Otro recorte de la motosierra libertaria

Adiós al Procrear: Milei dio por terminado el programa que impulsaba el acceso a la vivienda 

Mientras el país atraviesa una grave crisis habitacional y la paralización de numerosas obras, el Gobierno le da la estocada final a uno de los programas públicos más importantes para el acceso a la vivienda propia de los últimos años. 

El Gobierno anunció el fin del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, mejor conocido como "Procrear", un plan que otorgaba créditos para la construcción de viviendas, reconocido además por ser una de las principales políticas públicas de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La nueva medida, que no fue formalizada aún en el Boletín Oficial, fue anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes.

• Procrear: historias de argentinos que alcanzaron el sueño de la casa propia 

"Dos novedades económicas: a partir de mañana el plan Procrear tal y como lo conocemos dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las “hipotecas divisibles” para proyectos inmobiliarios en desarrollo. Gran gestión de (el ministro de Economía) Luis Caputo. Fin", escribió este martes por la noche el funcionario cercano al presidente Javier Milei.

Aunque el anuncio se hizo en las últimas horas, la decisión de finalizar el programa se había tomado apenas inició la gestión de Milei. Los últimos créditos fueron otorgados a fines de 2023 y muchas obras iniciadas quedaron sin financiamiento a poco de terminarse. En otros casos, los beneficiarios de los créditos debieron cambiar las condiciones del préstamo otorgado y pasar a un régimen de crédito personal.

En medio de la severa crisis habitacional que atraviesa el país, empujada por la depresión de los salarios, los despidos en aumento, la paralización de la obra pública y la inflación galopante de los últimos meses, el anuncio  ensombrece  las esperanzas de cientos de miles de personas que soñaban con  la casa propia y digna.

Cómo era el programa Procrear

Dejar la casa de los padres, no tener que alquilar un departamento por la mitad de un sueldo y vivir bajo un techo propio y en condiciones dignas, es un sueño cada vez más lejano para la mayoría de los argentinos. 

Sin embargo, pese a la crisis habitacional de los últimos años, hasta fines de 2023 existía el programa Procrear, un plan público de créditos a tasa subsidiada para la contstrucción y compra de viviendas familiares. 

Con el doble objetivo de mejorar las condiciones generales de acceso a la vivienda en todo el país y crear nuevos puestos de trabajo, hasta el año pasado se implementaron diferentes políticas públicas con impacto de mediano y largo plazo. 

En ese sentido, durante y después de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se crearon varios programas para facilitar tanto el financiamiento de la compra de una casa nueva como el acceso a créditos para su construcción, refacción y/o ampliación.

En 2012, a partir del DNU Nº 902/2012, se puso en marcha Procrear, una política pública de Desarrollo urbano, territorial y habitcional. Con los años se dividió en Procrear II y Casa Propia, con fines diferenciados, pero similares.

Hasta fines de 2023, Procrear II ofrecía tres programas:

• Desarrollo Urbanístico: permitía acceder a créditos para la compra de viviendas construidas en predios urbanísticos de todo el país.
• Lotes para la construcción: ofrecía financiación para la compra de un lote y habilita un crédito complementario para construir una casa.
• Mejoramiento de Gas:  brindaba créditos para instalar una red de gas de hasta tres bocas.

Los dos primeros, eran a tasa cero y con plazos de devolución de hasta 30 años. En los últimos años se incorporó el Coeficiente Casa Propia en reemplazo de los Créditos UVA, lo que permitió que a las personas que se les otorgaba un crédito no se les dispare mes a mes una cuota que se volvía impagable, generando deudas insostenibles.

Entre los requisitos para los beneficiarios figuraban: contar con DNI; ser argentino o extranjero con residencia permanente; tener entre 18 y 64 años; no tener bienes inmuebles registrados; no registrar antecedentes financieros desfavorables y contar con ingresos formales, jubilaciones y/o pensiones.

En cuanto al programa Casa Propia, que abarcaba las líneas Construcción y Refacción, se ofrecían créditos para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio, con un plazo máximo de devolución de 30 años y tasa cero; y por el otro, acceso a un crédito para la compra de materiales y contratación de mano de obra, con un plazo de devolución de 36 meses y tasa cero. Los requisitos eran similares a los del programa anterior.

Según denunciaron distintos funcionarios públicos en los últimos meses, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la "motosierra" de Javier Milei  recortó las partidas para la continuidad de las obras que se habían iniciado antes de la llegada al poder del gobierno de La Libertad Avanza.

En el inicio de su gestión, Milei anticipó el freno total de las obras públicas en pos de conseguir el superavit. El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, sostuvo a BuenosAires12 en julio pasado que ya habían perdido unos cien mil puestos de trabajo directos y otro tanto de indirectos.

Qué beneficios otorgó Procrear

Según el último informe publicado en el sitio web oficial de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, entre abril de 2021 y agosto de 2023, gracias a Procrear II se liquidaron 65 mil créditos con destino construcción de viviendas. Además, se se construyeron más de 4 millones de metros cuadrados, lo que impactó en la generación y el sostenimiento del empleo formal. Por otro lado, según destacan, se terminaron el 83 por ciento de las viviendas en el marco de los créditos para la construcción. 

Los datos fueron provistos por el Banco Hipotecario, en su carácter de fiduciario del Programa. Asimismo, se precisa en el documento que para en ese período, se aplicó el Coeficiente Casa Propia de actualización crediticia, que tiene en cuenta la evolución de los salarios de las familias adjudicatarias. 

En tanto, el programa Programa II puso a disposición distintos prototipos de vivienda para que pudieran ser elegidos por las y los beneficiarios —elegidos por sorteo tras una preinscripción para la cual debían cumplir con una serie de requisitos—. Algunos de esos modelos habían resultado ganadores del Concurso de Proyectos Habitacionales, que fue promovido por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y organizado junto al CAPBA.

Asimismo, según el perfil de beneficiarios de las líneas Casa Propia Construcción y Desarrollos Urbanísticos del Programa Procrear que elaboró el Gobierno, se pudo determinar:

• que el 85% de los beneficiarios son menores de 45 años, mientras que la edad promedio es de 38 años.
• que el 52% de los beneficiarios tiene hijos menores a cargo, y el 90% de estas familias tiene 2 hijos o menos.
• las mujeres son jefas del hogar en el 57% de los casos de familias con hijos.
• que el 62% de los beneficiarios alquilaban antes de acceder a la solución habitacional.
• y que el 85% cuenta con un trabajo en relación de dependencia.

Este análisis se realizó con una muestra de 59.496 personas que recibieron el crédito Casa Propia Construcción entre junio de 2021 y diciembre de 2022; y una muestra de 19.934 beneficiarios/as de la línea Desarrollos Urbanísticos acumulados desde las primeras entregas de la línea (2015) hasta marzo de 2023.

El ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Magiotti, criticó el desfinanciamiento del programa Procrear del gobierno de Milei al sostener que "les viene dando respuesta a los argentinos que tienen la necesidad de una vivienda". En declaraciones con Radio Universidad, remarcó que la política pública "una cobrabilidad de casi el 99 por ciento", ya que "todas familias que tienen su ingreso declarado, un recibo de sueldo y que todos los meses pagan la cuota de su casa”.

El ex funcionario informó a fines de diciembre —antes del final del mandato de Alberto Fernández— que durante los últimos cuatro años de gestión se habían alcanzado "muchos avances en términos de oportunidades y equidad para empezar a solucionar el déficit habitacional que tiene nuestra Argentina". Entre ellos, destacó la entrega de 141.612 viviendas en todo el país.

“En nuestra gestión de gobierno entregamos casi 142.000 viviendas y había 96.000 en construcción. Más 24.000, si no recuerdo mal, convenios firmados para construcción de viviendas, con todos los programas del Ministerio. Más de 64.000 familias lograron hacer su vivienda en un terreno propio o en el terreno de los padres. Y una cosa importante: se arrancaban los créditos de construcción a partir de un salario mínimo vital y móvil, con una cuota que era como máximo del 25 por cierto de su ingreso”, señaló durante la entrevista.

En esta línea, Maggiotti sostuvo que "había departamentos prácticamente para entregar", que estaban casi al 95 por ciento terminados. "Faltaba hacer el sorteo para ver quiénes eran los adjudicatarios", indicó.

"Hay construcciones que estaban comenzando al día, el 20, el 30 o el 50 por ciento: en 2024, se deberían terminar casi 50.000 viviendas, que era la que se venían financiando desde Estado nacional”, sostuvo el también ex intendente de Navarro.

Por otro lado, consideró la "posibilidad de que les entreguen la finalización de la obra a los gobernadores o a los municipios para que se hagan cargo con recursos propios".

"No es lo mismo una obra en un municipio de una determinada característica grande, con más recursos, que esté al 90 por ciento, que una obra que esté comenzando en un municipio más chico. Pero también hay que tener en cuenta que las provincias y los municipios se están haciendo cargo de muchas de las cuestiones que antes se hacían desde el Gobierno nacional, del financiamiento de muchos programas. No veo que algún municipio o alguna provincia lo pueda hacer, no creo que sea una cuestión fácil ni de rápida solución”, concluyó.

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Los riesgos de un mercado desregulado

El efecto Airbnb: Inquilinos en jaque por los alquileres "turísticos"

En CABA ya hay 70.000 viviendas en alquiler temporario. Además del turismo, también se usan para esquivar la ley de alquileres. La falta de controles estatales.

Patricia Chaina

El alquiler turístico o "temporario" tomó la plaza porteña, y se expande por el país a un ritmo vertiginoso. Entre septiembre y diciembre de 2022, entre los alquileres ofrecidos en CABA a través de la plataforma Airbnb, el rubro "viviendas completas" --no habitaciones-- , aumentó un 20 por ciento. En solo tres meses. Ya en diciembre, de 20.000 avisos publicados, 18.000 son para viviendas completas. Esto eleva el número de alquileres temporarios a 70.000, sumando la ofertas de todas las plataformas. Y achica el margen de viviendas disponibles para alquileres permanentes que en CABA se estima en 530.000 hogares.

Este crecimiento de la oferta turística o temporaria no solo desplaza la oferta de viviendas hacia la nueva modalidad, a expensas de la Ley de alquiler temporario sancionada por la Legislatura porteña en 2019 --muy permisiva con plataformas como Airbnb--, sino que consolida una forma de contratación que es necesario regular desde el Estado. Lo demuestra el avance del sector que orada el precario equilibro conseguido a través de la Ley nacional de aquileres, de 2020. Y lo confirman las asociacicones de inquilinos, de nivel nacional. Denuncian además que la maniobra "deja boyando a cientos de inquilinos permanentes” en las temporadas altas del ciclo turístico. 

Hay lugares como Tandil o Sierra de la Ventana donde los inquilinios pasan semanas "en carpas en patios de casas de amigos". En Villa La Angostura “se pasan días durmiendo en un coche hasta poder retomar un alquiler”, describen. La modalidad liderada por las plataformas enmascara una llana flexibilización del mercado inmobiliario: restringe la oferta de vivienda permanente y fuerza al inquilino a aceptar contrataciones fuera de la Ley nacional 27.551. El objetivo es “generar mayor renta dolarizada”, define Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados. Por eso el alquiler turístico crece en CABA, Patagonia, en el centro del país, en ciudades que son destino y tránsito de viajeros. Y las inmobiliarias lo sostienen porque muchas son dueñas de departamentos y “cuanto más corto el contrato más comisiones cobran” afirma.

Para graficar lo complejo del panorama, Muñoz señala que el precio promedio por noche para un alquiler temporario en CABA en septiembre fue de 11.000 pesos, en diciembre fue de 16.500. Un alquiler por mes pasó de 389.000 a 723.000 pesos. "En tres meses la rentabilidad aumentó un 80 por ciento", detalla. Y el efecto de esta renta desmedida es "un desplazamiento de la vivienda permanente al turismo, generando alza de precios”.

Alquileres porteños, temporarios

En CABA, las plataforma son hoy, además de una opción para turistas, una vía de acceso a vivienda para residentes. "Hay gente que no tiene los requisitos que exige el mercado para alquilar una vivienda permanente”, señala Muñoz. Habla de garantías, justificación de haberes. “Como el mercado establece condiciones restrictivas para ellos, se van a un alquiler a corto plazo, donde no son tantas las condiciones”. En septiembre de 2022 “había 15.603 viviendas publicadas sólo en Airbnb”, puntualiza. 

“En CABA es obligatorio por la Ley 6255 --de alquiler temporario-- registrar las viviendas en la Secretaría de Turismo. Pero solo se registraron 250. En diciembre, la oferta superó las 20.000 viviendas y solo había 137 registradas. "Quiere decir que no hay control del alquiler turístico o a corto plazo”, argumenta el presidente de Inquilinos Agrupados. Y advierte que el formato se expande en la ciudad. Alarma el mapeo georreferenciado: solo en el barrio porteño de Palermo hay 7.000 viviendas por Airbnb. 

“Esto crece como forma de maximizar renta”, define Muñoz. “Y parece que el alquiler turístico se convirtió en alquiler a corto plazo para gente que vive en CABA”, evalúa. La maniobra sigue la lógica del mercado inmobiliario y flexibiliza el rubro vivienda. Si un contrato tiene que durar tres años --bajo la Ley nacional--, aquí se puede alquilar una semana o tres meses, esto flexibiliza el plazo. El precio, que por Ley se actualiza al año por un índice oficial; en el contrato corto el propietario lo fija cada dos o tres meses. Y como se cobra en dólares, se dolariza la renta.

Como sucede con Uber, que flexibiliza las condiciones laborales de los taxistas --señala Muñoz, también presidente de la Federación de Inquilinos--, pero "con consecuencias un poco más trágicas porque se trata de viviendas”, subraya. Y el fenómeno crece “sin regulación del Estado para limitar una contratación que se extiende a todo el país”.

Pasando la General Paz

En Bariloche el fenómeno es dramático: “Alquilan viviendas de marzo a noviembre, y en temporada alta no hay dónde vivir”, detalla. De Mendoza a Tierra del Fuego el cuadro se repite. En Córdoba se da en las zonas turísticas: en Valle de Punillas o Villa Carlos Paz. También en ciudades como Neuquén, esto deja a la población permanente atrapada por la lógica del "temporario”. Como ocurre en Bahía Blanca, Rosario o Mar del Plata.

En las zonas turísticas de Córdoba se están utilizando “contratos de comodato”, señala Maximiliano Vittar, presidente del Movimiento nacional de Inquilinos. En Carlos Paz  "muchos inquilinos terminan boyando de diciembre a marzo, porque esas viviendas pasan al alquiler transitorio". También pasa en Bariloche, Ushuaia, en Colón, donde se restringe la oferta en tiempo vacacional “con un condimento complejo” --advierte Vittar-- porque en temporada alta hay más trabajo temporario para lo locales. “Pero son los dueños de las viviendas quienes dan trabajo, eso inhibe la denuncia porque si reclamás, te quedas sin vivienda y sin laburo”, razona Vittar. Es una realidad compleja: “Son localidades chicas, todos se conocen. Es difícil generar una iniciativa de control”, explica.

En Neuquén capital, una ciudad de tránsito para viajeros y receptora de población permanente desde otros lugares del país, el fenómeno del temporario se potencia. “Crece el mercado inmobiliario en edificios de lujo que están vacíos --son capitalización dolarizada--, y el alquiler temporario toma fuerza por la actividad petrolera y turística”, repasa Federico Prior, de Inquilinos Agrupados. Es un lugar de paso hacia la cordillera y eso se refleja en el alquiler temporario: “Hay retiro de ofertas, no hay reglamentación y se elude la ley. Se hacen contratos cortos, el famoso de tres meses que se extiende a otros tres, pero aumenta el precio”, describe.

“Denunciamos la falta de órganos de control como la ley prevé, está Defensoría del Pueblo, están los centros de Acceso a la Justicia, o Defensa al Consumidor, pero en Villa Pehuenia o Moquehue, localidades con 3000 habitantes no hay lugar para el reclamo. Queda a voluntad del propietario, y el inquilino atado a eso”, describe el referente de Inquilinos Agrupados Neuquén. En esta provincia, además “es frecuente el temporario porque el propietario prioriza el cobro en dólares --argumenta Prior--, y quienes apuestan por la localidad para vivir ya no encuentran vivienda”. En temporada baja, a partir de marzo, se alquilan a los locales, pero por pocos meses. “Hay enfermeros, médicos, policías o docentes, incluso trabajadores del turismo que en temporada alta no tienen dónde vivir. Incluso hay localidades que ya no tiene personal de salud, médicos ni enfermeros, tampoco farmacias”, suma.

La Ley porteña de alquileres

En CABA esto se intensifica a partir de la Ley 6255, de 2019 que permite “a cualquiera poner una vivienda en alquiler turístico, cualquier día del año y en cualquier zona de la ciudad”, detalla Muñoz. “Esto creció en 2017 por la caída del salario, en un mercado que sabe que puede aumentar su renta con el alquiler temporario. Y el gobierno ha dejado en manos del mercado la decisión de quién puede acceder a una vivienda y quién no”, lamenta. Habla de la ciudad y lo extiende al nivel nacional de decisiones políticas.

Esta asociación pidió reuniones a las áreas nacionales de Turismo y Hábitat. “En Turismo acercamos propuestas como crear un Registro Nacional de viviendas turísticas, que establezca condiciones: tipo de vivienda, zonas, cantidad de tiempo. Y que lo habilite el Ministerio de Turismo de Nación”. Hasta el momento, no hubo decisiones al respecto. Para CABA, proponen modificar la 6255 y establecer cupos de vivienda turística: también por zona y cantidad de noches por año. “Así no quitás viviendas de barrios donde la gente necesita vivir”, aporta Muñoz. "Pero no somos escuchados, nadie se quiere pelear con el mercado inmobiliario --se anima--, y se desligan del problema que dicen, depende de las provincias”. 

En la ciudad hay 1.200.000 inquilinos y cada vez hay menos propietarios. Existen según el último censo, 530.000 hogares alquilados. Pero la oferta se desplaza al temporario porque Airbnb --que no tiene regulación en Argentina-- “en CABA tiene una normativa que le autoriza todo”, denuncian. Y no se trata de problemas con la Ley nacional 27.551 como argumenta el sector inmobiliario.

Legislación internacional

A la Ley nacional “la peleamos mucho tiempo y salió, pero quiere derribarla”, explica Muñoz. Hay que tener en cuenta que desde 1985 no se legislaba el sector y esto enfrenta al inquilino, a un mercado voraz. En defensa de esta Ley, Muñoz compara las regulaciones en otros países que son incluso más restrictivas que la argentina “y donde la modalidad temporaria igual crece”, añade.

Aquí por ley rigen contratos de tres años. En España son cinco años, en Francia nueve, en Portugal es para toda la vida. “Y la modalidad igual crece de forma terrible. Sin embargo, en Nueva York están le poniendo limitaciones fuertes, por lo tanto, no tiene que ver con la ley --sostiene--, y así como Uber no tiene que ver con los derechos laborales de los taxistas”, agrega sobre un falaz planteo comparativo que habla de “flexibilizar las condiciones laborales para que haya más empleo”. 

El mercado plantea esto “porque busca aumentar rentabilidad sin importarle las condiciones socioeconómicas y habitacionales de la Argentina”, asegura Muñoz. La pregunta que tensa la trama para quienes alquilan es entonces: “¿Qué está dispuesto a hacer el Gobierno nacional para garantizar que todos accedamos una vivienda digna y justa?”, razona el presidente de la Federación.

¿Quién regula este mercado?

Las inmobiliarias dicen que la actividad se tiene que regular de acuerdo al mercado. “Y proponen que sigamos pagando alquileres altos, para que ellos hagan más viviendas y nosotros paguemos más alto el alquiler --explica Vittar--. El valor de un alquiler lo tiene que fijar el Estado. Hoy no hay valores de referencia. Así no va a bajar el precio”, afirma. “En Córdoba hay un desarrollo inmobiliario importante, aumentó de 450.000 viviendas a 600.000 en 10 años --agrega--. Pero la población de inquilinos también aumentó. Con lo cual no hay solución a la crisis habitacional: se construye más, pero se utiliza para otros fines”. La capitalización dolarizada se destaca entre estas opciones.

Construir en pesos y dolarizar la inversión con la vivienda terminada es el circuito más común en la maniobra especulativa. El referente del Movimiento de Inquilinos coincide con Muñoz al considerar que “para solucionar el problema es necesario un registro público de inquilinos y otro de viviendas de alquiler, acompañado de un incentivo fiscal con parámetros de referencia en materia de precios. Diferenciando los pequeños propietarios de los grandes desarrollistas, y con un órgano de control, fuerte”, insiste.

“La promo” del Gobierno porteño

En CABA la Ley 6.255 de 2019, registra a quienes ofrecen alquiler temporario a turistas. Parece una medida de control. Pero el registro no implica condiciones, sino generar información para que el Gobierno porteño difunda las opciones al turista. “Se fomenta esto, se lo promociona, y hoy de 20.000 avisos, hay menos de 150 lugares registrados” advierte Muñoz. Por eso destaca la necesidad de crear un Registro obligatorio, con límites precisos sobre "tiempo y zonas". Esto modelaría un perfil del turismo receptivo en mayor armonía con el habitante permanente.

Una turista “argentina”

El alquiler temporario turístico, no solo desplaza al inquilino de viviendas permanentes. También genera alta incertidumbre para quienes hacen turismo en el país. Mariel, una contadora mendocina que busca alquilar cuatro días un departamento para tres personas en CABA, en abril, está sorprendida: ¿Qué dólar toman? ¿Cuál es la forma de pago? ¿Cuánto cuesta por noche? Cada respuesta varía de un barrio a otro, de una plataforma a otra. Y Mariel cuenta que “mirando, de chusma nomás, cuánto cuesta un alojamiento en Chile por ejemplo, o en Brasil, en dólares (el oficial más impuestos) y ¡es igual que en Buenos Aires!”. Se alarma y agrega que “las inmobiliarias te cobran al dólar blue. Cuando lo lógico sería que resulte más caro ir a otro país que viajar por Argentina (por el tipo de cambio nuestro), para incentivar el turismo interno por el movimiento que genera en trabajo y servicios. Pero desafortunadamente no es así”.

El mito de la falta de viviendas

Hay un mito construido por el mercado y el neoliberalismo que dice que faltan viviendas en Argentina, afirma Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. “Aunque parezca mentira: ¡sobran!” sostiene. “Según la población y el último censo, hay 46 millones de argentinos y 18 millones de viviendas. Y el hogar promedio es de tres personas. Esto quiere decir que hay 15 millones de hogares. ¡Sobran 3 millones de viviendas!”, enfatiza.

Sin embargo “la falta” es lo que prima en el mercado del alquiler permanente, mientras la vivienda deshabitada aumenta de forma exponencial. "Entre 2010 y 2022 se construyeron 4 millones de viviendas, y la población creció en 6 millones de personas, con lo cual alcanzarían –razona--. Pero construyen para dejarlas vacías: el agro tiene excedente en pesos, mucho, y una forma de dolarizar es construir en pesos para dolarizar en ladrillos. Es una herencia de la dictadura, eso y el alquiler desregulado, por una decisión de Martínez de Hoz, para impedir que un trabajador acceda a una vivienda”. En 1980 había un millón de viviendas vacías. En 1991: un millón y medio. En 2010 dos millones y medio, y en 2022 más de tres millones” sintetiza.

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El problema no son los alquileres, el problema es la inflación y el poder adquisitivo, el dueño tiene una inversión que no le rinde y el inquilino no puede pagarla,la peor combinación.

 

Lo anunció Jorge Ferraresi por AM750

Créditos UVA: subsidiarán a quienes paguen cuotas superiores al 35% de sus ingresos

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat precisó que el Banco Provincia y el Nación ofrecerán subsidios a las familias, mientras que el Hipotecario ligará el ajuste de los préstamos a la evolución de los salarios. Explicó que por disposición del Banco Central todos los bancos deberán brindar una respuesta a los hipotecados.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció que habrá subsidios para asistir a las familias que hayan tomado créditos hipotecarios UVA para que la cuota mensual no supere el 35 por ciento de los ingresos. Según dijo, será algo que deberán respetar todos los bancos.

Según explicó Ferraresi por AM750, el Banco Central anunció que establecerá una instancia de monitoreo y alerta temprana para identificar posibles casos de riesgo que afecten a deudores hipotecarios UVA en los casos donde la relación cuota-ingreso supere los límites establecidos que fijan un tope del 35 por ciento de los ingresos familiares.

"Los bancos van a subsidiar las cuotas de los hipotecados UVA que superen el 35% del ingreso del grupo familiar", anticipó Ferraresi.

"Ninguna cuota de un credito UVA puede superar un 35% del salario familiar", precisó el ministro.

Según Ferraresi, "cada uno de los bancos deberá definir qué solución le ofrece a los hipotecados. El Banco Nación y el Banco Provincia subsidiará las cuotas que superen el 35 por ciento", remarcó.

Además, indicó que el Banco Hipotecario, donde hay 7.655 tomadores de créditos UVA, se avanzará hacia un plan de ajuste de las cuotas basado en la evolución de los salarios. 

Grupo Octubre · Jorge Ferraresi

"Nuestra medida es un disparador. Nosotros vamos a hacer un aporte de 5.000 millones de pesos del fondo fiduciario. Donde haya alguna dificultad para sostener el crédito, se tomarán medidas desde el Ministerio", indicó.

Ferraresi precisó que desde la cartera de Desarrollo Territorial no tienen vínculo con los bancos privados, pero aclaró que la circular del Banco Central es "vinculante" para las entidades bancarias privadas. "La mayoría de los créditos UVA están en el Nación y el Provincia, superan los 70 mil. Se genera un encuadre de tranquilidad", analizó.

Qué pasará con los créditos UVA

La medida era muy esperada por las decenas de miles de familias que tomaron créditos hipotecarios UVA durante el gobierno de Mauricio Macri, en una modalidad que actualizaba las cuotas en base a la inflación: como desde 2017 en adelante los índices de precios no hicieron más que dispararse durante la gestión de Cambiemos, los préstamo se volvieron impagables.

La resolución del Banco Central es clave, ya que indica que las cuotas no deben superar los límites establecidos en el decreto presidencial 767 del año pasado, del 35 por ciento de los ingresos de los deudores y codeudores.

El año pasado, el Gobierno había establecido el congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios UVA con vigencia entre abril de 2020 y enero de 2021 por la crisis provocada por la pandemia. Meses después, para evitar saltos sustanciales en las cuotas, se estableció un mecanismo de convergencia con vigencia entre febrero de 2021 y julio de 2022.

Ahora, para prevenir posibles situaciones de vulnerabilidad durante la convergencia se estableció un mecanismo de reaseguro, que obliga a los bancos privados a ofrecer facilidades a los deudores, siempre que se supere la incidencia de las cuotas supere el 35% de los ingresos.

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Ingresa al Congreso una iniciativa para terminar con la emergencia habitacional

Tierra, Techo y Trabajo: el proyecto para crear 3 millones de puestos de trabajo 

El proyecto propone concretar 375.000 soluciones habitacionales con un presupuesto inicial de 420 mil millones de pesos. Lo elaboró la Corriente Clasista y Combativa  (CCC), pero en la presentación estuvo hasta el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Por Laura Vales

Hoy será ingresado al Congreso el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo, que propone la creación de tres millones de puestos de trabajo en la construcción dando respuesta a la emergencia habitacional. La propuesta es continuadora de otros proyectos que vienen siendo presentados en los últimos años para la urbanización de los 4400 barrios populares y el acceso al suelo.
El viernes fue lanzado en La Matanza, con un acto en la Escuela Amarilla de Gregorio de Laferrere, el lugar de referencia de la Corriente Clasista y Combativa. Acompañaron la presentación el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, Esteban “Gringo” Castro, de la Ctep, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, Fernanda Miño, del MTE, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, los diputados nacionales Leonardo Grosso y Federico Fagioli y la diputada bonaerense Patricia Cubría, entre otros.
“Este proyecto salió de la CCC, pero se transformó en el de todas las organizaciones sociales y en el de todo el bloque del Frente de Todos. Desde cada lugar se está aportando para que se trate en el Congreso Nacional y luego se apruebe”, dijo en la presentación Juan Carlos Alderete, uno de sus autores.
La ley propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generado tres millones de puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, con un presupuesto inicial de 420 mil millones de pesos. Plantea avanzar en la regularización dominial de los asentamientos urbanos y rurales, y realizar en los barrios obras de infraestructura y servicios básicos como agua, electricidad, gas, cloaca, apertura de calles, mantenimiento de caminos, desagües pluviales, veredas.
Entrará al Congreso con el respaldo del Frente de Todos y del bloque de Unidad Federal para el Desarrollo.
Los fundamentos del proyecto recuerdan que según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC, un cuarto de los habitantes el país no es dueño de la casa en la que vive. A su vez, de ese subtotal casi el 10 por ciento se encuentra en una situación irregular, ya que ocupan la vivienda que habitan.
“Más de un millón de personas de la población nacional se encuentra en situación de
hacinamiento crítico. Y millones más son los que no cuentan con un buen acceso a los
servicios. En términos claros, la mitad de los argentinos y las argentinas no accede al
menos a alguno de los servicios básicos necesarios. El problema habitacional resulta
efectiva e históricamente uno de los principales problemas del país”, agrega la presentación. 

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El Comité de Procrear adjudicará viviendas creadas hasta 2015 y abandonadas por el macrismo

Cambiemos dejó el gobierno con 14.300 viviendas terminadas con un avance de obra del 70% porque no quería entregarlas "al costo". Esta semana se define cómo se adjudicarán las que estén ya completamente listas, según supo en exclusiva El Destape. También se realizarán viviendas en barrios ya urbanizados. 

 CRISTIAN CARRILLO

En el marco del Procrear se sortearán unas 11.000 viviendas que fueron construidas durante el kirchnerismo y abandonadas por el macrismo con el objetivo de privatizarlas. Se trata de viviendas construidas en barrios urbanizados por la gestión oficial hasta 2015. Son obras finalizadas o al 70 por ciento de avance. Fuentes del Comité Ejecutivo del Procrear confirmaron a El Destape que en esta semana se definiría cómo será la modalidad para adjudicar estas viviendas, mientras se avanza en la construcción de obras de menor envergadura en barrios ya urbanizados. La crisis que dejó el macrismo y la pandemia hacen inviable actualmente un despliegue del programa tan ambicioso como el que se instrumentó anteriormente, pero en el sector confían en que se están dando los pasos necesarios hacia ese objetivo.

Esta semana el presidente Alberto Fernández anunció dos líneas del Procrear, para refacción y ampliación, que conformarán un plan de viviendas 2020 más ambicioso. El problema de este relanzamiento es el descalce financiero entre el tipo de viviendas al que se accedía hasta 2015 y las que se pueden construir actualmente, luego de la crisis macrista y la que deje el COVID-19.

También existe un descalce en el poder adquisitivo de los hogares respecto de la cuota que pueden afrontar para estos créditos. Por este motivo se retrocedió sobre el sistema de indexación que había aplicado el macrismos sobre estos créditos, que habían pasado a estar atados por los UVA (inflación). El Comité de Procrear, que lidera la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, definió que la indexación tenga un tope por salarios. Según explicaron desde el Comité, la nueva fórmula se basará en el incremento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el INDEC más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) del Banco Central.  Establece un máximo de 2 por ciento mensual para que cuando los salarios superan a la inflación no se vean aumentos repentinos en sus cuotas.

Lo más urgente

De acuerdo con lo adelantado a este medio, esta semana se analizará la etapa de adjudicación de las viviendas terminadas y cómo será el plan de adquisición de terrenos para los desarrollos inmobiliarios del Procrear. El macrismo se fue del gobierno sin entregar 14.300 viviendas (11.000 terminadas completamente) del plan Procrear. Se trata del 64 por ciento de las 22.500 viviendas de Desarrollos Urbanísticos del programa que había heredado de la administración anterior e implica negarles un techo a más de 60 mil personas. El abandono respondió a cuestiones burocráticas de habilitación de servicios y a una lógica especulativa del gobierno que frenó el programa. 

"Entre 2012 y 2015 el Procrear generó uno de cada tres puestos de trabajo de la industria de construcción, quedando en el imaginario colectivo como una verdadero instrumento de política pública de generación de empleo. Es por eso que la idea del actual gobierno, de procurar volver al modelo original de producción y trabajo, no hace más que reafirmar su carácter virtuoso", aseguró a El Destape Martín Reibel Maier, integrante como vicepresidente de AySA del Comité Ejecutivo de Procrear. En esos años el Estado desembolsó el equivalente entonces a unos 6500 millones de dólares en el programa. 

El Procrear se lanzó en 2012 con un objetivo de 400.000 viviendas. Dentro de ese programa había una línea de compra de terreno y construcción de vivienda, financiando el 100 por ciento del valor de ambos. Los Desarrollos Urbanísticos eran parte de esta línea, con áreas para el uso público, locales comerciales, áreas destinadas para alojar equipamientos de salud, educación, recreativos además de contar con adaptación a personas con capacidades diferentes. Se construyó una vivienda por cada 50 adaptada para personas con movilidad reducida, lo que los ubica en la vanguardia mundial respecto a parámetros de desarrollo urbano y vivienda del mundo. 

En estos desarrollos se incluyeron 950 locales que podrían alquilarse o entregarse en leasing con facilidades, lo que, además de estimular la actividad en esos barrios y empujar la rueda del consumo, alivia el acceso al emprendedor.

Los próximos pasos

Entre 2012 y 2015 se realizaron 172.000 viviendas del Procrear, de las cuales 22.500 se construyeron en 67 desarrollos urbanísticos ubicados en Ciudad y Gran Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes, Santa Fe, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Misiones, Chubut, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis, la Pampa, Tucumán, Neuquén y Entre Ríos. Dadas las limitaciones presupuestarias con las que asumió el gobierno de Alberto Fernández heredadas del macrismo y profundizadas por la emergencia sanitaria, alcanzar esos números parece utópico y las autoridades analizan cómo profundizar el programa dentro de lo que pueda ser sustentable. Una discusión es cómo adquirir los terrenos. 

Hasta 2015 se utilizaba como modalidad la cesión de terrenos nacionales o subnacionales (provincias y municipios) a los cuales se les otorgaba un certificado de participación fiduciaria y se iniciaba las obras. Al ser terminada, el Estado nacional pagaba el valor del terreno (casi como una donación), aunque el esfuerzo había sido el desarrollo. Una alternativa a este esquema que se baraja es la posibilidad de comprar o vender los terrenos a privados.

Otro problema de la falta de recursos tiene que ver con el desarrollo urbanístico en sí mismo. El macrismo ya dejó una estructura de servicios deficiente y tratar de llegar con agua, luz y cloacas a lugares alejados es un esfuerzo que, reconocen en el Gobierno, no se puede afrontar. Una alternativas es trabajar en barrios ya urbanizados, adquiriendo dominios con 15 o 20 viviendas que puedan ofrecer algunas constructoras. Estos terrenos ya se están buscando. El objetivo del Procrear "original" era también descentralizar la población en las grandes urbes, pero por el momento no se puede atajar todos los frentes que quedaron abiertos o abandonados.
 El Destape