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14 de enero de 2016

El ajuste macrista y "la grasa de la militancia".

Y finalmente, el macrismo cumple con otra de sus promesas electorales: aplicar un modelo neoliberal de ajuste contra la inflación, el salario y el empleo. Nada nuevo en Argentina, ya que es similar al aplicado en los años 1975-1983 y 1985-2001. Y no es ninguna sorpresa para quien haya leído, entre otros muchos blogs y diarios, Basurero Nacional, ya que adelantamos esto en varias notas como:
Macrieconomía. El plan económico del macrismo.
Apagar el fuego con nafta, esto sí que es un "cambio" macrista.






Repasemos ahora algunas explicaciones de  las medidas económicas presentadas por el ministro Prat Gay publicadas en los medios:

La grasa
Los empleados públicos ya no son los malhumorados y vagos estigmatizados en el pasado por Antonio Gasalla, en lo que fue un aporte artístico involuntario para desprestigiar el papel del Estado en la sociedad. Ahora son ñoquis que pasan a cobrar por la ventanilla el 29 de cada mes sin trabajar. En la conferencia de prensa de ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, sumó otra definición despectiva para personal estatal: son grasa. Y además son “grasa militante”. El ministro que intenta con escasa habilidad ser simpático con frases de Moria Casán, puntuando comentarios de uno de los periodistas elegidos para preguntar y cayendo en una laguna en la última pregunta, que lo obligó a dar por terminada la conferencia, expresó de ese modo que los despidos de empleados públicos forman parte de la estrategia de ajuste fiscal del gobierno de Mauricio Macri. Quedó en evidencia la concepción Prat-Gay acerca de una parte del empleo público: Es grasa sobrante en el cuerpo del Estado.
El empleo, público y privado, no parece ser una cuestión central en la estrategia de gestión de la economía del ministro. Ese desinterés lo dejó expuesto cuando se refirió a empleados estatales como “grasa que sobra”, al desentenderse de los despidos en empresas privadas y al advertir acerca de la posibilidad de la pérdida de puestos si la demanda en paritarias es más elevada que la tasa de inflación que él estima para el 2016.
Para bajar el déficit fiscal de 2,3 por ciento del PIB en 2015, que lo infló con contabilidad creativa hasta alcanzar el 7,0 por ciento con el único objetivo de sobrecargar la herencia económica para habilitar el ajuste, Prat-Gay informó que el reordenamiento del gasto implicará una reducción del déficit en 0,8 puntos porcentuales. Mencionó acciones sobre licitaciones irregulares que no precisó, en cambio se extendió con los denominados ñoquis. Aquí fue más explícito. Despedir empleados públicos, o en sus propias palabras: “Eliminar la grasa de la militancia”.
La economía que quiere Prat-Gay es con “menos grasa” pero no sólo del sector público. El adelgazamiento general del empleo está en función del ajuste fiscal y de establecer un nuevo estadio regresivo en la distribución del ingreso.
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Ajuste, despidos y metas de inflación
El funcionario explicó la estrategia económica general para los próximos cuatro años. Atribuyó al kirchnerismo los costos de las medidas que viene tomando el Gobierno.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, adelantó ayer un ajuste fiscal neto de uno por ciento del PIB, aunque considerando el impacto de la quita de retenciones y otros beneficios impositivos, el recorte treparía a 3,6 puntos del PIB. El funcionario elogió la política de despidos masivos en el Estado, aceptó los del sector privado y se quejó de las subas desmedidas de los precios. Lejos de hacerse cargo del ajuste, los despidos y de la aceleración inflacionaria por la devaluación, atribuyó todos esos hechos a la supuesta necesidad de aplicar una corrección a la economía heredada. El plan ortodoxo que el Gobierno disfraza de inevitable: definir un techo a las paritarias a través de metas de inflación, pagar a los fondos buitre y despedir empleados del Estado como forma de ajustar el gasto público.
Prat-Gay estableció metas decrecientes de inflación, empezando por una franja del 20 al 25 por ciento para 2016, y definió un objetivo fiscal que prevé un fuerte recorte de subsidios y de otros gastos que vinculó con el “derroche” de la gestión anterior. Justificó que los 18 mil despidos en el sector público le permiten al Estado deshacerse de la “grasa de la militancia” y aseguró que se abrirán concursos. También se desligó de los despidos en empresas del sector privado. Planteó que el no pago a los fondos buitre incrementó la factura del juicio, que espera resolver en el corto plazo a partir de las negociaciones en Nueva York.

Inflación
“Así como tuvimos un shock al salir del cepo cambiario, en el tema fiscal e inflacionario seremos cuidadosos pero con mano dura para avanzar hacia los objetivos que nos planteamos”, dijo Prat-Gay. Consideró que la inflación de 2015 se ubicó entre 28 y 30 por ciento anual y fijó metas decrecientes. En 2016 la franja objetivo es del 20 al 25 por ciento; en 2017, de 12 a 17 por ciento; en 2018, del 8 al 12 por ciento, y en 2019, del 3,5 al 6,5 por ciento. Sin embargo, no dio muchos argumentos que justifiquen esa baja en la inflación, más allá de su expectativa por la reducción del déficit fiscal. Los programas de metas de inflación consideran clave a la ortodoxia fiscal y monetaria y la fe en que los agentes económicos le crean a la pauta que definen el Gobierno y el Banco Central.

Empleo y paritarias
“Ahora los sindicatos tienen un número menos con el cual distraerse”, comentó Prat-Gay sobre la suspensión de la divulgación del índice de precios del Indec. En cambio, dijo que “haremos un promedio con los datos que andan circulando”. Sin embargo, Prat-Gay insistió en su franja de 20-25 por ciento como meta inflacionaria para 2016, lo que representa el techo que el Gobierno quiere imponer para las paritarias de este año. Ese límite no es una especulación sino que Prat-Gay lo hizo explícito.
“Si ustedes nos creen, la referencia va a ser de un 20 a un 25 por ciento de inflación para este año. Si lo que decimos es cierto, el que fija salarios por encima de esa pauta quedará descolocado. Es decir, o va a vender menos –por impacto de los mayores costos, que dejarían al producto por encima de los demás en términos de precios– o tendrán que ajustar por el lado del empleo”, describió Prat-Gay.
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La herencia de Prat-Gay
Alfonso Prat-Gay dijo el 5 de noviembre, en campaña electoral, que una devaluación no provocaría grandes costos en materia inflacionaria porque en la práctica la economía se manejaba con la cotización de otros tipos de cambio, como el contado con liquidación o el blue. “Con nuestra propuesta, que será coherente con un programa económico, lo que va a suceder es que subirá el dólar oficial, que prácticamente no afecta a nadie, y van a bajar los otros, que afectan a la gran mayoría de la población”, afirmó. “El dólar a 9,50 no existe”, aseguraba más desafiante el propio Mauricio Macri. Las advertencias sobre los riesgos de ocasionar una estampida de precios al mover el dólar de 9,65 a 15 pesos, como estimaba el candidato en aquel momento, eran descartadas, y quienes las hacían eran tratados de ignorantes. “Es algo que Daniel Scioli no entiende”, apuntaba por ejemplo Prat-Gay.
El ahora ministro de Hacienda y Finanzas cumplió la primera parte de su promesa. Empezó a delinear un programa económico que arrancó con la eliminación de las restricciones a la compra de divisas y la consecuente devaluación. Las principales medidas en el primer mes de gobierno ubican a los sectores financieros y agroexportadores como privilegiados, elevando sus márgenes de rentabilidad por distintas vías. A los primeros, por ejemplo, con la suba de las tasas de interés, la eliminación de la obligación de compensar a los ahorristas por ese aumento del costo del dinero, la generación de incentivos para la llegada de capitales golondrina y la emisión creciente de deuda pública. Para el agro, la devaluación, la quita y rebaja de retenciones y la supresión de cupos a la exportación significan una transferencia de miles de millones de pesos.
Lo que no ocurrió fue la segunda parte de la consigna, que el incremento del dólar no tendría impacto sobre precios. Por el contrario, desde que Prat-Gay anticipó la devaluación a principios de noviembre se produjo una disparada inflacionaria, de acuerdo con las mediciones de la totalidad de las consultoras privadas, mientras que el Indec eligió justamente ese momento para discontinuar la publicación oficial. El índice Congreso también desapareció como referencia, pero pese a ello es claro que en el último bimestre de 2015 la suba de precios triplicó el ritmo que traía hasta entonces. Lejos de asumir cualquier responsabilidad por esa situación, que significa un golpe al poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y sectores de ingresos fijos, Prat-Gay se desentendió ayer de las consecuencias de sus decisiones y le cargó la cuenta al gobierno anterior.
Ahora resulta que el dólar de 9,65 existía, pero era “ficticio”, por lo cual “el sinceramiento” es parte de “la herencia”. El ministro no hizo ninguna referencia a que antes sostenía que el dólar oficial “no afecta a nadie” y que por lo tanto su incremento no impactaría en los precios. Ayer consideró lógico lo contrario, que se hubiera producido un alza de la inflación, pero se congratuló de que lo peor haya quedado atrás. La nueva promesa es que la inflación terminará el año en un rango de entre 20 y 25 por ciento, y en función de ello reclamó a los gremios que moderen sus pretensiones en paritarias. Sería la forma de completar la gigantesca transferencia de ingresos desde sectores trabajadores a banqueros y ruralistas que supone el nuevo “programa económico coherente”. La redistribución regresiva de la riqueza, que empezó con la devaluación, es la verdadera herencia de Prat-Gay.
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Como vemos, nada nuevo bajo el sol. Y las consecuencias de estas nuevas-viejas medidas económicas las veremos en el corto y mediano plazo en nuestros bolsillos y el la tasa de desempleo, como ha sucedido siempre que se las tomó. Y, por supuesto, nada tiene que ver la "grasa de la militancia" de la que habla Prat Gay.

Una última pregunta sobre este debate sobre la militancia: ¿los funcionarios de Cambiemos (PRO-UCR, etc.) no militan?


7 de enero de 2016

Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan los elefantes por detrás...

Luego de la asunción del presidente Macri, los medios de difusión hegemónicos que durante las presidencias kirchneristas se oponían sistemáticamente a toda medida de gobierno y arreciaban con denuncias contra los funcionarios del gobierno (verdaderas, supuestas o inventadas), pasaron a comportarse como ultraoficialistas, ignorando cualquier medida impopular del macrismo y llenando sus páginas, pantallas y programas radiales con cualquier gesto intrascendente del gobierno. Y últimamente, con la famosa fuga de los tres condenados por el triple asesinato relacionado con el tráfico de la efedrina, saturan sus medios con noticias verdaderas o falsas sobre ese tema. Mientras tanto, como suele decirse sobre esa vieja táctica de distracción citada por la presidenta Cristina Fernández en su último discurso como presidenta: "Mientras nos enroscamos en discusiones banales y triviales (...) nos siguen pasando elefantes por detrás".
Por eso, este humilde servidor público repasa aquí algunos de "los elefantes que nos pasan por detrás" mientras toda la sociedad busca a los tres prófugos.
Empecemos por la pérdida de empleos:


Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

Nuevo ataque a la AFSCA: despidos masivos a los trabajadores
En el día de hoy los empleados de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual se encontraron con un cordón policial y un funcionario de la nueva gestión del Ente Nacional de Comunicaciones - Encom - y esperan una notificación que los deja sin trabajo. Denuncian persecución política
Ante este atropello a una Ley de Medios votada y promulgada en el 2009, hoy en la calle Suipacha al 700 donde hasta hace unos días funcionaba la AFSCA, hoy llamada Encom, hace su nueva devolución de favores al grupo Clarín y despidió a los trabajadores que estaban bajo el mando de Martín Sabbatella.
Denuncian que ahora la condición para ingresar al Organismo es figurar en una lista confeccionada con criterios que hasta el momento se desconocen. Las personas que se encontraron hoy con que ya no tienen más trabajo, dicen que hay una persecución ideológica.
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Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

Lombardi empezó a vaciar el Centro Cultural Kirchner
 El titular del Sistema de Medios volvió a avanzar contra los trabajadores del Centro Cultural Néstor Kirchner. El 85% de la planta quedará desafectada y el resto tendrán contrato por entre "uno y tres meses".
Las idas y vueltas de Hernán Lombardi sobre el futuro laboral de los trabajadores del CCK preocupa a toda la planta del Centro Cultural. Tras volver a negarles la entrada este martes, el titular del Sistema de Medios lanzó una catarata de tuits en la que dejó en claro que varios no seguirán.
Según Lombardi, "los contratos involucraban al 85% de los designados que tenían su relación laboral triangulada con las Universidades". Aparentemente, la idea del funcionario es resolver estas supuestas irregularidades con el fin del vínculo, lo que deja a los empleados en la calle.
Sobre el 15% restante, dijo que "serán renovados por entre uno y tres meses de acuerdo a la normativa emanada del ministerio de Modernización".
De este modo, en tres meses podrían ponerse en riesgo el 100% de los puestos de trabajo del CCK.
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Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

Polémica por el sueldo de Martiniano Molina en Quilmes
Tras despedir a mil empleados municipales, el intendente pasó a cobrar 112 mil pesos.
El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, comenzó el año con un incremento de salario de casi el 30%, según denunciaron desde la oposición. El cocinero cobrará un sueldo bruto de $112 mil, más un 50% adicional en "gastos de representación".
Al aumento se le agregan "gastos por representación" que tendrá el intendente. Esos fondos podrán o no ser usados por el jefe comunal, según explicaron fuentes del entorno del intendente a El Destape. Estos gastos no forman parte del salario y es un dinero de reserva destinado a cuestiones que tengan que ver con su tarea como jefe comunal.

Alarma por despidos
Los trabajadores de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Quilmes, denunciaron que las autoridades del municipio despidieron a cientos de empleados.
"Las autoridades de la actual gestión de gobierno no han podido dar cuenta de un proceso evaluativo propio que sostenga la decisión de la no renovación de los contratos", indicaron en un comunicado de prensa. Además, los municipales sostienen que no hubo evaluación laboral de los trabajadores y que "los despidos se deben a una decisión política".
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Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

Son cada vez más los despidos en el Estado y denuncian persecución política
Además de la Cámara de Diputados y el Senado, también empezaron los recortes en la ex AFSCA, donde hay delegados gremiales echados, así como en Vialidad Nacional. La situación se repite en otras dependencias.
El comienzo del 2016 fue muy tumultuoso para los trabajadores del Estado, que se mantienen con incertidumbre respecto de su futuro laboral. Así, a los despidos en el Centro Cultural Néstor Kirchner, este martes se sumó la AFSCA al proceso de recorte de personal que mantiene a los gremios en alerta.
Según denunciaron a El Destape, entre los despedidos de organismos como AFSCA, el CCNK y Vialidad Nacional hay delegados gremiales y quienes aportan parte de su sueldo al partido Nuevo Encuentro y figuran en las planillas de recursos humanos como tales.
Esta mañana, las oficinas de la (ex) autoridad de aplicación de la "ley de medios" amanecieron cerradas y con custodia policial. Según denunciaron desde ATE y ex funcionarios del organismo, se obligó a los trabajadores a hacer una fila en la calle para hacerlos pasar de a uno al edificio, donde luego son notificados sin continúan trabajando o son despedidos.
El vocero de AFSCA, Fernando Torrillate, relató a El Destape que "los hacen formar fila con el DNI y les dicen si están despedidos o no. La Policía tiene el listado con notificaciones firmadas por (el interventor Agustín) Garzón, con fecha del 29 de diciembre. Está desobedeciendo fallo de (el juez Luis) Arias".
La AFSCA fue intervenida el 23 de diciembre pasado y designado, en lugar de Sabbatella y todo el directorio, al legislador del PRO Agustín Garzón. Luego, el 29 del mismo mes, el Gobierno nacional anunció la firma de un DNU que modificaba las leyes 26.522 y 27.078 (Argentina Digital), eliminando AFSCA y AFTIC y creando un nuevo ente, el ENaCom. Esto debía ser puesto en suspenso por la medida precautelar dictada el mismo día por el magistrado platense Luis Arias. Sin embargo, el Gobierno avanzó y publicó ayer el decreto en el Boletín Oficial.
Desde ATE, que se encuentra en estado de "alerta y movilización" tras la asunción de Mauricio Macri, denunciaron que hubo nueve delegados del sindicato dejados de lado en el ente autárquico. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, dijo a este portal que "hay una persecución que sufre el empleado público que no tiene sentido".
Según Catalano, la situación se repite en otras dependencias del Estado con trabajadores que incluso exceden en su antigüedad los mandatos del Gobierno anterior. "Tenemos despidos confirmados en el Centro Cultural Kirchner, en AFSCA y dentro de Vialidad Nacional hay 20 despidos al día de hoy, gente con 15 años de antigüedad" afirmó. Lo mismo, denunció, ocurre en jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación. "Hay gente con 5, 6, 10 años (de antigüedad)" que habrían sido cesanteados "por presunción de actividad política". "No podemos creer el nivel de violencia institucional que están tomando", sostuvo indignado el gremialista.
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Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

Estatales: ¿Primera ola de conflictividad?
Más allá de algunos episodios aislados en el sector privado (Techint, Cresta Roja), el sector estatal se perfila como el polo que encabezará la primera ola de conflictividad a partir de los despidos que se expanden en la órbita estatal. 
Preparando el terreno: demonizar al trabajador
Durante la campaña electoral, los medios hegemónicos desarrollaron en paralelo una campaña sucia contra los trabajadores estatales. El objetivo era condicionar la agenda del próximo presidente entorno a un ajuste del gasto público, con el trabajo como variable central, y, al mismo tiempo, generar legitimidad sobre la consecuente ola de despidos.
En ese marco, se inscribe el editorial de La Nación del 2 de octubre de 2015 “Explosión del Empleo Público” en la que se “alerta” sobre el crecimiento del empleo en el sector estatal entre 2015 y 2014 con eje en la filiación política de los trabajadores.
Para muestra solo basta un botón. De esta manera, medios como La Nación corrieron el eje de discusión acerca de la problemática laboral en el Estado: el verdadero problema del empleo público no son los “ñoquis” ni la filiación política sino la flexibilización y precariedad laboral que siguen padeciendo miles de trabajadores. 

Poder Ejecutivo: disoluciones y ola de despidos
El flamante gobierno despidió el año con un DNU que colocó un revolver en la cabeza de los trabajadores del Estado. A través del decreto 254/2015, el Presidente instruyó a los ministros, secretarios, autoridades de organismos descentralizados y a las empresas y sociedades del Estado "a revisar los procesos concursales y de selección de personal".
La norma autoriza también a revisar "en un plazo no mayor de tres meses las designaciones efectuadas por procesos concursales de personal de dichos Ministerios u organismos durante los últimos dos años computados desde la vigencia del presente decreto".
Amparados en este marco (político y normativo) la gestión CAMBIEMOS lanzó una ola de despidos que ya acumula:
-Cámara de Senadores del Congreso Nacional: 2035 trabajadores despedidos.
-Centro Cultural Néstor Kirchner: 600 trabajadores despedidos. 
-Jefatura de Gabinete: 120 trabajadores despedidos
-Grupo de Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA (GERAD): 14 trabajadores despedidos.
A estas cesantías se suma el destino que tendrán los trabajadores del Instituto Dorrego, disuelto recientemente bajo la promesa incierta de re-ubicación de sus empleados.
Los sindicatos del sector se encuentran en estado de alerta y movilización. Norberto Di Prospero, secretario general del gremio de legislativos (APL), señaló que “lo que hizo la vicepresidenta va en contra de la Ley de Empleados Legislativos. Vamos a apelar legalmente, por vía administrativa y ante la Justicia”.
Desde UPCN su secretario general Andrés Rodriguez negó públicamente la existencia de ñoquis en el Estado y repudió el tono peyorativo del concepto utilizado por funcionarios y periodistas.

Onda expansiva: despidos en municipios de PBA
La ola de despidos ya comenzó a expandirse nivel municipal con focos de conflicto que ya estallaron en intendencias como La Plata, donde más de 3000 trabajadores entre empleados de planta permanente y cooperativistas fueron cesanteados.
El desagregado territorial arroja el siguiente escenario en Provincia de Buenos Aires:
-La Plata: más de 3000 trabajadores despedidos 
-Quilmes: 1000 trabajadores despedidos. 
-Malvinas Argentinas: 900 trabajadores despedidos. 
-Coronel Vidal: 300 trabajadores despedidos.
-Lanús: 290 trabajadores despedidos. 
-Coronel Suarez: 60 trabajadores despedidos. 
-Adolfo Alsina: 60 trabajadores despedidos. 
-Chascomús: 32 trabajadores despedidos. 
-Esteban Echeverría: 30 trabajadores despedidos.
El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén “Cholo” García, aseguró que “los telegramas comenzaron a llegar ayer, en el primer día hábil del año, por eso estamos evaluando con los sindicatos locales cuál es la situación concreta en cada distrito".
Asimismo, Garcia explicó que la Ley 14.656, que entró en vigencia el 6 de julio de 2015, garantiza la estabilidad del empleo público y el Salario Mínimo, Vital y Móvil “para los trabajadores que cumplen los 12 meses de servicio”.

La herencia
Posiblemente, la caza de brujas sobre los empleados ingresados en los últimos años hubiese sido inevitable, sobretodo en un clima de revanchismo político como el que se perfila en la actualidad.
No obstante, la indefensión de muchos trabajadores ante esta avanzada que tiene como variable de ajuste al trabajo se ve agravada por inestabilidad laboral de muchos de ellos. Si hablamos de “herencia”, la más grave de todas es la “herencia” de la precarización laboral en el Estado, que pese a algunas efectivizaciones de último momento, sigue siendo el principal flagelo del estatal.
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Sigamos ahora con los precios y la inflación.


Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

Todesca: "No va a haber IPC de referencia al momento de negociar las paritarias".
El titular del Indec, Jorge Todesca, adelantó que el organismo estará regularizado "en el transcurso de 2016". Por ahora no habrá Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni medición de la Canasta Básica.
"No va a haber un IPC para tomar de referencia al momento de negociar las paritarias, pero tenemos dos índices, el de CABA y el de San Luis, que son confiables y dan entre el 23 y 24 por ciento de inflación anual", dijo el titular del Indec, Jorge Todesca en declaraciones radiales.
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Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

La nafta “a mitad de año va a estar por encima de los $20”, sostuvo Manuel García, presidente de AESI
Tras el aumento del 6% dispuesto en los combustibles, el titular de la Cámara de Estaciones de Servicios Independientes adelantó que habrá nuevas subas con el correr de los días hasta ubicarse en el precio anterior a la devaluación, cuando era de US$1,40 por litro en el caso de la nafta.
“En dos meses la nafta premium estará en $19, y se seguirá ajustando por el costo de vida y a mitad de año va a estar por encima de los $20”, pronosticó Manuel García, referente de los empresarios de estaciones de servicio independientes.
“Haber anunciado con tanta anticipación una devaluación hizo que los precios se dispararan en dos etapas. Ahora vino el aumento de la nafta y nuevamente se ajustan, y es ajuste sobre ajuste. La gente está de vacaciones, tarjetea, pero en marzo cuando se quiten los subsidios, y la nafta esté tocando los $20, y haya pagar la tarjeta de crédito, esto será un golpe fuerte para la gente”, sostuvo García.
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Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

Productores de alimentos descartan que se vayan a retrotraer los precios
El titular de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, descartó este martes la posibilidad de una rebaja de precios de "caràter general" tal cual lo había pedido el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.
"Con carácter general no veo posibilidad que sea así. Con carácter específico, puede haber casos. Pueden haber situaciones puntuales, pero de ninguna manera medida de carácter general", dijo Funes de Rioja en declaraciones a Radio 10.
El titular de la COPAL justificó en ese sentido los incrementos de precios efectuados por empresas desde noviembre, suba que algunos calificaron como "colchón" contra la devaluación que se vislumbraba en ese momento con el triunfo de Cambiemos.
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Y estas medidas traen como consecuencia (¿buscada?) la siguiente:

Macri quiere un desempleo del 15% para negociar salarios a la baja
El  plan de Carlos Melconian prevé despidos masivos de estatales, apertura de importaciones y caída del consumo.
"Con este nivel de salarios, Argentina es inviable: sólo vamos a comenzar a crecer bajándolos al menos un 40 %. Y la única forma de negociar una baja real con estos sindicatos es llegar a un desempleo superior al 15%".
La frase pertenece a Carlos Melconian, el verdadero ministro de Economía de Mauricio Macri, y se la dijo al presidente el 24 de noviembre, dos días después del triunfo del PRO, delante de dos miembros del equipo económico.
En pocas semanas el Gobierno avanzó en esa dirección con varias medidas:
1- Lanzó un plan de despidos masivos de trabajadores estatales en todo el país, que contempla cargarse 200 mil empleos en dos meses, entre puestos nacionales, provinciales y municipales.
2- Ordenó al Ministerio de Trabajo mantener una actitud pasiva ante despidos privados. Hasta ahora, la cartera laboral intervenía de oficio ante la menor amenaza de pérdida de empleos.
3- Abrió el grifo de las importaciones en áreas sensibles de la economía, como textiles, indumentaria y calzado, que pueden perder decenas de miles de puestos en poco tiempo.
4- Suspendió obras de infraestructura que, según empresarios del sector de la construcción, dejarán en la calle a 150 mil trabajadores.
5- La suba del precio de los alimentos y la eliminación de los subsidios a los servicios públicos generarán, según los principales consultores, una caída del consumo en 2016 cercana al 3,5%. Con ese derrape se perderán otros 250 mil empleos.
En menos de un mes se despidieron 2.000 trabajadores del Senado Nacional, 480 del AFSCA, 600 del Centro Cultural Néstor Kirchner, 330 del Banco Nación, 4.500 de la Municipalidad de La Plata, 750 del municipio de Quilmes y 330 trabajadores de Vialidad Nacional, por citar algunos casos. Los despidos no guardan relación con la capacidad laboral del trabajador, ya que no hubo tiempo de evaluarlos. En todos los casos incluyen empleos con hasta 15 años de antigüedad, personas de más de 40 años y hasta embarazadas.
Melconian afirma que "el mercado de trabajo es una bolsa en la que entran todos; da lo mismo echar un empleado público que uno de calzado: luego todos pulsearán por conseguir un mismo empleo y presionarán los salarios a la baja".
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Repasemos ahora las medidas tomadas por el macrismo relacionadas con la deuda externa y el poder financiero y el de la banca.


Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

El megacanje II
El gobierno de Mauricio Macri ha concretado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia un megacanje de deuda que implicará un aumento sustancial en la carga de intereses en el Presupuesto Nacional. La operación liderada por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, involucra 16.099 millones de dólares. Con un fuerte aumento de la tasa de interés y una quita del capital del 15 por ciento, la emisión de bonos será por 13.697 millones de dólares y los servicios de deuda subirán con los nuevos papeles en 9141 millones de dólares durante todo el período de duración que va de 6 a 11 años. Sturzenegger entiende de megacanjes y el consiguiente incremento de deuda e intereses. Además del aumento de los servicios de la deuda por el alza de la tasa de interés, este megacenaje convierte una deuda intra sector público no exigible en otra que sí lo será en manos del sector privado. El trueque de papeles de deuda fue dispuesto por un DNU del 22 de diciembre pasado que derogó un artículo de la ley de Presupuesto 2016. La operación financiera tiene como protagonistas al Tesoro Nacional y al Banco Central, con la ansiosa expectativa de un grupo de bancos internacionales y locales de regresar a los buenos tiempos de los noventa con emisiones de títulos, ingeniería financiera de reestructuraciones y préstamos con garantías, comisiones abultadas y el juego especulativo con bonos de deuda pública. Esa transacción sólo sería el primer paso del megacanje que podría sumar otros 48.387 millones de dólares, para totalizar 64.486 millones de dólares, que Prat-Gay redondeó en 65 mil millones en su primera conferencia de prensa. Con esta operación impactante por el monto involucrado y otras medidas de regulación monetaria y financiera instrumentadas en menos de un mes, el Banco Central ha vuelto a responder a los intereses de los históricos actores económicos que se han arrogado ser dueños de esa entidad: los banqueros.
En el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay participa el Tesoro Nacional y el Banco Central, con un grupo de bancos internacionales expectante para recoger beneficios: HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs.
El argumento del Banco Central para justificar este megacanje oneroso para el fisco nacional (“un mejoramiento de condiciones a cargo del Tesoro Nacional”, se indica en el DNU) es que de ese modo reparará la calidad de su balance. Las Letras eran intransferibles, o sea no podían venderse en el mercado financiero, y devengaban una muy baja tasa de interés (Libor anual (1,5950 por ciento) menos 1 punto porcentual). En cambio, los nuevos bonos se podrán comercializar en el mercado y la tasa de interés será de 7,75 por ciento anual (Bonar 2022) y de 7,875 por ciento anual (los otros dos títulos). Estas dos cualidades es la que permitirá ejecutar la operación financiera con los bancos internacionales: los papeles de deuda tendrán cotización de mercado y entonces se podrán transar, además con una atractiva tasa de interés en dólares. Así una deuda pública (las Letras) no exigible de pago (la relación deudor-acreedor es entre organismos públicos lo que facilita una permanente refinanciación) pasará a serlo con los bonos (el acreedor privado, en cambio, busca lógicamente cobrar capital e intereses).

Gasto público
Durante muchos años el rubro intereses de la deuda en el Presupuesto Nacional era evaluado con especial dedicación en las consultoras de la city porque orientaba acerca de cuál iba a ser la magnitud del ajuste fiscal exigido por la banca acreedora para aceptar la refinanciación de la deuda, con la esmerada auditoria del Fondo Monetario Internacional. Los vencimientos de capital no es una cuenta inquietante para los acreedores privados porque el objetivo que tiene con la deuda es su refinanciación. La clave de su negocio es cobrar los intereses cada año de una deuda incremental.
Los requerimientos de política económica trasmitidos a los gobiernos es definir entonces una estructura de gastos e ingresos (presupuesto nacional) que garantice el pago de los intereses. Cuanto más elevado es el monto a desembolsar por los servicios de la deuda, más importante debe ser el ajuste fiscal. Así fue durante la década del noventa hasta el estallido de la convertibilidad en 2001, cuando los intereses de la deuda pública eran equivalente al 22,4 por ciento del total del gasto público y equivalían al 4,1 por ciento del Producto Interno Bruto, según el presupuesto de ese año que se puede consultar en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas (Secretaría de Hacienda, Oficina Nacional de Presupuesto).
El servicio de la deuda en 2015 sumó 96.217 millones de pesos del gasto público (el mencionado 7,7 por ciento del total), según el Presupuesto aprobado en el Congreso, pero concentrada la deuda en el sector público (la deuda en manos privada equivale a apenas el 12 por ciento del PIB). Este megacanje significa en promedio de la duración de los nuevos bonos unos 1056 millones de dólares anuales más de intereses, que equivale a 14.784 millones de pesos a un tipo de cambio de 14 pesos por dólar. Ese monto en pesos implica un 15 por ciento más de gasto en intereses presupuestado en 2015. Además que se abrirá la puerta a que esos papeles terminen en manos de acreedores privados.
Entonces si el megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay se completa por el total de 65 mil millones de dólares en iguales condiciones de quita de capital, tasas y plazos, los servicios de deuda adicionales en casi nueve años (el período promedio de los bonos emitidos) totalizarían 36.638 millones de dólares. Una carga excepcional sobre el presupuesto nacional con la excusa de mejorar la calidad del balance del Banco Central, cuando en realidad se trata de una inmensa operación financiera de incremento de la carga de los servicios de la deuda pública definida por un DNU sin ningún tipo de control del Congreso. Así el gobierno de Mauricio Macri ha empezado a aprovechar el extraordinario esfuerzo social del desendeudamiento con el sector privado de los gobiernos kirchneristas, iniciando un nuevo ciclo de negocios con la banca internacional.
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Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

La banca al poder.
Eliminación del control de capitales, liberalización de las tasas de interés e invitación a inversores extranjeros a especular con títulos emitidos por el Banco Central. Más negocios para los banqueros
Sin decretos simples o de necesidad y urgencia, con resoluciones y comunicaciones a entidades financieras, el Banco Central ha empezado a desmontar el régimen de regulación del sistema bancario construido en los últimos cuatro años, en una valiosa experiencia de la heterodoxia para controlar a las fieras de las finanzas. Además del megacanje II, el Banco Central conducido por Federico Sturzenegger, presidente en comisión hasta que el Congreso apruebe su designación, avanzó en una serie de medidas de liberalización del mercado del agrado de los banqueros. El sistema financiero no fue castigado por los gobiernos kirchneristas pese a los controles de esos años. Por el contrario fue uno de los sectores que más utilidades contabilizó durante ese ciclo político. A partir de ahora, con el gobierno de Mauricio Macri, los bancos ganarán todavía más.
Sturzenegger desarticuló regulaciones que habían limitado el accionar perturbador de la estabilidad económica de capitales financieros especulativos, y de abuso a ahorristas y empresas por parte de los bancos. Una de las primeras medidas fue eliminar el encaje del 30 por ciento sobre el ingreso de divisas del exterior, que obligaba a los inversores extranjeros a congelar por un año dicha proporción de los fondos ingresados, como forma de desalentar la volatilidad de los capitales especulativos.
En esa misma estrategia de facilitar la bicicleta financiera, el Banco Central liberó a las entidades de la obligación de mantener en cartera por tres días hábiles los bonos operados en dólares antes de poder venderlos. Era una regulación para incrementar el riesgo de la operación conocida como “contado con liquidación”. De esa manera se buscaba desalentar la fuga de capitales por esa vía. La apuesta oficial con esta medida como la anterior mencionada con las Lebac y Nobac es que ingresen en el corto plazo dólares especulativos que permitan incrementar las reservas internacionales a cambio de obtener por esos fondos una importante ganancia con la tasa de interés.
Sturzenegger también dio respuesta a un insistente reclamo de los banqueros. Las entidades estaban obligadas a pagar una tasa mínima a los ahorristas por sus colocaciones a plazo, a la vez que tenían tope para cobrar a empresas y por préstamos personales. Sturzenegger eliminó esos límites a las tasas de interés activas y pasivas. Desde el 17 de diciembre las operaciones se pactan a las tasas libremente convenidas entre las entidades financieras y sus clientes. Así el spreads (brecha entre ambas tasas) se amplió, con una suba proporcionalmente mayor para las tasas de préstamos (más del 50 por ciento anual en financiamiento del saldo de tarjetas) que para las tasas pagadas a ahorristas (28 al 30 por ciento anual).
Después de las gestiones de Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Vanoli, que despertaron la resistencia de economistas de la ortodoxia y de banqueros, la restauración conservadora ha regresado al Banco Central. El poder financiero ya puede estar aliviado: el territorio para sus negocios volvió a su control.
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Y como yapa, también nos pasó el elefante del aumento del poder  de la policía que creíamos olvidada en décadas.


Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

En la Ciudad es legal que la policía pida documentos
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires avaló que la Policía frene a transeúntes en lugares públicos para pedir documentos como forma de "prevenir delitos".
En sí, el fallo dispuso "devolver las actuaciones a la Cámara para que otros jueces se pronuncien sobre la legitimidad del procedimiento, con arreglo a la doctrina aquí sentada".
En una instancia previa, la Cámara de Apelaciones había ratificado la nulidad del procedimiento "por entender que la policía no se encuentra autorizada a impedir la libre circulación -aunque fuese por un tiempo mínimo- y de exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo". El hecho había ocurrido el 14 de abril de 2014, a las 15:20, y el nombre del implicado era Lucas Abel Vera.
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A todo esto, a quien este humilde Basurero Nacional llama el "Gran Decretador", el presidente Macri (ex defensor de las instituciones y "republicanista" en retiro efectivo, se dispone a seguir gobernando a decretazo limpio.


Mientras buscamos a los tres prófugos, nos pasan estos elefantes por detrás:

Frigerio: "El Gobierno seguirá gobernando a través de decretos"
El ministro del Interior y Obras Públicas confirmó que el presidente Mauricio Macri "no tiene previsto" convocar a sesiones extraordinarias y aseguró que el debate parlamentario se retomará en marzo. Mientras tanto, el ministro aseguró que continuarán "gobernando legítimamente" a través de los decretos.
Frigerio consideró que la estrategia de utilizar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar medidas de gobierno "no está reñida con el diálogo" que el PRO promulgó durante la campaña electoral y argumentó que "el Congreso empezará a sesionar en marzo y, a partir de ese momento, las iniciativas van a pasar por su lugar natural".
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