Se sabía que el modelo chileno desde hace un buen tiempo a la fecha se caía a pedazos. Desde el momento en que comenzó a mostrar sus primeros resultados, por ahí por 2004-05, con las primeras pensiones de miseria, endeudados en Educación Superior o índices de desigualdad, que se comenzó a oler en el ambiente la necesidad de comenzar a realizar cambios estructurales en la economía del país. En lo personal tengo todo esto muy presente por haber participado en ese entonces en la campaña presidencial de Tomás Hirsch, candidato por la izquierda del extinto conglomerado Juntos Podemos. Eran tiempos muy distintos, con el Partido Comunista sin representación en el parlamento y donde nuestro llamado hacia la conciencia no era escuchado por la sociedad, menos por el mundo político. Sin ir más lejos, el electo gobierno de Michelle Bachelet (su primer mandato) no hizo sino proponer cambios cosméticos al modelo, profundizando primero el sistema de pensiones mediante aportes del Estado (el Aporte Previsional Solidario, un ejemplo) y luego, tras la llamada “revolución de los pinguinos” en 2006, cambiando en educación la LOCE por la LGE. Todos estos fueron cambios insuficientes por supuesto.
La llegada de Sebastián Piñera y la derecha al poder en 2010, luego de dos décadas de gobiernos Concertación, agudizó las contradicciones al punto de generar una “Nueva Mayoría” (que reunió fuerzas de centro izquierda que abarcaron desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista) dispuesta a realizar en 2014-18 modificaciones estructurales al modelo. Y así fue, o a menos se intentó. El segundo período de Michelle Bachelet por primera vez en casi cuarenta años se la jugó por un alza tributaria importante más una profunda reforma en educación, que abordó una gratuidad parcial en Educación Superior e importantes medidas apuntadas al fin del lucro y selección en Educación Secundaria. Frente al peligro de perder sus privilegios, la derecha (como siempre) utilizó su arsenal comunicacional y mediante una campaña del terror, sumado a errores de cohesión al interior de la coalición gobernante, logró derribar al gobierno y recuperar el poder.
Toda esta historia previa la recuerdo únicamente para contextualizar el que esta lucha contra el modelo económico chileno, impuesto en dictadura y profundizado en democracia al menos entre 1990 - 2014, no es nueva. Hoy el problema es uno solo: vivimos en un país que ha externalizado en su totalidad sus servicios. Educación, salud, medicamentos, pensiones, transporte y carreteras, etc. Todo donde miremos en Chile se encuentra en manos de privados, y por tanto, son un negocio de unos pocos. Chile se encuentra al servicio de los monopolios. Si a eso agregamos una política de chorreo que ha perpetuado diferencias sociales por más de treinta años, no podemos sino estar frente a un escenario macabro, frente a una pobreza disfrazada que ha acabado por explotar en estos días entre actos de insurrección masiva, violencia y vandalismo.
Por si fuese poco, estamos frente a un gobierno que no ha sabido comprender el problema, declarando pésimo, riéndose de la ciudadanía en diversos momentos, vandalizando la protesta y entregando supuestas soluciones que lejos de calmar a la población han exacerbado más los ánimos.
Chile necesita con urgencia políticos a la altura de la circunstancia y comenzar a avanzar definitivamente hacia un Estado de Bienestar que pueda, en el largo plazo, dignificar la vida de su población. El experimento neoliberal chileno fracasó. Y mientras antes lo asuma la clase política, antes podremos avanzar.