Derechos sociales

RESUMEN: El Tribunal Constitucional publicó el 6 de agosto de 2010 su sentencia en la causa rol Nº 1710/2010, anunciando que el mecanismo de tablas de riesgo contemplado en el Artículo 38 ter de la Ley N° 18.933 o Ley de Isapres es inconstitucional. El Tribunal produjo una decisión compleja, caracterizada por la ‗virtud' de avanzar sin ir ni tan lejos, declarando la existencia de derechos sociales sin tomarse la molestia de implementarlos y entregándole dicha responsabilidad a los órganos colegisladores. Este resultado se presta fácilmente a la caricatura; sin embargo, quisiera sugerir que la sentencia debiera ser objeto de una valoración matizada que tome en cuenta el rol que los tribunales deben tener en el proceso político, tanto en términos de guiar el proceso como en cuanto a su capacidad de definir los términos de la discusión. Mediante esta sentencia el Tribunal apuntó a incrementar su principal capital político, su autoridad, minimizando los costos de su intervención. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional ha incorporado al discurso constitucional chileno un concepto, el de los derechos sociales, que hasta el 5 de agosto de 2010 no formaban parte de él.

En los últimos años la investigación académica ha avanzado en la generación de información sobre el volumen, perfil y características demográficas de los migrantes de retorno, lo cual ha generado un llamado a la atención oportuna de las necesidades particulares de esta población desde la agenda pública. Aunque esta caracterización es el primer paso para discutir los obstáculos que enfrentan los migrantes de retorno y sus familias en los contextos de llegada, se ha estudiado de manera menos sistemática el nivel de vulnerabilidad de esta población y las barreras institucionales para el ejercicio de sus derechos sociales, en concreto el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Es por lo anterior que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y  El Colegio de México desarrollaron el proyecto “Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración” durante el año de 2018. Este trabajo muestra los resultados de investigación a través de cuatro documentos de política que dan cuenta de la situación de las personas retornadas en el ámbito educativo, de salud vivienda y en indicadores demográficos puntuales como la participación laboral, la composición por sexo y su distribución geográfica, entre otros. Además, este documento señala recomendaciones puntuales en torno a la superación de las barreras institucionales que enfrenta la población retornada.

La presente investigación estudia la experiencia de los ciudadanos de la Urbanización Las Brisas de Huachipa en el distrito limeño de Lurigancho ante la presencia de la delincuencia y el poco apoyo de las instituciones y actores del Estado encargados de enfrentar el problema. Se defiende la tesis de que una mejor capacidad del Estado en prevención y represión de la delincuencia mejora su relación con la ciudadanía. Los resultados de la investigación son aprovechados para reflexionar sobre la pertinencia de considerar a la seguridad ciudadana como un derecho social, buscando enfocar más y mejor la dimensión social del problema y mayores opciones desde el Estado para garantizar una vida digna a la ciudadanía.

El Estado Social sigue en crisis. Ha empezado a estar en crisis desde quizá el momento mismo en que, paradójicamente, gozaba de legitimidad. El Estado de la justicia social ha nacido cuestionado (e impugnado) por aquellos sectores del derecho, de la economía y de la política que flamean hipócritamente la bandera del Estado mínimo. Vivimos en un escenario mundial de profundización de un capitalismo salvaje, insostenible y suicida, y de una imparable deslegitimación de la clase política y de la democracia, sumado a altas tasas de corrupción política y financiera, nacional e internacional, y enormes dosis de cinismo generalizado desde los grandes organismos financieros internacionales e incluso de algunos que pregonan la supuesta defensa de los derechos humanos. A la vez, surgen nuevos actores sociales en este teatro social mundial de autoritarismo político, de conservadurismo moral, recortes y violaciones de derechos humanos sociales, económicos y culturales, pero también de derechos individuales, civiles y políticos. Nuevos movimientos sociales y políticos, la ciudadanía en génesis democrática hambrienta de justicia social, de derechos sociales y también de libertades ciudadanas, deseosos de refundir nuevos modelos democráticos, coherentemente democráticos, procesal y materialmente igualitarios y libres.

En este contexto, el objetivo de este libro es pensar en estos procesos sociales, políticos, económicos y democráticos desde el prisma de los derechos sociales. Este trabajo conjunto de profesores e investigadores de derechos sociales y de derechos humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y de la Universidad Carlos III de Madrid, pretende posibilitar debates, prácticas, estudios y políticas sobre los derechos sociales, desde el convencimiento de que la calidad de vida y el pleno disfrute de los derechos sociales (y también de los derechos liberales), no tiene por qué ser una utopía. O que, quizá siéndolo, son éstas las utopías que deberían guiar la práctica, el ejercicio y la exigibilidad de los Estados de Derecho modernos.

Por ciudadanos y ciudadanas del mundo libres de temor y miseria.

En Europa el Estado social se está erosionando frente a una sociedad que por un lado está perdiendo la motivación, mientras que por otro intenta resistir. Fruto de la debilidad de las disposiciones del constitucionalismo social, el modelo europeo de Estado social experimenta un proceso de transformación del que puede salir absolutamente erosionado, o puede superarse a si mismo a través de más democracia, una Constitución más normativa, y la plena exigibilidad de los derechos sociales.
En América Latina, la falta histórica de experimentación plena del Estado social ha sido determinante en la aparición desde finales del siglo XX de nuevas Constituciones democráticas. Estas tienen ante sí el reto, nada fácil, de construir un modelo propio de Estado social adecuado a las necesidades de las sociedades latinoamericanas.

Este texto aporta una visión actualizada del papel de la ciudadanía y de los derechos sociales en la actual coyuntura de crisis económica y ofrece nuevas vías para desarrollar iniciativas por parte del voluntariado y del tercer sector que incorporen una mayor participación y den importancia a la creación de una economía solidaria, en definitiva que caminen hacia la democracia social y económica.

El libro que tiene el lector en sus manos es una buena disculpa para que se concilie con la historia de calidad. Un amplio grupo de académicos, con trayectorias profesionales muy variadas, se han unido para homenajear al profesor Javier Donézar haciendo lo que mejor saben: escribir libremente sobre algunos de sus temas de investigación sin presión editorial, de plazos difíciles de cumplir o de temas más o menos forzados. Los autores han elegido el tema, el tamaño y la orientación que deseaban dar a sus escritos, por lo que los resultados han sido, en la mayor parte de los casos, textos que abren camino, polémicos, sugerentes o simplemente brillantes. Ahora es el lector el que tiene la oportunidad de elegir aquello que es de su interés y aplazar otras lecturas para cuando lo considere oportuno. Aunque la burocracia administrativa no sepa valorar la riqueza de un libro de Homenaje, no tendrá más remedio que aceptar que existen.

Este articulo analiza la realidad de la sociedad de consumo y el consumismo. La relación entre consumo y democracia. El derecho al consumo y el derecho de defensa del consumidor como un derecho humano y la manera en que la tutela de este derecho contribuye a defender la dignidad inalienable de la persona humana y el contenido conforme a la Constitución.

Actualmente, en nuestro país, las leyes ya reconocieron los derechos al territorio ancestral y a que las comunidades se beneficien de sus recursos. El Estado ha garantizado nuestro derecho a vivir en nuestras tierras. Tenemos ahora un nuevo desafío: modernizar nuestra forma de gestión del territorio y de los recursos. Esta nueva senda la empezamos a recorrer hace algunos años. Esta investigación muestra esas primeras experiencias. El escrito se enfoca en la gestión territorial indígena de los pueblos chiquitano de Lomerío, Mosetén y Chacobo.

Con el advenimiento de un nuevo gobierno en Venezuela a partir de 1998, se desarrolló un proceso constituyente que dio como resultado la aprobación de una nueva Constitución. En este trabajo se exploran algunos rasgos de la política formal de salud pública conformada desde entonces. Se parte del supuesto que la reforma iniciada en el sector salud tiene como propósito el logro de equidad y mejor calidad de vida. La investigación es de tipo documental. Los resultados revelan que formalmente: 1) El Estado garantiza el derecho a la salud; 2) gratuidad del servicio; 3) atención integral; 4) integración de lo biológico y lo social en salud; 5) descentralización hacia los ámbitos subnacionales (Estado, Municipio) y de estos a la sociedad; 6) participación comunitaria; 7) integración del individuo, la familia, la comunidad y el equipo de salud. Se concluye que formalmente se busca superar los obstáculos provenientes de la falta de integración de la política social, la concepción de salud desarrollada por el biologisismo, y se observa que el avance de esta política se ha visto afectada por obstáculos vinculados a la concepción política anteriormente predominante.

En esta edición del Panorama Social de América Latina se refleja el impacto social de una crisis sin precedentes. Los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se han extendido a todos los ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las economías y generando cambios profundos en las sociedades. La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles. Por ello, es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región.
A lo largo de este documento, se analizan las tendencias sociales que precedieron la pandemia y se busca dimensionar sus repercusiones socioeconómicas en 2020, especialmente en lo relativo a la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo remunerado y no remunerado. Se examinan, asimismo, las tendencias del gasto público social en los países de la región, las medidas de protección social adoptadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe en respuesta a los efectos de la pandemia y el malestar social que existía en la región antes de la crisis. Frente a los desiguales efectos de la pandemia sobre las mujeres y los hombres, se hace un llamado a invertir en la economía del cuidado como sector estratégico de una reactivación con igualdad.

Índice Presentación | 15 Ensayo introductorio. Allende y la «vía chilena al socialismo»: ¿signifi ca algo hoy? | 19 ¿Nos interpela Allende? | 19 La vía chilena al socialismo: ¿una vía puramente instrumental? | 21 El fi n se anticipa en los medios | 23 La transformación de las institución | 25 Primera parte Sobre los derechos sociales Capítulo I Derechos sociales y derechos individuales: las diferencias | 33 Derechos sociales y «progresismo»: la exigibilidad judicial | 33 El derecho «liberal» | 36 Las diferencias entre derechos sociales y derechos individuales | 38 ¿Son las diferencias superfi ciales o profundas? | 39 Capítulo II Los derechos sociales como injertos | 45 Los derechos sociales como injertos | 45 El contrato social y sus límites | 49 La necesidad de vadear la brecha entre interés y deber | 49 La neutralización de los derechos sociales | 52 Capítulo III Derechos sociales y escasez | 55 Derechos y escasez: el caso de la quiebra | 56 ¿Qué es escasez? (o: sobre la «calidad») | 62 La determinación del contenido de los derechos | 64 Capítulo IV Los derechos sociales como pedagogía lenta | 69 ¿Tiene la justicia historia? | 69 El vecino y el extraño | 72 ¿Es la idea de pedagogía lenta utópica? | 75 Segunda parte Derechos sociales y gratuidad como un cambio de paradigma Introducción La tendencia interna a la distorsión | 81 Capítulo V Gratuidad, hegemonía y cambio de paradigma | 87 La hegemonía de un paradigma: el «principio de focalización» | 87 Paradigma y cambio político | 92 El paradigma neoliberal | 98 ¿Por qué «neoliberal»? | 98 El paradigma neoliberal | 99 El rostro humano | 105 Síntomas de la crisis del paradigma neoliberal | 107 Focalización y segregación | 110 Una reacción desesperada en defensa del paradigma antiguo: la acusación de «dogmatismo» | 116 Capítulo VI La educación como un derecho social | 125 La educación como derecho social | 126 La educación bajo el mercado | 126 La educación como derecho social | 127 Contra M1: «abuso» y «lucro» | 129 El problema de los fi nes de lucro: M1 | 130 M1 y el problema del «abuso» | 133 Contra M2: La selección de estudiantes | 137 El fi n de la selección en la educación escolar | 138 Selección en la educación superior | 141 La publifi cación de la admisión | 144 Los fi nes de un sistema publifi cado de admisión | 146 Sobre las cuotas de admisión | 149 La gratuidad y su sentido: descomodifi cación (contra M3) | 150 El fi n del fi nanciamiento compartido y la focalización | 151 El fi nanciamiento compartido y la igualdad de oportunidades | 157 Se trata solo del primer paso | 159 Sobre el régimen especial de los fondos públicos | 162 Capítulo VII ¿Cómo se realiza un cambio de paradigma político? | 167 El cambio de paradigmas | 168 El caso del crédito «contingente [sic] al ingreso» | 170 El fi nanciamiento compartido atenta contra la libertad | 172 La «focalización» del benefi cio en el 90 % más pobre | 172 La lógica de un seguro social y la irracionalidad de la propuesta | 173 La «gratuidad» no es regresiva | 177 Capítulo VIII ¿Qué es, y qué no es, «gratuidad»? | 181 Un cambio antigatopardista: poco tiene que cambiar para que todo sea distinto | 183 Poco tiene que cambiar... | 184 ... Para que todo sea distinto | 1846 La gratuidad universal o la «focalización» del benefi cio en el 90 % más pobre | 187 Dos objeciones | 189 ¿Es regresivo? | 189 ¿Es gratuidad? | 190 La carga tributaria y el sentido de los impuestos | 196 Sobre el régimen de fi nanciamiento de las instituciones | 199 Capítulo IX La primera cuestión y la más importante (educación superior y educación escolar) | 205 Tercera parte Lo público y su régimen Capítulo X El problema de la propiedad | 213 Capítulo XI ¿Qué es lo público? | 223 Lo público como la producción de ciertos bienes. Los «bienes públicos» | 225 Lo público y lo estatal, 1 | 229 El sentido de lo público | 231 Lo público y lo estatal, 2 | 238 Capítulo XII De la educación pública al Régimen de lo Público | 241 El estado crítico de la educación pública | 241 ¿Es la educación pública un problema? | 243 Derechos universales | 246 Los principios de los derechos sociales: el caso del NHS | 248 Lo público y lo estatal, 3 | 249 Los críticos de izquierda y de derecha | 251 Las críticas de izquierda a la idea del Régimen de lo Público | 251 Los críticos de derecha y la libertad de enseñanza | 254 Cuarta parte Lo público de la universidad Capítulo XIII La ceguera de los «expertos» | 259 Capítulo XIV Lo público de la universidad | 277 La universidad: ¿una institución que ha dejado de existir? | 279 La idea de universidad pública y su crisis | 281 La redefi nición de la universidad bajo el mercado | 287 La modifi cación del sentido de la universidad | 287 El desajuste entre el nuevo sentido y las formas institucionales de la universidad | 288 Lo público de la universidad | 292 La universidad, el «conocimiento experto» y la discusión pública | 294 La improbabilidad de la discusión pública | 295 El conocimiento experto y su producción | 295 La decadencia de la idea de universidad pública | 301 El régimen de lo público | 302 Dos dimensiones de lo público, dos regímenes de lo público | 302 El régimen de la educación universitaria como derecho social | 303 El régimen de la universidad (pública) | 303 ¿Es posible la universidad hoy? | 308 El contenido del régimen de la universidad pública | 312 Sobre la aplicación del Régimen de lo Público | 321 Referencias | 327 Para Clemente O freedom, what liberties are taken in thy name! Billy Bragg

Los derechos sociales involucran un componente de políticas públicas cuya determinación se encuentra fuera de las competencias del juez constitucional.
Por tanto, los intentos de justiciar directamente los derechos sociales contenidos en las constituciones estimulan al juez a practicar una conducta activista, evaluando elementos que en realidad no corresponden a una interpretación propiamente jurídica.
Para demostrar esta afirmación, se estudiarán algunas sentencias de los tribunales constitucionales y superiores de Brasil, Colombia, Perú, Chile y de la Corte Interamericana, que aplican el denominado principio de progresividad en el cumplimiento de los derechos sociales.

El debate público y el constitucional que propone la Nueva Mayoría, ha puesto demasiada confianza en la consagración positiva de derechos sociales como herramienta eficaz para aumentar el bienestar de la población, y en dejar la defensa de éstos en manos de los jueces. A fin de desvirtuar ambos planteamientos, las páginas que siguen realizan un análisis aplicado de la evolución de ciertos índices en las áreas de la educación y la salud y su relación con reformas constitucionales íntimamente vinculadas. Del análisis se concluye que las declaraciones constitucionales, la consagración de derechos sociales o su justiciabilidad poco han influido en los aumentos de los índices de bienestar y que, por el contrario, son las políticas públicas en ambas áreas las que han permitido cambios reales en la satisfacción de las
demandas vinculadas a la educación y a la salud. Con esta constatación se pretende entonces reducir la presión por incorporar en la Carta Fundamental nuevos derechos sociales y por debatir su justiciabilidad, para trasladar la discusión al ámbito de la política pública.

El propósito de este texto es echar mano de la teoría sobre la implementación de las políticas públicas para extraer elementos que pueden ser útiles para el análisis de la implementación de las sentencias experimentales de la Corte Constitucional. El argumento defendido es que la implementación de una política pública y de una sentencia experimental no son asuntos tan diferentes; por el contrario, ambos procesos  tienen mucho en común para responder a preguntas como: ¿es posible prever en el diseño de las sentencias las circunstancias que ocurrirán en su ejecución?, ¿hay mejores diseños que otros?, ¿las sentencias son rediseñadas, o al menos reinterpretadas, por los actores cuando estas llegan al territorio?, ¿se ejecutan en el tiempo estipulado por la Corte?, ¿cuáles son los problemas de implementación que se presentan? O ¿quién o quiénes vigilan la implementación? Estas y otras preguntas son abordadas de la mano de la literatura de políticas públicas. En la segunda parte se presenta una aproximación a la valoración del éxito y a los criterios usados para reconocer que una sentencia ha sido implementada (o no) de manera exitosa.

Le nuove procedure di composizione della crisi destinate all’imprenditore non fallibile ed al consumatore introdotte dalla l. 3/2012, succ. mod. integr., ossia l’accordo di ristrutturazione dei debiti ed il piano del consumatore, prevedono che il debitore, insieme alla proposta di accordo rivolta ai creditori per la ristrutturazione del proprio debito, depositi, tra l’altro, un’attestazione di fattibilità del piano redatta dall’organismo ad hoc. Nel contempo, nell’ipotesi in cui il consumatore, al fine di porre rimedio alla sua situazione di sovraindebitamento, ricorra al "piano" , deve allegare alla proposta di piano una relazione articolareggiata dell’organismo predetto che contenga, tra l’altro, un "giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria...

No voy a realizar un análisis teórico en este documento que valore de alguna manera la postura activista que ha asumido la Corte Constitucional en Colombia. Partiré del hecho real de su carácter garantista y a partir de allí abordaré uno de los casos más emblemáticos que en materia de garantía y justiciabilidad de derechos sociales ha hecho el alto tribunal, esto es, la evolución que jurisprudencialmente tuvo el derecho a la salud como derecho social hasta convertirse en un derecho fundamental autónomo garantizado incluso mediante ley estatutaria, elaborada en cumplimiento a una sentencia constitucional.

Estado Malfeitor. Badfare-State. Estado de Mal-Estar Social. Expressões repletas de
sentido, buscando demonstrar um momento histórico vivido no Brasil em que permeia um
sentimento de desalento, de separação profunda dos interesses coletivos para com os interesses
do Estado propriamente dito.
Com efeito, se em fins da década de oitenta, do século passado, todos entendíamos o
que poderia ser o “Estado de Bem-Estar Social”, vivenciados pela efervescência deste período
após as duas décadas de obscurantismo de ditadura militar, pelos trabalhos constituintes deste
período e vislumbrados, pelo menos em vários direitos consagrados na Carta Cidadã de 1988,
sabemos hoje que aquela promessa não cumprida nos legaria o sentido inverso deste Estado
hoje vivenciado.
A tríade representada pela Emenda dos Tetos (EC n. 95/16), aliadas às reformas
trabalhistas (Lei n. 13.467/17) e previdenciária (solidificada pela EC n. 103/19), traz um
conjunto orquestrado de medidas que contribuem para a delineação do Badfare-State à
brasileira. Somam-se a isso, os vários campos afetados por esta concepção, à exemplo do meio
ambiente, dos direitos humanos, entre outros temas importantes nesta reflexão.
Esta obra coletiva reuniu diversos pesquisadores, professores e estudiosos das mais
variadas searas sociais, cuja reflexão teórica convida à análise das diversas expressões e facetas
que este Estado Malfeitor assume.
O leitor encontrará, no decorrer dos 22 artigos que compõe este livro, reflexões acerca
da seguridade social (Previdência, Assistência e Saúde), assim como no Direito do Trabalho,
duas áreas visivelmente atacadas por esta concepção badfareana. A reforma trabalhista, já
ocorrida por meio de lei ordinária, foi rapidamente introduzida à fórceps em nosso cotidiano,
sem que o movimento social como um todo tivesse fôlego e tempo para revidar um processo
de revisão profunda da C.L.T que a alterou drasticamente. A reforma previdenciária,
sedimentada ao apagar das luzes de 2019, reforça esta nova concepção de Estado Malfeitor, o
que certamente contribuirá para delinear melhor, se efetivada como tudo indica, o rosto deste
Estado badfareano.
Trazemos, ainda, nos cinco primeiros artigos que abrem esta obra, o debate sobre a
democracia, tema este que talvez seja o epicentro desta novel concepção. Além destas questões,
o leitor encontrará reflexões na seara ambiental cuja expressão contundente trazida pelos crimes
ambientais de Mariana e Brumadinho (Minas Gerais), demonstram as vísceras deste Estado.
Quiçás, o momento pandêmico atual nos traga, enquanto sociedade como um todo e
enquanto pessoas, algumas reflexões importantes, cujas lições devemos extrair desse perverso
contexto. Cremos que a principal delas é qual o tipo de Estado, latu sensu, queremos ter e
contruir, democrática e participativamente. Que tipo de sociedade queremos viver, de inclusão
ou de rechaço da maioria de nossos pares. Qual utilização devemos dar ao fundo público neste
processo de produção coletiva das riquezas nacionais. Enfim, como devemos intervir para
fulminar talvez nosso maior mal, representado pela absurda e constrangedora desigualdade
social. Esperamos, e o momento também é de esperança, que estas reflexões trazidas
contribuam para esse debate.
Pelotas, Rio Grande, São Paulo, confinados voluntariamente em decorrência do
COVID-19, em março de 2020.

Este libro resume los resultados de la investigación llevada a cabo en
el marco del proyecto “La reforma constitucional argentina de 1949:
alcances del constitucionalismo social argentino en perspectiva
transnacional” (UBACyT, Programación Científica 2018). Su objetivo
principal fue el de reconstruir y analizar en el trabajo de la convención
constituyente de 1949, las ideas sobre el alcance del rol del Estado, los
derechos de los trabajadores y la igualdad, identificando procesos de
circulación, traducción y localización de ideas a partir de la perspectiva
de la historia transnacional o global.

La educación en el pensamiento de John Stuart Mill es la herramienta que nos ayuda a desarrollarnos en nuestra esencia, la libertad. Siendo la esencia humana para Mill esa libertad, se deduce que la educación es un derecho humano fundamental para poder vivir y desplegar ese derecho también humano de la libertad.

El artículo da cuenta de una serie de obstáculos en la producción y acceso a información pública en Argentina, que repercute en la efectiva determinación del cumplimiento de la obligación estatal de garantizar el Derecho a la Alimentación Adecuada (DAA).

En el análisis efectuado se tienen en cuenta las siguientes directrices voluntarias de FAO vinculadas con aspectos institucionales y de rendición de cuentas: “Directriz 1: Democracia, buena gestión pública derechos humanos y el estado de dere-cho”; “Directriz 5: Instituciones”;“Directriz 7: Marco jurídico”; “Directriz 17: Vigilancia, indicadores y puntos de referencia”; “Directriz 18: Instituciones nacionales de derechos humanos” y “Directriz 19: dimensión internacional” (Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos).

Una especial atención merecen también los “Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador”, en tanto los Estados que han ratificado dicho Protocolo (como es el caso de Argentina), debieron presentar sus informes nacionales sobre el agrupamiento de derechos que incluye al DAA en el año 2016.

Referencia:
Carrasco, M, Pautassi, L., Aragón, J., Antoniou, F, Arcidiácono, P., Bestard, A., Balardini, L, Bermúdez, A., Carmona Barrenechea, V., Gamallo, G., Messina, G., Piasek, G., Royo, L. y Straschnoy, M. (2016). Derecho a la alimentación adecuada y acceso a la información pública en Argentina. Desafíos y oportunidades a partir de los Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador. Cuadernos de Difusión del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (11), pp. 119-142.

1. El diagnóstico de una realidad cambiante en la defensa de los Derechos Humanos:
historia de una defensa inacabada. 1.1. Del desarrollo latinoamericano a la crisis española.
2. Derechos de primera y de segunda generación. 2.1. Impacto de la labor del Defensor
del Pueblo Español en un contexto de crisis económica: la pérdida de derechos de segunda
generación y la necesaria consagración de los derechos de primera generación. 2.2. Impacto
de la labor del Defensor del Pueblo en el desarrollo de la democracia en Latinoamérica: la
confusa línea ente los derechos de primera y segunda generación. 3. Algunas refl exiones
fi nales. 4. Bibliografía.

Analisando as tendências contemporâneas do Direito Público brasileiro em termos de direitos fundamentais econômicos e sociais, o presente artigo busca refutar a concepção segundo a qual o papel do Estado resume-se a assegurar somente condições mínimas de existência digna ao cidadão, necessárias ao exercício das liberdades, bem como a ideia de que o Poder Judiciário, mediante a concessão de prestações individuais, é a via mais adequada para a efetivação desses direitos. A partir de uma leitura da Constituição de 1988, propõe-se que a promoção do desenvolvimento, um dos objetivos fundamentais da República, reclama a postura interventiva de uma Administração Pública inclusiva, por meio de ações universalizadas, que não se restrinjam à garantia do mínimo existencial. Defende-se que ao Estado não incumbe uma função subsidiária nessa seara, limitada a proporcionar uma igualdade de oportunidades entre os indivíduos como ponto de partida; pelo contrário, a ele compete a implementação de políticas públicas de modo planejado, com vistas à redução das desigualdades entre as posições sociais existentes na realidade brasileira.

En el caso materia de comentario el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la eficacia y alcance de los derechos sociales y, en especial, sobre el derecho fundamental a la alimentación. La corte hizo referencia a que existe una “obligación mínima esencial”, que forma parte del llamado “primer umbral” de protección de estos derechos; umbral que se encuentra relacionado con la satifacción de necesidades humanas vinculadas con la supervivencia y cuyo cumplimiento a cargo del Estado es incondicionado. El tribunal afirmó, asimismo, que existen otros dos umbrales, el segundo de carácter menos urgente, dirigido a permitir que las personas cumplan sus propósitos y logren su bienestar, y uno tercero, cuya realización depende de la discrecionalidad y posibilidades del Estado, y que alude a la satisfacción de los intereses o preferencias de cada quien. El autor, si bien se muestra de acuerdo con la formulación de los dos primeros umbrales (acogiendo lo señalado por David Bilchitz), realiza algunas críticas al contenido de la sentencia.

El objetivo de este artículo es explorar el análisis de estereotipos como herramienta metodológica para dar pistas a quien, por ejemplo, quiere atacar la constitucionalidad o convencionalidad de una norma o de una práctica que se sustenta en imágenes estereotipadas del papel que se le asigna a determinadas personas o grupos en la sociedad y que implica una violación de derechos.  A su vez, está dirigido a quienes trabajan en la justicia y deben mantener la alerta interpretativa de no incurrir en el uso de estereotipos o que tienen la obligación de desarmar los estereotipos que se enmascaran en las formalidades de las presentaciones jurídicas o en la naturalización de los hechos del caso.  Para ejemplificar los diferentes pasos de su uso utilizaré como ejemplos casos de la Corte IDH y de la Corte Suprema de Justicia argentina.  Sin embargo, los desarrollos que realizaré sobre la técnica de estereotipos pueden ser utilizados para desarmar otros estereotipos, tales como por etnia, condición social, edad, religión, apariencia física, entre otros. El desafío es que se instale en la caja de herramientas de uso cotidiano de los y las operadoras jurídicas.