Uso de la Fuerza

En las siguientes líneas se presenta una visión panorámica sobre el uso de la fuerza letal en Venezuela, en la primera parte se abordará el contexto país, su regulación normativa, protocolos de actuación, políticas y debate nacional sobre el tema. En la segunda se describen los aspectos metodológicos, en la tercera los indicadores elaborados vinculados con el ejercicio cotidiano del uso de la fuerza por parte del Estado durante el año 2017. En la última parte se hace el análisis general de estos indicadores, y finalmente se sugieren algunas recomendaciones a partir del diagnóstico elaborado.

Esta investigación tiene como objetivo general articular un análisis transversal interdisciplinario de seguimiento a nueve instrumentos de posicionamiento en materia de administración y procuración de justicia emitidos por la CNDH:

 Recomendación General Núm. 2/2001, sobre la práctica común de detenciones arbitrarias por parte de agentes de la Policía Judicial y de los elementos que integran los diversos cuerpos policiacos;
 Recomendación General Núm. 6/2004, sobre la aplicación del examen poligráfico;
 Recomendación General Núm. 10/2005, sobre la práctica de la tortura;
 Recomendación General Núm. 12/2006, sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas
de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley;
 Recomendación General Núm. 14/2007, sobre los derechos de las víctimas de delitos;
 Recomendación General Núm. 16/2009, sobre el plazo para resolver una averiguación
previa;
 Recomendación General Núm. 19/2011, sobre la práctica de cateos ilegales;
 Informe Especial sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública en
nuestro país, 2006;
 Informe Especial sobre las irregularidades cometidas por servidores públicos de la
Procuraduría General de la República, en el conocido Caso de la señora Cassez, 2013.

Se presenta una panorámica sobre el uso de la fuerza pública y el derecho a la vida en Venezuela, con especial énfasis en operativos policiales. Se contextualiza este fenómeno durante las últimas 4 décadas, se analizan críticamente continuidades y rupturas entre diversas líneas de tiempo, discursos, racionalidades, justificaciones, políticas y marcos normativos. Se sistematiza la información disponible y se contrasta detalladamente con casos de los años 2016 y 2017. Se elabora una caracterización detallada de estos últimos para una mejor comprensión de esta dimensión de la violencia institucional en la Venezuela actual.

RESUMEN: Desde las tradiciones de la criminología crítica y los planteamientos de Agamben y Mbembe se intenta hacer unas reflexiones iniciales sobre los operativos policiales, la militarización de la seguridad ciudadana, el uso de la fuerza y el derecho a la vida en la Venezuela post-Chávez. La idea central es que el incremento de la violencia institucional durante las casi dos décadas de gobiernos del chavismo, más que presentar rupturas con los gobiernos anteriores, constituye parte de un continuo proceso de precariedad y deterioro de las instituciones cuya función manifiesta es la reducción y contención de la violencia. Paradójicamente la operatividad de estas instituciones termina potenciando la violencia en beneficio de los actores que coyunturalmente las dirigen. Palabras claves: Operativos policiales, militarización, uso de la fuerza, derecho a la vida, estado de excepción, necropolítica, Venezuela.

ABSTRACT: From the traditions of critical criminology and the approaches of Agamben and Mbembe, I tried to make some initial reflections about police operations, the militarization of citizen security, the use of force and the right to life in post-Chávez Venezuela. The main purpose of this paper is based on the idea that the increase of institutional violence during the almost two decades of chavism governments, more than ruptures with the previous governments, is part of a continuous process of precariousness and deterioration of the institutions of Venezuela. Although the manifest function of the aforementioned institutions

Respecto a la relación entre el uso de fuerza y el derecho internacional humanitario (DIH), se sostiene en este trabajo que, si bien esa división (ius ad bellum / ius in bello) resulta beneficiosa desde un punto de vista humanitario a los efectos de otorgar una mayor protección, lo cierto es que histórica y jurídicamente la relación ha sido, en realidad, de subordinación y no de independencia. En este sentido, la fragmentación del derecho internacional se presentaría como un fenómeno favorable a estos regímenes, ya que los Estados son responsables por la violación a las disposiciones de cada uno, en forma independiente, no pudiendo ampararse en la conformidad de sus acciones respecto de uno para justificar su incumplimiento en relación con el otro.

El uso de la fuerza se trata desde una perspectiva doble en función de los sujetos individual y colectivo (el estado y las alianzas), así como desde un punto de vista reactivo y preventivo. El empleo de la fuerza constituye una dinámica regulada y ello no se puede conseguir desde otro prisma que la gradualidad y la experiencia empírica, no cabe el análisis teórico de situaciones hipotéticas multifactoriales, en situaciones reales no hay lugar a dicotomías a la hora de evaluar su empleo más allá de si es legítimo o ilegítimo y proporcionado o desproporcionado.
La Carta de Derechos Humanos de NNUU, como marco legal es ambiguo por su naturaleza idealista, ya que se basa en un conjunto de buenas intenciones orientadas a futuro, pero no ofrece alternativas realistas que llevar a la práctica.
Existen posturas enfrentadas sobre la legitimidad o no del uso de la fuerza con carácter preventivo, dependiendo de si se trata de sujetos obligados por la responsabilidad de proteger (R2P) o si se trata de sujetos que se limitan a juzgar las acciones de los primeros.

Uso della Forza e la legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo (Book published in Italian)

Negli ultimi anni la regola consuetudinaria internazionale sul divieto dell’uso della forza nelle relazioni fra Stati e le norme della Carta ONU in tema di sicurezza collettiva sono state spesso interpretate ed applicate rispetto a fenomeni problematici, caratteristici dell’epoca contemporanea, tanto in ordine ai soggetti coinvolti quanto agli aspetti militari e tecnologici. Da ciò è emersa l’esigenza di una rilettura della regolamentazione internazionale in materia, con particolare riguardo alle basi dell’istituto della legittima difesa, che tenga conto della prassi più recente. La presente pubblicazione, risultato di una ricerca collettiva interamente finanziata dall'Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma, è intesa a fornire un contributo a tale rilettura.

Attraverso i diversi scritti che raccoglie, il volume considera dapprima i problemi di portata generale, tanto dal punto di vista del diritto internazionale consuetudinario, quanto da quello istituzionale proprio del sistema delle Nazioni Unite, in particolare con riferimento al ruolo del Consiglio di sicurezza, per poi esaminare i singoli aspetti della materia: il diritto all'autodeterminazione dei popoli in chiave post-coloniale; la presunta formazione di un obbligo di proteggere le popolazioni civili e il concetto di intervento umanitario; l’ammissibilità della legittima difesa in risposta ad attacchi armati contro contingenti impiegati in azioni di pace sotto l’egida dell’ONU o di organizzazioni regionali.

Specifica attenzione è dedicata al tema dell’uso della forza rispetto ai fenomeni contemporanei della pirateria e del terrorismo internazionale. Con riferimento alle modalità e alla tecnologia dell’uso della forza è stato studiato, oltre all'impiego delle armi nucleari, il fenomeno degli attacchi informatici. Il volume si chiude con lo studio del crimine individuale dell’aggressione quale elemento di criticità nel dibattito giuridico e diplomatico contemporaneo sull'area di cerniera tra divieto dell’uso della forza e giustizia penale internazionale.

Nuevos retos y amenazas a la protección de los derechos humanos en la era de la globalización El término "globalización" se ha instalado en nuestro lenguaje habitual. Forma parte de nuestras vidas como un fenómeno multidimensional en el que nos hallamos inmersos desde hace décadas. Uno de los ámbitos que se ha visto más afectado por la globalización y donde ha producido efectos reverberantes es, sin duda, el de los derechos humanos.

En las siguientes líneas se presenta una visión panorámica sobre el uso de la fuerza letal en Venezuela. En la primera parte se aborda el contexto nacional sobre este particular, su regulación normativa, protocolos de actuación, políticas y debate público sobre el tema. Luego de describir los aspectos metodológicos, se presentan los indicadores elaborados vinculados con el ejercicio cotidiano del uso de la fuerza letal por parte del Estado durante el año 2017. En la última parte se hace el análisis general de estos indicadores, finalmente se sugieren algunas recomendaciones a partir del diagnóstico elaborado.
Palabras clave: Violencia institucional; uso de la fuerza; fuerza letal; índice de letalidad; indicadores.


ABSTRACT

The following lines present a panoramic view on the use of lethal force in Venezuela. The first part deals with the national context on this issue, its normative regulation, action protocols, policies and public debate on the subject. After describing the methodological aspects, the elaborated indicators are presented linked to the daily exercise of the use of lethal force by the State during the year 2017. In the last part the general analysis of these indicators is made, finally some recommendations are suggested from the elaborated diagnosis.

Las primeras dos partes de este texto son una síntesis del artículo del mismo nombre publicado en: Anitua, G., Bodelón E., Machado, B. Monclús, M. y Rivera, I. (2021) La sociología del control penal en España y Latinoamérica. Homenaje a Roberto Bergalli.  España: Bosh Editor, pp.143-173.

La presentación puede verse también en este link: https://www.youtube.com/watch?v=hw0ii2EQRFI

Luego de la Segunda Guerra Mundial, múltiples líderes alemanes y japoneses fueron procesados y condenados por cometer crímenes contra la paz o comúnmente llamado crímenes de agresión. Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora, hemos sido testigos como Estados con capacidad militar han violado la soberanía de otros Estados, convulsionando zonas que de por sí sufren los estragos de la violencia generalizada en sus territorios, sin que exista una sanción estatal e individual para quienes planean y ejecutan estos actos.

El 6 de abril de 2017, los Estados Unidos de América lanzó un ataque con 59 misiles Tomahawk sobre la base aérea de Shayrat en Siria, en respuesta al uso de armas químicas por el gobierno sirio contra población civil, las mismas que habrían sido lanzadas desde dicha base. Frente a este accionar militar debemos preguntarnos: ¿nos encontramos frente a un ataque armado legal? ¿Se respetaron las normas que excepcionalmente permiten el uso de la fuerza? En caso el ataque fuese ilegal, ¿acarrearía este acto responsabilidad internacional al Gobierno americano y a su presidente Donald Trump?

A través de este artículo describiré lo que el derecho internacional entiende por actos de agresión y, comprendiendo la legalidad del mismo, descifraremos cómo será la aplicación de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) frente al crimen de agresión.

El uso de la fuerza se trata desde una perspectiva doble en función de los sujetos individual y colectivo (el estado y las alianzas), así como desde un punto de vista reactivo y preventivo. El empleo de la fuerza constituye una dinámica que ha de ser regulada y ello no se puede conseguir desde otro prisma que la gradualidad y la experiencia empírica, no cabe el análisis teórico de situaciones hipotéticas multifactoriales, pues no hay lugar a dicotomías a la hora de evaluar su empleo más allá de si es legítimo o ilegítimo y proporcionado o desproporcionado.
La Carta de Derechos Humanos de NNUU es ambigua por su naturaleza idealista, ya que se basa en un conjunto de buenas intenciones orientadas a futuro, pero no ofrece alternativas realistas que llevar a la práctica. Por lo que a título pragmático ha de ser regulado por los actores responsables de su aplicación. Existen posturas enfrentadas sobre la legitimidad o no del uso de la fuerza con carácter preventivo o reactivo, dependiendo de si se trata de sujetos obligados por la responsabilidad de proteger (R2P) o si se trata de sujetos que se limitan a juzgar las acciones de los primeros.

Venezuela vive inmersa en un clima de inseguridad urbana que la ubica entre los países con más muertes violentas en la región, pero la particularidad es que una gran parte de esas muertes provienen de las operaciones antidelictivas de fuerzas estatales, marcadas por su elevada letalidad. Esa violencia de Estado afecta particularmente a la juventud pobre y menos «blanca» de las barriadas populares. Sin una politización de las cuestiones raciales como en otras partes, en Venezuela el racismo aparece como un fenómeno latente y poco problematizado en la sociedad y la política.

El viernes 13 de abril de 2018, la coalición militar conformada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido bombardeó tres objetivos en Damasco y Homs, justificando esta acción a través de la doctrina de la intervención humanitaria. En el presente artículo, analizo esta acción militar desde la perspectiva del derecho internacional público intentando caracterizarla como un acto de agresión o ataque armado. Para luego indagar si la intervención humanitaria podría ser otra excepción al principio sobre la prohibición del uso de la fuerza.

activistas extranjeros, fueron detenidos por efectivos policiales el pasado 21 de abril, al finalizar la proyección de un documental en la ciudad del Cusco. Tenían por propósito denunciar públicamente las malas prácticas de la empresa HudBay Minerals en los Estados Unidos, Guatemala y Perú. En días anteriores, Moore y Dougherty habían proyectado el documental en Chumbivilcas, donde fueron objeto de seguimiento policial. Durante su detención, se les acusó de trabajar, a pesar de contar con visado de turistas. El Ministerio del Interior, además, anunció mediante un comunicado que ambos habían violentado el orden interno, por incitar a la población contra la actividad minera, y merecían ser expulsados del país. HudBay Minerals, no es sorpresa, mantiene un convenio vigente con la Policía. Y así muchas otras.