desacato a una ley en el sector público es objeto de sanción? O seguiremos con ese jueguito de arrastrar los pies, como babosas, tratando de impedir el freno al gasto gubernamental, que, si no se lleva a cabo, conducirá a la inevitable quiebra de la ciudadanía, con más y más impuestos o endeudamiento gubernamental, a la vez que el gasto del gobierno, causal del problema, sigue invariable e intocable, como lo pretende la república independiente de las universidades estatales.
 

Ha hecho bien la Contraloría en no aprobar los presupuestos para el 2020 de las entidades gubernamentales citadas, pues simplemente, en su arrogancia, no cumplieron con el requisito esencial de suministrar a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la información requerida para todas las entidades que presentan sus presupuestos, para lograr la aprobación final por la Contraloría General de la República: Como suele decirse, nadie está por encima de la ley.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿de dónde va a salir toda esa plata?

Con base en un informe técnico de la Contraloría General de la República acerca del Presupuesto Nacional del 2020, La Nación del 4 de enero nos presenta el comentario titulado “Gobierno afronta faltante de ¢840.000 millones para pagar las pensiones.”

La pregunta obvia es ¿de dónde saldrán los dineros para pagar esas pensiones? Bueno, parte de la respuesta, no muy agradable, se la brinda el mismo medio, al indicar que, ese déficit por las pensiones a cargo del presupuesto nacional de casi ¢840.000 millones, “tendrá que ser cubierto con deuda pública y con impuestos.” Y dije que “parte de la respuesta,” pues se asoma otro camino que podría seguir este gobierno, dejando de lado, por supuesto, una reducción sustancial de los aportes estatales para, al menos para empezar, a las llamadas pensiones de lujo. Ese otro camino que podría elegir es emitir dinero, lo que crearía inflación, con las consecuencias nefastas que eso implica (entre otras, reducir las pensiones en términos de su poder adquisitivo). 

Lo cierto es que, cualesquiera de las opciones indicadas -endeudarse, aumentar impuestos o generar inflación- será cargada a los bolsillos de los ciudadanos. Pero, claro, como este gobierno (y todos) pretende tener el menor costo político actual, lo que casi que dejaría por fuera su “necesidad” de ponernos aún más impuestos a los ciudadanos hoy acogotados, en el marco de una economía que por eso es que no crece lo suficiente, podría preferir otras dos alternativas más sutiles, más “placenteras,” como son, una de ellas, endeudarse hasta la coronilla (ya vamos llegando al punto de inflexión de un 60% del PIB de endeudamiento del estado), que tiene la ventaja adicional que no se “carga” directamente a los votantes de hoy, sino que será pagada por las generaciones del futuro y que potencialmente no se vengarían votando en contra de ese gobierno. (Aunque la gente descuenta esos pagos futuros que se traducirán en impuestos).

La otra alternativa, de rapacidad encubierta, es que el Banco Central emita para prestarle al gobierno para que financie su gasto. Y, como es usual, al subir los precios, los políticos dirán que es “por culpa de los voraces empresarios” y no tardará en proponer la siempre fracasada política de controles de precios, que lo único que genera es escasez de bienes y servicios para los consumidores. (Dejo de lado todas las distorsiones en el sistema de precios, en donde ya no más es claro que un aumento en el precio de un bien sea indicador de su escasez e impulsa aumentar la oferta, pues, en una inflación todos los precios aumentan generalmente y la señal deja de servir). 

Este año el gobierno destinará ¢1.127.890 millones a pensiones, donde ¢917.000 millones corresponden a sistemas de pensiones como los del Magisterio, Nacional, Hacienda y ex Diputados, financiados ¢840.000 millones por el estado y los restantes ¢78.000 millones serán aportados por los “beneficiarios, funcionarios públicos activos y pensionados.” Los ¢211.000 millones que faltan corresponden al aporte estatal al IVM de la Caja (recuerden que es un régimen tripartito; trabajadores, patronos y estado). Según informa la Contraloría, “el gasto en pensiones se comerá casi el 11% del Presupuesto Nacional.” Indica el medio que ese “rubro creció en un 41% entre el 2015 y el 2020” y que, para este año, comparado con el anterior, el aumento es de un 6.4%.
 

La jarana siempre sale a la cara. El desorden fiscal, si se mantiene ese gasto desbordado, nos pasará la cuenta de una u otra forma, pues. para hacer cacao, se necesita de chocolate y ese chocolate viene de los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes, los de hoy y los del futuro.
 

Aquel déficit, en opinión de la Contraloría, se debe a “la ausencia histórica de fondos con financiación tripartita y a la reducción de la población trabajadora, producto también de la situación demográfica” (¿y de la económica, que se ha reflejado en un crecimiento de la economía subterránea, en donde no hay cotizaciones?), además de que ”los regímenes con cargo al presupuesto son de carácter cerrado” y aunque desaparecerán en su momento, “durante un plazo considerable tendrán un peso significativo en el gasto.” Claro, lo que nos dice es que se debe terminar ya con las pensiones de lujo que básicamente están presentes en esos regímenes a cargo del presupuesto nacional. Estos sistemas “seguirán costándole mucho dinero al Estado,” léase, a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes.
 

El artículo señala que los sistemas de pensiones de mayores cuantías en el presupuesto nacional son el del Magisterio con ¢619.000 millones, los de Hacienda y Poder Legislativo con ¢78.000 millones, ¢211.000 millones al IVM de la Caja, esto último porque pasó de ¢72.400 millones del 2018 a ¢211.000 millones, ante el alza en el aporte estatal (además del laboral y patronal) de 0.58% a un 1.41%.  Por otra parte, las llamadas pensiones no contributivas subieron de ¢8.560 millones a ¢12.680 millones, en mucho debido a las prejubilaciones a extrabajadores de JAPDEVA. En el desglose que presenta el medio se indica que el gasto gubernamental a las pensiones del IVM en este año será de ¢285.000 millones, pero, por otra parte, señala que es de ¢211.000 millones, a lo que podría ser necesario sumar el aporte estatal de las llamadas pensiones no contributivas, si es que va a dar a la Caja, que este año ascenderían a ¢12.860 millones. Así, el total para la Caja sería de ¢224.000 millones, cifra que no calza con la señalada por el medio. Así que no tengo certeza acerca de los datos que consigno y que indica el medio.
 

En todo caso, vale la pena destacar que, en un esfuerzo por reducir los montos destinados a pensiones, “el gobierno planea impulsar, cuando los diputados retornen a sus labores el 13 de enero próximo, una segunda reforma a las pensiones de lujo que imponga un tope de ¢2.4 millones (al mes) y que pase al IVM a todos los trabajadores públicos que aún no se hayan pensionado mediante regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.” Bueno, ver para creer...

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: pronto la deuda gubernamental llegará al 60% del PIB

Un indicador esencial en la política fiscal que actualmente prosigue el gobierno es el porcentaje que, del valor de la producción final de todos los bienes y servicios producidos por los residentes del país, representa el endeudamiento del gobierno.
 

Muchos aspectos se podrían comentar acerca del endeudamiento gubernamental, pero me centraré en analizar el impacto que se tendría de llegar a un indicador clave de la política fiscal. Me refiero a que, muy pronto, el endeudamiento del gobierno con respecto al PIB llegará a un 60%.  Digo “clave,” pues, en la práctica, suele considerarse un tope a lo máximo deseable en una economía, al menos para ciertas calificaciones de riesgo del país. De hecho, a noviembre del año pasado, el porcentaje era de un 59.3% del PIB, lo que equivale a una deuda de ₡21 millones de millones y, para tener una idea de su crecimiento rápido, a noviembre de 2018, fue de un 52.9% del PIB, equivalente a ₡18 millones de millones. Esto es, en sólo un año, esa deuda gubernamental, como porcentaje del PIB, creció en un 6.4 puntos porcentuales.
 

El aumento en el cociente Gasto gubernamental/PIB viene dándose desde hace ya buen rato, pues en el 2008 fue de sólo un 24% del PIB y creció en más de un 100% (más que se duplicó) en 10 años, resultado del déficit del gobierno (que se gasta más de lo que recibe de impuestos). Es así resultado del jolgorio gubernamental de tantos años.
 

Ante esos déficits, los gobiernos -este incluido- han acudido, afortunadamente con una inflación relativamente moderada, a aumentos en los impuestos, a pedir prestado, colocando bonos en los mercados nacionales e internacionales. Por supuesto, no se ha visto un esfuerzo profundo y constante por reducir el factor que impulsa los déficits gubernamentales, cual es el gasto público excesivo.
 

Reproduciendo parte del Comentario sobre la Economía Nacional del Banco Central publicado el pasado 31 de diciembre, La Nación, en su artículo titulado “Deuda del Gobierno se acerca al 60% de la producción,” dice que “En el financiamiento del déficit del Gobierno Central, ha aumentado la participación del endeudamiento externo proveniente de la colocación de títulos de deuda en los mercados internacionales de $1.500 millones y el crédito de apoyo presupuestario con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por $350 millones.” En dos palabras, un alto endeudamiento reciente ha aumentado la fracción que del PIB representa la deuda gubernamental, endeudamiento derivado del excesivo gasto gubernamental, más allá de recursos extraídos por impuestos a los ciudadanos.
 

Lo que debe tenerse presente es que esa deuda no es más que una obligación que gobiernos de generaciones actuales, trasladan a generaciones futuras para que la pague. La señal es clara: en su momento, o bien el gobierno seguirá endeudándonos para pagar deuda con más deuda, al vencer la primera, o creará inflación para poner un impuesto a los saldos monetarios y reducir los ingresos reales de los ciudadanos, o pondrá nuevos o mayores impuestos. Hará así una realidad de que nunca serán suficientes los impuestos, aunque nos hayan dicho ilusoriamente que, los últimos que nos impusieron, eran la solución, pues el gasto gubernamental crece aún con rapidez.
 

De cierta forma, a hoy, antes de llegar a ese 60%, y durante el 2019, el gobierno tuvo cierto margen de endeudarnos rápidamente para salir de su apuro fiscal, además de aumentar impuestos en diciembre del 2018 y otros gravámenes en el 2019. Señala el medio que “los ingresos tributarios del Gobierno crecieron, en el acumulado hasta noviembre anterior, en casi un 10% frente al mismo período del 2018. El crecimiento se explica por la mayor recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) y el de renta).”
 

Lo crucial es que, al acabarse ese margen, aparentemente cuando la relación deuda gubernamental/PIB llegue al 60%, la regla fiscal vigente desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018, establece que, cuando ese coeficiente esté entre un 45% y un 60% -como en los últimos tiempos- el crecimiento del gasto corriente, lo que excluye a la inversión, “no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal en los últimos cuatro años.”
 

Aquel alivio se acabaría, según la regla fiscal, al arribar el cociente deuda del gobierno/PIB al 60% -muy pronto y estimaciones del Banco Central indican que llegará a un 65% en el 2023- pues, “el crecimiento del gasto total (corriente y de capital) no puede exceder el 65% del promedio de crecimiento de la producción.” Y, dado el bajo crecimiento actual del PIB, de apenas “2.2% del PIB,” se requeriría de un fuerte ajuste en el presupuesto nacional del 2021.
 

No me imagino que ese ajuste requerido en el gasto se hará una realidad, pues me temo que el espíritu irresponsable de un gasto gubernamental rápidamente creciente, será invocado de otra forma, pasando la brasa ardiente a manos de los contribuyentes de ese momento, para que sean ellos quienes la apaguen con impuestos. Tristemente.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ahora es la Corte Suprema de Justicia la que no ajusta sus pluses

Continúa la reticencia de ciertos entes gubernamentales a aplicar plenamente lo que exige la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas –mejor conocida como de Reforma Fiscal- aprobada en diciembre del 2018. Anteriormente hice ver el caso de las universidades estatales, que omitieron presentar de forma debida los proyectos de presupuesto ante la Autoridad Presupuestaria, requisito para la aprobación de los presupuestos ordinarios por la Contraloría General de la República.

Ahora sale a la luz pública la “desobediencia” del menos imaginado de todos, el Poder Judicial, que no presentó su presupuesto para el 2020 según lo establece la ley de Reforma Fiscal. La Nación del 21 de diciembre lo expone en su comentario “Contraloría ordena a la Corte ajustar sus pluses a la ley fiscal.”

La Contraloría señala el incumplimiento en el oficio DFOE-PG-0739 de 19 de diciembre, dirigido al presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, en el que ordena “aplicar los ajustes salariales contenidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas… a todos los empleados de esa institución.” Además, advierte que, si se incumple esa orden, se “incurriría en una falta grave, por lo cual se expone a sanciones administrativas.” También, que “el jerarca (de la Corte) acredite que cumple con lo ordenado a más tardar el 31 de enero del 2020” y que “debe establecer un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de la reforma fiscal.”

El origen del desaguisado es una decisión tomada por la Corte Plena en marzo del 2019, en la que, y por mayoría de sus integrantes, acordó mantener los pluses de los empleados antiguos y aplicar las nuevas regulaciones de la Reforma Fiscal, sólo a los empleados contratados con posterioridad a la fecha su aprobación. La Contraloría lo objetó, indicando que la decisión no otorgaba derechos a los trabajadores judiciales, “por lo que no tiene valor jurídico,” pues no identificó “con precisión el derecho concedido, la normativa en que se sustenta y los beneficios debidamente individualizados. Requisitos que, en este caso, no cumple al acto en mención.”

La Contraloría solicita dos cambios al presupuesto del Poder Judicial. El primero, que se varíe el cálculo de los pluses desde un porcentaje del salario a un monto específico. La Corte había decidido mantener a sus empleados antiguos con una anualidad de entre un 1.94% y un 2.55% por año laborado; ahora, deberá ajustarlo a un monto fijo, en función del salario que tenía el trabajador en enero del 2018.

El segundo cambio se refiere al reconocimiento de la cesantía, que la Corte había determinado era, para sus empleados antiguos, de 12 años. La Reforma Fiscal señala un tope de 8 años, que deberá aplicarse a todos los empleados del Poder Judicial.

Esperamos que estos principios de ordenamiento fiscal señalados por la Contraloría General de la República se implementen pronto por la Corte, pues, sin duda, que ella debe dar el ejemplo a los ciudadanos de obediencia de la ley.

Digo esto último, en particular, por la respuesta casi unánime de rechazo por los magistrados de Corte Plena a la decisión de la Contraloría General de la República, en cuanto a que aquella debe pagar los pluses en montos fijos y no porcentuales y que la cesantía de un máximo de 12 años es aplicable a todos los funcionarios, tanto a los anteriores a la reforma fiscal, así como a los contratados posteriormente.

El director jurídico del Poder Judicial se queja de que “La orden no es emitida por la contralora general de la República” sino por “jerarquías de tercer nivel.” Pero, como era de esperarse, dicha orden tiene todo el apoyo de la contralora, señora Marta Acosta, quien rápidamente así lo hizo saber de forma pública. El lamento del Poder Judicial aparece registrado en el artículo de La Nación del 7 de enero, titulado “Magistrados rechazan orden de ajustar pluses a la ley tributaria.”

Ante esa última decisión de la Corte Plena, el malestar ciudadano ha sido sumamente generalizado, como lo resume el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, don Carlos Ricardo Benavides, al recordarnos que “la ley se aprobó para aplicarla a todos los funcionarios públicos, sin excepción.” El sentir de la ciudadanía me parece que es contundente en su apreciación de que los magistrados sólo están defendiendo sus privilegios injustos y que “nadie está por encima de la ley,” empezando por los magistrados. ¡Cuánto duele ver a lo que ha llegado nuestro Poder Judicial! Ni piensen que, con decisiones como las señaladas, lograran el respeto de los ciudadanos. Lástima por el daño que le están causando al orden en nuestra sociedad y por el mal ejemplo que nos brindan.

 

 

 

 

 

Jorge Corrales Quesada.

La columna de Carlos Federico Smith: dos buenas noticias y otro par que no lo son en el control del gasto corriente del Gobierno

Empiezo por dos buenas noticias (optimista de lo que nos espera este año) provenientes de la Sala Constitucional, ante consultas de un número de diputados, acerca de si limitaciones que impuso el año pasado el ministerio de Hacienda en el gasto corriente, eran constitucionales o no.
 

Una se refiere a la aprobación por la Sala IV como constitucional a la decisión de Hacienda de destinar, de un presupuesto para las universidades públicas -el llamado Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES)- que para el 2020 era inicialmente por la enormidad de ¢513.000 millones de colones, que luego se redujo en ¢75.000 millones, para destinarlos a obras de infraestructura y equipamiento, en vez de gasto corriente generalmente usado en pagar salarios. Recordemos que, lamentablemente, esa reducción se achicó a sólo ¢35.000 millones, por la presión de rectores de las universidades públicas, que convocaron a estudiantes para oponerse a esa reducción, con la falsedad de que afectaría las becas de ellos, cuando, en realidad, no era así. Dada esa inquietud ante las becas estudiantiles y el enorme gasto en salarios, vale la pena señalar que, según La Nación del 17 de diciembre, la “Sala IV avala tope a gasto corriente de ‘U’ públicas,” esas universidades “aumentaron su presupuesto para salarios en 12 años en un 100% por encima de la inflación, destinando ¢387.000 millones para ese rubro en el 2018, mientras que la cantidad de alumnos subió un 27%.” Ello ante la falsa pretensión de los rectores y los tontos útiles.
 

La segunda buena noticia es la declaración de constitucionalidad por la Sala IV del presupuesto que el ministerio de Hacienda le asignó al Poder Judicial para este año, de sólo un alza del 0.69% con respecto al año pasado. Algunos diputados “alegaron que el aumento debió ser de al menos un 4.67%, que era el crecimiento máximo que permitió la regla fiscal” aprobada hace poco más de un año. El hecho es que la Constitución establece que el gobierno “debe destinar el 6% de los ingresos ordinarios al Poder Judicial” y, el porcentaje que en realidad el gobierno le da a ese Poder es mucho mayor que el obligado. Esta decisión se tomó unánimemente “por magistrados suplentes,” pues los propietarios avalaron el presupuesto del Poder Judicial en Corte Plena, por lo que lo resuelto por la Asamblea Legislativa, “les afectaba directamente.”
 

Ahora lo no tan bueno en cuanto a decisiones de la Sala IV sobre la introducción de frenos a un exagerado gasto en entidades gubernamentales. Uno de los casos es la inconstitucionalidad en el presupuesto gubernamental en lo referente a “todo el sector de la educación, que incluye las universidades, el ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Red de Cuido.” Se había alegado por varios diputados que lo presupuestado no llegaba al 8% del producto interno bruto (PIB) establecido por la Constitución” (¿A cuál porcentaje del PIB -que es el valor agregado de toda la economía en el año- si se considerara el gasto que muchos ciudadanos -que son generadores del PIB- hacen cada año en educación privada de todo tipo? Estoy seguro que así sobrepasaría a ese 8%).
 

Lo segundo negativo en el esfuerzo por racionalizar el exagerado gasto del gobierno, es la decisión de la Sala IV ante el presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que se redujo de ¢77.000 millones en el 2018, a ¢59.000 millones para este año, como lo envió el Poder Ejecutivo. “En otras resoluciones, los magistrados han insistido que el PANI debe recibir del ministerio de Hacienda al menos el 7% de lo recaudado por impuestos de renta.” Estos porcentajes preestablecidos constitucional o legalmente para varias instituciones, impiden una flexibilidad deseable en el manejo de las finanzas estatales. Ojalá algún día, rija el principio de presupuesto cero al elaborar los presupuestos y así definir los montos según necesidades de los diversos entes y no por la cantidad de recursos establecidos por una ley.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: zonas francas y empleo en el país

Francamente no he logrado entender las quejas que suelen aparecer en redes acerca de la actividad económica de las zonas francas, quejas que destacan que las empresas ubicadas al amparo de las leyes de zonas francas, no pagan impuestos al país.

De hecho, las empresas que se instalan en las zonas francas “están exoneradas de cancelar el impuesto sobre la renta, a las importaciones, a la propiedad, municipales, ventas a las compras locales de bienes y sobre la repatriación de utilidades,” según indica La Nación en su artículo del 14 de diciembre, titulado “Zona franca aporta el 12% del empleo del sector privado.” 

La razón por la que no pagan esos impuestos se debe a que las firmas de zonas francas producen bienes que, en esencia, se dirigen hacia el mercado internacional, en donde las condiciones de competencia exigen que las empresas no puedan competir si han de pagar esos impuestos, comparadas con otras del resto del mundo que, cuando exportan gozando de circunstancias tributarias como las indicadas en el caso nacional. Se les exime pues la competencia mundial no tiene que pagar gravámenes como esos, lo que les daría una ventaja comparativa frente a empresas ubicadas en el país y con las cuales compiten, y que, alternativamente, tendrían mayores costos por los impuestos citados.

Esa exoneración no se aplica cuando el producto de zona franca se vende en el país, usualmente parte muy pequeña de la producción de esas firmas. En tal caso, lo vendido en el país paga impuestos como si fuera una importación proveniente de una exportación de cualquier otro país del mundo.

Lo que no se suele decir es que, por ejemplo, los sueldos y salarios, así como las cargas sociales a los trabajadores de esas firmas de zonas francas, pagan los mismos impuestos y las mismas tasas que las correspondientes a cualquier otro ciudadano que trabaje en otra parte del país. Algunos datos al respecto provienen del informe Balance de las Zonas Francas: Beneficio Neto del Régimen para Costa Rica (base del artículo de La Nación antes referido): los salarios pagados en el 2018 ascendieron a “$2.147 millones (¢1.300 miles de millones).” Por su parte, las contribuciones a la Caja en ese año “fueron de $508 millones (¢321.552 millones)” y para el INA, “$32 millones (¢19.488 millones). Se ha estimado que, por cada dólar eximido de impuestos, las empresas de zonas francas dan lugar a 6.2 dólares que se quedan en el país.

Por supuesto, los trabajadores no sólo pagan impuestos personales sobre la renta, sino también impuestos de ventas, consumo, marchamos, municipales, toda la parafernalia impositiva con la que nos cargan a nosotros los ciudadanos ordinarios. Todo eso lo ignoran aquellos críticos de las zonas francas que mencioné.

Pero hay más. Es notorio el serio problema de empleo que estamos viviendo los costarricenses, de alrededor de un 12% de la fuerza de trabajo. Lo que debo destacar es que, en muchas ocasiones, cuando uno lee en un medio o escucha en un programa de noticias de televisión, que una empresa en estos días aumenta o genera nuevo empleo, casi que, sin duda, se trata de una empresa de zona franca. Mi hipótesis es que, la única diferencia esencial -o posiblemente la más significativa- que hay entre una empresa que opera fuera de zonas francas (aquí extrañamente llamadas empresas del régimen definitivo), y las firmas de zonas francas, es la exoneración a estas de tales impuestos.

Pienso que, si lo que queremos es que las empresas generen empleo, que haya inversión privada interna, tanto como la externa, que exista mayor demanda de trabajo formal (no el subterráneo que crece cada vez más), es necesario pensar seriamente en revisar el oneroso sistema impositivo a las empresas ubicadas fuera de zonas francas o, mejor aún, que todo el país se convierta, en lo impositivo, lo más cercano posible a una zona franca.

Noten que las 375 empresas de zonas francas aportaron, en el 2018, empleo para un 12% del total del empleo formal del sector privado. Exactamente, 115.161 trabajos directos y 57.411 de empleos indirectos. De ese empleo directo, un 42% fue de mujeres y las empresas de servicios demandaron un 60% de ese empleo directo.

El hecho es que hoy la demanda de trabajo sigue creciendo en zonas francas, mientras que, fuera de ellas, está relativamente estancado. Un gobierno que considere políticas apropiadas para generar empleo para la fuerza de trabajo doméstica, debería adoptar prácticas exitosas para todo el país, como son las de zonas francas.





Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: de nuevo se quedó. No pasó el examen la educación costarricense

El que algo suceda una y otra vez, casi hasta el cansancio, no debe llevarnos a una pasividad e indiferencia a todas luces indebidas. En lo particular, lo que pasa repetidamente no es nada bueno, sino que, por el contrario, es hasta vergonzoso, por no decir augurio de un futuro nefasto. Me refiere a los últimos resultados (del 2018) de las llamadas pruebas PISA (siglas en inglés del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes), que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realiza cada tres años. La del 2018 se llevó a cabo en 78 países y se refiere a las pericias en Matemáticas, Ciencias y Lectura en esas naciones. En nuestro país, 7.221 estudiantes de los niveles 70 a 110 año hicieron los exámenes en 205 centros educativos.

Empecemos por el resultado en Ciencias: el país obtuvo una puntuación de 416 en el 2018; hace tres años (2015) logró una de 420 y en el 2012 obtuvo 427 puntos. El promedio de todos los países del estudio de la OCDE en el 2018 fue de 489 puntos. En síntesis, en el 2018 bajamos con respecto a los dos exámenes trianuales previos. (Con perdón de los callinectófilos, que corregirán mi error diciéndome que “los cangrejos no van para atrás, sino de lado,” repito y aplico el dicho popular que, en cuanto al examen en Ciencias de las pruebas PISA, “vamos pa’trás como el cangrejo).

Ahora en cuanto a Matemática: el país obtuvo una puntuación de 402 en el 2018; hace tres años (2015) una de 400 y en el 2012 de 407 puntos. El promedio de los países del estudio de la OCDE en el 2018 fue de 487 puntos. Bueno, ligera mejoría en Matemáticas, ojalá que sea resultado de una mejor forma de enseñanza de las Matemáticas, pero, en verdad, todavía insuficiente, pues en el 2012 se tuvo una puntuación mayor. Tristemente, la reforma en el programa de Matemáticas puesto en marcha desde el 2012, “sigue sin ponerse en práctica a pesar de las capacitaciones a los educadores” y a que “los docentes se muestran reticentes a su educación,” según informa La Nación del 4 de diciembre en su comentario “Persiste caída del rendimiento de colegiales en evaluaciones PISA.”

Uno pregunta ¿dónde estaban los ministros de educación y su cohorte, para forzar esa supuesta mejor forma de enseñar las Matemáticas? (Asumo que la reforma es adecuada). Termino con los resultados en Lectura (elemento principal según PISA): el país obtuvo una puntuación de 426 en el 2018; hace tres años (2015) logró una de 427 y en el 2012 436 puntos. O sea, otro “cangrejazo.” ¡Qué tristeza!
 

Lo más grave es que los costarricenses, al menos en cuanto al presupuesto del Ministerio de Educación, cada vez gastamos más. “En los últimos 12 años, el presupuesto… se ha cuadruplicado; en el 2007, el presupuesto era de ¢679.659 millones y en el 2019 llegó a ¢2.6 billones.” Lástima que la comparación no sea en términos reales, pero, también, y es un mal que suele presentarse en nuestro país que, al hablarse de cifras de gasto en educación suelen ser sólo aquellas del ministerio de Educación, que no presentan las cifras del gasto total de los ciudadanos en educación esencialmente privada. Pienso que esto último se ha incrementado en los últimos tiempos ante la relativa decadencia de la educación pública en los niveles indicados por las pruebas PISA (además del Informe del Estado de la Educación ampliamente conocido).

El problema con nuestra educación no parece ser falta de fondos, pues, de una u otra forma, los costarricenses aparentemente cada vez gastamos más en ella y los resultados no parecen ir al mismo ritmo, sino todo lo contrario. Eso debería preocuparnos mucho, pues no sólo se trata de recursos escasos que los costarricenses no podemos usar en otras cosas (el costo de oportunidad) sino que, también, expresa una decadencia futura de la calidad de los educandos en nuestro país.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el mundo salarial en las universidades públicas

Una interesante historia comparativa acerca del comportamiento de los salarios en las universidades estatales del país, aparece en La Nación del 13 de noviembre, en su artículo “Universidades públicas doblaron gasto en salarios en 12 años.” Me sirve de base para mi comentario y empiezo refiriéndome a cuatro universidades públicas para las que hay datos, no así para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica (me imagino que por no formar parte del FEES), en el lapso 2007-2018. 

1. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR): En el 2007, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢149.310 millones y el gasto en remuneraciones (que incluye salarios, pluses, cargas y similares) fue de ¢106.130 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

En el 2018, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢335.208 millones y el gasto en remuneraciones de ¢210.721 millones. O sea, del presupuesto total de gastos de ese año, un 63% se dedicó al pago por remuneraciones.
 

Lo gastado en remuneraciones en ese lapso 2007-2018 descendió en 8 puntos porcentuales. Pero, las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢104.591 millones. Por lo tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 125% en el presupuesto de gastos de dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (casi un 98.5%).
 

Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UCR tenía 9.430 personas y 9.790 en el 2017, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢11.2 millones anuales a ¢21.5 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 4%, las remuneraciones aumentaron en un 92%, en mucho ocasionado “por los incentivos que reciben los empleados, pues esa partida aumentó un 124% sobre la inflación [o sea, en términos reales] en la misma década,” según lo expone el medio. Este aumento en la remuneración por empleado de un 92% es el mayor de todas las universidades analizadas, pues el equivalente en la UNA fue de 15.8%, mientras que en el TEC fue de 52.7% y en la UNED de 39.1%
 

El nuevo ministro de Hacienda fue firme en decir que la regla fiscal se aplicará en todo el sector público, pero, señala el medio, la “UCR confirmó que, para el 2020, no se incluyeron las medidas de ahorro ordenadas por la reforma fiscal en el tema de salarios” (el subrayado es mío). Así que veremos si el esfuerzo fiscal alcanza a esa isla de pseudo autonomía, pues, sólo el aporte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), por el cual el gobierno traslada recursos aportados por los ciudadanos contribuyentes a las universidades públicas, se ha estimado que, en el 2020, ascenderá a ¢297.200 millones (de lo que, aproximadamente, un 57.96%, es el porcentaje que del FEES va a dar a la UCR). De hecho, las autoridades de la UCR han estimado que, en el año que viene, un 73% de los ingresos del FEES se usarán en pagar la “masa salarial,” que, me imagino, se refiere a la partida presupuestaria conocida como remuneraciones.
 

2. UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA): En el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢67.013 millones y el de remuneraciones de ¢47.342 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

En el 2018, en términos reales, el presupuesto total fue de ¢70.900 millones y el gasto en remuneraciones de ¢48.828 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 64% se dedicó al pago de remuneraciones.
 

Lo gastado en remuneraciones en el lapso 2007-2018 descendió 7 puntos porcentuales. Pero, es un hecho que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢38.046 millones. Por tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 100% del presupuesto de gastos en dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (un 80.4%).
 

Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UNA tenía 1.240 empleados y 1.930 en el 2018, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.3 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 9%, las remuneraciones por empleado aumentaron en un 80%, de lo cual un 9% es por la cantidad de empleados y un 71% por mayores remuneraciones. [Erróneamente, el medio indica que el monto por empleado subió en un 65%]. Eso sí, debe señalarse que la UNA es la universidad en donde, entre las cuatro citadas, se paga la mayor remuneración por empleado en promedio: ¢25.3 millones anuales.
 

3. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (TEC): Mientras que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢29.862 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢20.471 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 69% se dedicó a pagos por remuneraciones.
 

El presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢70.900 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢48.828 millones. Es decir, un 69% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 

El aumento en las remuneraciones de un 138.5% es casi igual al alza del presupuesto total en dicho lapso (de un 137.4%), por lo que, la proporción que del gasto total representan las remuneraciones, para efectos prácticos se conserva en dicho lapso.
 

En términos de cada funcionario, si bien no se indica el número de empleados en ambos años, el medio indica que la planilla aumentó en un 60%, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.2 millones, lo que significa que las remuneraciones aumentaron en un 52.7%.
 

4. UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED): En tanto que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢26.437 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢18.987 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71.8% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

A su vez, el presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢61.707 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢42.192 millones: un 68.4% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 

Ese descenso de casi 72% a alrededor de un 68%; o sea, de alrededor de 4 puntos porcentuales y, aunque el monto gastado en remuneraciones creció en ese lapso (122.2%), el crecimiento fue mayor en la totalidad de gastos (133.4%), a pesar de que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢23.205 millones.
 

Otro dato interesante del artículo de La Nación es que el gasto conjunto total de esas cuatro universidades pasó de ¢272.624 millones en el 2017, a ¢601. 914 millones en el 2018; es decir, un aumento del 121%. El total de pagos por remuneraciones pasó de ¢192.931,3 millones en el 2007 a ¢387.131,5 millones en el 2918; es decir, un incremento de poco más de un 100% en ese lapso. Pero, “la matrícula aumentó un 27%,” según indica el medio citado. De hecho, en la UCR, se incrementó en un 28%, en tanto que el gasto en remuneraciones creció en un 98.5%; en la UNA,  creció en un 50%, pero las erogaciones por remuneraciones subieron un 80%; en el TEC, se elevó en un 54%, pero aumentaron más las remuneraciones, en un 138% y en la UNED, si bien la matrícula lo hizo en un 12%, las remuneraciones crecieron en un 122%.
 

Que se sepa…





Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: aumenta el costo del proyecto de riego en Guanacaste

Es un hecho palmario, irrebatible, que las obras que realiza el estado, todas o casi todas, en donde la excepción sería la sorpresa, empiezan con un costo menor y luego terminan con uno más alto. Usualmente no es por un aumento inflacionario imprevisto -que también podría estimarse inicialmente para la duración estimada de construcción de la obra- sino porque, una vez definido su costo inicial, hay que ajustar otras cosas, además de las alegadas como imprevistos, por simple omisión en la preparación del proyecto. Fallar en las estimaciones usualmente no inquieta mucho a la burocracia, pues el costo de esas obras adicionales, al fin de cuentas, se traslada a los ciudadanos, ya sea mediante una mayor deuda, un precio más alto por el producto o servicio generado, o bien con inflación, además de los lógicos y frecuentes mayores impuestos.

No sorprende un informe de la Contraloría General de la República, base del comentario de La Nación del 1 de noviembre, titulado “Gran embalse para riego en Guanacaste costará ¢10.000 millones más,” el cual señala una serie de omisiones y defectos en el manejo de SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) de su proyecto conocido como PAACUME (que, como lo exige la moda burocrática, son las siglas para el extenso nombre de Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costera. Ya puede respirar…)

Según la Contraloría, SENARA “omitió ‘costos fundamentales’ en la construcción de una casa de máquinas para generación eléctrica,” entre otros elementos. Por eso vale la pena desmenuzarlos en algún grado:

Sólo la casa de máquinas, omitida en la estimación inicial del costo del proyecto, cuesta ¢7.618 millones. El proyecto contempla una represa para generar electricidad (que produzca 36 gigawatts), pero no contabilizaron el costo de la indispensable casa de máquinas para producir esa electricidad. Ello se agrega al costo inicial estimado en $425 millones (más o menos ¢244.400 millones).

Asimismo, no se tomó en cuenta el costo de las “indemnizaciones producto del daño remanente de terrenos en las 17 expropiaciones necesarias para la ampliación del canal oeste y las obras de conducción y distribución en la margen derecha de Río Tempisque, además de las áreas para reservorios en distintas comunidades y la indemnización para adquirir la Hacienda Ciruelas, cuyos terrenos compensarán el impacto biológico por la construcción del embalse Río Piedras.” 

No entiendo cómo se omite ese tipo de costos esenciales en la definición de un costo-beneficio básico, que indique la conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto. Las tierras afectadas tienen dueños y, si pasan a ser parte (propiedad) del proyecto estatal, se deberá compensar por ello a los dueños legítimos. Además, si hay propiedades afectadas negativamente por el proyecto, se deberá compensar a sus dueños por tal daño. Omitir cosas como estas en un estudio de costo-beneficio es inconcebible. Esas expropiaciones agregarán costos a la estimación inicial por ¢2.478 millones.También, la evaluación del proyecto no incluyó beneficios como “generación de empleo y costos por contaminación,” que suele incluirse en las evaluaciones de proyectos que normalmente se hacen. 

Tampoco se tomaron en cuenta las necesidades de recursos humanos durante la duración de la edificación del proyecto y se determinó que ya el proyecto tiene un retraso de 19 meses, pues su inicio se estimó para marzo del 2018. Algo parecido sucedió con la presentación del estudio de impacto ambiental a la SETENA, que, estimado para agosto del 2017, se entregó 4 meses después, a lo que habrá que agregar los 7 meses que se estima dure la aprobación de SETENA. Todo eso se refleja en atrasos, que significarán un encarecimiento del proyecto.

No se preocupen… todos esos costos serán pagados por los de siempre: los ciudadanos contribuyentes, quienes terminan asumiendo los costos de la ineficiencia estatal.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: por la boca muere el pez

Leí artículo de La Nación del 12 de noviembre, “Los problemas económicos son ajenos a esta Corte,’” relacionado con el impacto que sobre el funcionamiento de la Corte tendrían dos proyectos presentados en la Asamblea Legislativa, uno de la diputada Xiomara Rodríguez (expediente legislativo 21.035) y otro del diputado Pedro Muñoz (expediente legislativo 21.537). Estos proyectos, de diversas, pero similares formas, buscan imponer frenos a las llamadas pensiones de lujo. 

No puedo asegurar que el sentimiento que ambos expresaron lo comparten otros magistrados, pero, de 21 presentes en la sesión de Corte Plena, en relación con los expedientes arriba mencionados, 9 estimaron que afectaban la organización y funcionamiento de ese Poder, 3 votaron que no lo hacían y 9 se abstuvieron. Los magistrados Jaime Robleto y Julia Varela estuvieron entre los primeros (que sí afectaban) y lo relevante para este comentario son declaraciones que de ellos recoge ese artículo de La Nación.   

La magistrada Varela dijo, refiriéndose a esos proyectos, en particular al propuesto por el diputado Muñoz, que “Con la creatividad del legislador en este tema, se nota que están perdiendo de vista que la persona que recibe equis salario o equis pensión, tiene una serie de obligaciones fijas, y eso no se está tomando en cuenta.” Igualmente señaló que “Entre menos recibimos, menos aportamos al comercio” agregando que “Están dando pasos que están siendo negativos para el comercio. Ya nadie se atreve a poner un negocio. Estoy segura de que todas y todos nosotros ahora nos medimos. Si antes nos dábamos un gustito, ahora sólo vamos por lo necesario.”

Por su parte, el magistrado Robleto expresó que “Los problemas económicos son ajenos a esta Corte y están tratando de solucionarse, de alguna manera, con medidas populistas. La desigualdad social ha existido siempre y continuará cuando nosotros hayamos muerto. No se soluciona violando principios fundamentales del Derecho.”

Mi primera reacción al leerlos fue de ira, pues son expresiones groseras, que asumen una enorme ignorancia de los ciudadanos, como si no supiéramos que, para recibir las millonarias pensiones de lujo que defienden, nunca han aportado lo suficiente para ellas, sino que se cargan a los dineros públicos de los ciudadanos. Es un privilegio odioso de unos pocos, del lado de dónde se le mire.

Además, en el comentario de la magistrada Varela hay un tufo claro de arrogancia, como si todos los ciudadanos no estuviéramos amarrándonos las fajas ante los gustitos y todos ni siquiera tenemos esos ingresos de pensiones de lujo que con tanto ardor defiende. Asimismo, da a entender que lo que dejaría de gastar afectaría al comercio o la economía, como si el gasto de la magistrada fuera diferente del gasto que dejó de efectuar el contribuyente, obligado a contribuir con sus impuestos al pago de esas pensiones de lujo. “No toquen mi gasto, aunque sí toquen aquel de quienes ponen la plata para mis pensiones.”

Similarmente, la impresión del magistrado Robleto muestra una insensibilidad increíble, pues, ni más ni menos, nos dice que tratar de eliminar esa pensión privilegiada es una medida populista, pues “los problemas económicos (del país) son ajenos a esta Corte,” como si los gastos de la Corte no formaran parte del gasto gubernamental, cuyo desboque es lo que ha dado lugar a esos problemas económicos que hoy experimentamos los ciudadanos, ante las medidas tomadas por el gobierno. Esos problemas económicos no deben restringirse a cargar a la plebe eximiendo a los magistrados gobernantes.

Mi ira inicial ha pasado a un segundo lugar, tal vez porque, con esas palabras, más bien los magistrados contribuyeron a que, por una mayoría impensada (y que esos mismos magistrados decían requerían de, al menos, 38 votos y no simple mayoría), se excedió esa barrera, en primera y segunda instancia en la Asamblea Legislativa. La reforma en proceso de aprobación todavía es insuficiente, pues conserva gran parte del privilegio que los ciudadanos continuamos pagando, pero, lo sucedido sirve como ejemplo de aquello que los economistas llamamos “principio de las consecuencias no previstas.”   No tengo duda en mi interior, de que esas palabras puedan haber definido esa abrumadora votación y que el tiro ha salido por la culata. Nunca debe subestimarse a un pueblo cuando, democráticamente y respetuoso de las libertades y amante de la justicia, buscar restaurar una justicia perdida.

Termino agradeciendo a esos dos respetables magistrados, que, al ser tan francos en sus expresiones y sentimientos, contribuyeron a que el pueblo, representado en nuestra Asamblea Legislativa, esté dando este primer paso esencial para que la gente, no sólo sienta que se recupera algo de justicia, sino que, también, el propio Poder Judicial reconquista un prestigio ante los ciudadanos tan menoscabado durante los últimos tiempos.

Jorge Corrales Quesada