La columna de Carlos Federico Smith: 5 años no han sido suficientes

Casi que es increíble la incapacidad de las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), para que, cinco años después del terremoto de Nicoya, no hayan reparado las escuelas que con él resultaron dañadas.  Eso a pesar de que, en su momento, el gobierno publicó el decreto de emergencia No. 37305, por el cual se proveyeran los fondos requeridos por esta emergencia –estimados, en aquel entonces, en ₡8.000 millones.

Es así como en la actualidad, 5 años después de que se dañaran 145 centros educativos por ese terremoto, hay 65 de ellos que no se han podido terminar de reparar. La información aparece en La Nación del 25 de enero, bajo el encabezado, “MEP lleva 5 años ‘reparando’ escuelas dañadas por terremoto: Pendiente construcción de 65 afectadas por sismo de Nicoya.” Ese sismo se dio el 5 de setiembre del 2012; esto es, hace más de cinco años.

Es interesante reseñar que, de esos 65 establecimientos sin ser reconstruidos, “13 están en construcción, en 25 no se ha iniciado su levantamiento, 11 están en etapa de diseño, 9 en fase de contratación de servicios profesionales y los 7 restantes aún en primeras gestiones.” Y eso que la declaratoria de emergencia citada permitía la aceleración de las licitaciones: ¿qué habría pasado si el lento funcionamiento licitatorio hubiera estado operando a plenitud? Me temo exagerar, pero tal vez no habríamos logrado reparar escuela alguna.

Sin embargo, en el MEP, mientras “algunas otras cosas” avanzan con rapidez, algo básico como disponer de sitios apropiados para que los niños puedan recibir sus clases y no hacerlo en “estructuras dañadas y falseadas... o (que) se han tenido que acomodar en sitios no aptos” para recibir clases, como salones comunales, galerones o comedores, no se concluye a pesar de tanto tiempo. Pero, del 8% del PIB, que con gran sacrificio los ciudadanos han destinado a la educación pública, se descuida la provisión de los recursos necesarios para reparar algo básico, como es la educación infantil, pero, eso sí, no ha faltado para dárselo a entidades que ya parecen nadar en plata.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: otra irresponsabilidad del MEP

La pregunta obvia es ¿qué está pasando administrativamente con el Ministerio de Educación Pública (MEP)?  Con anterioridad nos referimos al uso desagradable de recursos obtenidos con un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que no se ha destinado oportunamente a construir las obras propuestas. Ahora resulta, según informa La Nación del 2 de diciembre, en un comentario que lleva por título, que un “Grave error del MEP deja en el limbo 23 colegios: Traspasó centros completos en vez de una porción para construir canchas.”

Una inquietud adicional aparece en el panorama del fideicomiso que el MEP hizo para que el Banco Nacional administrara aquellos mismos fondos del citado préstamo del BID. Según tal fideicomiso, el MEP debía traspasar las partes de terreno en donde se construirían 23 canchas deportivas en igual número de centros educativos, pero, no lo hizo de la forma correcta, pues no sólo traspasó tales tierras sino que también hizo el traspaso incluyendo instalaciones ya existentes, todo por un lapso de 20 años. Así, el nuevo dueño registral de todos esos bienes es el Banco Nacional a través de su fideicomiso con el MEP. El valor estimado del traspaso (en lo que se pudo medir) supera los ₡5.760 millones.

El argumento que esbozó el MEP para hacerlo así es que, en palabras de su viceministro de administración, todo se traspasó porque “segregarlo (y traspasar sólo los terrenos para las canchas) conllevaría una gestión adicional por parte de las juntas” administrativas de educación, entes que dependen en alto grado del MEP en cuanto a sus políticas y presupuestos. Se trata de gastos por “contrataciones de profesionales externos, lo cual representa tiempo y costos para culminar el proceso de segregación.” Informa el medio que la Contraloría, que para esos asunto hizo el informe DFOE-SOC-IF-13-2017, rechaza tal argumento y dice que “El MEP no valoró alternativas o modalidades que permitieran proporcionar mayor seguridad en cuanto a la protección y conservación del patrimonio público.”

¿Cuál es el problema con esto?   En realidad hay dos directos: uno que, con ello, el mantenimiento obligado que se debe dar a esas propiedades completas está en un limbo, pues no existe la responsabilidad del MEP, ni tampoco del Fideicomiso del Banco Nacional, para así hacerlo. La Contraloría exige que ello se defina formalmente entre esas dos partes. El segundo es que, señala esta última entidad, si se llegaran a cobrar impuestos municipales por esos terrenos, el Fideicomiso del Banco Nacional debería efectuar su pago, tomando los recursos del fondo original del préstamo del BID por $167.5 millones para construir 103 obras. El problema es que, como comentamos anteriormente, se estima ya hay un faltante de entre $57.8 millones y $67.2 millones para construir todas aquellas obras, pues 55 de ellas se llevan un monto de $157.8, quedando muy poco para las 48 restantes que requieren de esos fondos. Estos recursos tendría el MEP que conseguirlos, posiblemente provenientes de su propio presupuesto. Lo paradójico es que el aporte del MEP a las juntas de educación para que haga obras como esas, se redujo en un 45%, entre 2017 y lo presupuestado para el 2018.

Por tales razones, la Contraloría le pidió a la ministra del MEP que tramite a la mayor brevedad las exoneraciones tributarias ante los municipios donde se ubican las diversas obras cedidas al fideicomiso con el BN. Por supuesto, además de que consiga los fondos para suplir el faltante antes indicado, de entre $57.8 y $67.2. ¿Podemos acaso los ciudadanos contribuyentes a aspirar porque haya un buen manejo de los recursos públicos?

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: insaciabilidad docente

Se dice que alguien es insaciable cuando nada lo llena en sus deseos o necesidades. Al pensar en ponerle este título a mi comentario, regresó a mi mente una película de principios de los años sesentas, Los Insaciables, en donde un millonario hacía de todo con tal de salirse con la suya, enriqueciéndose más y más, aunque, en realidad, era una persona infeliz. Probablemente fue al leer el comentario en La Nación del 13 de julio titulado “MEP pagará plus por peligro de desastre, dengue o crímenes: Ministerio negocia con sindicatos fijación del monto,” lo que desató mi recuerdo.

Sólo que, en esta ocasión, es algo más moderno: no se trata de un individuo sin límite personal alguno, sino de un gremio sindical que no se detiene en sus pretensiones de lograr que sus maestros asociados ganen más y más por cualesquiera razones. Y, por supuesto, esas pretensiones, de otorgarse, deberán ser pagadas por toda la ciudadanía, por la vía de más impuestos.

Según el medio, ya el Ministerio de Educación Pública, MEP, “es la institución que más incentivos paga; en total, sus empleados tienen acceso a 40 tipos distintos (ojalá algún día se brinde un listado de ellos). Se trata de pagos extra por recargo de funciones o por horarios de trabajo más extensos”, lo cual desafía mi imaginación acerca de qué pagos adicionales se han de dar por recargo de funciones o un horario de trabajo más intenso, como para llegar a 40. Pero, eso no es todo: ahora resurge la insaciabilidad. Esto es, los sindicatos piden que se les aprueben nuevos rubros de pagos extra por diversas razones, como parte de su convención colectiva, efectivos a partir del 2018.

Antes de nombrar algunas de las nuevas reclamaciones, ya hay vigentes un par de ellas de líneas similares, que vale la pena mencionarlas. Por una parte, está un pago extra “por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico llamado índice de desarrollo social relativo (IDS), por el cual se pagaron ₡22.000 millones en el 2016. En promedio, los educadores reciben ₡500.000 al año” (dato que no entiendo, pues, si se mencionan 27.712 servidores en el MEP y un monto anual de ₡22.000 millones, el promedio anual por servidor sería de aproximadamente ₡794.000). 

También ya existe otro incentivo llamado zonaje, “que se da a los trabajadores que prestan servicios en zonas calificadas como ‘incómodas o insalubres.’ El año anterior, este sobresueldo significó ₡3.000 millones para 30.000 servidores. Se les pagan entre ₡5.550 y ₡55.100” (de nuevo, el medio en otra parte informa que “el monto total por zonaje en el 2016 fue de ₡6.546 millones para un total de 31.329 servidores, lo que da un promedio de algo más de ₡208 mil al año, así que los datos de que oscilan entre ₡5.550 y ₡55.100 deben ser mensuales).

Aun así, el sindicato de maestros pide que para el 2018 se paguen 7 nuevos rubros o incentivos por “peligrosidad,” que es el término que los engloba, y que son:
 

1) Pago extra por localidades con riesgo de inundación;
2) Pago extra por localidades con gran cantidad de casos de dengue, zika o chikungunya;
3) Pago extra por vivir en los alrededores de los volcanes activos;
4) Pago extra por laborar en zonas de alta incidencia de delincuencia;
5) Pago extra por laborar en zonas de alto embarazo de adolescentes;
6) Pago extra por trabajar en zonas de alta mortalidad infantil; y
7) Pago extra por trabajar en zonas con falta de agua potable.
 

Además, aunque no aparecen explícitamente citados, aunque sí en un cuadro en donde se da un listado de localidades con riesgos que ameritan un pago extra, se darían por:
 

8) Trabajar en zonas sísmicas, y
9) Laborar en zonas con deslizamientos.
 

Además, como lo dice Yaxinia Díaz, directora de recursos humanos del MEP, todos esos pluses “por peligrosidad van a ser de ‘naturaleza salarial’ por lo cual estará sujeto al rebajo de cargas sociales y se tomará en cuenta para pago de aguinaldo, salario escolar y pensión.” La cosa está completamente blindada. Obviamente, no se tiene ni idea de lo que les costará a los costarricenses todo este montón de nuevos pluses.
 

Aún hay más. Existe evidente duplicación de pluses porque, por ejemplo, hay áreas que simultáneamente tienen diversos riesgos de los que ahora serían compensados. Por ejemplo, áreas que se inundan, que tienen enfermedades como dengue y otras, que también están sujetas a temblores (de hecho, todo el territorio nacional), a deslizamientos, alta mortalidad infantil y, tal vez, alto número de embarazos y delincuencia. O sea, el incentivo será para encontrar trabajo en una de estas zonas “compensadas” que tengan todos esos diversos males, dado que lo que se pagaría por cada uno de ellos podría sumar un monto más que significativo (imagínenselo).
 

Asimismo, por aquello de la equidad en la “peligrosidad,” también se pedirá compensación por laborar en centros urbanos de mayor delincuencia, ruido, suciedad, fealdad u otros males propios de las ciudades. Ah, y por riesgo de sufrir infarto por la vida más rápida y extenuante en ellas.
 

Finalmente, no hay zona del país que no satisfaga algunas de las condiciones para incluirla dentro de la categoría de “peligrosidad” de forma que, lo que parece estar detrás de esto, es un aumento anual adicional al ya tradicional incremento por inflación. Tal vez lo mejor sería que se les pagara por el riesgo de “vivir” y tener que “trabajar”.
 

Por los fondos para financiar las nuevas gollerías, “no os preocupéis”. Recordad que el gobierno va a aumentar el presupuesto para el MEP del vigente de un 7.82% del PIB al 8% el año entrante.  Entonces, simplemente, de lo que se trata de es asegurarse que esa mayor plata vaya a dar a los bolsillos de los agremiados a los sindicatos.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: brecha educacional

Es cierto que a una parte de los maestros no ha llegado completo su salario quincenal.  También es cierto que algunos no han recibido el pago.  Pero también es cierto que el software nuevo del MEP es una mejor herramienta para los trabajos correspondientes y que la nueva Administración (a partir del 8 de mayo) no tiene culpa ni responsabilidad en lo que pasa.

Es irracional exigir solución inmediata a una Ministra que apenas llega a tomar posesión de su cargo.  Es inaceptable que la supuesta negociación no de un margen de tiempo para que la nueva Administración tome medidas o averigüe cómo arreglar los problemas, en su verdadera dimensión.

Pero todavía es peor que las víctimas sean los estudiantes.  ¿Acaso no contribuirá la huelga a aumentar la brecha entre la educación pública y la privada?

También es malo hacer una manifestación en la calle entre el Hospital San Juan de Dios y el MEP (Edificio Rofas).  Ello victimiza a mucha gente más:  pacientes del hospital, usuarios de diversos servicios y una presión laboral impropia sobre los programadores del MEP, que deben estar al borde del infarto y la presión.

Todo ello sin hablar del caos en las calles josefinas, que acarrea pérdidas, gasto inútil de derivados de petróleo, afectación del tiempo ajeno y la ruina de muchos trabajadores.  Al final los educadores afectados recibirán hasta el último cinco, pero sus víctimas no serán resarcidas.  Así ha funcionado siempre.

Como si no fuera suficiente diseñar programas públicos criticables y cuestionables, por razón de que en la escuela pública ahora se tardará más en aprender a leer y escribir y, ello más otras cuestiones del sistema, podría hacer que el atraso sea mayor y determinante;  ahora queda claro que los estudiantes son el instrumento de negociación y su necesidad es como un secuestro.  

Tengo claro que en la escuela privada avanzan, quizás con menos pago de recargos, quizás con menos inclusiones en sus salarios, quizás con muchos menos ventajas laborales, quizás sin el pago de incentivos por servicios que no se prestan (200 días efectivos, materiales de clase incluidos en el salario) pero con esa porfiada manera en que el sector privado avanza y trabaja, compite y produce, sirve y se afana, a pesar de que desde la acera de enfrente le acusan de poco solidario y centrado en el lucro.  ¡Ay paradojas de la vida!  

Con ello, el sector privado evidencia su respeto por el educando y su eficacia indiscutible.  En cambio, en la acera de enfrente …

Federico Malavassi Calvo 

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el aguacero de plata pública

Al comentario de la semana pasada en el sitio de ASOJOD lo titulé “Gastos Innecesarios del Gobierno”. Simplemente debería haber llamado a este nuevo comentario “Una Versión Ampliada o una Segunda Parte”, pero me parece mejor enfatizar que el gasto gubernamental desaforado está en plena vigencia.
Tan sólo en el transcurso de una semana, han surgido nuevos ejemplos de tales dispendios, a los cuales me referiré:

Primero. El Consejo Nacional de Producción es una entidad gubernamental que muchos no entendemos cómo es que sigue abierta, si lo único que parece hacer bien es gastar nuestros recursos escasos. Resulta que ahora decidió incentivar a sus numerosos directores, regalándoles teléfonos celulares del tipo IPhone5, que sabemos son de los más caros en el mercado. ¿Será para que esos funcionarios se entretengan en algo durante sus horas laborales, dado que en el CNP casi no se hace nada? Las oportunidades de entretenimiento que permite el IPhone 5 son enormes, de manera que, ¡a jugar se ha dicho! 

Segundo. Los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad ya han anunciado un paro de labores para el próximo lunes 29 de abril.  Protestarán contra la decisión legalmente tomada hace más de cuatro años, de que el ICE adaptara sus equipos para que nuestros números telefónicos conservaran su portabilidad. Esto, en sencillo, lo que hace es facilitar a los consumidores el traslado del número actual que se tenga, si es que se desea tener otro proveedor del servicio telefónico.  Con esto los mayores beneficiados seríamos los usuarios, quienes así tendremos mejores posibilidades para elegir libremente la empresa telefónica que nos dé la gana. Elección que, obviamente, deberá ser totalmente voluntaria.  El costo que el ICE quiere imponernos al impedir la portabilidad, es que sigamos siendo sus clientes cautivos. Pero, debemos ser libres para escoger: Al que quiera seguir con un teléfono del ICE, pues que así lo haga; para quien quiera cambiar hacia otro operador, que no se le imponga el costo (por la acción del ICE), de verse obligado a cambiar un número telefónico, que tal vez ha usado por años.

Tercero. Se firmó un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de educadores costarricenses (SEC) y el de trabajadores de los comedores escolares y afines (SITRACOME), que constituye la primera convención colectiva que se aplica en el sector educativo del país.  Esto abre las puertas para que otros importantes grupos laborales sindicalizados de dicho sector, tales como maestros y profesores, busquen a futuro lograr que los acuerdos laborales hoy existentes sean convenciones colectivas.  También esta forma de negociación entre el estado y los trabajadores, podrá ser pretendida por otros gremios laborales en el sector público. Se supone que acuerdos laborales como éste le dan mayor firmeza a las relaciones entre las partes; en este caso, el gobierno y el SEC/SITRACOME.
Se estima que esta convención colectiva le costará al país, en un plazo de unos tres años, aproximadamente ¢5.700 millones, que obviamente contribuyen a ampliar el ya enorme déficit del sector público.

Si bien el acuerdo incluye la decisión de que un 2.8% del presupuesto del Ministerio de Educación (unos ¢1.585 millones en este año) se dedique a infraestructura educativa y a su mantenimiento, lo cual ya estaba incorporado en los presupuestos del Ministerio de Educación, hay un claro aumento neto de gastos en otros rubros. Se estima que se crearán 600 plazas nuevas de cocineras para las escuelas, por un monto estimado de ¢2.600 millones. Se complace así al SITRACOME. Pero, además, habrá 345 nuevas plazas para oficinistas, con un costo de ¢1.560 millones, y un gasto adicional de ¢1.500 millones para ayudar a financiar actividades de arte, deporte y ferias educativas. Con esto se complace al SEC.
Además, la convención concede una ampliación de la licencia de paternidad, que se otorga a los asociados al nacer algún hijo, pasando a un mes el actual de quince días con goce de sueldo. Obviamente pronto habrá peticiones sindicales similares en todo el sector público.

Que el lector medite acerca de la conveniencia de estos montos de gasto estatal, dada la situación tan seria de las finanzas gubernamentales. Me parece que, lo que el gobierno pretende con esto, es desarrollar argumentos que justifiquen una pronta propuesta para aumentar los impuestos, además de complacer a grupos laborales en vista de las próximas elecciones.

Cuarto. Para el 2013 el presupuesto gubernamental destinado a la publicidad y propaganda de la Presidenta, asciende a ¢1.100 millones; superior en un 66% al del 2012 y el doble del año 2011. Ahora resulta que se añadirán otros ¢160 millones para esos fines. ¿Acaso se perdió el buen juicio en el ámbito de las autoridades fiscales? No se han dado cuenta de que, entre más han venido gastando en la imagen presidencial, mayor ha sido la caída en los indicadores de aprobación del gobierno. Como esa plata no es producida por los gobernantes, sino que viene de los ciudadanos, quienes trabajan para entregárselo mediante impuestos y tasas al gobierno, es que da cólera ver todo este desperdicio fatuo.

Quinto. Acaba de ser nombrado un nuevo Viceministro de Gobernación.  Lo interesante es que se da cuando un tribunal ordenó la restitución de la Directora de Migración, licenciada Kattia Rodríguez. Doña Kattia había sido destituida por pérdida de confianza de los jerarcas de ese ministerio. Por ello, pa’ joderla, como dice el pueblo, al regresar ella a su puesto, le ponen a alguien por encima para anularla.  Vieja y conocida táctica de esos señores del poder. Claro, esto no va a ser de a gratis, pues tendremos que pagarlo. El nuevo Vice va a requerir de nuevo personal, de algún lado habrá de salir su sueldo (de nuestros bolsillos) y tendrá acceso a una serie de beneficios, de todos conocidos, derivados de su nuevo cargo. Me imagino que la plata no va a faltar para estos políticos, pues posiblemente saldrá de los recursos que, por un impuesto a las sociedades anónimas, estaban destinados a la seguridad ciudadana.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: súper Garnier y las golosinas de la muerte

El inicio de este año lectivo ha sido bastante convulso, pues el Ministro de Educación, Leonardo Garnier, tomó la decisión de convertirse en el "súper héroe de la comida", limitando la variedad de alimentos vendidos en sodas y comedores escolares con su poderoso "disparador de decretos y reglamentos". Bajo la supuesta preocupación de un creciente porcentaje de niños con obesidad se ha prohibido la venta de ciertos alimentos que un grupo de “expertos” ha considerado poco saludables.

Nuevamente, el Estado se involucra directamente en las decisiones de mercado y actúa como padre que sabe lo que es mejor para nosotros, limitándonos la libertad por medio de acciones prohibitivas. Por supuesto, en ASOJOD rechazamos totalmente este tipo de idioteces del ministro Garnier, pues aparte de ser una medida represiva que atenta contra nuestra libertad de manejar nuestra propia vida también la consideramos una medida poco efectiva, por cuanto ayudará muy poco a cumplir los objetivos que pretende lograr.

Lo que consume o no una persona es una decisión individual que responde al grado de educación, información e intereses que tenga sobre las posibles consecuencias que estos actos tengan sobre su vida. Todo eso lo puede recibir en una escuelas pero la mayor cuota de responsabilidad en la educación de los niños cae sobre sus padres o guardianes legales. Sin embargo, en lugar de tratar de hacer consciencia en ellos, el Ministro decide tomar la medida más sencilla y tonta que es prohibir algunos alimentos en las escuelas Pero ¿qué tan efectiva será esta medida? ¿En verdad al limitar la oferta esto hará que el consumo disminuya? La respuesta es no, definitivamente, excepto que se nombre todo un contigente de "policías de la comida", que reprenda y persiga el trasiego ilegal de golosinas y frituras, que encarcele a los pequeños bribones y los someta a la más aleccionadora represión, haciéndoles entender que Papá Estado siempre ganará la batalla (¡Ups! Nos habíamos olvidado que el Estado es incapaz de hacer algo tan elemental como atrapar a los verdaderos delincuentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos!)

Ya muchas sodas y pulperías cercanas a las escuelas han celebrado esta decisión pues saben se incrementarán sus ventas dado que los niños encontrarán en sus negocios lo que no encuentren en las escuelas. Además, es probable que los hábitos alimenticios de estos niños sean porque en la casa también existen estos hábitos así que lo que dejan de comer en la escuela lo encontrarán en la casa.

Tal parece que muchas personas siguen sin comprender la realidad tan evidente y demostrada de que al limitar la oferta en lugar de trabajar en limitar la demanda lo que genera es aumentos de precios y proliferación de negocios informales pero poco incide sobre el consumo de las personas. Este error lo hemos visto una y otra vez cometerlo en el caso de otros bienes de consumo como las drogas, el licor y el cigarrillo. El resultado siempre es el mismo: los burócratas tratando de meterse en las decisiones individuales tiran el dinero público por el retrete montando guerras que siempre perderán, los que ganan dinero en esos negocios celebrando con la conformación de verdaderas mafias (que siempre influyen en aquellos burócratas) y los ciudadanos comunes y corrientes muriendo en el fuego cruzado.

Todas estas políticas bien intencionadas siempre traen consigo consecuencias nefastas. Por eso es que siempre insistimos en la famosa frase “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Desde la tribuna: la lonchera controlada

El Estado costarricense, por medio del Ministerio de Educación Pública en consuno (¿colusión?) con el Ministerio de Salud, ha establecido una prohibición de vender determinadas comidas en las sodas de las escuelas y colegios públicos.

El asunto sí que se las trae. Ya expresé que “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.

Apunto a dos cosas principales. La primera es relativa a la patria potestad, autoridad parental o derecho de regir a los menores. En esta medida el Estado hace un movimiento de sustitución de la posición de los padres de familia. Un movimiento administrativo, político y jurídico según el cual se atribuye la decisión respecto de la alimentación que conviene a los menores.

También es básico el segundo asunto. Si el Ministerio de Educación tuviese la actividad a su cargo totalmente enfilada, organizada, en gran estado de desarrollo, con los fines satisfechos o en buen cumplimiento, qué más que ponerse a apuntalar los logros con algunas decisiones que pudiesen salir del ámbito de su competencia. Mas no es así, el MEP hace aguas por todas partes.

Hay dos asuntos complementarios. Uno de ellos es relativo al procedimiento y a la “propiedad de las escuelas públicas”. El procedimiento de la Ley General de la Administración Pública establece al menos audiencias y resolución dentro de la ciencia, la técnica y el conocimiento adecuado. Dudo seriamente de que ello se haya satisfecho. Están en medio importantes derechos fundamentales y no puedo entender que mediante disposición administrativa (reglamento, bajo el vehículo del Decreto) se pretenda regular , prohibir u organizar el asunto. Es sabido que solo la ley puede incursionar en tal área, además de que su intervención habría de ser proporcional, racional, razonable y, sobre todo, necesaria.

La Administración pública ha alegado que se trata de actividad que se realiza dentro de las escuelas y colegios públicos y, por ende, se trata de algo así como competencia interna. Sin embargo, señalo, habría que ver si las escuelas y colegios públicos son del MEP o son de la sociedad costarricense (incluso del propio Estado).

El MEP no es sino un órgano del Estado, parte de otro órgano (Poder Ejecutivo) público. Así que no puedo entender que sean territorios del Ministro, sino propiedad de la comunidad (de la sociedad costarricense). Curioso que por una parte corresponda la administración a las Juntas de Educación y por otra parte el MEP pretenda centralizar las decisiones. No obstante, la cita de que un asesor legal del MEP se refirió al asunto señalando que debía analizar los contratos de arrendamiento de las sodas para ver su antigüedad y contenido, termina de complicar la tendencia autoritaria. ¿Quién firma los contratos? ¿El MEP o las Juntas?

Pero también hay que cuestionar los presupuestos de la medida. Resulta que la información que suple la misma fuente pública, señala que un porcentaje bastante parecido (alrededor del 20%) en escolares y liceístas padece obesidad. Con ello se cae la decisión.

Primero, porque no apunta a la buena alimentación sino a evitar la obesidad. Son cosas distintas. Segundo, porque es inaceptable una censura a la totalidad (100%) para evitar la obesidad de una quinta parte.

Además de todo, es dudoso que eviten la obesidad de este modo, pues no hay garantía de lo que pase extramuros escolares. En sí misma, la prohibición es una negación de la filosofía y pretensiones de la educación.

En todo caso, los alimentos excluídos, prohibidos, proscritos y condenados sin juicio, no son dañinos per se, sino en una determinada proporción.

Por otra parte, está el tema de los comedores escolares. Este tema, desde la antigua pero legalmente vigente concepción de los comedores escolares, empezó como un subsidio parcial y amenaza con convertirse en un uso total. ¿Qué pasa en estos comedores? ¿Son la excelsitud alimentaria, nutritiva e higiénica? ¿Quién lo dice? En todo caso, objeto el concepto por totalitario, estatista y excluyente de la autonomía de la voluntad y fortalecimiento familiar.

Finalmente, ha surgido la polémica acerca de la efectividad de la medida prohibitiva si, por otra parte, el MEP no encuentra el instrumento para intervenir la lonchera escolar. Porque, aunque no lo crean, han sobrado ideólogos y partidarios de la liberticida medida y se la han pasado cavilando acerca de cómo controlar la lonchera.

¡Policías de las frituras, inspectores del chicharrón, policías de tránsito de la restricción a la gaseosa, censores de la galleta y demás ejércitos de la prohibición, hay que levantar barricadas, escavar trincheras, construir alambradas, registrar salveques y loncheras, obligar a volver las bolsas del pantalón al revés, abrir las bocas y no dejar pasar nada!

Recuerdo que hace muchos años, los estadounidenses que venían de intercambio a nuestro país insistían en tomar cocacolas y comer cornflakes. Estaban prevenidos contra los peligros del agua y otras comidas. No podían tomarse el riesgo de enfermarse con comida contaminada, agua sucia y otras cosas.

La medida actual más bien prohíbe lo que a ellos se recomendaba. ¿Estamos seguros de que los estudiantes no se enfermarán de tomar el agua o los refrescos en agua en lugar de ingerir gaseosas? ¿A algunos no los afectará la leche que tomarán en lugar de la gaseosa? ¿Estarán libres de pecado las frutas o podrán transportar hepatitis y otros males? ¿No será mejor una comidilla empacada, aunque el MEP no la quiera, que una expuesta a contaminación?

En fin, el camino iniciado por el MEP evidencia su distracción de lo principal, su abandono de la competencia básica y el autoritarismo de muchos.

Federico Malavassi Calvo

En Vela

La junta directiva o, mejor, comando político, como se le llama, de los profesores de segunda enseñanza (APSE) anunció ayer lo único que saben hacer: declarar una huelga, revestida, por supuesto, de “un pliego de peticiones” o documento chantaje, cuyo secreto es la imposibilidad de cumplir. Por años han demostrado una singular pericia en esta materia, cuyo único requisito es la decisión de causar daño, esencia de su oxidada ideología.

La huelga se proclama, en esta oportunidad, 9 días después de iniciado el curso lectivo. La razón es de alcance universal: la recesión y, por ella y con ella, el despido de empleados en la empresa privada. Para quienes no tienen idea del papel de la empresa privada en la economía, aunque viven en gran parte del pago de los impuestos de empresarios y trabajadores, cualquier pretexto es posible para no dar clases. Para estos acuerdos no hace falta estudiar ni conocer los valores éticos o cívicos. Es suficiente un odio entrañable contra la democracia, contra la empresa, contra la educación pública. Estos dirigentes son los educadores y los modelos de los jóvenes de Costa Rica.

Estemos, pues, preparados para una serie de declaratorias de huelga a lo largo del año. La impunidad los ampara. El ladrón de carros se expone a sufrir la dureza de la cárcel. Al ladrón del tiempo lectivo de estudiantes y padres de familia, esto es, de lo más entrañable de nuestra cultura, nada le pasa. Se echará a dormir y a ver tele el día de la huelga para retirar el salario, sin rubor, a fin de mes. Los educadores responsables darán clases sin temor a la persecución de sus dirigentes.

Razones para huelgas futuras: la insuficiencia de psiquiatras en Costa Rica, la muerte en Bolivia del Che Guevara, el mal estado de salud de Fidel Castro, las inundaciones de octubre y la probabilidad de algún terremoto en nuestro país, los privilegios discriminatorios de Hugo Chávez para otras agrupaciones de profesores en América Latina, los exámenes de evaluación, la exigencia del bachillerato, la obligación de saber leer y escribir para cursar la segunda enseñanza, la campaña imperialista a favor del estudio del inglés, el uso de Internet y la tecnología capitalista, toda forma de raciocinio contraria a los cánones de la revolución bolivariana, la prohibición de heredar el cargo de directores de APSE a los hijos de los actuales líderes, la lectura de libros conforme a las normas de la Real Academia Española –eurocéntrica y antiindigenista–, cualquier tradición o norma que signifique esfuerzo o elevación personal, y, en fin, todo motivo inspirado en el respeto a los demás.

La escuela de la violencia juvenil en todo su esplendor…

Julio Rodríguez

El desorden producido en el Ministerio de Educación Pública en cuanto a nombramientos de cara al curso lectivo 2007 ha sido el aliciente para que docentes y estudiantes actúen de manera inapropiada. Primero fue la revuelta en el Liceo Roberto Gamboa, producto de un aparente mal trato del director hacia los docentes y estudiantes, luego los lanzamientos de piedras por parte de los alumnos del Liceo de Costa Rica como respuesta a un supuesto ataque que habían recibido de parte de los estudiantes del Colegio México.

La razón de que estos casos se den es que, al estar el MEP presionado por los órganos de control político, por la prensa, por los mismos docentes y estudiantes y por la opinión pública en general, entonces debe dedicar todos sus esfuerzos y personal para subsanar los errores cometidos en nombramientos, lo cual le quita recursos (temporales, humanos y económicos) para poder implementar medidas de castigo a los que trasgreden las normas. Así, los docentes y estudiantes involucrados en actos reprochables consideran que quedarán impunes pues saben que el Ministerio no puede realizar las investigaciones correspondientes en este momento.

Por ello, es muy necesario poner fin a este desorden, pues se trata del futuro de nuestros jóvenes, ya que en situaciones así, muchos de ellos deciden desertar del sistema educativo, convirtiéndose algunos en delincuentes o personas que no aportan cosas positivas a la sociedad