Desde Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy (PUAJ) advertimos sobre la dificultad que enfrentamos al realizar nuestro trabajo en el marco de la conmoción social que vive la provincia ante el amplio rechazo de la reforma constitucional aprobada el pasado 20 de junio.
Trabajadores y trabajadoras de prensa fueron objeto de actos de violencia policial, hostigamiento, intimidación y otras acciones que ponen en riesgo la tarea informativa y la integridad de quienes la realizan.
A través de este informe, queremos dar cuenta de algunos de esos hechos, a partir de testimonios que recogimos de manera directa.
El contexto Los operativos represivos desplegados por la Policía de la Provincia desde el sábado 17 de junio dejaron decenas de detenidos, casi un centenar de imputaciones penales y más de 150 personas heridas.
Con el correr de las horas se conocieron testimonios que daban cuenta de golpes y malos tratos al momento de las detenciones; disparos de balas de goma en el rostro; detenciones arbitrarias; la utilización de vehículos sin identificación; el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento, y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes, tal cual se enumeró en la denuncia presentada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Las redes sociales y los medios de comunicación de todo el país difundieron numerosas imágenes sobre los hechos de violencia policial, lo que alertó a organizaciones de derechos humanos, organismos gubernamentales, oficinas internacionales y colectivos de trabajadores y trabajadoras de prensa que emitieron documentos de repudio, informes y denuncias donde advierten sobre las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Jujuy.
Muchas de esas imágenes y testimonios fueron captados por periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos de la provincia y de otros puntos del país, pues las masivas protestas de la semana anterior habían despertado el interés de medios de alcance nacional, cuyos enviados especiales se trasladaron a Jujuy.
En este marco, trabajadores y trabajadoras de prensa también fueron víctimas de la represión estatal mientras realizaban su tarea.
Los casos
En lo que refiere a nuestro colectivo PUAJ, dos de los integrantes fueron víctimas de manera directa del accionar policial.
Camilo Kay Haro Galli, periodista colaborador del diario digital El Submarino Jujuy, fue apresado el sábado 17 en el corte de Purmamarca mientras registraba el operativo represivo, haciendo la cobertura periodística para el diario digital El Submarino Jujuy.
Nuestro compañero estuvo detenido en el penal de Alto Comedero durante 24 horas y, de manera ilegal, le fue retenido su teléfono celular.
Lo mismo ocurrió con Luciano Aguilar, periodista de La Izquierda Diario.
Recién el miércoles 28 la fiscalía avisó que les serían devueltos los celulares, asegurando que no se habían “abierto”.
Sin embargo, en la madrugada del domingo 18 Galli recibió unas alertas de Google en su segundo celular, uno que utiliza para cuestiones personales, que indicaban actividad en el aparato que había sido confiscado.
El testimonio de Camilo Kay Haro Galli:
El sábado 17 de junio fui a realizar la cobertura periodística de la manifestación en la Ruta Nacional 9 a la altura de Purmamarca.
Llegué a las 15 horas, hice una breve recorrida y entrevisté a una referente comunitaria.
Fue cuando se inició el avance de las tropas de Infantería de la Policía de la Provincia.
Los efectivos atacaron con palos, balas de goma y gases lacrimógenos a las personas que se manifestaban.
Grupos de policías, sin identificación ni uniforme, se llevaban a manifestantes -que claramente había sido previamente seleccionados- detrás de las líneas policiales, donde los golpeaban.
En ese contexto, hago un rodeo para acceder a la retaguardia, con el objetivo de registrar las detenciones y las golpizas.
Un policía de uniforme me saca de un golpe mi celular diciéndome que no podía filmar. Levanto mi teléfono del suelo y lo guardo en mi bolsillo.
Otro policía, este de civil, manda a detenerme.
Le digo que soy periodista, no ofrezco ninguna resistencia y a los pocos segundos ordena que me liberen.
Me alejo 20 metros hacia el sur, intento volver a registrar lo que estaba ocurriendo y ese mismo policía vuelve a ordenar que me detengan.
Me rodean varios, no me resisto, me llevan al patrullero y de allí a una trafic del Servicio Penitenciario, en la que me trasladan al establecimiento penitenciario N.º 7 de Alto Comedero, en la capital provincial, a 68 Km. del lugar de detención.
Al ingresar al penal nos identificaron, tomaron huellas dactilares, revisaron todas las pertenencias y confiscaron mis herramientas de trabajo.
Fuimos alojados en el SUM de la prisión y finalmente en la escuela, junto a otro periodista y 11 detenidos más, la mayoría integrantes de comunidades indígenas de la Quebrada y Puna.
Permanecí detenido 24 horas.
Me liberaron a las 18.30 hs. del domingo.
Actualmente estoy imputado por varios delitos, por el fiscal Walter Rondón.
Mensajes intimidatorios
Al día siguiente de los hechos de Purmamarca, nuestra colega Selene Flores, también integrante de PUAJ, recibió en su celular mensajes de desconocidos que se presentaron como oficiales de la Policía, que le pedían información sobre unas personas que habían estado en el corte el día anterior.
Flores indagó de dónde habían obtenido su número, sin recibir respuesta.
La gravedad de esta situación motivó la presentación de un habeas corpus.
El juez, pese a no haberlo admitido, exhortó al jefe de Policía de la Provincia para que integrantes de esa fuerza se abstengan de “realizar cualquier tipo de actos que puedan perturbar el libre ejercicio de la prensa”.
Cuatro situaciones
Un trabajador de prensa de Radio Chaski Jujuy -cuya identidad preservamos- relató cuatro situaciones extrañas que lo atemorizaron. Mientras cubría el operativo represivo en Purmamarca el sábado 17, efectivos policiales lo fotografiaron y filmaron, además de apuntarle directamente con las armas de balas de goma.
Un rato después, advirtió que no podía hacer transmisiones en vivo desde su celular, algo que no le había pasado nunca.
Aún no pudo restablecer esa función en su dispositivo. El martes 20 por la tarde, cuando ya se había dispersado la manifestación, iba caminando con su pareja por la calle José de la Iglesia cuando vieron que dos policías los seguían.
Se refugiaron en la casa de una amiga. Ese mismo día, un patrullero se instaló en la puerta de su casa del barrio Belgrano, alrededor de las 18 hs.
Estuvo allí por aproximadamente 30 segundos, dio marcha atrás y se retiró del lugar.
En la tercera marcha de antorchas, sobre el final de la movilización, en la plaza Belgrano, dos hombres de civil, aparentemente policías, se le presentaron y le preguntaron por otro compañero que había estado el sábado 17 en la represión en Purmamarca.
Él no les dio datos. Se sintió intimidado.
Manos heridas
Diego Ricciardi es fotógrafo y realizador audiovisual. Pertenece a Wayruro Comunicación Popular, es docente universitario y secundario de artes audiovisuales.
El martes 20 estaba participando de la marcha de los docentes, desde la columna del Cedems, haciendo registro de la movilización con su celular.
Cuando comenzó la represión, en inmediaciones de la Legislatura, fue alcanzado de cerca por una bomba de gases lacrimógenos.
Un amigo lo ayudó a lavarse los ojos y fue hasta su casa, distante a dos cuadras, a buscar una cámara fotográfica.
De regreso, vio a los policías disparando balas de goma, gases y piedras directamente hacia el cuerpo de los manifestantes.
Fue testigo directo del instante en que Nelson Mamaní fue alcanzado por un cartucho de gases que le impactó en la cabeza, y los momentos posteriores cuando lo sacan del lugar en una ambulancia.
Ricciardi se ubicó en una esquina junto a periodistas de medios nacionales. “Los disparos venían para nosotros y ahí es donde empiezo a recibir los primeros perdigones en las manos, en los dedos”, relató.
“Hay que hacerse a la idea de que yo estoy sosteniendo la cámara a la altura de mis ojos y recibo los primeros perdigones en los dedos; es decir que si no tenía la cámara, me pegaban en los ojos o en la cara”, agregó.
También recibió tres perdigones de goma en una de sus piernas, a una distancia mayor, por lo que sólo le quedaron marcas.
Bala en el rostro
La comunicadora y fotógrafa Johana Arce, integrante del colectivo Lxs Sisas Comunicación Comunitaria con Identidad, recibió una bala de goma en la cara mientras realizaba la cobertura en la Legislatura el martes 20.
En su testimonio, publicado en las redes del colectivo, reafirma que los tiros se dirigían a la cara de la gente.
Ella se protegió “con la defensa de chapas que varios hermanos habían tenido para resistir contra las fuerzas de Morales”, pero un disparo la alcanzó. Tuvo que retirarse del lugar para recibir atención.
Piedras policiales
Un camarógrafo local que cubría la manifestación del martes 20 para un medio de alcance nacional, relató que estaba ubicado cerca de la fuente sobre Av. Hipólito Yrigoyen, junto a otros colegas.
Se resguardaban en las vallas, pero estas en un momento cayeron y los dejaron expuestos. “Empezamos a recibir piedras. Me tapé con un árbol y zafé de que me lastimaran. Muchos periodistas y fotógrafos estaban con celulares y recibieron piedrazos en la espalda, la cabeza, las piernas”.
El colega contó que “había policías de civil, algunos con el chaleco negro de la Brigada, que tiraban piedras con gomeras y con las manos”.
Y agregó: “Parecía que nos tiraban directamente a nosotros, porque los manifestantes estaban más lejos. No sé si apuntaban directamente a las cámaras o no. Yo tuve suerte, las piedras me golpearon en las pantorrillas y los muslos, pero no me lastimaron”.
Son numerosos los testimonios que dan cuenta de ataques de efectivos policiales dirigidos a quienes estaban haciendo la cobertura de los incidentes. También, los que hablan de acciones intimidatorias en los días posteriores, como presencia policial cerca de sus domicilios o alertas inexplicables en sus dispositivos móviles.
Conocemos más de estas situaciones, pero nos limitamos a relatar aquí aquellas cuyos protagonistas han accedido o han hecho públicas las circunstancias por las que atravesaron.
En muchos otros casos, nos consta que las y los colegas están atemorizados y prefieren no hacer público lo que vivenciaron, ni siquiera en forma anónima. Acompañamos y comprendemos a nuestros compañeros y colegas. Y ponemos énfasis en esto: el accionar policial y político hacia las y los trabajadores de prensa tiene ese objetivo: silenciar, intimidar, acallar y disciplinar.
Cronología
Las protestas en la provincia de Jujuy iniciaron con un reclamo del sector docente por cuestiones salariales y laborales, que tuvo el apoyo y la adhesión no sólo de otros sindicatos estatales y privados sino también de la comunidad en general.
En medio del conflicto, la Convención Constituyente aceleró y puso fin al trabajo de las comisiones, apenas tres semanas después de comenzado.
En la noche del jueves 15 de junio, mientras se desarrollaba en San Salvador de Jujuy una multitudinaria marcha de antorchas encabezada por docentes en rechazo de la reforma constitucional, en el recinto de la Legislatura se aprobaba el texto final de la nueva Carta Magna.
El viernes 16 llegaron a la capital provincial las comunidades originarias que dos días antes habían iniciado una caminata a la que denominaron el Tercer Malón de la Paz.
El sábado 17 se instaló el corte sobre la ruta 9, a la altura de Purmamarca. Luego, se establecieron otros cortes y permanencias a lo largo de la Quebrada de Humahuaca y la puna, hasta La Quiaca, y otros en el sur de la provincia, en localidades como Perico y Libertador Gral. San Martín.
El martes 20, en el marco de la jura de la nueva Constitución, organizaciones sociales, políticas y sindicales, además de representantes de comunidades originarias, realizaron una masiva marcha que culminó con la feroz represión cuyas impactantes imágenes recorrieron el país y el mundo.
Conclusiones La violencia policial e institucional desplegada en las últimas semanas en la provincia de Jujuy, en particular los actos represivos del sábado 17 y el martes 20 de junio, motivaron serios pronunciamientos de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organismos de derechos humanos La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estuvo en Jujuy relevando la situación.
En un informe, detalló algunos de los delitos que se habrían cometido en Jujuy por parte de personal policial en las represiones en y San Salvador de Jujuy: detenciones arbitrarias, uso ilegal de armas no letales, apremios, vejaciones, inteligencia ilegal y allanamientos ilegales.
«La sistematicidad de dichas conductas resulta un indicio de que pudo haber habido órdenes superiores de actuar de la manera en que se actuó, lo que debería ser investigado», afirma.
La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, otra de las organizaciones que se hicieron presentes en la provincia para recoger testimonios y denuncias de violencia y vulneración de derechos, advirtió sobre situaciones de «terror generalizado y de represión policial amplificada».
En el ámbito del ejercicio periodístico, se pronunciaron FOPEA, Sipreba, Fatpren y Reporteros Sin Fronteras, entre otros.
La Defensoría del Público de la Nación también se ocupó de recibir denuncias de manera presencial y reclamó “el respeto al trabajo periodístico en Jujuy”, advirtiendo que “la detención y agresión a periodistas constituye un grave atentado a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de las audiencias”.
El artículo 43 de la Constitución Nacional, referido a los datos personales, establece que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.
La Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fija que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
La “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptada en octubre de 2000, establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “los actos de violencia que se cometen contra periodistas o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.
Desde nuestro colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa venimos advirtiendo desde 2017 las limitaciones que enfrentamos en el ejercicio de nuestro oficio.
Jujuy atraviesa hoy un momento crítico, con una reforma constitucional elaborada a espaldas de la sociedad, que es rechazada por colectivos sociales, del trabajo, profesionales y comunidades originarias que ven peligrar sus derechos, consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Ese descontento se ha expresado en las calles y en las rutas, haciendo uso del legítimo derecho a protestar y peticionar a las autoridades, a lo que el gobierno provincial respondió con el uso violento, indiscriminado e ilegal de las fuerzas de seguridad.
Por estos días, la circulación de la información se torna caótica por la necesidad de la ciudadanía de conocer qué ocurre, sobre todo cuando se producen hechos tan graves como las represiones desatadas contra quienes se manifiestan en el espacio público haciendo un uso legítimo de la única herramienta de expresión con que cuentan.
En este contexto, se torna vital nuestra tarea de comunicadores.
La detención de periodistas en ejercicio de su profesión es inadmisible en un estado de derecho, como también lo son las situaciones de intimidación u hostigamiento como las que atravesaron y siguen padeciendo muchos de nuestros colegas.
Por todo esto, repudiamos cualquier acción que pretenda amedrentarnos e interferir con nuestro trabajo, y llevaremos adelante lo que sea necesario para defender nuestro derecho a informar y, por sobre todo, el derecho de la ciudadanía a recibir información.
