Administración De Justicia

El Código General del Proceso es la reforma procesal más importante en materia procesal civil de las últimas décadas en Colombia. Esta norma ha sido expedida en el contexto del movimiento de reforma judicial que tiene lugar en Latinoamérica que busca modernizar los sistemas judiciales. En la reforma intervienen una serie de actores locales e internacionales con diferentes ideologías sobre la función del proceso civil en la sociedad. En  este código se advierte la concurrencia de las ideologías publicista, liberal, eficientista y constitucionalista del proceso civil, las cuales se manifiestan paralelamente en la configuración del modelo procesal a partir de los diversos dispositivos procesales consagrados en la ley, generando así un cuerpo normativo contradictorio e incoherente desde sus finalidades y funciones así como un modelo procesal poco delineado.

Los comportamientos humanos, sus impulsos o motivaciones están conducidos por la oportunidad de la maximización, por lo que la toma de decisiones, como un comportamiento racional,  de adquirir o vender, o,  el dar para recibir, o el sacar provecho de la oportunidad ante lo inadvertido, asumiendo una conducta del todo soportada en valores, son comportamientos referidos por los Clásicos como  “Animal Spirits”, señalados recientemente, por Akerlof y Shiller, como responsables de los grande debacles, en el campo particular de la macroeconomía, lo cual considero que también impactan notablemente en las ciencias políticas, y en la vida política, del día a día, donde también se hace presente el comportamiento racional, por lo que refiere a conductas, que suponen transacciones con otros miembros del  grupo en relaciones de poder, por la capacidad de premiar o castigar,  en atención al influjo del tiempo que determine la política, como un embrujo, cuyos resultados en la vida pueden ser constatado en sus agregado finales, allí las presentes consideraciones sobre los “Animals Spirits”, aspectos conductuales, de interés para el análisis, durante el Gobierno Revolucionario, su contradicción en la toma de decisiones concerniente a la vida política nacional.

Los servicios propios de la investigación privada, aunque se ofertan y prestan, no están definidos normativamente en Colombia. Conscientes de que se trata de una actividad que alarma a sectores sociales y políticos por su capacidad de incidir negativamente en algunos de los derechos fundamentales, dedicamos este artículo a poner en evidencia que, debidamente regulada, la investigación privada tiene el potencial de contribuir al bien común constituyéndose como un factor coadyuvante de la administración de justicia. A través de un análisis doctrinal hermenéutico mostramos que la investigación privada tiene un adecuado encaje en el ordenamiento procesal colombiano como medio de obtención y presentación de pruebas válidas con capacidad de reforzar la posición de las partes en distintos procedimientos judiciales.

Se aborda, a la luz del concepto pragmático del Derecho, la función social de los juristas y la necesidad de que cualquier operador jurídico actúe en sociedad presidiendo sus actos con respeto a la función que el derecho debe haber en sociedad, que no es tanto el ordenar, como el evitar el conflicto social.

Es siempre tentativo para el estudio del derecho visionar sobre el impacto de la tecnología en la disciplina jurídica, más aún, cuando se hace referencia a su aplicación práctica; así, no
es novedoso las diversas voces que pregonan sobre la inmediata incursión del uso de herramientas
tecnológicas a los procesos judiciales, en relación a la celeridad y predictibilidad en la administración de justicia.
Al respecto, un paso más allá, permite abrir la discusión sobre la existencia del juez robot y su eficacia dentro de la función jurisdiccional. Los avances de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la
inteligencia artificial y la sistematización de la información afianzan su posibilidad.
En este sentido, el objetivo del presente artículo es responder a la interrogante propuesta a través
del planteamiento de una serie de reflexiones relacionadas con la inteligencia artificial y su utilización en la administración de la justicia, tomando en consideración las variables propias de la actividad judicial y la consideración axiológica que rodea su entorno.

Los territorios y los alcances reales de los operadores de justicia en Colombia son mucho menores que lo establecido en las leyes. Por
carencia de recursos, de seguridad y de respaldo institucional, su radio de acción se ve reducido a pequeñas zonas urbanas y suburbanas del país. Pero el problema es mucho mayor, pues los operadores de justicia no atienden a la población que acude a ellos en busca de solución para sus conflictos ni ofrecen el amparo requerido. Doscientos años después de la independencia, los colombianos no encuentran el Estado que garantice sus derechos ciudadanos. Este libro aporta elementos para entender cómo se trazan las fronteras de la efectiva soberanía de las instituciones de administración de justicia en la geografía nacional y describe sus prácticas más allá de sus linderos, además de analizar las causas de tal problemática y proponer vías para solucionarla.

Este libro es el resultado de procesos de acompañamientos prácticos y teóricos de los autores y coautores. En consecuencia, es un grito de urgencia frente a un derecho positivo reconocido en tensión y disputa con el derecho propio indígena. De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), podemos afirmar que la jurisdicción especial indígena tiene un sentido amplio (artículo 119) y un sentido estricto (artículo 260). Ambas se complementan y una determina la otra. Para administrar justicia se debe tener territorio, y su existencia es consustancial con el ejercicio de derechos reconocidos en los espacios ocupados de manera ancestral y tradicional por los pueblos indígenas del país. El libro pretende ser un aporte a las maneras de armonizar derecho positivo con derecho propio en espacios ricos en diversidad cultural y biológica. Se trata de un diálogo jurídico de saberes interculturales normativos. Una lectura desde la diferencia jurídica es clave para que un contrato social contentivo de derechos distintos pueda hacerse efectivo ya que, hasta ahora, tenemos una carta magna pendiente de materialización.

Este libro pone en evidencia que el conocimiento sobre lo jurídico es una problemática vigente en aspectos como la legitimidad del derecho, pues el problema del irrespeto al ordenamiento jurídico determina cuestiones como cuáles son los objetos de estudio que se consideran valiosos en las facultades de derecho, caracterizadas por la reducción de la enseñanza del derecho a las normas positivas y el divorcio que se presenta entre la legitimidad del derecho y su eficacia social y moral.

El libro revisa las condiciones bajo las cuáles algunas experiencias de justicia comunitaria en general, justicia en equidad en particular (Jueces de Paz, Conciliadores en Equidad), pueden configurar un campo jurídico con actores y capitales diferenciados.

López, Agustina; Palummo, Javier. Internados. Las prácticas judiciales de institucionalización por protección de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Montevideo, Fundación Justicia y Derecho, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, Montevideo, 2013, pp. 93.

Una hipótesis fundamental del presente trabajo es que en las prácticas actuales de institucionalización por motivos asistenciales perviven la matriz tutelar y prácticas generalmente asociadas con lo que se ha denominado doctrina de la situación irregular. Esto implicaría que el SPD, impactado por la normativa que les reconoce a los niños la titularidad de derechos, si bien ha iniciado un proceso de adecuación, especialmente desde la perspectiva orgánica y nominativa, aún necesita avanzar hacia una adecuación sustancial. En efecto, el CNA eliminó las categorías de abandono moral o material, superó la competencia conjunta para el abordaje judicial de las temáticas de infracción y protección, y además estableció una serie de principios rectores para las políticas públicas de protección a la infancia y la familia. Todos estos son cambios muy importantes y representan un gran avance en cuanto a la adecuación de nuestra normativa a los estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) y los demás instrumentos internacionales que son tomados como marco jurídico de referencia para el presente trabajo.

Esta investigación tiene como objetivo general articular un análisis transversal interdisciplinario de seguimiento a nueve instrumentos de posicionamiento en materia de administración y procuración de justicia emitidos por la CNDH:

 Recomendación General Núm. 2/2001, sobre la práctica común de detenciones arbitrarias por parte de agentes de la Policía Judicial y de los elementos que integran los diversos cuerpos policiacos;
 Recomendación General Núm. 6/2004, sobre la aplicación del examen poligráfico;
 Recomendación General Núm. 10/2005, sobre la práctica de la tortura;
 Recomendación General Núm. 12/2006, sobre el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas
de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley;
 Recomendación General Núm. 14/2007, sobre los derechos de las víctimas de delitos;
 Recomendación General Núm. 16/2009, sobre el plazo para resolver una averiguación
previa;
 Recomendación General Núm. 19/2011, sobre la práctica de cateos ilegales;
 Informe Especial sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública en
nuestro país, 2006;
 Informe Especial sobre las irregularidades cometidas por servidores públicos de la
Procuraduría General de la República, en el conocido Caso de la señora Cassez, 2013.

RESUMEN
El presente artículo analiza dos de las principales tensiones a las cuales se enfrentan los sistemas de administración de justicia, en particular aquellos encargados de realizar el control constitucional como contrapeso al poder político. De un lado, la ineficacia de la función de control derivada de la dependencia política; del otro, el surgimiento del Estado judicial. Se desarrollan también algunas líneas del realismo jurídico como perspectiva útil para analizar esas tensiones de la función judicial.

ZUSAMMENFASSUNG
Der Beitrag befasst sich mit zwei der wichtigsten Spannungsverhältnisse, denen die Systeme der Rechtspflege, vor allem diejenigen, denen die Kontrolle der Verfas-sungsmäßigkeit als Gegengewicht zur politischen Macht obliegt, ausgesetzt sind: Einerseits die fehlende Wirksamkeit der Kontrollfunktion aufgrund von politischer Abhängigkeit, andererseits das Entstehen einer unabhängigen Richterstaat. Darüber hinaus werden auf Grundlage des Rechtsrealismus einige nützliche Perspektiven für die Analyse der angesprochenen Spannungen entwickelt.

ABSTRACT
This article analyzes two of the main tensions faced by justice administration systems, in particular those responsible for exercising constitutional review as a counterweight to political power. On the one hand, the ineffectiveness of the review function derived from political dependence; and on the other, the emergence of the judicial State. The article also develops some lines of legal realism as a useful perspective for analyzing these tensions of the judicial function.

En el presente ensayo se realiza un paneo general sobre lo que en la actualidad se ha venido realizando desde la investigación en la psicología jurídica, tomando en cuenta los métodos realizados, los sub-campos y los retos principales que atañen el ejercicio de investigación en el campo psicojurídico. El objetivo es poder mostrar el largo camino que tiene aún el campo para que sea considerada como una rama que merece especial atención en la psicología, debido a la responsabilidad que tiene frente a la administración de justicia y el bienestar de los individuos que se encuentran alrededor del quehacer, al igual que mostrar la importancia de la investigación para la objetivación de la labor. Se deja a consideración la posibilidad de tener un código deontológico propio que demarque los derechos, deberes, funciones y quehaceres del psicólogo jurídico en los diferentes espacios jurídicos como en la psicología forense, psicología penitenciaria, psicología criminológica, psicología victimológica, psicología del testimonio y la psicología de los nuevos mecanismos de solución de conflictos.

Este capítulo está organizado en torno a la pregunta ¿por qué la administración de justicia en equidad puede ser una institución comunitaria para la paz (ICPP). El contenido se estructura a partir de dos registros analíticos: el primero, de orden teórico, en el que se aborda el papel y el valor de las estructuras normativas, en una lectura relacional sobre la configuración estructural de las relaciones sociales y las dinámicas de conflictividad. El segundo genera la apertura de estrategias para analizar las lógicas prácticas de la administración de justicia en equidad, en clave de ICPP. De esta manera, la arquitectura del capítulo se sustenta en tres momentos. En el primero, se expone una clasificación general de los tipos de justicia comunitaria y se caracteriza la justicia en equidad como una modalidad de administración de justicia que, bajo ciertas condiciones y características, actúa como una ICPP, de acuerdo con las definiciones que planteamos en el capítulo primero. Desde esta perspectiva, se propone la administración de justicia en equidad como una institución que integra un conjunto de normas que generan diversos tipos de regulación social en contextos específicos y que corresponde a las estructuras culturales de las comunidades a las que se vincula la operación de la figura. En el segundo momento se plantea una conversación entre administración de justicia y las posibilidades de la justicia en equidad, en la construcción de paz positiva a partir de los conceptos de paz y violencia acuñados por Johan Galtung. Para este fin, acudo al análisis de las normas sociales como elementos vertebradores del orden social y, por esa vía, de la organización de las relaciones sociales vinculadas a diversos órdenes de violencia, que pueden ser identificados y redefinidos desde sus estructuras normativas. En el tercer momento, desde la lectura de experiencias de justicia en equidad, identifico algunas de sus lógicas de acción, que logran responder a las necesidades de la complejidad del conflicto, amparándose en tres dimensiones posibles de intervención: la prevención, la transformación y el control del conflicto.

Existe una relación poco visible, aunque presente, entre el desarrollo de la teoría de la ciencia, la ciencia jurídica, vista como una más de entre la variedad de disciplinas científicas, la teoría del derecho, como la reflexión filosófica sobre lo que es el derecho (mediante una metodología y justificación que permite apreciar sus conclusiones) y, en último término, la teoría de los derechos, incluida como la base sobre la que se desarrolla todo el andamiaje normativista desde la cúspide constitucional o de derechos fundamentales, sea cual sea la fuente, y el desarrollo legislativo que reduce la ambigüedad de los términos base del derecho.
El presente trabajo expone la relación anteriormente expuesta, ofreciendo en cada capítulo las razones que permiten afirmarla,
avanzando hacia determinar ¿cuál es la actualidad de la ciencia jurídica y la enseñanza del derecho? Pregunta que nos permite invitar al lector a
realizar un trabajo de reflexión y crítica sobre los planes de estudio o, específicamente hablando, la manera en que se enseña el derecho, el concepto que prevalece en muchas aulas universitarias actualmente y, sobre todo, este trabajo reflexivo y crítico es una exposición de las razones sobre cómo deberían ser los planes de estudio en las
facultades de derechos, pensando que nuestro posicionamiento tiene como eje central la efectividad de los derechos fundamentales y/o
humanos.

Un abogado pierde capacidad de desempeño práctico a medida que se aleja de los grandes centros urbanos. Los contenidos y las formas jurídicas que se aprenden en las aulas dejan de tener relevancia cuando las relaciones no son organizadas por el Estado. En el caso colombiano, grandes extensiones de territorio y grupos de población estuvieron, y siguen estando, bajo el influjo directo de las guerrillas, lo que ha configurado formas complejas de relacionamiento social, la mayoría de las veces coincidentes, pero no siempre, con las del derecho formal.
Afirmar que la producción del derecho es monopolio del Estado resulta tan recurrente como contrario a los hechos. A través de una retórica altamente politizada, de burocracias inestables y de formas de coacción oscilantes entre la reparación social del daño y la ejecución, la justicia guerrillera disputó el monopolio de la administración de justicia en aquellas zonas en las que el brazo del Estado no llegó.
Como un hijo nacido por fuera de unión lícita, pero no por ello menos hijo, la justicia de las FARC-EP operó por fuera del contrato social que garantiza una única soberanía, y por ello no se puede negar su función como justicia. Esta obra se propone interpretar el funcionamiento de esta justicia bastarda.

Palummo, Javier, Justicia Penal Juvenil. Realidad, perspectivas y cambios en el marco de la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia en Maldonado, Montevideo, Paysandú y Salto, Fundación Justicia y Derecho, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, Montevideo, 2010, pp. 93.

Esta obra presenta una visión amplia y detallada, pero a la vez crítica y propositiva, sobre los retos que enfrenta el Estado colombiano ante la crisis humanitaria de sus centros carcelarios y penitenciarios. También destaca los esfuerzos de la Corte Constitucional para enfrentar ciertos problemas estructurales que han causado graves violaciones a los derechos fundamentales de miles de personas privadas de su libertad.
Los textos aquí reunidos, escritos por diversos juristas latinoamericanos, proponen un viraje hacia un modelo integral de organización política, social y jurídica; resaltan las obligaciones de todo el sistema de Estado; y promueven la construcción de una política criminal de corte humanitario y garantista. De este modo, se ofrece una herramienta útil para la implementación de un modelo que disminuya las conductas criminales, que no impacte de forma negativa las condiciones de reclusión, y que reduzca el hacinamiento carcelario.

En el marco de unas Jornadas sobre la Administración de Justicia en la Historia de España 1 , desde la doble perspectiva del historiador y del archivero, no podía faltar la alusión a una jurisdicción especial que ha logrado pervivir desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX 2 • Analizando la investigación realizada sobre los fondos de las órdenes militares, en su mayor parte conservados en el Archivo Histórico Nacional, sección órdenes militares, destaca el interés que siempre han manifestado los investigadores por la etapa · medieval. El período que se abre a partir de la incorporación de los Maestrazgos a la

Todavía hoy, cuando se alude a adelantados y merinos mayores, seguimos citando las páginas del único autor que ha analizado en su globalidad estos oficios, Rogelio Pérez-Bustamante 1 . Esto sucede especialmente con los adelantados mayores de Andalucía (o "la Frontera"), si bien en otros lugares han surgido interesantes estudios regionales, como el de C. Jular para el ámbito leonés 2 . Lo cierto es que la obra de aquel investigador necesita una urgente revisión, tanto en lo que se refiere a su metodología 3 como en los datos que fundamentan sus conclusiones. Esta labor de renovación, que excede los límites de este artículo, debería tener su premisa en la preocupación, ausente del trabajo de Pérez-Bustamante, por interrelacionar el ejercicio del cargo de adelantado y los intereses politicos, sociales y económicos de sus titulares. Asimismo, este análisis no podrá principiar sin estudios regionales previos, tales como el de Jular 4.

Comprender las organizaciones en su contexto se tercia imprescindible para conocer los factores internos y externos que condicionarán la gestión de sus documentos. El análisis del marco jurídico aplicable permite determinar las competencias, las responsabilidades y los procesos de trabajo que delimitarán la producción y gestión de esos documentos. Partiendo de esas premisas, este trabajo analizará el marco jurídico aplicable a la gestión de documentos judiciales en España, destacando aquellas disposiciones de obligado cumplimiento pero también, las lagunas e inconsistencias detectadas tras años de aplicación de esa legislación y ante las exigencias que plantea la reforma electrónica que se está llevando a cabo en la administración de justicia.

Book chapter: Capítulo VII - Prácticas innovadoras con TIC´s en la Justicia Civil Salvadoreña: El Sistema de Notificación Electrónica. (pág. 287-320) en el Libro: Experiencias de Innovación en los Sistemas de Justicia Civil de América Latina (2017) publicado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA.
El siglo XXI ha marcado para la sociedad un precedente histórico en lo referente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), presentando cambios tecnológicos que facilitan la vida del ser humano en la realización de sus actividades, desde las más complejas hasta las más cotidianas. El objetivo del estudio fue determinar los beneficios y retos del Sistema de Notificación Electrónica (SNE) como práctica innovadora en la justicia civil salvadoreña. Se trata de un diseño de investigación de corte descriptivo y explicativo. Se describieron y analizaron datos estadísticos relacionados con el SNE, encontrándose los siguientes beneficios: reducción de los términos procesales de notificación, contribuyendo a la disminución de acumulación de causas –mora judicial–; mayor celeridad, transparencia, economía y seguridad procesal –ahorrando tiempo y costo a la administración de justicia–. Entre los retos a vencer se tiene: la falta de equipo tecnológico para los juzgados; una escasa divulgación del Sistema de Notificación Electrónica; y el complejo trámite de inscripción para obtener la Cuenta Electrónica Única (CEU) que garantiza la recepción y constancia oficial de notificación.

Macagno, María; López, Agustina; y Palummo, Javier, Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Protección judicial y prácticas institucionales en la ciudad de Montevideo, Fundación Justicia y Derecho, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, Montevideo, 2017, pp. 47. ISBN: 978-92-806-4872-0.

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es un problema grave en Uruguay, al igual que la región. No obstante, la información sobre la temática es incompleta, se encuentra fragmentada y no permite dimensionar correctamente este fenómeno. Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema judicial de protección de derechos, esto es una consecuencia del diseño normativo vigente. A las situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes se les aplica tanto el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), del 7 de setiembre de 2004, como la Ley de Violencia Doméstica (LVD), n.o 17.514, del 2 de julio de 2002. De este modo, existen situaciones de violencia directa contra niños, niñas y adolescentes que están subsumidas en las estadísticas judiciales de violencia doméstica.

El presente documento tiene como objetivo principal abordar los vacíos de información señalados. A esos efectos se presenta en forma ordenada, y se analiza conforme los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, la información relevada en el marco de una investigación específica que ha desarrollado el Observatorio del Sistema Judicial (OSJ). Este estudio comprende concretamente los procesos de protección de derechos del CNA y los procesos de la LVD en los cuales se han identificado situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Nuestra administración de justicia atraviesa una profunda crisis, que afecta a sus principios organizativos y a su posición misma en el entramado institucional del Estado. Diversos factores –históricos, políticos, corporativos– han confluido para liquidar el viejo sistema de justicia liberal y sustituirlo, mediante las reformas de 2003, 2009 y 2015, por un modelo sustancialmente distinto. El problema es, en opinión del autor, que el nuevo sistema gravita en torno a una burocracia centralizada, despersonalizada y supeditada al poder político, que deja al juez arrinconado y capitidisminuido. Ello supone grave menoscabo de las garantías constitucionales, nos aísla de las mejores corrientes del panorama comparado –Francia, Alemania, Inglaterra– y presagia una completa desnaturalización del proceso civil moderno introducido en España al fin, con secular atraso, en 2000. Brillante, rigurosa e incisiva, la obra no dejará indiferente a nadie interesado en este aspecto esencial de nuestro Estado de Derecho.

En el derecho colombiano, el enfoque diferencial ha configurado el modelo predominante para atender y abordar la discriminación padecida por personas pertenecientes a ciertas colectividades históricamente segregadas en el acceso y garantía de los derechos humanos en el país, el cual, a pesar de sus beneficios reivindicatorios suscita considerables dificultades y desafíos frente a casos complejos de opresión. En efecto, esta estrategia resulta insuficiente ante aquellos eventos en los que las identidades o situaciones individuales se entrecruzan de tal forma que se presentan múltiples y simultáneos escenarios de discriminación o discriminaciones interseccionales. Al respecto, el concepto conocido como la interseccionalidad en conjunto con algunos de los elementos y las características propias de la transversalidad de género y el enfoque basado en derechos humanos, podrían servir como un marco conceptual valioso para la construcción y el desarrollo de un enfoque complementario al diferencial en el tratamiento judicial de las desigualdades interseccionales en un esfuerzo por fortalecer el derecho antidiscriminatorio en Colombia.

Abstract

When it comes to the protection of human rights in Colombia, the differential approach within the domestic law has served as the predominant model to understand and address the discrimination faced by historically segregated peoples. Even though, this tool has been helpful for those vulnerable groups in claiming and affirmative terms, it has aroused important pitfalls and challenges in relation to complex forms of oppression. Indeed, this kind of categorical approach turns out to be inadequate in those cases of complex identities and individual experiences related to multiple and simultaneous forms of exclusion, better known as intersectional discriminations. Regarding this, the notion of intersectionality, in conjunction with the key elements of the gender mainstreaming and the human rights based approach might serve as a potentially valuable conceptual framework to establish and develop a complementary model for judicial treatment of intersectional cases, in an effort to reinforce the anti-discriminatory regulation in the country.

Resumo

No direito colombiano, o enfoque ou perspectiva diferencial representa o modelo predominante para compreender e abordar o problema da discriminação sofrida por pessoas pertencentes a coletivos historicamente segregados no acesso e garantia dos direitos humanos. Embora seus benefícios reivindicativos, esta noção evoca consideráveis dificuldades e reptos respeito de casos complexos de opressão. Certamente, esta estratégia é insuficiente naqueles eventos em que as identidades ou situações individuais cruzam-se de forma a que surjam vários cenários de discriminação múltipla e simultânea ou melhor conhecida como discriminação interseccional. À vista disso, o conceito da interseccionalidade em conjunto com alguns dos elementos e qualidades da transversalidade de gênero e da abordagem baseada em direitos humanos poderiam servir como uma base teórica valiosa para a construção e o desenvolvimento de uma ferramenta complementar ao diferencial no tratamento judicial das desigualdades interseccionais, como parte de um esforço para fortalecer o direito da antidiscriminação neste país.

El análisis de las regulaciones autonómicas en materia de juntas de expurgo de documentos judiciales pone de manifiesto enfoques diferenciados: por una parte nos encontramos con su creación dentro de sistemas de gestión de documentos judiciales y por la otra, regulaciones que únicamente se centran en la creación y funcionamiento de las juntas de expurgo siguiendo un modelo autárquico de gestión, que también parece afectar a los procesos de gestión de documentos. Un análisis de conjunto que abre interrogantes y reflexiones sobre las implicaciones de esa diversidad de enfoques normativos, donde corresponde discernir si estamos realmente ante un instrumento para la gestión de documentos, o ante una mera formalidad para eliminarlos al amparo de la legalidad.

Actas de las VI Jornadas Archivando: la valoración documental (León, 2013). Fundación Sierra Pambley

A pesar de que, hasta hace un par de décadas, el ámbito judicial era un campo de análisis más o menos desconocido y residual para los expertos, el reconocimiento explícito de la Administración de Justicia como, simultáneamente, pieza clave de todo Estado de Derecho y servicio público ha puesto de manifiesto la necesidad de que funcione bajo los principios de eficacia y eficiencia de manera que se consiga mejorar el acceso a la justicia, incrementar la confianza de la sociedad hacia la Administración de Justicia y resolver sus conflictos de manera rápida, amable y ágil.
Siguiendo la tendencia de otros ámbitos, las nuevas tecnologías se están convirtiendo en un instrumento clave de trabajo para alcanzar estos objetivos. Y es que los sistemas de información facilitan la homogeneización de tareas y actividades, proporcionan indicadores de gestión y permiten las conexiones telemáticas con otras administraciones y registros públicos, con los profesionales y los órganos judiciales y con los ciudadanos.
Uno de los pilares fundamentales de esta modernización tecnológica es la interoperabilidad en cuanto contribuye decisivamente a garantizar el funcionamiento armónico y cohesionado de los distintos sistemas, organizaciones, procesos y aplicaciones existentes que, en el ámbito de la justicia, son numerosos dada la variedad de actores implicados: diferentes órganos judiciales pero, también, administraciones distintas, como las responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y profesionales jurídicos.
Dado este contexto, el objetivo de esta ponencia es presentar diferentes experiencias de interoperabilidad en el ámbito de la justicia para encontrar pautas comunes de actuación que puedan guiar futuras intervenciones en un campo de la administración pública que, sin duda alguna, presenta unas características y unas especificidades que complejizan particularmente la adopción de tecnología.

En Colombia, tenemos instituciones de justicia bastante parecidas, en sus nombres y en sus reglas, a la que pueden encontrarse en cualquier país europeo o norteamericano. Sin embargo, las nuestras son mucho más precarias frente a la realidad social que atienden. En este capítulo, buscamos identificar, en sus orígenes históricos y en los contextos donde operan, elementos de caracterización y diferenciación de la institucionalidad establecida en el caso de nuestro país para la administración de justicia.

Esta obra recorre los pasos de la justicia comunitaria a partir de las reflexiones que mueven la Escuela de Justicia Comunitaria (Ejcun). Así, es una lectura de un campo que ofrece respuestas valiosas frente a las necesidades de cambio en la administración de justicia. Además, expone debates teóricos y metodológicos sobre el concepto de justicia comunitaria, que encaran los argumentos que desconocen los referentes sociales de la justicia en equidad o los alcances de esta figura frente a las violencias contra las mujeres.

Es posible analizar la propuesta de reducir las altas cortes actuales a un único tribunal, desde el punto de vista de los costos y las funciones que tendría la eventual "súpercorte". Aquí se examinan brevemente algunos de los argumentos que se han dado para defender la idea, para concluir que ninguno es contundente a favor de la supresión de las actuales altas cortes colombianas.

Este texto estudia los ODR para resolver disputas jurídicas surgidas del comercio electrónico. El objetivo consiste en reunir y presentar elementos conceptuales, normativos y fácticos relacionados con las TIC, el comercio electrónico y la solución de disputas jurídicas, con la regulación y la realidad brasileña en esta materia como telón de fondo. Los ODR son abordados atendiendo a los esfuerzos internacionales por regularlos y a las normas existentes en Brasil, a fin de apreciar el  desarrollo del tema en este país e identificar algunos retos de cara al futuro. Se concluye que los ODR son una alternativa adecuada para ampliar el acceso a la justicia en busca de una mayor efectividad y
que, aunque también sirven para resolver conflictos surgidos offline, resultan ideales para conflictos derivados de relaciones jurídicas entabladas en un entorno digital. Asimismo, se observa que la
ausencia de un régimen jurídico integral sobre ODR no ha impedido que éstos tengan un desarrollo incipiente en Brasil. Sin embargo, se han identificado varios retos, entre los cuales se destacan el desconocimiento de estos mecanismos, sus ventajas y funcionamiento, y la elevada propensión al litigio que prevalece en el país. Superarlos, permitiría que los ODR fuesen más utilizados en Brasil.

La visita, pese a ser es uno de los principales procedimientos de inspección del personal al servicio de la Administración en la época de los Austrias, apenas ha sido estudiada en Castilla. En este artículo se pretende contribuir a tan ingente tarea, aún por realizar, mediante el estudio de la visita realizada por Ramírez Fariña a la Audiencia de Sevilla entre 1623 y 1632. Para tal fin, nuestra investigación, tras analizar los rasgos generales de la visita en Indias, desciende al estudio de la visita realizada a la Audiencia sevillana en 1623, examinando tanto su fase de instrucción como las resultas de la misma. En consecuencia, el presente trabajo estudia el nombramiento del juez visitador, analiza sus atribuciones así como las actuaciones realizadas por éste para la instrucción del proceso sancionador. Finalmente, nuestra investigación entra a examinar las resultas de la visita y las sanciones impuestas por el Consejo de Castilla a los miembros de la Audiencia de Sevilla

El trabajo, Capítulo VI de la obra, se ocupa, en primer lugar, de mostrar  la introducción y expansión de la Informática en las Facultades de Derecho en Iberoamérica, a partir de la prioridad que se dió y se sigue dando al uso de las tecnologías por la Administración de Justicia. En segundo lugar, en el uso de bases de datos jurídicas por estudiantes y profesionales del derecho. En tercer lugar, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos auxiliares de la docencia responsable de los estudios impartidos habitualmente en Facultades de Derecho. En cuarto lugar, en el desarrollo de sistemas auxiliares a las actividades jurídicas profesionales por actividades de investigación, desarrollo e innovación. Finalmente se concluye.

Para abarcar nuestra realidad se hace necesario disponer de instrumentos conceptuales que nos permitan ver la gestión de
conflictos más allá de un sistema judicial ligado al orden del Estado. Con ese propósito, en la primera sección precisamos los límites que tienen esos postulados para, en las partes segunda y tercera, introducir los conceptos con los que proponemos hacer más comprensible nuestra institucionalidad en el manejo de los conflictos: el orden sin Estado y el caos.
Luego, en las dos secciones subsiguientes, hacemos una aplicación
de este marco conceptual a realidades específicas de los procesos que
vive nuestro país en cuanto a la administración de justicia y la gestión
de la conflictividad: la regulación en comunidades regidas por sus
propios sistemas normativos, la regulación en las zonas determinadas
por el conflicto armado, y la generación de caos, a partir de los factores
que lo producen.

Resumen:
Este artículo analiza la administración y el funcionamiento de la justicia a través de tres casos ocurridos en el mundo rural de las provincias de Santa Marta, Cartagena y Antioquia, que involucraron diversas instituciones y autoridades que también administraban justicia. Se concluye que la administración de justicia en las sociedades rurales neogranadinas recreaba un mundo politizado por el mismo carácter de la justicia
impartida: jurisdiccional, variada, con diversos elementos tomados de la costumbre. También proporciona otros matices como el de la existencia de unas instituciones y autoridades en comunicación permanente con los centros de poder virreinal.

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Abstract:
This ar ticle analyzes the administration and operation of the justice system through three cases occurred in the rural regions of the provinces of Santa Marta, Cartagena and Antioquia. These cases involved various institutions and authorities that also administered justice. We conclude
that the administration of justice in rural neo-Grenadian societies recreated a world politicized by the same characteristics of the justice being dispensed: jurisdiction-based, diverse, and with various elements taken from custom. The article also shows other nuances such as the existence
of institutions and authorities in constant communication with the centers of viceroyal power.

Para la solución de conflictos, las normas e instituciones europeas han consolidado un marco regulatorio con una directiva de mediación, a pesar de que su aplicación nacional es heterogénea. Así, para unificar su uso como mecanismo eficaz e incorporar la cultura de la mediación, se ha promovido su obligatoriedad mitigada. Este artículo aborda la tensa discusión doctrinal que surge de allí y que enriquece la reflexión sobre la tutela judicial efectiva y la seguridad, la libertad y la justicia, contenidos esenciales de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de derecho. Se abordan los criterios dogmáticos actuales, se analiza el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental y finalmente se aborda la jurisprudencia europea al respecto, en especial la solución del derecho italiano, que se considera ejemplar.

En este libro se analizan las problemáticas del desplazamiento forzado desde el ángulo de la gestión de conflictos y se tratan las potencialidades y restricciones de la justicia comunitaria frente a este fenómeno. Además, se presentan relatos sobre la conciliación en equidad en los que se valoran condiciones para la adaptación, el cambio de representación y el manejo autónomo de las contradicciones. Así, se muestran rutas en que la justicia comunitaria puede responder a problemáticas de acceso a la justicia y construcción de comunidades.

Publicado en: Microjuris, edición del 24 de junio de 2009 (MJD4308) JUECES SUBROGANTES Y SUPLENTES (Modelos para una adecuada solución del problema de las vacantes judiciales transitorias) Por: Leandro J. Giannini  Sumario: I. Introducción. II. El problema de las vacantes judiciales temporarias. III. Modelo adoptado en la justicia nacional. IV Modelo de la Provincia de Buenos Aires. V. Proyecto de ley Ciudad Autónoma de Buenos Aires. VI. Conclusiones.

"Apuntes del derecho público. Una mirada a la Administración de Justicia en Colombia" es una obra colectiva en coautoría y colaboración con investigadores que presentan los resultados de investigaciones de proyectos de instituciones tales como Universidad Simón Bolívar, Universidad del Magdalena, Universidad de Cartagena, Universidad Libre Barranquilla, Universidad Sergio Arboleda Santa Marta, Universidad del Norte, Corporación Universitaria Rafael Núñez y La Corporación Universitaria del Caribe CECAR en el marco de Alianza de la Red de Grupos y Centros de Investigación Socio jurídica Nodo Caribe.