ABOGADO

Estamos inmersos en un proceso irrefrenable de automatización, dicha ampliación de la digitalización en la vida cotidiana, implica necesariamente una reconfiguración de derechos y deberes como base para nuestros nuevos modos de interacción.
En éste sentido varias han sido las propuestas sobre la conformación y sistematización de una carta de derechos digitales que garantice mínimos estándares de transparencia, imparcialidad e igualdad. Este texto abordará algunas de ellas.

Los inicios de la actividad bancaria

La actividad bancaria en Panamá se remonta a los albores de nuestra República, al establecerse en 1904 dos bancos importantes. El primero de ellos, el International Bank Corporation, que cambió de nombre a First National City Bank of New York, hoy Citibank, que es parte de Citigroup, el mayor conglomerado financiero del mundo. El segundo fue el Banco Nacional de Panamá.

Los pilares del Centro Bancario Internacional.

No es hasta 1970, cuando se aprueba el Decreto de Gabinete N.°238 de 2 de julio de 1970, la primera Ley Bancaria que creó la Comisión Bancaria Nacional como entidad reguladora de la actividad bancaria de Panamá. Con el nuevo ordenamiento jurídico, desaparecen un sin número de bancos de "placa de bronce", y operan de forma ordenada a fines de 1970 un total de 21 bancos con activos de B/.898 millones.

Columna de opinión publicada En Estrado: "Mientras no haya claridad en este punto, mientras no haya claridad de presupuesto, leyes y políticas públicas permanentes que den cuenta de este piso tan básico y fundamental, no podemos sostener que en Chile se respete el derecho de los niños y niñas a la defensa en juicio, y por tanto, que tengan efectivamente un debido proceso".

La importancia de conocer estos términos jurídicos, que al parecer son sinónimos, o iguales es indiscutible, ya que los abogados, personas naturales o jurídicas los utilizamos día a día en el ejercicio profesional, personal y judicial sin embargo tienen unas pequeñas diferencias o características que nos permiten diferenciarlos o identificarlos de mejor manera. Mandato Es un contrato bilateral, en el que una o más personas naturales o jurídicas llamada mandante o mandantes, encargan la ejecución de uno o más negocios a otra u otras personas llamada mandatario o mandatarios. El mandato es sinónimo de poder, inclusive en el Código Civil se lo menciona en ocasiones, mandado, y en ocasiones poder.

La historia de los tratados de extradición en Colombia ha estado marcada por distintas facetas, las cuales inician en 1888, cuando se suscribió el Tratado multilateral de extradición, el cual estableció la extradición por vía administrativa.

¿ABOGADOS O DOCTORES?

Les comparto mi último artículo publicado en Microjuris, sobre el trato protocolar de "Doctor" a los abogados

¿Existe alguna Acordada que autorice su uso? ¿Será la costumbre?

Les comparto mi opinión al respecto, adelantándoles que no existe una Acordada de la CSJN que autorice el uso del término "Doctor" y que, al menos en mi opinión, la costumbre (como fuente del derecho) tampoco habilita su uso.

En el artículo arribamos a la siguiente conclusión: El trato protocolar no debería ser utilizado por el abogado (que carece del máximo título académico) para referirse a sí mismo. No obstante, el abogado podría aceptar que su interlocutor se refiera a él como "Doctor", pues se trata de una mera cortesía habitual, que no tiene en miras asignar un título universitario a quien no lo tiene.

#Acordada #Doctor #Abogado #trato #protocolar #acuerdo #CSJN

La primera notificación en juicio se hace -tradicionalmente- en el domicilio real del demandado y en formato papel. Pero, en virtud del principio de instrumentalidad de las formas, la tradicional cédula papel puede ser válidamente remplazada por otros medios (mensajes en redes sociales, carta documento) cuando éstos cumplen la finalidad de transmisión propia de las notificaciones.

A la hora de formar una empresa uno de los aspectos que se debe tener claro es el tipo de actividad económica que se va a realizar, para poder enmarcarla dentro del sector que corresponda y poder preparar un bosquejo inicial de la configuración de los diversos recursos que se necesitarán para ponerla en marcha, así como conocer mejor a la competencia y al mercado al que se quiere acceder.

Tratar de definir o encontrar el nacimiento de una costumbre profesional resulta ser, de alguna forma, dificultoso, mas aún si esta tiene tintes medievales y españoles los cuales fueron cercenados o violentamente terminados tras las guerras de independencia en el continente americano. El presente texto tiene como objetivo apuntar algunos aspectos sencillos y muchas veces llamativos respecto a la supuesta "obligación" de los abogados e incluso los magistrados de vestir alguna tenida determinada para ejercer su función. El análisis tiene su centro en el análisis histórico de la costumbre para, de esta forma, llegar a Chile y sus textos positivos que rompen con la costumbre hecha ley por los reyes de España y Castilla. Finalmente el texto termina con un somero análisis de los principios generales del derecho, especialmente el "decoro judicial" y la "dignidad", los cuales son esgrimidos constantemente por el Poder Judicial chileno y la comunidad leguleya para mantener esta extraña costumbre de vestir en una cierta moda externa.

Presentamos la Revista, junto a la editorial Microjuris, mediante la cual buscaremos fomentar el estudio del derecho procesal y el nuevo proceso electrónico.

Cuenta con doctrina de grandes autores, una sección de jurisprudencia especialmente seleccionada y podcast.

1 ______________________________________________________________________________ DERECHO EMPRESARIAL UNIVERSIDAD FRAY LUCA PACCIOLI GUÍA DE ESTUDIO DERECHO EMPRESARIAL (Décimo cuatrimestre de Licenciatura de Derechos) OBSERVACIONES A LA GUÍA El color rosa señala faltas de ortografía El color amarillo señala palabras que se sugiere sustituir por un sinónimo. El color azul señala palabras que se sugiere eliminar Contenidos de Internet encontrados, que hay que modificar Lo escrito en gris indica palabras o contenidos que se sugiere anotar Lo escrito en azul son sugerencias para considerar de temas o redacción CIENCIA CULTURA PROGRESO

El concepto de derechos humanos ha sido objeto de múltiples discusiones, su análisis puede realizarse desde diversas perspectivas ideológicas y divergencias científicas, sin embargo los esfuerzos desplegados para instaurar el respeto a la dignidad de los seres humanos permitieron formular y desarrollar un concepto de derechos humanos como derecho inherente que deriva de la persona humana y que resulta fundamental en un determinado estadio de evolución de la humanidad, por lo que reclama una protección jurídica.

Se analiza la función del certiorari argentino (art. 280, CPCCN) a la luz de los derechos constitucionales.

Se concluye que la forma en la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestima el REF en los términos del art. 280 del CPCCN debe ser modificada. Se propone mantener la facultad de la CSJN de aplicar el certiorari, pero entendemos que ha de requerirse del máximo  tribunal un pronunciamiento fundado que exprese por qué el REF es inadmisible. De esta manera, el recurrente conocerá el motivo del rechazo de su pretensión recursiva y se satisfará su derecho constitucional y convencional a obtener una sentencia fundada y motivada.

La palabra flagrancia proviene del latín flagrare q¬ue significa arder o resplandecer como el fuego. En materia de derecho penal, este concepto se toma metafóricamente, es decir, significa que el hecho aún arde o resplandece, y en el plano jurídico, es actual.

En 1821 fue creada la Universidad de Buenos Aires y el gobernador Martín Rodríguez instituyó el Departamento de Jurisprudencia. Los estudios estaban organizados en dos etapas, una académica que se cursaba en la Universidad y otra práctica en la Academia de Jurisprudencia. El reemplazo de la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia por la Cátedra de Procedimientos judiciales, en el plan de estudios universitarios en 1872, y la creación de la Facultad de Derecho, según lo establecido en la Constitución provincial de 1873, no implicó un cambio radical en la enseñanza del derecho, pero inició un movimiento capaz de forjar el escenario en el que se formaron los abogados de la generación de 1910 (nacidos entre 1873 y 1886), quienes renovaron fundamentalmente los estudios jurídicos y crearon el moderno derecho argentino. El texto constitucional otorgó a las facultades científicas la potestad de expedir títulos, abriendo las puertas al principio de la autonomía universitaria. Siguiendo el esquema de las transformaciones de la Universidad moderna, el objetivo de esta ponencia es definir el pasaje de la Universidad de la Bildung -educación activa de autorrealización-, a la Universidad de la Especialización -especialización científica y autonomía del saber-. Para ello estudiaremos los proyectos y propuestas previas para modificar o eliminar la Academia y los debates de la Convención Constituyente provincial. Se pondrá especial atención en analizar, a partir de la teoría de la recepción, las influencias de la tradición europea en las universidades argentinas, tomando como caso la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Comentario a la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, del Departamento Judicial Azul, Provincia de Buenos Aires, dictada en fecha 25/02/2021, en autos "Peña, Horacio Alberto s.
Sucesión ab intestato". Publicado en Doctrina de RUBINZAL-CULZONI Editores. Cita: RC D 263/2021

Ser abogado no es una tarea sencilla. Exige tener una gran capacidad de concentración y de juicio; capacidad de análisis y para realizar esfuerzos prolongados; el sentido del peligro desarrollado; capacidad de atención en condiciones que habitualmente desconcentrarían a cualquiera; capacidad de exposición escrita y oral; psicología cotidiana; visión estratégica de los asuntos; valor, etc., etc., etc. No es trabajo ni para tontos, ni para blandengues. Con el tiempo los abogados vamos desarrollando la habilidad de hacer todas esas labores con más o menos soltura y confianza, aunque, “siempre queda algo por aprender”.
El convencimiento, tras años de práctica y lecturas, de que no basta la experiencia para alcanzar un nivel profesional aceptable, inspiraron la idea de este libro. Lo cierto es que, actuar en juicio, exige conocer una serie de técnicas que es imposible aprender sin el acceso a la literatura adecuada. Desgraciadamente, no existe esa literatura en castellano, por lo que ha de acudirse a otra fuente: la literatura americana. El libro pretende llenar ese vacío y explicar las técnicas procesales que los abogados americanos han ido desarrollando para interrogar a testigos contrarios (cross-examination), testigos propios (direct examination), interrogatorio de peritos (expert witnesses), conclusiones (summation), etc. También proporciona la bibliografía que permitirá al interesado mejorar sus capacidades como abogado.

El caso de los militares de la guaca aún genera polémica: si bien el juez decidió una condena para los militares; Héctor Elí Rojas, senador, insiste con que no puede ser probado de quién era el dinero encontrado, y por lo tanto el rótulo de delito por peculado es inexacto. Otros dicen que el fallo tuvo más que ver con cuestiones políticas que con aspectos jurídicos.

Beneficio de Justicia Gratuita (art. 53 y 55, LDC). Concepto, alcances y aspectos relacionados. En mí último artículo, analizo el Beneficio desde una mirada constitucional y los siguientes temas:

(i) Concepto y alcance del instituto,

(ii) Postura amplia y restringida del alcance del Beneficio,

(iii) Fundamentos del instituto,

(iv) Enfoque constitucional del instituto,

(v) Procedencia del recurso extraordinario federal contra la resolución que resuelve el alcance y concesión del Beneficio.

(vi) Utilidad de los fallos plenarios en la materia, para unificar la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

(vii) Imposición de costas al consumidor.

Dos buenos testimonios de la actualidad e interés que suscita la mediación son la multitud de trabajos de investigación que, en forma de monografía o de artículos doctrinales, ser fomentado desde las instancias públicas, creando condiciones legislativas adecuadas". De ese modo, en mi opinión olvida que alguna de las medidas propuestas, como la conciliación obligatoria, ya fue desterrada del proceso civil español en otros momentos históricos 6 ; y, sobre todo, que la eventual ineficacia de las tan empeñadas medidas podría erigirse no obstante en un verdadero obstáculo para el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) 7 . En fin, aunque se constata una cierta tendencia en 6 Como ocurrió claramente con la obligatoriedad de la conciliación que fue desterrada del proceso civil español precisamente porque la opinión generalizada reconocía la escasa eficacia práctica de esta figura. Así, afirman, por ejemplo, GIMENO SENDRA, V., y MORENILLA ALLARD, P., Derecho Procesal Civil, Colex, 2ª ed., 2007, págs. 287-8, que el acto previo se revelaba como "superfluo y dilatorio", aunque pueda tener algunas ventajas como ser más económico que un requerimiento notarial. También, MONTES REYES, A., "Justificación e inconvenientes del acto de conciliación en el proceso civil", en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, núm. 10, 1986, pág. 263. En el mismo sentido, AVILÉS NAVARRO, M., "La conciliación civil preprocesal", original, pág. 29, significa que "se ha convertido en un mero trámite al que se ha prestado poca o nula atención". Asimismo, dice gráficamente LÓPEZ ORTEGA, F. J., "Jueces de Paz. Competencia", en Ponencia Jornada Jueces de Paz, (en web CGPJ), que "de todos es conocida la escasa eficacia de estos actos de conciliación en orden a evitar un futuro litigio"; y BONET NAVARRO, A., "La ejecución de lo conciliado fuera del proceso civil", en Revista General de Derecho Procesal, núm. 24, 2011, pág. 5, afirma que "se estableció como facultativo, ante el elevado índice de fracasos o pérdidas de oportunidad de resolver en ese momento previo los conflictos". Como excepción, MONTERO AROCA, J., "La conciliación preventiva en el proceso civil. (Notas para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento)", en Revista Jurídica de Catalunya, núm. 4, 1971, págs. 875-95, defiende con algunas estadísticas, de los años 1953 a 1967 su eficacia. A quien sigue otros autores como ALVARADO VELLOSO, A., "La conciliación", en Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, enero 1989, págs. 10-1. Lo bien cierto es que en el penúltimo párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se indica rotundamente que el acto de conciliación "como demuestra la experiencia, ha dado resultados poco satisfactorios". Por cierto, como ha ocurrido similarmente en diversos ordenamiento jurídicos. Así, por ejemplo, FAIRÉN GUILLÉN, V., "La preparación del juicio (alegaciones, audiencia preliminar, conciliación). El juicio oral", en Revista de Derecho Procesal, núm. 3, 1991, pág. 528, con cita de Stein-Jonas, en relación con la Vereinfachungnovelle alemana de 3 de diciembre de 1976 y la discusión y propuestas sobre la introducción de una conciliación extrajudicial y pre-procesal, recuerda que "el intento de conciliación general y obligatoria, preprocesal, fue abolido tras experiencias negativas por la Novela de 1924". 9 PLATóN, La República o el Estado, Libro III, 15ª ed., Austral, Madrid, 1982, pág. 112-3.

Entrar en la temida lista Clinton supone afrontar gravosas sanciones comerciales para los particulares y empresas incluidos en la lista. A través de ella, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) señala las personas naturales y jurídicas que considera que participan o prestan servicios en redes de delincuencia organizada, particularmente narcotráfico.

La sociedad comercial entre profesionales, particularmente aquella de responsabilidad limitada, es un paradigma de ejercicio profesional que se presenta como un desafío de nuevas oportunidades para unos o como una amenaza a la que debemos temer para otros. Como dije alguna vez entre bendiciones y anatemas, vale la pena orientarnos en la encrucijada que plantea este modo de prestar servicios profesionales.

Si bien muchas veces se otorga la preferencia de pago del art. 240 a los impuestos, en el articulo concluimos que los impuestos NO pueden ser considerados como gastos de conversación y justicia en los términos del art. 240 LCQ.

Llegamos a esta conclusión porque los impuestos son tributos que no tienen contraprestación (es decir que no otorgan un beneficio al sujeto obligado a su pago) y los gastos del art. 240, LCQ, para ser considerados tales, deben generar un beneficio a la masa de acreedores o promover el mantenimiento o crecimiento de los bienes del concursado/fallido. Por lo tanto, si los impuestos no generan un beneficio a los acreedores concursales (de manera directa o indirecta), no pueden ser considerados gastos prededucibles en los términos del art. 240, LCQ.

Durante los años 1997 a 2004, los pensionados de las fuerzas militares no tuvieron incremento del Índice de Precio al Consumidor (IPC) para nivelar sus mesadas pensiónales. Así pues, el gobierno nacional dispuso una partida presupuestal para hacer esos incrementos y pagos, luego de múltiples demandas y reclamaciones.

Actualmente, podemos darnos cuenta de que la actividad jurídica es marcada por el formalismo y seriedad, desde la formación que tenemos en las aulas universitarias cuando iniciamos el estudio de la carrera de Derecho. Sin embargo, pese a esas características, algunos operadores del derecho vienen mejorando sus actividades y poco a poco se van alejando del tradicionalismo o el costumbrismo jurídico. Para acompañar el crecimiento del mercadeo en cuanto a la promoción y difusión de los estudios jurídicos y de sus exigencias, muchas oficinas y consultorios jurídicos utilizan herramientas disponibles en otras ciencias, tales como: planificación estratégica, gestión de negocios y personas, así como el marketing; abordaré este último. ¿Cómo se utiliza el marketing? El marketing es utilizado prácticamente para todas las empresas que desarrollan productos o prestan servicios. Pero, delante de las restricciones impuestas por la legislación que rige las actividades jurídicas muchas oficinas de abogados y consultorios jurídicos, no se valían de esta herramienta; sabemos bien que el Código de Ética del abogado y normas afines, regulan el ejercicio de la abogacía presentando varios limitadores en la publicidad y propaganda de las actividades ejercidas. Varios operadores del derecho creen que la única herramienta del marketing es la publicidad, pero existe un amplio rol de actividades que transcurren de la ciencia que estudia el marketing, las cuales pueden ser utilizados por oficinas y consultorios jurídicos de nuestro medio.

Es frecuente que los clientes de establecimientos comerciales quieran obtener pruebas de lo que consideran que pueden ser vulneraciones de sus derechos como consumidor. Si estas pruebas han de ser obtenidas dentro de establecimientos comerciales, existe el riesgo de que el dueño o el encargado del establecimiento deniegue al cliente la posibilidad de obtener esas pruebas.