Mauricio Macri, "El Gran Decretador" (2).

La "revolución de la alegría" libertadora se apresta a descargar toneladas de lodo contra la "dictadura" kirchnerista que dejó el gobierno. Mejor dicho, que el macrismo en alianza con la "justicia independiente" desalojó del gobierno con un fallo tan polémico, inédito como vergonzoso: la presidencia de Cristina Fernández duró 12 horas menos que todas las anteriores (anteriores que hayan finalizado en tiempo y forma) por voluntad de Mauricio Macri y la jueza Servini de Cubría. Nunca un presidente democrático que le haya entregado el bastón y la banda presidenciales a su sucesor fue desplazado del su puesto por un bando judicial, que además determinó hasta la hora exacta del fin de una presidencia y colocó en funciones a uno que nadie había elegido: Federico Pinedo. Todo esto sería tragicómico (digno de una novela de realismo mágico) si no fuese que por una jugada simbólica del macrismo con complicidad de un fiscal y una jueza la ex presidenta fue depuesta "legalmente" 12 horas antes de su finalización. Decimos "legalmente" porque de haber sido apelado ante la Corte Suprema de la Nación no sabemos si esa corte disminuida se hubiese atrevido a pasar a la historia con semejante carga de vergüenza. Este mini golpe institucional macrista inició un período de gobierno signado por la acelerada proliferación de decretos DNU y comunes, y medidas económicas que implican un cambio de modelo y proyecto de país contrarios a los intereses de las mayorías. Además de un inocultable alineamiento con la política exterior de los EE.UU (como adelantamos aquí) con efectos impredecibles en el mediano y largo plazo. Salvando las enormes diferencias históricas entre ambos gobiernos, a este humilde Basurero Nacional no se le escapa la tarea sucia que realizó la autodenominada "Revolución Libertadora" que desplazó del poder a primer peronismo en 1955 y a la posterior campaña de desprestigio contra aquella presidencia, que además anuló o menguó los derechos adquiridos por los ciudadanos de aquella década.
A este mini golpe político-judicial le siguió el festival de decretos macristas que sorprendieron a propios y extraños. Y como decíamos hace un par de días aquí: "Ante esta especie de blitzkrieg judicial del macrismo en cinco días, nos preguntamos: ¿se pasará de la Corte Suprema de la Mayoría Automática de Menem a la Suprema Corte de Empleados del Poder Ejecutivo de Macri?"
También es esperable una campaña "anticorrupción" contra el kirchnerismo que puede llegar a durar años, los suficientes para que no se clarifique en tiempo y forma la culpabilidad o inocencia de los acusados. Una prolongación políticamente conveniente para un gobierno que puede necesitar distraer la atención mediática de ciertas medidas económicas duras e inconvenientes para las mayorías populares.
Para el lector distraído que piense que este humilde servidor público está exagerando en sus conclusiones, acercamos a continuación algo de lo publicado en estos días que fundamentan nuestras palabras. Veamos.


Repasemos lo que publicó el diario oficialista La Nación sobre el tema:

El Gobierno prepara más DNU de temas judiciales
Tras el sorpresivo decreto para designar dos jueces de la Corte en comisión, el Gobierno prepara una batería de decretos de necesidad y urgencia para intervenir en asuntos judiciales. Las normas ya están redactadas en borrador y listas para la firma del presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que preparan un DNU para reformar la ley de Ministerio Público. Esta norma es la que define la estabilidad del procurador general de la Nación. Se buscaría modificar la norma actual, cambiando la organización de la procuración y las fiscalías, y acotando el mandato del procurador para forzar la salida de Alejandra Gils Carbó. Se descuenta que una salida de este tipo para este problema será cuestionada por los afectados ante la Justicia. Por eso era importante para el macrismo tener asegurada una Corte integrada por más de tres jueces.
Una tercera intervención buscará cubrir las vacantes en los tribunales una vez que venza el plazo establecido por la Corte Suprema para mantener en sus lugares a los jueces subrogantes.
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Ponerles límites a la oposición y a la Corte fue el objetivo que se trazó el Gobierno

Según admiten en el propio oficialismo, buscaron mostrar fortaleza ante las presiones; dicen que ahora será más fácil que el Senado apruebe los pliegos.

La  intención fue poner límites a todos: a la corporación política, que venía presionando con sus postulantes, y a la Corte. Y transmitir un mensaje de autoridad. Así explican en el Gobierno las motivaciones de Mauricio Macri para nombrar por decreto, en comisión, a dos jueces de la Corte sin esperar a que reabra el Congreso en marzo. Recién entonces podrá someter a los ya magistrados al escrutinio público y deberán pasar la prueba del Senado para dejar de ser jueces supremos en comisión para serlo de manera completa.
En el Gobierno señalan que ahora el macrismo se sentará con los senadores a negociar en otras condiciones: con los jueces sentados en sus bancas, el acuerdo será más amplio.
La decisión de designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fue tomada por Macri y su círculo más íntimo. No pusieron objeciones a los decretos. Ayer fueron recibidos por Garavano. El ideólogo de la controversial medida fue Fabián Rodríguez Simón, amigo del Newman del Presidente y abogado que firmó la cautelar que pidió Macri para tener certeza sobre el fin del mandato de su antecesora. Pablo Clusellas, otro amigo de infancia de Macri y secretario legal y técnico de su gobierno, avaló la medida.
Pero la decisión fue de Macri y la evaluación de los costos políticos, de Marcos Peña. De nadie más.
-Te van a salir a putear todos -le advirtió un ministro.
-No importa, hay que hacerlo -contestó Macri.
Macri sólo consiguió acallar a Lilita Carrió y obtener el apoyo del radical Ernesto Sanz. Ricardo Gil Lavedra fue duro con Macri.
Un sector del gabinete desaconsejó la metodología de los jueces en comisión por decreto para cubrir las vacantes en la Corte, pero sus objeciones no fueron oídas.
La decisión de Macri, apurada al punto de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, corrió anteayer a avisar a Ricardo Lorenzetti en la Corte antes de que la noticia se filtrara, buscó aplacar de una vez la demanda de los peronistas y radicales que presionaban con sus candidatos, dicen en el Gobierno.
También marcó un límite al propio Lorenzetti, que podía impulsar una decisión contraria a los intereses del Gobierno.
Una alta fuente del Gobierno explicó que era necesaria esta Corte, conformada de inmediato, porque el Gobierno se apresta a firmar decretos de necesidad y urgencia que necesitan un blindaje judicial para superar la prueba.
Los DNU no sólo serán la palanca para mover la política económica inmediata, sino que serán la herramienta para avanzar con la instrumentación del Código Procesal Penal, con la designación de jueces subrogantes, con la reforma de la ley del ministerio público, incluida la salida de al procuradora Alejandra Gils Carbó del Gobierno, entre otras decisiones. Todas estas controversiales medidas -mientras el Congreso siga cerrado- necesitarán más temprano que tarde de un aval judicial, pues el Gobierno descarta que serán judicializadas.
No obstante, en el Gobierno dicen que nadie piensa en retroceder.
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El  presidente Mauricio Macri tiene una "agenda del consenso" para lograr gobernabilidad en el Congreso, acordada con todos los partidos y gobernadores. Y también una agenda de medidas inmediatas, que serán tomadas por decreto de necesidad y urgencia en los próximos 90 días, algunas más populares y otras conflictivas. Todas dirigidas a superar los problemas económicos.
Macri necesita capital político para tener apoyo a las medidas duras. Por eso la agenda parlamentaria reforzaría ese objetivo: para marzo se incluye la reforma de las escalas de ganancias, del monotributo, devolución del IVA a sectores vulnerables; reforma política, corrupción, narcotráfico, jubilaciones, educación, pobreza, independencia judicial y crédito.
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Garavano aseguró que van a sacar "muchas" medidas por decreto.
El ministro de Justicia justifica los DNU, con los que, anticipa, traspasará a la Corte las escuchas.

Según Garavano (...) "Los DNU [decretos de necesidad y urgencia] que se van a dictar son básicamente reparativos", los defendió el ministro. Según él, "parece muy ingenuo" detenerse a criticar los mecanismos.
-¿Cuándo jurarán los jueces que designaron en comisión para la Corte?
-La Corte dijo que cuando se reanude la actividad judicial. Eso es en febrero. Les tomará el juramento y estamos sujetos a esa decisión.
-¿Qué les dijo Ricardo Lorenzetti de que los hayan designado así?
-Nada, eso es una facultad constitucional del Presidente.
-Ustedes llegan como defensores de la institucionalidad y ahora saltean al Congreso para designar a jueces de la Corte. ¿Cómo se explica?
-Nadie salteó nada, es un mecanismo de la Constitución y en forma paralela se inició el proceso del decreto 222, que demora al menos un mes hasta que nosotros podemos avanzar.
-Mientras tanto estos jueces firman sentencias.
-Eso es lo que prevé la Constitución; si quieren la modificamos (se sonríe). Desdramatizando, hay una vía de entendimiento con la Corte y el Senado. Todos admitieron que es una facultad constitucional. De las críticas de los constitucionalistas que no habían leído la Constitución, ahora se pasa a que es un mecanismo políticamente incorrecto. El Presidente encaminó el tema. Se reunió con la Corte y con los senadores, que se quedaron conformes con el hecho de que no se haya hecho la jura.
-¿Qué otras medidas sacarán por decreto relacionadas con la Justicia?
-Muchas. No tenemos Congreso y hay decisiones urgentes. Muchas cosas de Justicia van a estar incluidas en la emergencia de seguridad; tenemos la suspensión de la puesta en marcha del Código Procesal Penal, que hay que sacarla por DNU rápidamente... Estamos definiendo si conviene un solo decreto. La idea es hacerlo antes de fin de año o los primeros días de enero. Si se llega. La situación dista de ser la ideal en el Ministerio, con personas con cargos políticos que no se quieren ir, con conflictividades gremiales.
-¿Le van recortar poder a Gils Carbó por decreto?
-¿Qué es recortar poder? El Ministerio Público tiene facultades exorbitantes que no corresponden a un sistema acusatorio. Tenemos que revisar eso.
-Están reformando leyes con decretos. ¿Por qué no debatir estos temas en el Congreso?
-Porque en relación con el sistema de Justicia ha habido una sanción insana de leyes sin consensos, sin estudios serios; leyes que generaron efectos muy nocivos al sistema judicial y a la población. Se crearon por ejemplo tribunales para la cooptación política del Poder Judicial; parece muy ingenuo criticar ahora estos mecanismos que son para tratar de corregir eso. La gente pidió rápidamente reconstruir esta situación. Los cambios que proponemos son cambios que todos los actores consideran indispensables.
-¿Pero un DNU no tiene nada de consenso?
-Los DNU que se van a dictar son básicamente reparativos de estas situaciones, no de cambio total. Dennos tiempo y critiquen después sobre lo que hacemos, téngannos confianza.
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El Gobierno busca restarle poder a Gils Carbó para controlarla.
El  macrismo afina su plan para deshacerse de Alejandra Gils Carbó. Mientras insiste en reclamarle públicamente la renuncia, en paralelo, sofistica su plan B: el decreto de necesidad y urgencia contra ella.

Al primer borrador de ese documento, que la echaba sin más, suma nuevos proyectos, algo más sutiles, tendientes a recortarle poder y controlarla. El ministro de Justicia, Germán Garavano, estudia una reforma de la ley orgánica del Ministerio Público amplia, que incluya designar por debajo de la procuradora a fiscales generales que absorban las facultades más sensibles de la jefa. Si en un primer momento no consiguen que se vaya, podrían así tenerla neutralizada.
El macrismo sostiene que el cambio es imprescindible, aunque imposible con Gils Carbó al frente de los fiscales. Esta reforma frenada -según ellos, por la presencia de la procuradora general- les daría el argumento de la "necesidad" y la "urgencia" para cambiar la ley con un decreto.
En el decreto que estudian, además de ponerle uno o más "segundos" que tomen sus atribuciones más delicadas, se analiza fijarle un plazo al mandato del procurador (si fueran cuatro años, los de Gils Carbó se cumplirían el año próximo, aunque ella ya hizo saber que no aceptará pacíficamente que la echen con una norma posterior a su asunción).

Denuncias de amenazas.
En el círculo de Gils Carbó dicen que los están amenazando con que, si no se va, avanzarán múltiples causas penales contra ella y su familia, que están radicadas en Comodoro Py, donde tiene varios enemigos. Relatan, además, que "emisarios" del macrismo les anunciaron una "carnicería".
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Otros medios también publicaron artículos relacionados con el tema:

Vista la reacción desencadenada, que incluyó la definición de “mamarracho” por parte de constitucionalistas adictos al Gobierno y hasta entre sus tanques mediáticos, la pregunta parecería ser cómo pudo Macri cometer un error con el tamaño de habérsele indicado que, por mucho menos, la ex presidenta habría sido sometida a un ataque indescriptible. Ahora se habla de una instancia de negociación con los senadores que comenzaría en febrero, para llegar a las sesiones ordinarias de marzo con la probabilidad de que el par de supremos del macrismo sea aprobado por el cuerpo. Es dudoso que eso acontezca, atento al rechazo que generó la medida y a que, en particular, el currículum de Carlos Rosenkrantz está atravesado por sus relaciones con el Grupo Clarín (entre otros) y, antes, por su opinión contraria a la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Macri, entonces, debería insistir con el nombramiento en comisión de ambos jueces, y en consecuencia debiera cambiarse el interrogante del momento. ¿Fue un error? ¿Puede pensarse seriamente que no midieron las consecuencias de una medida de esa naturaleza? Como la respuesta es no sin lugar a duda alguna, se deduce que es una lógica de medición política. Esto es, cerciorarse de hasta dónde pueden correr el límite, ponerlo muy alto en un comienzo que todavía no tiene mayor desgaste y luego bajarlo pero desde la vara fijada desde campo propio.
¿Es acaso que lo urgente consiste en requerir de la Corte para eliminar impugnaciones, frente a una batería de medidas que al paso del tiempo no resistirían las barreras institucionales? Una película que también ya vimos, por cierto, gracias a la mayoría automática de los amigos cortesanos del menemato.
Sería muy grosero, eso sí. Pero siempre con alegría.
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Declararon inconstitucional el nombramiento de jueces de la Corte.
La justicia federal declaró inconstitucional la designación por decreto de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia, y ordenó al alto tribunal que se abstenga de tomarles juramento.
La resolución fue dictada por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, magistrado que hace dos semanas renunció como subrogante en el juzgado federal de Bahía Blanca porque la Corte había declarado inconstitucional la ley de subrogancias.
En base a fallos y jurisprudencia del alto tribunal de la Nación, el juez declaró inconstitucional la designación de los juristas y le ordenó a la Corte que se abstenga de tomarles el juramento, que se iba a producir en febrero, después de la feria judicial.
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Como vemos, la "Revolución de la Alegría Libertadora"  que impulsa el macrismo parece aprestarse a liberar al país de todo resabio de kirchnerismo explícito (o no tanto), sin importar los modos o formas para llevarlo a cabo. Lo que se dice: una fina y limpia tarea ultra republicana... ¿no es así?
A la designación de los jueces automáticos de la Corte Suprema seguirán la deposición de la procuradora Gils Carbó y del presidente de la ASFSCA, Sabatella, ambos con cargos no removibles a gusto y piacere del Poder Ejecutivo, al menos legalmente, y la derogación de leyes por un simple decreto... Pero ante una revolución triunfante y alegre como la macrista, quién se detiene a revisar detalles constitucionales, ¿no?
Por eso, repetimos aquí lo expresado en nuestra nota anterior sobre el tema:

Como vemos, el ex candidato republicanista Mauricio Macri se ha transformado sorprendentemente en cuestión de días (parodiando al Gran Dictador de la película de Charles Chaplin) en el "Gran Decretador"... salvo que uno haya prestado debida atención en la trayectoria y sus ocho años de gobierno en la ciudad de Macri. Para este humilde servidor público (y quien suele leer nuestras notas lo saben) estas medidas no son sorpresivas sino esperadas. Y le siguen otras más...

Mauricio Macri, "El Gran Decretador".

Luego de defender el republicanismo durante los años del kirchnerismo y luego de su afirmación en el discurso inaugural de que no habrá jueces macristas, Macri, ya presidente, acaba de pisar la Constitución al nombrar dos jueces para la Corte Suprema ¡por decreto! Ante esta especie de blitzkrieg judicial del macrismo en cinco días nos preguntamos: ¿se pasará de la Corte Suprema de la Mayoría Automática de Menem a la Suprema Corte de Empleados del Poder Ejecutivo de Macri? Parecería ser así de acuerdo a las palabras de Ernesto Sanz sobre las medidas de Macri: “Tiene todo el derecho a construir fortaleza de su gobierno”. Con el tiempo veremos si se cumplen nuestros presentimientos, pero primero repasemos lo que se dijo en los medios sobre este tema. Este lunes, el jefe de Estado nombró sin acuerdo del Senado al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Horacio Daniel Rosatti, y al rector de la Universidad de San Andrés, Carlos Fernando Rosenkrantz, como magistrados supremos. El jurista y ex diputado nacional radical, Ricardo Gil Lavedra, lamentó las designaciones de jueces de la Corte Suprema que Mauricio Macri firmó por decreto y aseguró que ese mecanismo es"innecesario" y "grave". "Sienta un precedente muy siniestro porque cualquier Presidente podría nombrar jueces durante el verano". "Quiero dejar a salvo a las personas, a los nombrados. Me parece que ha sido algo grave y me duele mucho. En un momento que estamos esperanzando por recobrar la buena moral institucional y un actitud como esta es un paso en falso grave", aseguró.
En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el decretazo "es un mecanismo de excepción que sólo se puede aplicar en una situación de urgencia verificable" y aseguró que "hoy no estamos en una situación así". Esta medida le hace daño a la institucionalidad".
Daniel Sabsay calificó la decisión de "disparatada" y alertó que es una iniciativa de "inconstitucionalidad manifiesta" por no pasar por la Cámara alta. "El inciso 19 del artículo 99, cuando dice que se puede designar en comisión empleos que requieren acuerdo del Senado, habla de empleos del Poder Ejecutivo como embajadores o altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca, de ninguna manera, es la cabeza de otro poder (del Estado). ¿Qué grado de independencia pueden tener personas que solo dependen del dedo del Poder Ejecutivo?", analizó el abogado constitucionalista en diálogo con radio América. "Ni siquiera a Cristina Kirchner se le ocurrió algo tan disparatado, ¿qué hubiéramos dicho si lo hacía ella? Me da mucha tristeza porque todos los pasos que dio Macri me han emocionado hasta las lágrimas y esto me horroriza", indicó Sabsay.
Barcesat: "Es un decretazo que carece de razonabilidad, demuestra que el discurso de campaña y los nuevos gestos no se corresponden".
El abogado y ex juez León Arslanian afirmó este martes que el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional "no se le aplica a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" ya que "no es un empleo público más".
Tras el escándalo que se armó por estas designaciones de jueces "empleados del Ejecutivo" en la Corte Suprema, el gobierno ahora deja en suspenso las mismas y dice que presentaría los pliegos ante el senado, pero aún sigue el decreto. Veremos...
No obstante, próximamente le seguirán los decretazos contra Gils Carbó (un cargo vitalicio) y Sabatella (un cargo inamovible hasta 2017) y para violar la Ley de Medios.
Sigamos con las voces que se alzaron contra este atropello a la República del partido que supuestamente defiende la misma:

Stolbizer: “Si esto lo hubiera hecho Cristina Kirchner, era un escándalo”.
La diputada salió a cruzar a Macri por la designación de los jueces de la Corte. El viernes se reunió con el Presidente. “Hablamos de temas de Justicia pero nunca mencionó esto”, le dijo a Letra P. 
“Tengo la obligación ética de decirlo, porque si esto mismo lo hubiera hecho Cristina Kirchner yo hubiera hecho un escándalo. Por eso me preocupa que muchos que lo hubieran hecho con Cristina, no lo hacen ahora”.
La diputada fue una de las primeras dirigentes en criticar con dureza el decreto del Presidente y consideró que la decisión “es dañina incluso” para él. “Es como rifar su capital político, la gente le dio un gran crédito, que no se puede usar para cualquier cosa”, dijo.
“¿Por qué lo hacen así, tan mal y de esta manera? Uno ya entra en el terreno de las especulaciones. A mí me da la impresión que hay en ellos una enorme necesidad de no mostrarse débiles frente al hecho de que no tienen mayoría en el Congreso pero de ninguna manera eso lo habilita al Presidente a violar la Constitución”, agregó.
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Los socios políticos del PRO cuestionan a Macri: "Un precedente siniestro".
Importantes referentes de la UCR como Ricardo Gil Lavedra y Julio Cobos cuestionaron con dureza la determinación del presidente de nombrar por decreto a dos jueces para integrar la Corte Suprema.
El senador radical e integrante de la comisión de Acuerdos Constitucionales de la Cámara Alta nacional, Julio Cobos, salió al cruce del proceder presidencial.
"Creo que es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto [y no a través de un envío al Senado y una convocatoria a (sesiones) extraordinarias si es que hay celeridad", cuestionó el ex vicepresidente en declaraciones radiales.
En este sentido, predio las luces de alerta: "Es una equivocación y sienta un precedente muy siniestro, muy malo, porque cualquier Presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano".
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El líder del Frente Renovador enfatizó: "No veo la urgencia de que la situación amerite las designaciones por decreto en comisión". 
"Los nombres (de los designados) me parecen impecables, pero la forma me pareció horrible", enfatizó Massa respecto a la decisión de Macri.
 "¿Qué hubiese pasado si este decreto lo hubiese firmado el gobierno anterior?". 
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Zaffaroni, sobre los jueces de la Corte: "Me parece una barbaridad, lo que va a continuar es un caos"
El ex juez de la Corte Suprema de la Nación se refirió en diálogo exclusivo con Política Argentina a los polémicos nombramientos del presidente Mauricio Macri y los definió como "un abuso de autoridad". "Esto afecta a la república, y la democracia sin República puede ser un caos", expresó.
Este decreto determina que el Poder Ejecutivo nombra a sus jueces. Por sí y ante sí. Me parece una barbaridad directamente. Esto no afecta la democracia, afecta a la República directamente. Y la democracia sin República puede ser un caos.
Siempre la derecha fue menos liberal políticamente que nosotros. El peronismo primero fue un poco paternalista policial, eso es cierto. Pero nunca fusiló gente sin proceso, nunca bombardeó la Plaza de Mayo, nunca derogó una Constitución por decreto. El gorilismo sí. Y bueno, cuando vuelve el gorilismo tiene esas características.
¿Y considera que esto va a continuar? ¿Que efectivamente van a ser jueces de la Corte?
No lo sé, lo que va a continuar es un caos.
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Primeros plumazos del Führerprinzip
En el tercer día hábil de su mandato el presidente Maurizio Macrì designó a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión, una facultad que entiende comprendida en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que enumera las atribuciones del Poder Ejecutivo. Su inciso 19 dice que “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
 Solo podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia cuando “circunstancias excepcionales” hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución, y siempre que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. El inciso 4 agrega que el Poder Ejecutivo “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública”. Esto indica que los empleos del inciso 19 sólo comprenden a los militares y diplomáticos que son subordinados jerárquicos del Poder Ejecutivo. No puede suponerse que el constituyente haya abrogado sin más la división de poderes republicana, como Macrì intenta ahora.
El nombramiento de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti no sigue el trámite ordinario, sin que ninguna circunstancia excepcional lo justifique. El jefe supremo resuelve de un plumazo sobre la composición de otro poder del Estado, ya no respecto de leyes sino de mecanismos previstos por la propia Constitución en el mismo artículo, que no tiene un inciso sino veinte y que deben leerse como un todo armónico.
Macrì prometió en su discurso inaugural que no reclutaría a los nuevos jueces entre sus amigos, conocidos o partidarios, lo cual confirma la práctica de los dos ex presidentes Kirchner, que tuvieron tiempo de celebrarlo y tiempo de lamentarlo. Pero esto no garantiza la independencia de los magistrados. En el caso de Rosenkrantz es conveniente recordar que su estudio es uno de los que representaron al Grupo Clarín en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para analizar la constitucionalidad de la ley audiovisual, que Macrì también quiere derogar por decreto. La lista de clientes de su estudio es mucho más impresionante. Incluye también a YPF, Musimundo, América TV, Avila Inversora, Cablevisión, La Nación, la Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo; Grupo De Narváez, Core Security Technologies, Panamerican Energy, IRSA, Satlink, 5 a sec, los Fondos de Inversiones GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus; la productora de televisión MV, la de cine Mil Producciones; Arisco/Unilever; Control Systems Internacional; la desarrolladora inmobiliaria IRSA, las petroquímicas Dow y Cuyo, la trader Velleman & Tas BV, la transnacional de inspección, verificación, ensayos y certificación SGS; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Antártida, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; el fideicomiso de siembra Rumbo Norte; la minera canadiense Oromin; la telefónica Claro y la empresa de integración telefónica por Internet Networld Communications Inc; el instituto universitario Escuela Argentina de Negocios y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros.

Según el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, una ley no puede limitar la voluntad del presidente y el Poder Ejecutivo sigue reclamando por los medios la renuncia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por una ley que regula su duración, y de la Procuradora General de la Nación, que tiene protección constitucional.
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Martín Sabbatella, aseguró que la devaluación del peso, la designación express de jueces en el máximo tribunal y el avance contra la llamada ley de medios “están unidas” ya que “están buscando un blindaje judicial y mediático para avanzar sobre los derechos” adquiridos en los últimos años.
"No queremos poner palos en la rueda pero el límite es la Constitución”, dijo Héctor Recalde, jefe de la bancada de Diputados.
El ex ministro de Defensa Agustín Rossi en ese contexto manifestó que “Macri se pone en un lugar que es insostenible desde el punto de vista institucional” y que “se burla del discurso de las buenas formas y el diálogo” cuando decide “meter miembros de la Corte por la ventana”.
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Con términos muy duros, el Movimiento de Profesionales para los Pueblos presentó una acción de amparo y pidió la nulidad del decreto 85/2015 por medio del cual el presidente Mauricio Macri designó dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Caracterizándolo como un “golpe institucional”, el colectivo de abogados describe la disposición como “arbitraria” e “irregular” y señala que las “virtuales designaciones de facto” son “una grave violación al funcionamiento de la República” que busca “echar por tierra la independencia judicial”. 
Los abogados y las abogadas –muchos vinculados a causas de lesa humanidad– consideran que el problema es que el decreto sigue vigente con jueces ya designados por el Ejecutivo, sin el aval de controles y del procedimiento reglamentario.
 El objeto de la presentación es “que se declare la nulidad, ilegalidad, inconstitucionalidad, arbitrariedad manifiesta e inaplicabilidad del decreto N 83/2015 publicado en Boletín Oficial el 14/12/2015, ya que su dictado representa la afectación del funcionamiento republicano de la Carta Magna y la afectación de la seguridad jurídica, toda vez que toda decisión que adopte el máximo tribunal estará viciada de nulidad absoluta, lo que implica la afectación de nuestros derechos individuales”.
El dato del traspaso de la jura hacia febrero y la apertura en paralelo del proceso de evaluación de antecedentes de los jueces, no frenó la presentación de los amparos porque quienes las promueven consideran que son necesarios mientras el decreto no se derogue y siga vigente. Explican que el problema de ilegalidad ya está planteado porque el decreto ya los designó, y que la irregularidad ya está cometida. Entienden que el Ejecutivo debe someterse al modo normal de designación de jueces: esto es, enviar los pliegos de los candidatos al Senado con la puesta en marcha del decreto 222/03.
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Como vemos, el ex candidato republicanista Mauricio Macri se ha transformado sorprendentemente en cuestión de días (parodiando al Gran Dictador de la película de Charles Chaplin) en el "Gran Decretador"... salvo que uno haya prestado atención en la trayectoria y sus ocho años de gobierno en la ciudad de Macri. Para este humilde servidor público (y quien suele leer nuestras notas lo saben) estas medidas no son sorpresivas sino esperadas. Y le siguen otras más...

Mauricio Macri, "El Gran Decretador".

Luego de defender el republicanismo durante los años del kirchnerismo y luego de su afirmación en el discurso inaugural de que no habrá jueces macristas, Macri, ya presidente, acaba de pisar la Constitución al nombrar dos jueces para la Corte Suprema ¡por decreto! Ante esta especie de blitzkrieg judicial del macrismo en cinco días nos preguntamos: ¿se pasará de la Corte Suprema de la Mayoría Automática de Menem a la Suprema Corte de Empleados del Poder Ejecutivo de Macri? Parecería ser así de acuerdo a las palabras de Ernesto Sanz sobre las medidas de Macri: “Tiene todo el derecho a construir fortaleza de su gobierno”. Con el tiempo veremos si se cumplen nuestros presentimientos, pero primero repasemos lo que se dijo en los medios sobre este tema. Este lunes, el jefe de Estado nombró sin acuerdo del Senado al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Horacio Daniel Rosatti, y al rector de la Universidad de San Andrés, Carlos Fernando Rosenkrantz, como magistrados supremos. El jurista y ex diputado nacional radical, Ricardo Gil Lavedra, lamentó las designaciones de jueces de la Corte Suprema que Mauricio Macri firmó por decreto y aseguró que ese mecanismo es"innecesario" y "grave". "Sienta un precedente muy siniestro porque cualquier Presidente podría nombrar jueces durante el verano". "Quiero dejar a salvo a las personas, a los nombrados. Me parece que ha sido algo grave y me duele mucho. En un momento que estamos esperanzando por recobrar la buena moral institucional y un actitud como esta es un paso en falso grave", aseguró.
En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el decretazo "es un mecanismo de excepción que sólo se puede aplicar en una situación de urgencia verificable" y aseguró que "hoy no estamos en una situación así". Esta medida le hace daño a la institucionalidad".
Daniel Sabsay calificó la decisión de "disparatada" y alertó que es una iniciativa de "inconstitucionalidad manifiesta" por no pasar por la Cámara alta. "El inciso 19 del artículo 99, cuando dice que se puede designar en comisión empleos que requieren acuerdo del Senado, habla de empleos del Poder Ejecutivo como embajadores o altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca, de ninguna manera, es la cabeza de otro poder (del Estado). ¿Qué grado de independencia pueden tener personas que solo dependen del dedo del Poder Ejecutivo?", analizó el abogado constitucionalista en diálogo con radio América. "Ni siquiera a Cristina Kirchner se le ocurrió algo tan disparatado, ¿qué hubiéramos dicho si lo hacía ella? Me da mucha tristeza porque todos los pasos que dio Macri me han emocionado hasta las lágrimas y esto me horroriza", indicó Sabsay.
Barcesat: "Es un decretazo que carece de razonabilidad, demuestra que el discurso de campaña y los nuevos gestos no se corresponden".
El abogado y ex juez León Arslanian afirmó este martes que el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional "no se le aplica a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" ya que "no es un empleo público más".
Tras el escándalo que se armó por estas designaciones de jueces "empleados del Ejecutivo" en la Corte Suprema, el gobierno ahora deja en suspenso las mismas y dice que presentaría los pliegos ante el senado, pero aún sigue el decreto. Veremos...
No obstante, próximamente le seguirán los decretazos contra Gils Carbó (un cargo vitalicio) y Sabatella (un cargo inamovible hasta 2017) y para violar la Ley de Medios.
Sigamos con las voces que se alzaron contra este atropello a la República del partido que supuestamente defiende la misma:

Stolbizer: “Si esto lo hubiera hecho Cristina Kirchner, era un escándalo”.
La diputada salió a cruzar a Macri por la designación de los jueces de la Corte. El viernes se reunió con el Presidente. “Hablamos de temas de Justicia pero nunca mencionó esto”, le dijo a Letra P. 
“Tengo la obligación ética de decirlo, porque si esto mismo lo hubiera hecho Cristina Kirchner yo hubiera hecho un escándalo. Por eso me preocupa que muchos que lo hubieran hecho con Cristina, no lo hacen ahora”.
La diputada fue una de las primeras dirigentes en criticar con dureza el decreto del Presidente y consideró que la decisión “es dañina incluso” para él. “Es como rifar su capital político, la gente le dio un gran crédito, que no se puede usar para cualquier cosa”, dijo.
“¿Por qué lo hacen así, tan mal y de esta manera? Uno ya entra en el terreno de las especulaciones. A mí me da la impresión que hay en ellos una enorme necesidad de no mostrarse débiles frente al hecho de que no tienen mayoría en el Congreso pero de ninguna manera eso lo habilita al Presidente a violar la Constitución”, agregó.
Nota completa

Los socios políticos del PRO cuestionan a Macri: "Un precedente siniestro".
Importantes referentes de la UCR como Ricardo Gil Lavedra y Julio Cobos cuestionaron con dureza la determinación del presidente de nombrar por decreto a dos jueces para integrar la Corte Suprema.
El senador radical e integrante de la comisión de Acuerdos Constitucionales de la Cámara Alta nacional, Julio Cobos, salió al cruce del proceder presidencial.
"Creo que es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto [y no a través de un envío al Senado y una convocatoria a (sesiones) extraordinarias si es que hay celeridad", cuestionó el ex vicepresidente en declaraciones radiales.
En este sentido, predio las luces de alerta: "Es una equivocación y sienta un precedente muy siniestro, muy malo, porque cualquier Presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano".
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El líder del Frente Renovador enfatizó: "No veo la urgencia de que la situación amerite las designaciones por decreto en comisión". 
"Los nombres (de los designados) me parecen impecables, pero la forma me pareció horrible", enfatizó Massa respecto a la decisión de Macri.
 "¿Qué hubiese pasado si este decreto lo hubiese firmado el gobierno anterior?". 
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Zaffaroni, sobre los jueces de la Corte: "Me parece una barbaridad, lo que va a continuar es un caos"
El ex juez de la Corte Suprema de la Nación se refirió en diálogo exclusivo con Política Argentina a los polémicos nombramientos del presidente Mauricio Macri y los definió como "un abuso de autoridad". "Esto afecta a la república, y la democracia sin República puede ser un caos", expresó.
Este decreto determina que el Poder Ejecutivo nombra a sus jueces. Por sí y ante sí. Me parece una barbaridad directamente. Esto no afecta la democracia, afecta a la República directamente. Y la democracia sin República puede ser un caos.
Siempre la derecha fue menos liberal políticamente que nosotros. El peronismo primero fue un poco paternalista policial, eso es cierto. Pero nunca fusiló gente sin proceso, nunca bombardeó la Plaza de Mayo, nunca derogó una Constitución por decreto. El gorilismo sí. Y bueno, cuando vuelve el gorilismo tiene esas características.
¿Y considera que esto va a continuar? ¿Que efectivamente van a ser jueces de la Corte?
No lo sé, lo que va a continuar es un caos.
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Primeros plumazos del Führerprinzip
En el tercer día hábil de su mandato el presidente Maurizio Macrì designó a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia en comisión, una facultad que entiende comprendida en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que enumera las atribuciones del Poder Ejecutivo. Su inciso 19 dice que “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
 Solo podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia cuando “circunstancias excepcionales” hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución, y siempre que no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. El inciso 4 agrega que el Poder Ejecutivo “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública”. Esto indica que los empleos del inciso 19 sólo comprenden a los militares y diplomáticos que son subordinados jerárquicos del Poder Ejecutivo. No puede suponerse que el constituyente haya abrogado sin más la división de poderes republicana, como Macrì intenta ahora.
El nombramiento de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti no sigue el trámite ordinario, sin que ninguna circunstancia excepcional lo justifique. El jefe supremo resuelve de un plumazo sobre la composición de otro poder del Estado, ya no respecto de leyes sino de mecanismos previstos por la propia Constitución en el mismo artículo, que no tiene un inciso sino veinte y que deben leerse como un todo armónico.
Macrì prometió en su discurso inaugural que no reclutaría a los nuevos jueces entre sus amigos, conocidos o partidarios, lo cual confirma la práctica de los dos ex presidentes Kirchner, que tuvieron tiempo de celebrarlo y tiempo de lamentarlo. Pero esto no garantiza la independencia de los magistrados. En el caso de Rosenkrantz es conveniente recordar que su estudio es uno de los que representaron al Grupo Clarín en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para analizar la constitucionalidad de la ley audiovisual, que Macrì también quiere derogar por decreto. La lista de clientes de su estudio es mucho más impresionante. Incluye también a YPF, Musimundo, América TV, Avila Inversora, Cablevisión, La Nación, la Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo; Grupo De Narváez, Core Security Technologies, Panamerican Energy, IRSA, Satlink, 5 a sec, los Fondos de Inversiones GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus; la productora de televisión MV, la de cine Mil Producciones; Arisco/Unilever; Control Systems Internacional; la desarrolladora inmobiliaria IRSA, las petroquímicas Dow y Cuyo, la trader Velleman & Tas BV, la transnacional de inspección, verificación, ensayos y certificación SGS; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Antártida, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; el fideicomiso de siembra Rumbo Norte; la minera canadiense Oromin; la telefónica Claro y la empresa de integración telefónica por Internet Networld Communications Inc; el instituto universitario Escuela Argentina de Negocios y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros.

Según el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, una ley no puede limitar la voluntad del presidente y el Poder Ejecutivo sigue reclamando por los medios la renuncia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, creada por una ley que regula su duración, y de la Procuradora General de la Nación, que tiene protección constitucional.
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Martín Sabbatella, aseguró que la devaluación del peso, la designación express de jueces en el máximo tribunal y el avance contra la llamada ley de medios “están unidas” ya que “están buscando un blindaje judicial y mediático para avanzar sobre los derechos” adquiridos en los últimos años.
"No queremos poner palos en la rueda pero el límite es la Constitución”, dijo Héctor Recalde, jefe de la bancada de Diputados.
El ex ministro de Defensa Agustín Rossi en ese contexto manifestó que “Macri se pone en un lugar que es insostenible desde el punto de vista institucional” y que “se burla del discurso de las buenas formas y el diálogo” cuando decide “meter miembros de la Corte por la ventana”.
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Con términos muy duros, el Movimiento de Profesionales para los Pueblos presentó una acción de amparo y pidió la nulidad del decreto 85/2015 por medio del cual el presidente Mauricio Macri designó dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Caracterizándolo como un “golpe institucional”, el colectivo de abogados describe la disposición como “arbitraria” e “irregular” y señala que las “virtuales designaciones de facto” son “una grave violación al funcionamiento de la República” que busca “echar por tierra la independencia judicial”. 
Los abogados y las abogadas –muchos vinculados a causas de lesa humanidad– consideran que el problema es que el decreto sigue vigente con jueces ya designados por el Ejecutivo, sin el aval de controles y del procedimiento reglamentario.
 El objeto de la presentación es “que se declare la nulidad, ilegalidad, inconstitucionalidad, arbitrariedad manifiesta e inaplicabilidad del decreto N 83/2015 publicado en Boletín Oficial el 14/12/2015, ya que su dictado representa la afectación del funcionamiento republicano de la Carta Magna y la afectación de la seguridad jurídica, toda vez que toda decisión que adopte el máximo tribunal estará viciada de nulidad absoluta, lo que implica la afectación de nuestros derechos individuales”.
El dato del traspaso de la jura hacia febrero y la apertura en paralelo del proceso de evaluación de antecedentes de los jueces, no frenó la presentación de los amparos porque quienes las promueven consideran que son necesarios mientras el decreto no se derogue y siga vigente. Explican que el problema de ilegalidad ya está planteado porque el decreto ya los designó, y que la irregularidad ya está cometida. Entienden que el Ejecutivo debe someterse al modo normal de designación de jueces: esto es, enviar los pliegos de los candidatos al Senado con la puesta en marcha del decreto 222/03.
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Como vemos, el ex candidato republicanista Mauricio Macri se ha transformado sorprendentemente en cuestión de días (parodiando al Gran Dictador de la película de Charles Chaplin) en el "Gran Decretador"... salvo que uno haya prestado atención en la trayectoria y sus ocho años de gobierno en la ciudad de Macri. Para este humilde servidor público (y quien suele leer nuestras notas lo saben) estas medidas no son sorpresivas sino esperadas. Y le siguen otras más...