ABOGADO

Este artículo abarca la configuración conceptual del derecho de postulación en Colombia, detallando la amplitud de sus excepciones, donde legal y constitucionalmente se autoriza la intervención directa. Luego de explicar acciones, hipótesis y controversias motivo de excepción; se muestra el esquema de las modalidades del poder en el Código General del Proceso y las vicisitudes de la presentación personal junto con propuestas al respecto; sin olvidar de otro lado, la normatividad para conferir los poderes bajo la emergencia económica, social y ecológica de la pandemia COVID-19. De esta forma, después de emprender un recorrido analítico, se precisa el alcance teórico y la operatividad de los fenómenos de la revocatoria y renuncia del poder, como motivos para la finalización del mismo, a los cuales se agregan, dentro de esta investigación, la muerte del apoderado y dos clases de inhabilidades bautizadas como ‘inhabilidad sobrevenida’ e ‘inhabilidad originaria’, las cuales no constituye...

Este es un capítulo introductorio a la obra titulada "Nueva Ley de Compras Públicas. Estudio sistemático y práctico de la reforma a la Ley N° 19.886", editada por Ximena Lazo Vitoria e Iván Obando Camino, coordinada por Camila Castro Fuentes y publicada por Thomson Reuters.

La falta de acceso a la justicia, sobre todo para las poblaciones más vulnerables y con menos recursos económicos, es un problema urgente en Colombia. Los sistemas de defensoría pública y servicios pro bono no parecen ser suficientes y efectivos. En otras jurisdicciones que también se ven afectadas por este problema se están empezando a adoptar distintas medidas que afectan el monopolio que ostentan los abogados y las reglas que estructuran el mercado a través del cual proveen sus servicios. Con el fin de prever los términos que van a estructurar el debate en Colombia sobre cómo mejorar el acceso a la justicia a través de modificaciones al monopolio de los abogados y la forma que se regula su mercado, este artículo recoge y estudia las sentencias de la Corte Constitucional referentes a la materia.

La cultura de la legalidad se define como el conjunto de creencias, valores y normas que promueven el respeto al Estado de Derecho, exigiendo que los ciudadanos respeten la ley y rechacen la ilegalidad. Se basa en un mecanismo de autorregulación y regulación social, donde la armonía entre las leyes, las convicciones morales y las tradiciones es fundamental. El Estado de Derecho garantiza que las leyes se establezcan democráticamente, protejan los derechos humanos y se apliquen de manera uniforme y obligatoria a todos. En México, aunque la cultura de la legalidad es esencial, su implementación es mínima y no se considera una prioridad, siendo vista como un tema para "élites" y "expertos". Esto se refleja en la falta de un compromiso real por parte de la sociedad, ya que muchos ciudadanos cumplen las leyes más por conveniencia o para evitar sanciones que por un verdadero deber moral. La promoción de esta cultura es fundamental para superar la impunidad y alcanzar un desarrollo social y económico sostenible.

La ética, como disciplina filosófica, estudia el comportamiento humano en relación con el bien, el mal y los preceptos morales. En la profesión de la abogacía, la ética debe contextualizarse según las normas y principios que guían la interpretación y aplicación de la ley. En México, la abogacía está regulada por la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional y por diversas asociaciones que establecen códigos éticos, aunque estos solo aplican a sus miembros. Las malas prácticas en la abogacía son difíciles de erradicar debido a la no obligatoriedad de la colegiación. Un abogado debe actuar con libertad y ética, respetando la ley y luchando por la justicia, tal como lo refleja el decálogo de la abogacía, que promueve la lealtad, la tolerancia, la paciencia y el amor por la profesión. La ética en la abogacía también es crucial para garantizar la justicia, el respeto mutuo entre abogados y jueces, y un ejercicio profesional responsable, sin ego ni narcisismo.

Praxis Jurisprudencial" va enfocado a aquellos alumnos que deseen comprender los principios particulares y regulación jurídica especial en el ámbito del control, la responsabilidad y los derechos subjetivos del administrado, como así también las principales herramientas del derecho administrativo sancionatorio.

El trabajo de investigación denominado indebida motivación de las disposiciones fiscales en el delito de acceso ilícito a los sistemas de seguridad en Lima, 2022,tuvo como objetivo analizar la situación de la indebida motivación de las disposiciones fiscales en el delito de acceso ilícito a los sistemas de seguridad en la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia del Distrito Fiscal Lima Centro,2022.

Reflexiono sobre cómo la tecnología y la innovación están transformando la administración de justicia, destacando los desafíos éticos, sociales y profesionales que esto conlleva. Analizo el impacto de las nuevas herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, en los procesos judiciales, y subraya la necesidad de repensar y adaptar los modelos de trabajo tradicionales para no ser reemplazados por las propias herramientas que desarrollamos. Cuestiono el papel del derecho y la justicia en la era digital, advirtiendo sobre la importancia de mantener el control sobre la tecnología y los procesos decisionales para preservar la relevancia y la calidad de la intervención humana..

En los autos “SCHOLZ JOSE LUIS C/ VECE MARIELA IVANA S/ DIVORCIO” (Expte. n°108792 Año 2023), la Cámara de Apelaciones del Interior del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén -con fecha 07/08/2024- decidió revocar la sentencia de 1° Instancia por considerar que "la única forma por la cual el juez o la jueza no aplique una ley dictada por el órgano competente (PL), es que decrete su inconstitucionalidad".

Asimismo, resolvió que "La ley 1594, sigue vigente y establece montos mínimos, que deben indefectiblemente ser respetado por la justicia, so pena de afectar derechos de raigambre constitucional, como es el honorario del letrado, que reviste carácter alimentario".

En lo personal, como profesional del derecho me alegra haber deducido el recurso de apelación y haber obtenido dicho resultado en clave de justicia. Espero que sea de utilidad para todos/as los/as colegas.

Muchas gracias al Dr. Eduardo Sepúlveda (Consejero de la Magistratura de la Provincia del Neuquén), por la difusión en la última edición de la revista digital (agosto 2024).

"Tu deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia" (Couture)

Dentro del derecho comparado y de la filosofía en el derecho procesal de familia el autor (costarricense) aborda el sistema de justicia de familia que se adosa sobre la Ley Procesal de Familia de Entre Ríos, Argentina.  Lo inserta dentro de tendencias mundiales y específicamente dentro de una corriente en su país junto con otras once leyes.. Halla un sistema especializada, dinámica y flexible de vías procesales.  Encuentra piezas sofisticadas dentro de este sistema las cuales va señalando.  Entre ellas destaca aspectos como el legajo familiar y el centro de vida.  A la par de principios expreso de los artículos 1 a 6, se proponente principios expresos no enlistados y principios implícitos. En un esfuerzo de filosofía en el derecho procesal de familia se aisla dentro del texto una frase que entiende el autor es la piedra angular o idea primigenia y que engloba toda la tendencia moderna y todo el sistema entrerriano,  Destaca el papel preponderante a nivel macro que confía la ley al Superior Tribunal de Justicia. .

Consultora en Archivística y Gestión Documental para entidades públicas o privadas. Ha participado en calidad de ponente y/o asistente en eventos nacionales e internacionales. Registrada como autora en The Encyclopedia of Archival Writers, 1515-2015, trabajo de referencia que incluye los perfiles de autores de literatura sobre documentos y archivos en el mundo occidental que han dado forma al campo de los archivos en un lapso de 500 años. Editada por Luciana Duranti y Patricia Franks, publicada por Rowman&Littlefield, United Kindom (https://rowman.com/ISBN/9781538125809/Encyclopedia-of-Archival-Writers-1515-2015). Ha participado en diversos proyectos de archivos de América Latina y actualmente con ALA-RIBEAU y como co-applicant en el Proyecto InterPares Trust Inteligencia Artificial con sede en Vancouver (Canadá). Participación en webinars internacionales 2019 a la actualidad y como docente en diplomados organizados por diversos países, desde 2020 a la fecha. Ha publicado los siguientes libros:

A lenghty (unfortunately poorly updated) case compilation of principal and illustrative full cases from various courts embedded w/in the relevant provisions of our ITA with some ancillary administrative material.

This is the 3rd "book" - a case/statute/doc dbase this time - for a one-source focused d/load, that I wrote on income tax law. Its original, which can still be found on Googlebooks, was compiled in 2016.

Anyone could compile this. I did so by studying practically all the relevant case material on CanLII.org's website and processing its weight in line with the Act/administrative documents.
If you're going to appreciate tax law in Canada, learn how to read case.

Kim Neufeld wrote this too. She's taught a lot of people. https://www.youtube.com/watch?v=sfRr9Rmk2bo

This author considers that there are TWO prosecutable parties to that "good ol'fashion GST avoidance: when someone offers to not charge you GST if you 'don't need an invoice.'" THAT type of transaction results - generally - in a fictiious entry, or falsified, in the set of books of the vendor: and the buyer has ACQUIENCED - has agreed to that s. 239(1) as THE receptricanting originating party. It's hoped that eventually our CRA will chase our precious pennies with some gusto in the future: it takes two to dance to the tune of a crime. Theft is Theft and that's not your money.

El Curso de “Bienes, Expropiación y Obras Públicas” tiene como propósito que los estudiantes se aproximen, comprendan y apliquen de forma práctica la regulación jurídica especial y los principios particulares que rigen en el ámbito de los bienes públicos y fiscales, la expropiación y las obras públicas.

Se trata de uno de los módulos que componen el Diplomado en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica

El Curso “Procedimientos, Nulidad y Contratación Pública” es la instancia para analizar y comprender, de forma básica y esencial, tres instituciones del Derecho Administrativo: procedimiento administrativo, nulidad y contratación pública.

En ese sentido, se publica un apunte de los asuntos, materias y discusiones tratadas durante el mentado curso, cual forma parte integral del Diplomado de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica (Año 2024)

Resumen La actual teoría del delito asume casi indiscutidamente que la presencia en el autor de anomalías o alteraciones psíquicas afecta a su culpabilidad, pero no a la antijuridicidad del hecho, lo que permite aplicarle medidas de seguridad como el internamiento en un centro psiquiátrico. Sin embargo, la existencia de casos en los que dichas anomalías anticipan sus efectos al propio hecho típico, excluyendo la acción, o la presencia de elementos subjetivos del injusto, o provocando un error de tipo invencible, plantea el importante desafío teórico de cómo justificar la imposición de medidas de seguridad sin un hecho constitutivo de delito. En el trabajo se examinan críticamente las diversas propuestas que se han ensayado para resolver el problema dentro del sistema, y se muestra que ninguna está en condiciones de hacerlo, por lo que se propone una solución alternativa. Palabras clave: anomalías o alteraciones psíquicas; error condicionado; ausencia de acción; elementos subjetivos del injusto; inimputabilidad; medidas de seguridad; culpabilidad y antijuridicidad.

Ricardo Uceda: El megajuicio en un atolladero "Como hay más de 5.000 medios de prueba, el derecho de defensa resultó vulnerado. El juzgado decidió continuar, a riesgo de que el edificio se venga abajo". Ricardo Uceda. El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional se tragó de un solo bocado las deficiencias procesales del Caso Cocteles, al dar comienzo al juicio, esta semana. Hasta el momento, la investigación había recibido más críticas por otros motivos. De un lado, por las arbitrariedadesconsentidas por jueces-de los fiscales José Domingo Pérez y su coordinador Rafael Vela, que produjeron el innecesario encarcelamiento de Keiko Fujimori hasta en tres oportunidades. De otro lado, por considerar lavado de activos al acogimiento de fondos que no tuvieron origen ilícito, aunque fueron introducidos ilegalmente a dos campañas electorales de Fuerza Popular. Pero en la coyuntura han pasado a tener mayor visibilidad defectos procedimentales provenientes de la etapa anterior al juzgamiento. El megajuicio en un atolladero, por Ricardo Uceda (ilustración: Giovanni Tazza) Las irregularidades compiten en importancia. Figuran 48 acusados por hasta cinco delitos-organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción de la justicia-sin precisarse la imputación concreta. Tampoco se han individualizado las pruebas admitidas para determinar qué delito y la responsabilidad de qué acusado van a demostrar. Como hay más de 5.000 medios de prueba, el derecho de defensa resultó vulnerado. El juzgado decidió continuar, a riesgo de que el edificio se venga abajo.
Columna escrita por Ricardo Uceda.

In today's financial landscape, Nigerian banks face a complex array of responsibilities, particularly in terms of regulatory compliance and tax transparency. The Personal Income Tax Act (PITA) of 2004 (as amended), grants the Relevant Tax Authority (RTA) the authority to gather necessary financial details from both individuals and companies, ensuring all income is accurately reported and taxed. The failure to comply with such requirement does not however, translate to a tax liability but a civil penalty which is clearly stipulated by law.

Resumen Este trabajo pretende mostrar que hay un buen número de argumentos para sostener que la persecución penal de los delitos tributarios sancionadas con pena privativa de libertad para cuyo inicio se exige denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos-o del Consejo de Defensa del Estado a su requerimiento-, genera una zona de riesgo de acciones populistas antidemocráticas.

Este trabajo estará referido a las consecuencias jurídicas del incumplimiento del plazo para realizar la investigación penal. El debido proceso, la garantía de juicio rápido y límite legal de 2 años influirán notoriamente en las diversas opciones que se plantearán al respecto. De igual forma, se afirmará que la dicotomía plazo legal o judicial no es enteramente útil para resolver adecuadamente la cuestión. Palabras clave Plazo de investigación penal, debido proceso, derecho a un juicio rápido.

En este guía, el objetivo es presentar cinco técnicas para profesionales que deben comunicar información técnica o especializada a personas no expertas en la materia. Las estrategias se centran en cómo reformular y simplificar, ya que están pensadas para revertir aquellas tendencias estilísticas que complejizan la prosa.

This guide provides five techniques for professionals who must communicate technical or specialized information to non-experts. The strategies focus on rephrasing and simplifying, as they are designed to reverse the stylistic tendencies that make prose complex.

✅ Los intereses moratorios y el caso hashtag#Barrios de la SCBA

Les comparto mí artículo sobre el tema, publicado en la revista Jurisprudencia Argentina de Thomson Reuters Argentina | LEGAL

📍 En el caso, la hashtag#SCBA declaró la inconstitucionalidad del art. 7º de la ley 23.928, según ley 25.561.

En mí opinión, la decisión genera el aumento desproporcionado de la deuda reclamada y puede arrojar consecuencias peligrosas, como la inseguridad jurídica y el forum shopping.

🔎 Concluyo que la depreciación monetaria no debe solucionarse mediante los intereses moratorios (que tienen otra finalidad), sino en la teoría de las deudas de valor y considerando montos razonables. La parte demandada no tiene por qué afrontar las consecuencias que produce la inflación sobre la parte actora; y la actora, claro está, tampoco tiene por qué soportar la disminución del valor de su acreencia. Al fin de cuentas, ninguno de los dos son los responsables por la depreciación de la moneda.

Análisis de las derivaciones del caso "Sueldo" sobre el plazo y técnica de presentación del recurso de queja por denegación del recurso extraordinario ante la Corte Suprema y su impacto en el recurso de queja por denegación de los recursos de apelación ordinarios ante las Cámaras Nacionales

Las medidas de búsqueda de pruebas y limitación de derechos son actos de restricción de Derechos Fundamentales orientados a la obtención de nuevas evidencias. Su utilización en los procesos penales por delitos de trata de personas resulta clave, dadas las dificultades probatorias propias de este tipo penal. En esta línea, este capítulo del manual -que estuvo a mi cargo- analiza las medidas de búsqueda de pruebas y restricción de derechos más frecuentes en los casos de trata de personas, así como las dificultades derivadas de la prueba preconstituida que se obtiene a consecuencia de su aplicación.

El Curso de "Bases Constitucionales y Fuentes de Derecho Administrativo" tiene como objeto el estudio de temáticas centrales y fundamentales del Derecho Administrativo, como lo es el origen de esta rama del Derecho; sus bases constitucionales; su sistema de fuentes, y su organización. Estas materias se analizan desde un punto de vista teórico, ofreciendo, además, la revisión de aspectos prácticos de los asuntos abordados y la jurisprudencia emanada de los Tribunales de Justicia, al igual que de entidades que tienen incidencia en la jurisprudencia administrativa. Este Curso pretende enseñar los aspectos que cimientan el Derecho Administrativo, con el fin de generar una base teórica sólida que permita comprender la lógica de las instituciones y procedimientos que constituyen esta área del Derecho.

States, in their tax systems, create anti-tax evasion rules to try to eliminate the possibility of taxpayers engaging in behavior that harms the state in collecting the taxes that each citizen or company owes. Anti-tax evasion rules also aim to ensure that everyone contributes to public spending according to their real ability to pay, thus respecting the principle of equal contribution based on real and effective economic and financial capacity. Aware that there are companies that carry out harmful acts and thus reduce their economic and financial capacity to try to reduce their tax burden in terms of corporate income tax, the Portuguese legislator introduced autonomous taxation in corporate income tax, in the corporate income tax code, to try to eliminate belligerent behavior on the part of companies. Using the statistical data from the Autoridade Tributária e Aduaneira, and based on statistics from the tax and customs authority, the study demonstrates the financial burden on companies that bear this type of taxation and compare it with the "Corporate Income Tax" charged annually by the State.

Título: Abuso en el ejercicio de los derechos tuitivos. Reflexiones en torno al derecho laboral y del consumidor
Autor: Manterola, Nicolás I.
Publicado en: SJA 27/03/2024, 5 -
Cita: TR LALEY AR/DOC/501/2024
Sumario: I. Planteo del problema.— II. Casuística: casos de abuso de derechos tuitivos.—
III. Una reflexión personal acerca de la llamada "industria del juicio".— IV. Conclusión.

Corporation tax is imposed on the profits earned by corporations or other legal entities, it is a direct tax levied by the government on the income generated from business activities. It is charged based on taxable income (Profits) of entities such as limited companies, institutions or organizations including clubs, societies, associations, cooperatives , charities and other unincorporated bodies, for instance; Limited Companies, Trusts, Clubs, Non-Governmental Associations, Cooperative Societies, Charitable Organizations, Domestic Permanent Establishment (Branches of non-resident companies), Political Parties, Government Agencies, and a newly established entity dealing in manufacture of Pharmaceutical or leather products and having a performance agreement with Government of the united Republic of Tanzania shall be taxed at the rate of 20% for five consecutive years from the year of commencement of production.

El autor critica las dos resoluciones de la Corte Suprema que establecen que solo se puede deducir la cuestión prejudicial en la etapa de investigación preparatoria, abordando así el presunto conflicto normativo entre los artículos 7 y 350 del Código Procesal Penal. En este contexto, el autor revisa la definición de antinomias proporcionada por el Tribunal Constitucional para determinar si realmente existe un conflicto. Sin embargo, llega a la conclusión de que no hay una verdadera antinomia, lo que invalida el criterio de la Corte Suprema. Además, el autor desarrolla el principio pro actione, argumentando que la Corte Suprema debería haberlo aplicado para favorecer la procedencia de la cuestión prejudicial en la etapa intermedia. Finalmente, el autor realiza una lectura teleológica de la etapa intermedia, destacando cómo la prohibición del debate sobre la cuestión prejudicial en esta etapa va en contra de su propósito.

El 19 de febrero de 2010 se ha dispuesto por sus autoridades la disolución de la Fundación para las Investigaciones Jurídicas. Esta institución ha cooperado con actividades científicas y académicas durante sus casi treinta y dos años de vida. La entidad fue constituida el 30 ...

The massive filing of objections appeals and disputes against compelling tax and other levies is valid based on the laws and regulations and they must be handled by state administrative institutions including the Directorate General of Taxes (DJP) and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). Normative juridical legal research was employed in this research to obtain relevant data to the research problems. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed using descriptive data analysis. Several theories were used in this research including the theory of legal certainty and the theory of authority. The results showed that tax objection is essentially a legal effort outside the Tax Court to appeal for justice in tax disputes, dualism settlement of objections and appeals against compelling tax and other levies which still contains philosophical, juridical, and empirical gaps. Therefore, it is regarded necessary to reinforce the justice and the implementation of checks and balances to all parties involved in objections, appeals, and disputes of compelling tax and other levies. The reformulation should be performed as an effort to restructure the handling of objections, appeals and disputes over compelling tax and other levies to achieve the ideal legal system in Indonesia. Checks and balances mechanism can minimize the abuse of discretionary power by state administrators. Proper legal control needs to be promoted by independent judiciary that reviews administrative actions to prevent abuse of legal authority.

Por resolución de 20 de mayo de 1987 del Juzga-do de lo Criminal número 4 de la comarca de lis-boa 1 fueron condenados, como dirigentes o adscri-tos a la organización terrorista denominada «Proyec-to Global», 48 de los 64 acusados a penas que va-riaron entre los seis meses ...

Tax Law Enforcement has administrative sanctions and criminal sanctions as elements of law enforcement given by the two different agencies, namely tax officials and court judges, then the two types of sanctions can be imposed together or cumulatively. He emphasized that the administrative sanctions imposed do not necessarily eliminate criminal sanctions, and vice versa. If the coercive effort as regulated in the enforced warrant law is carried out by the DGT or uses Article 13A and Article 44B of Law Number 6 of 2009 concerning general provisions and procedures for taxation, then state losses as an element of a criminal act will not be fulfilled. To obtain data or information in writing this study, the author refers to a qualitative research approach, which refers to the norms and legal norms that live and develop in society. There is a symptom that the development of law enforcement in the context of tax revenue always uses criminal sanctions instruments without paying attention to the principle of cost-benefit principles and the capacity and capacity of the workforce of law enforcement officials.

Disputes may occur between the taxpayer and income Tax Department, VAT Department and Customs and Excise Tax Departments relating to:-(a) The computation of tax payable on assessment. (b) The levy of penalties such as for non-submission or late submission of returns of income etc.