¿Cristina fue o no infiel? ¿Era obligatorio u optativo devaluar el peso? ¿Están acusados todos los miembros de la "banda del dólar a futuro"? ¿Quiénes se beneficiaron con esa operatoria? ¿Qué dicen los penalistas sobre la acusación del juez Bonadío?
¿Es muy disparatado afirmar que si el Sr. A carga un arma, el Sr, B se la entrega a el Sr. C y éste asesina a una persona, para la lógica seguida por el juez Bonadío los asesinos serían los Sres. A y B... pero no el Sr, C?
Estas y otras preguntas tendrán su respuesta en esta humilde nota. Comencemos analizando la acusación del juez Bonadío según reflejaron los medios:
Dijo Infobae:
El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner por negociados en la venta del dólar futuro y le trabó un embargo por 15 millones de pesos. El magistrado acusa a la ex presidente por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.
A la ex jefa de Estado -que enfrenta así el primer procesamiento de la Justicia- se le imputa el uso de una estructura de poder que presidía para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas. Además de Kirchner, Bonadio procesó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y a otros doce imputados.
Los motivos del procesamiento
Entre sus argumentos, Bonadio mencionó "el irregular, ilegal e ilegitimo despliegue de esta operatoria realizada por los imputados al amparo de un legítimo instrumento de política monetaria, se llevó a cabo una maniobra por la cual se obligó abusivamente a la autoridad monetaria con cifras descomunales y en perjuicio del Estado Nacional".
En otro parrafo sostuvo: "Ha quedado demostrado que la operatoria de venta de futuros de dólar, desplegada por el B.C.R.A. entre los meses de septiembre a noviembre de 2015, tuvo como único objetivo derrumbar los valores negociados en la plaza local de estos contratos, para fijar cotizaciones bajas de cierre de dichos contratos, en línea con el tipo de cambio, pretendido y pregonado por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional".
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Complementemos con lo que dijo Perfil.com:
Cuáles fueron los argumentos de Bonadio para procesar a Cristina
Según consta en la resolución, publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), Bonadio consideró que, con relación a la intervención de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicilloff, “es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del B.C.R.A. de U$s 5.000 millones a U$S 17.000 millones (de dólares), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”.
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Repasemos ahora lo que opina al respecto el exjuez de la Corte Suprema de Justicia y uno de los penalistas más reconocidos del mundo y recientemente nombrado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni:
Cristina no fue infiel
Hay curiosidades penales, coincidencias, que si a veces no dicen mucho, llaman la atención. En este sentido, vale la pena recordar la genealogía de las fórmulas legales que hoy se usan para llamar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner.
Una es la de supuesta administración fraudulenta (inc. 7º del art. 173 del Código Penal). No estaba en el texto original del código, sino que fue introducida en nuestra legislación por una reforma masiva de Onganía en diciembre de 1967 (la llamada Ley 17.567), copiada del actual parágrafo 266 del código alemán, donde fue incorporado por la reforma nazista de 1933, con el nombre de Untreue. En alemán Treue es fidelidad y Untreue significa infidelidad.
Pese a que hasta hoy conserva ese nombre en la ley alemana, la mención de la fidelidad allí produce escozor, porque es una expresión propia de la doctrina y los discursos de la época de su sanción: todo delito era una forma de infidelidad a la comunidad del pueblo cuyo intérprete máximo era el Führer.
En síntesis, lo que esta disposición pena es que alguien que tiene a su cargo la administración o manejo de bienes o intereses ajenos, los perjudique intencionalmente para causar daño o para obtener beneficios para sí o para otros.
Es obvio que es un acto preparatorio muy lejano de cualquier comienzo de ejecución o tentativa: sería un delito de peligro remotísimo, una mera manifestación de intención, sin necesidad de ninguna otra exteriorización delictiva.
A eso se debe agregar el absurdo de que un acto, que ni siquiera es de tentativa, puede resultar más gravemente penado que el mismo delito consumado, como en el caso de que tres mecheras de tienda se pongan de acuerdo para hurtar ropa interior.
El hecho consiste en operaciones con dólar a futuro, que son corrientes. Se hacen calculando el valor de la divisa conforme a las previsiones del momento. Siguiendo la política de control de cambios vigente en el momento de prever el valor, la divisa en el futuro estaría –supongamos– a 10 pesos. Lo cierto es que la divisa estuvo a 15, por lo cual el Banco Central sólo recibe 10 pesos por cada dólar que hoy vale 15, con una pérdida de 5 pesos por dólar.
Esta diferencia se produjo porque se pasó del control de cambios al dólar flotante, es decir, porque se adoptó otra política monetaria: se pasó de Keynes a Milton Friedman.
Inclinarse por uno u otro no es delito, sino una opción política, salvo que se quiera procesar a Keynes. Tampoco pretendemos procesar a Friedman. Pero nadie podrá negar que al momento de calcular el valor del dólar en unos meses, no era previsible el advenimiento de una administración adoradora del mercado, que enciende velas en el altar de Friedman.
Pero si bien no es delito pasarse a Milton Friedman, sí lo sería no haber evitado o paliado el daño, habiendo anulado las operaciones a futuro (invocando la teoría de la imprevisión o algo parecido), renegociado esas operaciones o abandonando más gradualmente del control cambiario.
Como no se hizo nada por evitar o disminuir el daño, el Banco Central y nuestras reservas sufrieron el impacto de frente y sin ninguna amortiguación.
Más aún: la propia Justicia, consultada sobre esas operaciones, dispuso que se sigan pagando hasta hoy los dólares a 10 pesos, o sea, que si se tratase de un delito, ni el propio juez que lo imputa trató de evitar que se consume el daño interrumpiendo las consecuencias.
Esta conducta de la propia Justicia sería algo así como ocuparse exclusivamente de pretender imputar a un secuestrador, pero al mismo tiempo dejar a la víctima atada en el sótano. Cuando un juez se halla en presencia de un delito, lo primero que debe hacer es interrumpir en lo posible sus efectos.
La conclusión de lo anterior podría extraerla Adrián Paenza: el Banco Central pierde 5 pesos por dólar en razón de la medida de la actual administración, que dejó flotando la cotización del dólar para beneficiar políticamente a los exportadores y directamente a los bancos, sin que la administración ni el propio juez hagan nada por paliar o evitar el daño.
¿Quién incurre en infidelidad, usando la expresión originaria de la fuente alemana? Si hubo un infiel, es claro que no fue Cristina.
Mucho más racional sería pensar que no guarda fidelidad con los intereses que le fueron confiados quien deja flotando el dólar de la noche a la mañana, sabiendo que su precio va a dar un salto considerable, sin tomar ninguna medida que neutralice o disminuya el daño para el Banco Central que, como cualquiera podía observar, era consecuencia inevitable de esa medida, y a sabiendas, además, de que ese salto en el precio beneficiaría a los exportadores y, mucho más directamente, a los bancos compradores.
Si de fidelidad se trata, nadie quiera atribuirle a otro sus propias infidelidades.
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Veamos ahora lo último que se sabe al respecto, según los periodistas especializados en judiciales Raúl Kollmann e Irina Hauser:
Bonadio se sacó el gusto de procesar a CFK
En su persistente y atropellada ofensiva contra los integrantes del anterior gobierno, a Bonadio ni siquiera le importó que Cristina Kirchner no figurara en la denuncia original, ni el hecho de que el fiscal no la haya imputado. Directamente especuló que esa decisión económica no se pudo haber llevado adelante sin el visto bueno de la entonces Presidenta y del ex ministro Axel Kicillof. En el expediente no se acusa a CFK ni a nadie por un hecho de corrupción o por haberse quedado con dinero. El procesamiento termina dictándose porque se eligió una política monetaria destinada a desalentar las expectativas de una devaluación –por eso se operaba el dólar-futuro a 10,65 pesos–, justamente por los efectos que después se vieron: la devaluación que llevó a altos índices de inflación, pérdida en los salarios reales y fuerte baja en el consumo.
Lo curioso es que no hay –al menos hasta ahora– imputación contra quienes devaluaron, ni tampoco contra los funcionarios del actual gobierno que compraron dólar-futuro. “Procesan a los que no devaluaron ni ganaron un peso con la operatoria y zafan los que llevaron el dólar a 15 pesos e hicieron un negocio comprando dólar-futuro”, señaló uno de los abogados que representa los funcionarios del anterior gobierno. El razonamiento del juez es que el perjuicio que debe tomar en cuenta es el que se produjo con la venta.
Recusado
Bonadio llegó ayer a dictar los procesamientos pese a que fue recusado en dos oportunidades. Los abogados de un integrante del directorio del BCRA sostuvieron que el juez no les permitía ver la causa, que privilegiaba al fiscal y que citaba a declarar a testigos sin notificar a las defensas de los imputados. A esa recusación de Alejandro Rúa y Paula Honisch, la Sala II contestó algo así como que Bonadio actúa en forma irregular en todas las causas, de manera que no correspondía apartarlo del expediente porque se trata de las mismas irregularidades de siempre. Luego, Carlos Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, agregó que Bonadio autorizó a realizar pagos por la operatoria del dólar-futuro, lo que provocó una denuncia y la imputación del fiscal Jorge Di Lello. La objeción al magistrado es que si la operatoria era un delito y causaría un efecto ruinoso, no debió autorizar ningún pago. En consonancia, Beraldi sostuvo que Bonadio no podía ser juez de un caso en el que estaba también imputado por el fiscal Di Lello.
Política
La operatoria de dólar futuro consiste en fijar un precio de la divisa para un momento futuro determinado. Si la cotización resulta más alta el día fijado como vencimiento del contrato, se le dará al comprador la diferencia a su favor, en pesos, y si está por debajo de lo fijado en la operación, la diferencia será para el Estado, también en pesos. Es una operatoria del Banco Central que se realiza desde hace años, en la Argentina y en otros países, no benefician ni perjudica las reservas porque es en pesos y a lo largo del tiempo le dejó importantes ganancias al Estado.
El objetivo del Central era mantener bajas expectativas de devaluación y evitar cualquier corrida. La realidad es que las ganancias terminaron siendo importantes para los que operaron en el dólar futuro porque después el gobierno de Mauricio Macri produjo una megadevaluación, pese a que a lo largo de la campaña juró y perjuró que no devaluaría. De manera que se acusa al anterior gobierno por una pérdida que se produjo cuando la actual administración devaluó.
Sin embargo, tanto la ex presidenta como el ex ministro Kicillof, como el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y el resto de los imputados señalaron que la política debía orientarse a mantener la estabilidad monetaria, desalentando las corridas y las movidas inflacionarias. En ese objetivo, la operatoria de dólar-futuro fue un instrumento y todas las defensas coincidieron en que la devaluación no estaba escrita en ningún destino, sino que fue obra voluntaria del actual gobierno, sobre todo en una magnitud de más del 60 por ciento. Esto llevó a niveles de inflación que multiplicaron las anteriores, una caída brutal de los salarios reales, baja del consumo y despidos.
Justamente, uno de los argumentos de las defensas es que Bonadio criminalizó una política económica del anterior gobierno, no un hecho de corrupción. Las medidas de política económica son opinables, pueden ser consideradas mejores o peores, pero no son judiciables. Con el mismo argumento –sostienen las defensas– deben ser imputados los actuales gobernantes que fueron los que verdaderamente produjeron la devaluación.
Ruleta
A lo largo del fallo, Bonadio sostiene que la devaluación era inevitable e, incluso, entra en consideraciones acerca de que tal vez iba a ser menor con Scioli que con Macri, y que después entró a jugar el favoritismo del candidato de Cambiemos para la segunda vuelta, por lo cual –según él–, se esperaban precios altos del dólar.
Y para procesar se basó en el concepto de “la ruleta que funciona mal”. Dice que todo está bien si un jugador entra al casino, apuesta y tiene las mismas chances que el casino y los otros jugadores, pero que apostar sobre la base de una ruleta descompuesta es lo ilegal. En este caso, la ruleta descompuesta es que la operatoria del dólar-futuro se producía sobre la base de una devaluación que él –Bonadio– considera que era segura. Casi que desliza que el gobierno anterior debió devaluar. Pero lo que está en juego es una causa judicial y en ningún momento explica en qué consistiría el carácter ilegal o ilegítimo de la estrategia monetaria elegida.
Sin embargo, el juez saca de la realidad que no se trataba de una apuesta, sino de la elección de una herramienta para implementar una política que desalentara una corrida contra el dólar o disparada de los precios que –como sucedió en otros diciembres– terminó produciendo saqueos y crisis para los sectores populares.
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Y por si no quedó en claro lo disparatada de la acusación, veamos quiénes fueron los verdaderos beneficiados de la compra de dólares a futuro y la posterior devaluación:
Con ganancias millonarias
Entre los compradores de dólar futuro aparecen funcionarios del Gobierno.
Mientras el juez Claudio Bonadio avanza con la causa contra Cristina de Kirchner y parte del que fuera su equipo económico, el canal C5N dio a conocer algunas de las personas y empresas que adquirieron contratos de dólar futuro en el Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX) entre el primero de septiembre y el once de noviembre del 2015.
Según surge de la lista a la que accedió C5N, entre el 8y el 27 de octubre, la empresa constructora Caputo S.A, propiedad de Nicolás Martín "Nicky" Caputo, amigo de la infancia y hombre de confianza del presidente Mauricio Macri, operó u$s 3.560.000 a través de los agentes de liquidación y compensación INTL CIBSA S.A y Capital Markets Argentina con vencimientos que van de febrero a junio de este año.
Además, también se conoció que José María Torello, apoderado nacional del PRO y jefe de asesores del Presidente, invirtió u$s 800.000 en contratos de dólar futuro mediante la agencia Schweber Securities S.A. que vencieron en febrero.
En cuanto a las empresas, Chery-Socma Argentina S.A, que es una asociación entre dos compañías de Franco Macri, operó entre el cuatro de septiembre y el 23 de octubre u$s 8 millones vía Puente Hermanos S.A.
El ex CEO de la empresa LAN y hoy secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Sebastián Lopetegui compró y vendió 310 contratos, que representan 310 mil dólares, lo que le dio un resultado neto de 0, a través de INTL CIBSA S.A, entre el 23 y el 26 de octubre.
En tanto que el Fondo Pegasus cuyo número uno era el hoy secretario de Coordinación Interministerial, Mario Eduardo Quintana, operó, también a través de INTL CIBSA S.A, u$s 1.480.000 a mediados de septiembre del año pasado.
También entre las empresas aparecen compañías de medios, como S.A. La Nación y Cablevisión S.A. con u$s 4 y u$s 11 millones respectivamente.
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Evidentemente, la justicia se está yendo por la canaleta de la politización y la ridiculización, y, como dijimos al princípio, es atinado afirmar que si el Sr. A carga un arma, el Sr, B se la entrega a el Sr. C y éste asesina a una persona, para la lógica seguida por el juez Bonadío los asesinos serían los Sres. A y B... pero no el Sr. C...
Esperemos que esta ridícula acusación termine como tiene que terminar: en la basura. ¡Será justicia! ¿Será...?
Soy el que recorre los medios recogiendo la cacona que muchos "expertos", algunos aventurados y demasiados vivos van dejando a su paso para que todos consumamos, y así vayamos construyendo nuestro "sentido común" nacional con esas "verdades" aceptadas sin dudar, sin siquiera osar ponerlas a prueba. Pero eso es lo que tratamos aquí, de dudar...
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15 de mayo de 2016
28 de noviembre de 2014
Periodismo Ficción. Hoy: "La denuncia por lavado contra Cristina que no era por lavado ni contra Cristina"
"Parecido no es lo mismo" dice el dicho popular, pero para algunos medios sí lo es...
En un nuevo capítulo de periodismo ficción practicado por los medios hegemónicos, presentamos hoy la cobertura de una denuncia mediática y luego judicial (similares pero no iguales) sobre una empresa en la que tiene acciones la presidenta.
El argumento mediático del capítulo de hoy sería algo así como "La presidenta fue denunciada por corrupta y lavado de dinero", o "algo parecido"...
Pero repasemos primero lo que se dijo en los medios al respecto en forma cronológica, y lo que se fue construyendo en este nuevo capítulo de Periodismo Ficción, un invento argentino.
(Para conocer la definición de Periodismo Ficción que utilizamos, buscarla aquí)
Hace varios días, Clarín informaba que la sede de la empresa en Buenos Aires no existía desde hace años:
10/11/14
Hotesur, la empresa de Cristina que no presenta balances y debe impuestos.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN.
Una de las principales empresas hoteleras de la presidenta Cristina Kirchner, llamada Hotesur, funciona de modo irregular. La sede legal de la compañía está inactiva, a lo que se suma que la firma adeuda la presentación de sus estados contables ante el Estado y tampoco actualizó la renovación de sus autoridades: ni siquiera pagó las tasas de impuestos que le debe a la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula a las sociedades comerciales.
La información sobre el funcionamiento irregular de Hotesur fue difundida anoche en el programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata.
La diputada Margarita Stolbizer (GEN) analizó la situación de Hotesur y llegó a la conclusión de que es “una empresa retrucha”: “Es increíble, la propia Presidenta reconoce en su declaración jurada que tiene una participación accionaria en Hotesur, pero después no cumple con lo mínimo que requieren las normas de la IGJ”.
Según declararon ellos mismos, los Kirchner compraron la firma Hotesur en el 2008.
La sede social de la empresa, por ejemplo, quedó radicada en la calle Lavalle 975 piso cuatro departamento 5. En ese lugar alguna vez funcionó una oficina de Hotesur, pero cuando la firma tenía otros dueños. Hace años que allí ya no hay registros de actividad de la empresa. La sede está inactiva.
Lo mismo pasó con los estados contables de la compañía, una cuestión clave para que se conozca cómo fue el desempeño financiero de la firma. Los Kirchner no presentaron ante la IGJ varios de los balances que corresponden a los ejercicios de los últimos años.
El diario La Nación publicó a fines del año pasado que Hotesur no había presentado sus últimos balances. La IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de Julio Alak, emitió en aquel momento un comunicado asegurando que el organismo había intimado a Hotesur para que se ponga en regla.
La ex directora de sociedades comerciales de la IGJ, Silvina Martínez, explicó que ante estos incumplimientos de Hotesur, el organismo podría dictaminar que la empresa está “inactiva”.
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20/11/14
Allanaron la empresa de Cristina que controla el hotel Alto Calafate.
El avance de la Justicia. Con fuerzas de la Policía Metropolitana, el juez Bonadio también se llevó documentos de la AFIP y la IGJ. Investiga si la firma no presentaba balances y funcionaba de modo ilegal.
Desde ayer, esta empresa de la presidenta Cristina Kirchner es investigada por la Justicia. El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli impulsan un expediente que busca determinar si la compañía funciona de modo ilegal gracias a la complicidad del área gubernamental que en realidad debería controlarla. Fue por eso que Bonadio ordenó el allanamiento de la última sede registrada de la firma que controla el Alto Calafate, llamada Hotesur.
El programa “Periodismo Para Todos” –conducido por Jorge Lanata– y también Clarín, habían informado sobre las irregularidades en el funcionamiento de Hotesur: su sede de la calle Lavalle 975 está inactiva; la empresa no presentó ante el Estado sus últimos estados contables; tampoco informó sobre la renovación de sus autoridades; y ni siquiera paga los impuestos de la IGJ.
El allanamiento de Hotesur ratificó una parte sensible de lo publicado: la sede de la firma registrada ante la IGJ, en Lavalle 975 piso cuatro departamento 5, está vacía y en alquiler, supo Clarín en base a fuentes que conocieron la trastienda de los distintos operativos judiciales.
El lunes 10, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) había presentado una denuncia penal contra la Presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak, entre otros funcionarios, argumentando que el mal funcionamiento de Hotesur podría esconder la comisión de delitos de corrupción.
La legisladora resume en un párrafo las sospechas que generan las irregularidades comerciales del hotel: “Ahora bien, la Presidenta declara que su participación en Hotesur SA vale 9.367.528,85 pesos al 2013. Esto es imposible de chequear, ya que no presenta balances en la IGJ desde el año 2010”.
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20 de noviembre de 2014
Allanaron Hotesur, la empresa que administra el Hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Kirchner
El juez federal Claudio Bonadio ordenó esta mañana el allanamiento de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires de la empresa que administra un hotel en El Calafate, que es propiedad de la presidenta Cristina Kirchner.
La diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN-UNEN) radicó hace diez días una denuncia penal contra la Presidenta por supuestas irregularidades fiscales y societarias en Hotesur S.A.
Para la legisladora, la justicia debe investigar si la Jefa de Estado pudo haber incurrido en los delitos de "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".
Stolbizer pidió que se investigue si la sociedad le debe a la IGJ balances desde el año 2011 y otras eventuales irregularidades en cuanto a la conformación de la sociedad.
"Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur SA nunca notificó cambios después del fallecimiento de Néstor Kirchner", dijo Stolbizer.
Las supuestas anomalías fueron difundidas este domingo por el programa Periodismo Para Todos, de Canal 13, donde se vieron varios testimonios con denuncias al respecto, entre ellos el de la propia Stolbizer
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Cruces por la actitud de Bonadio.
El allanamiento “es una irresponsabilidad de procedimiento jurídico”, aseguró Cabandié, quien acusó a Bonadio de “actuar en respuesta ante el enojo por la nueva composición del Consejo de la Magistratura”. El diputado mencionó que el juez “todavía tiene que dar explicaciones sobre la fraudulenta venta, durante los ’90, de Tandanor”, el astillero que fuera reestatizado por el kirchnerismo, “por la persona que mató durante el 2001” y por “la causa de la curtiembre de los Yoma”. Para Cabandié, Bonadio “es uno de los jueces de la servilleta de Corach, ya que fue su subsecretario de Legal y Técnica” y pertenece a “esa corporación judicial que nunca avanza con las causas de Clarín y absuelve a los De la Rúa”.
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24 de noviembre de 2014
La causa Lázaro Báez ya es la causa Kirchner.
Por Carlos Pagni
Según información procedente de tribunales a raíz del allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio , la empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, aún no ha presentado a la Inspección General de Justicia (IGJ) los balances de los últimos tres años. El último es el de 2010, pero carece de la firma de profesionales o de los responsables de la empresa.
En el domicilio porteño declarado por esa sociedad, Lavalle 975, 4ºA, hay una oficina que desde hace cuatro años pertenece a un abogado que la ha dado en alquiler.
Aclaró también que su domicilio está en Santa Cruz, pero que ha habido demoras para registrarlo. La empresa de la Presidenta también dictaminó que, si fuera sancionada por el gobierno de la Presidenta, le correspondería una multa de 3000 pesos.
Ahora los funcionarios hablan de golpismo. Hay que entenderlos: la causa Báez está empezando a ser la causa Kirchner..
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26 de noviembre de 2014
Por Joaquín Morales Solá
El problema del Gobierno es que ese juez se niega a seguir la estrategia oficial, que consiste en encerrar el escándalo en las infracciones administrativas de la empresa Hotesur, que administra los hoteles de la Presidenta en la Patagonia. Esos faltantes (de balances, de notificaciones sobre la composición del directorio) se podrían resolver con una multa ridícula de 3000 pesos.
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La respuesta de la IGJ.
La Inspección General de Justicia (IGJ) respondió ayer a los cuestionamientos que surgieron tras la denuncia de la diputada del GEN Margarita Stolbizer y el posterior allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio a la firma Hotesur SA. Según un comunicado de ese organismo, no se emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre esa sociedad, vinculada con la familia Kirchner, porque de acuerdo con las normas vigentes, los incumplimientos formales en los que incurrió esa firma no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (...) “según esa reglamentación, ninguno de los incumplimientos formales ante la IGJ” de Hotesur SA “configura alertas que obliguen a la emisión de un ROS, siendo sólo pasibles de multas”. Además, el texto descarta un trato diferencial para esa empresa al agregar que “tampoco se han emitido ROS sobre las demás sociedades que incurren en incumplimientos formales vinculados a la competencia de la Inspección General de Justicia, a las cuales les aplica las sanciones administrativas que determina la Ley Orgánica de la IGJ (Nº 22.315)”.
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LA OPERACION ESCUDO DE BONADIO: HASTA STOLBIZER SE DESLIGO DEL CUESTIONADO JUEZ - 25-11-14
Entonces, la denuncia no era contra la presidenta, ni era por lavado, como se dijo en los medios hegemónicos. Pero sigamos investigando para ver si existe alguna sospechosa segunda intención del juez que interviene en el caso.
De dudosa validez
El testimonio de Silvia Martínez, la perito que citó el juez federal Claudio Bonadio luego de allanar a la IGJ la semana pasada, podría no ser válido ya que ella es abogada de Margarita Stolbizer, cuya denuncia dio comienzo a la causa. Además, Martínez se desempeñó como directora del Registro Nacional de Sociedad en la misma IGJ entre los años 2009 y 2012, organismo contra el que litigó sin éxito luego de su alejamiento. Además, ella ha realizado varias denuncias a través de “investigaciones periodísticas” de medios opositores, incluyendo una sobre la desaparición de expedientes vinculados con la ex Ciccone, que –curiosamente– tuvieron lugar durante su gestión y bajo su responsabilidad.
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Stolbizer reconoció que la perito de Bonadío es su asesora.
La diputada nacional del GEN reconoció que la perito de parte citada por Claudio Bonadío
para allanar Hotesur SA y la Inspección General de Justicia es su asesora, pero se desligó de las acciones del juez.
“En el programa de Jorge Lanata la entrevistaron y por esa razón Bonadío la citó”, explicó Margarita Stolbizer la convocatoria de su asesora Silvina Martínez por parte del juez Claudio Bonadío, para que haga las veces de perito a la hora de allanar la empresa Hotesur SA.
Tras reconocer que es su asesora debido a "su gran conocimiento técnico", la diputada nacional explicó que la denuncia que presentó “no fue contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sino contra la inacción de la Inspección General de Justicia, que no cuenta con los datos de la sociedades comerciales registradas”.
“Decidí hacer la denuncia cuando tomé la declaración jurada de la Presidenta, observé que reconocía una participación en una empresa que tuvo grandes ganancias y cuando intenté buscar cuál era esa participación que tenía, no la encontré”, se justificó la legisladora.
En declaraciones a C5N, Stolbizer se desligó de las acciones extemporáneas del juez Bonadío, al señalar que "tendrá que hacerse cargo de lo que hizo”, al tiempo que aclaró reiteradamente que “no” lo conoce.
Pero tampoco son nuevas las causas patrocinadas o iniciadas por la propia Martínez contra el IGJ, ya que arrancaron cuando cesó en su función como directora e inició acciones legales contra el organismo solicitando ser repuesta en el cargo jerárquico, pedido que fue rechazado por las serias deficiencias demostradas en su labor (como perder documentación).
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La perito 'imparcial' de Bonadío resultó bastante parcial.
Cuando el juez Claudio Bonadío ordenó el allanamiento de la Inspección General de Justicia (IGJ) por las infracciones de Hotesur, tuvo a disposición una perito 'imparcial': la abogada Silvina Martínez. Enterate quién es esta abogada.
Lo que ahora se sabe, es que Martínez tan imparcial no es... Se trata de una letrada que viene patrocinando causas judiciales a nombre de Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN y una de las principales referentes del frente Unen.
Martínez, además, se desempeñó como directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de la Justicia entre 2009 y 2012, y es contra ese organismo que la abogada lleva adelante causas judiciales.
Según una investigación realizada por Minuto Uno, el vínculo de Martínez como abogada patrocinante de Stolbizer es fácilmente comprobable accediendo al sistema online del Poder Judicial de la Nación.
Pero tampoco son nuevas las causas patrocinadas o iniciadas por la propia Martínez contra el IGJ. Arrancaron cuando cesó en su función como directora en la IGJ: inició acciones legales contra el organismo.
Entre otras, solicitando ser repuesta en el cargo jerárquico, pedido que fue rechazado por las serias deficiencias demostradas en su labor (como perder documentación).
Para completarla, fue convocada en varias ocasiones como fuente destacada para "investigaciones periodísticas" de los medios del Grupo Clarín y del diario La Nación.
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Suma 69 denuncias en su contra.
Gobierno denunció a Bonadio ante el Consejo de la Magistratura
El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, presentó este jueves al mediodía ante el Consejo de la Magistratura una nueva denuncia contra el juez federal Claudio Bonadio por presunto "mal desempeño" de sus funciones y pidió el inicio del juicio político.
En el marco de un plenario del organismo, Álvarez dijo que "Bonadio condiciona a este Consejo con causas judiciales" ya que "en el mismo momento en que se desarrollan los plenarios, él ordenan medidas judiciales".
Según explicó el funcionario, sobre el magistrado pesan 69 denuncias en el Conejo de la Magistratura, de las cuales al menos nueve -ahora son 10- pueden habilitar a decretar su destitución.
Al ser consultado por las razones que motivar al Poder Ejecutivo a iniciar el trámite objetivo de la décima denuncia, Álvarez dijo: "A nosotros nos mueven los bomberos (de Barracas), las víctimas de la Tragedia de Once, de la AMIA y los cientos de hemofílicos que fallecieron".
"Las medidas que toma siempre son exageradísimas. Es un pistolero y utiliza la motivación de sus causas judicial con las denuncias que tienen en su contra. No podemos permitir que ningún juez juzgue por motivaciones o razones políticas", enfatizó el secretario de Justicia.
En ese marco, volvió a rechazar las medidas tomadas en la causa por Hotesur. "Podía haber ordenado un oficio, ni el fiscal pidió allanamiento. Cada vez que se trató una de esas denuncias, Bonadío tomó una represalia contra el Gobierno nacional", afirmó, y recordó la citación a declaración del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medida, y del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno.
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Los nueve expedientes contra el juez.
- Causa Tandanor: El Tribunal Oral Criminal 5 lo denunció por la demora en elevar a juicio una causa por defraudación a la administración pública, que implicó el sobreseimiento por prescripción. En 1991, en el marco de la Ley de Reforma del Estado y mientras Bonadio formaba parte del Poder Ejecutivo, se produjo la transferencia del paquete accionario de la sociedad Tandanor al consorcio Marítimos S.A., que incurrió en diversas maniobras para frustrar el pago de 52 millones de pesos. Bonadio recibió la causa en diciembre de 2002. En 2006, querellantes y fiscales piden la elevación a juicio, que Bonadio materializó recién a fines de 2009.
- Causa Yoma: También por demoras injustificadas que derivaron en la prescripción de los delitos. En diciembre de 2000, la curtiembre Yoma, que hacía uso y abuso de un régimen de promoción industrial, fue denunciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia por defraudación a la administración pública. Bonadio tardó cinco años para llamar a los imputados a prestar declaración indagatoria y otros cinco para elevar la causa a juicio.
- Causa Hemofílicos: Médicos y titulares de laboratorios fueron denunciados por el contagio de más de 1200 pacientes hemofílicos con los virus HIV, Hepatitis B y C, por suministrar concentrados sin el método de incentivación viral correspondiente. Bonadio fue denunciado por demorar la instrucción: tardó tres años en citar a indagatoria y en otros casos no lo hizo nunca pese a la orden de la Cámara Federal.
- Causa Marutian: El abogado Andrés Marutian, defensor del ex secretario de Transportes Ricardo Jaime, lo denunció por rechazar in límine un pedido de exención de prisión sin dar intervención al fiscal. La Cámara Federal revocó la decisión y señaló que eran irrazonables los motivos.
- Causa Tragedia de Once: El abogado querellante Gregorio Dalbon lo acusó de utilizar la causa con fines propios y no para buscar la verdad. Señaló que Bonadio orientó la investigación a demostrar una acción fraudulenta del Estado y citó como ejemplo el sobreseimiento del maquinista, revertido luego por la Cámara Federal.
- Causa Rúa: El abogado Alejandro Rúa lo denunció por mal desempeño y lo responsabilizó por una “campaña de hostigamiento e intimidación” para limitar el ejercicio de la defensa de sus clientes, situación que cesó recién cuando la Cámara Federal apartó a Bonadio de la causa.
- Causa Once, búsqueda de Lucas Menghini Rey: El abogado Dalbon lo acusó de imputar arbitrariamente a bomberos, policías y socorristas para ocultar su propia responsabilidad en el hallazgo tardío del cuerpo. Bonadio ordenó cesar la búsqueda pese a las sugerencias de utilizar métodos alternativos que no afectaran la escena. Ante la repercusión pública, imputó por incumplimiento de deberes a bomberos y policías.
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Para colmo, el "padre" Bonadío sermonea: Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago...:
Ercolini investigará a Bonadio por supuesto enriquecimiento ilícito.
El juez federal Julián Ercolini salió sorteado para encargarse de la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito presentada por el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes contra el magistrado Claudio Bonadio.
El expediente 12032/2014 se abrió contra los denunciados Claudio Bonadio, Carlos Alberto Bonadio, Fernando Climent y Alejandro Vicente Climent.
Fuentes los denunció por presunto "enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público e incumplimiento y violación de deberes de funcionario público".
La denuncia, que se efectuó ayer en los Tribunales Federales de Comodoro Py en la ciudad de Buenos Aires, se origina en noticias periodísticas publicadas este martes, explicó.
Según el legislador, mediante esas noticias se tomó conocimiento público de que el magistrado tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la firma "Mansue S.A.", dedicada a la venta de combustible.
Según se especifica en la denuncia, Bonadio no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la Justicia Nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En la presentación se destaca que de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012.
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Vemos, entonces que las razones de la denuncia contra la presidencia, que no era contra la presidenta, tiene otros componentes extrajudiciales, donde los intereses del propio juez se asocian a los de los medios hegemónicos opositores en un nuevo capítulo de Periodismo Ficción, un invento argentino.
Para ver el capítulo anterior de Periodismo Ficción, cliquear acá.
En un nuevo capítulo de periodismo ficción practicado por los medios hegemónicos, presentamos hoy la cobertura de una denuncia mediática y luego judicial (similares pero no iguales) sobre una empresa en la que tiene acciones la presidenta.
El argumento mediático del capítulo de hoy sería algo así como "La presidenta fue denunciada por corrupta y lavado de dinero", o "algo parecido"...
Pero repasemos primero lo que se dijo en los medios al respecto en forma cronológica, y lo que se fue construyendo en este nuevo capítulo de Periodismo Ficción, un invento argentino.
(Para conocer la definición de Periodismo Ficción que utilizamos, buscarla aquí)
Hace varios días, Clarín informaba que la sede de la empresa en Buenos Aires no existía desde hace años:
10/11/14
Hotesur, la empresa de Cristina que no presenta balances y debe impuestos.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN.
Una de las principales empresas hoteleras de la presidenta Cristina Kirchner, llamada Hotesur, funciona de modo irregular. La sede legal de la compañía está inactiva, a lo que se suma que la firma adeuda la presentación de sus estados contables ante el Estado y tampoco actualizó la renovación de sus autoridades: ni siquiera pagó las tasas de impuestos que le debe a la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que regula a las sociedades comerciales.
La información sobre el funcionamiento irregular de Hotesur fue difundida anoche en el programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata.
La diputada Margarita Stolbizer (GEN) analizó la situación de Hotesur y llegó a la conclusión de que es “una empresa retrucha”: “Es increíble, la propia Presidenta reconoce en su declaración jurada que tiene una participación accionaria en Hotesur, pero después no cumple con lo mínimo que requieren las normas de la IGJ”.
Según declararon ellos mismos, los Kirchner compraron la firma Hotesur en el 2008.
La sede social de la empresa, por ejemplo, quedó radicada en la calle Lavalle 975 piso cuatro departamento 5. En ese lugar alguna vez funcionó una oficina de Hotesur, pero cuando la firma tenía otros dueños. Hace años que allí ya no hay registros de actividad de la empresa. La sede está inactiva.
Lo mismo pasó con los estados contables de la compañía, una cuestión clave para que se conozca cómo fue el desempeño financiero de la firma. Los Kirchner no presentaron ante la IGJ varios de los balances que corresponden a los ejercicios de los últimos años.
El diario La Nación publicó a fines del año pasado que Hotesur no había presentado sus últimos balances. La IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de Julio Alak, emitió en aquel momento un comunicado asegurando que el organismo había intimado a Hotesur para que se ponga en regla.
La ex directora de sociedades comerciales de la IGJ, Silvina Martínez, explicó que ante estos incumplimientos de Hotesur, el organismo podría dictaminar que la empresa está “inactiva”.
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20/11/14
Allanaron la empresa de Cristina que controla el hotel Alto Calafate.
El avance de la Justicia. Con fuerzas de la Policía Metropolitana, el juez Bonadio también se llevó documentos de la AFIP y la IGJ. Investiga si la firma no presentaba balances y funcionaba de modo ilegal.
Desde ayer, esta empresa de la presidenta Cristina Kirchner es investigada por la Justicia. El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli impulsan un expediente que busca determinar si la compañía funciona de modo ilegal gracias a la complicidad del área gubernamental que en realidad debería controlarla. Fue por eso que Bonadio ordenó el allanamiento de la última sede registrada de la firma que controla el Alto Calafate, llamada Hotesur.
El programa “Periodismo Para Todos” –conducido por Jorge Lanata– y también Clarín, habían informado sobre las irregularidades en el funcionamiento de Hotesur: su sede de la calle Lavalle 975 está inactiva; la empresa no presentó ante el Estado sus últimos estados contables; tampoco informó sobre la renovación de sus autoridades; y ni siquiera paga los impuestos de la IGJ.
El allanamiento de Hotesur ratificó una parte sensible de lo publicado: la sede de la firma registrada ante la IGJ, en Lavalle 975 piso cuatro departamento 5, está vacía y en alquiler, supo Clarín en base a fuentes que conocieron la trastienda de los distintos operativos judiciales.
El lunes 10, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) había presentado una denuncia penal contra la Presidenta y el ministro de Justicia, Julio Alak, entre otros funcionarios, argumentando que el mal funcionamiento de Hotesur podría esconder la comisión de delitos de corrupción.
La legisladora resume en un párrafo las sospechas que generan las irregularidades comerciales del hotel: “Ahora bien, la Presidenta declara que su participación en Hotesur SA vale 9.367.528,85 pesos al 2013. Esto es imposible de chequear, ya que no presenta balances en la IGJ desde el año 2010”.
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20 de noviembre de 2014
Allanaron Hotesur, la empresa que administra el Hotel Alto Calafate, propiedad de Cristina Kirchner
El juez federal Claudio Bonadio ordenó esta mañana el allanamiento de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires de la empresa que administra un hotel en El Calafate, que es propiedad de la presidenta Cristina Kirchner.
La diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN-UNEN) radicó hace diez días una denuncia penal contra la Presidenta por supuestas irregularidades fiscales y societarias en Hotesur S.A.
Para la legisladora, la justicia debe investigar si la Jefa de Estado pudo haber incurrido en los delitos de "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad".
Stolbizer pidió que se investigue si la sociedad le debe a la IGJ balances desde el año 2011 y otras eventuales irregularidades en cuanto a la conformación de la sociedad.
"Si bien en el Estatuto se determinó que cada tres años se renovaría el directorio, Hotesur SA nunca notificó cambios después del fallecimiento de Néstor Kirchner", dijo Stolbizer.
Las supuestas anomalías fueron difundidas este domingo por el programa Periodismo Para Todos, de Canal 13, donde se vieron varios testimonios con denuncias al respecto, entre ellos el de la propia Stolbizer
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Cruces por la actitud de Bonadio.
El allanamiento “es una irresponsabilidad de procedimiento jurídico”, aseguró Cabandié, quien acusó a Bonadio de “actuar en respuesta ante el enojo por la nueva composición del Consejo de la Magistratura”. El diputado mencionó que el juez “todavía tiene que dar explicaciones sobre la fraudulenta venta, durante los ’90, de Tandanor”, el astillero que fuera reestatizado por el kirchnerismo, “por la persona que mató durante el 2001” y por “la causa de la curtiembre de los Yoma”. Para Cabandié, Bonadio “es uno de los jueces de la servilleta de Corach, ya que fue su subsecretario de Legal y Técnica” y pertenece a “esa corporación judicial que nunca avanza con las causas de Clarín y absuelve a los De la Rúa”.
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24 de noviembre de 2014
La causa Lázaro Báez ya es la causa Kirchner.
Por Carlos Pagni
Según información procedente de tribunales a raíz del allanamiento dispuesto por el juez Claudio Bonadio , la empresa Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, aún no ha presentado a la Inspección General de Justicia (IGJ) los balances de los últimos tres años. El último es el de 2010, pero carece de la firma de profesionales o de los responsables de la empresa.
En el domicilio porteño declarado por esa sociedad, Lavalle 975, 4ºA, hay una oficina que desde hace cuatro años pertenece a un abogado que la ha dado en alquiler.
Aclaró también que su domicilio está en Santa Cruz, pero que ha habido demoras para registrarlo. La empresa de la Presidenta también dictaminó que, si fuera sancionada por el gobierno de la Presidenta, le correspondería una multa de 3000 pesos.
Ahora los funcionarios hablan de golpismo. Hay que entenderlos: la causa Báez está empezando a ser la causa Kirchner..
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26 de noviembre de 2014
Por Joaquín Morales Solá
El problema del Gobierno es que ese juez se niega a seguir la estrategia oficial, que consiste en encerrar el escándalo en las infracciones administrativas de la empresa Hotesur, que administra los hoteles de la Presidenta en la Patagonia. Esos faltantes (de balances, de notificaciones sobre la composición del directorio) se podrían resolver con una multa ridícula de 3000 pesos.
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La respuesta de la IGJ.
La Inspección General de Justicia (IGJ) respondió ayer a los cuestionamientos que surgieron tras la denuncia de la diputada del GEN Margarita Stolbizer y el posterior allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio a la firma Hotesur SA. Según un comunicado de ese organismo, no se emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre esa sociedad, vinculada con la familia Kirchner, porque de acuerdo con las normas vigentes, los incumplimientos formales en los que incurrió esa firma no configuran acciones sospechosas de eventuales maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (...) “según esa reglamentación, ninguno de los incumplimientos formales ante la IGJ” de Hotesur SA “configura alertas que obliguen a la emisión de un ROS, siendo sólo pasibles de multas”. Además, el texto descarta un trato diferencial para esa empresa al agregar que “tampoco se han emitido ROS sobre las demás sociedades que incurren en incumplimientos formales vinculados a la competencia de la Inspección General de Justicia, a las cuales les aplica las sanciones administrativas que determina la Ley Orgánica de la IGJ (Nº 22.315)”.
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LA OPERACION ESCUDO DE BONADIO: HASTA STOLBIZER SE DESLIGO DEL CUESTIONADO JUEZ - 25-11-14
Entonces, la denuncia no era contra la presidenta, ni era por lavado, como se dijo en los medios hegemónicos. Pero sigamos investigando para ver si existe alguna sospechosa segunda intención del juez que interviene en el caso.
De dudosa validez
El testimonio de Silvia Martínez, la perito que citó el juez federal Claudio Bonadio luego de allanar a la IGJ la semana pasada, podría no ser válido ya que ella es abogada de Margarita Stolbizer, cuya denuncia dio comienzo a la causa. Además, Martínez se desempeñó como directora del Registro Nacional de Sociedad en la misma IGJ entre los años 2009 y 2012, organismo contra el que litigó sin éxito luego de su alejamiento. Además, ella ha realizado varias denuncias a través de “investigaciones periodísticas” de medios opositores, incluyendo una sobre la desaparición de expedientes vinculados con la ex Ciccone, que –curiosamente– tuvieron lugar durante su gestión y bajo su responsabilidad.
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Stolbizer reconoció que la perito de Bonadío es su asesora.
La diputada nacional del GEN reconoció que la perito de parte citada por Claudio Bonadío
para allanar Hotesur SA y la Inspección General de Justicia es su asesora, pero se desligó de las acciones del juez.
“En el programa de Jorge Lanata la entrevistaron y por esa razón Bonadío la citó”, explicó Margarita Stolbizer la convocatoria de su asesora Silvina Martínez por parte del juez Claudio Bonadío, para que haga las veces de perito a la hora de allanar la empresa Hotesur SA.
Tras reconocer que es su asesora debido a "su gran conocimiento técnico", la diputada nacional explicó que la denuncia que presentó “no fue contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sino contra la inacción de la Inspección General de Justicia, que no cuenta con los datos de la sociedades comerciales registradas”.
“Decidí hacer la denuncia cuando tomé la declaración jurada de la Presidenta, observé que reconocía una participación en una empresa que tuvo grandes ganancias y cuando intenté buscar cuál era esa participación que tenía, no la encontré”, se justificó la legisladora.
En declaraciones a C5N, Stolbizer se desligó de las acciones extemporáneas del juez Bonadío, al señalar que "tendrá que hacerse cargo de lo que hizo”, al tiempo que aclaró reiteradamente que “no” lo conoce.
Pero tampoco son nuevas las causas patrocinadas o iniciadas por la propia Martínez contra el IGJ, ya que arrancaron cuando cesó en su función como directora e inició acciones legales contra el organismo solicitando ser repuesta en el cargo jerárquico, pedido que fue rechazado por las serias deficiencias demostradas en su labor (como perder documentación).
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La perito 'imparcial' de Bonadío resultó bastante parcial.
Cuando el juez Claudio Bonadío ordenó el allanamiento de la Inspección General de Justicia (IGJ) por las infracciones de Hotesur, tuvo a disposición una perito 'imparcial': la abogada Silvina Martínez. Enterate quién es esta abogada.
Lo que ahora se sabe, es que Martínez tan imparcial no es... Se trata de una letrada que viene patrocinando causas judiciales a nombre de Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN y una de las principales referentes del frente Unen.
Martínez, además, se desempeñó como directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de la Justicia entre 2009 y 2012, y es contra ese organismo que la abogada lleva adelante causas judiciales.
Según una investigación realizada por Minuto Uno, el vínculo de Martínez como abogada patrocinante de Stolbizer es fácilmente comprobable accediendo al sistema online del Poder Judicial de la Nación.
Pero tampoco son nuevas las causas patrocinadas o iniciadas por la propia Martínez contra el IGJ. Arrancaron cuando cesó en su función como directora en la IGJ: inició acciones legales contra el organismo.
Entre otras, solicitando ser repuesta en el cargo jerárquico, pedido que fue rechazado por las serias deficiencias demostradas en su labor (como perder documentación).
Para completarla, fue convocada en varias ocasiones como fuente destacada para "investigaciones periodísticas" de los medios del Grupo Clarín y del diario La Nación.
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Suma 69 denuncias en su contra.
Gobierno denunció a Bonadio ante el Consejo de la Magistratura
El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, presentó este jueves al mediodía ante el Consejo de la Magistratura una nueva denuncia contra el juez federal Claudio Bonadio por presunto "mal desempeño" de sus funciones y pidió el inicio del juicio político.
En el marco de un plenario del organismo, Álvarez dijo que "Bonadio condiciona a este Consejo con causas judiciales" ya que "en el mismo momento en que se desarrollan los plenarios, él ordenan medidas judiciales".
Según explicó el funcionario, sobre el magistrado pesan 69 denuncias en el Conejo de la Magistratura, de las cuales al menos nueve -ahora son 10- pueden habilitar a decretar su destitución.
Al ser consultado por las razones que motivar al Poder Ejecutivo a iniciar el trámite objetivo de la décima denuncia, Álvarez dijo: "A nosotros nos mueven los bomberos (de Barracas), las víctimas de la Tragedia de Once, de la AMIA y los cientos de hemofílicos que fallecieron".
"Las medidas que toma siempre son exageradísimas. Es un pistolero y utiliza la motivación de sus causas judicial con las denuncias que tienen en su contra. No podemos permitir que ningún juez juzgue por motivaciones o razones políticas", enfatizó el secretario de Justicia.
En ese marco, volvió a rechazar las medidas tomadas en la causa por Hotesur. "Podía haber ordenado un oficio, ni el fiscal pidió allanamiento. Cada vez que se trató una de esas denuncias, Bonadío tomó una represalia contra el Gobierno nacional", afirmó, y recordó la citación a declaración del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medida, y del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno.
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Los nueve expedientes contra el juez.
- Causa Tandanor: El Tribunal Oral Criminal 5 lo denunció por la demora en elevar a juicio una causa por defraudación a la administración pública, que implicó el sobreseimiento por prescripción. En 1991, en el marco de la Ley de Reforma del Estado y mientras Bonadio formaba parte del Poder Ejecutivo, se produjo la transferencia del paquete accionario de la sociedad Tandanor al consorcio Marítimos S.A., que incurrió en diversas maniobras para frustrar el pago de 52 millones de pesos. Bonadio recibió la causa en diciembre de 2002. En 2006, querellantes y fiscales piden la elevación a juicio, que Bonadio materializó recién a fines de 2009.
- Causa Yoma: También por demoras injustificadas que derivaron en la prescripción de los delitos. En diciembre de 2000, la curtiembre Yoma, que hacía uso y abuso de un régimen de promoción industrial, fue denunciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia por defraudación a la administración pública. Bonadio tardó cinco años para llamar a los imputados a prestar declaración indagatoria y otros cinco para elevar la causa a juicio.
- Causa Hemofílicos: Médicos y titulares de laboratorios fueron denunciados por el contagio de más de 1200 pacientes hemofílicos con los virus HIV, Hepatitis B y C, por suministrar concentrados sin el método de incentivación viral correspondiente. Bonadio fue denunciado por demorar la instrucción: tardó tres años en citar a indagatoria y en otros casos no lo hizo nunca pese a la orden de la Cámara Federal.
- Causa Marutian: El abogado Andrés Marutian, defensor del ex secretario de Transportes Ricardo Jaime, lo denunció por rechazar in límine un pedido de exención de prisión sin dar intervención al fiscal. La Cámara Federal revocó la decisión y señaló que eran irrazonables los motivos.
- Causa Tragedia de Once: El abogado querellante Gregorio Dalbon lo acusó de utilizar la causa con fines propios y no para buscar la verdad. Señaló que Bonadio orientó la investigación a demostrar una acción fraudulenta del Estado y citó como ejemplo el sobreseimiento del maquinista, revertido luego por la Cámara Federal.
- Causa Rúa: El abogado Alejandro Rúa lo denunció por mal desempeño y lo responsabilizó por una “campaña de hostigamiento e intimidación” para limitar el ejercicio de la defensa de sus clientes, situación que cesó recién cuando la Cámara Federal apartó a Bonadio de la causa.
- Causa Once, búsqueda de Lucas Menghini Rey: El abogado Dalbon lo acusó de imputar arbitrariamente a bomberos, policías y socorristas para ocultar su propia responsabilidad en el hallazgo tardío del cuerpo. Bonadio ordenó cesar la búsqueda pese a las sugerencias de utilizar métodos alternativos que no afectaran la escena. Ante la repercusión pública, imputó por incumplimiento de deberes a bomberos y policías.
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Para colmo, el "padre" Bonadío sermonea: Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago...:
Ercolini investigará a Bonadio por supuesto enriquecimiento ilícito.
El juez federal Julián Ercolini salió sorteado para encargarse de la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito presentada por el senador del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes contra el magistrado Claudio Bonadio.
El expediente 12032/2014 se abrió contra los denunciados Claudio Bonadio, Carlos Alberto Bonadio, Fernando Climent y Alejandro Vicente Climent.
Fuentes los denunció por presunto "enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público e incumplimiento y violación de deberes de funcionario público".
La denuncia, que se efectuó ayer en los Tribunales Federales de Comodoro Py en la ciudad de Buenos Aires, se origina en noticias periodísticas publicadas este martes, explicó.
Según el legislador, mediante esas noticias se tomó conocimiento público de que el magistrado tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la firma "Mansue S.A.", dedicada a la venta de combustible.
Según se especifica en la denuncia, Bonadio no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la Justicia Nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En la presentación se destaca que de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012.
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Vemos, entonces que las razones de la denuncia contra la presidencia, que no era contra la presidenta, tiene otros componentes extrajudiciales, donde los intereses del propio juez se asocian a los de los medios hegemónicos opositores en un nuevo capítulo de Periodismo Ficción, un invento argentino.
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