Constitución

Una expresión que encierra múltiplas actividades, la Unidad del ordenamiento jurídico es tomada como una característica o axioma o postulado del Derecho. Hija del Derecho Natural de tradición racionalista, fue adoptada por el Derecho Positivo. En lo que toca la unidad como un todo y en cuanto unidad de la Constitución, el análisis presentado es conducido bajo los aspectos racionales, históricos y positivistas, así como bajo la orientación de la teoría estructurante del Derecho. La conclusión es que la Unidad del ordenamiento jurídico – como un dato o una meta inspiradora de la práctica jurídica – es ilusoria.

El presente trabajo tiene por objeto el estudio del régimen jurídico del terrorismo, prestando particular atención a las principales resoluciones que han dictado tribunales supremos significativos, en relación con dicho fenómeno, y más concretamente las dictadas tras los atentados de 11 de septiembre de 2001. En una primera parte se alude a las transformaciones legislativas que ha comportado la lucha contra el terrorismo, que pueden sintetizarse en lo que los constitucionalistas han descrito como una normalización del Derecho excepcional o los penalistas han estudiado dentro de la rúbrica "Derecho penal del enemigo".

Como la propia palabra sugiere, estos lineamentos pretenden ser la «delineación o dibujo de un cuerpo» (DRAE), el constituido por el régimen de la jurisdicción constitucional y los derechos fundamentales de nuestra Constitución, para dar a conocer, de un modo introductorio, sus principios y fundamentos. Son páginas pensadas y escritas teniendo en mente al estudiante actual del grado en Derecho, cuyas necesidades he procurado comprender mejor durante mi experiencia docente. A este propósito, me han sido de gran ayuda los comentarios recibidos tanto en las clases como en las conversaciones privadas con los alumnos, así como los resultados de la evaluación oral y de la corrección de exámenes y prácticas.

Los beneficios que obtienen los contribuyentes al constituirse como Sociedades por Acciones Simplificadas son muchas, ya que desde su constitución se reducen trámites para ello. El objetivo primordial de esta investigación es ampliar y dar a conocer al contribuyente las grandes ventajas que se obtienen al ser constituidas como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), así como mostrar cómo se realiza en la práctica su tratamiento fiscal. El presente trabajo se llevó a cabo a través de diferentes fuentes y normas fiscales.

El autor analiza el Proyecto de Ley N° 5004/2020-CR que plantea la suspensión del pago de los arrendatarios mientras dure el estado de emergencia. En ese sentido, desarrolla el vínculo entre la aplicación de la ley en el tiempo y la teoría de los derechos adquiridos y de los hechos cumplidos, así como también resuelve la contradicción surgida entre el artículo 1355 del Código Civil y el artículo 62 de la Constitución. Finalmente, sobre el proyecto de ley sostiene que las modificaciones a las estipulaciones hechas por los privados no presentan ningún inconveniente si se busca salvaguardar el derecho fundamental a la vivienda.

Como la propia palabra sugiere, estos lineamentos pretenden ser la «delineación o dibujo de un cuerpo» (DRAE), el constituido por el régimen constitucional español, para dar a conocer, de un modo introductorio, sus principios y fundamentos. Son páginas pensadas y escritas teniendo en mente al estudiante actual del grado en Derecho, cuyas necesidades he procurado comprender mejor durante mi experiencia docente. A este propósito, me han sido de gran ayuda los comentarios recibidos tanto en las clases como en las conversaciones privadas con los alumnos, así como los resultados de la evaluación oral y de la corrección de exámenes y prácticas.

Hans Kelsen y Carl Schmitt abordaron el concepto del guardián de la Constitución ambos desde su propio concepto de Constitución, pero en el mismo contexto de la República de Weimar, en un momento de gran inestabilidad política, social y económica. En Schmitt, la Constitución es la suprema decisión del pueblo de mantenerse unido, por lo que su defensor solo puede ser alguien con legitimidad democrática y estabilidad política y neutralidad frente a los poderes del Estado, el presidente del Reich. Mientras que, para Kelsen, la Constitución es solo una norma jurídica, por lo que su guardián solo puede ser un Tribunal Constitucional encargado de interpretar y aplicar el texto jurídico. Este trabajo es un acercamiento a la reflexión de ambos encontrando en sus reflexiones argumentos valiosos para repensar los retos y problemas de las constituciones actuales.

RESUMEN: El éxito de un proceso constituyente depende de las singularidades de cada Estado y de la concurrencia de muy variados elementos a lo largo de dicho proceso. Aún así, hay elementos que han demostrado favorecer Constituciones más estables y longevas. En este trabajo se vienen a sintetizar las cinco etapas principales que acompañarían a la creación de una nueva Constitución y los rasgos que debieran definirlas, que responderían, por seguir un símil, a los atributos que se predican de cada uno de los dedos de una mano-de ahí el título El éxito de un proceso constituyente al alcance de la mano-. El proceso constituyente chileno, aún en sus primeras etapas, va a servir de hilo para efectuar un análisis comparado de esos elementos que en otros procesos constituyentes vividos en diferentes latitudes del planeta han contribuido a la conformación de Constituciones democráticas más exitosas.

Usualmente se dice que el poder constituyente es un poder ‘revolucionario’: un poder para producir ‘revolucionariamente’ una nueva constitución. Pero ¿qué significa esto? ¿En qué sentido (o sentidos) hay una relación entre el concepto de ‘poder constituyente’ y el concepto de ‘revolución’? En este artículo se intentará responder esta pregunta mediante: i) la revisión de dos definiciones teóricas complementarias que formulan un concepto restringido de ‘revolución’ (restringido a la perspectiva jurídica); y ii) la identificación de dos posibilidades de conexión entre el concepto de ‘poder constituyente’ y el concepto de ‘revolución’, según se adopte un concepto amplio o restringido de este último.

Durante el régimen peronista, la policía de la Provincia de Buenos Aires procedió a la clausura del diario Mercedes, operativo que se llevó a cabo sin aclarar las razones del por qué de la medida. En consecuencia, Ángel Siri, director y administrador del diario, se presentó ante la justicia alegando la violación de sus derechos de libertad de imprenta y trabajo consagrados en los Arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional. El director del diario pretendía, en primer lugar, que se retirara la custodia policial del local donde se imprimía el periódico, y segundo, que se levantara la clausura impuesta. Siri se presentó ante el juez solicitando se requiriera a la policía bonaerense un informe sobre quién había ordenado la clausura y los fundamentos de la medida. Requerido el informe, el comisario informó que la orden había sido emitida por la "Dirección de Seguridad de la Policía" y que el motivo lo desconocía. Ante esta circunstancia, el juez requirió informes al jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la Comisión Investigadora Nacional y al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todos manifestaron ignorar las causas de la clausura y la autoridad que la había dispuesto.

Ensayo sobre el efecto del control difuso de constitucionalidad y la reviviscencia de la norma derogada,  para supliar la laguna dikelógica creada por el juez al inaplicar una norma contraria a la Constitución. Caso sobre jurisdicción ordinaria en El Salvador.

1 DERECHO CONSTITUCIONAL DISTINCIÓN ENTRE DERECHO PRIVADO Y DERECHO PÚBLICO.  Según los actores que intervienen en una relación jurídica. Si uno de ellos es un órgano de poder público, se trata de Derecho público, mientras que si no hay ningún actor público, se trata de Derecho privado.  El interés general: Si afecta al conjunto de la sociedad es de Derecho público; si es de interés individual, es de Derecho privado.  La igualdad de los actores en la relación jurídica: Derecho privado se da en casos de igualdad. El Derecho público se da cuando intervine el Estado, no hay igualdad. Las normas del Derecho privado son d cumplimiento opcional mientras quelas del Derecho público son de cumplimiento obligatorio. La distinción entre los dos tipos de Derechos es relativa ya que el poder público se ha transformado. En la Edad Media era casi de naturaleza privada y el poder no necesitaba justificaciones a las acciones ejercidas (señorío jurisdiccional). Cuando llegó el Estado, éste asumió todos los poderes en el siglo XV aunque era absoluto y por tanto podía también ser abusivo este poder. Este modelo de Estado entró en crisis con la Rev. Francesa y apareció el Estado liberal. La base que da unidad al Estado es la constitución, que unifica l pensamiento jurídico. Con el Estado social hay que controlar que todo el ordenamiento jrídio de un país no contradiga a la constitución. Por ello la constitución es el factor unificador del ordenamiento jurídico de un país. El Derecho constitucional nace como disciplina autónoma a mediados del siglo XIX (Rev. Americana) La constitución tiene dos significados:  Material: Común a todas las constituciones, es decir, que se basan en la regulación de los Derechos de las personas y del poder público.  Formal: Se considera constitución a aquella recopilación de normas que además de cumplir las características de la material, apareció tras la constitución americana. La constitución en sentido formal aparece en EE.UU en 1787, precedida por la declaración americana de Derechos el 1776. La constitución no recoge una regulación de Derechos, se incorporó la declaración de Virginia entre las 1 primeras enmiendas. Una enmienda es un texto que modifica un texto anterior. En EEUU la constitución se presentó como un texto jurídico fundamental, al contrario que en Europa, que se presentó como un modo de salvaguardarse del poder y defender sus Derechos. El constitucionalismo empieza en la edad contemporánea y ha evolucionado conforme al Estado. El Estado se transforma de liberal a liberal democrático y de éste a Estado social. Estas transformaciones han sido seguidas paralelamente por las constituciones. En las dos primeras, las constituciones son meras declaraciones de tipo propagandístico y casi sin fuerza obligatoria. Cuando aparece el Estado social, las constituciones pasan a convertirse en algo obligatorio con dos consecuencias:  Aparición de fuerzas integradoras y que se superponen a los reyes (Papado e Imperio). A finales de la Edad media comienza a integrarse el poder, esto se produce desde abajo. Por un lado con vocación permanente (cancilleías) porque se va creando unaestructura civil y los ejércitos se convierten en permanentes. Y en segund lugar una serie de hechos:  La imprenta  La pólvora. Con todo esto llegamos a la Edad Media y hablamos de Estado absoluto, entorno a unos hechos y doctrinas. La palabra Estado tiene su origen en el texto de Maquiavelo "el príncipe" de 1513, pero lo ahce en otro sentido distinto al actual. El Estado:  Designa unidad política independiente.  Forma suprema de convivencia política. Tiene cuatro elementos esenciales el Estado, dos materiales y dos inmateriales. MATERIALES Son territorio y población. El primero es el elemento físico del Estado el ámbito físico del poder, al que están sujetos los ciudadanos. El territorio se compone de la tierra firme, aguas interiores más el espacio aéreo, marítimo y el subsuelo. Está limitado por las fronteras, naturales (pirineos) o artificiales (vallas). Las características de territorio se basan en que cada territorio tiene s Estado y cada Estado su territorio, independientemente de la continuidad o contigüidad. También la exclusividad: el poder del territorio lo ejerce cada Estado, pero hay una excepción: extraterritorialidad, que son zonas donde no ejerce el poder territorial, es decir, que lo ejerce otro Estado. Es el caso de las embajadas, ejerce el poder el Estado al pabellón, no del territorial. También los barcos y aeronaves de guerra. La extraterritorialidad puede ser limitada como en las naves y aeronaves comerciales, en los que el poder territorial puede intervenir. La constitución también recoge artículos en los que se designa de inviolable el territorio, como en el de Francia e Italia en el artículo 5. También podemos considerar a la población que habita el territorio. La cantidad no importa pero es cualitativo, la nación del Estado. ¿Qué convierte a la población de un Estado en nación? La raza, la lengua, religión, cultura o costumbres. ELEMENTOS INMATERIALES Poder y soberanía Derecho Constitucional I / F. Astarloa Javier Segura Fayos 5 La población en el Antiguo régimen estaba sometida al poder de un único soberano. Con la Rev. Francesa y la aparición de un nuevo régimen provoca que sea el pueblo el que tiene el poder, el cual es representado a través del parlamento. Esto sufrió una evolución, en primer lugar el pueblo de EEUU eligió a sus representantes, pero existía un sufragio restringido o censitario, votaban los que están en el censo (cumplen requisitos económicos…) A partir del siglo XX el sufragio censitario se convierte en universal o popular. Salvo determinados casos, todos están en el censo. La soberanía se traslada. Este término tiene dos acepciones: sustantivo o adjetivo. El poder del Estado soberano, que se traduce como supremacía. Bodinho en 1575 utilizó el término soberanía nacional (sufragio censitario). La popular designaba el sufragio universal. El poder del Estado es perpetuo e indivisible. No es así cuando las relaciones internacionales se amplían. La aparición del Estado se acompañó con la soberanía (supremacía). Juan Bodino estableció la soberanía como un poder absoluto, indivisible y permanente. Cuando llega el nuevo régimen, la soberanía absoluta del monarca desaparece y con la Rev. Francesa sale del rey y de la nación. Soberanía real sob. Nacional. En el siglo XX se transforma de nacional a popular. Como sustantivo se traslada desde el principio del Estado. La soberanía reside en la nación y esta la ejerce a través d los ciudadanos más representativos por su patrimonio o por su inteligencia o saber. Estos son los que están en l censo. Inteligencia, patrimonio y sangre. El sufragio censitario consiste en votar solo los que están en el censo. Este tipo se da en la soberanía nacional, que pasa a ser popular al implantarse el sufragio universal, es decir, que pueden votar todos los mayores de edad excepto mandato judicial. La soberanía nacional se encuentra depositada en el parlamento. El Derecho y el Estado se necesitan mutuamente y todo poder tiende a juridificarse. Es una relación muy fuerte ya que se interrelacionan puesto que el Derecho sin poder no tiene fuerza. La adecuación del Derecho de fondo a la razón y a las circunstancias ha de producirse de la forma prevista. Exige circunstancias de fondo (forma) El Estado nació como absoluto en la mayoría de los países y entorno a unos países, elementos fácticos y doctrinales. Surge en el Renacimiento que es un momento de optimismo y se acompaña de datos: descubrimiento de América, el propio renacimiento, la brújula, la imprenta o la pólvora. Se abren las puertas frente a la autarquía de la Edad media, los ejércitos se hacen permanentes, el poder se institucionaliza, se va despersonalizando. Derecho Constitucional I / F. Astarloa Javier Segura Fayos 6 El monarca figura como absoluto aunque limitado por Dios, leyes y costumbres del reino, no es despótico. Existía el tiranicidio. Con la aparición de Estado absoluto aparecen las doctrinas:  Maquiavelo: en l libreo "el príncipe" de 1513 aparece la palabra Estado como concepto, pero no como hoy lo conocemos. Maquiavelo era optimista respecto al ser humano y quería la unificación de Italia, pero no se consigue hasta 300 años más tarde. Maquiavelo buscaba un príncipe para Italia y retrata cómo debe serlo. En s descripción separa moral y política. Por primera vez aparece la razón de Estado, que justifica todo (el fin justifica los medios).  Bodino, autor del siglo XX escribió los 6 libros de la república. Parte del Derecho divino de los reyes, no es un concepto católico, ya que fue propuesto por los protestantes. El rey tiene un poder soberano perpetuo, absoluto y indivisible. Esto no significa que sea tiránico. defendía la propiedad privada.  Hobbes: siglo XIII. Parte de una idea atractiva: la situación inicial del ser humano era la guerra continua. El hombre pacta el tránsito para crear un ser superior, el leviatán. Tiene que haber orden y por tanto cada individuo le cede una parte de su libertad. Acaba convirtiéndose en un monstruo el leviatán, porque este ser creado nos realiza más cuanto más nos entregamos a él. Esto se llama teoría organicista qye se acaba convirtiéndose en doctrinas absolutistas.

La mayoría de Constituciones del mundo han sido desvirtuadas al punto en que en ellas se legaliza la desigualdad ante la ley al otorgar privilegios a grupos de poder, alejándose de lo que deben ser,  un régimen de derecho.  Los derechos sociales muchas veces se convierten en privilegios que adquieren categoría constitucional, entrando en conflicto con los derechos individuales.  Los derechos humanos se refieren a satisfactores que las personas no pueden conseguir por su cuenta, como la salud, la educación o un nivel de vida determinado. La teoría es que los seres humanos deben tener acceso a ellos sin importar de dónde sale el dinero para pagar las cuentas, muchas veces fuera de las posibilidades del país. Así se cae en el populismo.

Artículo 25 Acta constitutiva y de reformas de 1847. 1847 fue un año difícil para la naciente nación mexicana, múltiples conflictos armados como los movimientos separatistas o más aun, la guerra conta Estados Unidos, provocaron que la nación de manera obligada tuviera que estar más única que nunca, porque hasta en el interior del gobierno había muchas discrepancias debido a los opositores del régimen de Santa Anna. El acta reforzó la instalación del federalismo implantada en la constitución de 1824 en tan solo 30 artículos, se hizo especial énfasis en la subordinación de los poderes locales a la federación y la limitación de los poderes a lo que les compete por ejemplo en el artículo 21; "los poderes sólo pueden y deben hacer lo que la Constitución otorga como facultad e impone como obligación". Esta acta por, sobre todo, sembró lo que en un futuro sería el juicio más característico del sistema judicial mexicano, en ese sentido podemos mencionar el artículo 19, 22, pero, sobre todo, el artículo 25, antecedente directo del hoy en día artículo 103 constitucional, pero ¿Qué diferencia notable existe entre uno y otro? Pues bien responderemos esa pregunta a continuación; 1. En el artículo 25 de 1847 se lee la palabra "ampararán" mientras que en el artículo 103 constitucional se lee "resolverán", podrá no parecer mucha diferencia, pero el término resolverá es más amplio y deja menos lugar a discrepancias sin el riesgo de exclusión que podría suscitarse por "ampararán". 2. En el artículo 25 de 1847 se lee "…de los derechos que le concedan esta constitución…" en cambio el artículo 103 actual contiene "…los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…", podemos apreciar la adición necesaria de la palabra vital, derechos humanos, fundamentales en nuestro mundo globalizado donde se busca la homogeneidad en ciertos apartados jurídicos como lo son los derechos humanos. Se aprecia además que la postura de 1847 tiene tendencia iuspositivista pues para ellos solo se te amparaba de las garantías que otorgaba la constitución negando de manera indirecta el iusnaturalismo presente hoy en día en la legislación mundial. 3. En el artículo 25 de 1847 se te ampara de los poderes legislativo y ejecutivo, ignorando totalmente el poder judicial o cualquier otra autoridad, grabe error pues los derechos son violentados por toda clase de autoridades, posteriormente en nuestra constitución anual el texto es más amplio y deja ver que las violaciones pueden ser de cualquier autoridad, incluso privadas. 4. En el artículo 25 de 1847 le otorgaba este derecho de protección federal a "cualquier habitante", pero esto deja fuera a otra clase de personas; personas morales, hoy en día igualmente protegidas. 5. Por último, me gustaría agregar en estas diferencias resaltables que el actual artículo 103 constitucional agrega resolver sobre la competencia de poderes y soberanía entre estados, cosa que el artículo 25 no toma en cuenta. El juicio de amparo, distinguidor del derecho mexicano fue un gran avance en sus inicios, nació como una necesidad latente en un clima social de incertidumbre, pero gracias a esta inestabilidad y a la búsqueda de protección y unión de la federación fue como nacieron muchas de las posturas jurídico-políticas que hoy en día conocemos.

El estudio de la acción procesal penal constituye una obligatoriedad para los estudiosos del Derecho Procesal penal, toda vez que este poder jurídico tiene en la actualidad rango constitucional y hay que diferenciarlo nítidamente de la pretensión penal. Revisamos las opiniones dogmáticas de diferentes tratadistas extranjeros y ecuatorianos para clarificar este importante instituto de vital trascendencia en el proceso penal. Analizamos además, la historia de la acción penal, desde el derecho antiguo, de la ley del talión en que existía la acción popular y la acción privada, hasta la época actual, enfocando esta categoría procesal con relación al Código de Procedimiento penal sobre la base de la tutela judicial que estipula la actual Constitución de la República 2008.

In the enlightened-liberal principles doctrines that led to both American
and French revolutions, it’s impact is demonstrated in the federal republic of 1811 in which, by a sovereign agreement of the delegated nation in representation of the sovereign states that were associated, agreed to confederate for the institution of the legal-political framework which they named Federal Constitution for the States of Venezuela

La Cuba que quisimos recoge un grupo sustancial de los debates y propuestas promovidos por el Laboratorio de Ideas Cuba Posible, al calor de la reforma constitucional anunciada por el Gobierno cubano el 2 de junio de 2018, y que finalmente se cristalizó en una nueva Constitución en 2019. Cuba Posible fue el espacio nacional que con mayor intensidad y sistematicidad acompañó la reforma. El libro se constituye en una pieza fundamental para todos aquellos interesados en el antes, durante y después del proceso constitucional desde una perspectiva democrática e incluyente.

El presente estudio planea analizar una de las causas del desplazamiento indígena en la conformación e institucionalización de la nación boliviana. Se plantea que los recuerdos acumulados especial y principalmente desde la rebelión de Tupac Catari , aunados a otros acontecimientos externos, pudieron causar la reticencia de los criollos a incorporar al elemento indígena en la conformación del Estado. SIglo XIX

Cuando España entra en el nuevo siglo parecen reunidas las condiciones propicias a la democratización del sistema político pues el turno de unos partidos dinásticos gastados es imposible. Un punto de inflexión se sitúa en la coyuntura de la Primera Guerra mundial, cuando el mundo da un vuelco en 1917 y en España el régimen monárquico constitucional está en suspenso.
Los políticos, ajenos al mundo dinástico, la mayoría de los líderes sindicales (con la excepción de los anarquistas) y de los intelectuales se acogen a unas normas liberales olvidadas o desvirtuadas por los políticos del régimen de la Restauración. ¿Cómo construir un porvenir, que se fundamente en criterios del pasado, sin haber definido al agente de la reforma o de la revolución?
Se confunde la teoría con la práctica, es decir la constitución con la democracia, en un país que no acaba su revolución burguesa y sueña, mientras se van sucediendo las crisis, con una eterna transición. El presente libro está dedicado al estudio de «aquella España que pasó y no ha sido» (Antonio Machado), es decir a los momentos críticos en que pudo haberse definido otra soberanía

Dos monarquías se constituyeron a final del siglo XX y ambas incorporaron todo el proceso de parlamentarización que evolucionó desde el siglo XIX y les permitió ser compatibles con la democracia; son España y Suecia, cuyo Instrumento de Gobierno de 1975 sirvió de modelo a los constituyentes españoles. De modo que la monarquía que se diseñó en la Constitución de 1978 no fue producto del franquismo, sino de la evolución e historia constitucional española y occidental, del mismo modo que no lo fue el Estado Social de Derecho que se levantó con esta monarquía. Ciertamente no era obligatorio establecer una monarquía democrática, pero tampoco se contradecía con la democracia misma, como mostraban muchos países europeos de larga tradición constitucional. Esa certeza sirvió a los grandes partidos que habían defendido históricamente la república o habían obviado las formas de gobierno, para aceptar el diseño constitucional en el marco de una monarquía democrática. Palabras claves: Monarquía, Parlamentarismo, República, democracia, partidos políticos, Transición. Monarchia e democrazia in Spagna Alla fine del ventesimo secolo si formarono due monarchie che incorporarono en-trambe l'intero processo di parlamentarizzazione che si è evoluto dal diciannove-simo secolo e che ha permesso loro di essere compatibili con la democrazia; sono la Spagna e la Svezia, il cui Strumento di Governo del 1975 ha servito da modello per i costituenti spagnoli. La monarchia che era stata progettata nella Costituzione del 1978 non sarebbe dunque prodotto del franchismo, ma dell'evoluzione e della storia costituzionale spagnola e occidentale, proprio come lo Stato sociale di diritto sorto con questa monarchia non lo era. Non era certamente obbligatorio stabilire una monarchia democratica, ma non era contraddetta dalla stessa democrazia, come dimostrano molti paesi europei con una lunga tradizione costituzionale. Questa

En el marco del CONGRESO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE CÚCUTA (1821-2021) realizado en la Villa del Rosario los días 27, 28, 29 Y 30 de agosto de 2021, el autor pretende contestar la interrogante: ¿Siguen teniendo validez actual los valores fundamentales de la Constitución de 1821 frente al legalismo absolutista del pretendido nuevo orden mundial?

Tras un año de intensas protestas, atravesado por la pandemia Covid-19, el 25
de octubre de 2020 la población chilena decidió por plebiscito desmantelar su
Constitución Política, introducida en 1980 durante la dictadura de Pinochet
y pilar fundamental del primer y más feroz laboratorio neoliberal del mundo.
La votación planteaba dos preguntas: en la primera, relativa a la voluntad de
cambiar la actual Constitución, ganó el “apruebo” con el 78,3% de los votos;
la segunda preguntaba acerca del tipo de órgano que debía redactar la nueva
Constitución, entre una “Constituyente Mixta”, la mitad elegida por los ciuda-
danos y la otra mitad por el Parlamento entre sus miembros actuales, y una
“Convención Constituyente” compuesta enteramente por representantes de la
sociedad civil. Esta segunda opción ganó con el 78,9% de los votos.
La abrumadora victoria del “apruebo” y de la “Convención Constituyente”
muestra la vitalidad de un movimiento que ha reivindicado el plebiscito
como su propia conquista, a pesar de las muchas campanas de alarma que
suenan a raíz de la forma en que se está dando este camino constituyente,
desde la firma del Acuerdo de Paz Social y la Nueva Constitución el 15
de noviembre de 2019. En ese momento, a pesar de haber arrebatado al
gobierno la posibilidad de reescribir la carta constitucional desde cero, el
evidente intento del ejecutivo y de la burguesía de adoptar la vía consti-
tuyente para encadenar la protesta social a un programa y un calendario
institucionales dejó un sabor amargo en la boca. Al mismo tiempo, es innegable que el fin de la Constitución de Pinochet marca un formidable
paso adelante en la lucha de clases, feminista y anticolonial del pueblo
chileno, paso que hubiera sido impensable sin la extraordinaria rebelión
social que estalló el 18 de octubre de 2019 y que, en los días y meses
siguientes, a costa de decenas de muertos, cientos de mutilados y miles
de presos políticos, sembró el pánico en las clases dominantes chilenas.

Este libro presenta los principales resultados de la ejecución del programa Consuma Caribe, una apuesta desde la academia en alianza con entidades del Estado y financiada por el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS, para el fortalecimiento de las capacidades de los consumidores e instituciones locales y regionales como estrategia para aumentar los niveles de promoción y protección de sus derechos en el territorio.
Esta alianza, representada en una red de conocimiento, está conformada por la Universidad de Cartagena, la Universidad Sergio Arboleda, la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR , la Superintendencia de Industria y Comercio y la Confederación Colombiana de Consumidores.
El programa surge en 2015 luego de identificar debilidades relacionadas con la protección al consumidor, no solo desde el plano institucional sino desde las capacidades básicas de las personas a la hora de participar en una relación de consumo. Desde la formulación y diseño del programa se tuvieron en cuenta estrategias orientadas a crear capacidades a partir de talleres de formación y de fortalecimiento comunitario, lo mismo que a través de brigadas jurídicas dirigidas a funcionarios de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y comunidades; así como también de la atención directa a los consumidores desde las plataformas de los consultorios jurídicos de las universidades aliadas.

Capítulo 9 de la publicación "Patrimonios: experiencias en debate", coordinadas por la Dra. Margarita Gascón.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Editorial Biblos

El texto trabaja sobre la eventual inconstitucionalidad de la ley de Monumentos Nacionales en Chile y la desprotección general de estos bienes, a cargo de un Consejo abiertamente fuera de la normativa constitucional.

El presente trabajo tiene por objeto abordar una de las discusiones que se ha generado en los últimos días, a razón de una medida adoptada por el Estado Peruano para mitigar los efectos del impacto económico traído consigo como consecuencia del aislamiento social obligatorio a propósito del brote del Covid-19 en nuestro país. En específico, nos estamos refiriendo al Decreto de Urgencia Nº 038-2020-Decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el Covid-19 y otras medidas, el mismo que, a través de su artículo 3º, faculta a los empleadores a que puedan optar por la suspensión perfecta de labores cuando no se pueda aplicar la modalidad de trabajo remoto o la licencia con goce de haber. Aunque parezca increíble, esta medida ha generado gran discusión sobre todo desde algunos sectores que postulan que se debería mantener la suspensión imperfecta para salvaguardar las necesidades de la población trabajadora, persiguiendo que los empleadores deberían seguir pagando de todos modos remuneraciones a los trabajadores aun cuando éstos no estén acudiendo a sus puestos de trabajo. Queda claro que, si viviéramos en un mundo ideal éste postulado sería grandioso ya que nos ahorraría muchos problemas a la población evitando el padecimiento producto de la destrucción económica que se está derivando de esta emergencia sanitaria. No obstante, la realidad resulta ser evidentemente distinta y mucho más cruel de la que pretender dejar ver los defensores del postulado anterior. Por ello, a lo largo del presente, me centraré en dar razones que justifiquen la adopción de la suspensión perfecta, postulándolo, desde un punto de vista constitucional, como una medida tendiente a tutelar el derecho a la libertad de empresa, y desde luego, el derecho al trabajo, en lugar de entenderla contrario al último en mención. II. Crisis económica del empleador por falta de producción Para nadie es desconocido que la empresa, como unidad organizada, ocupa un lugar fundamental dentro del desarrollo de la sociedad, pues, no solo permite su crecimiento económico, sino también la satisfacción de las diversas necesidades humanas que se presentan, a través de la prestación de los diversos productos y/o servicios que brinda; y en ese sentido, la labor que desempeñan los trabajadores dentro la misma es justamente la de producción de tales productos y/o servicios-valga la redundancia-a cambio de una contraprestación económica, pues, como bien desarrolla la doctrina y la legislación, la existencia de un vínculo laboral queda supeditado a la existencia de una prestación de servicios remunerada y subordinada. En ese sentido, pese a que materialmente sea el empleador el que realiza el pago de las remuneraciones al trabajador, esto solo ocurre como un hecho figurativo, pues en la verdad económica lo cierto es que quien se encuentra detrás del pago que realiza el empleador es la productividad que tiene la empresa-claro está que está se realiza con la intervención del trabajador-, y esa productividad queda a su vez condicionada a la relación proveedor-consumidor; siendo en este punto donde actualmente se genera el problema central

Entre los temas que la Convención Constituyente debiese reflexionar e incluir en su propuesta de nueva Constitución Política, la seguridad es uno de estos. Este texto aborda dicho asunto desde la teoría política, en consideración que la acción constituyente y la idea de seguridad son planteadas por los autores contractualistas. De este modo “El Leviatán”, “Dos ensayos sobre el gobierno civil” y “El contrato social” conforman dicha perspectiva, y en base a estas fuentes primarias y secundarias afines, se expone la lógica contractualista de pactar para proveer seguridad. Las conclusiones señalan similitudes y diferencias entre los autores, rescatando como idea base común el que el “pacto social” surge para proveer seguridad y que la conformación de una comunidad conlleva seguridad.

El abogado Juan de Zárate y Murga (1780-1845) fue el primer Jefe político (Gobernador) de la moderna provincia de El Bierzo en 1822. Natural de Ourense, provenía de una familia hidalga de origen vasco titular del marquesado gallego de Montesacro, Zárate, casado con una berciana, era un leal funcionario del régimen liberal que ocupó varios cargos en la administración, como la secretaría del Gobierno civil de A Coruña (1834-1839) o la Jefatura política de Canarias (1840).

Las primeras instituciones de democracia directa, que se regularon con la Constitución de 1940, tuvieron poco desarrollo en las leyes y escasísima realización. La Constitución de 1976 reconoció el referendo, la revocatoria de mandato y la iniciativa legislativa popular, pero al establecerse el alcance y el procedimiento en las leyes, no siempre se fue consecuente con la participación directa y la finalidad de estas instituciones. La reforma constitucional del 2019 amplía el espectro de la participación ciudadana, de ahí que el presente trabajo tenga como objetivo examinar la regulación de estas instituciones en la Constitución y en las leyes de desarrollo hasta el momento aprobadas, al efecto de identificar tanto los avances, como las limitaciones y los retos que todavía persisten.

El contexto de profunda desigualdad en el Perú nos muestra que el constitucionalismo del primer Bicentenario no ha sido elaborado por el pueblo históricamente oprimido (indígenas, afrodescendientes, mujeres, poblaciones pobres, etc.). Y no ha participado el pueblo oprimido por los límites que impone la racialización (y las relaciones de género). El constitucionalismo de este Bicentenario ha sido construido por una élite que representa a una pequeña parte del pueblo que detenta el poder-dominación. Así pues, el poder constituyente y las sucesivas constituciones (hasta ahora) profundizan las injusticias, la desigualdad, la dominación y la subordinación. Un nuevo poder constituyente, un nuevo pacto social y, en suma, un nuevo constitucionalismo necesita del protagonismo del pueblo históricamente oprimido y excluido.

Este libro del Profesor Tulio Álvarez fue el más vendido en Venezuela en los años 1998 y 1999. Esta Primera Edición fue objeto de 22 reediciones durante ese periodo, coincidente con la Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y la aprobación de la Constitución venezolana de 1999. En el mismo, se reproducen conceptos básicos sobre Constitución, Constitucionalismo y Derecho Constitucional que permitan al ciudadano acercarse a los problemas y conflictos políticos y sus soluciones. Se ofrece la versión original por la utilidad que tiene en la formación de los estudiantes de derecho de todas las latitudes, gracias a la simplicidad con que se presentan instituciones jurídicas de gran complejidad.

espanolEl objetivo de este trabajo consiste en profundizar en los significados de la democracia durante el Sexenio (1868-1873) a traves de las aportaciones constitucionales del republicanismo espanol. En este sentido, tras una breve aproximacion a los precedentes historicos del constitucionalismo republicano, el analisis comienza con una valoracion de los principales problemas interpretativos que presenta la Constitucion de 1869, la unica que estuvo vigente durante la Primera Republica, a pesar de su naturaleza monarquica. A partir de este marco, se abordan las novedades que aportaron los proyectos constitucionales republicanos en 1872 y 1873. EnglishThe aim of this paper consists on going in depth the meanings of democracy during de historical peri-od known as the “Sexenio” (1868-1873), through the contributions of Spanish republicanism. In this sense, after a brief approximation to the historical precedents of the republican constitutionalism, the analysis begins with an evaluatio...

El artículo pretende examinar las posiciones divergentes de la doctrina, del Supremo Tribunal Federal y del constituyente sobre la relación entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en Brasil. Son interpretaciones contradictorias de las pocas normas constitucionales relacionadas con el asunto, con la prevalencia de una postura conservadora en favor de la supremacía formal de la Constitución, en detrimento de un diálogo constructivo entre normas internas e internacionales en materia de protección de los derechos humanos. El objetivo es resaltar las consecuencias del modelo dominante en el derecho brasileño para el compromiso del país con la protección de la persona humana, tanto a nivel interno como a nivel internacional.

1. Introducción.- 2. Las concepciones formales y materiales de la Constitución.- 3. Las similitudes de los Tratados comunitarios con las constitucionales nacionales.- 4. Los Tratados comunitarios son Tratados Internacionales.- 5. Algunas consecuencias prácticas sobre el presente y el futuro de la Unión Europea.

La libertad de expresión, entendido como el derecho de informar y ser informado son parte esencial de nuestros derechos humanos. Cualquier circunstancia que limite esos derechos atropella la dignidad humana. Existe una abundante y explícita normativa de derechos humanos que buscan garantizar el libre ejercicio de la comunicación: instrumentos internacionales y regionales y una reiterada jurisprudencia. El derecho humano de libertad de expresión es entendido como el derecho a expresarse, buscar y recibir información. Censurar o limitar ciertas publicaciones o establecer mecanismos que restringen el acceso a información pública son formas sutiles de atropellar esos derechos. El recurrir a figuras penales como el desacato o insulto a funcionarios o delitos contra el honor podrían activarse y tornarse amenazantes para el que ejerce el periodismo. Esta sería una forma de silenciar cualquier cuestionamiento a figuras públicas en detrimento de un principio fundamental de toda democracia. Suerte parecida corre el derecho de reconocer el secreto profesional del periodista y la expresión del pluralismo. De hecho que al igual que en otros campos como el laboral, salud, alimentación, el derecho a un ejercicio digno de la comunicación también es susceptible de verse amenazado.

Este trabajo busca explicar el aumento en el nivel de endeudamiento del Gobierno de Colombia como producto del cambio en las reglas que restringen las decisiones de política fiscal —constitución fiscal— que trajo consigo la Constitución de 1991. En él se asume que el Gobierno es un agente que sopesa los costos y los beneficios de sus decisiones en un contexto de instituciones políticas y económicas. En primer lugar
se exponen los principales cambios en las reglas relacionadas con las alternativas de financiamiento del gasto del Gobierno que difieren de la deuda. Después se describen los principales cambios en las reglas del endeudamiento. Se concluye que el cambio en la situación fiscal del Gobierno es resultado de una reducción relativa del precio de la deuda frente a las demás opciones de financiamiento.

This paper seeks to explain the increase in the level of Colombian Central Government debt as a result of the change in the rules that restrict the decisions of fiscal policy –i.e. fiscal constitution- involved in the new Constitution. The paper assumes that the Government is an agent that weighs the costs and benefits of its decisions in a context
of political and economic institutions. First, the main changes in the rules that apply to the financing alternatives for government spending, different from debt, are shown. Then, the main changes to the rules regarding the creation of debt. Lastly, it concludes that the
change in the fiscal situation of the Government is an outcome of the reduction of the relative price of debt compared with other financing options.

Se leyeron todos las reformas que se han propuesto a los artículos de la Constitución, se proporcionan datos para valorar la posible calidad del análisis, se identifican los aspectos en donde se han introducido reformas y se expresa las reformas que no se incluyeron en la propuesta.

El presente artículo se enfoca en la institución de la vicepresidencia como una figura clave en el diseño político del Estado ecuatoriano, en particular como un componente esencial para garantizar la continuidad de la función ejecutiva. En una primera sección se aborda el origen, naturaleza y rasgos de la institución en el mundo. Luego, se comparan y categorizan los distintos tipos de vicepresidentes a lo largo de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos y se enmarca al Ecuador dentro del sistema semirrígido. También se repasa la evolución en el sistema político ecuatoriano y en ello, principalmente, se establecen puntos de cambio radical entre el sistema de elección por papeletas distintas y el de binomio separable. A continuación, se analiza si la última terna enviada en el mes de julio de 2020 para la sucesión de la vicepresidenta Vicuña observó los requisitos e inhabilidades previstos en la Constitución del Ecuador para la selección de un vicepresidente. Finalmente, se discute si por ser una selección ante la falta y no elección popular no se deben verificar las inhabilidades propias a los candidatos.

Este texto revisa los primeros documentos legales de la independenciaen la Gran Colombia con el fin de ubicar el entendimiento vigente enaquella época respeto a la noción de pueblo y soberanía, especialmente su construcción pactista que nos quedó como legado colonial. Con la mente de los patriotas fija en el legado político europeo, la superioridad de unos sobre los otros fue naturalizada y a partir ello no hubo necesidad de negociar gobernabilidad con los indios ni mucho menos justificarles el dominio sobre sus territorios. Disuelta la primera República colombiana, Nueva Granada y Ecuador consolidaron este constructo político.

Esta indagación intenta una revisión del concepto de seguridad jurídica en tres tiempos: El primero, desde algunas de sus etapas históricas por considerar necesaria la relación derecho-historia. Se hará una referencia teórico-histórica de los antecedentes que lo postularon y construyeron desde el Estado liberal de derecho con alguna mención al feudalismo y su consecuencia absolutista. Veremos a la seguridad jurídica paseándose históricamente por encima de las evidencias, unas veces detrás de la “legalidad” y otras por fuera de ella. El análisis de un concepto como éste, supone un contexto crítico y de este modo lo haremos.

En un segundo tiempo, tratamos descriptivamente lo que se ha tenido por seguridad jurídica en el liberalismo, es decir, en el legalismo racionalista decimonónico y lo que será en vigencia del Estado Constitucional.

En un tercer tiempo, plantearemos la relación seguridad jurídica-justicia transicional, dadas las dinámicas de conflictos nuevos y antiguos (que reclaman derechos de memoria/verdad, reparación/símbolos y justicia de transición), represados por enormes desigualdades, además de las influencias nefastas del mercado sobre los derechos humanos; lo que hace necesario plantear algunas discusiones al respecto en materia de derecho y política, es decir: Justicia Transicional.

Por último, planteamos unas conclusiones críticas parciales que intentan convocar una revisión de la seguridad jurídica para comprender su rol en el Estado constitucional, entendido éste como la dimensión de los derechos y su carácter de supremacía sobre los ordenamientos jurídicos.

RESUMEN: Derecho y ética son disciplinas llamadas a complementarse para una cabal comprensión de la Filosofía del derecho a la información. Este artículo pretende mostrar esta implicación interdisciplinar a partir del análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional 192/1999. El Alto Tribunal, al otorgar el amparo al derecho fundamental a comunicar libremente una información, fundamenta su fallo en la veracidad. Pues bien, de los argumentos jurídicos que expone, puede extraerse una comprensión filosófica de la veracidad entendida como una actitud subjetiva del profesional y, a la vez, como una auténtica virtud moral del periodista.