La basura de Calp está limpia

La trama Brugal, que afecta a diversos municipios de Alicante, entre ellos, la propia ciudad de Alicante, todos ellos gobernados por el PP, comenzó a investigarse a raíz de irregularidades en las concesiones públicas de los ayuntamientos afectados. Una de estas concesiones era la del tratamiento de basuras.
Calp había contratado a la empresa Colsur, del empresario Ángel Fenoll, ahora imputado en la trama. Tras descubrirse la trama, el ayuntamiento rompió con esta empresa. Y ahora aparece un dato significativo.
Resulta que la última medición de a basura procedente de Calp, la que corresponde a este mes de agosto, se ha descubierto que la basura pesa 76 toneladas diarias, hasta tres veces menos de lo que se facturaba antes. Y estamos hablando de una población que, lógicamente, en verano es sensiblemente mayor. Anteriormente, con Colsur, se llegaron a facturar más de 200 toneladas diarias.
No es el único indicio de que las empresas corruptas facturaban más dinero del que debían a las administraciones públicas. La Agència Valenciana de Turisme ha puesto en marcha el proceso para licitar el montaje y desmontaje del pabellón ferial que mostrará la oferta turística de la Comunidad Valenciana en la feria de Fitur, en Madrid. El presupuesto, para el evento de 2013, será de 509.330 euros. Esto supone un 50% menos del presupuesto con el que operaba, para el mismo gasto, la empresa Orange Market, de Álvaro Pérez, implicada en el caso Gürtel. Esta empresa facturó, por este mismo trabajo, prácticamente un millón de euros por cada año, entre los años 2006 y 2009.

Brugal: imputados

Javier Morató es el nuevo implicado en la trama Brugal. Fue alcalde de Calp por el PP. Se le acusa de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Tendrá que declarar en septiembre en Dénia. Junto a é, también han sido imputados los empresarios Ángel Fenoll y Juan Artacho, el ingeniero municipal Juan Cervantes y los exediles Juan Roselló, Fernando Penella y José Perles.
Estos imputados pertenecen a una pieza separada del caso Brugal en la que se investigan diferentes irregularidades en torno a la recogida de basuras, como el fraude al alza en el pesaje de los camiones de basura, lo que aumentaba la facturación debida al ayuntamiento.
Como última curiosidad, destacar que Morató había dejado el PP y había fundado un partido nuevo Alternativa Popular para Calpe (APC).


Actualización (12:06): Vídeo de Fenoll sobornando a políticos.

Brugal: favores, chivatazos y la historia que se repite; características comunes de la corrupción valenciana

Siguen saliendo nuevos datos sobre la trama Brugal, que cada vez más adquiere los tintes típicos de una trama de corrupción valenciana.
Y es que, para empezar, los regalos volaban, y no eran precisamente los típicos regalos del amigo invisible. A los ya sabidos, se pueden añadir tres bungalows gratis que recibieron los hijos de Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante. Los bungalows fueron a cambio de favores urbanísticos a Enrique Ortiz. Éste, junto a Aurelio González Villarejo, importante empresario de Castilla-La Mancha, ocultaron los pagos a través de un holding empresarial. Los dos empresarios crearon este holding empresarial para ejecutar unos bungalows en una zona residencial de Alicante. Tres de los bungalows fueron para Elisa Díaz Alperi (diputada en Les Corts), que recibió dos bungalows; y Otto Alperi, que recibió uno. Ambos son hijos de Luis Díaz Alperi. Otto Alperi llegó a deber 7.000 euros de alquiler de su bungalow son que nadie le reclamase el pago de la deuda. Curiosamente, Otto Alperi también recibió 30.000 euros de Ortiz para crear una empresa que tenía los contratos públicos municipales siete meses antes de su adjudicación.
La operación de los bungalows se produjo en octubre de 2008, una época en la que se estaba negociando para la planificación del primer Ikea en la Comunidad Valenciana, en suelo perteneciente a Ortiz.
La actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, también implicada en el caso Brugal, ha reconocido que en 2008 "era normal" recibir regalos "en cualquier estamento", pero "ahora lo normal se ha convertido en algo anormal".

Otro punto en común es la preocupación entre los implicados por los pinchazos telefónicos, lo que hace suponer que la conciencia no la tenían tan tranquila. En una de las conversaciones captadas por la policía, la propia Sonia Castedo advertía a Enrique Ortiz de que la policía pudiera tener pinchado su teléfono. Para Ortiz, eso era mentira (lo que demuestra que Ortiz tenía pocas luces). En otras de las conversaciones, David Serra, vicesecretario del PP valenciano y también implicado en la trama Gürtel, advertía el 11 de julio de 2009 a Enrique Ortiz (que entonces estaba navegando con su yate en las islas Pitiusas) de que tuviese atado todo lo relacionado con las facturas. ¿Temía algo Serra? Serra mostraría sus temores a Ortiz el 6 de febrero de 2009 cuando volvió a llamar a Ortiz tras la detención de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.

Una tercera característica común con otros casos de corrupción en la Comunidad Valenciana es la actitud chulesca y de "las urnas me han absuelto". En este caso, esa actitud es la de Sonia Castedo. Durante su investidura como alcaldesa de Alicante recibió abucheos y gritos que referenciaban su implicación en la trama Brugal (pequeño paréntesis para elogiar a los dos concejales que abandonaron el acto para sumarse a los manifestantes). Castedo se muestra tajante: "Lo que las urnas han dicho no puede modificarse en otros lugares". O lo que es lo mismo, los alicantinos me han votado y eso signifique que estoy absuelta. Habría que recordarle a Castedo que, en caso de ser juzgada y encontrada culpable, deberá cumplir condena, independientemente del número de alicantinos y alicantinas que la voten.

La última característica común, por el momento, es cómo logran la absolución judicial. Carlos San Martín, juez titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela ha anulado parte de las escuchas del caso Brugal por considerar que carecen de motivación o que ésta no es suficiente. Es la misma estrategia con la que el PP se salvó del caso Naseiro y con la que pretende salvarse también del caso Gürtel. Aunque a veces esa estrategia ha fallado, como en el caso de Jaume Matas, el expresidente de Baleares por el PP.

Brugal: el nuevo Gürtel

Siguen apareciendo nuevos datos y pruebas sobre el caso Brugal, que empezó en Alicante, pero ya se está extendiendo por Valencia también. Y es que, parece que parte del Gobierno de la Generalitat, que preside Francisco Camps, también se ha visto involucrado en este caso.
El miembro del Gobierno de la Generalitat más implicado es Mario Flores, conseller de Infraestructuras y Transportes. Tanto él como su mujer habrían recibido regalos de Enrique Ortiz, el constructor implicado tanto en Gürtel como en Brugal. Los regalos no eran por capricho de Ortiz. En una de las conversaciones grabadas por la policía, Ortiz decía: "Oye tu amigo Mario se porta de puta madre (...). Porque sí, como te lo digo. ¡Joder, qué tío! Es un tío legal, pero que te cagas. Y el tío se está, se lo está currando que te cagas. Lo está haciendo para nosotros, te lo digo de verdad, nos está apoyando a muerte (...). Me ha dado los mantenimientos de las carreteras, que no tenía ninguno, que entrar ahí es supercomplicado. Y me ha dado una zona acojonante. Me ha dado el tramo de tranvía más grande, el túnel. Me ha dado, nada más entrar, la carretera de acceso de allí en Valencia, una carretera que te cagas. O sea que, pero vamos, te lo digo, no comentes nada porque encima la gente piensa que... Piensan que conmigo, que no me puede ver. No sé por qué. Pero la gente piensa que me llevo mal con él."
También mantenía Ortiz una buena amistad con Ricardo Costa. De hecho, Luis Díaz Alperi, el anterior alcalde de Alicante, solía avisar a Ortiz de cuándo Costa estaba en Alicante.
Otros consellers con los que mantenía relaciones Ortiz son Juan Cotino (encargado de elaborar la Ley Urbanística Valenciana) y Gerardo Camps (conseller de Economía, al que Ortiz se refiere como el "jefe").
En otra conversación también se descubre la relación entre Ortiz y David Serra, vicesecretario del PP de la Comunidad Valenciana (y también implicado en Gürtel), en 2009. Ambos creen que la detrás de todo esto se encuentra Rubalcaba. Incluso piensan que los policías encargados de las detenciones son afiliados del PSOE.
Las conversaciones más jugosas, por otro lado, las da Sonia Castedo, la actual alcaldesa de Alicante, quien pedía a Ortiz, y éste cumplía. El 2 de abril de 2009, Castedo envío un mensaje a Ortiz pidiéndole colocar a un chico temporalmente en Inusa, a lo que Ortiz contesta con un "Ok". También le pide colocar a dos chicas como auxiliares de enfermería en algún hospital, a lo que Ortiz responde que tiene cierta influencia en Torrevieja y Elche, porque es socio del primero y promotor del segundo, aunque no esté terminado. El 3 de julio de 2009, la alcaldesa pidió a Ortiz trabajo para una amiga como controladora en una de las obras del Plan E. Ortiz consiguió para esta amiga un "trabajo en una de las obras de Zapatero". Y en septiembre de 2009, Castedo envió un mensaje a Ortiz en el que decía: "Hola bocazas. Necesito saber si sería posible poner a una chica de auxiliar en un hospital". Ortiz le explicó entonces que al único hospital al que sería posible es al de Torrevieja. Castedo también se interesó por el despido de otra trabajadora de Ortiz a quien exige que le renueven el contrato y la hagan fija.
Arturo Soto, marido de la alcaldesa, le pidió a Ortiz que ascendiera a una de sus empleadas, Julia Castelló. Ortiz llamó al encargado de limpieza del campus universitario para exigirle que ascendiera a la trabajadora, pero éste le respondió que era muy difícil ascender "a dedo" a alguien allí. La trabajadora acabó como personal de confianza de Castedo.
La concejala María Otilia García Pertusa pidió a Ortiz ayuda para renovarle el contrato a una empleada, cosa que éste hizo.
La conversación más reveladora, tal como ya señalé en otr post anterior, la tienen Sonia Castedo y Enrique Ortiz, en torno al portavoz socialista Ángel Luna. A pesar de que Ortiz niega vinculación entre Luna y él, el PP denunciaría un año después, el 20 de septiembre de 2010 que Ortiz había pagado las obras en casa de Luna en 1997, algo totalmente falso. La conversación es la que sigue:

Sonia Castedo: ¿Tú hiciste una obra a Ángel Luna en su apartamento de la Chicharra?
Ortiz: No.
S C: ¡La pagaste tú!
O: A ver, a ver, yo no, yo no.
S C: Me van a dar la factura.
O: No, no tiene factura nuestra, no
S C: No es vuestra.
O: (…) Pero yo creo que no, que a lo mejor usara subcontratistas de la empresa pagándoles él directamente el dinero, puede ser, pero no.
S C: Y tú tienes algún tema de Ángel… Vamos a ver por lo que es, pero, por favor, yo sé que eres muy amigo de Ángel Luna.
O: Era.
S C: Bueno, ya, pero le tienes aprecio.
O: No le he visto desde entonces.
S C: Vamos a ver, el jueves sentaré al presidente de la Generalitat en las Cortes y le quiere arrear a Ángel. Es decir, hay muchos temas con los que le puede arrear, primero con lo de su cuñado, que robó dinero siendo jefe de gabinete de alcaldía. (…)
S C: Vale, mira a ver si me puedes conseguir… habla con Luis Perea a ver si puede conseguir algo, ¿vale? Cualquier cosita.
O: Vale, lo que pasa es que este ha sido siempre muy acojonado en estas cosas.
S C: ¿Quién?
O: Ángel, este siempre ha sido muy acojonado y si ha hecho cuatro tabiques se ha buscado alguien que no tenga nada que ver, que tal… Ha sido un tío… Bueno, ha sido tan acojonado que no hizo nunca nada en el ayuntamiento por el que va a pasar, lo que pasa es que a Paco [Camps] le van a dar… Hoy me han dicho una cosa que madre mía.

Brugal: corruptos, regalos, narcotráfico y las mentiras que se dijeron contra Ángel Luna

El viernes pasado se levanta el secreto de sumario de una de las piezas del caso Brugal, en concreto, la referida a las relaciones entre el constructor Enrique Ortiz y el ayuntamiento de Alicante. En el sumario se recoge cómo Ortiz fue favorecido en asunto como el estadio de Hércules y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que generó comidas en restaurante y visitas privadas pasara cerrar el asunto. Curiosamente, al igual que en el caso Gürtel, aquí también hay una larga lista de caros regalos.

-Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante, y una concejala del PP, Sonia Alegría, viajaron a Creta durante dos semanas en un jet privado de una empresa del sobrino de Juan Cotino.
-Alperi, Sonia Castedo (actual alcaldesa de Alicante), Marta García Romeu, José Sobrino y Sonia Alegría (éstos tres últimos, concejales del PP), vieron un partido de la selección española en 2008 en el yate Elena, propiedad de Ortiz.
-Mario Flores, actual conseller de Infraestructuras y Transportes, recibió un reloj valorado en 2.000 euros. Su mujer recibió un bolso de Purificación García valorado en 90 euros.
-Belén Juste, consellera de Turismo, recibió otro bolso de Purificación García valorado en 150 euros.
-José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, no se especifica qué regalo recibió, pero se pide "que sea grande".
-Sonia Castedo, además de los ya mencionados, recibió un jersey, camisa y gabardina de Carolina Herrera.
Luis Díaz Alperi, además de los mencionados, recibió cuatro botellas de Dom Pérignon.
-Andrés Llorens, edil, tampoco se especifica. Simplemente se dice que "tiene que estar bien".
-Marta García Romeu recibió un bolso de Purificación García valorado en 150 euros.
-Asunción Sánchez, edil del PP, recibió otro bolso de Purificación García valorado en 150 euros.
-El mismo regalo recibieron María Isabel Fernández, edil; y Mari Carmen Román, también edil.
-Laura Chorro, no se especifica el regalo, pero se ice que tiene que estar bien porque ella es la novia de Ricardo Costa.
-María Ángeles Goitia, recibió el regalo que parece que gustaba a todas las ediles del PP, un bolso de Purificación García de 150 euros.
-Oti García, edil, otro bolso de 150 euros.
-Sonia Alegría, edil, mismo bolso, misma marca y mismo valor comercial.
-Pablo Suárez, exedil, recibió dos botellas de Dom Pérignon.
-Mercedes Alonso, candidata del PP a la alcaldía de Elche, recibió un bolso de 150 euros.
-Celia Lledó, alcaldesa de Villena, recibió el típico bolso de Purificación García, valorado en el típico precio de 150 euros.
-Amparo Valdecabres, edil en Manises, recibió otro bolso de 150 euros.
-Blas Benral, exedil del PSOE, recibió dos semanas en un barco velero.
-Ángel Franco, exedil y exsenador del PSOE, recibió plazas de párking.

Para colmo, también se sospecha de conexiones entre algunos imputados y una red de narcotráfico. Irregularidades en el tratamiento de la basura, narcotráfico, chantajes, sobornos... Empiezo a pensar que, en realidad, vivimos en una provincia italiana.

Ya por último, me gustaría destacar un aspecto del que se ha hablado poco. Las conversaciones grabadas por la policía para este caso exculpan a Ángel Luna de los delitos que el PP quería colgarle. Recordemos que una de las estrategias del PP fue acusar a Luna hacerse unas reformas en su casa que le habría pagado Ortiz. Pues bien, en una conversación entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz, éste niega ese supuesto. Aún así, el PP continuó adelante con la denuncia por este asunto para quitárselo a Camps de encima.

Todos los implicados en el caso Brugal

Lista completa de implicados en el caso Brugal, con sus nombres y apellidos, cargos u ocupaciones, delitos de los que se les acusa y defensa que alegan (la lista, que es larga, ha sido extraída de aquí):


José Joaquín Ripoll


Presidente de la Diputación de Alicante.

Imputado: Delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias, fraude y cohecho. Su vinculación con Brugal es la investigación por la adjudicación del Plan Zonal, en la que pudo utilizar su influencia en beneficio de los empresarios Ortiz y Fenoll a cambio de contraprestaciones. Pudo haber recibido dos pisos por valor de un millón de euros. El sumario muestra una relación muy cercana a Rafael Gregory, también imputado.

Defensa: asegura que no hay nada más que interpretaciones policiales erróneas.


Luis Díaz Alperi

Diputado en las Cortes Valencianas y ex alcalde de Alicante.

Investigado: revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho por presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante para favorecer a Enrique Ortiz.

Defensa: mantiene haber actuado correctamente y achaca la investigación a un cacería pre electoral.


Sonia Castedo

Alcaldesa de Alicante.

Investigada: delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Defensa: alega que la investigación está basada en interpretaciones policiales "malintencionadas" y que Ortiz no consiguió nada de lo que pidió en el PGOU. Admite, no obstante, haber viajado a Ibiza en el yate del empresario y que ha buscado y seguirá buscando trabajo para personas en situación "desesperada" en empresas del constructor.


Gerardo Camps

Conseller de Economía.

Investigado: aparece en una de las partes, aún bajo secreto sumarial, denominada Sociedad de Proyectos Temáticos. Figura como representante autonómico en procesos de adjudicación donde concurre Ortiz.

Defensa: manifestó públicamente que era imposible su implicación.


Fernando de Rosa

Vicepresidente del CGPJ.

Citado: un hermano suyo habla con Ortiz sobre supuestas manipulaciones en la adjudicación de los palacios de justicia, una investigación que la Fiscalía no ha enviado aún a ningún juzgado para que prosiga con las pesquisas.


Juan Cotino

Conseller de Urbanismo.

Citado: un hermano del conseller habla con Ortiz; la conversación recoge presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Eólico que depende del Consell.

Defensa: manifestó que quien detectara alguna irregularidad la denunciara en el juzgado.


Mario Flores

Conseller de Infraestructuras y Transportes.

Citado: le comunica directamente a Ortiz que es adjudicatario de un concurso de 16 millones de euros. Ortiz le responde con un "te quiero".

Defensa: defendió la legalidad de las adjudicaciones y negó que haya favorecido a Ortiz.


Antonio Amorós

Ex portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante.

Implicado: primera víctima política del caso Brugal. El fiscal ve indicios para su imputación por delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho por supuesta mediación para adjudicar el Plan Zonal de residuos a Fenoll. Continúa como concejal en Elche y como diputado provincial, aunque está suspendido de militancia.

Defensa: niega cualquier implicación en la trama.


Mónica Lorente

Alcaldesa de Orihuela.

Imputada: doblemente investigada. Imputada por supuestos delitos de revelación de información privilegiada, actividades prohibidas por autoridades, tráfico de influencias, fraude y prevaricación en el caso de la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela. El fiscal ve indicios para imputarla también por tráfico de influencias en el Plan Zonal.

Defensa: recalca que ella no aparece en ninguno de los pinchazos telefónicos y asegura que confía en la justicia. Instó a sus concejales a dar explicaciones, que son los que ella cree que deben justificarse.


Manuel Abadía

Concejal del PP de Orihuela.

Imputado: Revelación de información privilegiada, asesoramiento ilegal, tráfico de influencias, y prevaricación en la adjudicación de la contrata de Orihuela. El fiscal también ve indicios para su imputación en las supuestas irregularidades en el Plan Zonal.


Javier Bru

Concejal del PP de Albatera.

Imputado: delito de amenazas, cohecho, delito electoral, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación en relación con la contrata de Orihuela. Es gerente de Proambiente, mercantil de Ángel Fenoll. Hombre de confianza del empresario oriolano.


Ginés Sánchez Larrosa

Concejal del PP de Orihuela.

Imputado: Delito de cohecho, prevaricación, revelación de información privilegiada, asesoramiento ilegal, tráfico de influencias y fraude.


David Costa

Concejal del PP de Orihuela.

Imputado: Revelación de información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias, fraude y prevaricación. Su vinculación con el caso Brugal es tanto en relación a la trama de Orihuela como en la adjudicación del Plan Zonal.


Antonio Rodríguez Murcia

Concejal del PP de Orihuela.

Imputado: Revelación de información privilegiada, asesoramiento ilegal, tráfico de influencias, fraude y prevaricación. El fiscal considera que conocía la doble oferta de Colsur en la adjudicación municipal de las basuras (la oficial y la formada por empresas interpuestas).


Antonio Lidón

Concejal del PP de Orihuela.

Imputado: Falsedad en documento mercantil y prevaricación


José Manuel Cutillas

Concejal del PP de Orihuela.

Imputado: delito electoral


Araceli Vilella

Concejal del PP.

Imputada: delito de prevaricación en relación a su pertenencia a la comisión de gobierno que aprobó pagos a Fenoll de facturas con los reparos del interventor.


Jesús Ferrández

Ex edil independiente de Orihuela.

Imputado: tráfico de influencias y cohecho. Recibiría pagos para influir en los intereses de Fenoll.


José Manuel Espinosa

Interventor del Ayuntamiento de Orihuela.

Imputado: Delito electoral.


Pedro Meseguer

Asesor de Alcaldía de Mónica Lorente.

Imputado: delito electoral (llega a pedir el uso del carné de una mujer fallecida en las elecciones municipales) y tráfico de influencias en relación con el Plan Zonal. Supuestas presiones al técnico representante del Consorcio para que favorezca a Fenoll.


José Manuel Medina

Ex alcalde de Orihuela.

Imputado: prevaricación. Se le achaca presunta aprobación de facturas irregulares así como paralizar el concurso de las basuras cuando era alcalde atendiendo a su situación personal y no al interés público, ya que estaba amenazado por Fenoll.


Vicente Gomis

Ex secretario general de Presidencia.

Implicado: Su vinculación es la mediación a favor de Fenoll en el equipo técnico que tenía que decidir la adjudicación. El fiscal ve indicios de delito de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y participación en cohecho. Gomis fue también secretario autonómico de Industria; su experiencia en el sector es relevante, según el sumario.


Roque Moreno

Ex portavoz del Grupo Municipal Socialista de Alicante.

Investigado: inmerso en el sumario por pedir a Ortiz trabajo para conocidos suyos justo cuando se estaba negociando en el Ayuntamiento la mejora del Rico Pérez en la que Ortiz tenía intereses directos. Segunda víctima política del Brugal después de Amorós, también del PSOE. Aunque ha renunciado a los cargos públicos sigue vinculado al partido como secretario local de Alicante.

Defensa: admitió el error y presentó el jueves su dimisión.


Enrique Ortiz

Empresario.

Imputado: Delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario, tráfico de influencias, cohecho y fraude. Está relacionado tanto con la trama de la adjudicación del Plan Zonal como principal beneficiado así como en la investigación sobre irregularidades en el PGOU de Alicante.


Ángel Fenoll

Empresario.

Imputado: Tráfico de influencias, cohecho, delito electoral o en su caso de falseamiento de cuentas, aprovechamiento de información privilegiada, fraude por inducción y prevaricación en la contrata de basuras de Orihuela. También imputado por la adjudicación del Plan Zonal. Adicto a las grabaciones y uno de los investigados fundamentales, de cuyo seguimiento se han obtenido otros presuntos delitos. Se le acusa de estar detrás de la adjudicación municipal del servicio de recogida de basuras de Orihuela y de actuar con otros protagonistas de la trama para que el vertedero comarcal se construyera en sus terrenos. Valedor del triunfo de Mónica Lorente en las últimas elecciones.


Rafael Gregory

Empresario.

Imputado: delitos de aprovechamiento de información privilegiada, participación en cohecho, tráfico de influencias y fraude en relación con la adjudicación del Plan Zonal. Mediador crucial entre el presidente de la Diputación, Ángel Fenoll y Enrique Ortiz. El juez pidió para él prisión bajo fianza de 100.00 euros tras su declaración el pasado mes de julio. Se investiga la venta de camiones a su amigo Ángel Fenoll, así como otra trama paralela en relación con su empresa, Autisa, que forma una de las piezas separadas del caso. Fue presidente de la Fundación Hércules y también está implicado en la presunta financiación de dicha Fundación cuando estaba al frente de la misma.


Vicente Sala

Ex presidente de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo).

Investigado: la investigación apunta a que pudo usar información privilegiada para obtener beneficios en actuaciones urbanísticas en Aguamarga, donde la CAM tenía terrenos. El fiscal ve indicios de delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad.

Defensa: calificó de "loco" al fiscal Anticorrupción ( lo que le ha valido que la Fiscalía le abra diligencias por injurias) por relacionarle con Brugal. Aseguró que no ha comprado un metro en Alicante desde hace diez años y apuntó que en toda su vida sólo ha hablado "cuatro veces" con el empresario Enrique Ortiz.


Jesús Quesada

Redactor del PGOU de Alicante.

Investigado: indicios de delitos de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada facilitada por funcionario y tráfico de influencias. Pudo asesorar a Ortiz sobre por dónde iba a ir el planeamiento urbano de Alicante.


Daniel Gil

Director de inversiones inmobiliarias de la CAM.

Investigado: durante la investigación era responsable de inversiones de la Caja. Pudo haberse aprovechado de información privilegiada y sobre él el fiscal apunta también indicios de tráfico de influencias.


María Manuela Carratalá

Esposa de Enrique Ortiz.

Investigada: el fiscal ve indicios de delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario y cohecho. Apoyó presuntamente a su marido para obtener dinero destinado a presuntos pagos, uno de ellos, según recoge el sumario, pudo ser a Díaz Alperi.


Aurelio González Villarejo

Empresario.

Investigado: presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario y cohecho. Pudo haber gestionado el pago por Ortiz de unas viviendas para los hijos del ex alcalde a través de una sociedad interpuesta. Fue socio de Ortiz y amigo de Luis Díaz Alperi.


Jorge Yacobi

Abogado.

Investigado: letrado de inversores armenios interesados en comprar terrenos en el PGOU, en la zona de la Condomina. El fiscal ve indicios de delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario.


Javier Gutiérrez

Abogado.

Investigado: colaborador externo en la redacción del PGOU de Alicante y socio del hermano de la alcaldesa del despacho Salvetti Abogados. Según el fiscal, facilita información privilegiada a Ortiz y diseña a su medida aspectos relevantes del Plan. Investigado por indicios de delito de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada facilitada por funcionario y tráfico de influencias.


José Luis Castedo

Abogado y hermano de la alcaldesa de Alicante.

Investigado: socio con Javier Gutiérrez en el despacho Salvetti. Indicios, según el fiscal, de delitos de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada facilitada por funcionario y tráfico de influencias.


Javier Llorens

Técnico urbanístico.

Investigado: trabaja bajo las órdenes de Enrique Ortiz. Investigado por presuntos delitos, según el fiscal, de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario.


Juan Zurita

Director general adjunto de Bancaja.

Investigado: recibió presuntamente información privilegiada del PGOU referida a los terrenos del plan Torres de la Huerta. Indicios de delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario.


Bernardo Campos

Empresario y amigo de Alperi.

Investigado: indicios de delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario.


Vicente Pérez

Consejero delegado del grupo GV.

Investigado: indicios de delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario.


José Cortina

Director general adjunto y director de sociedades participadas de Bancaja.

Investigado: indicios de delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario y tráfico de influencias. Puesto de responsabilidad durante la investigación en el área de sociedades participadas de la entidad. Habría comprado terrenos valiosos por su futura recalificación con información privilegiada.


José Gregorio Bernabé

Empresario.

Investigado: presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario en relación con el PGOU de Alicante. Pudo haber gestionado el pago por Ortiz de unas viviendas para los hijos del ex alcalde a través de una sociedad interpuesta. Es un hombre de confianza de Ortiz.


Carlos Parodi

Empleado de Ortiz.

Investigado: presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario en relación con el PGOU de Alicante. Es hombre de confianza de Ortiz.


Ramón Salvador

Empresario de la construcción.

Investigado: presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario en relación con el PGOU de Alicante. Podría haber recibido información privilegiada sobre la nueva redacción del Plan General a través de Javier Gutiérrez.


José Francisco Javier León

Empresario.

Investigado: presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario. Administrador mancomunado de Dreamview, investigado por ayudar presuntamente a ocultar la identidad de Ortiz en una operación de especulación urbanística: el fallido proyecto de La Ciudad de la Economía.


José Juan Climent

Empresario.

Investigado: presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario. Administrador mancomunado de Dreamview con José Francisco León.


Jorge Lorente Ramón

Hermano de Mónica Lorente.

Imputado: Uso de información privilegiada, fraude por inducción, tráfico de influencias y prevaricación en relación con la investigación abierta por irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela. Supuestamente realizó gestiones para facilitar información sobre el pliego de las basuras de la contrata de Orihuela y trabaja para que Fenoll se presente con empresas interpuestas. También aparece como adjudicatario encubierto de una contrata municipal. La Policía captó imágenes suyas durante su seguimiento.


Rufino Montoro

Empleado de Fenoll.

Imputado: Recibimiento de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude por inducción y prevaricación.


José Ródenas

Empleado de Fenoll.

Imputado: Falseamiento de cuentas por complicidad, información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y prevaricación en relación a la financiación del PSDE.


Miguel San Andrés

Gerente de la UTE de las basuras.

Imputado: Uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y prevaricación por inducción.


José Ramón Boyer

Ex propietario de Gobancast.

Imputado: tráfico influencias, información privilegiada, fraude y prevaricación por inducción. Su empresa es una de las que usó presuntamente Fenoll para lograr la adjudicación del concurso para la recogida de residuos.


Laura Boyer

Hija de José Ramón Boyer.

Imputada: Tráfico de influencias, fraude, información privilegiada y prevaricación.


Eugenio Álvarez

Ex propietario de Liasur.

Imputado: Delito de tráfico de influencias, información privilegiada, fraude y prevaricación.


Ángel Luis Bracho

Apoderado de Sufi.

Imputado: Aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y prevaricación.


Antonio Ferrándiz

Empleado de Colsur.

Imputado: Uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y prevaricación.


Sergio Martínez

Técnico de Gesmedios.

Imputado: Uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude por inducción y prevaricación.


Francisco González

Empleado de Colsur.

Imputado: Uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude por inducción y prevaricación.


Carlos Fernández

Colaborador en la creación de sociedades encubiertas.

Imputado: Información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y prevaricación.


Carmelo Gómez

Colaborador en la creación de sociedades encubiertas.

Imputado: Información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y prevaricación.


Juan Carlos López

Colaborador en la "adquisición" de sociedades encubiertas.

Imputado: Información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y prevaricación.


José Ramón Esclapez

Colaborador en la "adquisición" de sociedades encubiertas.

Imputado: Colaborador en la "adquisición" de sociedades encubiertas. Es amigo de Rafael Gregory.


Bruno José García

Colaborador del "entramado".

Imputado: Aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias, cohecho y fraude. Vinculado tanto en la trama de Orihuela como en la adjudicación del Plan Zonal.


Antonio Ángel Fenoll

Hijo de Ángel Fenoll.

Imputado : trabaja a las órdenes de su padre y es conseguidor de los propósitos de su progenitor. Imputado por delito electoral, aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias, cohecho y fraude y prevaricación. Su vinculación se da tanto en la trama de las basuras de Orihuela como en la de la adjudicación del Plan Zonal.


María Isabel Fenoll

Hija de Ángel Fenoll.

Imputada: Aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias, cohecho y fraude. Vinculada tanto a la trama de Orihuela como a la adjudicación del Plan Zonal.


Alberto López

Yerno de Ángel Fenoll.

Imputado: Uso de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias, fraude y prevaricación.


Francisco García

Ex concejal de Orihuela.

Imputado: Amenazas, prevaricación y cohecho


Manuel Aznar

Colaborador en la "creación de sociedades encubiertas".

Imputado: Información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y prevaricación.


Jorge Sanz

Asesoramiento en sociedades encubiertas.

Imputado: Delitos de Información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y prevaricación. Imputado por la trama de Orihuela y vinculado con la adjudicación del Plan Zonal.


Josefina Candel

Empleada de Colsur.

Imputada: imputada por presunto delito electoral en la trama de investigación de la contrata de Orihuela, aunque el fiscal también ve indicios de delito para su imputación por tráfico de influencias en las presuntas irregularidades del Plan Zonal. Es persona de confianza de Fenoll. También es, presuntamente, la encargada de entregar supuestos pagos al alcalde y primer teniente de Callosa de Segura.


María Nieves Bernabé

Contratada por Fenoll para la campaña del PP.

Imputada: Delito electoral.


Antonio Franco

Ex concejal del PP en Orihuela.

Imputado: Cohecho. Se investiga si recibió algún tipo de compensación por paralizar la adjudicación de la contrata municipal. Fue concejal durante la época de alcaldía de Medina.


Higinio Sánchez

Ex presidente de Murada Independiente.

Imputado: amenazas


Juan Molina Beneito

Diputado Provincial de Obras y alcalde de Cañada (PP).

Investigado: Delito de tráfico de influencias.


Javier Llansó

Director general de CESPA.

Investigado: Delito de tráfico de influencias.


José Vicente Jiménez

Apoderado de Sufi.

Investigado: cohecho


José Candel Martínez

Gerente de Inusa.

Imputado: Cohecho, tráfico de influencias y fraude. Figura mediadora, supuestamente, entre Gregory, Ortiz y Ángel Fenoll y encargado dentro de la empresa de limpieza de Ortiz de las plantas de residuos.


Manuel Garriga

Gerente de Cespa.

Investigado: Tráfico de influencias, cohecho y fraude. Se le achaca conocimiento cierto de las irregularidades cometidas en el Plan Zonal pese a ser ser beneficiario directo al ser empresa adjudicataria del Plan Zonal.


Ángel Francisco Ripoll

Hermano del presidente de la Diputación y asesor financiero.

Investigado: Delito de tráfico de influencias. Pudo intervenir de mediador para que Ángel Fenoll adquiriera Canal 37. El fiscal concluye que cobró 10.000 euros fuera de contrato por su presunta mediación aprovechando las influencias de su hermano y su buena relación con Genoveva Reig.


Genoveva Reig

Administradora de Canal 37.

Investigada:Tráfico de influencias. Presunta mediadora en la venta a Ángel Fenoll de Canal 37.


Miguel Carratalá

Cuñado de Enrique Ortiz.

Investigado: Participación en un delito de fraude.


Eduardo Rodríguez

Técnico designado por Consorcio.

Investigado: cohecho. Su dictamen no tiene carácter vinculante. El fiscal le investiga por ser parcial en pro de la propuesta de Proambiente en el Plan Zonal (firma de Fenoll) a cambio de promesa de trabajo y presuntos pagos recibidos a través de Vicente Gomis. Supuestas presiones al técnico Luís Toral para que se acercara a la postura favorable de Fenoll.


Pedro Enmanuel Sáez

Técnico designado por Consorcio.

Investigado: cohecho. Su dictamen no es vinculante, pero sí determinante para la adjudicación. Presunto asesoramiento a Fenoll para mejorar su propuesta en el Plan Zonal y apoyo a cambio de promesa de trabajo y supuesto pagos recibidos a través de Vicente Gomis. Presiones al técnico Luis Toral.


Luis Toral

Técnico designado por Diputación.

Investigado: cohecho. Presunto apoyo a la opción de Proambiente fruto de las citadas presiones y presunto conocimiento de contratación de futuros trabajos ofrecidos por Fenoll así como del pago de un viaje a cambio de su apoyo.


Javier Pérez Trigueros

Alcalde de Callosa del Segura (PP).

Implicado: presuntos cobros para aligerar los pagos de la deuda que el ayuntamiento callosino tiene con Fenoll, cuya empresa presta el servicio de limpieza y recogida de residuos.

Defensa: alega confusiones en el sumario y que no es a él al que se refieren las conclusiones a las que llegan los investigadores.


Francisco José Rodríguez

Primer teniente de alcalde de Callosa del Segura (PP).

Implicado: aparece, como el regidor, ligado a presuntos cobros para agilizar el pago a Fenoll de las deudas del ayuntamiento.

Defensa: compareció en rueda de prensa junto al alcalde de Callosa, Pérez Trigueros y también alegó que le habían confundido en el sumario con una persona que tiene su mismo nombre.


Antonio Lorenzo

Alcalde de Algorfa y diputado autonómico (PP).

Implicado: vinculado a una de las tramas que se investigan en municipios de la Vega Baja. Aparece como supuesto percibidor de un cobro en la campaña electoral de 2007.


Aurelio Murcia

Concejal del PP en Bigastro.

Implicado: aparece como presunto percibidor de un cobro de Fenoll en campaña electoral.

Defensa: considera que no está demostrado que los informes se refieran a él.


José Gálvez

Alcalde de Jacarilla (PP).

Implicado: aparece como presunto percibidor de un cobro por parte de Ángel Fenoll con destino, presuntamente, a la campaña electoral.


José Arronis

Alcalde de Rafal por el PP.

Implicado: aparece como presunto percibidor de un cobro de Fenoll en campaña electoral.

Defensa: alega que el actual contrato de basuras con Colsur lo adjudicó el anterior alcalde socialista. Dice que se han comprobado errores en el informe, como que el receptor de los supuestos cobros es otro que no es él y que la investigación apunta a otro que lleva su mismo apellido, pero ni siquiera su mismo nombre.


Francisco Lancharro

Concejal del PP de Pilar de la Horadada.

Investigado: aparece como presunto percibidor de un pago de Fenoll. En el momento de la supuesta remuneración por parte del empresario pertenecía al equipo de gobierno.


Francisco Artacho

Director de Naturagua.

Implicado: se le relacionada con la "trama Calpe" como presunto intermediario entre Fenoll y diversos cargos del ayuntamiento calpino para interceder a favor del empresario oriolano a cambio de "generosas" contraprestaciones económicas a repartir entre varios cargos públicos. La Policía inicia la investigación en Calpe tras intervenir numerosas grabaciones a Fenoll que evidencian diversas irregularidades desde el año 1998 en la localidad en relación a la adjudicación de la construcción de una planta de transferencia de residuos, aunque la documentación del sumario apunta a que se seguirían produciendo en la actualidad.


Juan Roselló

Concejal del PP de Calp.

Implicado: diputado provincial y presunto beneficiado de las contraprestación económica ofrecida por Ángel Fenoll en Calpe.


Fernando Penella

Concejal del PP en Calp.

Implicado: edil vinculado también a la "trama Calpe" y presunto beneficiado de las contraprestaciones económicas de Fenoll.


Francisco Javier Morató

Concejal del PP en Calp y ex alcalde.

Implicado: aparece en la investigación como presunto beneficiario de las contraprestaciones económicas de Fenoll a cargos públicos de Calpe.


Miguel Roura

Ex concejal de Calp por IU.

Implicado: aparece como otro de los cargos públicos supuestamente beneficiados económicamente por Fenoll.


Miguel Pedro Mazón

Ex teniente alcalde del PP.

Implicado: vinculado a la trama que investiga la recogida de algas en Orihuela Costa. Presunto beneficiado de pagos de Fenoll.


Joaquín Daniel Cuenca

Candidato por el PP en Cox en las elecciones de 2003.

Implicado: vinculado a presuntos cobros a cambio de interceder en beneficio de Fenoll para la consecución de los permisos municipales para poder construir el vertedero de La Murada-Abanilla que gestiona la empresa Proambiente, propiedad del empresario oriolano. Fue presidente de la Asociación de Regantes de la Mura Norte hasta finales de 2002.


Francisco Poveda

Propietario de fincas.

Implicado: vinculado a la trama por "delito medioambiental" referida a vertidos irregulares de residuos al tener clausuradas Fenoll algunas plantas de gestión. Poveda figura como propietario de las fincas en cuyo interior se vertía.


Angélica Cherchi

Funcionaria de Hacienda.

Implicada: puesto laboral en Gestión Tributaria, sección Discrepancia de Renta. Proporciona supuestamente de forma irregular información de Hacienda a Jorge Sanz respecto de cuantas mercantiles y personas físicas se le requiere pero fundamentalmente, según el fiscal, asesora a Fenoll en una investigación fiscal de sus empresas.


Antonio Serrano

Trabajador de Serrano Aznar Obras Públicas SL.

Implicado: ejerció, presuntamente, funciones de intermediario entre Jorge Sanz y Rafael Gregory para que el primero ejerciese su labor en beneficio del entorno del empresario oriolano. Es conocedor, según el sumario, del origen ilícito de la información que proporciona y obtiene supuestamente un beneficio económico por su gestión.


Ismael Olmo

Abogado.

Implicado: presunto conocedor del origen ilícito de la información obtenida por Jorge Sanz.

Nicolás López

Gerente de la Fundación Hércules y edil en el ayuntamiento de Sant Joan.

Citado: es citado en el sumario en relación con la supuesta financiación irregular de la Fundación Hércules.


Carlos Mazón

Director general de la Cámara de Comercio de Alicante y diputado provincial.

Citado: aparece citado en la trama "Financiación irregular de la Fundación Hércules" -donde otra de las figuras clave es Rafael Gregory- como persona de influencia en relación a la adjudicación de obras de cuantía menor por parte de la Diputación a ciertas empresas a cambio de financiar a la Fundación Hércules.


Antonio Bonete

Administrador único de Asfaltos Reunidos y Obras SA. Arosa y Bonete Producción SL.

Citado: aparece citado, junto a un ex presidente de la Fundación, en la causa como otra de las personas relacionadas con la supuesta financiación irregular de la entidad.

José Antonio González

Secretario del PSOE de Abanilla.

Implicado: concejal socialista en Abanilla en el momento de producirse la supuesta financiación irregular del PSOE de la localidad a cambio de no cuestionar públicamente ni los negocios de Fenoll ni al empresario, ya que su vertedero está a caballo entre La Murada (Orihuela) y Abanilla en una situación irregular. Presunto beneficiado de contraprestaciones económicas de Fenoll a cambio de su silencio.

José Antonio Cutillas

Concejal del PSOE de Abanilla.

Implicado: otra de las personas que presuntamente cobró de Fenoll a cambio de no cuestionar la imagen del empresario ni de sus empresas.


Manuel José Martínez

Portavoz del PSOE y edil en Abanilla.

Implicado: otra de las personas que habría cobrado supuestamente por no cuestionar la imagen del empresario de Orihuela.


Dolores María Mateo

Concejala del PSOE en Abanilla.

Implicada: otro de los cargos políticos de Abanilla que habría cobrado supuestamente de Fenoll. Según el sumario, "renueva el pacto de no agresión" al empresario previo pago.


Maria Dolores Saurín

Concejala del PSOE en Abanilla.

Implicada: renueva, presuntamente, el pacto de no agresión a Fenoll previo pago.


José Antonio López

Primer teniente de alcalde de Fortuna.

Investigado: la documentación aportada en el sumario apunta que recibió, presuntamente, comisiones por la recogida de los residuos de Fortuna. El fiscal ve indicios de cohecho. Se trata de una investigación que conforma una pieza separada de la trama principal del caso Brugal que investiga un juzgado murciano.


Miguel Ángel Fuster

Piloto de rallyes.

Implicado: los informes policiales le sitúan como presunto mediador entre Ortiz y Gerardo Camps, recibiendo contraprestaciones en forma de patrocinio deportivo.



Anteriormente: Brugal, en Mis Pensamientos 2.0.

Una inciativa loable

La plataforma Ciudadanía Por la Transparencia de Orihuela ha convocado para el próximo día 27 de noviembre una concentración contra la corrupción en el municipio alicantino, uno de los epicentros de la trama Brugal. En la concentración, que se repetirá en barrios y pedanías de Orihuela, se retransmitirán por megafonía algunas de las grabaciones que forman parte del caso Brugal.
Sin duda, una gran oportunidad para que en Orihuela sepan a quién están votando.

Brugal también se extiende

Al igual que Gürtel, la trama Brugal también extiende sus tentáculos y sigue enfangando a más gente. Son ya veintidós los políticos del PP implicados en la trama. Entre los nombres más importantes, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante (de quién se dice que Camps quiere sustituirlo); Mónica Lorente, alcaldesa de Orihuela; Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante; y Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante (se creía que se iba a ir de rositas).
Pero la trama va más allá de políticos y empresarios. Según la Fiscalía Anticorrupción, Vicente Sala, ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM; Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM; y José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Los cuatro estarían relacionados con delitos de aprovechamiento de información privilegiada. Los dos primeros por operaciones urbanísticas cuyo objetivo sería la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de Alicante. José Cortina por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat. Juan Zurita por una operación de compra de suelo en la Condomina.

Otro detalle que han revelado las escuchas telefónicas es la utilización como interlocutores de hermanos de miembros del Gobierno valenciano. Así, por ejemplo, en contratas como la construcción de juzgados o el proyecto del Plan Eólico, intervinieron como interlocutores Alberto de Rosa, hermano de Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ y ex conseller de Justiia; y Vicente Cotino, hermano de Juan Cotino, conseller de Bienestar Social y vicepresidente tercero. En las conversaciones también sale a relucir el nombre de Miguel Morillo, director adjunto de sociedades participadas de Bancaja y con el que Ortiz forma parte de Diversia Concesiones y Servicios SL, empresa que está participada por Sedesa, Bancaja y Enrique Ortiz e Hijos y donde también figura Vicente Cotino "en calidad de presidente y consejero".
Eso sí, no todos los consellers estaban atentos a las negociaciones entre bambalinas. Así, en otra conversación, Vicente Cotino insiste en no comentar nada con Mario Flores, conseller de Infraestructuras (""No, Mario no pinta nada ahí.... Nada, olvídate. Hazme caso. No le digas nada a Mario. Lo metes en un aprieto").
En otra conversación se hablaba del Plan Rabassa. El entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, hablaba con Ortiz para agilizar el plan, que contemplaba la construcción de más de 13.000 viviendas. Ortiz afirmaba en la conversación que había quedado con Chema Pajín (padre de Leire Pajín), que entonces era asesor de la subdelegación del Gobierno, a lo que Alperi respondía: "Pues que Leire coja y hable con el director general y ya está". Leire Pajín ya ha negado que mediara a favor de Alperi u Ortiz, y ha afirmado que siempre estuvo en contra del Plan Rabassa.

Leire Pajín no ha sido la única socialista cuyo nombre ha aparecido en las conversaciones de la trama Brugal. También aparecía el nombre de Roque Moreno, portavoz socialista en el ayuntamiento de Alicante. Él ya ha dimitido y ha renunciado a su acta de concejal. Es el segudno socialista que dimite por el caso Brugal tras Antonio Amorós. Y eso que Roque Moreno "sólo" aparecía en una de las conversaciones pidiendo a Ortiz trabajo para dos conocidos suyos. Eso sí, de las dimisiones de los más de veinte imputados del PP aún no se sabe nada. Queda claro, una vez más, qué partido lucha realmente contra la corrupción.

Las conversaciones están arrojando, eso sí, datos realmente espectaculares. Como esta conversación entre Ortiz y Rafael Gregory, a costa del proyecto de unir Elche y Alicante por tranvía. Y en este enlace hay muchas otras. De todas, me quedo con esta:

Enrique Ortiz: Te debo una comida.


Rafael Gregory: Una buena comida.

Enrique Ortiz: Pero de rabo.
 
 
Parece que no sólo los "morritos" de Pajín inducen a ello. También la corrupción y el dinero.
 
 
 
 
Anteriormente: Otras entradas sobre Brugal.

Sonia Castedo también se apunta a la fiesta de Brugal

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha sido oficialmente acusada por Anticorrupción de haber recibido regalos de Enrique Ortiz, uno de los empresarios del caso Brugal, a cambio de favores en la tramitación del nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), que aún está pendiente de ratificación. La alcaldesa alicantina, que habría cometido los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho, habría recibido como regalos varios viajes y un Mini Cooper para una persona de su confianza. Ella ha mostrado (aunque no facilitado) facturas de todo ello y reconoce haber recibido un viaje a Ibiza en yate.

La acusación del fiscal está basada en las escuchas telefónicas del caso Brugal. Incluye tres supuestos hechos delictivos en los que habría estado implicada Castedo cuando era concejala de Urbanismo de Alicante, cargo que ostentó hasta su llegada a la alcaldía en septiembre de 2008.
El primero está vinculado con una presunta información privilegiada al promotor Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU. Felipe Briones, fiscal Anticorrupción de Alicante, relata hasta tres encuentros de la entonces edil con el responsable del equipo redactor del planeamiento. "El día 3 de julio de 2008 se produce una cita con Enrique Ortiz para proporcionarle el plano del Plan General y se interviene una conversación entre ambos en la que Enrique Ortiz reconoce que el plano entregado es uno que él ya poseía pero sin la última modificación".
El segundo hace referencia a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con los índices de edificabilidad previstos en distintos programas urbanísticos, entre ellos el APA-9, el PAU-3, Lomas Garbinet y Rico Pérez. "El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que ‘le pinte de azul’ tres parcelas".
Y el tercero se refiere a la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, cuyo máximo accionista es Ortiz. De acuerdo con las palabras del fiscal, "en fecha 26 de junio de 2008 se interviene una conversación entre Enrique Ortiz y Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez con la anuencia de Sonia Castedo, extremo este último que se confirma en la llamada al efecto".

Por último, es pertinente recordar que el anterior alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, se marchó de rositas (a pesar de casos como el de Mercalicante o de su implicación en Gürtel, regalándole a Ricardo Costa un reloj de lujo de 24.000 euros). Seguía así la tradición del PP valenciano de robar y marcharse en cuanto alguien empiece a oler algo (tradición que empezó Zaplana y también continuará Fabra).

Brugal continúa expandiéndose (y los de siempre mintiendo)

Al igual que pasó con Gürtel, Brugal sigue extendiendo sus tentáculos y sigue enfangando al PP de Alicante. Según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, el empresario Ángel Fenoll habría financiado al PP de otras cinco localidades alicantinas, además de Orihuela, desde 2003. Entre 6.000 y 9.000 euros podrían haber recibido los alcaldes del PP de Algorfa, Rafal y Jacarilla antes de las elecciones de 2007. Además, también habrían recibido 6.000 euros los portavoces de PP de Bigastro y Pilar de la Horadada, ambos en la Oposición. Todos esos municipios forman parte del plan zonal de residuos de La Vega Baja, una parte del sumario del caso Brugal. La contrata de la basura del plan zonal de la Vega, por un valor de 250 millones de euros, fue adjudicada al empresario Enrique Ortiz, amigo de Ripoll, de quien habría recibido como contraprestación dos lujosos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros. En el informe, por cierto, también se menciona a Ricardo Costa, imputado en el caso Gürtel y chivo expiatorio de dicho caso.

La sorpresa la ha vuelto a dar la derecha en su afán de hacer ver que los socialistas son los únicos corruptos. Así, se ha publicado la noticia de que el empresario Enrique Ortiz, vinculado a las tramas de Gürtel y Brugal, habría pagado una pequeña reforma en la vivienda de Ángel Luna, actual portavoz socialista en Les Corts. En aquella época, entre noviembre de 1997 y febrero de 1998, Luna acababa de dejar la alcaldía de Alicante y trabajaba en un despacho de abogados privado. No ocupaba ningún cargo público ni en el partido. La factura asciende a 698.600 pesetas (sí, pesetas; y ahora veréis por qué lo recalco). Ángel Luna ha declarado en relación ha ello que la empresa de Enrique Ortiz e Hijos actuó "como intermediaria" y explicó que "no sabe si Ortiz pudo haber adelantado el abono de la factura y yo luego se lo pagué, porque de eso hace 12 años, pero yo pagué todos y cada uno de los trabajos que se hicieron en mi vivienda; no le debo nada a Ortiz". Eso sí, el PP en tromba, con Rafael Blasco a la cabeza, han pedido la dimisión de Ángel Luna. ¿PERO CON QUÉ CARA MÁS DURA PUEDE PEDIR UN SINVERGÜENZA DEL PP VALENCIANO LA DIMISIÓN DE NADIE? ¿CÓMO PUEDE BLASCO, EL ÚNICO CONSELLER DE LA ETAPA SOCIALISTA IMPUTADO POR CORRUPCIÓN Y QUE TUVO QUE SER EXPULSADO POR LERMA, PEDIR DIMISIONES? ¿CÓMO PUEDEN NO MIRARSE AL ESPEJO BLASCO, CAMPS, BARBERÁ, RUS, FABRA, RIPOLL Y UN LARGUÍSIMO ETCÉTERA? Que limpien lo suyo y después que den lecciones a los socialistas. Por cierto, el caso de Luna recuerda demasiado al caso que provocó la dimisión de Joan Ignasi Pla. ¿De nuevo se mueve una mano negra?

Y ahora es cuando viene la manipulación del día, de la mano de Canal 9 y El Mundo (en su versión digital). Mirad con atención la siguiente imagen del informativo de Canal 9:

Los dos medios de comunicación cometieron el mismo "error". Confundieron la factura de 698.600 pesetas (moneda con la que se pagaba en España en 1997-1998) con euros. Aquí el vídeo del momento de la "confusión" tomado de este blog (lo que induce a pensar que los de Canal 9 leyeron la versión digital, porque en la versión papel, la cifra viene en pesetas).

El juego de las diferencias y los mismos de siempre

Tal y como se señala en algunos blogs, estalla un caso de corrupción masiva en el seno del PP y los que dimiten son los socialistas. Gürtel provocó la dimisión del entonces ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Brugal sólo ha provocado una dimisión, la del portavoz socialista en Alicante Antonio Amorós. Al parecer, en una de las grabaciones del sumario, el empresario Ángel Fenoll y su intermediario Rafael Gregory comentan, refiriéndose a Amorós: "Sí, sí que quería tocar más dinero". Vuelvo a reiterar que corruptos habrá siempre y en todos los partidos. Los políticos son personas y, como tales, corruptibles. La diferencia está en cómo reaccionan los partidos ante sus corruptos. Y el resultado es que el único socialista imputado (por cierto, falsamente se intentó involucrar en la trama a Vicente Sarrià, también del PSPV) ha dimitido mientras que el resto ahí siguen arropados por su partido. Con respecto a la afiliación de los políticos imputados, se encuentran dos ex socialista (José Cataluña y Francisco García Ortuño), dos ex concejales del Centro Liberal (Jesús Ferrández y Joaquín Escurra, ya fallecido). El resto de políticos son del PP, incluidos José Joaquín Ripoll, presidente de Alicante; Mónica Lorente, alcaldesa de Orihuela; u ocho concejales de esa localidad. La investigación no se limita a Orihuela, sino que se extiende también a los municipios de Callosa del segura, Rafal, Algorfa y Jacarilla (gobernados por el PP) y Bigastro y Pilar de Horadada (gobernados por el PSPV).

Como he dicho, la diferencia está en cómo se comporta cada partido con sus imputados. Ripoll califica los informes policiales de "falsos". Y el PP lo protege y apoya. Sin embargo, a Ripoll se le acumulan las acusaciones. Recientemente se ha sabido que La investigación policial ha permitido confirmar que Fenoll compró a petición de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, asimismo imputada, la emisora local Canal Vega Televisión, de cuya empresa, TV Orihuela, SL, es administrador único desde enero de este año. Previamente, Fenoll se hizo cargo, a través de personas interpuestas, de la empresa Tabarka Media, SA, que gestiona dos televisiones locales, Canal 37 en Alicante y Onda Mariola, en Alcoi.
Tabarka Media es el grupo que alentó en su día Eduardo Zaplana y para el que consiguió en 2002 el entonces presidente de la Generalitat valenciana apoyo financiero del grupo francés Bouygues, accionista mayoritario de Aguas de Valencia en esa época. Al frente de Tabarka Media estaba Genoveva Reig, que fue directora de Canal 9 y directora General de Comunicación del Gobierno valenciano en la época de Zaplana. Reig dejó oficialmente la dirección de Canal 37 y Onda Mariola el pasado mayo para engrosar al mes siguiente la nómina de 75 asesores de Ripoll en la Diputación.
En realidad, Reig ya había dejado su cargo en el consejo de administración de la empresa en diciembre de 2009, cuando cedió su administración a Bruno José García Soto, hombre vinculado a las empresas de recogida y tratamiento de basuras, como el propio Fenoll, en cuyo nombre entró en Tabarka Media en octubre, cuando se hizo una ampliación de capital. García Soto había comprado en julio de 2009 una empresa llamada Medios Hábiles, SL, en el banco de sociedades de Ramón Cerdá Sanjuán. Medios Hábiles sirvió para entrar en Tabarka Media. Posteriormente, en enero de este año, García Soto dejó la administración de Tabarka Media, que pasó a manos de Fernando Tomás Herrero, presidente de la Asociación de Promotores Turísticos de Dénia. El pasado 30 de julio se celebró otro consejo extraordinario de Tabarka Media para sustituir también a Tomás Herrero.

Rajoy necesita pruebas para cesar a sus cargos corruptos. Pero cuando esas pruebas aparecen, Rajoy las ignora. Como este vídeo en el que el empresario Ángel Fenoll entrega un fajo de billetes a Miguel Mazón Balaguer, concejaldel PP de Orihuela (y que fue teniente de alcalde de la localidad en 1999).

Por otro lado, los implicados sabían que estaban haciendo algo ilícito, e incluso que les seguían. Los implicados utilizaban teléfonos móviles prepago comprados por testaferros (e incluso, Rafael Gregory llegó a utilizar un teléfono de un fallecido), organizaban falsas reuniones, utilizaban palabras clave en sus conversaciones e iban a las reuniones en coches prestados. Entre los beneficiarios de algunos de los teléfonos prepago, que fueron repartidos a finales de enero de 2008, está Antonio Ángel Fenoll; el concejal de la Limpieza de Orihuela, Manuel Abadía; Jorge Lorente, empresario y hermano de la alcaldesa; o Ginés Sánchez, edil de Medio Ambiente. De otros tres móviles ha sido imposible saber su usuario.

Lo que nadie niega, ni siquiera el propio Ripoll, es la amistad que le unía con Enrique Ortiz, el otro empresario cabecilla de la trama. Incluso Ripoll viajaba en el yate de Ortiz. En agosto de 2008, Ortiz y Ripoll viajaron juntos en el Elena, el yate de Ortiz. En agosto de 2009, Ortiz le prestó el yate.

Por otro lado, según la investigación, el origen de la trama parece situarse en 2007, en las elecciones municipales en Orihuela. Angel Fenoll estaba tan interesado en que ganase Mónica Lorente, la candidata del PP, que trabajó activamente por conseguirlo. Organizó actos, fletó autobuses, pagó meriendas, regaló mecheros y espejos de bolso y pagó 1.200 euros al concejal Ginés Sánchez en la inauguración de la nueva sede del partido. También pagó a quince personas para que realizasen 70.000 llamadas telefónicas pidiendo el voto para el PP. Pedro Meseguer, coordinador electoral del PP, le facilitó el censo de Orihuela, con 41.000 votantes. Incluso el domingo electoral, Fenoll montó un dispositivo para repartir papeletas del PP en el exterior de los colegios electorales. Por supuesto, al igual que El Bigotes en el caso Gürtel, Fenoll quería mantenerse en las sombras y que no le vieran en los actos ni le fotografiaran.

La última "sorpresa" del caso la dejo para el final. En el sumario hay una grabación de 2009 entre Ripoll y Zaplana, en la que el primero le pide al segundo que mediara en la operación con la que buscaba una ampliación que sanease la televisión local Canal 37 con la entrada en el accionariado del empresario Ángel Fenoll. La inyección de capital en el Canal 37 forma parte de las contraprestaciones obtenidas presuntamente por Ripoll a cambio de favorecer a Ángel Fenoll en la adjudicación del contrato del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, un año antes. Por cierto, más de un tercio de los ingresos de Canal 37 provenían del erario público (la Diputación de Alicante llegó a pagar 200.000 euros anuales). En cualquier caso, el nombre de Zaplana tardaba en aparecer (por eso he entrecomillado antes la palabra "sorpresa"). Recordemos que Ripoll pertenecía al sector de los zaplanistas. Seguro que Zaplana no participó en Gürtel porque la trama de su "enemigo" Francisco Camps. Eso sí, Zaplana niega haber realizado la mediación que le pedía Ripoll.

Y por si alguien ya se ha perdido en toda esta trama (que va camino de dejar a Gürtel en un juego de niños), aquí dejo un resumen.

El Gürtel alicantino

El caso Brugal sigue dando disgustos a más de uno y va camino de convertirse en una trama al estilo de la trama Gürtel. De hecho, ya se señala hacia la financiación ilegal del PP, igual que en la trama valenciana.
Las grabaciones policiales revelan que los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll gestionaron con el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, el proceso de adjudicación de la planta de basuras de la Vega Baja. A cambio, Ripoll pudo recibir la propiedad de dos pisos o su equivalente en dinero. También se investiga la adjudicación de basuras del ayuntamiento de Orihuela (cuya alcaldesa también está imputada en el caso) y que apunta a una posible financiación irregular por parte de Fenoll, el cual quería que ganase el PP para asegurarse el contrato.
La planta de La Vega Baja la adjudicó el 3 de enero de 2008 el consorcio provincial de residuos (órgano dependiente de la Diputación de Alicante y presidido por Ripoll) a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Cespa y una empresa de Ortiz. El contrato acaba de ser declarado ilegal por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, que ha anulado el proceso por entender que se vulneró el pliego de condiciones en el apartado del emplazamiento de la planta.
El contrato de la basura de Orihuela, por su parte, se adjudicó en octubre de 2008 a una UTE integrada por SUFI y las empresas Liasur y Gobancast, tras una denuncia de Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes. La investigación cree que Liasur y Gobancanst son una tapadera de Fenoll. El contrato incluye una flota de 70 camiones. Las empresas de Fenoll utilizan los camiones del grupo Autisa, del empresario Rafael Gregory, amigo de Ripoll. Ambos están imputados en el caso.

Va saliendo la mierda de Orihuela

En los últimos días, el Gürtel alicantino, el caso Brugal, sigue deparando novedades. Ahora, la práctica totalidad de la cúpula del PP de Orihuela se encuentra imputada en el caso Brugal. La cifra de imputados ha aumentado en 39 imputados, de los 15 iniciales. En la nueva lista de imputados figuran nueve políticos, entre ellos tres de la Oposición. El resto son empresarios y gerentes de empresas del municipio. Entre los nombres de los políticos destacan Mónica Lorente, actual alcaldesa de Orihuela y fue concejala de Fomento y Turismo desde 2003 hasta 2007; José Manuel Medina, fue alcalde de Orihuela desde 1995 hasta 2007; David Costa, concejal de Contratación; Antonio Lidón, edil delegado de Hacienda; José Manuel Cutillas, concejal de Juventud, Agricultura, Agua y Mercados, y alcalde de la pedanía de La Murada.
Estos se unen a los ya imputados inicialmente.
Mientras, siguen apareciendo grabaciones de los implicados en la trama. Las grabaciones iniciales recogen sendas conversaciones, del 25 de octubre de 2005 y del 23 de febrero de 2006, entre el empresario Ángel Fenoll y el concejal del Centro Liberal Jesús Ferrández. En un pasaje de la charla, el edil confiesa al industrial que una de las mercantiles aspirantes al concurso, la firma Urbaser, estaría dispuesta a ofrecer tres millones de euros en pago de comisiones por la adjudicación. El presunto reparto sería así: dos millones para el entonces alcalde, José Manuel Medina, del PP, y el concejal Antonio Franco, del mismo partido, y uno para Ferrández y el edil del PSPV, Isidro Hernández. Este último dimitió un mes después de trascender a la opinión pública el supuesto soborno (una vez más, podemos apreciar la diferencia entre unos partidos y otros frente a la corrupción).
En la cinta, Ferrández admite que conoció la oferta de Urbaser en otra conversación con el constructor José Antonio Rodríguez Belmonte, propietario, entre otras, de la constructora San Antonio. Fenoll, que aspiraba a la contrata, difundió la grabación el 21 de marzo de 2006, un día después de que la mesa de contratación del ayuntamiento de Orihuela iniciara los trámites para la adjudicación. Los técnicos puntuaron en primer lugar la oferta de Urbaser y la de Fenoll quedó en tercera posición.

Conversación entre Fenoll y Ferrández, tal como la ha publicado El País:

Ángel Fenoll: Ahora, entramos un poco en la materia.

Jesús Ferrández: No hay prisa.

Á. F.: Toma, para que no se me olvide, esto es para...

J. F.: Para gastos generales.

Á. F.: Eso, para gastos generales.

Este fue el inicio de la conversación entre el industrial y político, que se prolongó hora y media y en la que, aparte de las referencias a un supuesto intento de soborno por parte de una de las mercantiles aspirantes a la contrata de la basura, la firma Urbaser, el concejal Ferrández informa a Fenoll de una auditoría sobre la gestión urbanística en el ayuntamiento de Orihuela. Durante el encuentro, Fenoll y Ferrández también pactan una supuesta colaboración del primero en la campaña electoral del segundo.

J. F.: Te voy a decir una cosa, y no se lo digas a nadie. Lo utilizas cuando quieras. Esta mañana han empezado una auditoría en el ayuntamiento, y han empezado por Urbanismo.

Á. F. ¿Los de Hacienda?

J. F.: No, el Tribunal de Cuentas. Y Medina [por aquel entonces, alcalde de Orihuela, del PP] estaba que se cagaba en los pantalones.

Á. F .: Y eso puede ser jodido.

J. F.: Como empiecen a investigar se va armar la de Dios.

Las referencias al urbanismo siguen así:

J. F.: Si yo veo fisuras también te lo digo. Nada más que mangoneemos un poco y cogiendo un par de PAU de cuatro millones de metros cuadrados, ni basuras ni la puta madre que los parió.

Á. F.: Es verdad.

J. F.: ¿De qué estamos hablando? Se pueden ganar miles de millones con un PAU de tres millones de metros cuadrados.

Las referencias a la campaña electoral de Ferrández fueron estas:

J. F.: Que sí, Ángel, que te estoy diciendo que sí, que sin problemas. Yo lo que quiero te lo digo con franqueza: yo no quiero dinero, quiero una buena campaña electoral, fíjate qué sencillo.

Á. F.: Yo te digo que tengas confianza al 100%... una campaña al estilo americano.

Ripoll: igual que Camps

Tanto que en el pasado, a raíz del caso Gürtel, le criticaba y, al final, Ripoll ha desarrollado la misma estrategia que el valenciano en relación al caso Brugal. Desaparecer, mantenerse en silencio y seguir una agenda secreta. Y de vez en cuando suelta algún hueso para calmar a la prensa. A mediados de julio, por ejemplo, dijo que se iba a levantar parcialmente el secreto de sumario sobre el caso Brugal "en los próximos días", aunque "no de forma inmediata" (que cada uno lo interprete como buenamente pueda). Además, según él, el juez iba a inhibirse de parte del sumario. Eso serviría para demostrar su inocencia. Vamos, que los corruptos siempre se copian en sus métodos.
Y hasta ahora, Ripoll ha conseguido su objetivo. Un manto de silencio se está extendiendo sobre el caso Brugal. Ni siquiera se está hablando de la compra de partidos de fútbol para favorecer al Hércules, equipo del que era dueño el empresario Ortiz, cabecilla de esta nueva trama de corrupción.

El PP repite la estrategia de Gürtel en el caso Brugal

Poco a poco, vamos descubriendo nuevos datos de la trama de corrupción denominada caso Brugal. Como el hecho de que Ángel Fenoll, uno de los empresarios imputados en el caso, facilitó afiliaciones irregulares al PP para favorecer a Ripoll en Orihuela. Fue en el año 2005, año en que Mónica Lorente (actual alcaldesa de Orihuela) se jugaba el ascenso a la presidencia del PP en Orihuela. Precisamente, uno de los delitos que se le imputan (entre otros) a Fenoll es el de delito electoral.

Otra irregularidad afecta al propio Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante e imputado igualmente. Y es que Ripoll cambió el emplazamiento de un vertedero sin que el adjudicatario tuviera la titularidad del nuevo suelo.

En cualquier caso, en este enlace podéis encontrar un resumen de la trama.

A pesar de ello, en el PP siguen utilizando la misma estrategia que han venido utilizando con el caso Gürtel: negarlo todo y hablar de conspiraciones. Ya vimos las reacciones de los miembros del PP. Pero lo peor es que, incluso, han utilizado las instituciones que controlan, como es el caso del TSJV (una institución que debería ser neutral políticamente, pero no lo es porque aún la controla el juez "más que amigo" de Camps).

El día 1 de julio, el juez Carlos San Martín se reunió con la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional. El objetivo era coordinar las detenciones que se iban a producir el día 6 de julio en relación al caso Brugal. Pero tras la detención, aparecieron dos comunicados del TSJV, firmados por San Martín, en los que decía no haber autorizado ninguna detención ni haber citado a nadie. Sorprenden estos dos comunicados teniendo en cuenta la reunión del día 1 y que Ripoll fue llamado a declarar ante el juez tras su detención, declaración de la que salió imputado de varios delitos de corrupción.

Las imputaciones del caso Brugal

A pesar de las mentiras de los intoxicadores de la derecha, Ripoll tuvo que declarar ante el juez (luego sí había citación judicial) y acabó saliendo imputado por cinco delitos. Ahora iremos a ello. Antes, simplemente quiero condenar, una vez más, la actitud de la derecha, que cuando ve imputado a uno de los suyos, enseguida ve conspiraciones por todas partes. La policía, que actúa como actúa siempre, ya está acostumbrada a defenderse de los ataques del PP. Aún así, estos ataques deben condenarse. Que se acabe ya de una vez esta impunidad de lanzar acusaciones sin pruebas ni sentido. Acusaciones como las lanzadas cuando fue detenido Ripoll, a las que hay que añadir las de Trillo (según el cual, el Estado de Derecho ha quebrado), Cospedal (que asegura que la detención se produjo al "estilo de los hombres de Harrelson") o Pío García Escudero (que ha calificado la detención de "secuestro") son inadmisibles. Y por cierto, también es falso que sólo salgan esposados en la televisión los corruptos del PP.

Dicho lo cual, volvemos a las novedades del caso Brugal. Ayer, Ripoll declaró ante el juez de Orihuela encargado del caso y salió imputado por cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. Eso sí, el propio Ripoll sigue asegurando que no le han imputado nada y que no sabe de qué le acusan. Lo hizo en una rueda de prensa posterior, sin preguntas y previo desalojo de los diputados socialistas, en la propia Diputación de Alicante. Será zaplanista, pero el estilo es propio de Camps.

Curiosamente, los medios de comunicación conservadores han dejado de informar de las noticias relacionadas con este caso (ya no voy a hablar del silencio de Canal 9). Quizá han visto que esto va en serio y que las acusaciones de conspiración son sólo desvaríos del PP.

Por cierto, en relación a este tema, hay un dato curioso a tener en cuenta: Juan Cotino supo que Ripoll iba a ser detenido días antes de que se produjera la detención (luego ya no era Rubalcaba el primero en saberlo). Cotino empezó entonces a hacer averiguaciones para ver si la trama salpicaba a las empresas de su familia (como si no tuvieran bastante con el trato de favor del ayuntamiento de Valencia, el dinero que se llevan con la inaplicación de la Ley de Dependencia, el caso Gürtel o el control de la red de geriátricos). Puestos a ver conspiraciones, hay quien dice que Cotino es la mano negra tras las detenciones, puesto que es campsista y Ripoll zaplanista (y ambos era, además, enemigos políticos). Hasta se dice que Cotino celebró la detención de Ripoll antes de que se produjera, aunque ya estaba seguro de que se iba a producir.

Ya por último, en aras de la claridad sobre el caso, dejo una lista de los principales actores de este caso, cuyos nombres, seguramente, nos iremos acostumbrando a oírlos en los próximos días, semanas y meses (La lista ha sido extraída de aquí):

-José Joaquín Ripoll: Presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP en la provincia. Zaplanista, se había alzado como la alternativa impoluta dentro del PP valenciano. Ahora está imputado por los cinco delitos antes reseñados. Su relación con el caso se debe a la adjudicación de la planta de tratamientos de basuras correspondiente a la zona XVII del Plan Integral de Residuos. El concurso se adjudicó por 19 millones de euros anuales durante dos décadas, un total de 380 millones de euros.

-Carlos San Martín: Juez conservador, aunque no inscrito a ninguna asociación. Es titular del Juzgado de instrucción Número 3 de Orihuela e instructor del caso Brugal. Desde 2007, cuatro jueces han instruido este caso, dos titulares y dos sustitutos. San Martín es titular del juzgado desde febrero y antes estuvo en Sant Vicent del Raspeig y Villena, dos localidades de Alicante.

-José Francisco León: Empresario y amigo de Enrique Ortiz. Imputado por delitos comunes a la causa, aunque sin medidas cautelares.

-José Candel: Ingeniero y máximo responsable de Inusa, sociedad mercantil perteneciente al Grupo Cívica de Ortiz.

-Ángel Luis Barcho: Gerente de la firma Sufi, concesionaria de la basura del municipio de Orihuela.

-Rafael Gregory: Gerente comercial de Autisa y ex presidente de la Fundación del Hércules Club de Fútbol. Es el principal suministrador, desde hace dos décadas, de vehículos industriales por venta o alquiler en renting de las empresas dedicadas a la recogida de basuras de Ángel Fenoll. Está acusado de fraude, cohecho y tráfico de influencias y deberá pagar 100.000 euros para eludir la cárcel.

-Enrique Ortiz: Empresario, contratista, constructor y máximo accionista del Hércules, equipo de fútbol de Alicante (y que recientemente negociaba la financiación de la construcción del nuevo estadio). El nombre de Ortiz también aparece en el sumario del caso Gürtel y en la posible financiación irregular del PP valenciano. Como curiosidad, decir que fue detenido en Pamplona el mismo día que empezaban las fiestas de San Fermín.

-Manuel Abadía: Concejal de Servicios e Infraestructuras en Orihuela por el PP. Imputado por cohecho, fraude, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias.

-Ginés Sánchez: Concejal de Calidad Ambiental en Orihuela por el PP. Imputado por cohecho, fraude, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias.

-Antonio Rodríguez Murcia: Concejal de Pedanía en Orihuela por el PP. Imputado por cohecho, fraude, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias.

-Ángel Fenoll: Empresario. Imputado por fraude, tráfico de influencias, extorsión y cohecho. Ya había sido detenido en 2007 y fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros. Entonces había sido imputado por extorsión y cohecho. Ahora, tendrá que pagar 300.000 euros (frente a los 800.000 que pedía el fiscal) para eludir la prisión.

-Antonio Ángel Fenoll: Hijo de Ángel Fenoll. imputado por fraude, tráfico de influencias, extorsión y cohecho. Tendrá que pagar una fianza de 100.000 euros para eludir la cárcel.

Reacción vergonzosa

El PP siempre ha tendido a reaccionar de forma vergonzosa cuando uno de los suyos es salpicado por un caso de corrupción. La implicación de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, en el caso Brugal o El soborno de la basura no ha sido una excepción.

Para empezar, vemos que la actitud paranoica va impresa en el código genético de sus dirigentes. Así, por ejemplo, entorno de Ripoll teme que ahora Camps se tome la revancha. Recordemos que Ripoll era de los más críticos con Camps por el tema Gürtel, llegando a desmarcarse de los actos de apoyo al presidente valenciano. Y es que Ripoll era el último zaplanista con poder importante en la Comunidad Valenciana. En los últimos meses, se rumoreaba que él y Fabra (que Fabra ni es zaplanista ni campsista, sino fabrista) iban a formar un frente común para arrebatarle el poder a Camps dentro del partido. Lo que está claro es que Ripoll ha pasado de ser "digno" y de estar "limpio" a ser otro de los chorizos de esta comunidad.

Tanto Barberá como Camps han pedido responsabilidad y prudencia ante este "momento preocupante". Eso sí, la mano no la ponen en el fuego, por lo visto.

El resto del PP sigue insistiendo en nuevas teorías de conspiración. Para ellos, lo de Ripoll es otra "cacería". Porque en el PP todos son santos y están más limpios que una patena. ¿Robar ellos? Nunca. En España sólo roban Bono y Chaves, en particular; y el PSOE, en general. Según algunas voces, esto se debe a la cercanía de las elecciones del año que viene. Claro que la teoría se cae si vemos que la investigación comenzó en 2006 y que hubo elecciones en 2007 y 2008.

Rajoy, eso sí, sigue demostrando su inutilidad al frente de su partido. En Toledo, ante las preguntas de los periodistas, Rajoy contestó: "¡Qué calorcito!". ¿El calor era por la situación que estaba viviendo o por el calor que hacía en Toledo?

El que sí contesta, y con la lengua cargada de veneno, como últimamente, es Esteban González Pons. Para él, la detención de Ripoll sólo es una "operación propagandística de Rubalcaba". También Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y Agustín Conde, portavoz de Justicia para el PP en el Senado, señalan a Rubalcaba y le acusan de equiparar, en sus detenciones, a Ripoll con los terroristas de ETA (tenía que salir ETA por algún lado).

En cuanto al afectado por todo esto, el propio Ripoll, dice que su detención fue irregular y qué ni siquiera le dijeron el porqué de su detención, lo cual ha servido para que la derecha mediática cargue sus tintas con la teoría del Estado policial de Zapatero (que se paseen por Valencia y sabrán lo que es un Estado policial en el que te toman los datos por increparle algo a Rita Barberá en la calle). Tanto el TSJV (presidido por un amiguito de Camps, Juan Luis de la Rúa), como el CGPJ (vicepresidido por otro amiguito de Camps, Fernando de Rosa) dicen que no hubo orden judicial ni imputación (cuando fue puesto en libertad, no se quiso aclarar si era libertad con cargos o sin cargos) y que la policía suplantó al juez. Lo cierto es que sí hubo orden judicial y Ripoll ha tenido que declarar hoy ante el juez del juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela.

Esto no impide que los periódicos de la derecha escriban editoriales acusando al Gobierno de Zapatero de totalitario. Carlos Dávila lo compara con la "Stasi de los comunistas de Alemania Oriental, la dictadura de Ceausescu y la Cuba de Fidel en la que el Ministerio Público es el privado del dictador". Ignacio Camacho parafrasea a Churchill diciendo que "Cuando en la España de Zapatero llaman a la puerta no es el lechero, sino las lecheras de la policía" (sentencia que ya parafraseó Camps para defenderse cuando su nombre apareció en el sumario de Gürtel). Lo peor es que, según él, sólo entran en las casas de los miembros de la oposición (vaya, no sabía que Ripoll fuera la oposición de Zapatero; yo creía que era el que mandaba en Alicante) Otros afirman que es una "maniobra de distracción" ante el Debate del Estado de la Nación. Para todos, sin embargo, el caso es una reedición del caso Gürtel, para bien o para mal.

Por su parte, la oposición valenciana opina que esta debe ser la gota que colme el vaso. Mònica Oltra, de Compromís calificó al PP de "Partido Podrido" y ha instado a los valencianos a que dejen de apoyar a un "partido que es corrupto".

En términos parecidos habla el PSPV a través de su portavoz Ángel Luna.

Detenido el presidente de la Diputación de Alicante

José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, y último zaplanista con poder importante, ha sido detenido este mediodía. La detención se ha llevado a cabo en el marco de una investigación denominada "El soborno de la basura", en la que se investigaba la concesión de licencias para la construcción de plantas de residuos y la gestión de basuras en varios municipios alicantinos.
La investigación de esta nueva trama de corrupción comenzó en 2006 cuando empresario Ángel Fenoll denunció sobornos en la adjudicación de la contrata de basuras en Orihuela. El empresario presentó las pruebas y acabó detenido en 2007 pero una semana después ya estaba en libertad, tras pagar una fianza. El juez continuó con la investigación cuando la construcción de una planta de tratamiento de residuos, dependiente de la Diputación de Alicante fue reanudada, después de que hubiese sido paralizada tras la detención de Fenoll. El proyecto había sido adjudicado entonces a Enrique Ortiz, uno de los empresarios vinculados a la trama Gürtel (y, por cierto, máximo accionista del equipo de fútbol alicantino del Hércules).
Hoy han sido detenidos, junto a José Joaquín Ripoll, el propio Enrique Ortiz, Ángel Fenoll (que ha sido detenido en Pamplona) y tres concejales de Orihuela. La policía ha llevado a cabo registros en la Diputación de Alicante, el domicilio de Ripoll y el ayuntamiento de Orihuela (gobernado por el PP).
Así pues, ya tenemos todas las instituciones públicas de la Comunidad Valenciana manchadas por la corrupción (sólo faltaba esta diputación). Y aunque hoy será un día alegre para Camps (Ripoll era zaplanista y una de las voces más críticas con Camps por el tema Gürtel; pidiendo, irónicamente, que se aplicara el Código Ético del PP), hay que celebrar que la policía siga sacando a la luz pública a los corruptos.