La columna de Carlos Federico Smith: ahorrar en el desperdicio de agua

Una publicación de La Nación del 31 de diciembre, bajo el encabezado “Enorme desperdicio de agua pone a correr al AyA: Mitad de líquido se pierde por fugas, tomas ilegales y medidores alterados,” nos muestra a plenitud el derroche del agua producida por Acueductos y Alcantarillados.

El triste antecedente es ver que muchos ciudadanos se dieron cuenta hasta hace poco de los serios problemas financieros del sistema de pensiones de la Caja (IVM), a pesar de que, desde hace mucho tiempo atrás, se habían realizado estudios serios que confirmaban tan angustiante situación. Pero lamentablemente, en aquellos momentos -hace años- no se tomaron las medidas correctivas del caso y, ahora, es urgente resolver como enfrentar un problema que se ha hecho mucho más grande.
 

Algo igual sucede con el caso del desperdicio del agua potable que sirve AyA, tanto en el Gran Área Metropolitana  (GAM), como fuera de ella. Desde hace ya mucho tiempo era conocido el problema, ante lo cual, ahora, son meritorias dos cosas: que La Nación se refiriera al enorme desperdicio y que las autoridades de AyA, a partir de este año y durante 5 años, impulsarán “un plan para reducir el desperdicio’’.  [Ojala fuera para eliminarlo, pero, si hay razones poderosos, tanto prácticas como económicas, para tan sólo reducirlo, que al menos lo sea significativamente.]
 

AyA produce 230 millones de metros cúbicos de agua para el consumo  de 1.6 millones de personas y, de acuerdo con el periódico, AyA “ha sabido que la mitad… se desaprovecha”. “Tuberías viejas, numerosas fugas subterráneas sin detectar, tomas ilegales, medidores obsoletos o alterados y la lenta atención de averías” son las causas del desperdicio.
 

Todo ello tiene un impacto financiero sobre AyA, aun cuando no se tiene o expone el monto estimado de aquél –inconcebible, ¿verdad?, porque es casi increíble que pueda acudirse a organismos internacionales para pedir fondos prestados para resolver el problema, sin saber la cuantía de los ingresos que, por el desperdicio, actualmente se dejan de percibir y que, se presume, se recuperaría total o parcialmente, como para que el préstamo para la inversión ($162 millones) sea recuperado. En la actualidad, AyA “factura ₡115.000 millones al año por el líquido que sí llega a sus 428.022 conexiones oficiales.”
 

Eso sí, se ha estimado que, con el plan propuesto, se reduzca aquel 50% hoy desperdiciado, hasta un 33%, y que aumenten sus ingresos anuales en más o menos $11.7 millones (unos ₡6.435 millones anuales). Mi regla de tres sencilla me da un número muy diferente, pero, posiblemente, estaré equivocado: si hoy en día AyA factura ₡115.000 millones al año, con una utilización del 50%, como con las mejoras consideradas se espera que la utilización sea del 67% -el 33% en que, de acuerdo con el ICE, se reduciría el porcentaje de agua sin cobrar-, esperaría que mi facturación se elevara en ₡39.100 millones; pues pasaría de ₡115.000 en la actualidad, a ₡154.100 cuando se esté desperdiciando tan sólo un 33% y cobrado el 67% de lo producido. Además, creo que “no me sale el cálculo”, porque, con esa recuperación anual de $11.7 millones de ingresos que indica el medio, para repagar sólo el principal de $162 millones, sin intereses ni comisiones, AyA (los consumidores, de hecho), tomaría casi 14 años, que no sé si calza dentro del plazo estimado de redención de la deuda.
 

Tampoco se señala si en el cálculo anterior de aumento en los ingresos, ante el ahorro en el desperdicio, AyA está considerando una reducción de las tarifas cobradas a los consumidores, tal como podríamos esperar, dada la economía lograda con la inversión.
 

Adicionalmente, la información periodística expresa algo interesante, cual es el señalamiento de don Rolando Araya, director de del Área de Desarrollo Tecnológico de AyA, de que “Hay una cultura de burlar el cobro. Enfrentamos un creciente fenómeno de alteraciones de todo tipo en medidores y tomas en barriadas y precarios, las cuales son incobrables…. Dicha anomalía ocurre en comunidades enteras donde hay grupos organizados que realizan las alteraciones a pedidos de cuarterías, sodas, precarios, hoteles, servicios de lavado de carros y bares.” Y agrega que “el factor humano en zonas materialmente pobres, es muy complejo. Hablo de sitios donde nuestro personal ni siquiera puede ingresar a hacer registros por riesgo a su propia seguridad.” Algo similar a lo que sucede con el ingreso de policías, bomberos y hasta de la Cruz Roja en comunidades en donde no parece existir la vigencia de la ley.
 

No sólo lo expuesto es grave, sino que el incentivo vigente es claro. El agua tiene un costo para producirla; no es un bien gratuito, como normalmente suele serlo el aire. Si no se cobra de todo o casi del todo lo que cuesta el agua, como parece indicarlo el señor Araya, el usuario -si así le podemos llamar- no tiene incentivo alguno para economizar en su utilización, sino que se está estimulando la sobre-utilización y el desperdicio (en cierto momento, leí que en la ciudad de Buenos Aires, cuando el estado suministraba el servicio, el precio cobrado era tan bajo dado el costo, que estimulaba una enorme utilización del agua, incluso en piscinas de ricos). Si se quiere racionalizar la actividad, lo que hay que hacer es cobrar debidamente por el uso del agua, incluyendo la participación de las autoridades debidas, además de que, ojalá, la Sala Constitucional se dé cuenta de que, si algo no se cobra lo que vale, se utiliza más de la cuenta y hasta se desperdicia. Ese desperdicio es pagado por el resto de los consumidores, ciudadanos que pagarían una tarifa más elevada, al no tenerse un control del desperdicio y del abuso.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: otro error en contra del erario

Se va haciendo frecuente que en entidades estatales vayan surgiendo “errores” cometidos, que siempre terminan afectando al erario.  Tengo presente, tan sólo recientemente, dos casos: uno en cuanto a pagos de más a empleados del Ministerio de Educación y otro a empleados y funcionarios del Banco Nacional.  Ahora aparece uno nuevo, según lo expone un artículo de La Nación del 23 de junio, el cual lleva por título “AyA forzado a recobrar ₡2.300 millones que pagó a empleados: Auditoría: Por 20 años se calculó mal deducción del salario escolar a funcionarios.”

Lo anterior es sorprendente por tres razones: la primera, que tal situación se dio por 20 años sin que las autoridades de AyA hicieran algo al respecto; la segunda, que tal pago fue trasladado de alguna manera a las tarifas de agua que se cobran a los ciudadanos (¿no pudo la ARESEP constatarlo, al presentársele solicitudes de aumento de las tarifas?) y tercero, que en AyA todavía no se sabe qué hacer al respecto.

Para entender el problema, desde 1994 se creó el llamado salario escolar de los trabajadores del sector público, mediante el cual, en vez de ajustar los salarios por aumentos del costo de vida, como solía hacerse, el gobierno de ese entonces decidió que, aparte de dar un aumento menor por inflación, pagar un bono anual a los trabajadores equivalente a un 8.19% del salario, como compensación por ese menor ajuste. El bono se le entregaría al trabajador en enero de cada año. La provisión de gasto que debería de hacer el patrono -el estado- para pagar dicho salario escolar era de un 8.19% del salario mensual ordinario.  Pero, para formar el fondo que debería de pagarse en enero del año siguiente, no contaba el salario escolar. Sin embargo, AyA no hizo la provisión del 8.19% mensual del salario mensual ordinario, sino que, en enero, cuando se pagaba el salario escolar a los trabajadores, también sobre eso reservó un 8.19%.  Así, la provisión acumulada para el pago se hizo como si fuera por 13 meses, cuando debía de haberse acumulado por sólo 12 meses.

Ello significó que a sus 3.200 empleados, por veinte años, se les pagó de más la suma de ₡2.300 millones. “El error obligó al AyA a cancelar mayores cargas sociales y aguinaldos porque los salarios de enero (usados para la computación del salario escolar) eran mayores de lo debido.  Sólo entre el 2002 y el 2015, la entidad desembolsó ₡600 millones”, a lo cual se le adiciona el monto de ₡1.726 millones que se acumuló de más en el presupuesto de AyA para pagar a los funcionarios.

No fue sino 20 años después de 20 años de hacer tal práctica de pago, cuando el auditor de AyA, señor Alcides Vargas, remitió a la Junta Directiva de AyA los resultados de ella y le pidió que “recuperara los dineros pagados en exceso a los empleados, aunque… reconoce que algunos montos por cargas sociales, aguinaldos y salario escolar son irrecuperables por el tiempo transcurrido.”

Un segundo aspecto derivado de esa práctica incorrecta de cálculo, es que habría afectado las tarifas cobradas por el servicio de agua de AyA a sus 652.000 clientes, pues en tal fijación se toman en cuenta los costos salariales artificiosamente mayores. Como parece ser lo usual con muchas cosas en el estado, los errores, los yerros, el desperdicio y otras cosas, terminan siendo pagadas por los consumidores de los servicios. De hecho, a la fecha de la publicación de aquel comentario periodístico, ante la ARESEP hay una solicitud de aumento de AyA de un 15% por metro cúbico de agua y de un 40% por alcantarillado, para el segundo semestre de este año, así como de un 35% y de 57,5% respectivamente para el 2017. Habrá que ver cuánto de ese aumento de tarifas, considerado como necesario, dadas las utilidades del AyA para realizar inversiones en el sector, serían menores si no estuvieran influidas por las pérdidas que la institución tuvo ocasionadas por su mala administración de los salarios de sus empleados.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: depende de qué tipo de control

En mucha ocasiones es importante definir cuál es el tipo de control que se pretende lograr de la acción de una entidad, a fin de considerar si es conveniente. Trataré de un caso concreto, que fue objeto de un artículo en La Nación titulado “Acueductos rurales del país operan en completo descontrol: Entes privados administran el 25% del agua del país, mas no hay registro de sus servicios.”

Francamente el que una entidad no lleve registro de los servicios que llevan a cabo ciertas entidades privadas, nos debe de tener sin cuidado, pues nada nos está garantizando que, lo que pretende esa entidad, es lo más conveniente para los intereses de los usuarios finales, los consumidores.  Ese es el primer matiz que le doy a mi comentario: Todo depende de si se sabe, tal vez de previo, para qué es que se quiere implantar un control de parte del estado, y así evaluar si el control pretendido es deseable. O sea, ¿qué se pretende con el “control”?

Un subtítulo de ese artículo dice: “Estado ignora el número de clientes y las tarifas de 1.500 sistema comunales”. Si eso es así, tal vez lo mejor es como están las cosas. Imagínese que la burocracia centralizada quiera saber cuántos clientes hay para hacerles la vida más infeliz. Además de que se dependa de un ente extraño para los ciudadanos, ubicado por allá en Pavas, bien lejos de la comunidad que sí está cerca del servicio. Mejor que, entonces, no sepa aquellas cosas. También podría ser que al ente central no le parecen las tarifas que por el servicio de agua se cobran en las comunidades, ya sea porque son muy elevadas, según su criterio, o bien porque son bajas en comparación a lo que cobra el ente central. Puede ser que lo que pretende es acabar con una actividad rentable y apropiada que puede brindar un servicio de la comunidad; esto es, acabar con la competencia. Así que, hay que andar con mucho cuidado: el centralismo puede resultarle muy caro a quien adquiere un servicio en su comunidad, el cual le satisface en cuanto a calidad y precio.
 

La pretensión del estado la puede reflejar la opinión de un funcionario de la ARESEP, quien expresa que “el desorden y la falta de armonía entre esos entes privados y el Gobierno ha hecho que el 40% de los acueductos opere ilegalmente sin haber firmado el convenio de delegación con el AyA.” Pregunto ¿por qué tiene que ser “armoniosa la relación entre una parte privada y el estado?  Puede ser de sana independencia, hasta de indiferencia y, si a alguien se le ocurre, también puede ser de “dejadme hacer, dejadme pasar,” como tantos han clamado en el pasado. Ese 40% sobre el cual el estado pretende concentrar información acerca de la calidad del servicio, son 28 acueductos municipales en operación, en conjunto con las asociaciones administradoras de acueductos rurales, mejor conocidas como ASADAS.
 

Alguien podrá señalarme, no sin cierta razón, que AyA es un órgano técnico especializado en el servicio de agua, mientras que esos entes privados no brindan la mejor calidad de un producto.  Eso puede ser cierto, pero también hay que entender que tener una mejor calidad de algo puede requerir un mayor precio y, por tanto, el consumidor, libre y soberanamente, puede preferir tener una menor calidad pero a un menor precio. Asimismo, alguien podrá señalarme que AyA es muy eficiente en comparación con la producción de las ASADAS y municipios, pero en esto también me salta una seria duda, cual es el enorme desperdicio de agua que hay en la provisión que, a gran parte del país, nos brinda el AyA, así como también inquieta la muy elevada tarifa que se nos ha cobrado en los últimos años, lo cual, sin duda, ha afectado principalmente al presupuesto de los hogares de ingresos medios.
 

En apariencia el problema del manejo del servicio de agua de parte de las comunidades radica en dos partes.  Primera, que la calidad de esa agua es inferior a la que brinda el AyA. Pero aquí debe tomarse en cuenta aquella relación que expuse entre calidad y precio, aunque, en este caso, señala el periódico que, de acuerdo con la ARESEP, la “debilidad más frecuente [de las ASADAS] es la cloración inadecuada.” Aceptemos que, en principio, clorar el agua es deseable y que la no cloración da lugar a que se presenten enfermedades bacterianas y virales que contagian a otras personas distintas de las que toman agua no clorada (en el lenguaje de los economistas, que hay una importante externalidad negativa por ese suministro de agua no clorada). Pero tal situación no es razón necesaria ni suficiente para que las ASADAS y los servicios municipales de agua dejen de existir como tales. Para esta circunstancia, más bien pensaría en un programa conjunto de asistencia técnica del mayor ente gubernamental en asuntos de aguas, el AyA, con las entidades locales, en cuanto a la conveniencia de que los ciudadanos puedan contar con agua clorada. Y punto; nada más.
 

El otro tema argüido para tratar de cierta manera de obligar a cierta conducta de las ASADAS y las municipalidades, es que las administraciones de éstas son un desorden.  Eso puede ser así: después de todo, esos servicios municipales y las ASADAS suelen brindarlos en áreas relativamente remotas, probablemente con gente que no es de la más preparada técnicamente, usualmente a causa de disponer de menores recursos y de tener poca preparación en lides burocráticas. Pero no es razón para creer que el resultado sería mejor si se les sujeta a un reglamente que puede alterar la independencia de una empresa privada, como lo es la ASADA, ni tampoco de un gobierno de un nivel “inferior” al del centralizado AyA.
 

De nuevo, si hay tal vacío de calidad administrativa, ¿por qué no ofrecerle a las ASADAS y a los municipios un acuerdo para trasmitir la técnica mejor que supuestamente posee AyA? Las partes, hablando, se entienden. No puede ser algo unilateral, sino de beneficio mutuo.

Hay una cosa importante que se debe tener presente: la competencia beneficia a los consumidores.  Si, por ejemplo, AyA ofrece un mejor servicio (digamos con un mejor tratamiento y con cloración) y que tal vez tenga un precio aceptable para los consumidores actuales del servicio privado de las ASADAS y de las Municipalidades, no dudo que gente pueda decidirse por aquello que le ofrezca la mejor relación precio-calidad y oportunidad o permanencia del servicio: la gente no es tonta; podrá no saber de administración profesional, pero suele saber, tanto como cualquiera de nosotros, qué es lo que les conviene. La gente lo que debe de tener siempre es la opción de poder escoger y así “votar” con su consumo qué es lo que prefieren ellos y no un burócrata que posiblemente conoce menos que la totalidad del mercado.
 

Cuando hablo de competencia, me llama la atención que, en estos momentos, está en discusión legislativa “un proyecto de ley para permitirles a las cooperativas vender agua y asumir las ASADAS que no dan la talla.” Es absolutamente un ridículo que actualmente exista tal prohibición: la regla debe ser permitir todo, y que se prohíba lo estrictamente necesario. ¿Por qué razón no pueden ser una competencia para el AyA? ¿Por qué prohibirle a las empresas cooperativas, al igual que las ASADAS, que son empresas privadas, que cualquiera otra empresa privada pueda servirle a los consumidores? ¿Por qué sólo un estado centralizador puede brindar ese servicio? Es más, ¿por qué evitar el acicate de la competencia que obligue al AyA a innovar en sus prácticas?
 

Por eso es que entiendo la posición del señor Rolando Marín, de la Unión de Acueductos Comunales (UNAGUAS), del cantón de Grecia, al señalar que “el sector nunca ha aprobado el reglamento de ASADAS (vigente desde el 2005), pues es abusivo, les limita, controla y los ‘trata’ como entes públicos”, que no lo son.  Ese reglamento lo elaboró el AyA y gran parte del problema es que pretenda su imposición a los otros entes que suplen de agua al país. Me parece que hay conciencia en que estos obtengan asesoría administrativa y técnica, pero a su vez que tienen razón en clamar por tener un espacio para sus decisiones y no la sujeción a un ente centralizador. La competencia debe siempre ser bienvenida, Ojalá que las cosas mejoren para bien de los usuarios, los consumidores, que son quienes importan y no las burocracias, estén donde estén.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: continúa la sangría gubernamental

Probablemente los lectores de ASOJOD habrán notado que muchos de mis artículos recientes en esta columna, han tratado el tema del dispendioso gasto de este gobierno.  De nuevo quiero presentarles muestras de cómo esta administración ha decidido actuar en torno a ciertos gastos concretos, lo cual debiera de interesarle al lector.  Esto porque es el ciudadano quien sufraga esos gastos, ya sea mediante impuestos, pago de tarifas públicas más elevadas o con endeudamiento público, que en algún momento deberá de pagar. Pero ante todo porque esas erogaciones suelen ser muestras de cómo debe ser posible una mejor utilización de nuestros recursos escasos, que muchas veces son usados para satisfacer privilegios o para enriquecer a quienes hacen obra para un estado botarate.

Primero: los ingresos de los empleados de RECOPE. Usted paga esos elevados sueldos como parte del alto precio de los combustibles que nos cobra el monopolio. De acuerdo con un informe publicado en La Nación del 20 de mayo recién pasado, RECOPE tiene 1.600 empleados y la planilla anual de esa entidad es de ¢42.252 millones, lo cual significa un promedio anual por empleado de ¢26 millones en salarios y beneficios incluidos en la convención colectiva de RECOPE. Basada en un reporte de la ARESEP, La Nación reporta que, de cada litro de combustible que se vende, ¢14.56 se van en el pago de esos salarios y privilegios de la convención colectiva. Tal vez si hubiera competencia, en donde los costos comparables son cruciales en la determinación de los precios que se cobran, las reglas de eficiencia harían que esos jugosos salarios sean más comparables con las condiciones del mercado. Es decir, podríamos tener menores costos de planilla y, por esa razón, posiblemente un precio menor de los productos a los consumidores.

Segundo: la publicidad frecuente de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en donde nos anuncia acerca de cosas que simplemente debe cumplir con hacer. Me refiero a una propaganda televisiva en que anuncia, pagada por todos nosotros, que Acueductos y Alcantarillados está realizando un censo de fuentes de agua, a fin de satisfacer su demanda. Cualquier persona con dos dedos de frente pensaría que disponer de tal información es algo básico, esencial, en una institución como esa, dedicada a proveer de agua a la ciudadanía.  Para satisfacer su demanda, obviamente tiene que saber cuánta agua es posible obtener en el país. De no hacerlo así, estaría dando palos de ciego en sus actividades. Pues bien, AyA nos anuncia –costosamente y pagado por los ciudadanos- que está en un proceso de averiguación (aparentemente afirma haber ya invertido ¢1.000 millones en ello). ¿No creen ustedes que Acueductos y Alcantarillados podría lograr esa información sin tener que proclamarlo –onerosamente- a los cuatro vientos? El A y A debería de hacerlo calladamente, como parte de su labor elemental.  Con ello el país se ahorraría esa gastadera en la producción y difusión de cosas innecesarias. Eso nos podría reducir los muy elevados costos que hoy estamos pagando por el agua que consumimos.

Segundo bis: Según ese informe de La Nación al cual me referí antes, en tanto que en el 2011 Acueductos y Alcantarillados tenía 6,45 empleados a tiempo completo por cada 1.000 conexiones de agua, Panamá tenía 4,80, Ecuador 2,66 y Colombia 1,95. La fuente de estas informaciones es la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA). Cualquiera que sea la excusa que nos den los burócratas de AyA justificado tanto personal, esas cifras comparativas nos indican que es muy posible que haya exceso de personal en AyA. Claro, esa empleomanía se traduce en tarifas de agua más costosas, más caras, para los consumidores. Ese exagerado incremento en las tarifas de agua lo hemos venido observando recientemente.  Se supone que la Autoridad Regulador de Servicios Públicos (ARESEP) debería de tomar en cuenta esos datos, pues hace poco enfatizó la necesidad de moderar el gasto de ciertas instituciones que él regula, tal como es el caso de AyA. Pero me temo que ARESEP no hará nada al respecto. Tal vez porque bien se aplica aquello de que no se debe mencionar soga en casa de ahorcado.

Tercero: Una genialidad diputadil, digna de ser destacada en el sitio de DonBurro Diputado, es la propuesta que se está gestando en la Asamblea Legislativa para comprar un avión jet, a fin de que doña Laura pueda viajar cómodamente al exterior. Se ha dicho que el más barato de esos aviones sale en $3 millones y que otros más modernos o cómodos llegan a valer $7 u $8 millones.  Me imagino que un jet de los jeques árabes supera esos pocos chumicos, pero nadie se atrevería a pensar que es lo que aquí necesitamos. La verdad es que no hay razón para sustituir el empleo de aviones comerciales en los viajes que realiza la presidenta.  Tal vez lo que ella debe de hacer es viajar menos (creo que se ha perdido la cuenta de cuántos viajes al exterior ha realizado) o usar tecnologías de comunicación modernas, que no requieren que se esté presente en cuanta cosa se le pueda ocurrir.

A mí no me importa si un empresario bombeta decide comprar su jet. Ese es su dinero. Por el contrario, sí me importa mucho si es que se decide comprar un avioncito para que la señora no se atrase mucho, que vaya más cómoda y que dé una mejor impresión. Simplemente porque, en tal caso, es el pueblo, el ciudadano, quien paga la cuenta por el jet y su mantenimiento tan oneroso. Hay tantas escuelas y hospitales de niños y adultos mayores, asilos de ancianos, caminos vecinales, carreteras deshilachadas, etcétera, en los que se podría invertir, haciendo un mejor uso de la plata que costaría un avioncito para la presidenta.

Cuarto y último: El costo de la reparación de la platina va in crescendo. El 14 de mayo del 2013 escribí para ASOJOD un comentario titulado “Sigue el desmandado gasto público”. En él me refiero al costo que ha significado para el país la reparación de la llamada platina:  “Ruego que alguien haga el cálculo, y se lo haga conocer al público, de cuánto se ha gastado en reparaciones a esa platina, de cuánto se ha girado a los constructores o reparadores y de cuánto está en litigio por incumplimientos en la ejecución de la reparación, así como de cuánto ha sido el costo por esas reparaciones, en lo que se refiere al tiempo perdido en presas y un mayor gasto de gasolina, entre otros, como llegar tarde a los lugares de trabajos y a citas personales. Pero también que se nos diga en cuanto se estima el verdadero costo de la nueva y prometida última (¿?) reparación por llevar a cabo.”

Por supuesto que ninguna autoridad gubernamental le va a dar pelota a esta inquietud de un simple ciudadano, como es este servidor.  Afortunadamente la periodista Vanessa Loaiza de La Nación del 23 de mayo publicó un artículo titulado “Arreglo de la ‘platina’ le costará al país hasta $12 millones más”. Nos indica que en octubre del 2012 “La Contraloría autorizó al MOPT a invertir $4 millones para reparar la junta de expansión y sustituir la losa de concreto del puente sobre el río Virilla”. Pero posiblemente el gasto incurrido ha sido mayor, pues en otras ocasiones se han hecho varias reparaciones “por encimita”, además de que la cifra en mención no toma en cuenta el enorme gasto que los costarricenses han tenido que efectuar, al tener que usar vías alternativas, gastar más gasolina, llegar tarde a compromisos, aumentar el tiempo de entrega de bienes para los consumidores, etcétera. Pero, dejémoslo en que lo gastado han sido sólo $4 millones…

Lo más curioso es que, en una primera instancia, se había dicho que la reparación “final”, necesaria para arreglar definitivamente la platina, costaría unos $5 millones. Esa estimación luego aumentó a unos $7 millones y lo último en saberse es que el arreglo ahora va a costar entre $8.7 (según se ha informado es la menor oferta en la licitación de parte de la empresa Codocsa), $10 millones que fue lo que ofertó la empresa Hernán Solís o bien los $12.5 millones que propuso la empresa Meco-Puente Prefa. En los tres casos, las ofertas son muy superiores a la suma que antes se había estimado que costaría la reparación final de la platina.

En el facebook de DonBurro Diputado del 24 de mayo se presenta la siguiente información, acerca del costo de un nuevo puente que se planea construir en El Salvador, que es incluso 20 metros más largo que el de nuestra platina. De acuerdo con una estimación de costos, efectuada en el 2012, para construir ese puente nuevo en El Salvador se requerirá de $12 millones. Sugiere DonBurro Diputado que “Si yo fuera ministro del MOPT, dinamito el puente de La Platina y me traigo salvadoreños o panameños a construir uno nuevo, y cuidado que nos sale más barato. En remiendos de este ya se tragó $4 millones que no sirvieron.” Y saldría más barato, agrego yo. Así es el desperdicio con nuestros recursos que se podría estar dando: requerimos más y mejor información en torno a los costos de esa inagotable mina de reparaciones y pagos que se ha hecho y que aparentemente se va a seguir haciendo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: tres comentarios sobre temas públicos

En esta oportunidad deseo referirme brevemente a tres temas que tienen que ver con el interés público y que reflejan el comportamiento de gobiernos y políticos que a muchos ciudadanos no nos parece, aunque a esos políticos y gobernantes ello parezca importarles poco.

El primero tiene que ver con la contaminación que ha afectado la zona en que opera la refinería de RECOPE en Moín. Molesta no sólo el hecho de que por mucho tiempo el problema se le ocultó a la ciudadanía –los que no importan- así como a las propias entidades gubernamentales que tratan de asuntos de salud y medio ambiente. Si no hubiera sido porque empleados de RECOPE divulgaron el daño, estaríamos en penumbras y, sobre todo, continuado el derrame de combustibles en el sitio. También me molesta que, si ese descubrimiento se hubiera dado en una operación privada, tal como por ejemplo ha sucedido con bombas de gasolina en San Antonio de Belén y en la Zona Norte, de inmediato los celosos guardianes del buen medio ambiente, hubieran procedido a cerrar las operaciones para detener el daño en proceso. No es así en el caso de RECOPE, posiblemente por no tratarse de una empresa privada, sino de una propiedad del mismo Estado que, en el caso de terceros, sí habría actuado de inmediato.

El segundo tema se refiere al informe presentado por los Diputados de Liberación Nacional de la comisión legislativa que se encargó de investigar lo sucedido con la carretera a Caldera. Una frase célebre de ese informe merece ser rescatada del basurero de la politiquería: “la inauguración anticipada de la vía a Caldera fue un experimento para comprobar si esta tenía fallas.” Sólo se me ocurre pensar que tal cosa se habría dicho si fuera escrita por algún servil que debe obedecer los mandatos de su dueño y patrón, para justificar cualquier idiotez que a este se le hubiera ocurrido hacer. No lo puedo entender de otra manera, porque tengo entendido que los Diputados gozan del uso de la razón, como para poder darse cuenta que los muertos, heridos y afectados a partir de la “inauguración” y puesta a funcionar de esa carretera aún sin terminar, fueran cobayas utilizadas en experimentos de laboratorio. Jamás se podría poner a operar un aeropuerto si la pista de aterrizaje no estuviera concluida y probada de que resiste el peso de un avión. Nunca se pondría en operación una cárcel si no se ha comprobado su seguridad. No es posible poner a funcionar una represa hidroeléctrica si no se le ha sometido a resistencia de la masa de agua que frena. Tal tontera está allí, en el informe de marras. Para proteger a algunos políticos que hicieron muy, pero muy, mal las cosas, no les ha importado señalar que los ciudadanos debemos ser tomados como conejillos de Indias a la hora de probar si una carretera funciona bien o no. El descaro exhibido por esos Diputados “leales” y capaces de escribir lo que escribieron, cada vez más me obliga a pensar en la necesidad de terminar con esa práctica nefasta de elegirlos por listas, en vez de serlo por personas. Porque lo que se demuestra es que, detrás de algunos primeros buenos, les siguen unos segundones capaces de cualquier cosa.

Finalmente, como tercer tópico público de actualidad, deseo comentar lo sucedido con el viaje de un alto funcionario de una entidad estatal a otro país, presuntamente en compañía de una damita. El problema para mí de ninguna manera reside en la conducta privada de ambos funcionarios gubernamentales. No me interesan sus asuntos personales. Allá cada cual con lo que desea hacer, en tanto con ello no dañe a terceros con sus acciones. El problema está en si, para satisfacer sus pasiones privadas, utilizaron y manipularon recursos públicos. Aquí sí me interesa el asunto, pues como ciudadano pago los servicios que esa entidad estatal me brinda, dentro de cuyo precio obviamente se encuentran incluidos los salarios, viáticos, gastos de viaje, gastos de representación, pago de hoteles, y cualquier otra cosa asociada con esos periplos, entre otros. Por lo tanto, podría estarse en presencia de un uso indebido de recursos públicos, por lo que me imagino que, con la celeridad que la caracteriza, la Contraloría, encargada de investigar estas cosas, ha de haber recaudado ya toda la documentación necesaria y pruebas adicionales de ese viaje, incluyendo documentación públicamente expuesta en Internet que narra aspectos de la gira educativa. No debe permitirse que la conducta de algunos funcionarios empañe el buen deseo de doña Laura de impedir cualquier tipo de conducta incorrecta en su administración. Por ello, estoy seguro que pronto, en este mismo sentido, el gobierno actuará responsabilizando económica, civil y penalmente a todos los involucrados en el desmadre de la carretera a Caldera.

Jorge Corrales Quesada