Derecho Mexicano

“Juristas Universales” es una obra fruto del esfuerzo de más de medio millar de especialistas procedentes de universidades de los cinco continentes. Partiendo de Roma, verdadera cuna del Derecho, recoge en cuatro volúmenes una historia biográfica de la ciencia jurídica desde mediados del siglo II a.C. hasta el final del segundo milenio. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los más ambiciosos proyectos editoriales jurídicos a nivel mundial y el más relevante jamás realizado en lengua española.
La obra comprende más de 1.000 biografías de juristas pertenecientes a la “familia romana” del Derecho en su sentido más amplio, dado que, además del Derecho continental europeo, incorpora los semblantes de prestigiosos juristas de Derecho angloamericano, escocés, canadiense, iberoamericano y de parte de los Derechos del este asiático, así como del Derecho sudafricano. El motivo impulsor de centrarse en los sistemas jurídicos que tienen como base común el Derecho romano se encuentra en que el gran reto de la ciencia del Derecho en Occidente es la integración de los dos sistemas jurídicos de mayor calado y protagonismo mundial, considerados tópicamente, pero con escaso fundamento histórico, irreconciliables: el Derecho continental europeo y el Derecho angloamericano.
“Juristas Universales” pretende contribuir a superar esta barrera artificial, pero real, entre dos sistemas jurídicos efectivamente distintos, pero no incompatibles, ofreciendo al lector una visión integrada a partir del Derecho romano y de la tradición del Derecho común medieval. En definitiva, de dos sistemas jurídicos que el mundo globalizado que nos ha tocado vivir pide que se armonicen. Coordinada por Rafael Domingo, catedrático de la Universidad de Navarra, “Juristas Universales” está dividida en cuatro volúmenes, con extensas introducciones a cada época con un total de más de 3.700 páginas y 500 ilustraciones. Cierran la obra unos cuidados índices (onomástico, de juristas biografiados y de autores) que facilitan el manejo de esta enciclopedia de juristas, llamada a ser la obra de referencia en el mundo de habla hispana.

CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS PENALES Y EJEMPLOS

• POR LA FORMA DE LA ACCIÓN: de comisión, de omisión, de comisión por omisión
Delito de Comisión viola ley prohibitiva, ej. , Robo, calumnia, aborto.
Delitos de simple omisión. Es el no hacer lo que la ley manda. Vulnera la norma imperativa. Por ejemplo del deber de denuncia.
Delitos de Comisión Por Omisión. Hacer lo que no se debe, dejando hacer lo que se debe.
El delito de comisión por omisión alcanza el resultado mediante una abstención Por ejemplo dejar de amamantar, enfermera que deja de alimentar al paciente para que muera, abandono de hijos menores.

A la fecha, ya una década después de que la reforma fuera aprobada y a escasos años de que el término constitucional para que la misma operara en la totalidad del territorio nacional se hubiese agotado, aún nos encontramos ante múltiples carencias y áreas de oportunidad que, sin lugar a dudas, requieren de especial atención por parte, no sólo del legislador, sino de las propias instituciones de procuración y administración de justicia. Toca plantearse si los cambios al proceso penal que de esta reforma derivaron, son merecedores de mayor reflexión y atención o, si por otra parte, se trata únicamente de elementos jurídicos que están llamados a ser satisfechos de manera mecánica por operadores que, en el ejercicio técnico del derecho se limitan a satisfacer exigencias que la legislación les impone, dejando de lado la oportunidad de profundizar en la comprensión y desarrollo de la materia jurídica.

La justicia electoral representa una disciplina especializada en la defensa
de los derechos de la ciudadanía relacionados con su participación en la toma de decisiones y el ejercicio del poder público.

La participación ciudadana implica una oportunidad para perfeccionar el
sistema democrático mediante el respeto de los principios constitucionales como la igualdad, equidad y no discriminación.

En ese contexto, nuestro modelo de impartición de justicia electoral juega
un papel fundamental en el régimen democrático de pesos, contrapesos y
alternancia, en el que los órganos jurisdiccionales actúan como garantes de la
constitucionalidad y legalidad de los actos y omisiones de las autoridades que
ostentan el poder público.

La obra que el lector tiene en sus manos, le permitirá visualizar el grado de
efectividad y el nivel de certeza y seguridad jurídica que llevan consigo las
determinaciones dictadas por los órganos jurisdiccionales electorales que, a la postre, otorgan legitimidad por parte de la ciudadanía

En este pequeño ensayo se tratará de estos tipos de improcedencia, la división existente entre estas y, además, se agregarán algunos de dichas causales de improcedencia a modo de verbigracias para la mejor comprensión del lector, ergo, el ensayo está más enfocados a otros estudiantes del amparo como yo lo soy al realizar este trabajo.

¿Qué desafíos enfrentan todavía los procesos electorales en México? El objetivo principal de este artículo es analizar algunos problemas particularmente duraderos de la democracia mexicana. Para ser concretos, argumento que la compra de votos, en buena parte con recursos ilegales de campaña, sigue siendo frecuente el día de hoy. Mediante una revisión de la literatura académica más reciente, así como de fuentes de investigación periodística, el artículo busca esclarecer estos problemas así como sus posibles soluciones. La literatura revisada en este ensayo sugiere que la incidencia del clientelismo electoral sigue siendo alta, lo cual pone al país en riesgo de “retroceso democrático” de manera similar a otras regiones del mundo como Europa del Este y Sudamérica. Para sustentar estas aseveraciones, repaso varias acusaciones que se han hecho a los partidos principales en México por parte de sus rivales políticos y de observadores académicos. Las acusaciones de financiamiento ilegal de campaña que se han hecho incluyen el “Monexgate” del PRI, los “moches” del PAN y el “charolazo” del PRD. Las acusaciones de compra de apoyo político incluyen el abuso del programa Oportunidades así como del presupuesto de las Delegaciones en la Ciudad de México. Asimismo describo algunos esfuerzos notables para reglamentar estas conductas en la reforma político electoral de 2014, tales como la fiscalización en “tiempo real” y la prohibición del “turismo electoral”. Tras argumentar que los esfuerzos legislativos han sido insuficientes, concluyo que para seguir avanzando en la consolidación se necesita una mayor inclusión de las organizaciones civiles y de la ciudadanía común en el sistema político.

La consulta previa se ha convertido en una de las herramientas más po- derosas para generar un diálogo y establecer una negociación por parte de los gru- pos indígenas y tribales en el país para con el gobierno y los organismos que buscan la implementar alguna obra o prevean medidas legislativas (proyectos de ley o de decretos) o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Este derecho encuentra en México un grupo de fundamentos normativos que no se encuentran articulados entre sí y que terminan causando confusión y desconcierto en su apli- cación, haciendo que la consulta previa pierda su oportunidad y no alcance su ob- jetivo final. En este artículo se presentan elementos para su discusión y profundiza- ción teórica a la luz de los derechos humanos y repensar el derecho a la consulta previa como un derecho que se encuentra en proceso de ampliación de la esfera de protección, mediante la inclusión de nuevos actores y posibilidades en México.

Este es un texto que analiza normas jurídicas internacionales, mexicanas y chilenas sobre la discapacidad. Se concentra en el análisis de un caso mexicano donde la Corte Suprema Mexicana aplicó de manera directa convenciones internacionales para la protección de un discapacitado intelectual. Así critica a la legislación chilena donde la discapacidad intelectual es considerada incapacidad.

A inicios del siglo XXI entró en vigencia una reforma a la Constitución mexicana para introducir un nuevo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado (RPE). En esta investigación se analizan aspectos puntuales de dicha reforma, así como de la legislación que la desarrolla, con la finalidad de generar reflexiones sobre el sistema de RPE que actualmente se aplica en el ordenamiento guatemalteco. La investigación se enfoca en los aspectos sustantivos y procesales fundamentales de la RPE mexicana, sus alcances hacia el Estado legislador y juzgador, y otros elementos relevantes para el contexto guatemalteco, tales como la limitación presupuestaria, eximentes, regímenes especiales, tipos de daños y la acción de repetición. A partir de dicho análisis, se formulan algunas reflexiones sobre la RPE en Guatemala, en el contexto de la necesidad de reformar el sistema vigente mediante una propuesta que permita una mejor protección de las personas frente a los actos del Estado, y que a la vez sea viable en el ámbito jurídico nacional.

Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Issa Luna Plá, Javier Martín Reyes y Pedro Salazar Ugarte (México), formulan un planeamiento conjunto. Señalan que las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud de México con motivo de la contingencia producida por el COVID-19 pueden afectar algunos derechos fundamentales y sus garantías. Además, subrayan que el Congreso de la Unión dejó de funcionar por decisión de sus propios integrantes, marcando un contaste con otros sistemas constitucionales. Además de la reanudación de las actividades plenas de las dos cámaras del Congreso, proponen varias medidas concretas para hacer frente a la crisis sanitaria para que no se convierta también en una crisis institucional.

MEXICANO En el devenir de la humanidad, los conflictos han aparecido como parte de la condición humana, inherente a sus relaciones sociales, a partir del momento en que el ser humano desarrollo el lenguaje. Silva (2008) afirma que el conflicto al ser un fenómeno natural, presente en toda la sociedad, resulta ser un hecho social consustancial a la vida en comunidad.

La jurisprudencia internacional y comparada sobre “discapacidad” permite entender la interpretación y aplicación de normas jurídicas internacionales en vigor en el ordenamiento jurídico nacional, México y Chile. Luego de analizar una serie de casos extraemos directrices de interpretación que permiten evitar que sea la ausencia de regulación jurídica nacional de la discapacidad cognitiva en el caso chileno donde directamente se declara al discapaz como incapaz, o quizá constituir uno de los modelos de solución de los problemas generados por la aplicación de tratados internacionales en el ordenamiento jurídico nacional, generación de lagunas por antinomia entre normas jurídicas: otorgamiento de derechos y supresión de los mismos al declararle una situación jurídica que impide su ejercicio directo.