El acuerdo entre el gobierno y el PAC para aumentarles los impuestos a todos los costarricenses resultará nefasto para las oportunidades de generar riqueza, empleo, crecimiento y un mejor futuro. Por el contrario, el PACquetazo de impuestos nos hará perderle aún más el paso a las naciones que, desde hace años, vienen apostando al progreso.
Como si fuera poco que el pacto se llevara a cabo de forma secreta, los puntos acordados y posteriormente plasmados en el proyecto de ley Nº 18.261, “Ley de Solidaridad Tributaria” no son, para nada solidarios, muchas veces risibles y, en todo momento, lamentables. Lo cierto del caso es que, a pesar de ser verdaderas estupideces, contrarias a toda lógica y a todo intento de progreso, varios partidos políticos aprobaron una moción para darle a ese expediente un trámite rápido, de forma que, antes del mes de Diciembre, tendremos que pagar más por prácticamente todo.
Vamos a analizar los principales puntos que plantea el proyecto de ley. Sin duda, el más serio es el del IVA, pues con la conversión del impuesto general de ventas en impuesto al valor agregado y el aumento de su tasa de un 13% a un 14%, el bolsillo de los costarricenses se verá duramente golpeado. Únicamente estarán exentos de pagar el 14% los cortes y teñidos de cabello, los pagos para licencias de conducir, la reparación de motocicletas y la jardinería. Así que las visitas al médico, al dentista, al contador, al electricista, al constructor, al guarda, al zapatero, al lechero, al abogado, al mecánico, al psicólogo, al terapeuta, al gimnasio, a la pedicurista y manicurista nos saldrán mucho más caros.
También tendremos que pagar más por el destape de cañerías, el servicio doméstico, el fumigador, el servicio de arreglo de canoas, pintura, decoración, remodelación, las revistas hasta la casa, el gas, el cable, el internet, el correo, el lavado de carros, el servicio de soldadura, el catering o el alquiler de locales comerciales, casas, etc. La lista es interminable y abarca todo aquello que no esté en la reducida lista de exoneraciones que mencionamos en el párrafo anterior. Gracias a esto, el golpe asestado será fatal para el bolsillo de millones de individuos en el país.
A eso hay que agregarle que todo lo que el Gobierno no considera productos de la canasta básica a bienes como la maracuyá, los frijoles blancos, los calamares, el pulpo, toda la ropa, los ganchos para limpiar, las navajillas y la crema de afeitar, los condimentos y muchos otros que los consumidores normalmente compramos. La lista de bienes y servicios exentos apenas es de 233, por lo que los costarricenses tendremos que hacer cuentas para ver si nos alcanzará el dinero para adquirirlos o, por el contrario, tendremos que olvidarnos de ellos y recordar los tiempos de bonanza donde podíamos costearlos.
Pero aquí no acaban las malas noticias. Aspirar a tener educación privada o recibir servicios de salud le costará un 2% más caro (eso sin contar que la redacción del proyecto no es clara para saber si al precio habrá que sumarle el 14% del IVA, lo que haría que esos servicios incrementen su costo en un 16%).
Gracias al PLN y al PAC, el 85% de los costarricenses que hoy día no tienen educación universitaria verán seriamente obstaculizadas sus oportunidades de aspirar a un mejor futuro, pues ese impuesto se trasladará directamente a su matrícula, encareciéndola sensiblemente. También los asegurados tendrán que sacar más dinero de la bolsa si quieren ir al médico. De lo contrario, tendrán que unirse a la lista de más de 22.000 pacientes que esperan servicios de atención en la CCSS y armarse de paciencia, a la espera de que le asignen su cita en un plazo no menor de 2 años.
Nótese que, hasta acá, el grueso del proyecto de “Solidaridad Tributaria” recaerá en la clase media. No en los pobres que, por su nivel de ingreso están exentos del impuesto de renta y tienen pocos recursos para consumir bienes y servicios. Tampoco lo sentirán los ricos, pues un aumento de ese calibre es insignificante para muchos de ellos, aunque si serán golpeados cuando quieran ahorrar e invertir, lo cual posiblemente los moverá a llevarse su dinero a otro lado.
Incluso, el mismo Ministro Herrero ha reconocido, tanto en medios de prensa como frente a los propios Diputados, que el peso de este paquetazo de impuestos caerá, fundamentalmente, en el IVA. Recientemente, dijo que el 70% de los recursos que espera recaudar con el proyecto, provendrán de ese impuesto, mientras que los impuestos para “los ricos” serán absurdos: el de los carros de lujo representará el 0.3% y el impuesto a salarios mayores a los ¢4 millones, el 0.001%.
No obstante, el PAC y el PLN insisten en decirle a los costarricenses que este paquete de impuestos es progresivo, que los ricos pagarán como ricos y que se protege a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, cuando se revisan los cambios en el impuesto de renta, es claro que los tractos por los que se pagan no varían. En otras palabras, es falso que los ricos pagarán como ricos y que se protege a los demás sectores: la clase media y la que aspira a serlo, serán las más golpeadas.
No obstante, algunos de los nuevos tributos sí van dirigidos a los más ricos, pero con consecuencias serias para la clase media y baja. El nuevo proyecto gravará, con renta mundial y con impuesto a las utilidades a las grandes empresas. Renta mundial significa que todas las riquezas generadas en cualquier parte del mundo, que sean repatriadas a Costa Rica, tendrán que pagar un impuesto. Y el impuesto a las utilidades y dividendos no es otra cosa que un tributo sobre las ganancias. En estas circunstancias ¿cuál empresa deseará invertir en Costa Rica? Si nadie quiere invertir, no se generará empleo, el encadenamiento productivo será nulo y, al final, miles de personas que podrían beneficiarse, directa o indirectamente, con esas empresas, perderán su trabajo. Aspirar a generar riqueza en Costa Rica será un sueño de opio, casi tan inalcanzable como ver a Cartago campeón.
Lo mismo pasará con el impuesto a las zonas francas. El pacto entre el PAC y el PLN promueve un impuesto de 15% a los dividendos distribuidos de las empresas ubicadas en esos regímenes, al tiempo que faculta a las municipalidades a cobrarles impuesto territorial. Mientras nuestros vecinos Panamá y El Salvador están haciendo todo lo posible para atraer inversión, nuestro Gobierno la ahuyenta. Y con esas empresas se irán miles de empleos, al igual que las aspiraciones de miles de costarricenses que quieren un mejor futuro y una mayor calidad de vida.ç
Ni qué decir de las PYMES. A pesar que están presentes en todos los discursos, el Gobierno no sólo no ha hecho nada para reducir o simplificar la tramitología que las ahoga por cuanto les consume tiempo y dinero, sino que ahora pretende aumentarles en un 50% el impuesto sobre la renta que tendrán que pagar (pasaría de un 10% a 15%). Aunado a ello, los bienes y servicios que adquieran o que necesiten para su actividad, estarán más caros por el IVA, todo lo cual les restará competitividad y hará desaparecer a muchas de ellas. Una vez más, el empresario será atacado hasta que claudique y deje de generar beneficios.
A todo esto hay que sumarle el impuesto a los carros de lujo. El Gobierno aduce que un carro que valga más de ¢18 millones es de lujo, por lo que tendrá que pagar un 50% más de impuestos. Eso significa que, además de los grandes 4x4 y los vehículos deportivos, los pick ups que se requieren para el trabajo y la agricultura o los vehículos híbridos o eléctricos, serán más caros.
Nuestro Gobierno nos obligará, entonces, a transitar en vehículos viejos, con menos condiciones de seguridad, comodidad y eficiencia. Cortará de tajo las aspiraciones de quienes trabajan para comprarse un carrito nuevo y de los agricultores que desean un mejor vehículo para su trabajo. También obstaculizará la consecución de la meta que la misma Administración Chinchilla Miranda se ha fijado: ser carbono neutral. Los vehículos híbridos o eléctricos, que contaminan menos y protegen el ambiente, ya cuestan hoy más de ¢18 millones. Sumándole el impuestazo, es evidente que nadie los comprará.
Y a todo esto le falta una cosa más. Cuando la excusa es solventar el déficit fiscal, dentro del proyecto de Solidaridad Tributaria, solo se encuentran formas de obtener más recursos por medio de más impuestos, pero no hay absolutamente nada sobre la contención del gasto. Nuestro Gobierno no se compromete a reducir la planilla estatal, el despilfarro, la ineficiencia, las transferencias clientelistas, la corrupción, el favorecimiento de amigos; mucho menos a contener la evasión fiscal (que ronda el 4% del PIB) o a cerrar instituciones que no funcionan. Lo que pide es más dinero sin tapar los grandes huecos por donde se van los recursos de todos los costarricenses.
En definitiva, este paquetazo de impuestos solo será solidario con los políticos irresponsables que desperdiciaron el dinero de los costarricenses y con los burócratas a los que se les aumentó y aumentará su salario.
