Usando la terminología del materialismo
histórico popularizada por el marxismo, podemos decir que, en Occidente, bajo el yugo del Imperio Romano, se fue
sustituyendo poco a poco el esclavismo por un feudalismo que, aunque algo más
humano, consagraba jurídicamente la desigualdad entre los ciudadanos. Y este
régimen feudal se mantuvo intacto en España durante varios siglos. Fueron las
Cortes de Cádiz las que dieron el primer paso, en 1811, para abolir los injustos
dictados de vasallo y vasallaje. Colaboraron positivamente en la supresión del
feudalismo, la revolución industrial que llegó por fin a España y la revolución
burguesa.
Los
últimos vestigios del feudalismo desaparecieron, al menos aparentemente, con la
configuración del Estado liberal durante el reinado de Isabel II. Y hoy día, el
artículo 14 de nuestra Constitución quiere corroborar esa igualdad absoluta de
todos los ciudadanos con estas palabras: “Los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social”.
Será
verdad que todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros
porque la casta política ha terminado por situarse más allá del bien y del mal.
Aunque entre nuestros políticos predomina ampliamente la mediocridad, han
sabido instalarse en el privilegio y en el favoritismo más descarado. Funcionan
como en un sistema feudal y, con la excepción del período de elecciones, tratan
al resto de ciudadanos como si fueran auténticos plebeyos. Ya se han encargado
ellos de redactar su propio régimen jurídico y laboral, que les reporta unas
prerrogativas excesivas y unos beneficios extraordinarios, que no están al
alcance de los demás mortales.
Muchos
de esos privilegios, a los que se aferran de manera escandalosa, quiebran inevitablemente el principio de
igualdad consagrado por la Constitución. Hasta se pasan unos cuantos pueblos
con la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial reconocido por nuestra
Carta Magna. Estas prerrogativas surgieron para proteger la necesaria
independencia de los parlamentarios en tiempos de las monarquías absolutistas y
no tenían la consideración de privilegios. Se trataba simplemente de garantizar
el funcionamiento libre e independiente de las cámaras parlamentarias y hoy ese
problema no existe. Aquí en España se va aún más lejos, y se extiende la
inmunidad parlamentaria hasta para los delitos de corrupción.
A
parte de estas tradicionales y hoy innecesarias prerrogativas, la casta
política no ha hecho más que procurarse
egoístamente el mayor número posible de privilegios. Y como lleva más de 30
años acaparando gangas y beneficios, sus ventajas sobre los demás ciudadanos
son escandalosamente insultantes y astronómicas. Para la casta política no hay
crisis económica que valga, ya que están por encima de cualquier contingencia
económica. Las privaciones, las estrecheces
no van con ellos. Eso queda para los currantes, para los ciudadanos de a pié.
La
lista detallada de las diferencias de trato entre un político y un ciudadano
corriente, sería interminable. Por eso vamos a repasar las más lacerantes y que
más desmoralización producen entre las gentes normales. Cuando los diputados
electos llegan al Congreso después de una elecciones, con el correspondiente
acta que acredita su nombramiento, reciben un
móvil última generación, un Ipad último grito y la conexión, desde su
domicilio, a una línea de ADSL Y todo ello sin coste alguno.
Mientras
que los currantes están obligados a tributar por el total de sus ingresos, los
políticos que se sientan en el Congreso y el Senado solamente lo hacen por los
dos tercios de su salario y al insultante tipo del 4,5%. El otro tercio
restante no está sujeto al IRPF porque se supone que es una especie de indemnización
para cubrir los gastos que origina el cargo institucional. Pasa lo mismo con los años de cotización que
precisan unos y otros para alcanzar la pensión máxima. Mientras que los
trabajadores necesitan cotizar durante
35 largos años para conseguir una jubilación de 32.000 euros anuales, a
sus señorías les basta con dos
legislaturas en el cargo o siete años de cotización y los primeros espadas
alcanzarán los 74.000 euros anuales de pensión. Hay además otros agravantes:
las pensiones de los políticos son perfectamente compatibles con otros sueldos
de la administración o con cualquier otra actividad económica.
Otra
ventaja considerable de estos parlamentarios es el sueldo. El salario medio de
un trabajador en España es de 22.511 euros, algo más de 1.800 euros mensuales.
Los diputados, por ejemplo, tienen un
sueldo base de 2.813,87 euros. Pero a
esta cantidad hay que sumar toda una serie de ayudas y los más variados e
inimaginables complementos, de modo que su salario aumenta considerablemente,
acercándose en muchos casos a los 10.000 euros mensuales. Guarda relación, eso
sí, según que participe en más o en
menos ponencias y comisiones, y que ejerza o no de portavoz de alguna de ellas.
De todos modos, son muy pocos los diputados que se quedan por debajo de los
5.000 euros mensuales.
Uno
de esos complementos, que incrementan el sueldo de los diputados, corresponde a
los gastos de alojamiento y manutención. Todos los diputados de circunscripciones distintas a la de Madrid reciben 1.823,86 euros, para
ayudarles a pagar los gastos de manutención y de hotel o alquiler de vivienda
en la capital. Los parlamentarios electos por Madrid perciben exactamente por
el mismo concepto 870,56 euros. Estas cantidades están, además, exentas de tributación a la hacienda pública.
Y aún hay más: cada vez que los parlamentarios viajan oficialmente al
extranjero cobran una dieta de 150 euros diarios y 120 euros si es por España.
No
es esto todo. A pesar de las elevadas dietas que cobran para gastos de alojamiento y manutención, sus señorías
pueden utilizar ventajosamente, si así les place, los servicios de restaurante
que funcionan con toda normalidad en el Senado, en el Congreso de los Diputados
y en la Asamblea de Madrid. Los políticos pueden utilizar estos servicios por
un precio módico y ridículo, aproximadamente una tercera parte de lo que pagan, por el menú más barato,
aquellos trabajadores que tienen que mantenerse
por su cuenta. Los de la casta privilegiada, que utilicen esos servicios
de restaurante, pagarán 3,55 euros por una
comida normal con dos platos, el postre, la bebida y el café. Los mismos
escolares madrileños tienen que pagar 25 céntimos más, y eso que solamente se
trata de utilizar el comedor y servirse del microondas para calentar la comida
que llevan de su casa.
En
el Congreso están a la orden del día las comisiones que llaman de trabajo, a
las que están adscritos 29 presidentes, 55 vicepresidentes, 56 secretarios, 217
portavoces y 148 portavoces adjuntos y sustitutos. Y todos ellos, claro está,
reciben gastos de representación, que oscilan, según el cargo, entre los 697,65
euros y 1.431,31 euros. En el caso del presidente del Congreso, esa cantidad se
eleva hasta los 3.327,89 euros. También existe un complemento mensual por
gastos de libre disposición que cobra el presidente del Congreso, el
vicepresidente, los secretarios y los portavoces. El importe de esta ayuda va
de los 600 euros a los 2.728 euros para el presidente.
Además
de no pagar ningún medio de transporte, los parlamentarios foráneos que
utilicen su propio vehículo para ir a
Madrid, cobran un kilometraje de 0,25 euros por kilómetro. Y a los que no
disponen de coche oficial, se les facilita
una tarjeta personalizada, con un límite anual de 3.000 euros que utilizan
profusamente para abonar el servicio de taxi en Madrid. Cuentan además con un plan de pensiones con
cargo a la Cámara legislativa, con lo que van a completar su pensión el día que se jubilen.
Las
ventajas de los parlamentarios no terminan aquí. Disfrutan en exclusiva de otros
muchos beneficios que no tienen los demás mortales, por ejemplo la
indemnización por cese en el cargo, sea este institucional o representativo. Así
que, cuando dejen el cargo, percibirán una indemnización equivalente a una
mensualidad de su asignación salarial por
cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales hasta un
máximo de 24 mensualidades. Otro tanto ocurre con los ministros. Cuando estos
cesan en su cargo, cobrarán una indemnización del 80% de su salario durante dos
años, perfectamente compatible con la remuneración de cualquier otro cargo
público. Disfrutan también de esta Ganga los ex secretarios de Estado. Ahí
están para demostrarlo Diego López Garrido e Inmaculada Gómez Piñero.
Pero
aún hay más cosas. Mientras no se trate de una votación, no se controla el
absentismo de los parlamentarios. Y de hecho, estamos cansados de ver, con
demasiada frecuencia, distintas tomas de la televisión mostrándonos cantidad de
asientos vacíos. Este comportamiento es impensable en un trabajador normal,
porque correría el riesgo de ser despedido inmediatamente.
Pasa
otro tanto con los negocios. No son muchos los diputados que se dedican
exclusivamente a su labor política. La mayoría de ellos procura engordar sus
cuentas corrientes participando asiduamente en empresas privadas o en
fundaciones y también, como no, colaborando con algún medio de comunicación.
Así
las cosas, no es de extrañar que sean muchos los que quieren dedicarse a la
política. Se da, además, la circunstancia de que para político vale cualquiera,
ya que no hay que hacer oposiciones como para cualquier otro trabajo. Tienen un
inconveniente, eso sí, y es que suelen manchárseles frecuentemente las manos. Es
por esto por lo que el Premio Nobel de literatura irlandés, Bernard Shaw, se guaseó de ellos con una frase que se ha
hecho célebre: “Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo y por los mismos motivos”.
Gijón, 23 de
noviembre de 2012
José Luis
Valladares Fernández