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martes, 19 de junio de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: falta de competencia en el país

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE, presentó un informe al gobierno (y al país) en torno al tema de la falta de competencia en importantes sectores de la economía.

En dicho informe, comentado en el artículo de La Nación del 18 de abril titulado “OCDE alerta que falta de competencia afecta a pobres: Entidad sugiere fortalecer la Comisión para Promover la Competencia,” se señala que “las regulaciones que restringen la competencia pueden obstaculizar las mejoras en términos de eficiencia, innovación y asignación de recursos para aumentar la productividad y contribuir al aumento de la desigualdad al subir los precios al consumidor y hacer más amplia la distribución de los salarios.” Francamente, esto no es nada nuevo para muchos de nosotros, quienes hemos venido impulsando una mayor competencia en el país, para lograr disminuir lo caro que resulta vivir en esta economía. 

El tema lo analiza la OCDE bajo el capítulo de las regulaciones del mercado y señala que en el país las regulaciones de mercado que limitan la competencia, “son más restrictivas que en cualquier país de la OCDE (de paso, actualmente la conforman 35 naciones de todas partes del mundo), excepto en Turquía y también se comparan desfavorablemente con otros países de América Latina, incluidos Chile, Colombia y México.” Esto es, somos “excelentes” en el ranquin de regulaciones de mercados -impedimentos para la competencia- y sólo Turquía, Brasil y Argentina son “peores” en cuanto a regulaciones anti-competitivas.

Según La Nación, el economista principal de la OECD, Álvaro Pereira, dijo que “en Costa Rica un tercio de los sectores no están en competencia; por ejemplo, la electricidad, la distribución de las gasolinas, la destilación de alcohol, el azúcar, arroz y el transporte marítimo.”

Ya conocemos a esos sectores y sabemos que algunos empresarios privados gozan de privilegios proteccionistas que impiden la competencia, como resultado de un cabildeo muy eficiente. Asimismo, nos damos cuenta de que la mano visible está detrás de toda esta regulación anti-competitiva, como son elevados aranceles a las importaciones (en la lista del párrafo previo quedaron por fuera otros sectores muy importantes hoy protegidos ante la competencia externa). Pero, también es notorio que muchos de esos entes regulados para protegerlos de la competencia, son empresas públicas, quedando también fuera de lista algunas que no son monopolios estatales como los otros citados, a la vez que son objeto de diversas preferencias exclusivas de las que no disfrutan (en realidad nadie debería tenerlas) los competidores privados; por ejemplo, la garantía estatal a los depósitos en los bancos del estado o la exclusividad institucional en la provisión de ciertos seguros al ente estatal.

El jalón de orejas o el aterrizaje a la realidad “real” que nos hace la OECD, no debe pasar inadvertida, si es que en verdad se quiere proteger a los consumidores con precios más bajos y con ingresos limitados, los que en un alto porcentaje se dedican al consumo de algunos de esos productos excluidos de la competencia, obviamente a precios mucho más elevados que a los que sería factible acceder bajo un régimen de competencia.

Eso sí, me inquieta la sugerencia que la OCDE hace de fortalecer a la Comisión para Promover la Competencia. Ello porque, no lo duden, los burócratas estatistas y los buscadores de rentas proteccionistas que otorga el estado -el capitalismo de los amigotes- saben bien que una alta regulación aquí se interpretaría como poner más obstáculos a la actividad económica privada, como controles de precios, regulación de cantidades, distribución de mercados (“mercados regulados”), subsidios, etcétera, todo lo cual más bien va en contra de la competencia. Regulación aquí es muy distinto a lo que interpreta la OCDE: fomentar la competencia. Aquí regulación es introducir limitaciones a la actividad productiva en competencia

Lo que debe buscarse es que la Comisión para Promover la Competencia se dedique a una mayor apertura y competencia en la economía y, más bien, lograr que se archive la palabra “regulación,” pues ella más bien se interpreta como menor libertad para entrar y salir libremente de la actividad económica. Los estatistas entienden por regulación todo lo contrario: restringir a la entrada principalmente de más eficientes productores de otros lados del mundo y así lograr la existencia de mercados cautivos para ciertos monopolios.


Jorge Corrales Quesada

martes, 13 de febrero de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: nuestra costosa electricidad

No deben pasar inadvertidos ciertos datos de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) divulgados a fines de año pasado, en torno al costo comparativo de la electricidad en nuestro país, con respecto a los de los otros países del área.  

La información aparece en la edición de La Nación del 5 de enero, en un artículo titulado “Inversión se aleja para no pagar luz más cara del Istmo: CINDE e informe de la CEPAL confirman alto precio de energía.”

Según el medio, ese informe “señala que los precios de la energía en el país son los más altos para todo tipo de consumo: residencial, comercial e industrial y casi todo segmento de demanda, según necesidad de voltaje y potencia.” Para la CEPAL, “en el 2016 el costo promedio en Centroamérica de un kilovatio hora (kWh) fue de 13.48 centavos de dólar mientras que en Costa Rica fue de 18.47 centavos de dólar; 37% más para consumos industriales de 100.000 kWh.”

Veamos algunos de los datos comparativos país presentados en dicho artículo:
 
Guatemala: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.54 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.6%.
 
El Salvador: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 11.03 centavos de dólar.
 
Panamá: en el 2016 el costo promedio de un kilovatio hora fue de 10.92 centavos de dólar. Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 5.7%.
 
Honduras: en el 2016 el costo de un kWh para consumo industrial en el bloque de 15.000 kWh costó 14.08 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.57 centavos de dólar (una reducción del 40%). Entre el 2015 y el 2016 elevó su producción en un 3.8%.
 
Nicaragua: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 19.36 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 24.69 centavos de dólar (una reducción del 21%).
 
Costa Rica: en el 2016 el costo de un kWh para consumo comercial en el bloque de 1.000 kWh costó 21.25 centavos por hora; el equivalente en el 2015 había sido de 23.07 centavos de dólar (una reducción del 7%).
 
El efecto de estos precios más elevados de nuestra electricidad, en opinión de CINDE, ya afecta la atracción de inversiones al país. Señala su director, señor Jorge Sequeira, que una electricidad barata es crucial para atraer industrias que cada vez más utilizan robots para su producción. Dice que “el problema que tenemos es que, por lo general, comparar el costo de electricidad entre países es fácil. Las empresas ya traen información. Es más evidente la falencia y es la primera impresión que se llevan de Costa Rica. De entrada, empezamos con el pie izquierdo y hay que ver cómo se compensa eso con otros atractivos del país.” ¿Quedó clarito?

Las razones parecen apuntar a que, en opinión de Sequeira, “el país ‘sigue atrincherado’ a un único proveedor cuyos costos de operación son muy elevados y que hace plantas dos o tres veces más caras de lo previsto.” Todo ello por la cerrazón del mercado eléctrico, que impide el crecimiento de energías alternativas, tal como se ha observado en países que han decidido abrir ese mercado a la inversión global.
 
Asimismo, la Cámara de Industrias ha manifestado su preocupación por los altos costos de la energía. Según Carlos Montenegro, de dicha Cámara, el encarecimiento de la energía local se debe a que se han construido “plantas de energía renovable de alto costo.” “Sea por mala planificación, falta de competencia o desinterés en el consumidor, al no buscar que la inversión abarate las tarifas.”
 
Este mercado eléctrico cerrado, casi monopólico o bien monopsónico (único comprador), impide esa reducción de costos que ya está afectando la atracción de inversión externa.
 
También, el sector de los consumidores parece estar pagando tarifas mucho más altas que en el resto de países de Centro América; sin embargo, esa información y análisis comparativos requeridos lamentablemente no se hacen o no se publican.  No quiero recordar la famosa frase de programa del Chapulín Colorado, de que “ahora quien vendrá a defendernos,” pero, en realidad, los consumidores domésticos no parece que en este país tangamos valor alguno, excepto como clientes cautivos a los cuales explotar. Tal vez mayor competencia, menor regulación y ampliar las posibilidades de importar libremente desde el resto de Centro América, puedan ayudarnos a los consumidores, en una nación que, ya tristemente lo sabemos, es bastante cara.


Jorge Corrales Quesada











martes, 19 de septiembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: ICE mete las de andar

El ICE puso un campo pagado en el periódico La Nación el 6 de agosto, como respuesta a diversas opiniones recientes expresadas en dicho medio acerca del ICE.  

En dicha opinión, el ICE divulgó que “su costo de generación es de 4,21 centavos de dólar por kilovatio, frente a 8,2 centavos de dólar por kilovatio en el caso de generadores privados,” aduciendo en dicho campo pagado que “es falso que la participación privada abarate las tarifas eléctricas.”

Esa información destinada a mostrar un costo comparativo inferior de la producción de electricidad del ICE vis a vis la privada, tuvo un rebote inesperado contra el propio ICE, pues reveló que su costo de producción era de 8,2 centavos de dólar, mientras que el costo promedio de la electricidad cobrado a los usuarios es de 16 centavos de dólar. Esto se informa en un artículo de aquel medio, titulado “Empresarios usan dato del ICE para pedir rebaja en luz: Cámara de Industrias presentó solicitud a la ARESEP.”

Ante ello, la Cámara de Industrias, con la nueva información brindada en ese campo pagado, estimó el costo promedio del kilovatio, pues el ICE aporta un 80% de la producción nacional y el sector privado un 20% y dados los costos comparativos señalados de $0.0421 el kilovatio del ICE y de $0.082 el costo del kilovatio producido privadamente, daría un costo promedio ponderado del kilovatio del ICE de $0.0499. Pero, el precio promedio que cobra el ICE, según la Cámara de Industrias, es de $0.16 (poco más de tres veces su costo promedio: 3.2 veces).

Si al costo anterior se le suman “los importes de generación, transmisión y distribución, el costo promedio que se debería de cobrar” -por aquello de que, según la ley 7593, en lo pertinente a servicios regulados, las tarifas se fijarían al costo- “se acerca a ocho centavos de dólar”, lo cual es la mitad del cobro promedio que practica el ICE.

De forma que, ni lerda ni perezosa, la Cámara de Industrias le solicitó a la ARESEP reducir a la mitad de la tarifa eléctrica que cobra el ICE. No se sabe nada de la resolución de la ARESEP, que se supone ya debería de haberse definido para ver si procede su aceptación. Posiblemente el escéptico dirá que “estamos soñando” que se vaya a lograr tal reducción, pero, al menos, sabemos mejor qué tan caro nos sale el cuasi-monopolio eléctrico (el ICE es el mayor productor de energía eléctrica del país), que muchos nos vemos, de hecho, obligados a consumir y a pagar ese alto precio.

Esperamos conocer el desenlace de la solicitud de la Cámara de Industrias, ante la cual nosotros, y los medios de comunicación, debemos de de estar atentos, pues el tema reviste enorme importancia no sólo para el ICE, sino para sus consumidores, cuyos presupuestos para la electricidad se han visto crecientemente aumentados en momentos recientes.
 

Jorge Corrales Quesada

martes, 6 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: situación del empleo en el país al último trimestre

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al tercer trimestre del 2016 y presenta algunos datos interesantes acerca de la condición del empleo en el país, según dicha encuesta.

Uno dato usualmente esperado de este proceso continuo, es la situación del empleo en la economía, reflejada por su tasa de desocupación, la cual esencialmente se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo que no trabajó en la semana de la encuesta y que estaba buscando empleo.  No es tan buena la noticia al respecto, dado que la tasa aumentó a un 9.7%, comparada con la equivalente del trimestre anterior de un  9.4%, así como si se le compara con aquélla del mismo trimestre del 2015, que fue de 9.2%. No obstante, señala el informe del INEC citado que la diferencia entre trimestres de ambos años “no presentó variación significativa”; y posiblemente igual respecto a los dos trimestres del 2016 que se comparan.

Asimismo, es útil ver el indicador de la situación de empleo en el país, conocido como la tasa neta de participación, que es el porcentaje de la fuerza de trabajo (la población en edad de trabajar que en esos momentos se encontraba trabajando o buscando trabajo) respecto a la población total en edad de trabajar. De acuerdo con este indicador, la tasa neta de participación subió a un 57.7% en el tercer trimestre del 2016 comparado con en el segundo trimestre de este año, lo cual es algo positivo; sin embargo, resulta negativo al comparar los resultados con el respecto al mismo trimestre del año pasado cuando fue de 61%.  Es decir, vamos mejorando en lo que estaba mal; o sea, mejor que en el trimestre pasado, pero aún por debajo del indicador de los años previos, en que ha oscilado entre el 60% y el 63%.

Panorama similar se presenta en cuanto a otro indicador del mercado laboral en Costa Rica, como es el del empleo informal.  Éste indicador es importante por varias razones, por lo que, para entenderlo bien, les brindo su definición del INEC: “comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal).” Es muy similar a lo que se suele llamar el empleo en la economía subterránea o, al menos, es un indicador de ella.

Pues bien, en el tercer trimestre del 2016, el porcentaje de ocupados con empleo informal fue de un 42.7% del total de personas empleadas, mientras que para el mismo trimestre del 2015 fue de 45.7%, lo que nos da una buena impresión a primera vista -¡un descenso del empleo informal!- pero, ello no parece deberse a que la gente dejó de estar en el empleo informal para integrarse al empleo formal. Para el tercer trimestre del 2015, la población ocupada en la informalidad fue de, aproximadamente, 942.844 personas y pasó a, más o menos, 842.099 personas en el tercer trimestre del 2016: un descenso de 100.745 trabajadores. Uno desearía que estos cien mil trabajadores hayan dejado la informalidad y trasladado a la formalidad, pero, el número de trabajadores formales pasó tan solo de 1.120.273 en el tercer trimestre del 2015, a 1.130.029 en el trimestre correspondiente del 2016, es decir, un aumento en dicho lapso de 9.756 trabajadores empleados en la formalidad, lo cual implica que la diferencia por 90.989 habría dejado de trabajar. 

Se ha señalado que esa caída de la población en informalidad se debe en mucho a disminución de empleo doméstico en los hogares costarricenses; incluso se ha indicado que eso podría reflejar problemas con la demanda de familias de ingresos medios en el país. Ello parece ser así y nos permite explicar por qué se ha gestionado en entes gubernamentales un tratamiento tributario y medidas similares, que tiendan a disminuir el costo por tales servicios, pues ello bien puede estar incidiendo en esa menor demanda de mano de obra de servicios domésticos.  Por ejemplo, el elevado costo del aguinaldo -una y media veces el salario mensual, debido a que se considera que se debe pagar aguinaldo por lo que al trabajador se le da por alimentación, considerado con un valor del 50% del salario nominal normal- sin duda que hace que la gente de recursos medios lo piense dos veces antes de contratar tal mano de obra.

La explicación del problema descrito en torno a que el descenso en el empleo informal no se refleja en un aumento del empleo formal, parece surgir del descenso de la tasa neta de participación que, como indicamos antes, pasó de un 61% en el tercer trimestre del 2016, a un 57.7% en el trimestre correspondiente del 2016. Ello había significado que, como lo indica el INEC, que “alrededor de 89 mil personas salieron de la fuerza de trabajo.” 

Al observar los descensos en dicha tasa, ya sea para trabajadores masculinos o femeninos, el descenso fue mayor (-4%) en la tasa de participación de las mujeres que en la de hombres (-2.8%), según el informe del INEC, en mucho por una disminución en el empleo de trabajadoras domésticas.

En síntesis, en el panorama laboral algunos indicadores señalan una mejoría relativa en cuanto a una disminución ligera del desempleo, pero, persisten serios problemas derivados de una disminución en la tasa neta de participación, que compara la fuerza de trabajo con la población total en edad de trabajar, pues se dio un descenso en la fuerza de trabajo de casi 91.000 personas en ese lapso, aunado a un crecimiento usual de la población en edad de trabajar (población de 15 años o más).

Esperamos que en el campo laboral haya mejores noticias en los próximos meses, pero su positividad está en función de una serie de políticas que, al momento, están en juego en la economía, como son los planteamientos de mayores impuestos, que es muy posible que, de aprobarse, tengan una incidencia negativa sobre la demanda de mano de obra.


Jorge Corrales Quesada

martes, 8 de noviembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: correr más para permanecer en el mismo lugar

“¡Un país bastante lento! --replicó la Reina--. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda, para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos dos veces más rápido.”
 
Lewis Carroll, A Través del Espejo

Esa cita del autor de “Alicia en el País de las Maravillas” (en efecto, “A Través del Espejo” es una continuación o segunda parte de éste), parece caer de perlas al analizar el último “Reporte Global de competitividad 2016-2017,” que anualmente produce el Foro Económico Mundial. De hecho, en lo particular, me interesa ver el análisis comparativo de 138 países en cuanto a la competitividad de sus economías y, más aún, por donde es que anda nuestro “¡país bastante lento!”, como lo menciona la Reina Roja o Reina de Corazones, en la referencia arriba citada. 

Ni siquiera hemos permanecido en un mismo lugar, sino que, de hecho, en comparación con el año pasado, hemos descendido un par de lugares, aun cuando tan sólo por una “caída ligera,” como lo dice el reporte antes señalado. Hoy estamos en la posición 54 entre esas 138 naciones. Suiza es la número 1 del mundo; Chile la mejor de Latinoamérica y nosotros, en Centro América, entre los cuatro mejores del ranking de la región, fuimos “el único que tuvo un deterioro”.
 
El informe citado lo analiza La Nación en su comentario “Costa Rica baja dos puestos en índice de competitividad global: País se ubicó en lugar 54, entre 138 naciones, en informe del Foro Económico Global”, publicado el 28 de setiembre.
 
El índice se elabora en función de lo que denomina como “pilares de competitividad” -un total de 12- que definen y estiman el grado de competitividad de las naciones, con base en el conjunto de instituciones, políticas y factores que la influyen.  Esos factores son: instituciones, infraestructura, macroeconomía, salud y educación primaria, educación superior y entrenamiento, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e innovación.
 
La información relevante para definir el posicionamiento del país señala que, “en el caso costarricense, el retroceso se atribuyó principalmente al pilar institucional, pues el país se ubicó en el puesto 60, aunque el año anterior estuvo en el 49. Es decir, bajó 11 lugares.” Este pilar de competitividad -instituciones- comprende temas tales como derechos de propiedad, uso de fondos públicos, su desperdicio, peso de la regulación, eficiencia de la legalidad, crimen organizado, confianza en los políticos y otros similares.
 
También, el país decayó, con respeto al año anterior, en el pilar llamado eficiencia del mercado, que trata de asuntos como competencia, efecto de impuestos en los incentivos para invertir, tasa total de impuestos, cantidad de procedimientos para empezar un negocio y similares. Costa Rica bajó al lugar 78, en contraste con el año pasado, en que fue el  67.
 
Asimismo, cayó en el pilar de sofisticación de los negocios e innovación, pasando a los lugares 41 y 48 respectivamente. “Pese a la baja de cuatro y once lugares respectivamente, el país aún es líder en la región en esas dos ramas”.
 
Por otra parte, es líder en América Latina en salud y educación primaria y “tuvo un avance en el pilar de desarrollo macroeconómico, al ubicarse en el lugar 82 frente al 94 el año anterior.” Y obtuvo el primer lugar en el mundo en el ranquin de inflación, cosa sin duda notable.
 
En cuanto a factores negativos para hacer negocios en el país, se señalan la infraestructura, la burocracia gubernamental, el largo proceso para pagar impuestos y el difícil acceso al financiamiento.
 
O sea, tenemos una mezcla de avances y retrocesos. Este señalamiento saca a la luz el fenómeno de que, a pesar de tenerse avances, hay otras naciones que lo hacen más rápido que nosotros, lo cual explica nuestro rezago relativo en importantes indicadores.  O sea que, tal como a la Reina Roja, requerimos avanzar más rápidamente, ya sea para, en comparación con otros países, permanecer en el mismo lugar o bien para adelantarse.
 
Por eso, la declaración que el ministro de Economía, Industria y Comercio, don Welmer Ramos, hace ante este informa, resulta ser una especie de verdad a medias, al señalar que “estoy seguro de que en la nota del índice avanzamos. Si otros países tuvieron mejor nota y el país fue desplazado no quiere decir que se desmejoró.” Haría bien en tomar en cuenta lo que se conoce como la hipótesis de la Reina Roja (citada al principio de este comentario), que simplemente se trata de un principio evolutivo, cual es que “Para un sistema evolutivo, la mejora continua es necesaria para sólo mantener su ajuste a los sistemas con los que está co-evolucionando.” Lo cual, en palabras sencillas, nos dice que lo hecho es comparativamente insuficiente, pues otros avanzan más rápido que nuestro país: sí, señor ministro, el país desmejoró relativamente. Por tanto, a duplicar esfuerzos para ver si no nos quedamos aún más atrás. Tal vez sea mucho pedir para un estado que parece constituir un enorme lastre para el logro de ese progreso.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 20 de septiembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: dar largas a las cosas tiene un costo

¿Sabía usted cuánto le han costado de más a los costarricenses los atrasos en la construcción de la carretera entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos?  Esos 29 kilómetros de vía, a junio del 2016, nos han costado $71 millones tan sólo por los atrasos. Lo informa La Nación del 28 de junio, en su artículo titulado “Atrasos encarecen en $71 millones a la vía a San Carlos: Monto se suma a $164 millones pagados por obra hasta ahora,” basado en un informe del Instituto Costarricense de Electricidad, supervisor en ese momento de la obra. Señala que “hasta ahora se han pagado $235,2 millones por la carretera, desglosados en $164 (millones) del acuerdo original más $71,2 millones, correspondientes a reajustes por el aumento de precios en los materiales y la mano de obra.” Esto es, del monto que se desembolsó a una empresa constructora, lo pagado por reajustes equivale a un 43% del monto original de la obra.

Ese es uno de los costos cuando se retrasan obras: implica, por una parte, aumentos debido a la inflación, que, según un ingeniero de CONAVI, es lo “normal” en este caso, pues “al dividir esa cifra entre el número de años que han tardado las labores, da como resultado un 3,29% de reajuste por año.” No obstante, la inflación en dólares posiblemente es menor que la inflación anual promedio en colones que ha experimentado el país en dicho lapso, pues los datos comparados están en términos de dólares. Es un aumento de costos significativo, pero hay otro costo que no se contabiliza, cual es el tiempo en que se ha atrasado la inversión para brindar rendimientos. Esto es, lo gastado hasta el momento, dado que no se ha terminado, no ha generado ingreso alguno a la economía, y ese es un costo que no se daría, si la obra no se hubiera atrasado esos 13 años. 

No se indica en el comentario periodístico cuánto tiempo habría tomado la construcción y plena operación de dicha vía, si no hubieran existido tales atrasos y tampoco hace una comparación con lo que, en realidad, ha durado su construcción (y le falta tal vez un año más para concluirla), de manera que se pueda tener una idea del costo de intereses que se han tenido al tener una inversión realizada que no ha generado rendimientos. Asimismo, hay otros costos que otros actores de la sociedad han tenido que afrontar, en caso de que hayan realizado inversiones que dependían del inicio de operaciones de la nueva carretera.  Dejar algo para después, no cumplir con el tiempo previsto de ejecución de la obra, da lugar a diversos costos económicos. Y eso que no he hablado de los costos de oportunidad…

La explicación de parte de un ingeniero del ICE, encargado de la supervisión a ese momento, es que “los atrasos por expropiaciones, problemas contractuales, cambios de proveedor  y denuncias ambientales, se han traducido en (aquel) pago de $71,2 millones en reajustes de precios.” Pero, algunos de ellos evidentemente deberían de haberse realizado antes o en el tiempo debido, como, por ejemplo, las expropiaciones. A la fecha, consigna el periódico, que “pese a lo avanzado del proyecto vial, aún hay sin finalizar 22 procesos de expropiación.”

Todos esos costos los pagamos los ciudadanos. Es cierto que nunca hay certeza del costo final de un proyecto. A pesar de ello, cuando uno observa que la construcción de 29 kilómetros de carretera ha durado, tal vez con suerte, 14 años para que se termine, a uno no le queda más que exhibir la ineficiencia del estado para concluir, en el debido tiempo, obras como esta.

Jorge Corrales Quesada


viernes, 2 de octubre de 2015

Viernes de recomendación


Ambos indicadores muestran nuestras debilidades y fortalezas, reflejando el lugar que ocupamos en el mundo al comparar casi la totalidad de las economías que lo conforman. A la vez, el IIG y el ICG representan valiosos instrumentos para la definición de las políticas públicas.

En términos generales la lectura de ambos instrumentos nos dice lo que sabemos y vivimos desde hace varios años: el país está estancado.

En el último quinquenio el país se ha mantenido entre los 50 países más innovadores – con la excepción del IIG 2013, cuando el país se ubicó 39 del mundo. Al mismo tiempo, el ICG nos muestra que en los últimos 9 años el país ha variado entre el puesto 52 y el  68, pero no hemos logrado dar el salto en nuestros indicadores de competitividad hacia posiciones de liderazgo. Parafraseando a don Eduardo Lizano, en los últimos años hemos vivido en un nadadito de perro en materia de innovación y competitividad.

Un primer mito que debemos superar al leer ambos indicadores es creer que estamos bien al ubicarnos en los primeros lugares de América Latina. Si bien el país es tercero en innovación (por detrás de Chile y Barbados) y competitividad (por detrás de Chile y Panamá) debemos considerar que nuestra región se caracteriza por ser poco competitiva y poco innovadora. Lo cierto es que ningún país de la América Latina se ubica dentro del top 25 de los países más innovadores del mundo, al tiempo que la mayorías de los vecinos latinoamericanos se ubican entre la posición 50 a la 100 en materia de competitividad, con la excepción de Chile, que se encuentra en el lugar 35 entre las 141 economías contempladas.

La realidad es que nuestro país no compite con países como Bolivia, Venezuela, los países del triángulo norte centroamericano, Argentina o Haití. Desde hace muchas décadas nuestro barrio dejó de ser el latinoamericano. Una aproximación más realista en materia de innovación nos debería comparar con países de renta media alta como la nuestra ($13,341 según el IIG 2015 o $10,083 según el ICG2015-2016). En este caso estamos en el grupo de países junto a Hungría, Vietnam, Bielorrusia, Tailandia y Malasia; mientras que cuando comparamos factores de competitividad similares a los nuestros debemos mirarnos contra Turquía, Panamá, Sudáfrica, Filipinas, Bulgaria, Rumania, India, Vietnam o México.

Así, cuando un inversionista piensa en Costa Rica como destino, no nos compara con América Latina directamente, sino que se pregunta cómo está Costa Rica en relación con estos países. La verdad es que si Costa Rica fuese un país de Europa, se ubicaría junto a las economías de Europa del centro o Sudeste; si fuésemos asiáticos estaríamos junto a economías del Sudeste.

Lo cierto es que Costa Rica es una economía en transición llena de contrastes. Somos un país que superó los requerimientos básicos de competitividad, pero no hemos logrados superar del todo aquellos factores de eficiencia que nos impiden ser una economía basada en la sofisticación y la innovación. Somos un país que ha logrado cumplir con tareas complejas que nos han permitido atraer inversión en alta tecnología por ejemplo, pero no hemos logrado superar problemas tan básicos y rudimentarios como la infraestructura vial. Ocupamos el lugar 20 en el mundo cuando nos referimos a la capacidad de nuestras empresas de absorber conocimientos de la IED que llega al país, según el IIG 2015, pero ocupamos el puesto 115 cuando hablamos de la calidad de nuestras carreteras, de acuerdo con el ICG 2015-2016.

Un segundo mito que debemos superar al contrastar los datos del IIG y del ICG es la autocomplacencia nostálgica. Para muchos en este país, como decía Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor.

Para dar el salto que deseamos hacia puestos de liderazgo no podemos seguir pensando que Costa Rica será más competitiva e innovadora gracias a los avances en salud y educación básica, la solidez de nuestras institucionales democráticas o las conquistas sociales y laborales. Estos son requerimientos básicos, pero no son suficientes para catapultarnos hacia el desarrollo. Para convertirnos en una economía del conocimiento y dar el salto hacia el pilar de la sofisticación y la innovación no podemos conducir con la vista puesta en el retrovisor.

Todos los caminos apuntan a un mismo problema: la ineficiencia de la administración pública y el exceso de burocracia. Al observar nuestros principales males de nuestra competitividad e innovación encontramos un denominador común: nuestra mala gobernanza.

Nuestro principal dolor de cabeza competitiva se llama burocracia gubernamental, despilfarro del gasto público (118 en el ICG), así como la pésima protección al inversionista (138 de 140 economías en el ICG y 141 de 141 economías en el IIG).

Los datos del IIG y el ICG nos reiteran que el gobierno lejos de se un facilitador, entraba cualquier emprendimiento productivo, tal como se observa en el indicador Facilidad para iniciar un negocio (96 en el IIG) o el tiempo y los procedimientos para iniciar un negocio (104 en el ICG). Somos una economía que además, no garantiza reglas claras para cualquier inversionista que arriesgue su capital en el país. Sumado a lo anterior, somos una economía que dificulta el acceso al crédito como pocos en el mundo. El IIG nos ubica 80 en el mundo en cuanto a la facilidad de acceder a crédito, mientras que el ICG nos posiciona en el lugar 117 y 112 cuando nos referimos a la disponibilidad de capital de riesgo. Finalmente, vivimos un entorno macroeconómico que se ha caracterizado por un PIB real estancado entorno al 4%y un creciente déficit fiscal. Es así como en la medición del ICG el país ocupa el puesto 124 cuando nos referimos al equilibro en el presupuesto del gobierno.

En el libro Crear o Morir, Andrés Oppenheimer nos dice que: "la prosperidad de los países depende cada vez menos de los recursos naturales y cada vez más de los sistemas educativos, sus científicos y sus innovadores". Costa Rica entendió esto hace años cuando decidió basar su desarrollo no a partir de la explotación de sus recursos naturales, sino a partir de las oportunidades del progreso basado en la educación de su capital humano.

Este es el trapito de dominguear costarricense, que sin embargo se ve desafiado por la creciente desarticulación entre la oferta educativa y la demanda de los sectores productivos. Nos lo dice el IIG al ubicarnos en el puesto 95, cuando hablamos del porcentaje de graduados en ciencias e ingeniería y nos llama la atención el ICG al posicionarnos 55 en relación a la calidad educativa en matemática y ciencias.


Hace más de 125 años Costa Rica se definió gracias a una visión educativa. Hoy ese gran salto histórico se queda corto en comparación a los retos que enfrentamos. Nos corresponde ahora dar un nuevo salto para superar factores de eficiencia y productividad, y convertirnos en un país líder en competitividad, basado en la innovación y la sofisticación. 

martes, 27 de enero de 2015

La Columna de Carlos Federico Smith: Algunas razones de por qué hay precios diferentes entre países


Hay algunas experiencias recientes de países vecinos con el control de precios, que valen la pena comentarlas.  A causa de un diferencial de precios de una serie de bienes que se han expuesto en estos días, personas con amplio conocimiento han sugerido que es deseable para nuestro país -y con toda justificación para pensarlo así, aunque después expondré el impacto negativo de tal medida- que se establezca el control de precios, a fin de subsanar un evidente contraste, en el cual Costa Rica tiene un precio más elevado para un mismo producto, en comparación con algún otro país relativamente cercano. (Obviamente esos precios comparativos han sido expuestos en una moneda común, cual es el dólar estadounidense). Quiero tratar el tema en dos comentarios separados (para no extenderme mucho en uno sólo). El primero se titula “Algunas Razones de Por Qué Hay Precios Diferentes entre Países” y el segundo lleva por título “Ciertos Resultados de Políticas de Control de Precios”, el cual será publicado una semana después del primero.

Puede haber múltiples razones que nos podrían explicar por qué hay diferencias de precios de un mismo producto en distintas naciones. Una causa usual suele ser que los tipos de cambio oficiales que se usan en la comparación, no reflejan adecuadamente el verdadero valor de lo que podría ser una canasta (un conjunto) de bienes representativos en ambos países. Una moneda doméstica se dice que está subvalorada, cuando oficialmente se entregan más colones por, digamos, un dólar, que los que en realidad deberían de darse. Esto se puede presentar porque, por ejemplo, el país, en lugar de dejar que su moneda se revalúe para reflejar valores verdaderos del mercado, impide, por medio de su banco central, que se dé el ajuste del valor oficial al valor en el mercado. En esta circunstancia, en colones, los bienes importados nos cuesten menos de lo que deberían de costar. O, lo que es lo mismo, los bienes que podríamos exportar salen relativamente muy caros. Daré un ejemplo del caso. Supóngase que alguien mide el costo de un litro de leche en, digamos, un supermercado del estado de Nueva York en los Estados Unidos y el dato le dice que el costo de ese litro es de $10 dólares. Por su parte, en Costa Rica, ese “mismo” litro de leche en colones cuesta ₡750. Ahora bien, suponga que el tipo de cambio del colón con respecto al dólar el Banco Central lo tiene fijado “arbitrariamente” en ₡600 por dólar (o sea, subvaluado el colón) en vez de un tipo de cambio real que toma en cuenta los diferenciales de precios que existen por un producto (usualmente se hace en relación con lo que se llama una canasta de bienes) que supongamos sería de ₡400 por dólar.  Por un cálculo simple de regla de tres (en la jerga de los economistas el Tipo de Cambio Real (TCR) es igual al Tipo de Cambio Nominal (TCN) entre el cociente del precio en el exterior (Px) -o el índice del precio de una canasta comparable- con respecto al precio doméstico (Pd) del bien), se puede determinar el valor que andamos buscando. Esto es, a partir de TCR= TCN * Px/Pd, si tenemos el valor del tipo de cambio nominal el cual está subvaluado respecto al tipo de cambio real (o sea, se está pagando más colones por dólar del que se debería de pagar si el tipo de cambio fuera el de mercado) y el precio internacional del litro de leche ($10), podemos determinar el valor equivalente del litro de leche en el país, que en esta caso sería de $15.

Observe que, en este caso, si alguien compara el precio del anaquel en Nueva York de $10 con el equivalente que hemos obtenido de $15, fácilmente se podría concluir que la leche es más cara en el país que en Nueva York, pero sabemos del ejemplo, que eso es un resultado ocasionado por un tipo de cambio nominal desalineado del tipo de cambio real.

Es importante tener presente que entre países suelen presentarse tasas de inflación diferentes y eso se debería de reflejar en el tipo de cambio correspondiente. Por ejemplo, si vemos el comportamiento de la inflación de los Estados Unidos en, digamos, los últimos cinco años, comparado con el de Costa Rica en ese mismo lapso, tan sólo por ese hecho uno esperaría que el tipo de cambio se habría ajustado debido el diferencial de inflaciones. En este caso, el colón se debería de haber devaluado con respecto al dólar. Eso incidiría en que el costo doméstico del bien se ajuste a la mayor inflación relativa del país con respecto a la nación extranjera. En esta situación tendría relevancia lo expuesto en el párrafo inmediato anterior como explicación de diferencia en el precio de un mismo producto entre ambas naciones.

Otro factor que podría explicar las diferencias de precios de un mismo producto entre naciones, se puede deber a una diferencia entre el poder adquisitivo de cada país, reflejado en diferencias en los ingresos per cápita de los ciudadanos de diversos países. Un precio más alto de un producto en un país en comparación con el de otra nación, puede simplemente ser resultado de que, en aquel país, la gente tiene mayor poder adquisitivo y, por tanto, ejercer una mayor demanda allá, lo cual se reflejaría en un precio más alto del bien comparado. Un ejemplo podría ser, tal vez, el precio de la leche para un consumidor nicaragüense de relativamente ingresos per cápita más bajo que Costa Rica. La relativamente menor demanda de leche por tener un menor ingreso, mostraría que en Nicaragua el precio de la leche fuera menor que el de Costa Rica. A esto se le podría llamar un efecto ingreso. Y, para los efectos de nuestro tema, que se considere que la leche es más barata en Nicaragua que aquí.
Esto nos lleva a otro factor importante explicativo de diferenciales de precios; por ejemplo, el costo de los servicios domésticos en un país, digamos que los Estados Unidos, en comparación con Costa Rica. Aquí posiblemente el costo de las empleadas domésticas es menor que en los Estados Unidos debido a la mayor oferta de ese tipo de servicios en nuestro país y, también, por una menor demanda de dichos servicios en Costa Rica en comparación con los Estados Unidos que hacen que la demanda de servicios domésticos sea relativamente mayor en aquel país, tal vez debido al nivel de ingresos mayor en aquel país en comparación con el nuestro o por el hecho de que en los Estados Unidos son porcentualmente más los hogares en donde ambos padres trabajan que en nuestro país. En nuestro mercado, el precio del servicio tendería a ser menor y, en los Estados Unidos, mayor.

Algo similar podría considerarse con respecto a múltiples costos diferenciales, por ejemplo, diferentes costos de transporte interno, de costos de bodega, de los costos de las cadenas distributivas, de salarios de los trabajadores, etcétera, etcétera.

Esa diferencia también se podría deber a la existencia de diferentes impuestos que se aplican a un producto, como es el caso de los aranceles a la importación de bienes. Por ejemplo, un producto que internacionalmente cuesta ₡1.000 y -sin tomar en cuenta fletes y otros gastos similares- por el cual el costarricense debe pagar un 60% de arancel, por ese sólo hecho elevaría su costo en el país a ₡1.600. Ante esto, la producción doméstica del bien que se podría importar es posible fijarlo (por la naturaleza casi monopólica de la industria) a un precio ligeramente inferior que aquel precio del mismo producto puesto en el país (en menos de los ₡1.600), digamos que en ₡1.500. Obviamente, en el país el costo del producto para el consumidor sería de ₡1.500, mientras que en el extranjero sólo costaría ₡1.000. (Esto es al revés de lo mostrado en la comparación de precios de un mismo producto más altos en el extranjero que en el país, que estimuló este comentario. Pero podría ser el caso si se hace una comparación del precio de un producto en un país con una economía relativamente más abierta -supongamos que es el caso de Costa Rica- con otra economía más cerrada, por ejemplo, la República Dominicana). 

También el diferencial de precios podría ser explicado por la existencia de impuestos diferentes entre países. Sin brindar números exactos, Costa Rica es el país de Centro América en donde al consumidor doméstico se le ponen porcentualmente mayores impuestos sobre el costo de los combustibles.  En el resto del área, sus gobiernos gravan a los combustibles en menores proporciones. Por tan sólo esta razón -es un ejemplo- la gasolina en Costa Rica es más cara que en, digamos, Nicaragua u Honduras. También podría deberse a la estructura de las industrias, pero eso es menos evidente, en especial ante la elevada proporción del precio que en nuestro país pagan los consumidores tan sólo como impuestos. Por ello un análisis de las cifras comparativas debería de efectuarse libre de impuestos distorsionadores. 

También la existencia de otros impuestos podría explicar el diferencial de precios entre países. Daré un ejemplo, el de los cigarrillos. Los cigarrillos en Costa Rica han sido fuertemente gravados con impuestos -por las razones que sean. Esto ha provocado que al país ingrese una gran cantidad de cigarrillos como contrabando, digamos que de Belice o de Paraguay, entre otras procedencias. El precio de referencia para el contrabandista es el precio interno con impuestos (además de los riesgos que asume); por eso lo único que tiene que hacer es elevar el precio del cigarrillo contrabandeado, mas no por encima del precio doméstico legal. Así, el precio del cigarrillo de contrabando en Costa Rica sería más elevado que su precio en los países de donde vienen de contrabando y en donde supuestamente se les cobran impuestos menores, pero sería menor que el precio oficial. Algo similar podría ocurrir con los licores, vinos y cervezas. Una comparación internacional de los precios de esos productos tendería a mostrar que el precio interno legal en Costa Rica es mayor que su precio correspondiente en los otros países, a pesar del efecto mitigador de la diferencia que significa el producto contrabandeado.

Asimismo, la falta de competencia en un país, en comparación con otro, podría explicar esas diferencias de precios. Por ejemplo, suponga que en Costa Rica hay un monopolio en la producción de leche. Eso permite al monopolista cobrar un precio más elevado que el que podría obtener en una situación competitiva. Imagínese que, por otra parte, en el país al cual se exporta la leche producida nacionalmente, el exportador-productor doméstico enfrenta un mercado mucho más competitivo que el existente en Costa Rica. O sea, en la otra nación no puede usar el poder monopólico que logra en Costa Rica y que es lo que le permite tener un precio mayor que si hubiera competencia. Eso posiblemente hace que tenga que sacrificar sus utilidades monopólicas si pretende tener acceso al mercado del otro país. Sólo vendiendo al precio de mercado vigente en el extranjero puede competir y presumiblemente ese precio será inferior al que puede cobrar en Costa Rica por su poder monopólico.

En resumen, pueden existir diversas explicaciones de por qué un mismo bien se vende en Costa Rica a un  precio mayor que en el extranjero, incluso siendo conscientes de que hay un costo de transporte desde aquí hasta la otra nación y lo cual tendería a reducir el precio relativo en el mercado interno (el cual no contiene un componente por costo de transporte internacional) comparado con el del extranjero, que sí lo debe de incorporar. Pero no abundaré en más explicaciones de posibles diferenciales de precios, pues casi que sería de no terminar. Mi interés mayor es referirme a si la propuesta de fijar precios domésticos presuntamente altos en el país, sería una solución adecuada para resolver el problema de diferenciales de precios entre países. Tal tema lo analizaré en la segunda parte que presentaré la semana próxima.

Por el momento y ante lo que he expuesto, mis recomendaciones serían, para el caso de una desalineación de la moneda doméstica con respecto a los precios comparativas comentado anteriormente, que la distorsión tendería a desaparecer o disminuir si son los mercados cambiarios libres los que determinen el valor correspondiente de las monedas entre sí. De esta forma, lo que podría determinar valores diferencias serían los normales en un mercado, como son las ofertas y las demandas de los insumos, así como de los productos, además del evidente costo de transporte (y otros similares como de embarque y de desembarque).

Asimismo, es recomendable evitar presiones inflacionarias superiores a las externas sin que se permita al tipo de cambio desalineado ajustarse debidamente a dicho diferencial, porque podría crearse la ilusión de que los precios internos son diferentes de los externos, por una simple maniobra de control cambiario. Lo conveniente no es reprimir el verdadero valor de los bienes así como el tipo de cambio que realmente debería de existir, lo que permitiría indicar cuando es que hay un diferencial real de los precios y que posiblemente produciría flujos comerciales entre países que lo amortigüen.

Dado que muchos monopolios internos deben su existencia a la vigencia de aranceles, que impiden el ingreso al país de aquella producción proveniente del exterior, una eliminación de los aranceles y de medidas restrictivas similares usadas para frenar una importación competitiva, contribuiría a la equiparación de los precios. Obviamente eso no exime el diferencial proveniente del costo del transporte entre naciones y causas similares. Pero eliminaría el poder del monopolio doméstico que ha permitido que en el país se cobre un precio más elevado que si hubiera competencia.

También pueden existir políticas restrictivas en el mercado laboral que impliquen costos mayores para la producción doméstica, como es el caso de colegios profesionales, que con sus prácticas restrictivas de la oferta elevan artificialmente el costo de contratación de servicios. Por supuesto que una mayor competencia en los mercados de servicios hoy restringidos por regulaciones laborales de colegios profesionales, por ejemplo, se traducirían en una reducción de los costos domésticos y, por tanto, en los precios de los productos. 

Asimismo, es necesario que se revise la existencia de ciertas entidades gubernamentales o para-gubernamentales, que facultan la fijación organizada de precios que elevan los costos internos y por ende los precios que se pueden cobrar en el país. Pienso, por ejemplo, carteles en el servicio de telefonía, del azúcar, del arroz, del café, entre otros, que bien pueden lograr cierto grado de protección a sus asociados domésticos ante posible competencia interna o externa y, por tanto, que se cobren precios internos relativamente mayores. Si esa restricción a la competencia no la enfrentan en los países a los cuales se exportan esos bienes protegidos, se vería como el precio del mismo producto es más elevado en Costa Rica que en el exterior.

Internamente podemos esperar que una apertura a la libre entrada y salida de empresas a los mercados contribuiría -además de la eliminación de aranceles- al logro de una mayor competencia y con ello lograr reducir los precios domésticos cobrados a los consumidores.

Similarmente, eliminar tributos excesivos impuestos sobre el valor de los bienes podría conducir a una reducción interna de los precios y disminuir los casos de evidente diferencial de precios, como son los de los combustibles y de los bienes objeto que contrabando antes comentado.

Asimismo, hay una serie de insumos que no son objeto de comercio internacional y que en ciertos casos son regulados por el estado, como puede ser la electricidad, agua, tarifas de transporte interno, entre otros, que son factores de costo usuales que se incorporan en el valor final de un bien. Pero también hay otros bienes que no suelen ser objeto del intercambio internacional ni tampoco de la política regulatoria usualmente aplicada a los servicios públicos, como, por ejemplo, la vivienda, los servicios de restaurantes, las peluquerías y salones de belleza y muchos otros bienes fácilmente perecederos. En estos últimos casos la expectativa normal es que las fuerzas competitivas, que suelen dirigir recursos hacia donde la rentabilidad es mayor, conduzca a moderar los precios relativamente altos.

 Pero este último caso es diferente a cuando, por ejemplo, hay una política deliberada del estado de usar la regulación de precios como fuente de ingresos para el fisco -esto es, lograr precios más altos que el que podría obtenerse en mercados competitivos, tan solo por el objetivo estatal de lograr mayores ingresos. La eliminación de eses sobreprecio por razones fiscales podría permitir una mejor comparación de los costos verdaderos de un mismo bien en mercados de países distintos. Si se eliminara, por ejemplo, el sobreprecio en el costo de la electricidad o del agua puesto con fines de disminuir el déficit fiscal general del estado (al aumentarse por ese arbitrio las utilidades de esos organismos descentralizados del estado), obviamente podríamos pensar que ese menor costo de insumos se refleje en menores precios de ciertos bienes en comparación con los mismos internacionalmente. 

Estas son algunas sugerencias, pero en el próximo comentario de la semana entrante, en lo que podría ser una segunda parte de éste, se analizará el tema de la política de control de precios como medida para reducir los precios internos.

Jorge Corrales Quesada

miércoles, 2 de julio de 2014

Desde la tribuna: ¿matriz energética?

El presidente de la República ha optado por la racionalización de la energía.  Dicen que el PAC ya definió la matriz energética, que el presidente se ha echado un pulso con el ICE, Recope y el aumentador y que lo único que atinan a decir es que hay que bajar impuestos.  El presidente también ha expresado que no autorizará la exploración de petróleo.

Por otro lado, el aumentador acaba de aprobar aumentos en el precio de la electricidad y, además, los aumentos en la gasolina no cesan.

Lo que nuestra sociedad necesita es energía abundante, buena y barata.  Lo deseable es que dejemos de ser importadores de energía y nos pudiésemos convertir en exportadores de energía.

La energía hidroeléctrica apenas alcanza a un 15% de la utilizada y no parece ser la llave inmediata para dar el importante salto.

¿Bajar los impuestos?  No andan tan perdidos los poco imaginativos burócratas que lo recomiendan.  Si quitamos impuestos a los derivados de petróleo y a la electricidad, podrá esta última venderse un poco más barata.  Recordemos que una buena parte de la electricidad es producida por plantas que consumen derivados del petróleo.  Lo que pasa es que si en la actualidad quitáramos los impuestos, sería como halar la cobija para otro lado, dejando descubiertos a otros sectores importantes.

Ello por cuanto, sin que sea el punto central de este artículo, vivimos una de las más serias crisis financieras del Estado costarricense.  Hay un serio déficit fiscal que resulta en un endeudamiento diario de más de tres mil millones de colones. 

En todo, la solución a los elevados precios de la energía eléctrica no pasa necesariamente por el tema de los impuestos  (por supuesto que sin negar su impacto, sin renunciar a la denuncia por el desvío de los fondos a otras cosas, sin dejar de pregonar que el gasto público es desmedido e injustificado). 

La deseable electricidad barata tiene un par de obstáculos más serios que la angurria fiscal:  el monopolio de Recope y el monopolio del ICE.  Dos gigantes públicos, burocráticos, pesados e inútiles que no hacen bien las cosas.  Uno empeñado en la refinería china y el otro nos tiene aún con los malos recuerdos de Alcatel, Erickson y demás corruptelas, ambos llenos de privilegios, gollerías y planilla excesiva.

El ICE se ha empeñado en impedir cualesquiera otras participaciones privadas en la generación eléctrica.  Ello cercena las posibilidades de la sociedad costarricense e impone esquemas anacrónicos y limitantes. 

Es irracional cerrar los caminos del desarrollo y la útil participación de la iniciativa privada en la cogeneración eléctrica.  Quedamos limitados a la proverbial inutilidad del ICE y a sus engañosos números, que conculcan libertades y desarrollo.

Por otra parte, la limitación jurídica y política, ideológica y burocrática a formas de apertura para que la sociedad y la iniciativa privada participen en diversas formas de generación eléctrica, aprovechamiento de las diversas fuentes y formas y las posibilidades de proveer la abundancia e incluso tener oportunidad de exportación constituye, sin duda alguna, una tragedia nacional.  Es la expoliación del futuro a todos los costarricenses, la condena a ser importadores de energía y postración de la industria nacional.

Todos los sectores productivos requieren energía, desde el escritor que utiliza apenas la luz hasta el que se sirve de la computadora, desde quien manufactura productos hasta el exportador de software, desde el trabajador de turismo hasta agricultor.   Limitar la producción de energía a la estulticia burocrática y monopólica significa perder la carrera de la competitividad.  No hay posibilidad de suplir con imaginación y esfuerzo las falencias que impone el monopolio, el costo de la energía y el desposicionamiento económico que todo ello supone.  Es una guerra perdida.
 
¿Ahorrar y racionalizar la energía?  ¡Claro que se puede!  Pero a costa de producir menos, negarse a competir y optar por actividades que no requieran energía.  Tal exportemos unos futbolistas ahora que Pinto y nuestros jugadores han tenido tan buen desempeño en el Mundial pero …. de ahí no pasaremos.   

Hay que permitir la exploración de las fuentes de energía que la sociedad requiere, hay que aprobar nuevos esquemas de explotación y hay que permitir que participe la sociedad y la iniciativa privada en este asunto.  Tenemos que convertirnos en exportadores de energía y exportarla junto con todo el valor agregado que podamos.  

Sin abundante energía, sin buena energía, sin energía barata no somos opción para más empresas, no tenemos oportunidad de competir y tendremos como fomentar el desarrollo.

Federico Malavassi Calvo   

miércoles, 9 de abril de 2014

Desde la tribuna: ¿por qué se va Intel?

Intel se va porque puede, porque puede llevarse su operación productiva a otra parte, porque la frontera no le detiene y porque no le conviene seguir produciendo en Costa Rica.

Estoy seguro de que muchos costarricenses también se irían si pudieran:  producir en Costa Rica es difícil, complicado y caro.  La energía cuesta mucho, la tramitomanía  ahoga a todo el mundo, el Estado es un mal socio, hay amenaza constante de impuestos, la seguridad no funciona bien, no hay  compromiso con la eficiencia, los impuestos no se gastan bien, la infraestructura pública es un desastre y no se valora el trabajo de las empresas privadas ni la actividad comercial internacional ni la transferencia de tecnología.

Debe ser cansado y poco edificante estar oyendo críticas de políticos que constantemente intentan cargar de impuestos la producción, la abulia de entes públicos que retrasan constantemente la posibilidad de remozamiento de los planes y programas universitarios para formar al personal correspondiente, la defensa de los monopolios públicos que impide la generación de energía barata y oportuna y la inacción de muchos entes públicos en torna a solucionar los problemas que se presentan y demás condiciones que se requieren.

Desde las primeras amenazas de paquetes tributarios oíamos a Ministros de Hacienda y conspicuos dirigentes de los partidos estatistas inventar que habían hablado con los personeros de Intel y que habían accedido y aceptado que se les subiera la carga impositiva.

Llevamos años y años de cargar de empleados las instituciones estatales sin que ello signifique mejor  y más oportuno servicio y sin que haya vocación para la necesaria apertura eléctrica, que tanto necesita el país.

Podemos hablar de otras cosas que tampoco se solucionan a tiempo, como el costo de la planilla en capacitación y la mala respuesta de los organismos correspondientes.  

Un empresa como Intel está recibiendo diariamente múltiples ofertas de otras sociedades que quieren la operación que Costa Rica tiene.  La administración de esta organización internacional recibe constantemente reclamos de otras sedes para llevarse la operación que se va de Costa Rica.
¡Qué difícil es convencer a muchos de mejorar, si están convencidos de que Costa Rica es inmejorable!  ¡Qué dura lección de la realidad!

Cuando llega el recibo de la luz a muchas casas, la gente querría irse en carrera a otra parte en la cual el cobro fuera racional.  Cuando se le pone gasolina al carro y llega el cobro, todos queremos irnos a otro lugar donde el combustible fuera mejor y más barato.

Algunos demagogos tienen convencida a una parte del pueblo de que la situación nacional es insuperable.   Mucha mentira para justificar abusos y expoliaciones.  A una empresa como Intel no se le puede engañar así …

Tienen acceso a información de verdad, saben cuánto cuesta producir en cada parte del mundo, cuánto cuesta la energía en cada parte del mundo, cómo engañan los políticos en cada parte del mundo y dónde les calienta mejor el sol.  

¿Por qué es que muchos costarricenses se exponen a tratos con agiotistas para migrar a los Estados Unidos?  ¿Por qué dejan el calor de su hogar, se someten a un trato leonino para obtener un dinerillo y entrar de “mojados” a otro país?  

Tienen claro que aquí no tienen futuro y toman tan alto riesgo para trabajar en un medio que consideran más promisorio, más abierto, con más esperanza.    Están dispuestos a tomar el riesgo para mejorar en la vida.

A veces me pregunto si no se será que quienes viven de explotar con sus préstamos a estos migrantes procuran mantener la economía del país aherrojada e ineficiente, a fin de continuar con su negocito de prestamistas.

No es posible pensar en eficiencia y buenas condiciones para la producción y que el trabajo rinda en un sistema en el cual cunde el monopolio, el clientelismo y exceso de burocracia.  Se trata de un sistema en el cual el empleado público gana más que quien produce en la empresa privada.  Ello se ha logrado gracias a prebendas y gollerías, abuso de monopolios e irrespeto permanente a las formas jurídicas y reglas constitucionales para presupuestar.

La demagogia y el clientelismo han secuestrado al Estado y han contaminado algunas instituciones básicas:  los programas de educación, la calidad de la educación pública, el control de las instituciones públicas de educación, sistemas de pensiones especiales y privilegiados.  A través de su poder intentan convencer a todos de que estamos bien y de que no hay que procurar equilibrio financiero, apertura, libertad, competitividad ni comercio internacional.   Algunos se atreven a promover la autarquía alimentaria (proteccionismo contra alimentos comprados en el exterior) a fin de secuestrar el mercado y convertirlo en cautivo.

¡Claro que una empresa internacional deja su operación complicada en un medio así y busca mejor destino!

Federico Malavassi Calvo

lunes, 10 de marzo de 2014

Tema polémica: Letargo en nuestra competitividad

Para todos es sabidos, que el mundo de hoy en día es un mundo globalizado. Lo anterior implica una movilidad constante de las inversiones y capitales. Todos los días un sin fin de empresas toman decisiones respecto en donde invertir, o en donde no hacerlo. Igualmente, dado esta internacionalización de las economías, también la competencia se ha expandido, siendo que dichas empresas poseen un menú de opciones para elegir.

Bajo este nuevo paradigma, la competitividad del país es clave para la atracción de inversiones, y parte de esa competitividad pasa por la calidad de infraestructura y servicios que el país ofrece. En este sentido, queríamos destacar dos noticias que desnudan una vez más el estado de impotencia y letargo en el que nos encontramos. La primera de ellas, es la noticia de que al fin un tramo de la carretera de circunvalación norte ha sido finalmente adjudicada, después de un largo proceso de varios años. Sin duda alguna, es decepcionante atestiguar como tan sólo siete kilómetros de construcción resultan ser todo un dolor de cabeza y una odisea para nuestro erosionado sistema institucional.  

La segunda noticia se refiere a la supuesta construcción de un moderno y nuevo aeropuerto en la ciudad de Orotina para el años 2025. Proyecto que se ve truncado, en razón de que al día de hoy no existe carretera alguna que tenga la suficiente capacidad para dar abasto para una obra de esta envergadura. Es decir, la famosa ruta 27 por la cual los ticos esperamos alrededor de 30 años, nació muerta. Situación que evidencia categóricamente la visión y mentalidad empobrecedora que se ha postrado sobre nuestro país.

De este recuento de malas anécdotas, excluimos al famoso tema de la electricidad, el cual es tomo un problema en sí mismo. Problema al que pareciera no existe ninguna solución seria por parte de los candidatos a la presidencia, situación que agrava la zozobra del sector productivo.

Así las cosas, el país debe hacer un giro de ciento ochenta grados respecto a la forma en que ha venido manejando y administrando esta clase de proyectos. Cada una de nuestras malas decisiones son opciones que dejamos ir, y que otras naciones y mercados aprovechan. Debemos poner el pie en el acelerador, antes que se nos acaban (sino es que ya se han acabado) los excedentes del pasado…

martes, 19 de noviembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: impacto del alto costo de nuestra energía

Se espera que en menos de diez años, los Estados Unidos se conviertan en el mayor productor global de gas natural y de petróleo.  Eso se logrará con precios menores que los actualmente existentes.  Como nación, Estados Unidos superará a Arabia Saudita, que actualmente encabeza la lista en cuanto a producción de esos energéticos. Súmele al de Estados Unidos el aumento elevado que de esos productos también se espera en Canadá y en México, si este último decide en serio fortalecer su anquilosado sector energético, con  otro más competitivo y mayor participación privada.  Norte América, como bloque, por muchos años será el gran proveedor mundial de combustibles baratos.

Esta transformación del mercado se reflejará en un declive del poder monopólico de la OPEP, cuyas restricciones usuales de la oferta internacional, orientadas a elevar artificialmente el precio de los combustibles, se verán limitadas por el poder competitivo de la energía proveniente de América del Norte.

Una energía más barata y abundante facilitará la repatriación de inversiones de los Estados Unidos hacia su país de origen. Esa inversión se había alejado, atraída fundamentalmente por una mano de obra más barata en otras naciones y, además, porque en cierto momento el precio de la energía en otras naciones no era tan diferente del costo que tenía en los Estados Unidos. Con esta revolución energética en proceso en los Estados Unidos, a pesar del poco apoyo y casi aversión de Obama hacia esa industria, se abren enormes posibilidades para que la producción industrial de esa nación tenga un renacer, de poder verse fortalecida de nuevo y de estar en capacidad de competir eficientemente en los mercados internacionales.

Mientras tanto, en Costa Rica se observa un crecimiento paulatino del costo de la energía, resultado de un inmovilismo en la inversión potencial que se podría dar en el país, pero también porque el sector energético estatal muestra claras deficiencias económicas, resultado del proteccionismo en que se le ha tenido.  Es lamentable que el cuerpo político legislativo de los últimos tiempos haya hecho todo lo posible, con notorias excepciones, para impedir que el mercado energético nacional pueda mejorar con el impulso productivo que le podría brindar el sector privado.  En esta demora ha sido partícipe el gobierno actual, con su característica ineficiencia, al rechazar legislación que facilitaría el desarrollo del sector y pretender suplirla por otra que conserva el statu quo.  Pero también han sido responsables algunas fracciones legislativas, empeñadas en mantener un populismo que termina por obstaculizar cualquier posibilidad de progreso en el país.  Esa conducta la han observado las fracciones del PAC, del Frente Amplio, parte de la del PUSC, así como una fracturada mitad de la fracción liberacionista.  

De esa forma, en la Asamblea no se ha podido aprobar una nueva legislación que permita aumentar nuestra capacidad de oferta, principalmente logrando los aportes de los sectores privados.  En la Asamblea tan sólo se desea más de lo mismo: que el Estado, en sus diferentes variedades y matices, continúe con el monopolio de hecho de la producción de energía. Esto es, que se prosiga con un modelo energético que a todas luces está haciendo aguas… y no por culpa de un neoliberalismo mítico, al cual el populismo barato, en vez de asumir los resultados de sus propias acciones, escoge achacarle todos los males de este mundo. 

Sabemos cómo es que actúan usualmente los políticos, especialmente en épocas previas a elecciones y ante la acosadora angurria financiera del momento.  Creen en aprobar legislación que medio abra la posibilidad para algunos, casi que escogidos a dedo, de participar en el mercado de generación eléctrica. Consideran que así resuelven el problema de producción de energía, pero sin que se alborote el cotarro ni el coto de caza. Pero en verdad, el nudo gordiano que hay que cortar radica en la actual falta de competencia de privados con el estado, así como entre aquellos, de forma que se facilite el logro de la mayor cantidad posible y más barata de energía, a fin de suplir económicamente las necesidades del país. 

En vez de aprobar una ley moderna sobre el sector energético del país, basada en la competencia y la producción privada, lo que posiblemente se tendrá es un mamotreto más. Con él algunos pocos podrán medrar, pero se impedirá al país disponer del vigor necesario que impone la lucha competitiva, pues quedarán por fuera muchos otros entrantes potenciales. Con esa ley no se tendrá el aumento requerido en nuestra producción doméstica de energía, sino que será tan sólo un parche más a un sistema defectuoso e incapaz de generar lo que el país necesita: más energía y más barata para todos los usuarios y consumidores.

Ante lo expuesto, posiblemente nuestra energía proseguirá siendo costosa y por ello no sólo veremos cómo empresas nacionales migrarán hacia otros países, para beneficiarse de su producción más barata de energía, sino que también observaremos cómo gradualmente disminuirá la inversión extranjera en el país. Ya varias empresas nacionales han trasladado sus operaciones o parte de ella a naciones del área que disponen de energía más barata (no vale la pena mencionarlas, pues bien las conocemos). Pero es indispensable tener presente que la gran fórmula nacional de atracción de capitales internacionales, con base en una mano de obra que fuera tanto relativamente barata como lo suficientemente calificada, no será capaz de compensar el creciente aumento del precio de nuestra energía, así como la fuerte reducción de esos costos en los Estados Unidos y en Norte América, en general. Ya sea que, por las razones expuestas, empresas nacionales se instalen en otros países, como que deje de entrar inversión extranjera al país, un resultado lamentable de ello será la caída en el empleo, así como la reducción de los ingresos familiares de los costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de febrero de 2013

Tema Polémico: Rostros del Subdesarrollo


Probablemente pocos hechos desnuden nuestro total y absoluto subdesarrollo como lo es el famoso tren. Todo parece indicar que pronto una nueva ruta de tren estará en funcionamiento, propiamente en la provincia de Cartago; pero la cuestión es si dicha noticia debería provocarnos alegría o satisfacción o por el contrario pena, lástima, frustración e impotencia.

Realmente resulta doloroso pensar que la basura (literalmente basura) europea (propiamente la española) sea recibida con bombos y platillos en nuestro país. Es decir, las locomotoras que ya no sirven en el primer mundo (debemos aclarar que en el barrio pobre del primer mundo), son el alivio y salvación de los pobladores del tercer mundo. Pocas veces el famoso dicho: “la basura de unos puede ser el tesoro de otros” se puede apreciar en toda su dimensión como en el presente caso.

Esta situación, es simplemente un síntoma más de la decadencia total en la que se encuentra sumergido el Estado costarricense. Un estado atrofiado, inútil y paralizado. Un Estado que no es capaz de afrontar los retos que plantea el siglo XXI, un Estado que con cada día que pasa pierde mayor competitividad a nivel mundial, con la consecuencia lógica que esto significa en el empeoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

Así, mientras los pobres ticos nos alegramos con ser el centro de reciclaje de las locomotoras europeas, y con viajes de hasta treinta minutos para un par de kilómetros, nuestros vecinos panameños avanzan a pasos agigantados para la construcción de su metro, reír o llorar he ahí nuestra encrucijada…