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21 de enero de 2019

El gobierno de Vidal autorizó fumigar sobre escuelas, antes de clases
Una resolución con intereses
El ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto, firmó la resolución que habilita a fumigar sobre escuelas hasta las 7.59, un minuto antes de que se abran las puertas. Contradice a la Suprema Corte.
Por Darío Aranda
Vidal autorizó la fumigación sobre las escuelas. Arriba, Leonardo Sarquís, de Monsanto directo al ministerio.
El gobierno de María Eugenia Vidal autorizó que las fumigaciones con agrotóxicos se puedan realizar sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. La medida, firmada por el ex gerente de Monsanto y actual ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, contradice fallos judiciales, ordenanzas municipales y va a contramano del reclamo de decenas de pueblos fumigados de Buenos Aires, que la calificaron de inconstitucional y “criminal”. Organizaciones socioambientales, campesinas y maestros repudiaron la medida y exigieron su derogación.
A las 8 de la mañana comienzan las clases en las escuelas rurales de Buenos Aires. Hasta las 7.59 los empresarios del agro podrán fumigar con glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros cuestionados químicos del modelo de agronegocio. Así lo establece la resolución 246 del Ministerio de Agroindustria, que entró en vigencia el 1 de enero y fue firmada por Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto.
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires falló en 2012 y declaró ilegal una fumigación con agrotóxicos a menos de 1000 metros de viviendas y aplicó el “principio precautorio”: cuando haya riesgo de afectación del ambiente o la salud se deben tomar medidas preventivas (vigente en la Ley General del Ambiente –25675–).
El fallo del máximo tribunal provincial, en un caso de la ciudad de Alberti, marcó un precedente. Se produjeron fallos similares en tribunales de Mercedes, Bahía Blanca, Coronel Suárez y Dolores, entre otros. El último, en 2018, prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros en Chascomús. En Entre Ríos, un fallo inédito protegió las escuelas: 1000 metros de distancia para fumigaciones terrestres y 3000 metros si son aéreas. Decenas de ordenanzas fijan distancias de entre 500 y 1000 metros.
El gobierno de Buenos Aires desoyó los fallos judiciales y en base a una propuesta de los empresarios de agro emitió la resolución 246, de 11 artículos, que con lenguaje técnico y negador de estudios científicos permite distancias cero para fumigar con agrotóxicos. “Están avasallando los derechos de niños, niñas y adolescentes. El actual modelo de producción agroindustrial está afectando gravemente a la población en general, y en particular a las comunidades educativas rurales que viven expuestas directamente a los graves riesgo de daños en la salud”, denunció Daniela Dubois, de la Red Federal de Docentes por la Vida y el Colectivo Ambiente Saludable San Andrés de Giles. Ana Zabaloy, docente rural de San Antonio de Areco, sufrió en carne propia las fumigaciones junto a alumnos y salió a luchar para que no los fumiguen más. “Es vergonzosa la Resolución 246 de la gobernadora Vidal. Conocemos en primera persona el costo humano de este modelo basado en transgénicos y venenos, y no puedo dejar de vincular esta medida con el cierre de escuelas rurales que se está realizando en toda la provincia de Buenos Aires. Es tristísimo y terrible, pero no es casual: es un plan para dejarle el territorio libre al agronegocio”, afirmó Zabaloy.
“Nos oponemos a esta norma que busca promover el modelo de agronegocio basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, denunciaron la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama), entre otros.
La decisión del gobierno de Vidal va en línea con el gobierno nacional y se basa en una propia creación empresaria: las “buenas prácticas agrícolas” (BPA). Se trata de una seria de supuestas acciones que permitirían que los agroquímicos no afecten la salud. Las “pruebas a campo” se hacen con agua (en lugar de agrotóxicos) y bajo condiciones ideales de viento y humedad (que muy pocas veces se dan en el campo). Según esos ensayos se puede fumigar hasta la puerta de las viviendas y escuelas.
Las BPA son impulsadas por las empresas que venden los agrotóxicos y transgénicos: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Incluso conformaron en Argentina la “Red BPA”, integrada por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), el INTA, Casafe (empresas de agrotóxicos), ASA (compañías de transgénicos) y la Sociedad Rural, entre otros.
Gabriel Arisnabarreta es parte de la organización Ecos de Saladillo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar. “Esta resolución viola los derechos existentes, es criminal y autoritaria porque pretende pulverizar encima de los barrios, de las bocas de agua para consumo y de las escuelas. Vamos a accionar legalmente en toda la provincia para evitar que esta resolución criminal pueda aplicarse”, advirtió.
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Vidal hoy le tiene que pedir la renuncia y algún fiscal pedir su detención.

14 de enero de 2019

Vidal dijo que definirá en febrero si desdobla las elecciones
La margarita que deshoja la gobernadora
La gobernadora María Eugenia Vidal confirmó que el mes que viene resolverá con el presidente Mauricio Macri si se desdoblarán las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los temas que más tensión genera dentro de Cambiemos y que tiene a la gobernadora más cerca de considerar esa opción y al Presidente muy reticente a aceptarla. “Todavía hay tiempo”, dijo Vidal, mientras los gobernadores radicales a los que le piden que unifiquen las elecciones en sus provincias condicionaron su decisión a la de ella. En tanto, Vidal aprovechó para volver a plantear la situación de Venezuela como eje de campaña: “Ese es el camino que propone el kirchnerismo, que es el modelo que todo el mundo está rechazando”.
Vidal estuvo el sábado a la noche en el programa de Mirtha Legrand, uno de los sancta sanctorum del macrismo. Allí, se ocupó del tema de está generando rispideces dentro del macrismo: el posible adelantamiento de las elecciones bonaerenses. Macri se reunió el viernes con los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Jujuy, Gerardo Morales, e intentó convencerlos de que unifiquen sus elecciones provinciales con la nacional. Según trascendió, le respondieron que esperarán a ver qué decide Vidal. La elección porteña, que Horacio Rodríguez Larreta parece determinado a unificar, todavía podría ser separada. 
En el programa de Legrand, Vidal dijo: “Ni siquiera se tomó la decisión. Es un poco apresurado. Lo importante es que la gente tenga derecho a decidir, más allá de en qué fecha lo haga o con qué candidatos. En febrero nos reuniremos para hablar del año electoral. Todavía hay tiempo”. Para evitar seguir hablando en público del tema, Vidal sostuvo que “no tiene que ver con el centro de las preocupaciones de la gente”. No obstante, la semana pasada, su ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, estuvo acicateando el tema. Vidal sostuvo, en tanto, que no será candidata a presidenta. 
La gobernadora se refirió al conflicto educativo en la provincia de Buenos Aires, con una paritaria que los gremios nunca aceptaron y con el reclamo por la infraestructura de las escuelas luego de la muerte de una subdirectora y un auxiliar en Moreno. Vidal sostuvo que en febrero les hará una nueva oferta salarial a los gremios. “La mejor posible. La que se pueda pagar”, aseguró. “Lo que se necesita es que, de verdad, haya vocación de empezar las clases”, indicó la mandataria. Sostuvo que, caso contrario, “es una tragedia para más de dos millones de chicos que dependen de la escuela pública”. No hizo alusión a las escuelas de Moreno y otros distritos que estuvieron cerradas más de un mes tras comprobar que tenían fugas de gas.
Vidal se refirió al proyecto de baja de edad de imputabilidad y reclamó “un debate de una manera madura, no discutiendo solo la edad, como si fuera un termómetro”. Sostuvo que la inseguridad le quita el sueño. Se entiende: es el eje de campaña del PRO este año para no hablar de la economía. 
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7 de noviembre de 2018

La acusan de malversación de fondos del Banco Provincia
Denuncia contra Vidal
Dirigentes gremiales presentaron una demanda penal por el uso de 5500 millones de la caja jubilatoria del banco para gastos corrientes. La causa recayó en el juzgado de Ernesto Kreplak.
Por Laura Vales
La gobernadora Vidal, en la mira por un acuerdo del Banco Provincia.
La comisión interna del Banco Provincia denunció penalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal por el presunto delito de malversación de 5.500 millones de pesos que correspondían a la caja jubilatoria del banco, pero habrían sido utilizados para gastos corrientes del Estado. Los dirigentes gremiales acusaron por otra parte a Vidal de vaciar la entidad oficial. “Queremos explicar a los bonaerenses que no sólo está en juego nuestra fuente de trabajo: el banco debe ser una herramienta económica al servicio de la producción y el trabajo”, señaló Santiago Etchemendi, titular de la comisión interna y firmante de la denuncia.  
La presentación solicita a la justicia que investigue lo sucedido con fondos públicos que el Bapro recibió de la Anses, por un acuerdo firmado en 2016 entre su director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, y la gobernadora. “Los fondos eran para la caja jubilatoria y entraron a la cuenta correspondiente; desde ahí fueron derivados a otra, sin se que se sepa para qué se utilizaron. No queremos decir que los usaron para campaña política, eso no lo sabemos. Pero aunque su destino haya sido una obra pública, no fue el comprometido en el decreto y los convenios que firmó con el gobierno nacional”, señaló Juan Manuel Combi, abogado del sindicato. La denuncia, explicó el letrado, fue formulada originalmente por el programa ADN en 2018, y el gremio logró acceder a la documentación completa el mes pasado.
Los denunciantes señalan que “mencionando aquella partida presupuestaria y otras, la provincia emitió luego una letra, con lo que al banco le capturaron un montón de dinero y le dieron a cambio un bono intransferible, es decir le generaron una operación no rentable”, según sostuvo el delegado David Martedi. “Este tipo de manejo de los fondos desfinancian a la banca pública y esto hace correr peligro la sustentabilidad de los bancos”. 
El escrito fue presentado en La Plata en el juzgado federal de turno, el número 3, a cargo de Ernesto Kreplak. Luego de pasar por los tribunales, la comisión interna del Bapro dió difusión a la denuncia con una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE y de la CTA Perón. “Hubo un manejo discrecional de la gobernadora que debe ser investigado por la justicia”, finalizó el patrocinante Combi. “En este caso, por la justicia federal porque el dinero que provenía del Estado Nacional. El objetivo es doble: denunciar el vaciamiento de la banca pública y el manejo arbitrario de los fondos públicos por parte del estado bonaerense, algo característico de la gestión de Cambiemos”.
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7 de septiembre de 2017

Inédito encuentro de gobernadores para ponerles freno a los reclamos de la provincia de Buenos Aires
Todos juntos contra las pretensiones de Vidal
Representantes de 21 provincias oficialistas y opositores se encontraron en la Casa de San Juan ante la posibilidad de que la Corte Suprema falle a favor del reclamo bonaerense. Acordaron un documento de cuatro puntos.
Los gobernadores y vices conversaron ayer alrededor de una mesa en la Casa de San Juan.
Entre los gobernadores no hubo grieta ni distinción política: 21 provincias con 18 mandatarios y tres vicegobernadores entre opositores y oficialistas se reunieron en territorio porteño para ponerles freno a las pretensiones presupuestarias de la provincia de Buenos Aires de recuperar a través de la Corte Suprema –y no en el ámbito institucional y político– el Fondo del Conurbano Bonaerense que los obliga a resignar recursos propios. El reclamo común se selló en un documento de cuatro puntos donde expresaron: que la pretensión bonaerense “perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios” y que “su tratamiento indefectiblemente debe darse a través del debate entre Nación, las provincias y el Congreso Nacional”. Además, solicitaron “respetuosamente” a los jueces de la Corte que “no tomen resolución alguna” hasta tanto no sean escuchadas “todas las jurisdicciones” y no se produzca un debate Nación-provincias-Parlamento. Por último, ratificaron su “permanente predisposición al diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas”. 
“Fue una reunión extensa donde cada uno, despojado de sus pertenencias partidarias, nos juntamos por la preocupación que genera esta demanda interpuesta por la provincia de Buenos Aires que saca del ámbito de la discusión política y le pide a otro poder del Estado que resuelva algo que debemos resolver los gobernadores junto con el gobierno nacional, por la vía del diálogo y el consenso”, dijo el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, quien ofició de anfitrión del encuentro en la Casa de San Juan en la Capital Federal.     
Hasta allí llegaron ayer los gobernadores radicales Ricardo Colombi (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza); los peronistas Lucia Benigna (Catamarca), Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Verna (La Pampa), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Manzur (Tucumán) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego); y de fuerzas provinciales como Hugo Passalacqua (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Miguel Lifschitz (Santa Fe); y los vices peronistas Carlos Ponce (San Luis) y Pablo González (Santa Cruz) y Jorge Neder (Santiago del Estero).
No fueron de la partida la bonaerense María Eugenia Vidal, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, ni representantes de Chubut, que tiene a su gobernador Mario Das Neves con licencia médica y a su vice al frente de la provincia sacudida por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. 
El gobernador pampeano también se refirió a las motivaciones del encuentro. “Los gobernadores unificamos la posición en cuanto a oponernos al reclamo de Buenos Aires porque darle la razón significaría un quebranto a las provincias argentinas. En promedio, la cifra que se les retendría de Ganancias equivale a tres meses de salarios provinciales”, explicó Verna al término de la reunión.      
“En 2016, Buenos Aires recibió 60.000 millones de pesos más, un total de 172.000.000 a la electricidad, gas y transporte. Cada bonaerense recibió subsidios por 8.800 pesos por año contra los 5.000 que recibió cada pampeano por ejemplo. Se debe evaluar la preferencia que hay con Buenos Aires, aunque se la haya perjudicado con el congelamiento del Fondo”, agregó el pampeano sobre un tema que unifica postura en los gobernadores. 
Aunque se especuló que los caciques provinciales promoverían modificaciones paliativas (como, por ejemplo, modificaciones en las alícuotas del Impuesto al Cheque), del encuentro surgió la idea de “discutir” en bloque con la Nación “todo el paquete de coparticipación”, que va desde las retenciones hasta el esquema de subsidios. Para el cordobés Schiaretti el documento conjunto expresa que la demanda de Vidal “perjudica gravemente” a las provincias, además de advertir que es “un tema que corresponde a la relación Nación-provincias y su debate debe darse en el Congreso”.
“Es una señal política inédita en la Argentina que gobernadores de distintos partidos se pongan de acuerdo en un tema en común”, sumó el santafesino Lifschitz. El motivo es más que claro: si la Corte fallara a favor de la demanda de Vidal de actualizar el monto del Fondo del Conurbano congelado en 650 millones de pesos en 1995, obtendría 53 mil millones de pesos que de no mediar ingresos extras para solventarlo, deberá salir de la coparticipación que se reparte entre las 23 provincias restantes.
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26 de mayo de 2016

Protesta de judiciales y médicos bonaerenses

La CICOP y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) se movilizaron hasta el Ministerio de Salud de la Nación y de allí siguieron hasta el Obelisco, donde instalaron una carpa sanitaria, para darle así un cierre simbólico a su tercer día consecutivo de paro en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires, en demanda de mejoras salariales.
El gobierno de María Eugenia Vidal ofertó el pasado lunes un 6 por ciento de aumento para enero y febrero, y 17,8 por ciento de marzo a junio, pero el sindicato exige un 40 por ciento anual de incremento de sueldos.
"Las bases analizarán la propuesta y llevarán sus mandatos al Congreso de Delegados que realizará el gremio este sábado, desde las 9.30, en la sede nacional de la CTA de la calle Lima 609, en la Capital Federal.
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12 de mayo de 2016

VIDAL DEJO SIN EFECTO UNA LEY QUE RECUPERABA UNA FABRICA PARA LOS TRABAJADORES

Otro veto de la escuela Macri

La norma fue aprobada con el apoyo del PRO incluido. Es la firma Acoplados Petinari, que en 2015 dejó de pagar sueldos y tiene deudas millonarias. Los 120 trabajadores se organizaron en una cooperativa para seguir la producción. Vidal les bajó el pulgar.
La gobernadora María Eugenia Vidal vetó la ley de expropiación de la fábrica Acoplados Petinari, una metalúrgica con sede en Merlo, Buenos Aires, que en febrero de 2015 dejó de pagar los sueldos y en julio de ese año se convirtió en una cooperativa. “Desde que la empresa dejó de responder a sus responsabilidades acumuló una deuda que supera los 50 millones de pesos a sus ex empleados entre salarios, aguinaldo y aportes”, explicó a Página/12 Luis Coronado, abogado que patrocinó a los trabajadores que se constituyeron en Acoplados del Oeste (ADO). El proyecto para recuperar la planta había contado con el apoyo de las dos cámaras de la provincia, incluido el bloque PRO. “El veto nos llama la atención porque el Ministerio de Producción, que es la autoridad de aplicación, visitó la planta con técnicos y después de relevar la situación envió un informe positivo a la gobernadora”, agregó Coronado. El lunes pasado, el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón notificó a la cooperativa, que brinda 120 puestos de trabajo, que en 10 días se dispondrá una fecha de desalojo.
“Estamos hablando de una empresa en la que se acreditó el vaciamiento, que entre 2012 y 2015 despidió a 180 personas y que redujo el plantel al punto de quedar inoperable”, sostuvo el abogado. Según contó Coronado, además de lo adeudado a quienes trabajaban en la empresa, la firma Petinari debe a la AFIP aportes y contribuciones desde 2009 y ganancias desde 2007. Además, la ex metalúrgica acumuló una deuda comercial de 4 millones y medio de pesos y otra de unos 3,5 millones a ARBA. Por otra parte, a pesar de haber concretado varias audiencias en el Ministerio de Trabajo, las negociaciones fracasaron “y a la última instancia (los responsables de la firma) ni siquiera se presentaron”, aseguró el letrado. “Esta fue la conducta económica de una empresa que defiende la propiedad privada”, ironizó.
Claudio Caponera, otro de los abogados que acompaña a ADO, contó a este diario que los trabajadores ya fueron notificados para abandonar la planta en el corto plazo. Al respecto, cuestionó la aplicación del Derecho Penal a quienes trabajan y no a los titulares de las empresas. “La actual Ley de quiebras es de la década del 90 y no contempla un castigo para el empresario que se desliga de sus responsabilidades”, comentó Caponera. Así, por ser más sencillo de corroborar, “la usurpación se castiga porque ya se cometió el delito, a diferencia del vaciamiento, que requiere de una investigación mucho más extensa y complicada”.
Luego del veto, diputados del kirchnerismo que habían impulsado la expropiación insistieron con el proyecto: de aprobarse nuevamente, Vidal ya no podría vetar de nuevo la norma. El tema iba a ser tratado en la sesión de hoy. Sin embargo, ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, el massismo no acompañó la propuesta de volver a tratar el tema, por lo que no se consiguió el dictamen positivo. “Los diputados del Frente Renovador, que habían palmeado la espalda de los trabajadores, hoy (por ayer) se dieron vuelta, por lo que la única posibilidad es que se trate sobre tablas, aunque ya dejaron trascender que no bajarán a votar”, contó Caponera.
“Sabemos que la situación es muy complicada porque nos soltaron la mano”, dijo el presidente de la cooperativa, Jorge Gutiérrez, por la decisión de última hora de los diputados massistas. El dirigente de ADO manifestó que no quieren que “la situación pase a mayores”, pero no consideran dejar la fábrica. “No nos asusta el desalojo, pero sí volver a la calle”, dijo el presidente de la cooperativa a este diario.
Hoy, los trabajadores se movilizarán desde el Ministerio de Producción de Buenos Aires hasta la Legislatura provincial, en la capital bonaerense.
Miguel Funes, autor del proyecto para expropiar la planta que fue vetado por la gobernadora, aseguró estar “preocupado” por la situación de ADO. “Sabemos que nuestro bloque acompañará el rechazo al veto y esperamos contar con el apoyo de otros bloques para evitar que estas 120 familias se queden en la calle”, agregó. Para el diputado, “lo de la empresa no fue una impericia, sino una actitud voraz de querer sacar ventaja”, por lo que “no hay motivos para defenderla, ya que demostró una conducta vaciadora y evasora”. Funes también señaló que “la gobernadora está en su derecho de vetar esta ley”, pero advirtió que “va camino a convertirse en una vetadora compulsiva como lo hacía Mauricio Macri en la Ciudad”.
“La realidad es que para Vidal el más débil es la ex Petinari a la que protege, no los trabajadores”, consideró el diputado kirchnerista. Según explicó, la cooperativa autogestiva ADO no está en contra de articular con el gobierno nacional ni el provincial: “Bienvenido sea si llega este apoyo, que es más que necesario para ellos, pero en cambio, la gobernadora eligió premiar a un sector que fue irresponsable con el trabajo de mucha gente”, sentenció.
La fábrica es una de las tres más importantes del mercado nacional dedicada a la fabricación de acoplados, carrocerías volcadoras, semirremolques, bateas, contenedores y repuestos en general. El conflicto se originó en febrero de 2015, cuando en la planta ya se había reducido a 188 empleados: tres años atrás funcionaba con 374. El 7 de julio se constituyó como cooperativa y en agosto del mismo año inició el proyecto de expropiación, aprobado por ambas cámaras y luego vetado por el poder Ejecutivo a través del decreto 307/2016.
Informe: Paz Azcárate.
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9 de mayo de 2016

Golpe para Maria Eugenia Vidal: denunciaron penalmente a su cartera laboral

Se trata del Ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas y el subsecretario de Negociación Colectiva, Carlos Di Paolo, quienes presuntamente adulteraron la documentación referida a la paritaria de los trabajadores estatales con el objeto de cerrar ilegalmente la negociación colectiva de manera arbitraria y en los términos que pretendía el ejecutivo.
a denuncia penal la inició la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), contra el ejecutivo provincial por los delitos de falsificación de documentos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica. Los funcionarios podrían ser penados con seis años de prisión.

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Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense

La denuncia, que recae sobre elMinistro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas y el subsecretario de Negociación Colectiva, Carlos Di Paolo, surge a raíz de una serie de irregularidades y adulteraciones cometidas desde el gobierno al cerrar la paritaria de los trabajadores estatales de manera ilegal y arbitraria en marzo pasado.
Dichas alteraciones, van desde el fraguado de actas hasta la interpretación tergiversada de notas presentadas por distintos gremios. Por estos motivos, ATE elevó el tema a la justicia penal. La pasada semana, una vez reabierta la paritaria, desde la entidad gremial observaron nuevamente maniobras irregulares por parte de los mismos funcionarios involucrados en la causa penal, para intentar el cierre de la misma en tan solo un 15% de aumento.
“Entendemos que los hechos que se han dado en el marco de la negociación paritaria están plagados de irregularidades y muestran cierto desprecio del gobierno para con los trabajadores del Estado, además de un grado de impunidad para cerrar un aumento salarial miserable y condenar a las familias de los estatales a penurias”, señaló el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi.
El equipo jurídico de ATE, encabezado por el doctor Marcelo Ponce Núñez, denunció ante el fuero penal la adulteración de las actas paritarias de los días 3 y 11 de marzo en las que se pueden observar cambios de nombres, ausencia de firmas y otras incongruencias (ver apartado “La denuncia”).
Debido a ello, el sindicato pidió la remoción de las autoridades de la cartera laboral y la apertura de una investigación penal. De acuerdo a lo establecido en el artículo 293 del Código Penal, la falsificación de documentos públicos puede ser penada con prisión de entre uno y seis años.
“Están dispuestos a cualquier cosa para descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Por esto, fueron capaces de violentar la Ley Paritaria para imponer un 15% de hambre y con esto intentar aplacar el conflicto con los estatales”, apuntó de Isasi.
Los tres fallos judiciales que ordenaban al gobierno provincial reabrir la paritaria moldearon la decisión de la provincia de convocar a otra instancia de negociación el pasado 5 de mayo.
“El jueves se reabrió la paritaria porque y desde el gobierno volvieron a instalar un operativo para cerrarla con el 15%, queriendo que firmemos un acta sin contemplar las mayorías de afiliaciones y además con los mismos funcionarios que hoy están denunciados penalmente”, dijo de Isasi.
ATE pidió la remoción de las autoridades de la cartera laboral y la apertura de una investigación penal, teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 293 del Código Penal Argentino quien “insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio” recibirá una pena de “reclusión o prisión de uno a seis años”.
La denuncia
En un mismo expediente judicial, en lo contencioso administrativo, el juez Luis Arias solicitó un informe al Ministerio de Trabajo respecto de la situación de paritarias del sector encuadrado en la ley 10.430 por solicitud de la CTA con la adhesión de ATE y SOEME. Allí se resolvió, de manera precautelar, que “no se cierre la paritaria” y exigió las actuaciones administrativas. Esto es, las actas y comunicaciones de las reuniones.
Por ello el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a través de la fiscalía de Estado, remitió 183 fojas entre las cuales figuraban copias de actas diversas que no estaban firmadas y, por lo tanto, no se hallaban debidamente suscriptas.
El área legal de ATE advirtió que las actas no contaban con las formalidades que establece la ley (por las firmas) y tampoco existía un expediente administrativo como lo requieren las normas vigentes.
Es preciso destacar que existe una ley de procedimiento administrativo que indica que los expedientes deben tener carátula, las páginas tienen que estar foliadas, y también deben estar las comunicaciones y demás actuaciones. Sin embargo, la documentación remitida por Trabajo es totalmente irregular.
Frente a ello ATE solicitó que el ministerio remita, como es debido, la totalidad del expediente administrativo entendiendo que se había omitido información y que la misma había sido presentada de manera irregular.
Por ende, el ministerio de Trabajo envió un segundo informe y en él aparecieron solamente dos actas y una explicación del ministro argumentando que no era necesaria la confección de un expediente administrativo. Sin embargo, ATE observó que se estaba incumpliendo con los procedimientos conformes al decreto/ley 7647/70.
Junto con la irregularidad de la presentación, por la ausencia de comunicaciones y actuaciones en el segundo informe remitido por la cartera laboral bonaerense, el equipo jurídico de ATE reparó que se había enviado a la justicia -integrando el mismo expediente- dos actas paritarias, con fecha 3 de marzo y 11 de marzo de 2016, diferentes a las incorporadas inicialmente.
En estos casos las cuatro actas a las que se hace referencia, las dos del 3 y 11 de marzo de 2016 remitidas en una primera instancia y las que luego adjuntó el ministerio por solicitud de ATE -también con fecha 3 y 11 de marzo de 2016-, son diferentes en su contenido y en sus formas.
En las primeras se observa la ausencia de firmas por parte de los presentes en el acto paritario, y la distribución y contenido de los párrafos en diversas fojas de distinta manera, cuando deberían ser iguales. Entre las irregularidades, además de que en una hay firmas de presentes y en otra no lo están, las actas exhiben la presencia de distintas personas en una misma reunión según cada acta. Todo esto indica que los documentos presentados ante la justicia fueron adulterados, procediendo el sindicato a realizar la presente denuncia por falsedad ideológica de instrumento público (debido a la modificación de las actas), incumplimiento de los deberes de funcionario público (por la suscripción de los presentes documentos en las condiciones descriptas).
Por todo lo explicitado, ATE pidió la remoción de las autoridades de la cartera laboral y la apertura de una investigación penal, teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 293 del Código Penal Argentino quien “insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio” recibirá una pena de “reclusión o prisión de uno a seis años”.
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5 de mayo de 2016

"Agoniza la salud"

El Colegio de Médicos de la La Plata advirtió acerca de las malas condiciones salariales y laborales de los profesionales de la salud bonaerense, la crítica situación edilicia de los hospitales públicos y la falta de insumos, por lo que solicitó medidas urgentes a las autoridades provinciales.
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La entidad que nuclea a los médicos pidió "cumplir con las promesas preelectorales donde se jerarquizaba la salud de la población como un pilar fundamental del Estado".


"Estamos ante una profunda crisis terminal de la salud en la provincia de Buenos Aires", afirman en una solicitada publicada en el matutino platense El Día. Sostienen que "la prolongación de esta situación de indiferencia sin respuesta a la que estamos sujetos nos lleva a un camino sin retorno que pone en riesgo la salid de la población".


"Porque no queremos un mutismo cómplice el Colegio de Médicos Distrito 1 (La Plata) hacemos conocer públicamente la grave situación que se está atravesando por parte de pacientes y médicos frente a esta angustiosa problemática", destacan.
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26 de abril de 2016

 EL MINISTRO DE SEGURIDAD BONAERENSE DIJO QUE REPLICARAN LA DECISION TOMADA EN LA CIUDAD TRAS LA TRAGEDIA DE LA TIME WARP

Ritondo también quiere prohibir las fiestas electrónicas

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, adelantó que buscará que también se suspendan las fiestas electrónicas en la provincia, luego de que en la Ciudad anunciaron la cancelación de este tipo de eventos por tiempo indeterminado. "Suspendida en la Ciudad de Buenos Aires, mañana tomaremos la determinación con la gobernadora, pero yo creo que no podemos hacerlas de un lado sí y de otro lado no", explicó el funcionario sobre la medida adoptada por el gobierno porteño tras la fiesta Time Warp en la que murieron cinco jóvenes.
"Yo creo que las políticas deben tomarse en conjunto y por eso estuve hablando con (el ministro de Seguridad y Justicia porteño) Martín Ocampo para analizar la determinación que tomaron", manifestó Ritondo en declaraciones a radio La Red.
Sin embargo, eL ministro aclaró que en la Provincia no tienen pedidos de autorización de fiestas "de la magnitud de las que se veían en la ciudad de Buenos Aires". "El problema en la provincia son las fiestas clandestinas, estas fiestas que no piden autorización, que se hacen en quintas o countries y se comunican por redes sociales", agregó.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció ayer que quedan suspendidas las fiestas electrónicas en la Ciudad hasta tanto no se sancione un proyecto de ley que enviará en los próximos días a la Legislatura. La iniciativa buscará "reducir los riesgos a la salud" de los asistentes a las fiestas electrónicas a través de establecer una serie de requisitos que deberán tener tanto los organizadores como los asistentes en torno a la prevención y concientización sobre el abuso de drogas y sobre cómo proceder en caso de que ocurra un hecho similar al de Costa Salguero.
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24 de abril de 2016

El retiro espiriutal de María Eugenia Vidal costó $ 230.000 al Estado

La gobernadora junto a 19 funcionarios provinciales y otros intendentes y secretarios del conurbano, participaron de un ciclo de charlas motivacionales en el lujoso hotel Polo Hotel Resort & SPA. Según tracendió el monto pagado por los servicios al hotel es de $ 235,722.


La gobernadora de la provincia de Buenos Aires realizó junto a 19 funcionarios provinciales y otros intendentes y secretarios del conurbano, un ciclo de charlas motivacionales en el lujoso hotel Polo Hotel Resort & SPA 5 estrellas, ubicado en Luján. Las mismas están comandadas por el psicólogo Daniel Cerezo, quien fue incorporado por el presidente Mauricio Macri al "equipo" del gobierno nacional. 

Según publicó el sitio La Defensa, el municipio de Lanús pagó $68.842, por la participación del intendente de ese distrito, Néstor Grindetti y doce secretarios,  en este ciclo de charlas motivacionales. La solicitud de pedido Nº3-301-72 (Foto), correspondiente a la Secretaría de Gobierno a cargo de Adrián Urreli, que certifica el pago por parte del municipio. De esta forma cubrieron los gastos para que el jefe comunal y doce secretarios participen del denominado “Tean Building”,  para energizarse políticamente y ensayar como gobernar, en momentos donde duros, donde la inflación, la pobreza y la desocupación está en la cima de la preocupaciones de la población. 

Vidal y sus funcionarios se recluyeron 36 horas en ese hotel-spa, con 5 secretarios cada uno. De esta manera, de la información publicada se infiere que los costos del alojamiento de los ministros y la gobernadora ronda los $166,880. Si a esto se suma al monto pagado por la municipalidad de $68.842, el dinero pagado por los servicios asciende $ 235,722.

Diario Registrado

10 de abril de 2016

Fallece auxiliar tras enterarse que por descuento de Vidal cobró solo $40 


Yolanda Mercedes, auxiliar docente de la Escuela Especial 506 de Mar del Plata falleció ayer tras descompensarse al descubrir que tan solo cobraría $40 por el descuento aplicado por Vidal. - 
Amigas de la auxiliar marplatense explicaron que ella se angustió mucho al conocer el saldo de su cuenta bancaria y su salud no lo soportó. Las auxiliares ganan apróximadamente $30 por día. 

Sin haber tomado parte en el cese de tareas, sin haber adherido a ningún paro, sin licencias ni faltas durante los últimos 25 años, Yolanda sufrió un descuento brutal de alrededor de $6 mil lo que dejó su cuenta bancaria con un saldo de tan solo $40. Su salud ya estaba delicada y la descompensación sufrida agravó su estado. Si bien fue operada durante varias horas los médicos no pudieron salvarla.
Denuncias del Gremio
Desde los sindicatos SOEME y ATE se realizaron denuncias respecto a los injustificados descuentos realizados incluso a trabajadores con licencias médicas y a modo de ejmeplo compartieron la siguiente información:
Carmen Napolitano: DNI 12.137.153
Está actualmente internada por haber sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV), se le descontaron $ 5.106.38
Margarita Medina: DNI 10.203.569
Paciente oncológico a quien se le descontaron $6.576.640
Su esposa se encuentra en grave estado (paciente oncológico), se le descontaron $6.442.25
Lorena Alvarez Rodríguez: DNI 23.522.772
Está actualmente en licencia por maternidad (dio a luz el 9 de febrero/2016), se le descontaron $6019,08.
Afiliada al SOEME, Yolanda de 60 años, fue parte de los gran cantidad de trabajadores que se encontraron este mes con el injustificado descuento impuesto por el gobierno de María Eugenia
2 días antes del fallecimiento de Yolanda, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata ya había dictado una cautelar que obligaba a Vidal al “cese de los descuentos y la restitución de los haberes de los afiliados a SOEME y ATE”. 

Resistiendo con aguante.
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La revolución de la alegría!!