Con la nueva reorganización del Gobierno, Zapatero casi ha completado La Quinta de la Cuota. ¡Menuda ‘troupe’ de aprendices que lleva mi carro! Solamente falta Leire Pajín para completar el cuadro. La vida y milagros de Bibiana Aido y de Carme Chacón es sobradamente conocida. El juego que puedan dar las otras pipiolas lo desconocemos. Quizás, el cometido de González-Sinde no sea otro que mantener en alto la moral del sindicato de la ceja, con vistas al próximo proceso electoral. Y como la lógica, como ciencia formal que estudia las formas válidas de inferencia, siempre se le ha atragantado a Zapatero, metió en el lote a José Blanco, alias Pepe Blanco.
José Blanco es todo un valor en alza, del que ha dicho Zapatero, que es la persona mejor preparada para desempeñar la cartera de Fomento. Haremos un acto de fe y estaremos atentos a los resultados de su gestión. Pepe Blanco, además de ejercer como Ministro, continuará arrogándose la facultad de decir quien es demócrata y progresista y quien no. Aspirará también, ahí es nada, a promulgar las distintas normas cristianas que deben guiar la vida y obras de los católicos.
Nadie como Pepe Blanco, con la inestimable ayuda de Bibiana Aido, para resolver el eterno dilema del poder temporal y celestial. Él confiesa que es creyente, y como tal es un cristiano modélico, en perfecta sintonía con los actuales católicos de base. Y como estos grupos de católicos de base, él también tiene una visión abierta y plural de la realidad y la Historia de España, lo que implica cierta dosis de autocrítica que ejerce con todo derecho. Pepe Blanco no es, por consiguiente, anticatólico, aunque sí anticlerical ya que no comulga en absoluto con el clero y menos con la jerarquía eclesial.
Apoyado en esa especie de dualismo, cristianismo por un lado y anticlericalismo por otro, Pepe Blanco acusa a la Conferencia Episcopal de hipócrita y de poseer una “doble moral”. Y para que los Obispos tomen conciencia de su problema, les recomienda que escuchen la COPE y que, después, pidan perdón.
Tanto José Blanco como Bibiana Aido niegan a los Obispos el derecho a manifestar públicamente su opción por la vida. Olvidan, tanto Aido como Blanco, que los Obispos, antes que Obispos son ciudadanos y, como tales, deben tener toda la libertad del mundo para expresar sus propias opiniones, como el resto de los mortales. Y no solamente los Obispos y todo el clero, también los católicos son auténticos ciudadanos y, por consiguiente, tienen pleno derecho y hasta el deber de intervenir en la vida pública. Claro que el Gobierno, por el hecho de ser clérigos o católicos, a lo mejor quiere despojarlos de sus derechos y reducirlos a ciudadanos de segunda clase.
El sistema democrático implica necesariamente, que la ciudadanía sirva de contrapeso ante los posibles excesos del Gobierno de turno. Y esto, nuestros gobernantes actuales no lo conciben ni lo entienden en absoluto. Piensan que las decisiones sobre las leyes, sean estas las que fueren y tengan el alcance que tengan, competen únicamente al Parlamento, que es donde reside la soberanía popular. Como si los miembros del Gobierno, con el apoyo de sus diputados, tuvieran bula para legislar a capricho.
Es tal la ignorancia de algunos miembros del ejecutivo y la maldad del resto, que se creen con el derecho de acallar a la Iglesia y a indicarla sus campos de actuación, que quedan reducidos al culto y a unas cuantas ceremonias religiosas. Y si la Iglesia alza la voz, como en esta ocasión, y protesta contra la nueva ley del aborto, se la recrimina por adoptar una posición que dicen que no le corresponde, y la acusa de confundir y mezclan religión y política.
Es la misma acusación que hicieron, los días previos a la Semana de Pasión, a las distintas hermandades y cofradías de Semana Santa, cuando anunciaron que llevarían unos lazos blancos como distintivo antiaborto. Como sociedades religiosas que son, hubiera sido lo más normal que protestaran contra el aborto de esta o de otra manera cualquiera. La actitud de la Ministra de Igualdad, acusando acremente a los cofrades de confundir religión con política, es tremendamente cínica e impresentable, toda vez que reconoce que la Semana Santa es una semana para el encuentro y la concordia.
Quizás transcienda a la comprensión y a las luces de que disponen Pepe Blanco y Bibiana Aido, evidentemente limitadas, y desconozcan que las leyes deben tener por objeto, ante todo, el bien común y la garantía y salvaguarda de los derechos humanos. Y es precisamente el derecho a la vida lo que más importa a todo ser humano, incluso al aún no nacido.
El hombre, desde el punto de vista cristiano, no es dueño de su propia vida y menos aún de la vida ajena. Esto es algo básico, aunque les suene a chino a los miembros del Gobierno actual que, llevados por su positivismo jurídico, catalogan al hombre como un ser plenamente autónomo. Y la Iglesia Católica, por convicción y por imposición religiosa, tiene la imperiosa obligación de levantar la voz contra el aborto que conculca el derecho inalienable a nacer de todo ser humano concebido.
Dice Bibiana Aido que la actual regulación del aborto, promulgada en 1985, se ha quedado vieja, permite arbitrariedades y es manifiestamente mejorable. De ahí que trate de arbitrar una nueva norma de interrupción voluntaria del embarazo; norma que, según ella, solucionaría los problemas de la legislación actual. Comienza por cambiar el nombre de aborto, que le suena mal, por el de interrupción voluntaria del embarazo que le parece más aséptico. Se llame de una u otra manera, en la legislación actual y en la que se proyecta, le guste o no le guste a la Ministra, se trata de un infanticidio prenatal.
Para la nueva regulación de esta ley, Bibiana Aido se rodeó de un comité de expertos, elegidos de una manera un tanto sospechosa y sin la más mínima asepsia. Entre esos expertos, nos encontramos con Santiago Barambio, que es el responsable máximo de la patronal que se lucra con el aborto. Él es el Presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que, por cierto, ha sido condenado por la Audiencia de Barcelona por no atender correctamente a una mujer a la que sometió a un aborto. Este es uno de los principales avalistas ‘científicos’ de esa nueva ley del aborto.
Con esta nueva ley, que busca combinar plazos y supuestos, se pretende legalizar la impunidad de las distintas clínicas abortistas, molestas hasta ahora por los distintos filtros que exige la normativa actual. Se trata de un negocio en toda regla y, para ello, nada mejor que prescindir de cualquier clase de escrúpulos e instaurar un aborto, claramente incondicional, y regulado al margen del Código Penal.
Para no levantar sospechas y adormilar conciencias, los socialistas procuran disfrazar esta ley de plazos llamando “derecho a la salud reproductiva” a la eliminación física de ese ser humano, que aún no ha nacido. Y buscan toda una motivación muy especial en la ya famosa ideología de género. Por eso la preparación de esta ley se confía, en vez de al Ministro de Justicia, a la Ministra de Igualdad, Bibiana Aido que se encargará inmediatamente de enarbolar el dichoso feminismo como justificación.
La prescindible Ministra de Igualdad se empeña en afirmar que el Gobierno defiende la vida tanto o más que las diversas asociaciones antiabortistas, y que, como consecuencia de esto, la nueva ley, cuando se promulgue, establecerá varios límites que no hay en la actual. Y agrega que el ejecutivo no debe someterse nunca a criterios religiosos de corte extremo. Pero nunca tendrá en cuenta la llamada Declaración de Madrid que han firmado más de 2000 médicos, científicos y académicos, que están contra el aborto. Los firmantes de esta Declaración, según Bibiana, se embarcan en un retroceso, mientras que el Gobierno quiere avanzar y busca una ley que garantice jurídicamente, tanto a las mujeres que abortan como a los profesionales que realizan esos abortos.
Aunque Aido no quiera oírlo, la oposición al aborto transciende a la misma religión y no tiene nada que ver con la política. Tiene ante todo, además de las connotaciones religiosas evidentes, importantes implicaciones éticas e incluso cívicas, ya que está de por medio la propia dignidad del hombre y de la mujer. Y son precisamente estos motivos éticos y cívicos en los que basa todos sus argumentos, a favor de la vida, el propio Manifiesto de Madrid. El ser humano, es humano desde el momento de su concepción, o es cualquier cosa menos un ser humano, y conservará esa condición hasta su muerte. Es absurda la idea de que en los no nacidos se da una etapa prehumana.
El aborto es ya en sí algo moralmente censurable por simple tradición cultural, previa incluso a la aparición del cristianismo. La pretensión de Bibiana y de sus corifeos no deja de ser una clara involución cultural, enmascarada detrás de una seudo-revolución social. Sus argumentos parecen sacados de un feminismo de la edad de las cavernas.
Manuel Chaves, el mosquetero de Felipe González, es otro de los nuevos Ministros, y además con categoría de Vicepresidente. Manuel Chaves ya sabemos lo que puede dar de sí. No ha hecho nada positivo en su vida, salvo impulsar y organizar ‘el clan de la tortilla’. Todos conocemos los parados que dejó en su época de Ministro de Trabajo y la mala gestión al frente de la Comunidad de Andalucía.
Se ha lucido Zapatero. Consiguió, por fin, eliminar los Ministros y sustituirlos por obedientes funcionarios. El Jefe decide lo que hay que hacer y los funcionarios se esforzarán al máximo por complacerle. ¡Así nos luce el pelo!
José Blanco es todo un valor en alza, del que ha dicho Zapatero, que es la persona mejor preparada para desempeñar la cartera de Fomento. Haremos un acto de fe y estaremos atentos a los resultados de su gestión. Pepe Blanco, además de ejercer como Ministro, continuará arrogándose la facultad de decir quien es demócrata y progresista y quien no. Aspirará también, ahí es nada, a promulgar las distintas normas cristianas que deben guiar la vida y obras de los católicos.
Nadie como Pepe Blanco, con la inestimable ayuda de Bibiana Aido, para resolver el eterno dilema del poder temporal y celestial. Él confiesa que es creyente, y como tal es un cristiano modélico, en perfecta sintonía con los actuales católicos de base. Y como estos grupos de católicos de base, él también tiene una visión abierta y plural de la realidad y la Historia de España, lo que implica cierta dosis de autocrítica que ejerce con todo derecho. Pepe Blanco no es, por consiguiente, anticatólico, aunque sí anticlerical ya que no comulga en absoluto con el clero y menos con la jerarquía eclesial.
Apoyado en esa especie de dualismo, cristianismo por un lado y anticlericalismo por otro, Pepe Blanco acusa a la Conferencia Episcopal de hipócrita y de poseer una “doble moral”. Y para que los Obispos tomen conciencia de su problema, les recomienda que escuchen la COPE y que, después, pidan perdón.
Tanto José Blanco como Bibiana Aido niegan a los Obispos el derecho a manifestar públicamente su opción por la vida. Olvidan, tanto Aido como Blanco, que los Obispos, antes que Obispos son ciudadanos y, como tales, deben tener toda la libertad del mundo para expresar sus propias opiniones, como el resto de los mortales. Y no solamente los Obispos y todo el clero, también los católicos son auténticos ciudadanos y, por consiguiente, tienen pleno derecho y hasta el deber de intervenir en la vida pública. Claro que el Gobierno, por el hecho de ser clérigos o católicos, a lo mejor quiere despojarlos de sus derechos y reducirlos a ciudadanos de segunda clase.
El sistema democrático implica necesariamente, que la ciudadanía sirva de contrapeso ante los posibles excesos del Gobierno de turno. Y esto, nuestros gobernantes actuales no lo conciben ni lo entienden en absoluto. Piensan que las decisiones sobre las leyes, sean estas las que fueren y tengan el alcance que tengan, competen únicamente al Parlamento, que es donde reside la soberanía popular. Como si los miembros del Gobierno, con el apoyo de sus diputados, tuvieran bula para legislar a capricho.
Es tal la ignorancia de algunos miembros del ejecutivo y la maldad del resto, que se creen con el derecho de acallar a la Iglesia y a indicarla sus campos de actuación, que quedan reducidos al culto y a unas cuantas ceremonias religiosas. Y si la Iglesia alza la voz, como en esta ocasión, y protesta contra la nueva ley del aborto, se la recrimina por adoptar una posición que dicen que no le corresponde, y la acusa de confundir y mezclan religión y política.
Es la misma acusación que hicieron, los días previos a la Semana de Pasión, a las distintas hermandades y cofradías de Semana Santa, cuando anunciaron que llevarían unos lazos blancos como distintivo antiaborto. Como sociedades religiosas que son, hubiera sido lo más normal que protestaran contra el aborto de esta o de otra manera cualquiera. La actitud de la Ministra de Igualdad, acusando acremente a los cofrades de confundir religión con política, es tremendamente cínica e impresentable, toda vez que reconoce que la Semana Santa es una semana para el encuentro y la concordia.
Quizás transcienda a la comprensión y a las luces de que disponen Pepe Blanco y Bibiana Aido, evidentemente limitadas, y desconozcan que las leyes deben tener por objeto, ante todo, el bien común y la garantía y salvaguarda de los derechos humanos. Y es precisamente el derecho a la vida lo que más importa a todo ser humano, incluso al aún no nacido.
El hombre, desde el punto de vista cristiano, no es dueño de su propia vida y menos aún de la vida ajena. Esto es algo básico, aunque les suene a chino a los miembros del Gobierno actual que, llevados por su positivismo jurídico, catalogan al hombre como un ser plenamente autónomo. Y la Iglesia Católica, por convicción y por imposición religiosa, tiene la imperiosa obligación de levantar la voz contra el aborto que conculca el derecho inalienable a nacer de todo ser humano concebido.
Dice Bibiana Aido que la actual regulación del aborto, promulgada en 1985, se ha quedado vieja, permite arbitrariedades y es manifiestamente mejorable. De ahí que trate de arbitrar una nueva norma de interrupción voluntaria del embarazo; norma que, según ella, solucionaría los problemas de la legislación actual. Comienza por cambiar el nombre de aborto, que le suena mal, por el de interrupción voluntaria del embarazo que le parece más aséptico. Se llame de una u otra manera, en la legislación actual y en la que se proyecta, le guste o no le guste a la Ministra, se trata de un infanticidio prenatal.
Para la nueva regulación de esta ley, Bibiana Aido se rodeó de un comité de expertos, elegidos de una manera un tanto sospechosa y sin la más mínima asepsia. Entre esos expertos, nos encontramos con Santiago Barambio, que es el responsable máximo de la patronal que se lucra con el aborto. Él es el Presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que, por cierto, ha sido condenado por la Audiencia de Barcelona por no atender correctamente a una mujer a la que sometió a un aborto. Este es uno de los principales avalistas ‘científicos’ de esa nueva ley del aborto.
Con esta nueva ley, que busca combinar plazos y supuestos, se pretende legalizar la impunidad de las distintas clínicas abortistas, molestas hasta ahora por los distintos filtros que exige la normativa actual. Se trata de un negocio en toda regla y, para ello, nada mejor que prescindir de cualquier clase de escrúpulos e instaurar un aborto, claramente incondicional, y regulado al margen del Código Penal.
Para no levantar sospechas y adormilar conciencias, los socialistas procuran disfrazar esta ley de plazos llamando “derecho a la salud reproductiva” a la eliminación física de ese ser humano, que aún no ha nacido. Y buscan toda una motivación muy especial en la ya famosa ideología de género. Por eso la preparación de esta ley se confía, en vez de al Ministro de Justicia, a la Ministra de Igualdad, Bibiana Aido que se encargará inmediatamente de enarbolar el dichoso feminismo como justificación.
La prescindible Ministra de Igualdad se empeña en afirmar que el Gobierno defiende la vida tanto o más que las diversas asociaciones antiabortistas, y que, como consecuencia de esto, la nueva ley, cuando se promulgue, establecerá varios límites que no hay en la actual. Y agrega que el ejecutivo no debe someterse nunca a criterios religiosos de corte extremo. Pero nunca tendrá en cuenta la llamada Declaración de Madrid que han firmado más de 2000 médicos, científicos y académicos, que están contra el aborto. Los firmantes de esta Declaración, según Bibiana, se embarcan en un retroceso, mientras que el Gobierno quiere avanzar y busca una ley que garantice jurídicamente, tanto a las mujeres que abortan como a los profesionales que realizan esos abortos.
Aunque Aido no quiera oírlo, la oposición al aborto transciende a la misma religión y no tiene nada que ver con la política. Tiene ante todo, además de las connotaciones religiosas evidentes, importantes implicaciones éticas e incluso cívicas, ya que está de por medio la propia dignidad del hombre y de la mujer. Y son precisamente estos motivos éticos y cívicos en los que basa todos sus argumentos, a favor de la vida, el propio Manifiesto de Madrid. El ser humano, es humano desde el momento de su concepción, o es cualquier cosa menos un ser humano, y conservará esa condición hasta su muerte. Es absurda la idea de que en los no nacidos se da una etapa prehumana.
El aborto es ya en sí algo moralmente censurable por simple tradición cultural, previa incluso a la aparición del cristianismo. La pretensión de Bibiana y de sus corifeos no deja de ser una clara involución cultural, enmascarada detrás de una seudo-revolución social. Sus argumentos parecen sacados de un feminismo de la edad de las cavernas.
Manuel Chaves, el mosquetero de Felipe González, es otro de los nuevos Ministros, y además con categoría de Vicepresidente. Manuel Chaves ya sabemos lo que puede dar de sí. No ha hecho nada positivo en su vida, salvo impulsar y organizar ‘el clan de la tortilla’. Todos conocemos los parados que dejó en su época de Ministro de Trabajo y la mala gestión al frente de la Comunidad de Andalucía.
Se ha lucido Zapatero. Consiguió, por fin, eliminar los Ministros y sustituirlos por obedientes funcionarios. El Jefe decide lo que hay que hacer y los funcionarios se esforzarán al máximo por complacerle. ¡Así nos luce el pelo!
José Luis Valladares Fernández