LA SINRAZÓN DE LA SGAE

Tenemos, de nuevo, a la Sociedad General de Autores y Editores burlándose de los pobres españoles, a los que roba descaradamente. Las generaciones jóvenes con responsabilidades en la dirección de la SGAE, por lo que parece, son discípulos aventajados de Teddy Bautista, que fue quién abrió el camino de la desfachatez y la sinvergüencería. El director del área mediterránea de la SGAE, Ramón Muntaner, no quiere desmerecer ante Teddy Bautista, presidente del Consejo de Dirección de la sociedad.
Un día de estos de atrás, Ramón Muntaner dejó al descubierto sus costuras interiores en unas esclarecedoras declaraciones a COMRàdio, difundidas por Europa Press. En esta entrevista, dejó translucir su catadura moral y humana que no desentona, en absoluto, con el resto de responsables de la SGAE. Comienza admitiendo que a la gente le cuesta entender y pagar el canon establecido por la comunicación pública de las obras protegidas. Nos dice que entiende “las iras de muchísima gente” al tener que pagar el canon establecido. Muntaner achaca este malestar, a que se trata de un concepto que “cuesta entender y que por eso le cuesta pagarlo”.
Esta rebelión contra el canon que corresponde a la SGAE, según el director del área mediterránea, solamente se produce en España. En los demás países, a pesar de aplicárseles tarifas más altas, no tienen este problema. Y cita expresamente a Francia, donde, dice, que no se cuestiona dicho cobro. Aquí, en cambio, la polémica está a la orden del día. El caso de los peluqueros es un ejemplo manifiesto.
Los altercados continuos que se producen en España, contra las actuaciones legales de la SGAE, los achaca Muntaner a que –y aquí está lo grave- “al nivel cultural en el que estamos en este país, por desgracia para nosotros, por debajo del de otros países, en parte por el franquismo”. La cara de hormigón armado de estas personas, tan acostumbradas a llevarse el dinero que no les corresponde, es para nota. Esta afirmación es todo un insulto a la inteligencia y realizada, creo yo, para minimizar las graves y airadas protestas de los que son injustamente robados.
La ausencia de zarabandas, en esos otros países, no se debe a que tengan o dejen de tener una mayor cultura. La razón de que abonen sin displicencia ese canon se debe, seguramente, a que los vigilantes de la propiedad intelectual no son tan descarados para cobrar derechos que no les corresponde. Aquí en España se roba de un modo desvergonzado, aunque, como dice Ramón Muntaner, se trate de una acción legal.
Es inaudito que se cobre ese canon a quien compra soportes vírgenes, susceptibles de ser grabados como es un CD o un DVD, o compra un paquete de folios en blanco, por si un día te da por grabar una obra protegida. Estos soportes, en la inmensa mayoría de los casos, se utilizan siempre para grabar o escribir cosas privadas y estrictamente personales. Es como si al comprar un coche nos cobraran en el concesionario un importe determinado para sufragar hipotéticas y futuras multas por las posibles infracciones de tráfico que podamos cometer con ese coche. De poco nos vale que la SGAE no cobre directamente a los usuarios. Se lo cobran a los fabricantes de los aparaos o soportes, y estos, como es lógico, lo tienen en cuenta para fijar el precio final del producto.
Los responsables de la Sociedad General de Autores y Editores nos quieren hacer ver que se trata de una entidad de gestión colectiva que, por ley, no tiene ánimo de lucro. Pero esto es solo en apariencia. La realidad es muy distinta. La SGAE es toda una tapadera, ya que alberga dentro de su estructura todo un entramado societario de filiales, que sí tienen ánimo de lucro. Y son estas filiales o sociedades limitadas las que se han convertido en lucrativos negocios ya que, en realidad, son las que se encargan de la recaudación de los derechos de autor, como si se tratara de un servicio prestado a la SGAE.
La Sociedad General de Autores y Editores crea en 1997 la Fundación Autor, según indicaron, para proteger, promover y difundir la creación artística. Esta Fundación, por sí misma, no puede ganar dinero, lo que es un problema. Para sortear este inconveniente, se crea una sociedad limitada, llamada Iberautor, de la que Fundación Autor es el único accionista. La sociedad Iberautor es, a su vez, la única propietaria de otras cuatro sociedades limitadas, a través de las cuales, La SGAE se dedica a la rapiña más variada en los actos diversos relacionados con la cultura. Se trata de las sociedades limitadas Sello Autor, Centro de Producción Audiovisual Autor, Altos del Rio y Teatro Príncipe Pio S. L.
Por mucho que diga Ramón Muntaner, no creo que fuera de nuestras fronteras sean tan rapaces como son aquí los responsables de la Sociedad General de Autores y Editores, eso sí, con la colaboración del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Gijón,10 de febrero de 2010

José Luis Valladares Fernández

TRAS LOS PASOS DE LA SGAE

Las diversas Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual que funcionan en España, por definición, debieran ser simples organizaciones asociativas dedicadas a la gestión de esos derechos, pero siempre, sin ánimo de lucro. Deben estar siempre, eso sí, sometidas a la tutela administrativa y, lógicamente, con la debida autorización ministerial.
Entre las funciones básicas de su cometido, está el administrar los derechos de propiedad intelectual que les sean cedidos por los propios titulares; establecer contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio en celebraciones masivas; hacer efectivos los derechos de naturaleza compensatoria y realizar el reparto de las recaudaciones netas. Tampoco deben olvidarse de promocionar y de prestar los servicios asistenciales necesarios a los autores e intérpretes o ejecutantes asociados que lo necesiten.
De las ocho Entidades de Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual que existen en España, la SGAE, de la mano de Teddy Bautista, ha sido tradicionalmente la más beligerante. Hasta ahora, ninguna de las otras sociedades había igualado en celo recaudatorio desorbitado e ilógico a la SGAE. Pero ahora, una de ellas, la Asociación de Artistas, Intérpretes Sociedad de Gestión de España (AISGE), por lo que parece, quiere ganar el tiempo perdido y emular a la propia SGAE.
Está visto que la entidad que gestiona en España los derechos de propiedad intelectual de los actores, dobladores, bailarines y directores de escena, quiere olvidarse de los duros inicios que tuvo que soportar al comenzar su andadura en 1990, y se ha subido al carro de las entidades millonarias y trata de cobrar cánones absurdos como la SGAE. Pilar Bardem, presidenta de AISGE no quiere ser menos que su colega Teddy Bautista, rivalizando con él en inventar nuevos cánones completamente ilógicos e irracionales.
Y ahí tenemos a Pilar Bardem intentando cobrar derechos de autor a los hospitales por poner la televisión a los pacientes hospitalizados. Ya en 2008, en nombre de los actores, dobladores y demás patulea cuyos derechos de autor administra, reclamó una indemnización a la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada.
La entidad gestora AISGE que dirige Pilar Bardem, este verano pasado y después de la carta de reclamación enviada a la Federación de Clínicas Privadas, ha tenido la osadía de interponer una demanda contra la Clínica Santa Isabel de Sevilla, exigiendo el pago de ese canon.
Es demencial que Pilar Bardem, en nombre de AISGE, exija con esta demanda el abono de la remuneración que, según dice, corresponde a los artistas intérpretes del audiovisual, “como consecuencia de todos los actos de comunicación pública en la modalidad de transmisión y/o retransmisión de grabaciones audiovisuales, que realizan los centros de hospitalización privada” en las habitaciones destinadas a los pacientes.
Pilar Bardem, como si se tratara de una deferencia con sus interlocutores, ofrece a los centros sanitarios la posibilidad de negociar las distintas tarifas aplicables a estos centros. Eso sí, no pueden diferir mucho de las indicadas por ella misma y que vemos en el siguiente párrafo. “Por actos de comunicación pública de obras y grabaciones audiovisuales en zonas comunes del establecimiento de hospedaje, 45 euros trimestrales por cada local o zona común o acceso público: por actos similares en el interior de las habitaciones del establecimiento asimilado, una tarifa de 1,5 euros al trimestre por habitación ocupada, y de 1,12 euros al trimestre por habitación disponible; y por actos de visionado o consumo unitario de grabaciones audiovisuales en las habitaciones del establecimiento, 0,30 euros por cada visionado”.
Los hospitales privados, como es normal, se oponen al abono de dicho canon. Los responsables de estos centros sanitarios dicen, con toda la razón del mundo, que “El hecho de que un enfermo vea la televisión no significa que asista a la difusión de una actuación". Si logran cobrar a las clínicas privadas ¿cual sería el siguiente paso? ¿Intentar aplicar este canon a los domicilios privados? No olvidemos que, de personas así, puede esperarse cualquier cosa.
De no dejar las cosas como están, sería más normal, creo yo, que los propios actores y comparsa abonaran ese canon a los televidentes. Los actores y comediantes hispanos, si es que han conseguido cierta nombradía, se lo deben a los telespectadores españoles por aguantar impávidos ante la pequeña pantalla tanta chabacanería y zafiedad. Los titiriteros patrios, en su inmensa mayoría, aunque presumen de consumados artistas, no pasan de vulgares y mediocres comediantes. Tal es así, que sus actuaciones entran, casi todas, en lo que se conoce como simple españolada.
La talla de tanto saltimbanqui de la comedia como anda suelto por ahí, a pesar de la promoción gratuita que se les hace, deja mucho que desear. De ahí que muchas de sus actuaciones se salven por las subvenciones que les concede el Gobierno. Porque Zapatero, con el dinero que no es suyo, es sumamente magnánimo. Y más con aquellas personas afectas a alguna de las plataformas afectas al jefe del Ejecutivo. Sin la subvención con dinero público, muchos de ellos se verían obligados a abandonar el mundo de la farándula y dedicarse a otra cosa. Da pena decirlo, pero es así. No dan para más.

Gijón 9 de octubre de 2009

José Luis Valladares Fernández

¿NUEVO ATRACO DE LA SGAE?

Con la Sociedad General de Autores de España (SGAE), vamos de sorpresa en sorpresa. En el mes de agosto pasado nos enteramos que esta sociedad, dando muestras de su afición por lo ajeno, exigía al ayuntamiento de Zalamea de la Serena la bonita cantidad de 14.000 euros. Javier Paredes, alcalde de la localidad, calificaba esta pretensión, con toda la razón del mundo, de “burrada” y de casi un atraco a mano armada”.
El primer edil de Zalamea razona su enfado. Se trata, nos dice, de una representación popular de Calderón de la Barca, que se titulaba ‘El alcalde de Zalamea’ y que llevan acabo, de modo desinteresado, un grupo de vecinos de la localidad. Esta sería la decimosexta edición. Se trata, nos dice el regidor municipal, de una recuperación patrimonial del sentimiento del pueblo y esta representación, además, ha sido declarada fiesta de interés Turístico Regional. No se trata de recaudar fondos. Es más, la taquilla no llega ni para cubrir los gastos originados por la representación.
Pero la SGAE no entiende de estas cosas. Todo su afán se centra en hacer caja como sea. Todo lo demás no le interesa.
Un caso parecido les ocurre a la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles, que organiza el Festival Zaidín Rock de Granada. Este año celebra la 29 edición y la SGAE les exige el pago de unos 6.000 euros por festival en concepto de derechos de autor.
Como el festival, a pesar de que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Granada y de la Junta de Andalucía, no da para tanto, a este colectivo vecinal se le ocurrió una idea muy original: pedir a la SGAE el patrocinio de este evento musical. Esta sería la única posibilidad de hacer frente a los derechos de autor.
Aunque estos dos casos anteriores son sumamente llamativos, tiene bastante más enjundia la siguiente noticia que lleva ya días circulando en la red. La SGAE pretende obligar a las bibliotecas públicas a pagar 20 céntimos por cada libro prestado en concepto de canon, destinado a resarcir a los autores de dichos libros del desgaste del préstamo.
La SGAE, ahora sí, ha llegado al colmo del despropósito. El mercantilismo de esta sociedad, que dice representa los intereses de los autores, la llevaría a poner freno a una de las mejores actividades que puede proporcionar una biblioteca, como es el promover la lectura. El préstamo de libros despierta en la gente joven la afición por la lectura y quien se aficiona a leer, termina por ser un habitual comprador de libros.
Es inconcebible que la SGAE pretenda defender los intereses de los autores, cargándose la principal y más interesante de las funciones que deben desarrollar las bibliotecas. Sin los préstamos de libros, muchos de los escritores serían unos perfectos desconocidos que para vivir, en vez de dedicarse a escribir, tendrían que buscarse otro medio de vida. El mejor servicio que una biblioteca puede proporcionarles, es difundir su obra haciendo llegar sus libros, mediante el correspondiente préstamo al mayor número de personas posibles.
Flaco favor les hace la SGAE a los escritores, dificultando la difusión de su obra con esa desquiciada pretensión de cobrar a las bibliotecas por libro prestado. Nadie compra libros de autores desconocidos, a menos que sea un perfecto patán. A los paletos solamente les interesa el aspecto de los mismos. Si están bien encuadernados, les valen hasta las guías de teléfono. Quieren lucirse ante sus amistades, y para ello procuran llenar los anaqueles del mueble de su salón con libros que tengan lomos muy elegantes y vistosos.
La mejor propaganda que puede recibir cualquier autor, y que además es gratuita, se la proporcionan estas bibliotecas que difunden su obra de un modo admirable prestando sus libros. El fomento de la lectura proporciona a los escritores la mejor de las promociones posibles, reportándoles un buen número de ventas de ejemplares. Y si la Sociedad General de Autores de España empieza a cobrar por este servicio, habrá bibliotecas que cancelen este servicio. Esto ocasionará que disminuyan los lectores y por consiguiente, con el tiempo, disminuirán también los compradores de libros.

Gijón, 13 de septiembre de 2009

José Luis Valladares Fernández

VIVIR DE LA SUBVENCION

Que Zapatero, cuando se vaya, nos va dejar una enorme herencia, sobre todo en parados subvencionados y menesterosos, es evidente. Si se hubiera propuesto el reunir intencionadamente toda esa ingente cantidad de personas, haciendo cola a las puertas del INEM, a la entrada de los comedores sociales o poniendo el cazo para recibir subvenciones, seguro que no lo lograba.
Entre los que ponen el cazo tenemos personas de muy diverso pelaje, aunque todos ellos tienen en común la propensión a vivir del cuento. Muchos de ellos, claro está, si tuvieran que vivir de su trabajo, lo pasarían muy mal, ya que su valía profesional deja mucho que desear. Aunque hay excepciones, son muchos los que carecen de talla para ser lo que dicen ser: representantes dignos de alguno de los ramos de la cultura. Sin embargo, con su adscripción al sindicato de la ceja, se pueden permitir el lujo de vivir del momio público que pagamos todos.
También es verdad que Zapatero les necesita. Se necesitan mutuamente. Los del sindicato de la ceja, juntamente con los otros sindicatos, que han abjurado de sus obligaciones, se aprestan voluntariamente a servir de paraguas protector de Zapatero. Hecho que el presidente del Gobierno suele remunerar muy bien. Y los de la farándula no suelen hacerle ascos a esas suculentas dádivas, aunque por las circunstancias que concurren sean ilegales. Ahí están, para demostrarlo, las películas españolas que cobran la correspondiente subvención y que, después, quedan en el baúl de los recuerdos sin exhibirse en las salas.
De esto sabe bastante la actual Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que procede de ese mundo y que, como la mayoría, ha sabido exprimir convenientemente los presupuestos. Hoy día, no tiene problemas, en calidad de ministra, de conceder y firmar subvenciones para los que formaban su propia tropa. Es más, pretende ahora ampliar las ayudas a la industria del cine donde ella sigue teniendo grandes intereses privados, tanto personalmente como a través de algún que otro familiar suyo, entre los que se encuentran su propio padre, uno de sus tíos y hasta su actual pareja. Por este motivo, la Asociación de Internautas ha puesto una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Administraciones Públicas.
Siempre han abundado los mediocres entre esa tropa que se dedica a la creación de obras supuestamente culturales. Durante el régimen anterior, los titiriteros de entonces achacaban a la censura franquista la banalidad de sus creaciones. Al menos tenían una disculpa, aunque ni censura franquista, ni gaitas. Falta manifiesta de valía intelectual, ya que las mejores obras de nuestra literatura fueron creadas bajo una censura mucho más asfixiante que la de Franco, la famosa Inquisición. Los titiriteros actuales no tienen disculpa alguna y, como les sobra cara, y les falta dignidad y remordimientos morales, no tienen inconveniente en vivir del presupuesto.
Entre esta tropa, hay unos más avariciosos que otros y que, en consecuencia necesitan percepciones más abundantes. De ahí que hayan aterrizado en la SGAE. Los mentores de esta sociedad, en vez de gestionar los derechos de Autor y potenciar las actividades culturales y asistenciales que desarrollaba la antigua sociedad, han montado, con la autorización de Zapatero, todo un tinglado recaudatorio completamente ilegal.
Tal es así, que se han arrogado la facultad de imponer sanciones, de invadir la intimidad personal y además les permiten cobrar un canon que es un robo manifiesto. Nadie debe ser sancionado en prevención de que pueda cometer un delito, que es el caso del canon digital. Les dio alas Zapatero y ahora se creen los faraones del siglo XXI, aunque la mayoría de los que dirigen el invento, como es el caso de Teddy Bautista, no pasan de simples rapsodas que han fracasado profesionalmente.
Dentro de esta tropa, tenemos personajes muy singulares. Es paradigmático el caso José Ramón Martínez Márquez, alias Ramoncín y no sabemos que pinta en el Jurado de la Operación Triunfo. Es uno de los grandes defensores de la SGAE y, cuando abandonó la Junta de la Sociedad, no dudó en afirmar que esta, hace veinte años, recaudaba muy poco y mal y ahora “mucho y bien”. Y agregó: “Hoy la SGAE está entre las primeras del mundo, juega en la liga de Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. Cuando entramos, la sociedad recaudaba poco y mal y hoy recauda mucho y bien. Yo he hecho este trabajo a cambio de nada". Critica a los que compran música en el top manta y lo achaca a un simple problema cultural. Eso si, defiende el canon digital con uñas y dientes.
Extraña enormemente encontrar a Ramoncín entre el grupo de jueces encargado de valorar la actuación de los participantes en la Operación Triunfo, ya que él fue uno de los principales enemigos de ese programa de televisión. Él fue uno de los firmantes del manifiesto “otro timo no” auspiciado por Periodistas Especializados en Música, Ocio y Cultura. En este manifiesto se acusaba al concurso televisivo de todos los males de la industria discográfica. Además se acusaba a la televisión de pervertir los valores artísticos y acabar con la música de calidad.
Mucho ha cambiado Ramoncín desde entonces hasta ahora. Estaría muy bien que fuera Sabina el que juzgara este cambio de actitud del rey del pollo frito.

José Luis Valladares Fernández

LA VORACIDAD DESVERGONZADA DE LA SGAE

El niño Juanma, que padece el síndrome de Alexander

Hoy ha saltado a los medios de comunicación una noticia sorprendente por su contenido. La SGAE cobró el pasado día 25 de abril el 10% de lo recaudado en un concierto benéfico para intentar salvar la vida a un niño de 5 años que padece el síndrome de Alexander.
El concierto estuvo a cargo de David Bisbal que actuó completamente gratis. Hasta el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar cedió gratuitamente sus instalaciones. Vendido todo el aforo en un solo día, se recauda la bonita cifra de 50.000 euros. Hasta aquí todo muy bonito y normal. Pero, para aguar la fiesta y acabar angustiando a unos padres, tremendamente atribulados por que apenas les queda tiempo para salvar la vida de su hijo, llega la SGAE para poner el cazo y llevarse un dinero tan necesario para la investigación de esa enfermedad.
Ya el día 16 de abril, el delegado de la SGAE de Almería, obligó a la madre a firmar un documento, donde, además del 10% de lo recaudado, le arrancó también unas lágrimas muy amargas. Es más, el Delegado de la SGAE llegó hasta el extremo desvergonzado de exigir a la pobre madre, una señal o adelanto para que el concierto fuera viable. Con el agravante de que al delegado de la SGAE le urgía hacer caja, hasta tal punto, que no pudo esperar a que madre e hijo estuvieran en casa. Acudió a la clínica, donde Juanma estaba siendo sometido a unos ejercicios de rehabilitación, para apremiar a la madre a que firmara el compromiso de abonar ese 10% sobre lo recaudado en taquilla. La SGAE justifica el cobro de esos 5.000 euros apelando a la Ley de Propiedad Intelectual y que se ha limitado a cumplir con su obligación.
La Ley de Propiedad Intelectual dirá lo que quiera. Pero respetando al máximo los justificados Derechos de Autor, ese cobro repugna a la conciencia de cualquier ser humano. Es algo injustificable si atendemos al más elemental sentido común.
La SGAE, consciente de la mala fama que se ha ganado a pulso, y ante las reacciones adversas a su postura, adoptada por los medios que se hicieron eco de tan sorprendente noticia, ha reflexionado y, por fin, ha decido devolver ese importe ligeramente aumentado. Con esta reacción, llevada a cabo muy a su pesar, la SGAE parchea en parte su deleznable acción anterior. Se rehabilita estéticamente, aunque la mancha moral y ética es muy difícil de borrar, y reincidirá, ya lo veremos, en la próxima oportunidad que tenga. Su desvergonzado afán recaudatorio ha marcado indeleblemente a esta organización de por vida, y no son capaces de abandonar ese desmesurado ánimo de lucro.

José Luis Valladares Fernández

EL CANON DIGITAL Y LA SGAE

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene ya más de 100 años de historia. En teoría, se trata de una organización encargada de gestionar tanto los intereses de los autores como los de los propios editores. Y toda esta gestión, según sus estatutos, debería realizarla sin el más mínimo ánimo de lucro.
Hasta 1987, gestionó, más o menos correctamente, el cobro y la distribución de los derechos de autor, lo que le proporcionaba cierto prestigio y el respeto unánime de los diversos estamentos de la sociedad implicada en el tema. A partir de esa fecha ese prestigio y respeto se fue perdiendo gradualmente, a medida que la SGAE aumentaba su voracidad recaudatoria.
Fue en 1987 cuando comenzó a declinar el crédito de esta organización al imponer una nueva remuneración compensatoria o canon por copia privada, que comenzó a aplicarse a ciertos medios de grabación. Esta tasa fue introducida por la Ley 22/1987, del 11 de noviembre. Dicha Ley fue desarrollada y regulada en el Real Decreto Legislativo 1/1996, del 12 de abril, dictado por el último gobierno en funciones de Felipe González. Esta Ley de Propiedad Intelectual española obliga a que ese cobro se realice a través de entidades de gestión colectiva.
La degradación de la imagen de la SGAE aumentó en picado en el año 2003. En esta fecha se ganó el rechazo unánime de toda la sociedad al tratar de incluir el cobro más polémico, el cobro del llamado canon digital. Esta cuesta debajo por la que va cayendo la buena imagen de la SGAE se acelera con la actuación del presidente del Consejo de Dirección Teddy Bautista. Su campaña a favor de ese canon por copia privada en los distintos soportes audiovisuales, ha sido tremendamente agresiva. Llegó a calificar de "indispensable" esta remuneración. Y agregó: retribución "a la que tienen derecho todos los creadores y productores y que se viene cobrando desde 1992.
Son significativas, también las palabras de Pilar Bardem. De una manera provocadora nos dice que ese canon hay que defenderlo con uñas y dientes. Es más, nos recuerda que la remuneración por copia privada es “una cuestión de justicia y de principios” y que si se eliminara, tal como ha propuesto el Partido Popular en el Senado, se pondrían en juego 70 millones de euros anuales. Y, para hacer más fuerza, nos dice que parte de ese dinero recaudado se destina a programas culturales, asistenciales y de promoción. Se nota a la legua que han banalizado por completo el concepto de cultura. Para estas personas la cultura, en realidad, no tiene nada que ver con conocimiento, erudición, sapiencia y otros sinónimos parecidos
El establecimiento de esta tasa indiscriminada a todos los soportes audiovisuales se negoció sin tener en cuenta a los consumidores y sin la presencia de las autoridades. Y basan su postura en que, al tratarse de particulares, no es posible controlar ni el título, ni el número de copias realizadas. Esto les llevó a adoptar ese cobro o penalización generalizada e indiscriminada.
La Ley de Propiedad Intelectual, desde 2004, ha sufrido varias reformas o actualizaciones más o menos interesadas, y todas tendentes a la ampliación de ese canon digital. De este modo, han ampliado esta a todo tipo de soportes que sean idóneos para reproducir y almacenar cualquiera de los contenidos protegidos por derechos de autor. Consideran que los autores tienen pérdidas económicas por las copias privadas de sus obras realizadas por particulares.
Ante este estado de cosas, nada más norma que los usuarios de internet y la Asociación de Internautas en cabeza hayan protestado enérgicamente por el nombramiento de la nueva ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Todo el mundo sabe lo aficionada que es a controlar los contenidos que protegen los derechos de autor. Es precisamente este motivo lo que llevó a la SGAE a voltear las campanas de su organización y a pregonar que se trataba de un nombramiento excelente.
Los nuevos conceptos por los que se cobran actualmente derechos de autor, supone una pasta considerable, pasta que en realidad nadie controla. Y no digamos el reparto de este dinero entre los diversos autores. De ahí que haya personas ajenas al sindicato de la ceja, involucradas en generar esos ingresos, que se quejen amargamente de que no entran en ese reparto. Es público el dato de que en 2007 la SGAE repartió el 75% de sus fondos entre el 1,73% de los autores. Todo un ejemplo.


José Luis Valladares Fernández