Es evidente que el Estado de Derecho en España, desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno, ha sufrido un enorme deterioro. Nuestras leyes serán todo lo ejemplares y justas que se quiera, pero no garantizan realmente los deberes, los derechos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos españoles más que de un modo puramente teórico. Pues los miembros del Gobierno, pese a su juramento o promesa, son los primeros que, si interesa, ni cumplen esa ley, ni la hacen cumplir. Y cuando las leyes están sometidas a diversos condicionantes ocasionales, es lógico que el Estado de Derecho se tambalee peligrosamente.
No es de recibo que nuestro Gobierno, sabiendo que es el pueblo el dueño y soberano del poder, actúe tan a la ligera en temas tan delicados como el terrorismo de ETA. Es un hecho ampliamente comprobado que Zapatero, de manera directa o a través de alguno de sus ministros o de terceras personas, ha estado negociando políticamente con ETA, antes y después de la voladura de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Ha compadreado con los asesinos, traicionado miserablemente a las víctimas del terrorismo y se ha reído de los ciudadanos que le pagan el sueldo, abusando cínicamente de su buena fe.
Rodríguez Zapatero comenzó su innoble peripecia ya en el año 2000, prácticamente nada más acceder a la Secretaria General del PSOE. En ese año, después varios actos terroristas, propone al Gobierno de Aznar el tan traído y llevado Pacto de las Libertades y contra el Terrorismo, que se firma por fin en diciembre de ese mismo año. Acto que visto así, aisladamente, merecería todo nuestro reconocimiento, pero que hoy día nos vemos obligados a criticar con dureza extrema por lo que escondía detrás. Cuando Zapatero propuso ese pacto, ya estaba conversando con ETA a través de miembros de su partido. Y esas conversaciones se transformaron rápidamente en auténticas negociaciones políticas una vez investido presidente del Gobierno en 2004. Le urgía pasar a la historia como el pacificador providencial del País Vasco y Navarra.
Al comenzar a negociar seriamente con la banda terrorista, Zapatero ya cuenta con Alfredo Pérez Rubalcaba para pilotar ese absurdo proceso de paz, buscado al margen de la ley y del Estado de Derecho. Rubalcaba, utilizando sus marrullerías innatas para manipular el desgraciado atentado del 11 de marzo, había sido el artífice indiscutible de la victoria electoral. Además había formado parte del Gobierno de Felipe González en los años más crudos de la guerra sucia contra ETA. Esto le daba un plus para desenvolverse con soltura en las pestilentes aguas de las cloacas del Estado. A instancias de la banda terrorista, y para sacarle mayor partido a esa incalificable negociación política, Zapatero sustituye a José Antonio Alonso en el Ministerio del Interior por el incombustible Alfredo Pérez Rubalcaba en abril de 2006.
Como en toda negociación, también en ésta había encuentros y desencuentros, como consecuencia de los incumplimientos del Gobierno, según indica la banda terrorista. Y es en un contexto de desencuentro en el que se deteriora claramente el proceso de negociación, cuando ETA rompe su compromiso y el 30 de diciembre de 2006 provoca el atentado de la Terminal 4 de Barajas, con el resultado de dos ecuatorianos muertos. Y esto ocurre precisamente al día siguiente de su comparecencia ante la prensa para hacer el balance anual de su gestión. En esa comparecencia, Zapatero no sabe que a las pocas horas va a saltar por los aires la Terminal 4 del aeropuerto y confiando plenamente en el proceso de paz puesto en marcha, confiesa muy ufano que estamos “mejor que hace cinco años” y que “hace un año”. Es más, manifestó su “convicción personal” de que “dentro de un año estaremos mejor que hoy” y con mejores perspectivas de conseguir el fin de la violencia terrorista.
Después del desconcierto provocado por la explosión inesperada de la furgoneta bomba de Barajas, Rubalcaba, en nombre del Gobierno, hace una primera valoración y dice que el atentado “rompe el alto el fuego permanente”, porque “la violencia es incompatible con el diálogo en cualquier democracia”. Más tarde, es el propio presidente del Gobierno el que comparece públicamente y confiesa que ha ordenado “suspender todas las iniciativas” previstas para establecer un diálogo con ETA, mientras la banda terrorista no tenga una “voluntad inequívoca” de abandonar la violencia. Muchos creyeron en la sinceridad de Zapatero y dieron por muerto definitivamente el proceso de paz.
A pesar de la aparente firmeza mostrada por Zapatero y por Rubalcaba ante el atentado de Barajas, pronto se les pasó el enfado y volvieron a pedir a ETA reabrir nuevamente la negociación. La banda terrorista debía comprometerse, eso sí, a no hacer más atentados y a mantener en el más estricto secreto los diversos encuentros entre los emisarios del Gobierno y los representantes de ETA. La imbecilidad de los negociadores que representaban al Gobierno llegó a tales extremos que admitieron sin más la tesis de los etarras, planteando la negociación en un contexto de reciprocidad. Esto es, los miembros de ETA, en vez de asesinos y terroristas, eran valientes gudaris, en guerra con España. Llegaron incluso a ofrecer dinero a la banda etarra, a través de alguna organización internacional, y que, a cambio, abandonaran el habitual proceso de extorsión a los empresarios.
Las actas de ETA, incautadas a Francisco Javier López Peña, alias Thierry, nos demuestran que Zapatero estaba detrás de todos los contactos con miembros de la banda terrorista antes y después del atentado de la Terminal 4. El nombre del presidente del Gobierno aparece repetidamente en las mismas, y hasta le asignan el apodo en clave de “Gorburu”. Desde el Ejecutivo tratan de quitar valor probatorio a estos documentos por venir de quien vienen. Tanto Rubalcaba como José Blanco los califican sin más de “bazofia llena de mentiras”. Pero se olvidan de algo elemental. No se trata de un comunicado de ETA escrito para ser publicado en Gara
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Este es un escrito interno de la banda, incautado policialmente por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en el que vemos que todos los hechos constatables de que habla, se han cumplido al pie de la letra, como la sustitución de Eduardo Fungairiño al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por otro más bizcochable, el trato de favor dado al asesino en serie De Juana Chaos y su libertad posterior y, como no, la llegada del propio Alfredo Pérez Rubalcaba al Ministerio de Interior. Es lamentable el hecho de que estos documentos tengan más credibilidad que las proclamas del Gobierno, pero es así. Tanto Zapatero como sus adláteres no han hecho más que mentir. Rubalcaba en concreto solamente ha dicho una verdad en su vida y fue al expresar que “España no se merece un Gobierno que mienta”
Gijón, 2 de abril de 2011
José Luis Valladares Fernández
