La columna de Carlos Federico Smith: ICE mete las de andar

El ICE puso un campo pagado en el periódico La Nación el 6 de agosto, como respuesta a diversas opiniones recientes expresadas en dicho medio acerca del ICE.  

En dicha opinión, el ICE divulgó que “su costo de generación es de 4,21 centavos de dólar por kilovatio, frente a 8,2 centavos de dólar por kilovatio en el caso de generadores privados,” aduciendo en dicho campo pagado que “es falso que la participación privada abarate las tarifas eléctricas.”

Esa información destinada a mostrar un costo comparativo inferior de la producción de electricidad del ICE vis a vis la privada, tuvo un rebote inesperado contra el propio ICE, pues reveló que su costo de producción era de 8,2 centavos de dólar, mientras que el costo promedio de la electricidad cobrado a los usuarios es de 16 centavos de dólar. Esto se informa en un artículo de aquel medio, titulado “Empresarios usan dato del ICE para pedir rebaja en luz: Cámara de Industrias presentó solicitud a la ARESEP.”

Ante ello, la Cámara de Industrias, con la nueva información brindada en ese campo pagado, estimó el costo promedio del kilovatio, pues el ICE aporta un 80% de la producción nacional y el sector privado un 20% y dados los costos comparativos señalados de $0.0421 el kilovatio del ICE y de $0.082 el costo del kilovatio producido privadamente, daría un costo promedio ponderado del kilovatio del ICE de $0.0499. Pero, el precio promedio que cobra el ICE, según la Cámara de Industrias, es de $0.16 (poco más de tres veces su costo promedio: 3.2 veces).

Si al costo anterior se le suman “los importes de generación, transmisión y distribución, el costo promedio que se debería de cobrar” -por aquello de que, según la ley 7593, en lo pertinente a servicios regulados, las tarifas se fijarían al costo- “se acerca a ocho centavos de dólar”, lo cual es la mitad del cobro promedio que practica el ICE.

De forma que, ni lerda ni perezosa, la Cámara de Industrias le solicitó a la ARESEP reducir a la mitad de la tarifa eléctrica que cobra el ICE. No se sabe nada de la resolución de la ARESEP, que se supone ya debería de haberse definido para ver si procede su aceptación. Posiblemente el escéptico dirá que “estamos soñando” que se vaya a lograr tal reducción, pero, al menos, sabemos mejor qué tan caro nos sale el cuasi-monopolio eléctrico (el ICE es el mayor productor de energía eléctrica del país), que muchos nos vemos, de hecho, obligados a consumir y a pagar ese alto precio.

Esperamos conocer el desenlace de la solicitud de la Cámara de Industrias, ante la cual nosotros, y los medios de comunicación, debemos de de estar atentos, pues el tema reviste enorme importancia no sólo para el ICE, sino para sus consumidores, cuyos presupuestos para la electricidad se han visto crecientemente aumentados en momentos recientes.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: aumento en los peajes

La Nación del 25 de noviembre nos trae una información, que, a la vez que nos causa dolor por el ataque a nuestros bolsillos, es un ejemplo risible de la incapacidad del estado para siquiera aumentar los pagos de los peajes, en lo que posiblemente es necesario debido a mayores costos de mantenimiento de las vías. El artículo de aquella fecha está encabezado por “CONAVI pide fuerte alza en peajes de cuatro rutas: Desde hace 13 años no aumentan tarifas.”
 

Resulta que el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI),  de infausta memoria, le pidió a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), también de memoria no muy grata, un pequeño aumento en los peajes de cuatro de las principales rutas del país; esto es, la Florencio del Castillo (entre San José y Cartago); la 32 o Braulio Carrillo (entre Limón y San José); la Bernardo Soto (entre San Ramón y Alajuela) y la General Cañas (entre Alajuela y San José). Todas para la ida y para la vuelta, por si acaso…

Vean los incrementitos que se proponen: Entre Cartago y San José y viceversa, por ejemplo, los choferes de los carros pasarían de pagar ₡75 a ₡285 (un aumento del 380 por ciento), tarifa tan sólo para el primer año, pues en los siguientes 4 años aumentaría entre ₡40 y ₡25, para concluir con un costo del peaje de ₡430 (o sea, de hoy a finales del quinto año pagaríamos un aumento del 573%.)  No. No estoy bromeando: el estado halló así de fácil un nuevo tesoro de la Isla del Coco aquí entre Cartago y San José: las fauces del estado, ambiciosas y sedientas de mayores impuestos, se han quedado babeando ante el hallazgo de una nueva fuente de recursos.

El insaciable estado no se queda con ese aumento en el peaje Cartago-San José y viceversa. Vean la carretera Braulio Carrillo. El aumento propuesto para los vehículos comunes y corrientes ascendería de ₡250 a ₡1.980 en el primer año (o sea, un módico incremento del 792 por ciento), pero, como vienen otras alzas a plazos, aumentarían anualmente hasta llegar a ₡2.200; es decir, un ligero incremento de apenas del 880 por ciento (deberían de haber redondeado y pedir uno del 1.000 por ciento, pues suena más bonito para el bolsillo insondable del estado).

Veamos el nuevo peaje para automóviles en la ruta Bernardo Soto. Pasaría de ₡150 a ₡970 en el primer año (un alza del 647%) y luego crecientemente hasta llegar en cinco años a ₡1.225 (un incremento de apenas el 817 por ciento).  Esto tanto de ida como de vuelta.

Finalmente, el peaje para los carros que transitan en la vía General Cañas (San José- Alajuela y a la inversa) pasaría, en el primer año, de ₡75 a ₡270 (un alza del 360%) y gradualmente con aumentos al final de 5 años llegaría a ₡390 (un alza del 520 por ciento; milagro: el menor aumento…un 520% en comparación con todas las otras… poca cosa). 

Todos estos datos son tan sólo para el caso de los vehículos livianos; o sea, los carros comunes y corrientes. Para motos los aumentos serían aún mayores y me imagino que también aumentarán en proporciones similares para buses, furgones y vehículos medianos. Así, por ejemplo, sólo para la ruta a Limón y en el primer año el peaje para las motoso pasaría de ₡50 a ₡960; un alza del 1.920 por ciento, comparada con la de carros que se elevaría en el primer año en un 792%). Alzas para los peajes de las motos porcentualmente mucho mayores se darán para las otras carreteras de peaje

Verdad que tanta voracidad da cólera.  Es una de las brillantes medidas para aumentar los ingresos del estado gastón.

Esto refleja a la vez la inutilidad de los gobiernos de aplicar los aumentos que se deberían de haber hecho durante los 13 años en que no los hicieron, estos debido a razones lógicas como presuntos mayores costos de mantenimiento. Porque no es cierto que los aumentos deban cubrir otros costos distintos a los de manutención, pues es de suponer que la tarifa inicial cubriría los costos de recuperación de la inversión y que los aumentos ulteriores solo sirvieran para cubro los incrementos en los costos de conservación de las vías.

Estos abusos y barbaridades molestan tanto, que mejor no escribo nada más.  Que los lectores y quienes deben pagar por los peajes, sean los que juzguen estas intenciones, que son desaforadas, abusivas e irresponsables.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: depende de qué tipo de control

En mucha ocasiones es importante definir cuál es el tipo de control que se pretende lograr de la acción de una entidad, a fin de considerar si es conveniente. Trataré de un caso concreto, que fue objeto de un artículo en La Nación titulado “Acueductos rurales del país operan en completo descontrol: Entes privados administran el 25% del agua del país, mas no hay registro de sus servicios.”

Francamente el que una entidad no lleve registro de los servicios que llevan a cabo ciertas entidades privadas, nos debe de tener sin cuidado, pues nada nos está garantizando que, lo que pretende esa entidad, es lo más conveniente para los intereses de los usuarios finales, los consumidores.  Ese es el primer matiz que le doy a mi comentario: Todo depende de si se sabe, tal vez de previo, para qué es que se quiere implantar un control de parte del estado, y así evaluar si el control pretendido es deseable. O sea, ¿qué se pretende con el “control”?

Un subtítulo de ese artículo dice: “Estado ignora el número de clientes y las tarifas de 1.500 sistema comunales”. Si eso es así, tal vez lo mejor es como están las cosas. Imagínese que la burocracia centralizada quiera saber cuántos clientes hay para hacerles la vida más infeliz. Además de que se dependa de un ente extraño para los ciudadanos, ubicado por allá en Pavas, bien lejos de la comunidad que sí está cerca del servicio. Mejor que, entonces, no sepa aquellas cosas. También podría ser que al ente central no le parecen las tarifas que por el servicio de agua se cobran en las comunidades, ya sea porque son muy elevadas, según su criterio, o bien porque son bajas en comparación a lo que cobra el ente central. Puede ser que lo que pretende es acabar con una actividad rentable y apropiada que puede brindar un servicio de la comunidad; esto es, acabar con la competencia. Así que, hay que andar con mucho cuidado: el centralismo puede resultarle muy caro a quien adquiere un servicio en su comunidad, el cual le satisface en cuanto a calidad y precio.
 

La pretensión del estado la puede reflejar la opinión de un funcionario de la ARESEP, quien expresa que “el desorden y la falta de armonía entre esos entes privados y el Gobierno ha hecho que el 40% de los acueductos opere ilegalmente sin haber firmado el convenio de delegación con el AyA.” Pregunto ¿por qué tiene que ser “armoniosa la relación entre una parte privada y el estado?  Puede ser de sana independencia, hasta de indiferencia y, si a alguien se le ocurre, también puede ser de “dejadme hacer, dejadme pasar,” como tantos han clamado en el pasado. Ese 40% sobre el cual el estado pretende concentrar información acerca de la calidad del servicio, son 28 acueductos municipales en operación, en conjunto con las asociaciones administradoras de acueductos rurales, mejor conocidas como ASADAS.
 

Alguien podrá señalarme, no sin cierta razón, que AyA es un órgano técnico especializado en el servicio de agua, mientras que esos entes privados no brindan la mejor calidad de un producto.  Eso puede ser cierto, pero también hay que entender que tener una mejor calidad de algo puede requerir un mayor precio y, por tanto, el consumidor, libre y soberanamente, puede preferir tener una menor calidad pero a un menor precio. Asimismo, alguien podrá señalarme que AyA es muy eficiente en comparación con la producción de las ASADAS y municipios, pero en esto también me salta una seria duda, cual es el enorme desperdicio de agua que hay en la provisión que, a gran parte del país, nos brinda el AyA, así como también inquieta la muy elevada tarifa que se nos ha cobrado en los últimos años, lo cual, sin duda, ha afectado principalmente al presupuesto de los hogares de ingresos medios.
 

En apariencia el problema del manejo del servicio de agua de parte de las comunidades radica en dos partes.  Primera, que la calidad de esa agua es inferior a la que brinda el AyA. Pero aquí debe tomarse en cuenta aquella relación que expuse entre calidad y precio, aunque, en este caso, señala el periódico que, de acuerdo con la ARESEP, la “debilidad más frecuente [de las ASADAS] es la cloración inadecuada.” Aceptemos que, en principio, clorar el agua es deseable y que la no cloración da lugar a que se presenten enfermedades bacterianas y virales que contagian a otras personas distintas de las que toman agua no clorada (en el lenguaje de los economistas, que hay una importante externalidad negativa por ese suministro de agua no clorada). Pero tal situación no es razón necesaria ni suficiente para que las ASADAS y los servicios municipales de agua dejen de existir como tales. Para esta circunstancia, más bien pensaría en un programa conjunto de asistencia técnica del mayor ente gubernamental en asuntos de aguas, el AyA, con las entidades locales, en cuanto a la conveniencia de que los ciudadanos puedan contar con agua clorada. Y punto; nada más.
 

El otro tema argüido para tratar de cierta manera de obligar a cierta conducta de las ASADAS y las municipalidades, es que las administraciones de éstas son un desorden.  Eso puede ser así: después de todo, esos servicios municipales y las ASADAS suelen brindarlos en áreas relativamente remotas, probablemente con gente que no es de la más preparada técnicamente, usualmente a causa de disponer de menores recursos y de tener poca preparación en lides burocráticas. Pero no es razón para creer que el resultado sería mejor si se les sujeta a un reglamente que puede alterar la independencia de una empresa privada, como lo es la ASADA, ni tampoco de un gobierno de un nivel “inferior” al del centralizado AyA.
 

De nuevo, si hay tal vacío de calidad administrativa, ¿por qué no ofrecerle a las ASADAS y a los municipios un acuerdo para trasmitir la técnica mejor que supuestamente posee AyA? Las partes, hablando, se entienden. No puede ser algo unilateral, sino de beneficio mutuo.

Hay una cosa importante que se debe tener presente: la competencia beneficia a los consumidores.  Si, por ejemplo, AyA ofrece un mejor servicio (digamos con un mejor tratamiento y con cloración) y que tal vez tenga un precio aceptable para los consumidores actuales del servicio privado de las ASADAS y de las Municipalidades, no dudo que gente pueda decidirse por aquello que le ofrezca la mejor relación precio-calidad y oportunidad o permanencia del servicio: la gente no es tonta; podrá no saber de administración profesional, pero suele saber, tanto como cualquiera de nosotros, qué es lo que les conviene. La gente lo que debe de tener siempre es la opción de poder escoger y así “votar” con su consumo qué es lo que prefieren ellos y no un burócrata que posiblemente conoce menos que la totalidad del mercado.
 

Cuando hablo de competencia, me llama la atención que, en estos momentos, está en discusión legislativa “un proyecto de ley para permitirles a las cooperativas vender agua y asumir las ASADAS que no dan la talla.” Es absolutamente un ridículo que actualmente exista tal prohibición: la regla debe ser permitir todo, y que se prohíba lo estrictamente necesario. ¿Por qué razón no pueden ser una competencia para el AyA? ¿Por qué prohibirle a las empresas cooperativas, al igual que las ASADAS, que son empresas privadas, que cualquiera otra empresa privada pueda servirle a los consumidores? ¿Por qué sólo un estado centralizador puede brindar ese servicio? Es más, ¿por qué evitar el acicate de la competencia que obligue al AyA a innovar en sus prácticas?
 

Por eso es que entiendo la posición del señor Rolando Marín, de la Unión de Acueductos Comunales (UNAGUAS), del cantón de Grecia, al señalar que “el sector nunca ha aprobado el reglamento de ASADAS (vigente desde el 2005), pues es abusivo, les limita, controla y los ‘trata’ como entes públicos”, que no lo son.  Ese reglamento lo elaboró el AyA y gran parte del problema es que pretenda su imposición a los otros entes que suplen de agua al país. Me parece que hay conciencia en que estos obtengan asesoría administrativa y técnica, pero a su vez que tienen razón en clamar por tener un espacio para sus decisiones y no la sujeción a un ente centralizador. La competencia debe siempre ser bienvenida, Ojalá que las cosas mejoren para bien de los usuarios, los consumidores, que son quienes importan y no las burocracias, estén donde estén.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: continúa el desperdicio de recursos públicos

He dedicado varias columnas previas al desperdicio de recursos de parte del estado costarricense.  En esta ocasión presentaré más casos de expensas públicas, que habrán de ser cubiertas por la ciudadanía, ya sea mediante impuestos, alzas en las tarifas de servicios públicos, el endeudamientos estatal o por inflación.

Primero. Una reciente resolución de la Sala Constitucional. Dicho tribunal fijó un tope de ¢1.4 millones a las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, sistema que cubre la mayor parte de las pensiones del país. Es interesante ver que la resolución dejó abierto el tope para las pensiones, en el caso de los empleados del Poder Judicial. Esto es, no afectó “a los de la casa”, a pesar de que algunas de ellas, especialmente de magistrados, que incluye a los de la propia Sala Constitucional, poseen los más elevados montos  de pensión en el país.  Agregue a esto que el fondo de pensiones del Poder Judicial se encuentra en un estado casi de quiebra, a no ser que, como posiblemente sucederá, el faltante será cubierto cargándoselo a los presupuestos del gobierno.  Esto es, seríamos todos los ciudadanos los que terminaremos pagándoles su retiro a los pensionados del Poder Judicial.

Segundo. Habrán notado la publicidad de RECOPE en la televisión.  Se trata de enterarnos a los ciudadanos de lo admirable que ha sido la gestión de esa entidad en los últimos 50 años. En una primera parte de la cargada publicitaria, antes de la limitación impuesta por la Contraloría al proyecto de refinería china, se hacía alusión a ese proyecto, entonces en boga. Después del frenazo legal, en una segunda etapa la publicidad omite referirse a la muestra más reciente de incapacidad mostrada por RECOPE, en sus 50 años de existencia. Me imagino que ese cambio en la publicidad podría deberse a que a sus jerarcas les debe dar algo de vergüenza por la incapacidad con que actuaron.  Lástima que, en su propósito de enmienda disfrazado, no aprovecharon para hablarnos de los privilegios de una convención colectiva que hoy pagamos todos los ciudadanos, ni tampoco de cómo los impuestos sobre los combustibles han hecho de RECOPE una simple caja chica para el estado costarricense, ni tampoco, por supuesto, de cómo es que al consumidor costarricense le afecta la existencia de ese monopolio gubernamental.

Tercero. Es increíble, pero de nuevo tengo que referirme al gasto de reparación de la platina. Ello porque antes, en un comentario escrito hace varias semanas en esta columna, me había referido a que el costo actualizado de la nueva reparación de la platina ascendería, según estimaciones oficiales, a la bicoca de unos $7 millones, a pesar de que las ofertas de reparación recibidas señalaban unos $8.4 millones. Lo asombroso del caso es que ahora se ha descubierto que los ingenieros y economistas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), habían dejado de presupuestar un monto de $400.000 (aproximadamente unos dos mil millones de colones), correspondientes a la partida de imprevistos.  Cualquier funcionario medianamente preparado sabe que, al formular el presupuesto de gastos de un proyecto, siempre se debe considerar una partida para imprevistos, en donde lo usual suele ser un 10% del costo del proyecto. El grosso error ha sido admitido por CONAVI, pero casi que les apuesto que nada les va a pasar a quienes lo cometieron (tal vez una palmadita en la mano, pues seremos todos los ciudadanos los que pagaremos por esa metida de patas).

Cuarto. El obispo policial. La vice Ministra de Seguridad, Marcela Chacón, le pidió al Nuncio Apostólico y a la Conferencia Episcopal, que el Papa nombrara un obispo policial, así como cuatro capellanes más para la policía nacional.  Esto en adición a un vicario general y 17 capellanes ya existentes.  Los gastos de esos nuevos funcionarios serían también cubiertos por toda la ciudadanía, a través del presupuesto de la República. ¿Será que ahora abunda la plata en el Ministerio de Seguridad proveniente del inequitativo impuesto a las sociedades anónimas, cuya recaudación estaba destinada a mejorar la seguridad ciudadana? Me parece que hay necesidades mayores en dicho ministerio o bien en nuestras cárceles, como para dedicar los recursos escasos a un asunto personal religioso.

Quinto. En la ARESEP se hacen mal los cálculos.  Resulta que a los ciudadanos se les había anunciado que en estos días habría una rebaja de ¢4 colones por litro de los diferentes tipos de combustibles, supuestamente como resultado de un estudio realizado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). La rebaja se debía a que, según nos habían dicho, la entidad se había excedido en los márgenes de utilidad regulados de las empresas distribuidoras de combustibles. Ante la justa protesta de los gasolineros por la reducción del margen de ganancias que definió la ARESEP, se descubrió que ésta había calculado mal los márgenes y que, en vez de una rebaja, lo procedente más bien era un aumento en el precio de los combustibles de ¢5 colones por litro. Esto es, el costo para los consumidores dio una voltereta de ¢9 colones adicionales por litro durante 22 meses.  Lo sucedido no es más que una muestra adicional a la chapucería con que se hacen los estudios “técnicos” en la ARESEP.

Ya los jerarcas de esa entidad han dicho que aceptan la responsabilidad por lo sucedido. ¡Qué bueno! Pero allí no deben quedar las cosas, pues los responsables de que ahora todos los ciudadanos tengamos que cargar con la incapacidad de hacer bien los cálculos, deben ser asumidos por quienes los hicieron mal. Se trata, una vez más, de una charlatanería en acción. Simplemente creen resolverla pasándoles la factura a los usuarios.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Locura por regular todo

Desde hace ya varias semanas, la ARESEP sacó una campaña en radio celebrando la labor reguladora del Estado de muchísimos bienes y servicios en la economía como si esto fuera un motivo de orgullo. Luego de escuchar esa campaña cualquiera diría que la regulación es lo mejor que puede hacer el padre Estado por nosotros y que sin ella no existirían productos y servicios de buena calidad al alcance de todos los costarricenses. Esto es muy triste pero lo más triste de todo es que una buena parte de los costarricenses se ha creído este cuento durante muchísimos años. Vale la pena analizar por qué a tanta gente le entusiasma que el Estado regule el mercado.  

Lo primero que alegan algunos es que, sin el Estado como regulador, los servicios serían de mala calidad. En ASOJOD nos preguntamos ¿De dónde sacan esas conclusiones? ¿Basados en qué criterio? Y más importante aún, ¿Qué ejemplos nos pueden brindar para respaldar esto? La verdad es que los servicios regulados por el Estado en este país distan mucho de ser considerados de buena calidad. Por ejemplo, el servicio de transporte público. El Estado se asegura que los autobuses de nuestro país cuenten con requerimientos mínimos para que los usuarios estén seguros y confortables. Ciertamente la mayoría de los autobuses de nuestro país cumplen con esas exigencias pero distan mucho ser un servicio de transporte público ejemplar. Estos requerimientos mínimos y más fácilmente los podría imponer el mercado si se permitirá el funcionamiento libre de empresas de transporte sin restricciones para ingresar a las rutas. Lastimosamente, las rutas de autobús solo pueden ser operadas por una compañía en forma monopólica. Por supuesto, el otorgamiento de estos negocios no cae necesariamente en manos de la mejor empresa sino en manos de la que tenga mejores conexiones en el Estado. 

El otro gran punto a favor de la regulación es el aseguramiento de que con la intervención del Estado los precios podrán ser accesibles para todos ¿Será esto cierto? Basta con ver el índice de precios al consumidor para darse cuenta que esto dista muchísimo de la realidad. El aumento de enero y febrero de este año fue de 2.34% que es casi la mitad de lo previsto por el Banco Central para todo el año y el principal causante de esto ha sido las fuertes alzas de los precios regulados y los servicios públicos. Estos incrementaron un 16% en los últimos doce meses mientras que los no regulados crecieron tan solo un 4%. ¿Están los más pobres a salvo con los precios regulados? La respuesta es clarísima, no. Lo que sucede es que todos los sistemas de cálculos de precios de ARESEP están basados en costos, por lo tanto, entre más costos tengan las empresas públicas y reguladas, mayor será el precio. Y al ser monopolios, las empresas públicas cada vez son más ineficientes y estas ineficiencias se trasladan automáticamente a los precios que pagamos todos los consumidores. Basta con ver el caso de mercados regulados adonde si hay varias empresas compitiendo y nos damos cuenta que la historia es otra. En el mercado de telecomunicaciones, por ejemplo, las empresas privadas que participan ciertamente han tenido conflictos con Sutel, sin embargo, estos han sido por que no se les ha permitido colocar precios por debajo de un límite impuesto por esta autoridad reguladora ¿Beneficios para los consumidores?

Finalmente, otro aspecto que muchos no se han dado cuenta es que la regulación no es gratuita. La labor de regular el mercado implica un costo para el Estado, costo que se traslada a los ciudadanos por medio de impuestos. Entonces, la regulación no solo ha comprobado ser inefectiva en beneficio tan solo de ciertos grupos de interés, sino que también es costosa y todos terminamos pagando esto. 

En ASOJOD los invitamos considerar mejor la labor del Estado como ente regulador y pensarlo dos veces antes de alegrarse luego de escuchar esa campaña de radio de ARESEP. Esa campaña de radio cuesta plata; nosotros y ustedes somos los que la pagamos y nos cuesta muy caro.

La columna de Carlos Federico Smith: ¿qué pasa en ARESEP?

La reciente renuncia de dos distinguidos miembros de la Junta Directiva de ARESEP, los licenciados María Lourdes Echandi y Emilio Arias, no debe pasar desapercibida, no sólo por tratarse de dos buenos y preparados profesionales, sino por las razones que ellos han indicado.

Señala el Lic. Arias en declaraciones a un medio escrito, que “las actuaciones de las instituciones deberían ser en respeto al interés público y, ante todo, administrar los recursos públicos con apego a la legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas. La dirección que lleva la ARESEP es errada, confusa y no cumple dicho principio”. Por su parte, la Lic. Echandi expresa que debe “dejar constancia de grandes debilidades en la gestión de la ARESEP, las cuales se reflejan en situaciones tales como una muy deficiente ejecución presupuestaria y la reiteración anual de proyectos que no terminan de cumplirse”.

Son pocos los funcionarios que suelen presentar su renuncia, al observar cómo se administra mal una institución de la cual son miembros de su Junta Directiva. Su conducta, su decisión, es ejemplar y por tanto merece que la sociedad civil le ponga atención, pues constituye una nueva luz acerca de cómo es que se hacen las cosas en ciertos feudos públicos.

Ambos ex directores mencionaron una serie de temas que desde hace un buen rato han inquietado a la ciudadanía (no necesariamente a ciertos políticos dentro del gobierno, quienes deberían de ser los primeros en interesarse). Los respetables renunciantes reiteran el desorden en ARESEP, en lo que se refiere a la creación de muchas plazas nuevas a contrapelo de las decisiones del Poder Ejecutivo de controlar el gasto público (¿será que la ARESEP tenía como un nuevo objetivo convertirse en fuente de empleo de los pega-banderas de turno?), al mismo tiempo que, bajo un presunta reorganización de personal interna, se sujetó a los miembros de la Junta Directiva a la opinión del departamento legal de la ARESEP y no de una asesoría directa e independiente (de esta manera, la única opinión legal y técnica con que contaban era la oficial de los jerarcas administrativos de la ARESEP).

Además, ya en el pasado los altos jerarcas de la ARESEP se habían otorgado aumentos jugosos de sus salarios y, en el país de la verdad-verdadera en cuanto al gasto público, en vez de reducirlo, más bien lo aumentó a mansalva. Claro, ¡como si en el país no hubiera crisis fiscal! Según leo ahora, también el gasto dispendioso se ha dado en el rubro nebuloso de las consultorías, por lo que vale la pena que se detalle en qué consisten estas erogaciones, que es una forma por la cual ahora dentro del sector público se encubren gastos para que no aparezcan como salarios.

En cierto momento, cuando se denunció ante el país el caso del alquiler de un lujoso y amplio edificio para la ARESEP, lejos del alcance de la ciudadanía y en condiciones que en dicha ocasión se cuestionaron ampliamente, abrigué la esperanza de que las autoridades de control intervendrían, investigando el negociado, pero, aparentemente no es sino hasta hace poco que han decido investigar al menos parte de lo sucedido en ARESEP, en cuanto al tema presupuestario, Pero no sabemos nada en lo que trata de las nuevas y lujosas instalaciones a las que simplemente la ARESEP decidió trasladarse. Ahora parece que el desorden administrativo también se presenta en cuanto al alquiler del anterior edificio, ubicado en las inmediaciones de La Sabana. No quiero pensar que ahora no se investigan las cosas, simplemente porque las nuevas instalaciones de la ARESEP quedan muy lejos de la Contraloría.

El desorden en la ARESEP no llega hasta aquí. Al día siguiente de haberse conocido la renuncia de esos dos directores, en el mismo medio que las dio a conocer se informa que esa institución tiene un superávit acumulado de ¢9.338 millones. Recuérdese que la principal fuente de ingresos de ARESEP es el cobro de cánones a los entes que regula, que se supone debería ejecutar en diversos proyectos. Dichos cánones forman parte luego del precio que la ARESEP le autoriza a sus regulados cobrar a los usuarios.

Pero la ARESEP está obligada a operar bajo el principio del servicio al costo, según lo había expresado anteriormente la Contraloría General de la República, de manera que ARESEP está obligada a retornar a los usuarios de los servicios, el excedente entre los ingresos por cánones y lo que gasta. Aquí salta una clara divergencia entre lo que dice el auditor interno de ARESEP, en cuanto a la devolución de dichos excedentes y lo que dice la administración de ese ente. Mientras este último indica que la institución ha cumplido con dicha devolución, el auditor interno, en un informe a noviembre del 2011, señala que no ha sido así y, expresa el artículo de La Nación, que el auditor interno, señor Luis Fernando Sequeira, dice que “el rembolso que ha hecho la Autoridad en los últimos cuatro años es mínimo… En el año 2008, la devolución fue de ¢73,8 millones frente a ¢330 millones de superávit. Al año siguiente se devolvieron ¢85.2 millones de ¢730 millones de superávit…Posteriormente no se registran más devoluciones”.

Me imagino que parte de las razones de la renuncia de los dos directivos antes mencionada se debe a la falta de claridad en situaciones como la expuesta, pues a diferencia de lo que dice el Auditor Interno de la ARESEP, el Regulador General insiste en que el superávit siempre se devuelve, aunque luego acepta que “hay mucha razones por las cuales (el superávit sigue acumulándose)” y luego agrega, “Acordate que no siempre gastar es bueno”. Si aceptamos esto último, ello no significa que entonces, no se nos devuelva a los usuarios lo cobrado de más. No se trata de que se considere un pecado el que no se gaste ese dinero, como dice el Regulador. Se trata de que, en vez de que lo gaste el Estado (o la ARESEP), se devuelva ya, sin darle más largas al asunto, a manos de los ciudadanos, quienes hemos sido los que lo hemos venido pagado, mediante los precios más altos de los bienes regulados que nos ha impuesto la ARESEP.

Todas estas cosas, expuestas en las renuncias dignas de los licenciados Arias y Echandi, deben ser aclaradas pronto por las autoridades de control, pues parecen constituir un grave daño a los ciudadanos de parte de una entidad que, se supone, fue creada para regular ciertas entidades privadas en beneficio de la ciudadanía.

Jorge Corrales Quesada

Este artículo también aparece en el foro “Políticamente incorrecto” del sitio http://latforum.org

La columna de Carlos Federico Smith: lo bueno y lo malo de ARESEP

Las actuaciones recientes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) siguen dando de qué hablar. A ello me refiero en esta oportunidad, dado el papel protagónico de esa entidad estatal en diversos asuntos que no cesan de tener vigencia.

Lo mejor que puede haber hecho la ARESEP en tiempos recientes es ordenar un trámite interno para reducir, a finales de agosto, el precio de los combustibles. Si ello se hubiera debido a un descenso en su precio internacional, tal vez la noticia sería de simple rutina, pero en esta ocasión resulta de una denuncia pública de que el monopolio de RECOPE había sobrecargado los precios, en prejuicio de los consumidores. Esto es, que el monopolio presentaba excedentes al cerrar el año producidos por un exceso de las tarifas, que la misma ARESEP había autorizado, cobrar a los usuarios. Esta maniobra ya la había demostrado públicamente el acucioso exregulador general, don Leonel Fonseca.

Afortunadamente, en esta ocasión la ARESEP se movió rápidamente y está dispuesta a poner en orden el desaguisado, ordenando restituir al consumidor el precio cobrado de más, con lo cual se espera que las gasolinas, el diesel, así como el gas licuado, se reducirán cada uno en alrededor de 63 colones.

Lo más interesante de la decisión de ARESEP es que dicha reducción se origina en que, del total que de excedentes de RECOPE por cerca de ¢65 mil millones, ¢35.5 miles de millones provienen del sobreprecio cobrado y los restantes ¢26.5 miles de millones se debe a impuestos que el Ministerio de Hacienda le retuvo a RECOPE, medida que, a juicio de ARESEP, es indebida porque RECOPE supuestamente no tiene fines de lucro. Esto último muestra varias cosas: primero, la angurria del Ministerio de Hacienda por agarrar plata de donde sea (los ciudadanos estamos haciendo fila para el paquetazo), aún cuando sea ilegal, según nos lo dice ARESEP. En segundo lugar, que se diga que RECOPE no tiene fines de lucro, me parece que desnuda una paradoja que ha mostrado a plenitud, pues precisamente lo que ha hecho es actuar como buen monopolista, extrayendo el excedente que pueda de parte de los consumidores. En tercer lugar, el día de mañana se podría utilizar este tipo de argumentación para que también a los bancos estatales y el INS se les considere como entidades sin fines de lucro y, por tanto, no deberían de pagar el impuesto sobre la renta. Puede que el señalamiento de ARSEP sea el correcto, ante lo cual habrá que esperar al día en que haya competencia privada en la importación y refinación -esto es, competencia privada para RECOPE- para que todos tengan que pagar el impuesto sobre la renta.

En todo caso, la actuación de la ARESEP, al poner orden en la política de precios de RECOPE y tratar de limitar su poder monopólico en justo beneficio de los consumidores, es una buena noticia.

Ahora lo malo. ARESEP alquiló un nuevo edificio, con un espacio utilizable similar al anterior, lo remodeló con el lujo usual, se alejó y aisló de la mayoría de los usuarios que acudían a sus anteriores instalaciones en las cercanías de La Sabana al trasladarse a Santa Ana (lugar de moda para entidades financieras, ¡qué caché!) y, sobre todo, ahora gasta una jugosa suma mensual por alquileres de, según me han dicho, alrededor de $125.000 (cerca de ¢62.5 millones) al mes. Como diciendo “esta mula es mi macho”, la ARESEP se trasladó e ignoraron numerosos cuestionamientos que, por tal decisión, distintos medios le hicieron. Tranquilos, ahora sólo tratan de que pase el tiempo y que los ticos “majes” pronto lo olviden. El hecho es que no explicaron claramente a la ciudadanía del por qué de tal decisión, aún cuando se trate del uso de fondos públicos.

Esa estrategia, de dejar que las cosas pasen, ha estado presente en la reciente decisión tomada por ARESEP, de aumentar los salarios de los “mal pagados” altos funcionarios de la entidad. Ese aumento, cercano a un 10%, probablemente eleve algunos salarios mensuales a 5 o 6 millones, lo cual servirá de acicate para que funcionarios equivalentes en otras entidades del Estado se vean estimulados para pedir que se les pague lo mismo ¿o tal vez un poquito más? Ya vemos cómo en el INS se aprobaron recientemente otros aumentos salariales, que los acercan a lo que van ahora a ganar en la ARESEP.

Aunque doña Laura nos haya dicho que frenará el aumento en los gastos corrientes y principalmente en las remuneraciones de altos funcionarios en el sector público, en especial a la luz de la próxima ejecución tributaria que en la Asamblea Legislativa se planea contra la ciudadanía, por medio de un paquete tributario presentado ante ella por el Poder Ejecutivo, parece que a la Presidenta ciertos funcionarios gubernamentales no le quieren hacer caso, ¿o será que doña Laura dijo eso para salir del apuro, engañando a los ilusos quienes creímos que efectivamente frenaría en algo el excesivo gasto estatal?

Como reina el silencio acerca del aumento salarial de los altos jerarcas de la ARESEP, debo creer que todo está consumado, que el aumento a los “porecitos” burócratas va y que el esfuerzo firme para reducir el gasto público que nos había dicha Doña Laura, era simplemente pura paja.

Flash Legislativo

Este miércoles, los Diputados del Movimiento Libertario presentaron formalmente ante la Contraloría General de la República, una denuncia de nulidad absoluta de los contratos de arrendamiento de un lujoso edificio en Multipark para que se trasladen la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

La denuncia incluye la solicitud de una medida cautelar urgente, con la que se pretende la suspensión de la ejecución de ambos contratos, a efectos de evitar mayores lesiones al interés público. Además, el documento indica que se prescindió del mecanismo de licitación pública sin motivo justificado, violentándose la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Esperemos que la Contraloría investigue este tema a profundidad y sancione a los responsables. No puede aceptarse que una institución pública, sin razón alguna, deje sus instalaciones para pasarse a otras mucho más lujosas y traslade los costos a los tax payers.

De acuerdo, ¡pero negociemos todo el precio!

El día de ayer, el diario La Nación publicó una noticia que revela que los taxistas están pidiéndole a sus usuarios pagar el monto del peaje. Aunque el precio del servicio de taxi es fijado por la ARESEP, los taxistas argumentan que "se puede negociar con el cliente para que -dependiendo del trayecto- este pague un porcentaje de ¢310".

Por supuesto, en ASOJOD estamos de acuerdo con esta posibilidad, pero ¡que se pueda negociar todo el precio! No se vale pedir que se negocie el pago del precio del peaje y se mantenga regulado el precio del servicio de taxi.