¿Es muy disparatado afirmar que si el Sr. A carga un arma, el Sr, B se la entrega a el Sr. C y éste asesina a una persona, para la lógica seguida por el juez Bonadío los asesinos serían los Sres. A y B... pero no el Sr, C?
Estas y otras preguntas tendrán su respuesta en esta humilde nota. Comencemos analizando la acusación del juez Bonadío según reflejaron los medios:
Dijo Infobae:
El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner por negociados en la venta del dólar futuro y le trabó un embargo por 15 millones de pesos. El magistrado acusa a la ex presidente por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.
A la ex jefa de Estado -que enfrenta así el primer procesamiento de la Justicia- se le imputa el uso de una estructura de poder que presidía para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas. Además de Kirchner, Bonadio procesó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y a otros doce imputados.
Los motivos del procesamiento
Entre sus argumentos, Bonadio mencionó "el irregular, ilegal e ilegitimo despliegue de esta operatoria realizada por los imputados al amparo de un legítimo instrumento de política monetaria, se llevó a cabo una maniobra por la cual se obligó abusivamente a la autoridad monetaria con cifras descomunales y en perjuicio del Estado Nacional".
En otro parrafo sostuvo: "Ha quedado demostrado que la operatoria de venta de futuros de dólar, desplegada por el B.C.R.A. entre los meses de septiembre a noviembre de 2015, tuvo como único objetivo derrumbar los valores negociados en la plaza local de estos contratos, para fijar cotizaciones bajas de cierre de dichos contratos, en línea con el tipo de cambio, pretendido y pregonado por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional".
Nota completa
Complementemos con lo que dijo Perfil.com:
Cuáles fueron los argumentos de Bonadio para procesar a Cristina
Según consta en la resolución, publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), Bonadio consideró que, con relación a la intervención de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicilloff, “es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del B.C.R.A. de U$s 5.000 millones a U$S 17.000 millones (de dólares), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”.
Nota completa
Repasemos ahora lo que opina al respecto el exjuez de la Corte Suprema de Justicia y uno de los penalistas más reconocidos del mundo y recientemente nombrado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni:
Cristina no fue infiel
Una es la de supuesta administración fraudulenta (inc. 7º del art. 173 del Código Penal). No estaba en el texto original del código, sino que fue introducida en nuestra legislación por una reforma masiva de Onganía en diciembre de 1967 (la llamada Ley 17.567), copiada del actual parágrafo 266 del código alemán, donde fue incorporado por la reforma nazista de 1933, con el nombre de Untreue. En alemán Treue es fidelidad y Untreue significa infidelidad.
Pese a que hasta hoy conserva ese nombre en la ley alemana, la mención de la fidelidad allí produce escozor, porque es una expresión propia de la doctrina y los discursos de la época de su sanción: todo delito era una forma de infidelidad a la comunidad del pueblo cuyo intérprete máximo era el Führer.
En síntesis, lo que esta disposición pena es que alguien que tiene a su cargo la administración o manejo de bienes o intereses ajenos, los perjudique intencionalmente para causar daño o para obtener beneficios para sí o para otros.
Es obvio que es un acto preparatorio muy lejano de cualquier comienzo de ejecución o tentativa: sería un delito de peligro remotísimo, una mera manifestación de intención, sin necesidad de ninguna otra exteriorización delictiva.
A eso se debe agregar el absurdo de que un acto, que ni siquiera es de tentativa, puede resultar más gravemente penado que el mismo delito consumado, como en el caso de que tres mecheras de tienda se pongan de acuerdo para hurtar ropa interior.
El hecho consiste en operaciones con dólar a futuro, que son corrientes. Se hacen calculando el valor de la divisa conforme a las previsiones del momento. Siguiendo la política de control de cambios vigente en el momento de prever el valor, la divisa en el futuro estaría –supongamos– a 10 pesos. Lo cierto es que la divisa estuvo a 15, por lo cual el Banco Central sólo recibe 10 pesos por cada dólar que hoy vale 15, con una pérdida de 5 pesos por dólar.
Esta diferencia se produjo porque se pasó del control de cambios al dólar flotante, es decir, porque se adoptó otra política monetaria: se pasó de Keynes a Milton Friedman.
Inclinarse por uno u otro no es delito, sino una opción política, salvo que se quiera procesar a Keynes. Tampoco pretendemos procesar a Friedman. Pero nadie podrá negar que al momento de calcular el valor del dólar en unos meses, no era previsible el advenimiento de una administración adoradora del mercado, que enciende velas en el altar de Friedman.
Pero si bien no es delito pasarse a Milton Friedman, sí lo sería no haber evitado o paliado el daño, habiendo anulado las operaciones a futuro (invocando la teoría de la imprevisión o algo parecido), renegociado esas operaciones o abandonando más gradualmente del control cambiario.
Como no se hizo nada por evitar o disminuir el daño, el Banco Central y nuestras reservas sufrieron el impacto de frente y sin ninguna amortiguación.
Más aún: la propia Justicia, consultada sobre esas operaciones, dispuso que se sigan pagando hasta hoy los dólares a 10 pesos, o sea, que si se tratase de un delito, ni el propio juez que lo imputa trató de evitar que se consume el daño interrumpiendo las consecuencias.
Esta conducta de la propia Justicia sería algo así como ocuparse exclusivamente de pretender imputar a un secuestrador, pero al mismo tiempo dejar a la víctima atada en el sótano. Cuando un juez se halla en presencia de un delito, lo primero que debe hacer es interrumpir en lo posible sus efectos.
La conclusión de lo anterior podría extraerla Adrián Paenza: el Banco Central pierde 5 pesos por dólar en razón de la medida de la actual administración, que dejó flotando la cotización del dólar para beneficiar políticamente a los exportadores y directamente a los bancos, sin que la administración ni el propio juez hagan nada por paliar o evitar el daño.
¿Quién incurre en infidelidad, usando la expresión originaria de la fuente alemana? Si hubo un infiel, es claro que no fue Cristina.
Mucho más racional sería pensar que no guarda fidelidad con los intereses que le fueron confiados quien deja flotando el dólar de la noche a la mañana, sabiendo que su precio va a dar un salto considerable, sin tomar ninguna medida que neutralice o disminuya el daño para el Banco Central que, como cualquiera podía observar, era consecuencia inevitable de esa medida, y a sabiendas, además, de que ese salto en el precio beneficiaría a los exportadores y, mucho más directamente, a los bancos compradores.
Si de fidelidad se trata, nadie quiera atribuirle a otro sus propias infidelidades.
Nota completa
Veamos ahora lo último que se sabe al respecto, según los periodistas especializados en judiciales Raúl Kollmann e Irina Hauser:
Bonadio se sacó el gusto de procesar a CFK
Lo curioso es que no hay –al menos hasta ahora– imputación contra quienes devaluaron, ni tampoco contra los funcionarios del actual gobierno que compraron dólar-futuro. “Procesan a los que no devaluaron ni ganaron un peso con la operatoria y zafan los que llevaron el dólar a 15 pesos e hicieron un negocio comprando dólar-futuro”, señaló uno de los abogados que representa los funcionarios del anterior gobierno. El razonamiento del juez es que el perjuicio que debe tomar en cuenta es el que se produjo con la venta.
Recusado
Bonadio llegó ayer a dictar los procesamientos pese a que fue recusado en dos oportunidades. Los abogados de un integrante del directorio del BCRA sostuvieron que el juez no les permitía ver la causa, que privilegiaba al fiscal y que citaba a declarar a testigos sin notificar a las defensas de los imputados. A esa recusación de Alejandro Rúa y Paula Honisch, la Sala II contestó algo así como que Bonadio actúa en forma irregular en todas las causas, de manera que no correspondía apartarlo del expediente porque se trata de las mismas irregularidades de siempre. Luego, Carlos Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, agregó que Bonadio autorizó a realizar pagos por la operatoria del dólar-futuro, lo que provocó una denuncia y la imputación del fiscal Jorge Di Lello. La objeción al magistrado es que si la operatoria era un delito y causaría un efecto ruinoso, no debió autorizar ningún pago. En consonancia, Beraldi sostuvo que Bonadio no podía ser juez de un caso en el que estaba también imputado por el fiscal Di Lello.
Política
La operatoria de dólar futuro consiste en fijar un precio de la divisa para un momento futuro determinado. Si la cotización resulta más alta el día fijado como vencimiento del contrato, se le dará al comprador la diferencia a su favor, en pesos, y si está por debajo de lo fijado en la operación, la diferencia será para el Estado, también en pesos. Es una operatoria del Banco Central que se realiza desde hace años, en la Argentina y en otros países, no benefician ni perjudica las reservas porque es en pesos y a lo largo del tiempo le dejó importantes ganancias al Estado.
El objetivo del Central era mantener bajas expectativas de devaluación y evitar cualquier corrida. La realidad es que las ganancias terminaron siendo importantes para los que operaron en el dólar futuro porque después el gobierno de Mauricio Macri produjo una megadevaluación, pese a que a lo largo de la campaña juró y perjuró que no devaluaría. De manera que se acusa al anterior gobierno por una pérdida que se produjo cuando la actual administración devaluó.
Sin embargo, tanto la ex presidenta como el ex ministro Kicillof, como el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y el resto de los imputados señalaron que la política debía orientarse a mantener la estabilidad monetaria, desalentando las corridas y las movidas inflacionarias. En ese objetivo, la operatoria de dólar-futuro fue un instrumento y todas las defensas coincidieron en que la devaluación no estaba escrita en ningún destino, sino que fue obra voluntaria del actual gobierno, sobre todo en una magnitud de más del 60 por ciento. Esto llevó a niveles de inflación que multiplicaron las anteriores, una caída brutal de los salarios reales, baja del consumo y despidos.
Justamente, uno de los argumentos de las defensas es que Bonadio criminalizó una política económica del anterior gobierno, no un hecho de corrupción. Las medidas de política económica son opinables, pueden ser consideradas mejores o peores, pero no son judiciables. Con el mismo argumento –sostienen las defensas– deben ser imputados los actuales gobernantes que fueron los que verdaderamente produjeron la devaluación.
Ruleta
A lo largo del fallo, Bonadio sostiene que la devaluación era inevitable e, incluso, entra en consideraciones acerca de que tal vez iba a ser menor con Scioli que con Macri, y que después entró a jugar el favoritismo del candidato de Cambiemos para la segunda vuelta, por lo cual –según él–, se esperaban precios altos del dólar.
Y para procesar se basó en el concepto de “la ruleta que funciona mal”. Dice que todo está bien si un jugador entra al casino, apuesta y tiene las mismas chances que el casino y los otros jugadores, pero que apostar sobre la base de una ruleta descompuesta es lo ilegal. En este caso, la ruleta descompuesta es que la operatoria del dólar-futuro se producía sobre la base de una devaluación que él –Bonadio– considera que era segura. Casi que desliza que el gobierno anterior debió devaluar. Pero lo que está en juego es una causa judicial y en ningún momento explica en qué consistiría el carácter ilegal o ilegítimo de la estrategia monetaria elegida.
Sin embargo, el juez saca de la realidad que no se trataba de una apuesta, sino de la elección de una herramienta para implementar una política que desalentara una corrida contra el dólar o disparada de los precios que –como sucedió en otros diciembres– terminó produciendo saqueos y crisis para los sectores populares.
Nota completa
Y por si no quedó en claro lo disparatada de la acusación, veamos quiénes fueron los verdaderos beneficiados de la compra de dólares a futuro y la posterior devaluación:
Con ganancias millonarias
Mientras el juez Claudio Bonadio avanza con la causa contra Cristina de Kirchner y parte del que fuera su equipo económico, el canal C5N dio a conocer algunas de las personas y empresas que adquirieron contratos de dólar futuro en el Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX) entre el primero de septiembre y el once de noviembre del 2015.
Según surge de la lista a la que accedió C5N, entre el 8y el 27 de octubre, la empresa constructora Caputo S.A, propiedad de Nicolás Martín "Nicky" Caputo, amigo de la infancia y hombre de confianza del presidente Mauricio Macri, operó u$s 3.560.000 a través de los agentes de liquidación y compensación INTL CIBSA S.A y Capital Markets Argentina con vencimientos que van de febrero a junio de este año.
Además, también se conoció que José María Torello, apoderado nacional del PRO y jefe de asesores del Presidente, invirtió u$s 800.000 en contratos de dólar futuro mediante la agencia Schweber Securities S.A. que vencieron en febrero.
En cuanto a las empresas, Chery-Socma Argentina S.A, que es una asociación entre dos compañías de Franco Macri, operó entre el cuatro de septiembre y el 23 de octubre u$s 8 millones vía Puente Hermanos S.A.
El ex CEO de la empresa LAN y hoy secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Sebastián Lopetegui compró y vendió 310 contratos, que representan 310 mil dólares, lo que le dio un resultado neto de 0, a través de INTL CIBSA S.A, entre el 23 y el 26 de octubre.
En tanto que el Fondo Pegasus cuyo número uno era el hoy secretario de Coordinación Interministerial, Mario Eduardo Quintana, operó, también a través de INTL CIBSA S.A, u$s 1.480.000 a mediados de septiembre del año pasado.
También entre las empresas aparecen compañías de medios, como S.A. La Nación y Cablevisión S.A. con u$s 4 y u$s 11 millones respectivamente.
Nota completa
Evidentemente, la justicia se está yendo por la canaleta de la politización y la ridiculización, y, como dijimos al princípio, es atinado afirmar que si el Sr. A carga un arma, el Sr, B se la entrega a el Sr. C y éste asesina a una persona, para la lógica seguida por el juez Bonadío los asesinos serían los Sres. A y B... pero no el Sr. C...
Esperemos que esta ridícula acusación termine como tiene que terminar: en la basura. ¡Será justicia! ¿Será...?
