Nuevo sistema de justicia penal

En el presente artículo, el Dr. Narvaja lleva a cabo un análisis sobre la competencia de las provincias en materia de lavado de activos de origen ilícito y plantea una crítica a la doctrina “Renga” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La misma tiene como regla a la jurisdicción ordinaria y a la federal como excepción. Con base en esa manera de distribución de competencias se interpreta la asignación de jurisdicción cada vez que el Código Penal se modifica, agregando algún nuevo tipo penal.

El autor contextualiza el tema mediante críticas y argumentos sobre el caso “Renga”. Además, desarrolla la posterior jurisprudencia en casos de conflictos negativos de competencia. Narvaja analiza esta cuestión porque la interpretación que se promueve a partir de la doctrina “Renga” supone privar a los Estados Provinciales de las herramientas que otorga a la administración de justicia el sistema de persecución del delito de lavado de activos. A su vez, el autor agrega que el tema estudiado plantea un problema de distribución de poderes entre las entidades provinciales y el Estado Nacional, que solo puede resolverse atendiendo a los postulados del federalismo.

In this article, Dr. Narvaja carries out an analysis on the competence of the provinces in the matter of money laundering of illegal origin and raises a criticism of the "Renga" doctrine of the Supreme Court of Justice of the Nation (CSJN ). It has as a rule the ordinary and federal jurisdiction as an exception. Based on this way of distributing powers, the assignment of jurisdiction is interpreted each time the Criminal Code is modified, adding some new criminal type.

The author contextualizes the issue through criticism and arguments about the "Renga" case. In addition, it develops subsequent jurisprudence in cases of negative competition conflicts. Narvaja analyzes this issue because the interpretation that is promoted from the "Renga" doctrine means depriving the Provincial States of the tools granted to the administration of justice by the system of prosecution of the crime of money laundering. In turn, the author adds that the subject studied poses a problem of distribution of powers between provincial entities and the National State, which can only be resolved in response to the postulates of federalism.

Todo un proceso histórico el que se ha vivido para ir construyendo una agenda legislativa desde el año 1985 y el denominado proceso de democratización. Hoy, en 2021, las agendas son regresivas a este proceso, opuestas a los intereses de la paz y de los compromisos en derechos humanos. El escrito busca contribuir al conocimiento de dicho proceso y los cambios axiológicos, institucionales y normativos.

La técnica especial de investigación de agente encubierto es un instrumento de política criminal internacional legitimado bajo el supuesto de ser el medio idóneo para la lucha eficaz contra la criminalidad organizada y mecanismo para otorgar seguridad a la comunidad internacional en la lucha contra los crímenes en una sociedad globalizada. La criminalidad organizada es el enemigo internacional declarado al que se le aplican dispositivos de control y vigilancia; dispositivos que progresivamente se han ido aplicando a otros tipo de criminalidad para la cual no fueron previstos, limitando en consecuencia otros derechos de la ciudadanía en general, permeando las investigaciones penales de delitos diferentes y en lugar de ser un instrumento de averiguación de la verdad en el proceso penal se convierte en dispositivo de vigilancia y control social.

Al coexistir dicha política de control y el valor normativo de los derechos fundamentales en los Estados constitucionales sociales de derecho, se genera una tensión entre derechos y eficacia que se debe resolver con base en la protección material de éstos, restringiendo y controlando, en mayor grado, la injerencia del Estado en las prerrogativas iusfundamentales. El sistema constitucional colombiano desarrolla las políticas de lucha contra la criminalidad en un contexto de indeterminación normativa y escasa claridad legal sobre su ámbito de aplicación, razón por la cual, las técnicas especiales de investigación deben ser controladas judicialmente y con criterios de proporcionalidad definidos previamente por el legislador, en este sentido, se debe: 1) fortalecer el proceso penal como un escenario de garantías y protección de derechos en el marco del constitucionalismo contemporáneo, 2) La aplicación de las técnicas especiales y la política criminal eficientista se debe ejecutar con base en controles judiciales previos que garanticen la menor injerencia y la mayor protección de los derechos fundamentales, 3) el agente encubierto como instrumento de lucha eficaz contra la criminalidad niega los principios y derechos previstos en un proceso penal de la constitución, y 4) las injerencias y negación de principios iusfundamentales hacen que la figura tenga fuertes reparos de constitucionalidad, no obstante ello, en cumplimiento de compromisos internacionales, el Estado colombiano las debe delimitar y reglamentar para que su uso sea restringido y solo en aquellos supuestos en los que cumpla los fines para los que ha sido prevista.

Resumen. La implementación del sistema penal acusatorio significó
un cambio trascendental en la procuración y administración de justicia
que no ha estado exento de retos.
Probablemente una de las tareas más difíciles es precisamente la capacitación tanto en la materia como en la enseñanza de la Victimología.
Esto, porque el sistema constituye un cambio de foco en torno a cómo
se había estado observando el sistema punitivo mexicano y la posición
que la víctima había ocupado hasta hace poco. Es por ello que el presente
artículo incide en los procesos de enseñanza de la Victimología en el macro del nuevo sistema.

Abstract. The implementation of the accusatory criminal system
meant a transcendental change in the implementation and administration
of justice that has not been happening without challenges. Probably
one of the most difficult tasks is precisely training both: the field
and the teaching of Victimology.
This is, because the system constitutes
a change of focus around
how the Mexican punitive system
had been observed and the position
that the victim had occupied
until recently. That is why this article
affects the processes of teaching
Victimology in the macro spectrum
of the new system.

La Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, constituye una de las estrategias más importante que en materia de política criminal se ha presentado en el Estado mexicano en los últimos cuarenta y cinco años, siendo por lo tanto un verdadero hito jurídico en la vida democrática de México. En la República mexicana las legislaciones penal sustantiva, procesal penal y de ejecución de sanciones que estuvieron vigentes a partir de la tercera década del siglo pasado, otorgaron facultades a los órganos del sistema de justicia penal que les permitían actuar con plena arbitrariedad y con una doctrina de facto que el subsistema judicial se encargaba de legitimar, confundiendo la arbitrariedad de los actos de autoridad con una mal llamada discrecionalidad, situación que llevó a la existencia de una sociedad débil y sumisa frente a las decisiones arbitrarias del poder político en turno.

El presente trabajo, describe el modo en que algunas lógicas eficientistas se han posicionado en el sistema penal español. Con este objetivo, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura político-criminal sobre la materia. Asimismo se han examinado las Circulares de la Fiscalía General del Estado, diversos informes sobre la Nueva Oficina Judicial (NOJ), estadísticas judiciales y los anteproyectos de códigos procesales penales (2011, 2013 y 2020), entre otras informaciones atinentes. De este modo determinamos tres ámbitos para observar este fenómeno: 1) en la literatura político-criminal respectiva; 2) en el intento de implementar un “gerencialismo orgánico” manifestado en la denominada Nueva Oficina Judicial; y 3) en el sistema de justicia negociada en España, especialmente en las conformidades. Concluimos que: a) A pesar de los escasos estudios sobre el gerencial/eficientismo en España, su penetración es indudable. Ciertamente de manera diferente a otros contextos (angloamericano y latinoamericano); b) La consolidación de un modelo eficientista de rasgos aceleracionistas de la justicia criminal se configura no solo debido a factores jurídicos, sino también a elementos socio-económicos, tecnológicos, y criminológicos; c) Su principal manifestación se observa en los procedimientos rápidos y en el modelo de conformidades (modo de terminar el litigio en el 70 % de las causas ordinarias y en el 90 % de los juicios rápidos); d) Los intentos de transformar toda la dimensión organizacional de la justicia penal no se han concretado.

SUMARIO: I. La insatisfacción y la ineficiencia del sistema procesal penal como mal globalizado. II. Un paréntesis en la lucha por las libertades: los acontecimientos del 11 de septiembre. III. La celeridad y la eficiencia en las reformas procesales penales. IV. Medios específicos que favorecen la celeridad: 1. Descriminalización de conductas penales. 2. Mediación penal y protección a las víctimas. 3. Conformidad del acusado. A. En el trámite de formulación de la acusación. A.1. Procedimiento abreviado. A.2. En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. B. En el acto del juicio oral. C. Irrecurribilidad de las sentencias de conformidad. 4. Límites temporales de la instrucción y preparación del juicio oral. Consecuencias. 5. Potenciación de procedimiento breves, abreviados o simplificados.

Este artículo pretende mostrar la complejidad de la sentencia penal en México junto con un panorama de inclusión de los softwares predictivos de aquella. Se resaltan las características que identifican al juez humano y al procesador para un trabajo conjunto o, incluso, advirtiendo la sustitución del humano en el dictado de sentencias penales.

Este artículo indaga sobre la construcción de la categoría de esponsabilidad penal juvenil por parte de operadores comunitarios de un conjunto heterogéneo de instituciones, que trabajaban con un centro de referencia de la provincia de Buenos Aires durante el año 2015. En ese centro se implementan medidas alternativas a la privación de la libertad, dirigidas a jóvenes de 16 y 17 años comprometidos penalmente en delitos. La investigación utiliza técnicas cualitativas (entrevista en profundidad y análisis del discurso) que permiten desentrañar las matrices cul - turales que enmarcan las estrategias de intervención socio-comunitarias y su influencia en la configuración identitaria de los/las jóvenes. Algunos resultados del estudio permiten afirmar que, en el marco de la intervención alternativa a la privación de libertad, la categoría sociojurídica de responsabilidad penal juvenil se construye en forma reintegrativa y estigmatizante, de manera intermitente, a partir de discursos de diferentes niveles de moralidad, que operan sobre la base de estrategias de “responsabilidad subjetiva”.

A casi tres meses de que se cumpla el primer año de la implementación del llamado “nuevo” sistema de justicia penal, de corte acusatorio y oral, en todo el territorio nacional -tanto en el fuero federal, como en el local-, se siguen levantando voces críticas decretando el “fracaso” de dicho sistema de procuración e impartición de justicia punitiva, en su conjunto; otros hablan solamente de un “colapso” en los procedimientos de gestión que deben realizar las instituciones encargadas de procurar justicia, llámense fiscalías o procuradurías; algunos más hacen referencia al “peligro” de que se vicie o contamine dicho sistema con prácticas propias de la anterior forma de proceder penalmente en contra de los posibles responsables de un hecho delictivo.

Este artículo reseña una aproximación empírica a una experiencia de implementación de programas de protección de víctimas y testigos, en la Provincia de Santa Fe, entre 2008 y 2011, en el marco de un proceso de reforma integral del Sistema de Justicia Penal.

Nos ocupamos, en primer lugar, de sistematizar algunas de las directrices genéricas sobre protección de víctimas y testigos, utilizando como referencia algunos de los documentos que recogen la experiencia internacional y de la región.  Luego, presentamos descriptivamente las experiencias desarrolladas en materia de protección de testigos durante los últimos cinco años en la Provincia de Santa Fe. En tercer lugar, hacemos una evaluación crítica sobre la experiencia del programa de protección implementado en los Centros de Asistencia Judicial (CAJ), orientada a ofrecer elementos para la discusión sobre el diseño y montaje de dispositivos de protección de testigos en el contexto de los sistemas reformados en nuestro país.

This article reviews an empirical approach to an experience of implementing victim and witness protection programs in the Province of Santa Fe, between 2008 and 2011, within the framework of a process of comprehensive reform of the Criminal Justice System.

We take care, in the first place, of systematizing some of the generic guidelines on the protection of victims and witnesses, using as reference some of the documents that collect international and regional experience. Then, we descriptively present the experiences developed in the area of ​​witness protection during the last five years in the Province of Santa Fe. Third, we make a critical evaluation of the experience of the protection program implemented in the Judicial Assistance Centers (CAJ) , aimed at offering elements for discussion on the design and assembly of witness protection devices in the context of the reformed systems in our country.

La reciente traducción del libro: "Sobre el castigo. Por una justicia penal que hable el lenguaje de la comunidad" del filósofo Antony Duff, aporta argumentos que nos aproximan a una mirada contemporánea sobre el derecho penal y el funcionamiento jurídico. Sus contribuciones parten de una teoría de la responsabilidad que permite repensar las categorías de ciudadanía, comunidad y lenguaje. La obra está organizada en cuatro capítulos cuya lectura deja entrever que ninguna respuesta está acabada, no obstante, será a través de la ejemplificación y la interrogación permanente, empleada por el autor, que se instala como condición práctica necesaria la reflexión continua respecto al entendimiento de los derechos y obligaciones de cada persona hacia los demás y hacia su comunidad. Tal construcción llevará a Duff a reflexionar sobre la noción de ciudadanía ligada al funcionamiento del sistema de justicia penal. Aquí, el sentido de las atribuciones y responsabilidad, se trasladan de la práctica de imposición y determinación fáctica a la posición de roles jurídicos y cívicos en el derecho penal. Para ello el autor acude a la retórica del castigo desde una perspectiva comunicativa.

"The Public Prosecutor's Office as an inspector of explicit legal priorities, those that are defined by law, or implicit, those that can be considered by analogy, following the correct judicial interpretation in favour of and respect for human dignity, of certain more vulnerable or hypo-sufficient social groups deprived of better jurisdictional provision within the criminal justice system"

Sumario:
1. A manera de introducción; 2. Holocausto- Shoá” y elementos análogos de la realidad mexicana; 3. La Declaración de los Derechos Humanos y la legalidad del sistema de justicia penal en México; 4. A manera de conclusión: Transformación de conciencias a 70 años del reconocimiento de Derechos Humanos.

This paper explores one of the most palpable managerial manifestations of contemporary criminal policy, we refer to the process of introducing the client- user paradigm in the penal system. To do this, we review the process of how the victim acquired prominence, reaching the point of being treated as the client of a service provider company (service and product criminal justice). We also observe the complex debate about what should be understood by “client” in public admin- istration, and how that discussion impacts on criminal policy. To concretize that, we will focus on the Chilean reality, exposing our analysis on the called Models of Attention to Users of the criminal justice system, especially those implemented by the Public Ministry of Chile. Based on this observation, we conclude that this managerial manifestation corresponds to an ongoing process, which has a positive side related to improving access to “the justice service”. However, on the other hand, there could also be unwanted political and criminal consequences, such as the risk that many customer service policies become only a “symbolic or substitute” offer to resolve the criminal conflict. We conclude that the origin of this danger is that some of these measures are inspired to improve the image of the institutions of justice among the citizens, and not aimed at profound changes in the criminal justice system.

Este documento es el informe final de una Pasantía realizada en el Public Prosecution Service of Canada, en el marco de un programa de intercambio desarrollado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
El trabajo puede resumirse como la observaciones de una persona formada como abogada en Latinoamérica, comprometida e involucrada con los procesos de reforma de los sistemas de justicia penal de la Región, confrontada con el Sistema de Justicia Penal Canadiense. Así, se presenta como un análisis comparativo, basado fuertemente en reflexiones intuitivas, entre el sistema canadiense y la realidad latinoamericana de los sistemas de justicia penal.

This document is the final report of an Internship carried out in the Public Prosecution Service of Canada, within the framework of an exchange program developed by the Justice Studies Center of the Americas.
The work can be summarized as the observations of a person trained as a lawyer in Latin America, committed and involved in the reform processes of the criminal justice systems of the Region, confronted with the Canadian Criminal Justice System. Thus, it is presented as a comparative analysis, strongly based on intuitive reflections, between the Canadian system and the Latin American reality of criminal justice systems.

O artigo, que tem por preocupação a temática dos direitos humanos,
pretende apresentar propostas de emancipação popular na gestão da segurança pública e na abordagem do caráter descontextualizado e seletivo do sistema de justiça criminal. Os temas de segurança pública possuem complexidade que reclama um recorte transversal e multidisciplinar. Promover os direitos humanos exige a refundação da ideia de democracia, a ser compreendida como projeto político. Essa mudança passa pela adoção de critérios voltados ao desenvolvimento das potencialidades humanas e à criação de um espaço social de textura aberta e instituinte. A participação cidadã deve ocupar-se da maior participação na gestão dos assuntos públicos e da consciência de pertencimento coletivo nos temas relacionados à segurança pública e ao sistema de justiça. Num modelo de gestão compartilhada, os conselhos comunitários prestam-se como exemplo de trabalho e mote para a integração dos âmbitos local e regional.

... hipótese de trabalho, para se construir a ideia do que sejam âmbitos local e regional de participação cidadã e diálogo interinstitucional, bem assim apontar o funcionamento de ... permita afirmar ou negar a generalidade de um direito, de uma teoria ou de práticas sociais. ...

Anteproyecto de Ley del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe, redactado en el ámbito de un Convenio Inter-Institucional de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Justicia de DDHH de la Provincia de Santa Fe y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales INECIP.

El 18 de junio de 2016, después de ocho años de intensa labor, con el único objetivo de dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, concluyó el periodo de implementación del nuevo modelo de impartición de justicia en el país.
Dicho modelo, denominado Sistema de Justicia Penal Acusatorio, incorpora, entre otras ventajas, el fortalecimiento de los derechos de las víctimas mediante su participación activa dentro del proceso, el resguardo de su identidad en casos específicos, el derecho a recibir asesoría jurídica gratuita así como atención médica y psicológica de urgencia, además de la reparación del daño integral.

... hipótese de trabalho, para se construir a ideia do que sejam âmbitos local e regional de participação cidadã e diálogo interinstitucional, bem assim apontar o funcionamento de ... permita afirmar ou negar a generalidade de um direito, de uma teoria ou de práticas sociais. ...

RESUMEN: Muchas personas (¡especialmente las víctimas!) desean fervientemente que en el derecho penal se haga justicia. Pero, ¿qué significa esta expectativa más allá de una fe irracional en la bondad del derecho o de una esperanza, muchas veces infundada, de quienes atraviesan por situaciones difíciles? Este artículo es una respuesta –desde un punto de vista esencialmente analítico– a este interrogante. En él se desarma –según una especie de radiografía realista– la categoría de la justicia para proponer un esquema de análisis basado en tres distintos niveles (“regiones del lenguaje”) en que opera dicha noción: (a) la región de los usos, (b) la región de las teorías y (c) la región de los criterios de la justicia. El examen también es de corte crítico, lo cual significa que pone sobre el tapete el carácter esencialmente retórico, en el plano político-jurídico, e irracional, en el plano cognitivo, de la noción de justicia. Al mostrar sus disparejos y contradictorios estratos lingüísticos y pragmáticos se espera lograr ver con más luz algunos de los problemas que se discuten frecuentemente en la filosofía del derecho y en el derecho penal sobre el tema.

Existen diversas razones del por qué los sistemas jurídicos en el mundo occidental han experimentado cambios tan profundos en su dimensión operativa, pero todas pueden resumirse en una: no estaban funcionando. Si la ley y sus mecanismos no estaban funcionando, se entiende que ni la violencia estaba siendo prevenida, ni sus consecuencias atendidas. Por el contrario la forma de operar de las instituciones encargadas de los procesos judiciales-desde la consignación de los hechos hasta la emisión de la sentencia-se convertían en auténticos promotores de la violencia estructural re-victimizando una y otra vez a quienes se aproximaban a ellos en búsqueda de protección y justicia. ¿Cuáles son algunos de los antecedentes que explican las modificaciones profundas a los sistemas de justicia que se han experimentado en los últimos años? Si bien es cierto algunas de las razones son bien conocidas-frecuentemente debido a la penosa experiencia de haber sufrido un abuso y la posterior negligencia judicial-otros no lo son tanto. Por ello, en este capítulo se presenta una radiografía del modo en que los sistemas de justicia se convertían en promotores de la misma violencia que, en principio, estaban destinados a prevenir.

Resumo: Partindo-se do exemplo e modelo das discussões sobre gênero da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) ressaltando a Décima Conferência Regional, sediada em Quito no ano de 2007 e a Décima Primeira Conferência Regional, sediada em Brasília em 2010, que repercutem a necessidade de se cada vez mais problematizar as desigualdades na região, a pesquisa abordada neste artigo traduz tanto este momento deliberativo, quanto o movimento das demandas feministas democratizantes por mais justiça social em dezoito Estados latino-americanos (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República
Dominicana, Uruguai e Venezuela). O artigo procura (i) discutir a incompletude de análises sobre as desigualdades sociais que somente visam um único aspecto ou uma única dimensão da justiça social; (ii) mostrar como reiteradamente as críticas feministas deslocam os objetos de análise e demandam outras dimensões para a compreensão sobre a temática; e (iii) apontar como a dimensão política, que traz para o campo do conhecimento político a tematização da justiça social, fornece fundamentos para a mensuração e o entendimento da justiça social através de propostas que enfocam a justiça de gênero e a justiça intragênero. Enfatiza-se a dimensão da política e do político conjugada com a justiça social, além de uma análise crítica da construção de indicadores estatísticos sobre as desigualdades, de maneira geral e aqueles referentes exclusivamente à dimensão de gênero, utilizando-se do Índice de Desenvolvimento Humano, do Gender Gap, do ISOQuito, do Índice de Compromisso Institucional e do Social Institutions and Gender Index. Por fim, discute-se como o “quem” ou os sujeitos do feminismo e a questão conceitual de gênero e feminista repercute na formulação metodológica, além de problematizar a construção dos índices confrontada por dados qualitativos.
Palavras-chave: Justiça Social; Feminismo; Teoria Política Feminista; Gênero;
América Latina