LAS ANDANZAS DEL PSOE

X.-La obsesión freudiana de Pedro Sánchez

1ª . Parte

Allá por el año 629 de nuestra era, un monje budista chino, llamado Xuanzang, abandona Luoyang y marcha en peregrinaje a la India. Entre otros lugares sumamente interesantes, estuvo en la ciudad de Bamiyán, donde se entremezclan elementos de arte griego, el persa y budista, dando origen a una modalidad artística que conocemos colmo arte greco-budista.

En sus correrías por la famosa Ruta de la Seda, Xuanzang visitó a los monjes de los monasterios theravāda, que vivían austeramente en cuevas talladas en los mismos acantilados de la ciudad  y pudo admirar las dos estatuas de Budas gigantes, esculpidas en la roca por los propios monjes para embellecer sus celdas. La altura de estas estatuas, una alcanzaba los 55 metros y la otra 37. Y tal como reflejó Xuanzang en su crónica, ambos Budas estaban “decorados  con oro y finas joyas”. Y estas estatuas,  de un valor histórico incalculable por su evidente antigüedad, fueron reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Aunque los musulmanes siempre han sido iconoclastas e intransigentes con las imágenes budistas, el patrimonio artístico de Bamiyán, siempre había sido escrupulosamente respetado. Pero en el año 2001, los talibanes rompen con esa tradición y deciden poner fin a casi 1.500 años de historia, demoliendo con explosivos las dos estatuas de Buda, que adornaban el milenario monasterio budista de esa ciudad afgana.

Se trata, cómo no, de un acto extremadamente violento, condenado expresamente hasta por la misma Organización de la Conferencia Islámica, que sentó un peligroso antecedente para el mundo musulmán más fundamentalista y que ha sido copiado, en más de una ocasión, por otros combatientes del Estado Islámico. La voladura de los Budas gigantes ha sido también un mal ejemplo para nuestros fundamentalistas particulares, que intentan  aniquilar hasta el más mínimo vestigio dejado por Franco en nuestra historia reciente.

Los yihadistas culturales, que soportamos, querrían ir mucho más lejos, pero han tenido que conformarse con simples amenazas. Los muyahidines, que militan en formaciones políticas tan mesiánicas y ultraizquierdistas como Podemos, estarían completamente dispuestos a dinamitar el portentoso conjunto monumental del Valle de los Caídos, construido  por Franco en el valle de Cuelgamuros. Tampoco se quedarían atrás los talibanes patrios que, desde puestos clave del PSOE, harán todo lo posible para minimizar al máximo la obra de quien sacó definitivamente a los españoles de su pernicioso ostracismo tradicional.

Y como saben todos ellos que no es posible reducir esa ingente obra a un simple montón de escombros, la banalizan premeditadamente para que pierda su “estremecedora simbología” franquista. Quieren hacernos ver que el Valle de los Caídos se construyó para homenajear exclusivamente a los que cayeron luchando en la “gloriosa cruzada”, en busca de una “España mejor”. Obvian intencionadamente el Decreto-Ley del 23 de agosto  de 1957, donde se establece que estamos ante un monumento para la reconciliación de ambos bandos, dedicado, sin distinción alguna, a “todos” los caídos en nuestra Guerra Civil.

Y de acuerdo con ese espíritu de concordia, cuando llegó el momento de la transición a la democracia, pudo realizarse el famoso “pacto del olvido” y promulgar la Ley de Amnistía que entró en vigor el 17 de octubre de 1977. Y gracia a esta Ley, Franco y el franquismo pasaron tranquilamente a formar parte de la Historia de España, sin causar el más mínimo entorpecimiento a la consolidación del nuevo régimen y el asentamiento definitivo de la democracia. Pero todo cambió con el inesperado desembarco de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

No olvidemos que Zapatero era un personaje francamente gris que, sin merecimiento alguno, fue secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España gracias a la diosa fortuna. Fue elegido secretario general del PSOE en el 35º Congreso del PSOE, que se celebró en julio del año 2000, para impedir simplemente que José Bono alcanzara ese puesto. Y en marzo de 2004 terminó siendo presidente del Gobierno, contra todo pronóstico, gracias al peor atentado terrorista de nuestra historia, perpetrado el 11 de marzo contra cuatro trenes  de la red de Cercanías de Madrid

Con la llegada de Zapatero a La Moncloa, cambian muchas cosas. Comienza a cuestionarse abiertamente nuestra modélica transición a la democracia y, por supuesto, el ejemplar “pacto del olvido”, que dio paso a la reconciliación nacional. Y aparecen, sin más, los primeros movimientos que piden insistentemente la derogación inmediata de la Ley de Amnistía y que se investiguen los ‘crímenes franquistas’.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que Zapatero pertenecía a la generación de los nietos de la Guerra Civil y, por consiguiente, carecía de los complejos que pudieran tener los de la generación anterior, los llamados hijos de la Guerra Civil. Y por si todo esto fuera poco,  tenía un desconocimiento generalizado de los hechos más elementales de la Historia de España. Y esto, claro está, influyó decididamente  en la simplificación que hace  del enfrentamiento que se desató en 1936 entre unos españoles y otros.

Cuando Rodríguez Zapatero asumió la presidencia del Gobierno, ya no había ni rastro  del miedo y de las prevenciones que atosigaban a la generación de los hijos de la Guerra Civil cuando pusieron en marcha la Transición. Habían desaparecido lisa y llanamente con la consolidación del sistema democrático. No es de extrañar, por lo tanto, que Zapatero tuviera un concepto excesivamente unívoco de la Guerra Civil española. En uno de los bandos estaban los buenos,  las víctimas del franquismo, que perdieron la guerra. En el otro bando estaban los malos, los sublevados, los opresores que terminaron imponiendo su ley.

Para reducir la Guerra Civil española a un simple conflicto entre los partidarios y los enemigos o detractores de los derechos civiles, el Gobierno de Zapatero intenta reescribir nuevamente la historia,  poniendo en marcha la llamada Ley de Memoria Histórica, que entra en vigor el 26 de diciembre de 2007. La necesita, cómo no, para reconocer y ampliar convenientemente los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura y, por supuesto, para promocionar la exhumación definitiva de los restos que aún permanecen en las fosas comunes.

Con la Ley de Memoria Histórica, Rodríguez Zapatero aún fue más lejos y pretendió despolitizar el complejo del Valle de los Caídos, para convertirlo exclusivamente en un lugar de culto religioso. Y redondeó la faena, prohibiendo que se utilice ese lugar para organizar actos de naturaleza política, o de exaltación a los protagonistas de la Guerra Civil y, menos aún, a los franquistas. El Valle de los Caídos, eso sí, tendría que convertirse en un lugar de “reencuentro y concordia”, donde se garantice plenamente la reconciliación, la memoria y la dignificación de todas las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Estamos, por lo tanto, ante una Ley de Memoria Histórica manifiestamente ideológica y revanchista, que aplican utilizando descaradamente un doble rasero. Se habla, por ejemplo, de proteger y ampliar  los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y se ignoran, sin embargo, los crímenes de odio anticatólico, cometidos por el Frente Popular durante la Guerra Civil. Y eso que fueron muchos los miles  de víctimas que sufrieron persecución y muerte por sus creencias meramente religiosas.

Con esa absurda Ley de Memoria Histórica, Zapatero volvió a reabrir el debate que, de manera pactada, habían cerrado todos los partidos, cuando se aprobó la Constitución en 1978. Y como en las zahúrdas socialistas no fueron capaces de digerir el franquismo, decidió suprimir de la Historia reciente esa larga etapa protagonizada por Franco,  que valió a los españoles para salir definitivamente de su marasmo tradicional. A partir de entonces, claro está, Zapatero se olvidó de la Transición y estableció nuestra legitimidad democrática en 1931, cuando la monarquía de Alfonso XIII dejó paso a la Segunda República Española.

Gijón, 2 de enero de 2019

José Luis Valladares Fernández