Tema polémico: matando a las PYMES

Para este Tema Polémico queremos abordar la situación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que si bien pueden ser una importante forma de desarrollo empresarial, crecimiento económico y desarrollo que le permita a las personas salir de la pobreza, los diferentes gobiernos latinoamericanos no han sabido potenciar y más bien han obstaculizado su despliegue.

Se estima que las PYMES representan el 78% de las empresas de Latinoamérica, sin embargo el 80% no alcanza su desarrollo y muere antes de los cinco años a causa de diversos factores que generalmente están fuera de su alcance. Particularmente, en México se estima que de las 200 mil empresas que abren sus puertas cada año solamente 35 mil sobreviven dos años después. Por su parte, en Argentina, se considera que solamente el 7% de los emprendimientos llega al 2 año de vida y sólo el 3% de los emprendimientos llega al 5 año de vida. Finalmente en Chile, un estudio en el que se le dio seguimiento a 67.310 empresas creadas en 1996, indicó que el 25% de ellas desapareció en el primer año, un 17% en el segundo año, el 13% en el tercer año y un 11% en el cuarto año.

¿Qué pasa en Costa Rica? ¿Cuál es la tasa de muerte de las PYMES ticas? Desafortunadamente no existe información al respecto. El propio ente rector encargado de apoyar las PYMES (Ministerio de Economía, Industria y Comercio) desconoce la tasa de mortalidad de las mismas. No obstante y a juzgar por los datos proporcionados por el XVI Informe del Estado de la Nación con relación a las PYMES exportadoras, podemos concluir que su tasa de mortalidad es alta. El informe señala que únicamente 3 de cada 10 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que exportaban en 1998 se mantenían colocando productos en el exterior, en el 2008.[5]

Asumiendo que la tasa de mortalidad es alta, cabe preguntar, ¿cuáles son las causas de los altos niveles de fracaso de los nuevos pequeños emprendimientos en el país? Existen causas propias del modelo de desarrollo de estas nuevas empresas, asociadas a factores internos como la capacidad de gestión, sin embargo, el peso de las variables del entorno en donde operan y deben desenvolverse afecta en gran medida su evolución, pues se erigen como enormes barreras de entrada que dificultan su desarrollo, principalmente durante sus primeros años de vida.

Así, las cargas institucionales (relacionadas con permisos de operación, trámites de registro, regulaciones gubernamentales entre otros) afectan significativamente a las empresas, porque representan costos fijos importantes y desproporcionados, que las grandes pueden absorber, pero que son letales para las pequeñas. Asimismo, generan un ambiente de corrupción que perjudica al ambiente empresarial en general.

Desde la perspectiva empresarial, el efecto acumulativo de numerosas regulaciones y cargas administrativas generadas en múltiples instituciones y niveles de gobierno frena la capacidad de respuesta de los negocios, desviando los recursos de inversiones productivas, lo que a su vez implica una grave afectación para la entrada a los mercados, reduciendo además la innovación y la creación de empleo, dañando en definitiva el entorno empresarial.

Este es un grave problema que debe se enfrentado con el mayor sentido de urgencia, máxime si consideramos que las pequeñas y medianas empresas representan la mayor parte del parque empresarial en Costa Rica, generando empleo a gran cantidad de costarricenses y permitiéndoles innovar y producir riqueza. Mientras el Estado no comprenda eso, seguirá poniendo obstáculos a su desarrollo.

Viernes de Recomendación

El día de hoy les presntamos la conferencia titulada: "La filosofía política de Ludwig von Mises" impartida por el profesor Gabriel Zanotti. En ella se realiza un breve repaso acerca de la vida de Mises, su contexto cultural y psicología.

Jumanji empresarial: impuestos por miedo

Para nadie es un secreto que Costa Rica enfrenta una tremenda crisis fiscal que dificulta que el Gobierno pueda enfrentar los gastos a los que se ha comprometido. Por supuesto, este hecho debería preocuparnos a todos, aunque por diferentes razones.

Los primeros en estar preocupados deberían ser los políticos. Sin dinero, el cumplimiento de las promesas de campaña y los compromisos asumidos en sus diferentes visitas a la población, resulta poco probable. Esto significa que no hay contenido presupuestario para que los políticos gasten el dinero de los costarricenses y consigan amarran un grupo de clientes que, posteriormente, los entronicen en el poder.

Otro grupo preocupado es precisamente el de esos clientes de los políticos. Se trata de un ejército de ciudadanos que se han acostumbrado a vivir a costa de los programas estatales, sin necesidad de asumir la responsabilidad sobre sus vidas. Gracias a la educación, vivienda, salud y demás servicios que obtienen por medio de la expoliación estatal aplicada contra los individuos productores de riqueza, estos zánganos han encontrado la forma perfecta para no esforzarse. No obstante, sin unos políticos con dinero para satisfacer sus vulgares caprichos, este grupo de clientes no tendrá beneficios y, por tanto, podría castigar con su voto a los redistribucionistas.

Aparte de esos grupos de gamberros inmorales, hay otro más que tiene mucho de qué preocuparse: el de los individuos decentes que trabajan día a día produciendo riqueza, pues a causa de la falta de recursos para comprar votos, el Gobierno actual ha decidido aumentar los impuestos, de forma tal que con el famoso proyecto de "Solidaridad Tributaria", el peso de los tributos caerá sobre sus hombros. Esto significa que dichas personas tendrán menos recursos en la bolsa para gastar, ahorrar, invertir y consumir, lo cual a su vez se traducirá en una caída de la economía y una reducción importante del bienestar de los individuos.

Sin embargo, hay esperanzas. Quizá no en el plano político, pues no podría afirmarse con certeza que la oposición -incluyendo al Movimiento Libertario- tenga capacidad y/o interés de frenar el avance de este paquetazo de impuestos en la Asamblea Legislativa. Las esperanzas están fijadas precisamente en ese grupo de individuos productores de riqueza, en los intelectuales decentes y serios y en los ciudadanos cansados de asumir los costos de la intervención estatal.

Estos individuos son los que deben desarrollar, por todos los medios posibles, una verdadera campaña para evitar que esa aberración tributaria se apruebe en el Congreso. Y una de las estrategias para hacerlo es desenmascarar al Gobierno es sus mentiras. A este respecto, vale la pena publicar una serie de datos que, normalmente, el statu quo no le menciona a los costarricenses.

Como podrán haber notado en las últimas semanas, tanto la Presidente Chinchilla como una serie de funcionarios de Gobierno y Diputados oficialistas -principalmente el ex Ministro de Hacienda y ahora legislador Guillermo Zúñiga- han intentado asustar a la ciudadanía diciéndole que de no aprobarse la "reforma tributaria", no habrá dinero para pagarle a los maestros o a los policías. Por supuesto que el objetivo es repetir aquella táctica del miedo y la mentira, al mejor estilo nazi, para apelar a las preocupaciones de los costarricenses, especialmente en materia de seguridad, en momentos donde la delincuencia ilegal (usamos este término porque existe un tipo de "delincuencia" legalizada cuando el Estado le quita su dinero a los ciudadanos trabajadores) agobia a gran número de costarricenses.

Sin embargo, el Dictamen Negativo de Mayoría de la Liquidación Presupuestaria 2009, emitido por los Diputados del Movimiento Libertario, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, demuestra que este miedo podría estar infundado, pues deja claro que el Gobierno no ejecutó ¢217.000 millones el año anterior. De esa cantidad, destacan especialmente los ¢27.000 millones que no utilizó el Ministerio de Educación Pública y los ¢11.000 que dejó de usar el Ministerio de Seguridad Pública.

El actual Gobierno pretende recolectar ¢500.000 millones con el paquetazo de impuestos, pero no ha notado que el dinero que necesita ya existe y que la incapacidad burocrática, el despilfarro, la falta de responsabilidad y seriedad administrativa impiden que se utilice para cumplir con los egresos comprometidos. En ese sentido, basta con mejorar la capacidad de gestión y la exigencia de cumplimiento del régimen sancionatorio existente para obligar a los funcionarios públicos a utilizar de forma adecuada el dinero.

Y eso que ni siquiera estamos hablando de la propuesta que en ASOJOD hemos defendido desde nuestros inicios: el recorte de gastos y la salida definitiva del Estado de la actividad económica. Si el Gobierno actual o cualquier otro grupo político fuera serio, decente y responsable, no sólo haría las transformaciones administrativas para utilizar los recursos existentes, sino que realizaría un importante recorte de gastos, como bien lo han hecho ya los Congresistas en Estados Unidos.

Sin duda, estos impuestos no sólo son nefastos por el daño que le harán a la actividad económica, sino que, del todo, son innecesarios, toda vez que el Gobierno tiene el dinero suficiente para cubrir los gastos en sectores sensibles como educación y seguridad y, si aún no le alcanza, todavía puede recortar partidas a gastos injustificables que abarcan prácticamente toda la actividad estatal, exceptuando la seguridad ciudadana y la administración de justicia.

Flash legislativo

Decía Ludwig von Mises que "El Estado no puede hacer a un hombre rico, pero sí puede hacerlo pobre". Sin duda, tenía razón, pues el Estado no crea riqueza; por el contrario, sus intervenciones casi siempre terminan generando pobreza. En lugar de fomentar un mercado libre donde los individuos realicen transacciones voluntarias y satisfagan sus necesidades, nuestro Estado se empeña en interferir, generar distorsiones e impedir que las personas logren mejorar sus condiciones de vida. Parece ser que la única cosa que el Estado sabe hacer bien y de forma eficiente, es crear pobreza.

La última prueba de ello es el avance decidido que lleva el proyecto de Ley Nº 17.874, de la Diputada Viviana Martín, para eliminar el porteo como actividad privada y convertirlo en un servicio público regido por permisos que apenas favorecerán a un pequeño grupo de “porteadores”.

En la pasada sesión de la Comisión Plena Segunda, los Diputados del PLN, PAC, PUSC, PASE y RC, votaron negativamente las primeras mociones presentadas por los legisladores de la bancada del ML, que tenían como intención impedir que este proyecto de ley se apruebe y deje sin trabajo a miles de personas que se dedican a una actividad lícita, posible y privada, así como a otras miles sin un servicio efectivo y oportuno de transporte. En suma, todos salimos perjudicados salvo unos cuantos que tendrán permisos para trabajar o revender. Quizá en eso hay que modificar un poco el acápite inicial: el Estado sí puede hacer a algunos ricos, pero a costa de otros, sea mediante gollerías, prebendas y privilegios odiosos, sea mediante la corrupción o sea mediante el robo de la riqueza de otros. Pero hay que ser claros: esa "riqueza" artificial que crea a favor de unos es muy pequeña y sin capacidad de reproducirse en el largo plazo si no es mediante los mismos medios perversos por que se obtuvo.

La riqueza verdadera sólo puede crearse en una economía libre, abierta, competitiva. En ASOJOD creemos en un Estado con reglas claras que permitan a los individuos interactuar pacíficamente en busca de su propio beneficio sin entorpecer o impedir la búsqueda de sus congéneres. No en un Estado interventor que se entrometa en las actividades privadas, obstaculizando la libre decisión de los individuos y restringiendo las posibilidades de que sean ellos los que busquen su progreso.

Ojalá que los demás miembros de la Comisión reflexionen acerca de las nefastas consecuencias que traerá aprobar este proyecto de ley, especialmente en materia social, al cerrarle oportunidades de trabajo y bienestar a miles de hombres, mujeres y niños que sobreviven gracias al porteo.

La columna de Carlos Federico Smith: ¿Cómo que casi no hay?

Preguntado por el periodista de La Nación si había una posibilidad de reducir los aranceles para enfrentar el aumento internacional de las materias primas, el vicepresidente Luis Liberman respondió: “casi no hay” materias que pagan aranceles. (Ver La Nación del lunes 21 de febrero del 2011, página 24A).

Por supuesto que no se debe contemplar sólo las materias primas que pagan aranceles a las importaciones, sino que también es necesario señalar que hay muchos bienes terminados que aún son objeto de una significativa protección arancelaria. El tema no debe circunscribirse a la circunstancia del momento de un fuerte aumento en los precios internacionales de la materias primas. También es hora de que el vicepresidente Liberman responda a los intereses de los consumidores. Estos, posiblemente producto de la voracidad fiscal del gobierno, son víctimas de su decisión de gravar incluso bienes vitales dentro de la dieta y el presupuesto de los hogares más pobres del país. Pero también es importante destacar que ese proteccionismo permite que haya un tipo de cambio inferior en el mercado del que habría sin tales aranceles. Es decir, sin tales aranceles el tipo de cambio del colón con respecto al dólar reflejaría mejor su verdadero valor. Ello daría algún alivio para el sector exportador que ha encarado una fuerte revaluación del colón durante los últimos tiempos.

Como don Luis, quien uno asume es conocedor de la situación arancelaria del país -y, si no lo es, puede preguntarle a doña Anabel González, quien sí sabe de estas cosas- dice que son pocas las materias primas gravadas con aranceles, me voy a permitir hacer una pequeña y representativa lista de ellas, pues en verdad son muchas las materias primas hoy gravadas. Y, además, pensando en el interés de los consumidores, principalmente los de menores ingresos, me permito agregar a esa lista algunos pero muy importantes bienes finales que hoy pagan un arancel.

Al arroz terminado que se importa se debe pagar un arancel de cerca del 100%. Este arancel se usa para subsidiar a un grupo muy reducido de productores. El arroz, junto con los frijoles, equivale a más de un 30% del gasto familiar de los grupos de ingresos más bajos (¡Hablemos de justicia social!).

Si quiero importar leche, sólo en lo referente al arancel, tendría que pagar casi el mismo precio que pago por el bien. Es decir, ronda en alrededor de un 100%. Esto se hace para proteger un monopolio. La leche es un sector en que hay una muy clara falta de competencia que permita algún grado de ventaja para los consumidores, quienes hoy posiblemente pagan el doble de lo que podrían pagar si no existiera tal barrera arancelaria.

Pero también los quesos, la natilla y el yogurt, tanto para consumo final como para el industrial, pagan aranceles. En general, todos los derivados de lácteos están sujetos a un fuerte arancel. ¿Será que don Luis no se ha dado cuenta de esto?

Y del pollo qué podemos decir. También el impuesto que paga la carne de pollo importada se aproxima a un 100%. El consumidor así posiblemente tiene que pagar el doble por la carne de pollo en comparación con un situación en que pudiera importarlo sin pagar esos aranceles.

Algo parecido sucede con la carne de cerdo y de res y con todos los llamados derivados cárnicos. Si don Luis no me lo cree, puede preguntar en el Ministerio de Comercio Exterior, en donde con gusto creo que le suministrarán los datos exactos.

No debemos olvidar el precio del azúcar que pagamos los consumidores. Y de una vez les advierto acerca de lo que va a suceder ahora que está subiendo el precio internacional del azúcar. Pronto habrá presiones para aumentarle el costo al consumidor nacional. La razón para tal solicitud es que, si no aumenta el precio interno, habrá un gran "contrabando" hacia el exterior. Eso podría ser cierto, pero ¿por qué cuando el precio internacional era relativamente más bajo que aquí (incluso los es hoy en día), no se nos permite a los consumidores, tanto finales como industriales, conseguirlo a esos menores precios? Esta es una de la formas más amargas en que se daña el bienestar general por promover el interés de algunos. ¿Hará don Luis algo para lograr que la competencia beneficie a los ciudadanos costarricenses? Francamente, lo dudo…

El maíz blanco también paga aranceles cuando se le importa. También la zanahoria en polvo y en escamas, así como el puerro en polvo y en escamas; asimismo el sazonador, la pimienta, el perejil, el ajo en pasta y el apio en polvo, como los anteriores pagan aranceles de un 15%.

¿Quieren más? Verán que no “es que no hay” productos con aranceles, sino que no se quiere ver o se hacen los majes. El café en grano, las manzanas en cubos deshidratadas, las preparaciones con base en lácteos para usos en snacks, galletas, cereales, productos a base de huevo, edulcorantes, sales, especias, sopas, salsas, ensaladas, productos proteicos, formulas infantiles, bebidas de todo tipo, miga de pan, empanizadores, alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación, cebolla granulada, huevo congelado, pasta de cacao desgrasada y sin desgrasar, manteca, grasa y aceite de cacao, cacao en polvo sin azúcar, todos tienen aranceles. Y sigo: jamaica molida, pimienta blanca molida, paprika en polvo, pimienta blanca entera, pimienta negra triturada, chile picante en polvo, chile dulce rojo, pimentón dulce en polvo y la linaza, sufren gravámenes (aranceles) al importarlos.

Y no voy a dejar de lado a la papa: tanto la fresca para ser adquirida por los consumidores finales como para las empresas que la utilizan para industrializarla. Ya sabemos del proteccionismo que se le brinda

Me aburre seguir señalándole a don Luis Liberman que no es cierto lo que él dice de que son pocos los bienes que pagan impuestos al importárseles. Más bien son muchos, pero muchos. Y gravan no sólo bienes que el consumidor final utiliza, encareciendóselos en beneficio de unos pocos, sino también a materias primas que utiliza nuestra industria de transformación hacia bienes finales, que también el consumidor alternativamente podría adquirir más baratos. En síntesis: se trata de un gobierno que piensa en hacer plata a costas de los consumidores y de paso proteger a unos pocos para que puedan enriquecerse a costas de los consumidores, no por la eficiencia que se logra bajo competencia, sino por la protección monopolística que se les brinda. Todo muestra la insensibilidad del gobierno hacia el logro del bienestar de los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: los cánones en Papagayo

Como ya es sabido por cualquier observador medianamente cauto e informado, nuestro país no se caracteriza por un uso fino de los conceptos. Todo lo contrario, la doxa es la moneda de curso común, incluso en nuestros mal llamados intelectuales.

El día de hoy nos queríamos referir a un hecho que, analizado de forma abrupta, puede llevar a conclusines equivocadas. Nos referimos al famoso decreto de la Administración Arias en donde se establece como cánon para las concesiones de la zona marítimo terrestre de Papagayo la suma de $1 por cada metro cuadrado. Por supuesto, sobrarán cabezas que tomarán este hecho como una prueba más de lo "injusto" y "devorador" que es el capitalismo. Pero nada más alejado de la verdad. Este decreto no es ni por asomo algo que se parezca ni remotamente a una economía de mercado.

Una economía de mercado se caracteriza por una igualdad ante la ley y reglas claras para todos los actores económicos. Desgraciadamente, en nuestro país ocurre todo lo contrario y este decreto es un excelente ejemplo de ello. Tenemos regímenes de regulación especiales y privilegiados para distintos sectores e industrias, diferencias que se obtienen desde el favor político para los empresarios.

Precisamente, este es uno de los retos más grandes que debe afrontar nuestro país en materia de políticas públicas. Mientras tengamos siguiendo este tipo de sistemas, el éxito dependerá cada vez menos de la iniciativa y responsabilidad individual para reposar en cambio en la conexiones políticas. Mientras más aplacemos esta obligación, tendremos una sociedad menos inclusiva y abierta, para perjuicio de todos aquellos costarricenses "de a pie" que no tienen los medios y recursos necesarios para realizar el lobby político tan necesario en esta banana republic para asegurar el éxito futuro.

La crisis egipcia y la teoría libertaria del conflicto de clases

Durante semanas, los egipcios, desde hace tiempo frustrados por décadas de sofocante gobierno autocrático, han tomado las calles. La unidad de sus manifestaciones se ha centrado en contra qué estaban más que en a favor de qué. Las demandas que han surgido de las masas, los preceptivos mensajes por el cambio, han sido muy generales, pidiendo elecciones libres y un gobierno civil y no militar. Ahora que el antiguo presidente Hosni Mubarak finalmente se ha ido de El Cairo, el futuro inmediato de Egipto no es menos incierto.

El centro del descontento popular en Egipto durante años ha sido el hecho de que un pequeño grupo de élites, disfrutando del apoyo del imperio estadounidense, ha dominado la dirección del país. Tanto económica como políticamente, Mubarak y su séquito cercano han tiranizado a la sociedad civil desde una distancia segura, enclaustrados tras las barricadas de políticas autoritarias. Y aunque el destino de Egipto tras estas manifestaciones sigue estando lejos de quedar claro, las lecciones de la teoría austriaca empiezan a cristalizar alrededor de estos acontecimientos.

Las antiguas personas, simbolizadas por Mubarak y reemplazadas por el extendido rechazo, han abdicado del poder, pero el propio poder puede estar aún intacto. Si la quejas de los egipcios dependen de evitar la ascensión de una peque “élite en el poder”, entonces el mensaje de Rothbard, Hayek y Mises aconseja que sus reproches tendrían que dirigirse a instituciones concretas, no a personas concretas. Es el estado el que inflige las ruinosas presunciones de los dictadores y sus subordinados en lo que sería en otro caso un pueblo libre. Siempre que se permita que los instrumentos de poder coactivo del estado suplanten las asociaciones de libre mercado, el resultado será el dominio de unos pocos favorecidos.

Como ha apuntado Roderick Long, la noción de conflicto de clases se considera generalmente como algo con aroma a un cuerpo de investigación impropio de la tradición libertaria, encumbrado con falacias marxistas que particularmente destrizan la economía. Por culpa de esta desafortunada asociación con el marxismo y las ideologías de la coerción, el análisis de clase ha estado ausente por mucho tiempo de las conversaciones libertarias, abandonado a otras escuelas de pensamiento que se han ocupado de él, pero estando generalmente equivocadas sobre la mayoría de las cuestiones centrales. Pero en lugares como Egipto, sometidas durante tantas generaciones con las agobiantes políticas de élites encastilladas, es indiscutible la necesidad de una visión adecuada del conflicto de clases.

Más que cualquier otra aproximación económica, la Escuela Austriaca genera y ofrece respuestas a las preguntas críticas de la teoría de clases, dibujando la distinción final entre los tipos de interacciones entre individuos. En lugar de aceptar la idea del estado como concretización de un conflicto de clases inmutable que le preexiste, la Escuela Austriaca ve al estado como la fuente de todo ese conflicto. Murray Rothbard, al aseverar la idea de John C. Calhoun sobre las clases, describió esto como la opinión “de que era la intervención del estado la que, por sí misma, crea las ‘clases’ y el conflicto”.

La formulación austriaca por tanto prescinde de la idea sobrenatural incluida en la teoría de clase marxista de que cada clase está imbuida de su propia mente y su propia lógica y que éstas son fundamentalmente irreconciliables. Esa concepción errónea del asunto subyacente (lo que Ludwig von Mises calificó de “polilogismo marxista”) es la tambaleante piedra angular que hace a la teoría de clase de Marx incompleta y errónea, lo que impide que produzca una explicación completa del conflicto de clases. Y una explicación completa es lo que los países económicamente subdesarrollados como Egipto, como oligopolios coactivos controlando todos los recursos, están realmente reclamando.

Como apuntaba Hans-Hermann Hoppe, una vez que se elimina el “falso punto de partida” de método analítico de Marx, “todas las [conclusiones del marxismo sobre las clases] son esencialmente correctas”. La Escuela Austriaca, al reemplazar la capa de vilificación de la clase burguesa implícita en el modelo marxista, desarrolla un sistema más matizado y se pregunta cómo actúa un individuo dentro de la sociedad.

El objetivo de esa cuestión es diferenciar entre quienes adquieren riqueza de interacciones voluntarias y consensuadas dentro de un mercado libre y aquéllos que se aseguran ganancias materiales a través del uso de la coacción. Lo alto de la pirámide en Egipto no está compuesto por villanos solo porque sean ricos, sino como resultado de la forma en que obtuvieron sus riquezas. Luego, el estado, disponiendo del monopolio superpuesto del uso “legítimo” de la fuerza en la sociedad, es claramente el instrumento de la clase de individuos que más bien roban y explotan que trabajan y producen.

Por el contrario, el “libre mercado” es sencillamente una forma de expresar la idea general del agregado de todos los intercambios no obligatorios, es decir, los “medios económicos” que es conocido que Franz Oppenheimer puso frente a los “medios políticos”. Como solo el estado disfruta de una licencia para emplear violencia, es tentador distinguirlo claramente de esas instituciones societarias que no son parte del estado formal, sino nominalmente participantes en su opuesto: el libre mercado. La suposición es que siempre que exista una organización aparte de las agencias del estado financiadas con el robo, hay que considerarla un rival de las formas económicas de la clase política.

Sin embargo la Escuela Austriaca nunca ha estado dispuesta a aceptar esta reducción del libertarismo a una mera apología de las empresas por sí mismas, es decir, sin considerar las particularidades de unas actividades empresariales concretas dentro del sistema económico. Indudablemente el modelo económico egipcio representa un ejemplo especialmente grave del tipo de colusión entre empresas “privadas” y el estado que el libre mercado excluye.

Preservando las características de la conciencia de clase de su análisis, los austriacos han evitado confundir grandes empresas dentro de programas económicos estatistas con actores reales del libre mercado. Han procesado coherentemente lo que Rothbard llamaba el “gobierno oligárquico” que caracteriza a todo estatismo, la dominación de la actividad económica “por una élite coercitiva que se las ha arreglado para obtener el control de la maquinaria del Estado”. Es esa “maquinaria del Estado” la que será codiciada en Egipto ahora que Mubarak ha abandonado su puesto como tirano principal.

Así que aunque la “intervención binaria de los impuestos sea tal vez la encarnación más visible de los “medios políticos”, hay muchas otras y el análisis libertario de clases de Ludwig von Mises a Joseph Stromberg se ha ocupado de las formas en que las empresas se han dirigido al estado para aislarse de la competencia.

Junto con la cualidad ética del libre mercado (su respeto por los derechos individuales y su pacifismo), las funciones utilitarias de la sociedad libertaria están bien documentadas. Adam Smith y John Stuart Mill, declarados “guerreros de clase” radicales en su momento, son notables no solo por explicar las superioridades prácticas de la libertad, sino por atacar el derroche y la desutilidad del status quo. Los exégetas de los economistas clásicos apuntan a menudo sus explicaciones de cómo funcionan los mercados libres, relacionando las ideas clásicas sobre ventaja competitiva y división del trabajo.

Sin embargo es menos común cualquier mención al hecho de que, aunque Smith (por ejemplo) es retratado hoy como el antecesor de algún tipo de conservadurismo, era principalmente un filósofo moral preocupado por socavar la economía de la clase dirigente de su tiempo. Veía que las élites económicas (tan inextricables y entremezcladas con el estado) se beneficiaban de las ineficiencias que habían creado de una forma similar a la que Rothbard atacaba a las grandes empresas en el siglo XX por beneficiarse de la “ayuda y protección del estado.

Los egipcios se beneficiarían tremendamente de la explicación libertaria de clase de Rothbard, evitando el seductor atractivo de líderes carismáticos que aprovechan oportunidades como esta para apoderarse del estado para una nuevo conciliábulo de élites. Para Mises y Rothbard, como para los economistas políticos clásicos, las ventajas prácticas y económicas que derivan de los mercados libres dividiendo la autoridad o el poder estaban muy ligadas a sus implicaciones políticas y de clase. Especialmente relevante para Egipto es la inclinación dominante a considerar la interferencia del estado en la economía como “someter al monopolio de las grandes empresas en beneficio de la riqueza pública”. Los egipcios deberían, en el curso de su reorganización política, tener en cuenta la apreciación de Rothbard del libre mercado (frente al estado) como la fuerza que siempre ha “menoscabado y disuelto (…) intento” de consolidar el poder dentro de grupos privilegiados.

“El punto de partida para el pensador libertario” argumentaba Laurence S. Moss en 1967, “debe ser la élite del poder”. Suponiendo que la transformación política sustancial y real y la genuina justicia social sean los objetivos de los egipcios, la Escuela Austriaca ha construido un marco para llevar al país del elitismo estatista de Mubarak hasta la libertad completa.

No hay duda de que la salida de Mubarak y el final de sus 30 años de gobierno representan un momento histórico para Egipto, pero el estado, construido como está sobre ideas, es más resistente que cualquier hombre.

Aunque el fin de la era Mubarak presenta una apertura para las ideas libertarias, la confianza de los egipcios en los militares para llevar a cabo elecciones libres, e incluso la fe en las propias elecciones, puede estar fuera de lugar. Las ideas de la Escuela Austriaca acerca de la naturaleza del poder y las élites gobernantes son revolucionarias en el sentido más real del término, subvirtiendo la distribución de la riqueza y el poder del estado por el libre mercado.

Ahora que Egipto ha sido testigo del poder transformador de las interacciones pacíficas, su pueblo debería mirar con recelo a los “líderes” que se preparan para reimplantar la coacción.

David. S. D'Amato
Mises Daily en español

VIernes de Recomendación

Para los que hemos seguido con entusiasmo las maravillosas novelas de Ayn Rand, el 2011 será un año inmemorable. Después de múltiples intentos fallidos, al fin la novela más conocida -Atlas Shrugged- de esta polémica autora llegará a las salas de cines el día 15 de abril. Por supuesto, a todos sus seguidores nos consumen, dos sentimientos: uno la iulsuón de de ver esta odisea al fin culminada, y la angustia de que la película no sea un justo homenaje a una de las novelas más vibrantes y originales jamás escritas. Por ello el día de hoy en ASOJOD queríamos suministrarles ciertos materiales, para que vayan entrando en calor para la película:

a) El trailer de la película.

b) Reportaje de la Revista Reason con el director de la pelicula.

c) Un behind the scenes de la película.

d) Entrevista con el escritor del guión Brian O'Toole.

e) Entrevista con el productor John Aglialoro.

Jumanji empresarial: el destino del Tico

Mantener un Estado ineficiente y burocrático –y esto ya es un axioma– se ha convertido en el fin del trabajo del costarricense; pero lo más triste de todo, es que el Tico parece feliz con su destino. Para el Estado, las contingencias son infinitas y, por tanto, los gastos también: la necesidad de más profesores, policías, agricultores subsidiados, etc., siempre será infinita, hasta que la cobija ya no alcance, y el Estado parásito se convierte así en un estado depredador que todo lo absorbe.

Los impuestos se han vuelto un mal necesario y son parte de los sistemas de organización surgidos del gran experimento democrático. Quienes defienden los impuestos dicen que son necesarios para cubrir fallas de mercado que, de otra manera, atentarían contra del desarrollo económico y social. Los que argumentan en contra de estos, alegan que lo que parecen fallas de mercado son más bien fallas atribuibles a la intervención estatal y que hay formas catalácticas para resolver las necesidades de la sociedad en su conjunto.

Lo que sí es un hecho, es que todo impuesto se paga con el sudor de la frente de alguien que trabaja para subsistir. Mientras que los impuestos al consumo, como el IVA, son un precio que hay que pagar por un derecho para poder vivir, los impuestos al capital y rentas son un saqueo legalizado de la propiedad y un impedimento al ahorro e inversión que por lo general se traspasa a las clases trabajadoras de alguna manera u otra. El argumento de cobrar impuestos al que más tiene es una utopía, dado que los dueños del capital lo moverán con facilidad a otras latitudes, donde su retorno de inversión y certeza de utilidades es mayor, afectando de esta manera y por añadidura el empleo y los ingresos del mismo Estado.

Una economía prospera cuando existe un balance entre el consumo improductivo (no comerciable), el consumo productivo (comerciable) y el consumo reproductivo (inversión), permitiendo la innovación y capitalización a lo largo de todo el ciclo. La economía de Costa Rica no prospera porque lo que prevalece es el consumo improductivo y la redistribución de riqueza por parte del gobierno, en tanto la poca riqueza que se genera en el sector privado no se capitaliza dentro del país porque la incertidumbre, falta de libertad y costos de transacción altos hacen que el descubrimiento de nuevas oportunidades de inversión se dificulte.

"Los impuestos de todo tipo desalientan la producción. El hombre trabaja para satisfacer sus deseos, no para financiar el Estado. Cuando se le quitan los resultados de sus trabajos, sea por bandidos o por la sociedad organizada, su inclinación es limitar su producción a la cantidad que puede quedarse y disfrutar" decía Chodorov. Por esta razón, cuando los políticos de turno pregonan la necesidad de aumentar los impuestos incurren en una total contradicción, puesto que una mayor carga tributaria desalienta la producción e innovación por parte de los empresarios.

La emisión de deuda tampoco alienta la producción porque supone captar un dinero del sector privado (ciudadanos, empresas, fondos de inversión, etc.) que podría destinarse a inversiones más productivas y a crear empleo y riqueza, si el Estado no cayera en déficits primarios. Además la deuda (más los intereses) habrá que pagarla tarde o temprano, por lo que la emisión de deuda implica un aumento impositivo en el futuro y una serie de anomalías en los mercados financieros, con todos los efectos negativos que esto arrastra.

Aún si el Estado utilizara estos dineros para" invertir" en infraestructura, la productividad marginal del gasto o deuda tendría que ser lo suficientemente alta para contrarrestar el efecto negativo de mayores impuestos y la baja en inversión causada por las expectativas negativas de los empresarios. Esto raramente se da porque las decisiones sobre inversión en infraestructura siempre estarán políticamente sesgadas y lo que casi siempre prevalece son las llamadas "roads to nowhere" , monumentos improductivos o puentes sobre rios sin cauce.

La pseudoinversión en educación estatal no es más que una ficción política, dado que el ser humano actúa de acuerdo con sus necesidades de conocimiento y especialización según lo requiera el mercado, ya sea asistido por un Estado paternalista o no. En los países donde predomina la falta de conocimiento y especialización, es porque no hay libertad económica, incluyendo el área educativa, lo cual repercute en el inviolable principio de la división del trabajo, los derechos de propiedad y libertad de elección.

Por esta razón, cuando la presidenta Laura Chinchilla dice: "Vivimos un tiempo de cambios, donde la innovación es fundamental", conviene recordar que la innovación surge del libre intercambio de ideas y de la destrucción creativa e iniciativa de los empresarios, y no de la intervención por parte de un Estado burocrático y depredador.

Pretender pasar de un orden adaptativo fiscal malo a un nuevo desorden a base de impuestos nuevos, en momentos en que el pais se encuentra en una recesión económica, es totalmente ilógico e irresponsable. En las palabras de Winston Churchill: “…el que una nación intente lograr la prosperidad con más impuestos es como que un hombre se pare dentro de un balde e intente levantarse jalando su agarradera.”

Andrés Pozuelo

Flash legislativo

El pasado lunes, el Plenario Legislativo aprobó en segundo debate el proyecto Nº 17.499, que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Ahora, sólo falta la sanción del Poder Ejecutivo para que esta iniciativa se convierta en Ley de la República.

En el artículo 22 se propone una pena de cárcel entre 3 meses y 1 año a quien agreda a una mujer sin que la incapacite de sus actividades, una pena de 6 meses a 1 año si la agresión la incapacita más de 5 días y, finalmente, pena de cárcel entre 8 meses y 2 años si la lesión generada por la agresión causa una incapacidad en un plazo mayor a 5 días pero menor a 30. Por su parte, el numeral 25 sanciona con prisión de 6 meses a 2 años a quien ofenda de palabra, en su dignidad o decoro, a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.

Mientras muchos han celebrado esta aprobación como un gran logro para las mujeres, en ASOJOD somos más reservados a la hora de evaluar. Nuestra crítica va en dos vías: por un lado, en la aplicación y sus consecuencias y, por el otro, en la seguridad jurídica. En el primer caso, la realidad nos ha demostrado que las leyes de penalización de la violencia doméstica, lamentablemente, no han contribuido a disminuir la agresión, sino que, por el contrario, la han incrementado. Muchas veces, el hombre que agrede termina haciendo una ponderación: si por golpearla va a la cárcel, mejor la mata y obtiene el mismo resultado.

No es que defendamos a los agresores, es que somos realistas en el impacto de la aplicación de estas normas. La verdad es que la problemática no se ha resuelto con una ley y, francamente, no creemos que lo haga. Ojalá nos equivoquemos y esta penalización sirva para que menos mujeres sean agredidas.

Sin embargo, nos preocupa sobremanera que este tipo de legislación es unidireccional. No protege a los hombres agredidos y eso es porque en nuestro país se ha intentado invisibilizar este problema. Social y culturalmente se cree que el hombre no es objeto de agresión y que si lo es y denuncia, se le tilda de "maricón". Lo cierto del caso es que este vacío jurídico no salvaguarda la igualdad ante la ley y deja a un grupo específico completamente desprotegido.

El otro punto es de seguridad jurídica. Usar conceptos como "dignidad" o "decoro" conlleva que se sostenga la utilización de un concepto general que implica un vacío de contenido en la norma, situación que impide identificar con claridad la conducta prohibida o sancionada, lo cual se erige como una violación a los principios de legalidad y tipicidad jurídica, mismo hecho que derivó en la declaración de inconstitucionalidad de los artículos originales por parte de la Sala en su controvertido voto Nº 2008-15447.

La conducta prohibida o sancionada remite a un criterio de subjetividad lo que evidencia, en primera instancia, que las mediciones (entendiéndose como mediciones tanto los diagnósticos como los criterios clínicos y los peritajes), tendrían que realizarse con criterio de caso por caso. Es decir, no tendría un contenido la conducta prohibida o sancionada que permita hacer de ésta una conducta típica penal. En segunda instancia, al remitir a un criterio de subjetividad según lo expresado por la Sala Constitucional en el voto Nº 2005-01800, “la mayor o menor sensibilidad de una persona puede conllevar que alguna frase meramente mortificante sienta que le desvaloriza, ridiculiza o avergüenza (…)”.

El que no exista un criterio clínico objetivo para poder evaluar de forma determinante a nivel general qué palabra o hecho puede resultar ofensivo para la mujer en su dignidad y decoro, hace que se carezca de un medio para poder realizar una definición clara del tipo penal: ¿qué palabra o hecho debe tipificarse como ofensivo, ya que será cada mujer de forma particular y en el contexto particular, donde se lleve a cabo la conducta señalada la que puede definir si dicha conducta fue ofensiva o no, lo que conlleva un problema de definición en la Constitución del Delito, porque no existe un criterio técnico que pueda determinar que es ofensivo o no?.

Lo anterior hace que surja una enorme dificultad para poder establecer el criterio de prueba de aquello que “ofende” a una mujer en general. Usar los términos “digindad” o "decoro" conlleva a indefiniciones de criterios tanto técnicos como clínicos y eso, a su vez, vulnera la seguridad jurídica -el conocimiento previo sobre las reglas y sobre las consecuencias que se derivan de su incumplimiento-, toda vez que el sujeto no tiene claridad sobre la acción que, al ser ejecutada, sea considerada como una agresión que acaree consecuencias penales.

Lamentablemente, esta nueva ley es el claro ejemplo de que correr para aprobar proyectos "políticamente correctos" sin la apropiada reflexión de sus consecuencias, no es una buena idea. Actuar por presión de grupos de interés o medios de comunicación repercute negativamente en la calidad del producto legislativo y genera consecuencias no deseadas que, muchas veces, vienen a complicar más la situación que pretendían resolver.

La columna de Carlos Federico Smith: la lucha por la libertad

Casi treinta años de gobierno sin interrupción de Hosni Moubarak en Egipto deberían dar indicios de la existencia de un gobierno dictatorial, si bien caracterizado por algún grado de tolerancia ante la libertad de los individuos. Con esto quiero señalar que, por ejemplo, a diferencia de Cuba o de Corea del Norte, el gobierno egipcio permitía un cierto ámbito para el ejercicio de las libertades individuales.

Al escribir esta comentario, los días del gobierno de Moubarak están terminados con su salida, aunque no se puede predecir si sus acólitos o asociados, principalmente en el ejército, continuarán en el poder. Lo cierto es que, una vez más, la dictadura va cediendo su paso a los impulsos liberales de los ciudadanos, quienes con toda justificación se han sublevado ante un poder casi totalitario. Por lo que he visto, al menos en los medios de comunicación, que a veces uno no sabe si expresan sus propios juicios más que los hechos, la revolución egipcia en proceso parece decantarse hacia una mayor libertad electoral de la cual a la fecha el país ha carecido, si bien en las proximidades aparecen fuerzas que, de consolidarse en el poder, oprimirán a los ciudadanos. Estas fuerzas o facciones son diferentes de la dictadura de hoy, pero acechan para tratar de gobernar amparadas al fundamentalismo islámico, pero que en última instancia harán que Egipto retorne a otra forma de dictadura, tal vez peor que la actual.

Es aquí donde tengo presentes las “Reflexiones acerca de la Revolución Francesa” de Edmund Burke, quien nos advirtió acerca de cómo las revoluciones violentas que ignoran las tradiciones y los derechos de los individuos, pueden conducir a abusos contra ellos de una magnitud mayor, más profunda, como lo fue la Revolución Francesa, la cual terminó por caer en manos de un totalitario Napoleón. Por ello, mi deseo, mi aspiración, es que la revolución egipcia conduzca no a un califato o a un Hamas, sino a una democracia de partidos y de respeto a la propiedad privada y a la tradición en las relaciones entre individuos, como sucede en las democracias maduras de Occidente.

¿Qué razones habrá para que en pocos meses haya caído una dictadura -con aires de blandura- en Túnez y ahora otra en Egipto y quién sabe en qué otros países vecinos? No hay duda que las razones deben ser muchas y muy diversas, pero que ni siquiera intentaré mencionar. Pero, ¿por qué dictaduras de mucha mayor antigüedad y voracidad, como Cuba, con 50 años de opresión, o Corea del Norte, dictadura heredada de abuelo a padre y ahora a nieto, como si nada más se tratara de un pedazo de tierra, continúan siéndolo en contraste con los países árabes que hemos venido citando?

En un precioso libro escrito por Milton Friedman, allá a principios de los sesentas, se lee lo siguiente: “los arreglos económicos juegan un papel dual en la promoción de una sociedad libre. Por una parte, la libertad para lograr acuerdos económicos como tal es un componente de la libertad ampliamente entendida, de manera que la libertad económica es un fin en sí misma. En segundo lugar, la libertad económica es también un medio indispensable hacia el logro de una libertad política.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1962, p. 8).

Los comentaristas en los medios acerca de la actual revolución egipcia han expuesto cómo se ha podido lograr gracias a que los ciudadanos se han podido organizar por medio de las redes de Tweeter y de Facebook y de teléfonos celulares y de computadoras. En Egipto (y Túnez) ha habido un cierto grado de libertad económica que, entre otras cosas, ha garantizado la propiedad privada, lo cual ha permitido que los individuos puedan disponer de medios (posibilidades) privados para hacer una “revolución”, si así lo consideran. Por otra parte, en sociedades como Cuba y Corea (casualmente tiranías socialistas) las personas no pueden poseer propiedad en una amplitud tal que les permita adquirir libremente (y de forma barata) los celulares y las computadoras y tampoco pueden escoger el sitio o proveedor que les brinde el servicio del Tweeter o de Facebook.

Yoany Sánchez en Cuba es el mejor ejemplo de ello: tiene un blog al cual se limita el acceso por las autoridades y en donde no posee la libertad para decir lo que le parezca sin incurrir en la ira de las autoridades totalitarias cubanas, lo cual es algo no sólo muy serio, sino fatal. Gracias a la mayor libertad económica es que la “revolución” puede llevarse a cabo en Túnez o Egipto, en tanto que su ausencia posibilita el ejercicio del poder totalitario en Cuba, Corea del Norte o en Irán (y Venezuela va por el mismo camino).

Sólo deseo que los aires de libertad en el Egipto de hoy, no se vean luego entrampados por una dictadura más vil que la actual, convirtiéndolos en soplos malolientes de las miasmas dictatoriales. Deseo que su pueblo sea libre de escoger en lo político, tal como lo han hecho hasta cierto punto en lo económico. Construir un orden de libertad no es nada fácil y son muchos, muy poderosos e intolerantes, los enemigos que acecharán ese esfuerzo de los hombres y mujeres libres por construir un orden mejor.

Ciertamente la historia de la lucha por la libertad nunca ha sido fácil, e incluso es hasta difícil conservarla una vez lograda. Pero quiero formar parte de aquel viejo ideal que cree que los humanos siempre lucharán por lo mejor para ellos, lo cual pasa por tener libertad para escoger sus gobernantes y, más general, para lograr su propia felicidad.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Avancemos es un retroceso

En ASOJOD hemos atacado, un día sí y otro también, el que nos parece uno de los peores programas sociales puestos en práctica en Costa Rica: Avancemos. Nuestras razones siempre han sido claras y la realidad las ha respaldado: es un subsidio otorgado a los estudiantes que los incentiva a permanecer, cuanto más tiempo les sea posible, en las aulas para seguir obteniendo dinero. Además, tiene serios problemas de identificación de beneficiarios, pues mientras algunos usan el dinero para otras cosas no relacionadas con la educación, otros son jóvenes provenientes de familias con recursos muy altos por lo que, evidentemente, no necesitan este subsidio.

Pero los males no acaban ahí. Recientemente, el periódico La Nación publicó un par de reportajes donde demuestra que algunos de los beneficiarios de Avancemos tienen padres que, simplemente, se han olvidado de su manutención. Padres que ganan un muy buen salario y que, por su irresponsabilidad, hacen que los demás ciudadanos tengamos que pagar los platos rotos para mantenerlos en las aulas.

En definitiva, Avancemos es un programa que no sólo premia a los estudiantes mediocres que están a punto de abandonar el sistema educativo, dándoles el incentivo de ganar dinero mientras repiten año tras año el curso, gracias al permisivo contenido del Decreto N° 34210-MP-MEP-MIVAH, sino que también está facilitándole la vida a padres irresponsables.

Mágicamente, el "buen" Estado ha decidido que los tax payers, que no tenemos nada que ver con esas personas, los eximamos de su responsabilidad y la asumamos mediante nuestro dinero, como si ya no fueran suficientes los programas que se basan en el principio del parasitismo social. Y, por si fuera poco, además que nos toca pagar por el uniforme, los útiles, la comida y el transporte de estos gamberros, el Gobierno ha creado un déficit fiscal -el más alto de América Latina- con este programa vulgar y ahora pretende tapar el hueco cobrándonos más impuestos.

Es evidente la perversión y corrupción sobre las que se asienta el "Estado Social de Derecho" de nuestro país. Es una organización política que incentiva el parasitismo, la misería, el robo institucionalizado y la asquerosa creencia de que necesidad es equivalente a derecho. Una sociedad donde los irresponsables, indecentes, inútiles y mediocres tienen el premio y los responsables, serios, eficientes, creativos y morales cargan con el castigo.

Hoy más que nunca, especialmente en este mes que se conmemora un aniversario más de su nacimiento, las palabras de Ayn Rand se levantan: "una sociedad que le roba al individuo el producto de sus esfuerzos, no es, estrictamente hablando, una sociedad, sino una turba que se mantiene unida bajo el pandillaje político institucionalizado".

Por eso, sin temor a equivocarnos, en ASOJOD afirmamos que Avancemos es un retroceso en términos de lo que ha logrado la civilización: es un paso atrás, que refuerza el paradigma del canibalismo moral.

Viernes de recomendación

Para este Viernes de recomendación queremos compartir con ustedes una de las mejores piezas literarias escritas: "El discurso de John Galt". En este extracto de la novela "La Rebelión de Atlas" de Ayn Rand, la autora expone los fundamentos de su pensamiento, que son la racionalidad y la libertad, al tiempo que relata una extraordinaria historia de un grupo de empresarios que, cansados de ser expoliados, atacados y despreciados por los gobernantes y la sociedad en general, que espera de ellos el autosacrificio en nombre de abstractos conceptos colectivistas, se van a la huelga cual Atlas que renuncia a seguir sosteniendo un mundo corrupto e inmoral.

Jumanji empresarial: más impuestos no significa mayor recaudación

En los últimos cinco años, el Gobierno costarricense se ha empeñado en gastar más de lo que recibe dejando como resultado uno de los déficit fiscales más altos de la región. La pregunta obvia que procede ante semejante situación es de qué manera se podrá disminuir o eliminar este déficit. Como siempre, la primera solución que se le ocurre siempre a los políticos para resolver esto es aumentando los impuestos. Pues parece obvio, si la gran mayoría de los ingresos del Estado provienen del cobro de impuestos entonces, para obtener mayores ingresos, lo que procede sería cobrar más impuestos. Por supuesto, los políticos locales no se caracterizan por su creatividad, sensatez, sentido común, dominio de los aspectos básicos de la economía, inteligencia, prudencia y mesura.

Para ellos, es tan lógico proponer un aumento de los impuestos, a pesar de nunca haberse preguntado si será cierto que los ingresos del Estado aumentarán conforme incrementen los impuestos. En ASOJOD nos proponemos demostrar que los políticos criollos están totalmente equivocados.

En primer lugar, es necesario recordar qué es un impuesto. Según la Real Academia Española, un impuesto es “un tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago”. Vale la pena resaltar las palabras “exige” y “obligados” en esta definición para entender la verdadera naturaleza de los impuestos. El impuesto no es más que una obligación. Los ciudadanos generan riqueza y parte es arrebatada por el Estado para financiar proyectos que no necesariamente coinciden con los intereses de esa persona. Dado esto, es natural que las personas no solo no les guste pagar los impuestos sino que constantemente busquen maneras para evadir esta obligación. Es por esto que un aumento en las tasas de los impuestos o nuevos impuestos no necesariamente dan como resultado una mayor recaudación fiscal.

De hecho, en los últimos 60 años se han aprobado 10 paquetes de impuestos en nuestro país y los aumentos en la carga tributaria no coinciden con los mismos. Lo que sí es muy probable es que los aumentos de impuestos solo hayan logrado que la evasión fiscal sea cada vez mayor. Y con un sistema tributario tan complicado como el nuestro, la evasión fiscal tanto legal como ilegal es cada vez más sencilla. No en vano la misma Contraloría estima que ese fenómeno alcanza la magnitud del 70% en nuestro país.

Es más, siempre los más afectados con el aumento de los impuestos son las clases más pobres puesto que son las que tienen menos posibilidades para evadir impuestos. Por el contrario, como brillantemente ha expuesto el economista español Juan Ramón Rallo y como lo hemos expuesto reiteradamente en ASOJOD, ante aumentos en los impuestos, los ricos tienen más recursos e incentivos para evadir. Esto ha quedado más que evidenciado con los resultados del nuevo impuesto solidario para las casas de lujo. El Ministerio de Hacienda tan solo recuperó una cuarta parte de lo estimado en su primer año de implementación.

El aumento de los impuestos no solo no cumple adecuadamente su objetivo primordial, sino que pone en riesgo el crecimiento de la economía. A nadie le interesa invertir en una economía donde una parte importante de las ganancias serán arrebatadas por el Estado. Los famosos paquetes fiscales aumentan el riesgo de que los capitales privados tanto nacionales como extranjeros sean colocados en otras partes disminuyendo de esta manera el nivel de competitividad del país y la generación de mayor riqueza.

En ASOJOD creemos que un aumento de los impuestos no es la solución para disminuir el déficit fiscal. Es más, considerando las experiencias pasadas que se han obtenido con el aumento de los impuestos, existe la posibilidad de que con este nuevo paquete de impuestos presentado por doña Laura Chinchilla, el déficit no disminuya del todo. Es necesario que el Gobierno administre los ingresos que tiene actualmente en forma mucho más eficiente. Es más, una disminución en impuestos clave como renta, por ejemplo, y un sistema de recaudación más sencillo podría dar mejores resultados en la labor de recaudación. Al disminuir los impuestos aumenta la inversión y, por lo tanto, la recaudación podría ser mayor.

Sin embargo, como lo hemos dicho ya, los políticos costarricenses no se caracterizan por su inteligencia, sensatez, sentido común y creatividad.

La columna de Carlos Federico Smith: un arroz que sigue amargo

El proteccionismo arrocero sigue siendo noticia en nuestro país. Ciertamente, los protegidos conforman un gremio muy poderoso e influyente, pues tras muchos años de tratar de que ese crucial alimento de la mesa del costarricense no nos costara más que los que se pagaría con un mercado sin interferencias -esto es sin protección arancelaria- obtuvieran un éxito reciente al lograr que una jueza contencioso-administrativa les diera la razón ante el intento del Gobierno de bajar el precio del arroz en cien colones. Este fallo pone en evidencia que el problema debe enfrentarse de una vez por todas, a fin de acabar con la enorme transferencia de recursos que hacen los pobres consumidores hacia unos pocos productores protegidos, que se han enriquecido de más gracias a políticas gubernamentales consentidoras.

Ante la queja de muchos países ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que el Gobierno costarricense terminara con su subsidio a la producción doméstica de arroz, la actual Administración propuso que se elevara el rendimiento requerido de la producción de arroz nacional. Con ello se esperaba una reducción del precio fijado al consumidor costarricense cercana a los cien colones, disminuyendo así el subsidio del cual se quejaban aquellos otros países productores. Pero la jueza decidió que esa medida administrativa del Ministerio de Comercio no cumplía con la legalidad -según el fallo, casi que la medida era un abuso de parte del Estado- lo que significa que ahora tan sólo se podrá reducir el precio al consumidor en cincuenta colones el kilo.

La Ministra de Comercio Exterior, doña Anabelle González, señaló la gravedad del problema y agravio que se le hace al consumidor costarricense, al señalar que en Costa Rica el precio del arroz era el sexto país más caro del mundo y que el abuso se reduciría parcialmente si, para efectos de la fijación del precio de sustentación, se obligaba a que el productor nacional fuera más eficiente.

En cierta manera esta es una vieja estrategia utilizada en el pasado para tratar de disminuir el impacto dañino que el proteccionismo tiene sobre el consumidor. Se puede considerar que, si se eleva la productividad doméstica, conceptualmente el país puede competir mejor ante la producción externa, al reflejarse en menores precios para el consumidor. Pero la realidad es que posiblemente aún con los nuevos requisitos de productividad propuestos, el consumidor nacional seguiría pagando precios más altos que los que podría obtener si se importara el arroz sin aranceles proteccionistas.

Aún cuando se dé una fijación de precios domésticos basada en cierta productividad “relativamente” baja, en tanto que haya otros productores que tienen una rentabilidad relativamente mayor, el proteccionismo arancelario significará que persista un subsidio hacia estos en detrimento de los consumidores nacionales. Tan es así ello que traigo a colación como en el pasado, en el caso de la fijación de precios de sustentación al productor de maíz (esto es, un precio mínimo garantizado), los grupos de presión se organizaban para que el Estado costarricense, por medio del difunto Consejo Nacional de Producción, adquiriera cualquier producción al precio garantizado al productor, el cual se fijaba con base en la productividad (menor) de los más pequeños. El problema se evidenciaba al fijar el estado el precio de sustentación, pues los productores grandes relativamente más eficientes “apoyaban” de muy distintas maneras a los productores pequeños relativamente menos eficientes, para que fuera ésta la productividad que se tomara en cuenta para la fijación del precio de sustentación. Por supuesto, con ella los grandes -con mayor productividad que los pequeños- tendrían un mucho mayor margen de ganancias.

La solución que el Gobierno pretendió poner en práctica en verdad contribuiría a mejorar el desorden actual. Incluso si se elevara la productividad usada para fijar el precio de venta al consumidor a un nivel lo suficientemente alto, podría, sin arancel, competirse ante la producción externa y acabar así de cuajo con el daño del proteccionismo. Pero esta idea se la trajo abajo una jueza -por las razones que sean- y ello asegura que el desorden y el perjuicio al consumidor se perpetúen. Pero hay una idea que ojalá el Gobierno se atreviera a tomar (y que incluso sería ahora muy útil para disminuir la presión experimentada de la revaluación del tipo de cambio del colón ante el dólar): reducir radicalmente la protección arancelaria actual al arroz, que creo anda en alrededor de un 100%. Así cumplimos con nuestras obligaciones ante la OMC y reducimos los altos costos del arroz que afecta principalmente a los consumidores relativamente más pobres del país. Así no habría jueza que eche a perder las buenas pero tal vez ilegales intenciones de los funcionarios del gobierno.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: las consecuencias indirectas del Plan Escudo

El economista Henry Hazlitt en su libro “Economía en una Lección” (uno de los libros de economía más vendidos en la historia) expone que el arte de la economía consiste en mirar no solo los efectos inmediatos sino también aquellos que surgen a mediano y largo plazo de cualquier política y no sólo para un grupo sino para todos los grupos de personas. ¡Que maravilloso hubiera sido que don Oscar Arias se hubiese leído este libro antes de sacar adelante su famoso Plan Escudo!

Con la excusa de la crisis financiera mundial en el 2008, Arias incrementó el gasto del Gobierno en forma desmedida y, peor aún, aumentando partidas de gasto como empleos y pensiones que luego no se pueden revertir con facilidad. Esto trajo como consecuencia un déficit fiscal que cerrará este año por encima del 5% del PIB y que será uno de los más altos de todo Latinoamérica. Lo que en un principio se veía como algo bueno, dado que con este Plan se dotaría de empleo a muchas personas despedidas por la empresa privada a causa de la crisis, luego de un tiempo vislumbró las consecuencias a mediano y largo plazo: estas contrataciones implicaron un aumento en el gasto del Estado injustificado que, ahora, en el gobierno de doña Laura Chinchilla pretenden resolver incrementando los impuestos.

El principal problema del empleo público es que, en muchas ocasiones, es generado no en respuesta de una necesidad clara (por ejemplo, las calles no son seguras y es necesario contratar más policías) sino que el empleo por sí mismo el fin y nada más. Se le da empleo a la gente con el simple propósito de que sigan obteniendo salario para que puedan seguir gastando. Lo que no se considera es que ese empleo no genera valor alguno a la sociedad y obliga a los contribuyentes a pagar por algo sin sentido. Si no le hubieran quitado ese dinero a los contribuyentes para empleos sin sentido, probablemente esa misma plata la hubieran gastado en necesidades reales que hubieran colaborado con la economía verdaderamente y hubiera surgido la necesidad de contratar a esas personas que estaban desempleadas en un principio. En otras palabras, el Plan Escudo no favoreció al crecimiento de la economía.

Ahora doña Laura pretende financiar este gasto totalmente ineficiente cargándole más impuestos a los costarricenses y desincentivando aún más el crecimiento de la economía. Esto es un clarísimo fomento a la ineficiencia. Contrario a esto, lo que debería hacer doña Laura es quitar los empleos, instituciones y demás gastos que no generan ningún valor agregado en el sector público. De esta manera se podría disminuir la carga tributaria sobre las personas y este dinero adicional lo podrían utilizar en necesidades reales que fomenten la generación de mayor empleo (empleo de verdad). Lo que necesitamos en este país es una mejor administración del gasto público, no más gasto ni más impuestos.

Lástima que algo tan sencillo no quepa en la cabeza de los políticos costarricenses.

Viernes de recomendación

En 2005, el Nobel de Economía fue entregado a Robert J. Aumann y a Thomas C. Schelling, dos destacados profesores e investigadores de la teoría de juegos. La ponencia titulada "Guerra y Paz" el discurso pronunciado por Aumann durante el recibimiento del galardón. En ella, hace un repaso por la teoría, pero principalmente por los juegos iterativos y la importancia de los mismos en las relaciones humanas.

La columna de Carlos Federico Smith: los mismos de siempre

En la administración tributaria hay que hacer una diferencia entre lo que se llama evasión del impuesto y evitación del gravamen. Traigo esto a colación por la facilidad con que se confunden los conceptos, en especial cuando se menciona que, por una falta de pago malévola de parte de algunos, se hace necesario aumentar los gravámenes que paga el resto de ciudadanos.

La evasión tributaria se refiere a la falta del pago de un impuesto que debería, de acuerdo con la ley, ser pagado por alguien. Por ejemplo, Al Capone, el famoso criminal estadounidense, en su momento fue detenido por dejar de pagar los impuestos a que legalmente estaba obligado. En cambio, la evitación tributaria es el no pago de un impuesto cuando éste legalmente no tenía que ser pagado por esa persona; o sea, legalmente se puede utilizar la ley para no tener que pagar tantos impuestos como lo sería sin dicha autorización. Por ejemplo, usted recibe ingresos como profesor aquí de una universidad ubicada en Costa Rica, sobre los cuales, en la práctica usual tributaria, debería pagar impuestos, pero, gracias a un acuerdo legal especial, el Estado exime dichos ingresos del pago del tributo. Usted, si no declara esos ingresos está evitando impuestos. Si, por el contrario, no existe tal acuerdo jurídico y solicita que sus salarios sean pagados en una sede en el exterior de esa universidad, a fin de que no se considere como un ingreso disponible generado en el país, se le podría llamar evasión del gravamen, aunque alguien, sin duda, podría alegar que más bien es una evitación del impuesto. Un clara evasión sería recibir el ingreso en el país y no declararlo del todo.

Señalo todo esto porque hay diversos estudios que se han mencionado acerca de la evasión y la evitación en el país, pero a veces revuelven ambos conceptos y así se le utiliza como argumento para justificar aumentos en los tributos. Me parece importante separar ambos -la evitación y la evasión- pues, de no ser así, se podría incurrir en graves errores. ¿Cuál es el más grave de ellos? Que la evasión es ilegal, en tanto que la evitación se lleva a cabo acogiéndose al marco jurídico. Mientras que en el primer caso posiblemente se acepte más la acción del Estado para sancionar tal conducta, no lo es así en el segundo. Ciertamente, podría ser que la sociedad acepte la evasión de los impuestos aún cuando la medida se tomó legalmente por medio de un cuerpo legislativo representativo. La gente puede considerar que va en contra de algo que en principio las personas consideraban no debería ser objeto de un gravamen. Por ejemplo, la caída del gobierno inglés de la señora Thatcher se debió, en opinión de algunos, a su decisión de que el Parlamento Británico aprobara el llamado “head tax”, cargado anualmente a todas las personas con independencia de sus condiciones o características. El Parlamento rechazó la propuesta de ese impuesto per cápita y el gobierno de la Thatcher cayó por el repudio a la idea original.

La historia está llena de casos de impuestos aprobados por los gobernantes que los ciudadanos rechazaban del todo. Alguien aficionado a la lectura de la Biblia podrá leer en ella diversos episodios sucedidos de lo que modernamente alguien podría llamar “revuelta anti-impuestos”, como fue el caso de la Propuesta 14 en el estado de California hace poco más de una década. Pero, normalmente, por lo general, en las sociedades se da algún grado de aceptación de la imposición y los ciudadanos esperan que todos lo que deben cumplir con el pago de los impuestos lo hagan. En consecuencia, moral y legalmente, por lo general se suele “condenar” la evasión en el pago de los impuestos.

Caso contrario sucede con la llamada “evitación”, porque los sistemas tributarios no siempre dan el mismo tratamiento tributario en todas las circunstancias, tanto a personas como a las formas en que se perciben los ingresos. Así, se le deja la opción a los contribuyentes de acogerse a lo que la ley dicta al respecto, que en este caso de evitación significa que paga menos impuestos que en la situación alternativa. Un ejemplo sencillo: si usted se casa, tanto el ingreso suyo como el de su cónyuge se pueden juntar para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Si éste es progresivo -es decir, que conforme crecen los ingresos proporcionalmente crece más el pago de impuestos- sería mejor que cada uno de los dos generadores de ingreso en el hogar declaren por separado y con ello disminuyen la carga tributaria total. Esto es legalmente posible hacerlo y así se suele hacer. Esta es la razón, por ejemplo, de que muchas empresas hagan su declaración separadamente, en vez hacerlo como una sola entidad. Este fraccionamiento en diversas empresas declarantes es legalmente posible, si bien los recaudadores de impuestos tratarán ingentemente de mostrar que se trata de una única firma, pero separada en varias tan sólo para efectos del pago de los tributos y eso, de acuerdo con la ley, no se vale.

Normalmente en todos los sistemas tributarios hay, además del criterio de equidad horizontal, otros principios que definen la imposición, lo cual da lugar a lo que se ha denominado evitación. Esos diversos criterios son válidos y estarán sujetos siempre a interpretaciones acerca de su conveniencia frente a otros distintos.

Por todo lo expuesto, esas cifras que a veces se brindan literalmente en los medios, deben ser más rebuscadas y no repetidas como loros para tratar de señalar que algo está mal con el sistema tributario debido a lo que suelen llamar “evasión”. En síntesis, es posible que la sociedad no acepte la evasión (no siempre) del pago de impuestos, pero mayor posibilidad hay de que esté de acuerdo con su evitación.

En días recientes el Ministro de Hacienda confesó en un medio televisivo que en Costa Rica “era imposible acabar con la evasión” tributaria y que, en parte por ello, formulaba algunas propuestas que fomentaban el control cruzado (argumento usado para justificar el llamado Impuesto al Valor Agregado IVA), y también se quejó de que nadie en los tribunales había sido pasado a la cárcel por evadir impuestos (y la periodista de inmediato agregó “¡qué barbaridad!”).

En realidad el Ministro no hizo propuesta alguna para reducir la evasión y, más bien, lo que al fin de cuentas señaló es la facilidad que hay para practicarla, además de que esa conducta no se sancionaba. En resumen: el Ministro reconoce que el incentivo para la evasión es claro y contundente y confirma que nada va a pasar por la infracción si se le practica. Tal vez porque no se revisa plena y adecuadamente la información tributaria que, de diferentes fuentes, les llegan a las autoridades tributarias.

Tristemente el paquete tributario que propone el gobierno para llenar su hueco deficitario en gran parte se va a centrar en quienes no pueden “evadirlo” -¡es lo más fácil de cobrar!- posiblemente porque se les retiene el gravamen en la fuente. Quienes deberán pagar los mayores impuestos serán los mismos de siempre.

Jorge Corrales Quesada