Mirar al futuro o volver al pasado

No cabe duda que las elecciones del 28A son trascendentales. Quizá las más importantes desde la transición democrática. Nos jugamos mucho, construir un futuro progresista y de izquierda o perder gran parte de las conquistas sociales y políticas de los últimos años. 

El resurgir de la ultraderecha está haciendo cambiar el mapa político español y a la vez condicionar las políticas de la derecha tradicional. Para evitar pérdida de votos PP y C's están derechizando tanto sus propuestas políticas que, no solo, están dejando vacío el centro político, sino que, están haciendo crecer las expectativas electorales de esa ultraderecha. 

Por eso en estas elecciones generales no puede suceder lo que pasó en Andalucía, que una parte del electorado progresista y de izquierdas se quedó en caso, no votó y con ello posibilitó el gobierno de las tres derechas. Ya sabemos las consecuencias de ese error, aplicación de políticas socialmente regresivas y políticas económicas que benefician solo a los poderosos. 

Eso no puede volver a ocurrir, porque si el trifachito llega a gobernar España el retroceso social y político sería bestial. Hay que ir a votar aunque sea con una pinza en las narices. No es momento de pasar factura por errores pasados, porque no votar significa que el trifachito si que va cumplir sus promesa electorales. Y ya sabemos lo que eso significa. 

Las mujeres verán recortadas su posibilidades de igualdad, volveremos a que se considere la violencia de género como en los tiempos de los crímenes pasionales y en el mejor de los casos aplicarán eso que llama Ciudadanos como feminismo liberal, que no es otras cosa que cada cual se lo defienda como pueda. 

Los Pensionistas no tendrán garantizada la revalorización de sus pensiones y el trifachito forzará a que el estado sólo cubra una parte mínima de la pensión y que el resto cada cual se lo busque en los fondos privados de pensiones. 

Los trabajadores seguirán con la reforma laboral del Partido Popular y darán un nueva vuelta de tuerca para que los empresarios tengan mayor poder de decisión en las relaciones laborable y puedan obtener mayores beneficios a costa de aumenta la precariedad laboral.

Los jóvenes seguirán sin futuro porque seguirán en la línea de que se busquen el futuro fuera de España.

La mayoría social será engañada con la rebaja de impuestos. Un rebaja de impuestos que significa un menor ingreso en la Hacienda Pública (16.000 millones a prometido el Partido Popular). Y con eso justificarán el "necesario" recorte en sanidad, educación, dependencia y en general en todo lo que signifique estado del bienestar. Porque claro si no hay suficientes ingresos no tendrán más remedio que apretarnos el cinturón de nuevo a los de siempre. 

Esa es la vuelta al pasado que nos espera si nos ponemos muy finos y nos quedamos en casa y no vamos a votar el 28. Porque ellos si van a votar para el que voto del todas las derechas pueda sumar una mayoría que les posibilite gobernar. Hay que ir a votar para que todos los votos progresistas y de izquierdas sumen para que se puedan constituir un gobierno progresista y de izquierda. Ya habrá tiempo de ajustar cuentas más adelantes por los errores pasados. Porque si no, las cuentas nos las ajustarán a nosotros. 

Los sindicatos de clase, CCOO y UGT, lo tienen muy claro en esta ocasión junto con el mundo de la cultura afirman que "estas no son una elecciones mas, sino que son una elecciones trascendentales". Por eso, en palabras de Unai Sordo “nos jugamos mucho. Los riesgos para los derechos y libertades democráticas son mayores que nunca. Por ello, hay que decirle a la gente que quedarse en casa el 28 de abril no es una opción. Hay que ir a votar y reforzar en las urnas mayorías progresistas que acometan políticas para cambiar tanta desigualdad y precariedad, y construir el país que queremos desde parámetros progresistas, de cohesión social y desarrollo democrático”

Hay que votar porque las alternativas son: 

MIRAR AL FUTURO O VOLVER AL PASADO

Salud, República y Socialismo.

Las movilizaciones de los pensionistas son políticas

Fátima Bañez, la ministra del Desempleo, Rajoy, el PP y toda su legión de voceros tertulianos se han lanzado a una campaña de descalificación obsesiva de las movilizaciones de los pensionistas y jubilados en defensa de las pensiones y del mantenimiento de su poder adquisitivo. 

Su sucio argumento es el tan manido de siempre: "son movilizaciones políticas y detrás de ellas están los sindicatos, el PSOE y Unidos Podemos". Y a la izquierda parece que le da vergüenza llamar a las cosas por su nombre. Porque llevan razón, son movilizaciones políticas y están apoyadas por las organizaciones políticas de la izquierda y por los sindicatos como CC.OO. y UGT y otros sindicatos minoritarios. 

Y es que no puede ser de otra manera. Son movilizaciones políticas porque responden a actuaciones políticas emanadas del Parlamento y promovidas por el PP y C's. Por tanto la respuesta a esas actuaciones son respuestas políticas. Es la repuesta política del PP y apoyada por C's a la salida de la crisis. Una respuesta política basada en sus principios políticos que pasa porque el esfuerzo de la salida de la crisis económica esté siendo soportado exclusivamente por la clase trabajadora y los más desfavorecidos de la sociedad y por eso reducen los salarios, reforman a legislación laboral para prevaricar el empleo y recortan, la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones.

Ellos se piensan (PP y C's) que la política se hace solo en el parlamento. ¡Pues NO! La política se hace también desde la calle, dando respuestas políticas a la agresiones políticas de los poderes públicos. ¡Cuantas tropelías se han cambiado desde la calle. Eso es lo que ellos temen! Por estas razones no nos debemos quedar sin respuesta cuando nos acusen de que nuestras motivaciones en defensa de nuestro sistema público de pensiones son políticas. Debemos estar muy orgullosos de dignificar la política con nuestras movilizaciones. Las que ellos pretende denigrar utilizando de manera torticera la palabra política.

Y claro que las organizaciones políticas de la izquierda y los sindicatos apoyan nuestras movilizaciones. ¿Quien las va a apoyar si no? No esperaríamos que la FAES las apoyase, ni el Círculo de Empresarios, ni la CEOE, ni las monjitas de la caridad, ni los medios de comunicaciones domesticados. Nos apoyan las organizaciones que pública e históricamente han defendido un buen sistema público de pensiones y unas pensiones dignas y que mantengan de manera permanente su poder adquisitivo.

Por tanto dejemos ya de candidez y no nos avergoncemos en reconocer que nuestras movilizaciones son políticas, porque políticas son las motivaciones que llevan a PP y C’s a degradarlas, para así poder favorecer los fondos privados de pensiones, donde sus amiguitos se pueden enriquecer a nuestras costa.

Digámoslo alto y claro:

NUESTRAS MOVILIZACIONES SON POLITICAS Y ESTÁN APOYADAS POR LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA IZQUIERDA Y POR LOS SINDICATOS.

Salud República y Socialismo.

En marcha por las pensiones

Desde que en 2013 el Partido Popular reformó de manera unilateral el sistema de pensiones, en contra incluso del Pacto de Toledo, estas no han hecho mas que perder poder adquisitivo y continuarán haciéndolo mientras no se derogue dicha reforma.

Garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones; asegurar la revalorización de las pensiones para que no sigan perdiendo poder adquisitivo; derogar la reforma de 2013 aprobada unilateralmente por el Gobierno del PP, y abrir un proceso de negociación que garantice el presente y futuro del sistema de Seguridad Social, son las principales reivindicaciones de las marchas de jubilados y pensionistas de CCOO y UGT, que desde el 30 de septiembre recorren a pie las principales ciudades del país, y confluirán en una gran concentración en Madrid el 9 de octubre.

Cinco columnas recorren los caminos y carreteras de España desde Asturias, Galicia, Cantabria, Comunidad Valenciana y Andalucía para unirse en Madrid, el 9 de octubre, en un gran acto sindical que se celebrará en la Puerta del Sol. El permanente desprecio del Partido Popular a la precariedad de la mayoría de los pensionistas y jubilados y a la insistencia en un sistema de pensiones que solo garantiza el deterioro permanente y continuo del sistema es lo que ha motivado llevar a cabo esta iniciativa.

El Partido Popular lo fía toda a la creación de empleo como medio para garantizar era sostenimiento del sistema publico de pensiones, pero la realidad es otra. No basta con que crezca el empleo si la dinámica del mercado de trabajo español implica la constante disminución de los empleo fijos y de calidad y son reemplazados por empleos precarios, en malas condiciones y con salarios de miseria. El sistema público de pensiones español se sostiene solo con las cotizaciones de trabajadores y empresario. Si los salarios de los trabajadores son cada vez más bajos, por mucho que crezca los empleos los ingresos de la Seguridad Social irán disminuyendo de manera permanente. Es cierto que la mejor garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones es el crecimiento del empleo pero con la premisa de que el empleo que se genere sea con trabajo y salarios dignos. 

Hoy la realidad de nuestro sistema público de pensiones es la siguiente:

• Las pensiones pierden poder adquisitivo y solo se revalorizan un 0,25% cada año.
• La pensión media se sitúa en 918 euros mensuales y la más frecuente en 650.
• El 50% de los pensionistas no llega al SMI y el 38% vive bajo el umbral de la pobreza.
• Las pensiones son la fuente de ingresos de más de 9 millones de personas.
• 4 de cada 10 pensiones han contribuido a sostener a sus familias durante la crisis.
• La ineficacia del Gobierno del PP para abordar el desequilibrio financiero de las cuentas de la Seguridad Social, consumiendo anticipadamente el Fondo de Reserva.

Defender el sistema público de pensiones no es solo un objetivo de los actuales pensionistas y jubilados, sino del conjunto de trabajadores y trabajadoras del estado español, porque alguna vez todo/as llegarán a integrar el sistema público de pensiones. Por eso es imprescindible  el apoyo de toda la sociedad a esta movilización, para que se deroga la reforma de 2013 y se establezca un sistema justo de prestaciones que garantice una pensión digna y el mantenimiento del poder adquisitivo del conjunto  de las pensiones.

Acudamos a la manifestación que podrá fin a la marcha por la pensiones el lunes día 9 de octubre a las 11,30 horas desde la Glorieta de Atocha a la Puerta del Sol.

Salud República y Socialismo.

Un primer paso para un Renta Mínima Garantizada

El pasado dia 2 de febrero el Congreso aprobó la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por CCOO y UGT para implantar una Renta Mínima Garantizada para todos aquellos/as desempleados/as que no perciban prestación. Como no podía ser de otra manera con el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos.

La ILP venía refrendada con el apoyo de la firma de más de 700.000 trabajadores/as. El retraso en la formación del gobierno propició el retraso del debate parlamentario de esta propuesta. Con la excusa de la crisis el Partido Popular impuso una reforma laboral que no ha hecho más que favorecer el despido fácil y el incremento de la precariedad laboral en España. Esto había dejado en la cuneta a millones de trabajadores y trabajadoras que no solo veían como perdían sus puestos de trabajo, sino que pasado un tiempo se quedaban sin prestación alguna, porque el estado, el Partido Popular, se desentendía de ellos/as.

La ILP propiciada por CCOO y UGT pretende contrarrestar en parte los efectos de la crisis y de las medidas legislativas del Partido Popular. Se trata de contrarrestar las injusticias sociales provocadas durante la negra legislatura de Rajoy y el Partido Popular. Se trata en definitiva de rescatar a las personas que más habían sufrido los efectos de la crisis económica y la legislación antilaboral del PP. Restituir la deuda social que el estado había contraído con los/as desamparados/as de la crisis económica.

La aprobación de la tramitación de la ILP es solo un primer paso. Pero un primero paso que se ha visto ensombrecido en primer lugar por el desprecio del gobierno del Partido Popular hacia los desempleados sin prestación al no estar presente en el debate ningún miembro del Consejo de Ministros. Eso da ya una idea de lo que les importa a los miembros del gobierno y al Partido Popular la situación de los/as desempleados/as españoles/as. Y en segundo lugar manifestando su rechazo, del Partido Popular y Ciudadanos, a que la ILP se tramitara como una ley. La excusa, de ambos, era el coste económico de la propuesta. Los 12.000 millones de € de la propuesta les debe parecer excesivo frente a los más de 60.000 millones de € del rescate de la banca, las decenas de miles de millones de € del rescate de autopistas y otras empresas privadas, las decenas de miles de millones de € que anualmente se dejan de ingresar por la deficiente lucha contra el fraude fiscal y los miles de millones que se han perdonado en la amnistía fiscal de Montoro.

No es un problema de dinero. Es un problema de voluntad política. Solamente con la reforma fiscal que incluye la ILP sería más que suficiente para financiar la Renta Mínima Garantizada. Pero además, desde el inicio de la crisis, el gobierno ha reducido el importe de la prestación por desempleo en 30.000 millones de euros anuales. Y además la implantación de la ILP tendría una ventajas sociales y económicas importantes. Primero porque esos 12.000 millones de euros harían incrementar el consumo y por tanto el PIB y la creación de empleo, lo que llevaría a ir reduciendo año a año el importe de la prestación y de desempleados/as. Y en segundo lugar porque la prestación haría que mejorasen la condiciones laborales y salariales del conjunto de los trabajadores. Porque nadie se vería obligado a trabajar por salarios de miseria y en condiciones laborales de explotación. 

Ese es el quid de la cuestión por el que tanto Partido Popular como Ciudadanos rechazaron la tramitación de la ILP. Porque en el fondo a ambos les gustaría perpetuar la condiciones de precariedad y bajos salarios de los actuales empleos, ya que de esta manera el ejercito de parados se seguiría viendo obligado a aceptar esas regresivas condiciones laborales y salariales que el PP ha impuesto durante la crisis económica y que parece que gustan a C's. Se trata de perpetuar en nuevo estrato social, el precariado o trabajadores pobres, los que trabajan pero que están por debajo del umbral de la pobreza. Y de esa manera, también, se fuerza a los trabajadores con "empleo" a ser sumisos y no reivindicativos.

Pero además no se pretende siquiera sacar de la pobreza a los trabajadores sin prestación. Se pretende que los/as desempleados/as de larga duración tengan derecho a un mínima prestación. Estas son las condiciones para percibir la prestación:

• Tener entre 18 y 65 años de edad.
• Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho de forma ininterrumpida en los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de la prestación. Este período de residencia no será exigible a las personas víctimas de trata de seres humanos ni a las víctimas de violencia de género.
• Carecer de recursos económicos individuales y de los miembros de la unidad familiar (ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluidas las pa- gas extraordinarias; esto es 5.837euros/año ó 486 euros/mes) 
• No percibir prestaciones por desempleo.
• Encontrarse inscrito como demandante de empleo, al menos durante los doce meses anteriores a la solicitud de la prestación de ingresos mínimos de forma ininterrumpida. 

Quienes cumplan estas condiciones tendrían derecho a una prestación de 426€ mensuales mientras dure su situación. 

Los gobierno están para solucionar, sobre todo, los problemas a los más desfavorecidos/as. En este caso a los que la crisis económica y las políticas de un gobierno insolidario han dejado en la cuneta. Hoy, producto de esa crisis económica, sigue habiendo más de 4 millones de desempleados/as, de los cuales en torno a 2,4 millones ( el 62% mujeres) no perciben prestación alguna. La sociedad tiene una deuda moral con todos/as ellos/as. Esa deuda se puede compensar en parte con la ILP propiciada por CCOO y UGT.

No va a ser una camino fácil el de la tramitación parlamentaria. Tanto PP como C's harán todo lo posible para que no se apruebe y continue habiendo millones de personas excluidas socialmente. Ya lo ha advertido Fernández Toxo, Secretario General de CCO: “Espero que el Gobierno no juegue al filibusterismo parlamentario y con maniobras dilatorias retrase o, incluso, haga decaer esta Iniciativa tan necesaria para cubrir las necesidades de millones de personas”. Por eso los sindicatos no deben bajar la guardia y junto al debate parlamentario se debe dar también el debate en los centros de trabajo, en las oficinas de empleo, con los desempleados y las movilizaciones. Que el PP y C's sientan en el cogote el aliento de los trabajadores y desempleados. 

Esto no ha hecho más que empezar.

Salud, República y Socialismo

Una ILP necesaria

La crisis económica ha sido la excusa con la que el Partido Popular ha justificado su política de recortes sociales y económicos. La reforma laboral fue el medio para abaratar  el salario, la indemnización por despido y degradar las condiciones laborales de los trabajadores. Todo ello ha generado más de cinco millones de desempleados y lo más grave es que más de 2 millones de ellos no perciben prestación o subsidio alguno. 

En este contexto se enmarca la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por CCOO  y UGT. Una ILP que tiene por objeto dotar de unos ingresos mínimos a esos más de 2 millones de personas que  hoy carecen de ellos. El gobierno del Partido Popular ha abandonado a los millones de personas que la crisis económica a llevado a la miseria y la exclusión social. Sus políticas han llevado a que cada vez la cobertura de la prestación por desempleo llegue a menos persona (solo 4 de cada 10 parados según la EPA) y que la cuantía de la misma sea menor que al inicio de la crisis. Para ellos la salida a la crisis económica consistía solo en que lo poderosos y las grandes empresas resultasen beneficiados en el reparto del PIB durante la crisis económica. Por ello se han preocupado de legislar para que la brecha de las desigualdades económicas y sociales se incremente con la excusa de la crisis.

Se trata, por medio de la ILP, de iniciar el rescate de los millones de personas que la crisis ha dejado en la cuneta. Casi 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, de ellos 3 millones padecen pobreza extrema. La crisis ha disparado el numero de hogares en que todos sus miembros están en paro, el de la tasa de desempleo juvenil y el numero de parados de larga duración. Y ante esta situación las rentas de inserción solo llegan al 5,48% de las personas que lo necesitan. Por eso se hace necesario legislar, que todas las personas con escasa o nula cobertura social perciban una prestación de ingresos mínimos.

El contenido de la propuesta seria el siguiente:

• Dar cobertura a 2,1 millones de personas que pudiendo y queriendo trabajar no pueden hacerlo y carecen de cualquier tipo de prestación.
• La cuantía de la prestación se establecería en el 80% del IPREM, actualmente sería de 426€. Su duración se mantendría mientras se mantengan la condiciones que dan acceso a la prestación.
• La prestación seria incompatible con las prestaciones tanto contributivas como no contributivas de Seguridad  Social, pero compatible con el resto de rentas, siempre que sean inferiores en cómputo anual a la 75% del SMI.
• La financiación correría a cargo de los presupuestos generales del Estado y su coste anual estimado en torno a los 11.000 millones de euros.

Para hacer realidad que esta propuesta sea debatida y en su caso aprobada por el Parlamento español es necesario la recogida de 500.000 firmas. El momento es el oportuno porque sería deseable que la misma entrara en el debate de los programas electorales de los partidos de cara a las próximas elecciones generales. Que cada organización política tome posición ante lo que es de ley, rescatar a las personas y combatir la desigualdad. Ya se que el objetivo no es muy ambicioso, pero para quien no percibe prestación alguna sería una tabla de salvación que esta propuesta sindical viera la luz lo antes posible. 

Firmar esta propuesta, para que sea posible su debate parlamentario, es un acto de solidaridad con todas aquellas personas que el Partido Popular a dejado abandonadas en la cuneta con la excusa de la crisis económica. Les haríamos una flaco servicio a esas personas si valorásemos mas quienes son los proponentes de la ILP y no en el objetivo que persigue, que no es otro que rescatar a las persona y combatir la desigualdad. La ILP no se hace para mayor gloria de los sindicatos, si no para salvar a las personas sin recursos.

Salud República y Socialismo.

¿Era necesario que los sindicatos le firmaran un pacto al gobierno'

El pasado lunes, con el ampuloso nombre de “Programa Extraordinario de Activación para el Empleo de los parados de larga duración”, sindicatos, patronal y gobierno firmaron un pacto que a mi modo de entender solo sirve para lavar la cara a Rajoy y el PP.

Primero no es un programa para los parados de larga duración, sino para un parte de ellos. Los parados que  hayan percibido alguna prestación, lleven más de 6 meses sin percibirla, tengan cargas familiares y su renta percapita no supere el 75% del salario mínimo. Es decir que de los más de 2 millones de parados que no perciben prestación alguna tan solo tendrán derecho a percibir la nueva ayuda, durante seis meses, un máximo de 450.000.

Esto supondrán un desembolso por parte del estado de entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Es sorprendente la cicatería con que el estado maneja los dineros públicos cuando se trata de ayudar a los más desfavorecidos por la crisis económica y lo poco que le cuesta cuando se trata de salvar bancos o cajas de ahorro o indemnizar a empresas como ACS por el caso Castor, que supuso un desembolso exprés de 1.350 millones de euros. La ampliación a todos los parados que no cobran prestación alguna sería mucho menos que lo que el estado dejara de ingresar el año que viene por las rebajas fiscales del P.P.

Es inconcebible que se haga electoralismo con los impuestos cuando quedan muchas necesidades sociales que cubrir en este país. Necesidades creadas fundamentalmente por la gestión de la crisis económica que ha impuesto el P.P. a base de recortes sociales. Y que ahora de nuevo se utilice, a 10 meses vista de las próximas elecciones generales y a cinco de la autonómicas y municipales, un pacto de prestaciones para que el PP. trate de lavar su manchada imagen de tres años de legislación retrograda. 

Pero lo grave de todo es que los verdaderos beneficiarios de este pacto, al margen de los trabajadores que tengan acceso a la prestación, son los empresarios. Ya que la percepción de la prestación será compatible con la realización de un trabajo y el empresario que contrate, de manera indefinida o temporal, a uno de los perceptores se podrá deducir del salario los 426 euros de la prestación. Estamos de nuevo ante una nueva subvención a los empresarios para seguir precarizando el mercado laboral. Dinero público que nuevamente va a las arcas empresariales. Porque la deducción podría tener su lógica si se tratase de contratos indefinidos, pero no cuando sean contratos temporales; que seguramente será la realidad de estas contrataciones.

Por todas estas cosas yo no comparto la necesidad de que los sindicatos hayan avalado un pacto que a ellos no les aporta ninguna credibilidad. Yo entiendo que los sindicatos tienen que estar en todos los foros donde se discutan asuntos que atañen a trabajadores parados o no, pero eso no significa que deban dar su aval a cualquier tipo de pacto. Porque de este pacto poco se ha arrancado al gobierno de sus posiciones iniciales. El gobierno del P.P. es el responsable, junto con los empresarios, de la situación que padecen los más de 4,5 millones de parados registrados y por tanto son a ellos a los que hay que exigir soluciones reales y no parches de esta naturaleza. 

Los sindicatos no pueden olvidar sistemáticamente a colectivos de trabajadores en situación de exclusión social que no sean los parados con cargas familiares. Y sobre todos deben tener un nivel de exigencia  equivalente a la situación social del país. No se puede pactar con un gobierno que niega la protección social mientras hace rebajas fiscales electoralistas o ayuda sin limites a sectores empresariales que son corresponsales de la crisis económica. Si el gobierno del P.P. quiere jugar a eso, que juegue. Pero los sindicatos no deberían entrar a ese juego, porque al final los perdedores son siempre ellos. 

Salud, República y Socialismo