Poco después de que el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela expresó que la recaudación fiscal en los países del área centroamericana era demasiado baja y que Estados Unidos no estaba dispuesto a aumentar los desembolsos que efectúa para los programas de seguridad en Centroamérica, principalmente dirigidos al combate contra el narcotráfico, la propia Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, propuso que los empresarios y las clases acomodadas de la región pagaran “su parte de los impuestos” para financiar la seguridad, específicamente, para la lucha contra el crimen organizado, que sabemos se refiere fundamentalmente a la lucha contra el narcotráfico.
Debemos irnos concientizando que muy difícilmente se podrá tener éxito en la lucha contra el narcotráfico, tal como lo muestran los resultados habidos hasta el momento, en tanto los Estados Unidos (entre otros países desarrollados) continúen siendo el principal consumidor y su mercado sea “ilegal”, provocando que haya enormes, pero enormísimas, ganancias a los carteles de la droga que están dispuestos a incurrir en los costos que sean necesarios, con tal de poder operar en ese hoy tan lucrativo mercado.
Muy posiblemente la difícil situación fiscal de los Estados Unidos y los pocos prospectos que hay “de ganar esa lucha”, hayan hecho que esas autoridades quieran ahora que los centroamericanos también compartan los enormes costos de ese programa de combate al narcotráfico proveniente del sur de aquella nación. No quiero ser dramático y alegar que, además de poner los muertos, como ahora sucede en México, también quieran que nuestros ciudadanos paguen su decisión de ilegalizar el consumo de drogas en los Estados Unidos, causa fundamental de las enormes ganancias del narcotráfico. Prefiero no proceder en esta línea para mi comentario y, más bien, en esta ocasión me referiré a la pretensión de que seamos los ciudadanos de Centroamérica quienes paguemos más impuestos en nuestros países, para coadyuvar a resolver las necesidades que tiene el gobierno de los Estados Unidos de solucionar sus problemas internos de consumo de drogas.
Esta nueva intención que se nos quiere imponer -albarda sobre aparejo- además de la que está en proceso en el país de parte de su Gobierno para aumentar los impuestos sobre la ciudadanía, especialmente en momentos en que la actividad económica nacional no es nada boyante, resulta inaceptable.
Llama la atención lo que dijo el señor Valenzuela, refrendado luego por la señora Clinton, de que los empresarios y los ricos centroamericanos deberían pagar más impuestos, pues su carga tributaria, en palabras del señor Valenzuela, era demasiado baja.
Me atrevo a afirmar que, cuando dijo eso, posiblemente sí tenía en mente los enormes problemas fiscales de su país, ante lo cual pretende ahora tener acceso a una nueva base tributaria –Centroamérica- que le permita financiar los objetivos de su Estado nacional, pero posiblemente no tuvo en mente que, al menos en Costa Rica, muchas empresas de su país se ubican en zonas francas en las cuales, y en contraste con el resto de las empresas ubicadas fuera de ellas -empresas tanto propiedad de nacionales como de extranjeros- no tienen que pagar el elevado impuesto sobre sus utilidades, que sí deben pagar rigurosamente las ubicadas fuera de la zonas francas.
El angurriento Estado costarricense, al exonerar del impuesto sobre la renta a las empresas de zonas francas, a perpetuidad por el momento, se le hace necesario y relativamente fácil redirigir sus ímpetus tributarios gravando aún más al resto de los costarricenses, mediante las más diversas formas imaginables. Esos recursos así obtenidos, incluso los puede emplear en sus propósitos de gasto que muchas veces incluyen el suministro de servicios y recursos demandados -afortunadamente- por las empresas que se ubican en las zonas francas. El señor Valenzuela posiblemente sabe que esas empresas exentas ubicadas en zonas francas contribuyen a que él pueda afirmar que hay países de la región en los cuales la carga tributaria es demasiado baja, pero también no dudo que tiene presente que esas mismas empresas estadounidenses ubicadas en nuestras zonas francas, sí pagan los elevados impuestos que sobre las utilidades de las empresas se cobran en los Estados Unidos, una vez que repatrían sus ganancias hacia aquella nación.
Una solución financiera parecía haber surgido en el seno de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, en donde participaron diversos presidentes del área, quienes, como buenos políticos que son, rápidamente aprobaron aumentar los impuestos, pero algo les iluminó de pronto, como para que algunos afirmaran que veían poco viable el aumento de tributos allí propuesto. La solución no se hizo esperar: El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que además de otros entes similares, estuvieron dispuestos a abrir líneas de crédito multimillonarias para que los países de Centroamérica las utilizaran en la financiación de esa lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Claro que, al fin de cuentas, alguien tendrá que pagar esos préstamos –principal e intereses- y sabemos que recaerá en parte alícuota sobre los futuros paganinis costarricenses. Tendremos que pagar los préstamos que se usarán en resolver los problemas derivados de una lucha que el gobierno de los Estados Unidos parece tener perdida, dadas su políticas internas sobre los mercados de drogas.
Debemos irnos concientizando que muy difícilmente se podrá tener éxito en la lucha contra el narcotráfico, tal como lo muestran los resultados habidos hasta el momento, en tanto los Estados Unidos (entre otros países desarrollados) continúen siendo el principal consumidor y su mercado sea “ilegal”, provocando que haya enormes, pero enormísimas, ganancias a los carteles de la droga que están dispuestos a incurrir en los costos que sean necesarios, con tal de poder operar en ese hoy tan lucrativo mercado.
Muy posiblemente la difícil situación fiscal de los Estados Unidos y los pocos prospectos que hay “de ganar esa lucha”, hayan hecho que esas autoridades quieran ahora que los centroamericanos también compartan los enormes costos de ese programa de combate al narcotráfico proveniente del sur de aquella nación. No quiero ser dramático y alegar que, además de poner los muertos, como ahora sucede en México, también quieran que nuestros ciudadanos paguen su decisión de ilegalizar el consumo de drogas en los Estados Unidos, causa fundamental de las enormes ganancias del narcotráfico. Prefiero no proceder en esta línea para mi comentario y, más bien, en esta ocasión me referiré a la pretensión de que seamos los ciudadanos de Centroamérica quienes paguemos más impuestos en nuestros países, para coadyuvar a resolver las necesidades que tiene el gobierno de los Estados Unidos de solucionar sus problemas internos de consumo de drogas.
Esta nueva intención que se nos quiere imponer -albarda sobre aparejo- además de la que está en proceso en el país de parte de su Gobierno para aumentar los impuestos sobre la ciudadanía, especialmente en momentos en que la actividad económica nacional no es nada boyante, resulta inaceptable.
Llama la atención lo que dijo el señor Valenzuela, refrendado luego por la señora Clinton, de que los empresarios y los ricos centroamericanos deberían pagar más impuestos, pues su carga tributaria, en palabras del señor Valenzuela, era demasiado baja.
Me atrevo a afirmar que, cuando dijo eso, posiblemente sí tenía en mente los enormes problemas fiscales de su país, ante lo cual pretende ahora tener acceso a una nueva base tributaria –Centroamérica- que le permita financiar los objetivos de su Estado nacional, pero posiblemente no tuvo en mente que, al menos en Costa Rica, muchas empresas de su país se ubican en zonas francas en las cuales, y en contraste con el resto de las empresas ubicadas fuera de ellas -empresas tanto propiedad de nacionales como de extranjeros- no tienen que pagar el elevado impuesto sobre sus utilidades, que sí deben pagar rigurosamente las ubicadas fuera de la zonas francas.
El angurriento Estado costarricense, al exonerar del impuesto sobre la renta a las empresas de zonas francas, a perpetuidad por el momento, se le hace necesario y relativamente fácil redirigir sus ímpetus tributarios gravando aún más al resto de los costarricenses, mediante las más diversas formas imaginables. Esos recursos así obtenidos, incluso los puede emplear en sus propósitos de gasto que muchas veces incluyen el suministro de servicios y recursos demandados -afortunadamente- por las empresas que se ubican en las zonas francas. El señor Valenzuela posiblemente sabe que esas empresas exentas ubicadas en zonas francas contribuyen a que él pueda afirmar que hay países de la región en los cuales la carga tributaria es demasiado baja, pero también no dudo que tiene presente que esas mismas empresas estadounidenses ubicadas en nuestras zonas francas, sí pagan los elevados impuestos que sobre las utilidades de las empresas se cobran en los Estados Unidos, una vez que repatrían sus ganancias hacia aquella nación.
Una solución financiera parecía haber surgido en el seno de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, en donde participaron diversos presidentes del área, quienes, como buenos políticos que son, rápidamente aprobaron aumentar los impuestos, pero algo les iluminó de pronto, como para que algunos afirmaran que veían poco viable el aumento de tributos allí propuesto. La solución no se hizo esperar: El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que además de otros entes similares, estuvieron dispuestos a abrir líneas de crédito multimillonarias para que los países de Centroamérica las utilizaran en la financiación de esa lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Claro que, al fin de cuentas, alguien tendrá que pagar esos préstamos –principal e intereses- y sabemos que recaerá en parte alícuota sobre los futuros paganinis costarricenses. Tendremos que pagar los préstamos que se usarán en resolver los problemas derivados de una lucha que el gobierno de los Estados Unidos parece tener perdida, dadas su políticas internas sobre los mercados de drogas.
Jorge Corrales Quesada
