Un indicador esencial en la política fiscal que actualmente prosigue el gobierno es el porcentaje que, del valor de la producción final de todos los bienes y servicios producidos por los residentes del país, representa el endeudamiento del gobierno.
Muchos aspectos se podrían comentar acerca del endeudamiento gubernamental, pero me centraré en analizar el impacto que se tendría de llegar a un indicador clave de la política fiscal. Me refiero a que, muy pronto, el endeudamiento del gobierno con respecto al PIB llegará a un 60%. Digo “clave,” pues, en la práctica, suele considerarse un tope a lo máximo deseable en una economía, al menos para ciertas calificaciones de riesgo del país. De hecho, a noviembre del año pasado, el porcentaje era de un 59.3% del PIB, lo que equivale a una deuda de ₡21 millones de millones y, para tener una idea de su crecimiento rápido, a noviembre de 2018, fue de un 52.9% del PIB, equivalente a ₡18 millones de millones. Esto es, en sólo un año, esa deuda gubernamental, como porcentaje del PIB, creció en un 6.4 puntos porcentuales.
El aumento en el cociente Gasto gubernamental/PIB viene dándose desde hace ya buen rato, pues en el 2008 fue de sólo un 24% del PIB y creció en más de un 100% (más que se duplicó) en 10 años, resultado del déficit del gobierno (que se gasta más de lo que recibe de impuestos). Es así resultado del jolgorio gubernamental de tantos años.
Ante esos déficits, los gobiernos -este incluido- han acudido, afortunadamente con una inflación relativamente moderada, a aumentos en los impuestos, a pedir prestado, colocando bonos en los mercados nacionales e internacionales. Por supuesto, no se ha visto un esfuerzo profundo y constante por reducir el factor que impulsa los déficits gubernamentales, cual es el gasto público excesivo.
Reproduciendo parte del Comentario sobre la Economía Nacional del Banco Central publicado el pasado 31 de diciembre, La Nación, en su artículo titulado “Deuda del Gobierno se acerca al 60% de la producción,” dice que “En el financiamiento del déficit del Gobierno Central, ha aumentado la participación del endeudamiento externo proveniente de la colocación de títulos de deuda en los mercados internacionales de $1.500 millones y el crédito de apoyo presupuestario con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por $350 millones.” En dos palabras, un alto endeudamiento reciente ha aumentado la fracción que del PIB representa la deuda gubernamental, endeudamiento derivado del excesivo gasto gubernamental, más allá de recursos extraídos por impuestos a los ciudadanos.
Lo que debe tenerse presente es que esa deuda no es más que una obligación que gobiernos de generaciones actuales, trasladan a generaciones futuras para que la pague. La señal es clara: en su momento, o bien el gobierno seguirá endeudándonos para pagar deuda con más deuda, al vencer la primera, o creará inflación para poner un impuesto a los saldos monetarios y reducir los ingresos reales de los ciudadanos, o pondrá nuevos o mayores impuestos. Hará así una realidad de que nunca serán suficientes los impuestos, aunque nos hayan dicho ilusoriamente que, los últimos que nos impusieron, eran la solución, pues el gasto gubernamental crece aún con rapidez.
De cierta forma, a hoy, antes de llegar a ese 60%, y durante el 2019, el gobierno tuvo cierto margen de endeudarnos rápidamente para salir de su apuro fiscal, además de aumentar impuestos en diciembre del 2018 y otros gravámenes en el 2019. Señala el medio que “los ingresos tributarios del Gobierno crecieron, en el acumulado hasta noviembre anterior, en casi un 10% frente al mismo período del 2018. El crecimiento se explica por la mayor recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) y el de renta).”
Lo crucial es que, al acabarse ese margen, aparentemente cuando la relación deuda gubernamental/PIB llegue al 60%, la regla fiscal vigente desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018, establece que, cuando ese coeficiente esté entre un 45% y un 60% -como en los últimos tiempos- el crecimiento del gasto corriente, lo que excluye a la inversión, “no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal en los últimos cuatro años.”
Aquel alivio se acabaría, según la regla fiscal, al arribar el cociente deuda del gobierno/PIB al 60% -muy pronto y estimaciones del Banco Central indican que llegará a un 65% en el 2023- pues, “el crecimiento del gasto total (corriente y de capital) no puede exceder el 65% del promedio de crecimiento de la producción.” Y, dado el bajo crecimiento actual del PIB, de apenas “2.2% del PIB,” se requeriría de un fuerte ajuste en el presupuesto nacional del 2021.
No me imagino que ese ajuste requerido en el gasto se hará una realidad, pues me temo que el espíritu irresponsable de un gasto gubernamental rápidamente creciente, será invocado de otra forma, pasando la brasa ardiente a manos de los contribuyentes de ese momento, para que sean ellos quienes la apaguen con impuestos. Tristemente.
Jorge Corrales Quesada
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