Competencia Desleal

La necesidad de promover la libre competencia y el correcto funcionamiento de los mercados es una realidad. Sin embargo, cuando la legislación de competencia conec-ta con el sector agrario surgen unas turbulencias que afectan a la OMC, a las políticas agrarias proteccionistas, que incluyen la PAC en Europa, y a unas excepciones agrarias de discutible vigencia y efectividad. En este entramado ocupa un lugar destacado la juris-prudencia del TJUE y la reciente Directiva 2019/633, que pretende regular las conductas desleales para asegurar el suministro agrario y alimentario.

En este artículo se reflexiona sobre el impacto de la publicidad en los menores de edad, sus consecuencias y el statu quo del debate en el Perú tanto a nivel doctrinario como normativo, promoviendo su desarrollo a través de las disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley de Represión de la Competencia Desleal y normas conexas. Así, en primer lugar, el autor desarrolla cuestiones generales acerca de la publicidad comercial y su relación con el consumo en general; luego, expone brevemente el marco normativo nacional respecto a la protección de los menores de edad; sobre la base de ello demuestra por qué la publicidad dirigida a menores tiende a ser perjudicial para su desarrollo y formación como futuros ciudadanos y consumidores; y, finalmente, analiza la normativa peruana en torno a la protección de los menores frente a la publicidad.

En el Código de Protección y Defensa del Consumidor, los procedimientos individuales creados para la tutela de derechos de un solo usuario o consumidor, tienen una posición privilegiada y aun hegemónica en nuestro sistema de protección al consumidor. La posibilidad de iniciar una suerte de class action versión peruana, al interponerse una denuncia por afectación a intereses difusos o colectivos aún no ha sido muy difundida por el mismo INDECOPI, esto debido, quizás, a que nuestros procedimientos administrativos sancionadores también heredaron la rigidez de la construcción individualista del derecho peruano puesta de manifiesto en la estructura de los procesos judiciales diseñados pensando en disputas legales entre dos individuos, y no entre grupos y colectivos. La noción restrictiva de equiparar al consumidor con el destinatario final, se mantiene hermanada a la existencia de una relación de consumo dentro de los procedimientos para la tutela de intereses individuales y colectivos; sin embargo, esta ficción legal que encorseta al consumidor se rompe cuando se da una afectación a intereses difusos, que no son más que derechos humanos, fundamentales, de tercera generación, que tienen múltiples destinatarios finales que no pueden ser plenamente determinados e indeterminables.

Nuestra legislación en materia de protección al consumidor, si bien recogió muchas buenas prácticas en defensa de los derechos de los consumidores como entes aislados y sus intereses individuales, no incorporó disposiciones favorables a la formulación de denuncias colectivas por afectaciones a los intereses difusos y colectivos, por lo que el proceso administrativo sancionador sigue siendo, en esencia, el mismo para la tutela de derechos de incidencia colectiva. En la región existe más de una decena de casos contemporáneos de reformas que fueron promovidas con fines pro-consumidor y una centena de precedentes de observancia obligatoria de corte innovador que dotan a la defensa de intereses difusos y colectivos de características especiales adecuadas a su naturaleza e importancia (por tratarse de la defensa y protección de derechos de un grupo de personas), que lamentablemente se ven restringidos por el carácter pro-mercado de varias disposiciones de nuestro Código de Protección al Consumidor que generan un halo de desprotección frente a la afectación de los derechos de grupos de usuarios y consumidores. Planteo como ejemplo de una innovación legal positiva que podríamos reproducir, lo determinado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que en sentencia de fecha 19.12.03, en el caso Fernando Asenjo, determinó que “los derechos e intereses colectivos y difusos, son de eminente orden público”, sentando un precedente importante en favor de los derechos de los consumidores, al inaplicar el plazo de caducidad (de 6 meses en Venezuela) a los procesos de amparo constitucional y en las demandas por intereses colectivos y difusos por tratarse de afectaciones colectivas que merecen una tutela especial que garantice la protección colectiva de derechos. Defensa colectiva en un Código pensado para la defensa individual El artículo en mención establece nociones para diferenciar el procedimiento administrativo para la defensa de derechos colectivo y difusos, por lo que se limita al desarrollo conceptual de estos dos tipos de intereses, y lo hace de forma neutral, sin reconocerle ni resaltarle prerrogativas especiales, por tratarse de un proceso de defensa colectiva que tiene como fin ulterior mejorar las condiciones del mercado y de bienestar del interés colectivo. Como compendio de la legislación de consumo, nuestro Código nació impregnado del individualismo del estado liberal, del positivismo normativo propio de los sistemas jurídicos continentales y heredero de las teorías contractualistas. Opinión en consonancia con lo reseñado por la Dra. María del Pilar Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien cuestiona las nulas reformas del sistema judicial mexicano en favor de la defensa colectiva, y de la aún hegemónica preferencia y prevalencia de los procesos en defensa del derecho individual como rasgo del estado liberal individual frente al emergente estado social. A decir del investigador Carlos Glave, docente de la Facultad de Derecho de la PUCP, quien plantea que para los procesos de tutela individual y colectiva existe un único modelo de proceso que tutela derechos individuales homogéneos. Para él, el procedimiento administrativo colectivo sigue teniendo los mismos plazos y no existe una vía especial para su trámite, siguen programándose con la misma celeridad que los casos que afectan solo a un individuo e INDECOPI sigue manteniendo criterios muy rigurosos para conceder medidas correctivas y cautelares que puedan garantizar una adecuada tutela frente a la infracción de la normativa de consumo.

Siendo el punto más crítico, para quienes trabajamos en la protección de intereses colectivos y difusos, los cortos plazos de prescripción y caducidad que ponen en riesgo la efectividad y eficiencia de los procedimientos administrativos a cargo de la Comisión de Protección al Consumidor (CPC). 3. Limitaciones al acceso a la justicia colectiva de consumo Esta restricción al derecho de acceso a la justicia de consumo en defensa de intereses difusos y colectivos constituye una barrera para acceder a la tutela efectiva de múltiples bienes jurídicos. El periodo prescriptorio de 2 años para perseguir una infracción al Código de Protección al Consumidor resulta razonable en la defensa de derechos del consumidor a título individual sin embargo afecta negativamente las investigaciones y denuncias por afectación a intereses colectivos y difusos, dado que estos últimos son casos más complejos tanto de identificar, como de investigar, denunciar y probar, por lo que termina siendo beneficioso para las empresas infractoras dado que, al prescribir la persecución de sanciones por parte del administrador, y de las asociaciones de consumidores, a los dos años, también se reducen los procesos administrativos sancionadores, las multas y las crisis reputacionales. Quien también se ve afectado es el mercado dado que persistirán las prácticas ya prescritas de los proveedores infractores que ya no podrán ser sometidas a las comisiones y salas de INDECOPI por encontrarse ya prescritas en sede administrativa, quedando como única vía presentar una demanda por afectación de intereses difusos y colectivos ante el Poder Judicial. Dicha limitación de dos años, disuade a muchos a realizar investigaciones por afectación a intereses difusos y colectivos, que impliquen trabajo de campo y colaboración internacional, y no considera la realidad nacional en la que existen muchos casos de violación a la normativa de consumidor, competencia desleal y libre competencia, que solo han podido ser identificados pasados más de diez años. Solo para comparar la diferencia que radica en los plazos de prescripción de diferentes ordenamientos jurídicos, en México la prescripción se hace efectiva transcurridos tres años y seis meses del hecho infractor, tiempo más que suficiente para una adecuada investigación por afectación de intereses difusos.

Nos complace poner a su disposición la publicación de la tesis doctoral de nuestro asociado y Presidente del Comité de Derecho del Entretenimiento Aldo Fabrizio Modica (Paraguay), presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral para optar al título de Doctor en Derecho, y que lleva por nombre "Protección Jurídica de las Ideas".
Debido a la excelencia de este trabajo y al interés que despierta el tema de la protección de las ideas y las situaciones en las que se han tutelado a pesar de que en principio no gozan de protección, es que decidimos publicarlo y ponerlo a disposición de nuestra membresía y demás profesionales de la PI.

2. Sistema judicial vs. sistema administrativo de protección al consumidor Más allá de los debates entre los representantes de las diversas corrientes doctrinarias, entre los abogados pro-consumidores, como Julio Durand o Juan Francisco Rojas (ambos expresidentes de la Sala especializada en Protección al Consumidor), partidarios de las asociaciones de consumidores y de una mayor regulación estatal, los negacionistas de la defensa colectiva como Gustavo Rodríguez u Oscar Sumar, que apuestan por la desregulación del mercado y los abogados pro-mercado, y de grandes empresas infractoras, como Alfredo Bullard y el mismo presidente de INDECOPI*, quienes aplauden las iniciativas de auto-regulación y buscan repetir las fórmulas de auto tutela que probó el INDECOPI en los años noventa; todos, a pesar de sus diferencias ideológicas, coinciden en señalar que la única forma en que se puede garantizar una tutela efectiva de los derechos de consumidores y usuarios es dentro de un sistema judicial de protección al consumidor. Esto debido a que la autoridad administrativa (INDECOPI), al no contar con función jurisdiccional, no estaría facultada para resarcir e indemnizar la totalidad de daños ocasionados tanto al consumidor afectado como a terceros o al medio ambiente. Es por ello que dicho artículo prevé la posibilidad de que tanto INDECOPI como las Asociaciones de Consumidores puedan judicializar un caso en defensa de los intereses difusos en los fueros del Poder Judicial. Si bien una denuncia administrativa, iniciada de parte o de oficio, contra un proveedor por falta de idoneidad o de información, podría concluir en sanciones administrativas contra dicha empresa, dicha multa puede no tener el efecto disuasivo necesario para * La referencia es al Sr. Ivo Gagliuffi Piercechi, a la fecha expresidente de la institución (N. de los Dres.). COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1030 corregir la mala práctica empresarial y evitar que la empresa vuelva a incurrir en la misma infracción en un futuro. Así mismo, dicha multa o sanción administrativa no resarce ni repara la totalidad del daño que ha podido provocar dicha conducta a algún consumidor, a un colectivo de consumidores o usuarios, a una masa de ciudadanos afectados imposible de determinar y mucho menos al medio ambiente. El claro ejemplo de ello son las estadísticas que recoge el INDECOPI en los informes anuales del 2017 y 2018 en los que señala que los sectores económicos con mayor número de sanciones administrativas siguen siendo los mismos, año tras año. Las inconformidades con los servicios bancarios, del rubro seguros y automotriz materializadas en reclamos, denuncias y solicitudes de conciliación, en lugar de verse reducidas con las modificaciones introducidas en los Decretos Legislativos 1308 (del 2016) y 1390 (del 2017) se vienen incrementado. 3. INDECOPI: ¿Nuestro abogado ante el PJ? Desde la creación del INDECOPI, en 1992, esta llamada isla de eficiencia, nacida en el primer gobierno de Fujimori y amparada por la Constitución Política de 1993, ha sido diseñada como un organismo regulador del mercado dado que por un lado funciona como una agencia de competencia y, por otro, como la autoridad nacional de protección al consumidor. Ahora, en la práctica, si bien el INDECOPI ha sancionado a empresas infractoras y viene persiguiendo carteles que acuerdan subir precios de forma concertada, nunca ha asumido la representación de intereses colectivos o difusos de consumidores que se han visto afectados por casos de infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor ni por las vulneraciones a los derechos de los consumidores que acarrean las prácticas de competencia desleal, como la publicidad engañosa, y las relativas a las infracciones a la libre competencia, como los abusos de posición de dominio, el establecimiento de carteles y las concentraciones verticales y horizontales. Todas estas prácticas –que son perseguidas por comisiones independientes a la Comisión de Protección al Consumidor, como son la Comisión de Competencia Desleal y la Comisión de Defensa de la Libre Competencia– también constituyen en mayor y menor medida, afectaciones reales y potenciales a los derechos que nos asisten como usuarios o consumidores.

4. Las Asociaciones de Consumidores al rescate Contrario al nulo interés de las gestiones del INDECOPI, y de las negativas de su consejo directivo, de asumir la representación legal en defensa de los intereses difusos de un grupo no determinado de consumidores y demandar a proveedores infractores ante el Poder Judicial, las asociaciones de consumidores se han tomado en serio su rol colaborador y han emprendido una serie de demandas en la vía judicial contra proveedores cuyas malas prácticas ya han sido sancionadas, son de público conocimiento o ya han sido comunicadas a la autoridad de consumo. Así tenemos que diversas asociaciones de consumidores, pertenecientes a distintos gremios o federaciones, han iniciado los siguientes procesos judiciales para la defensa de intereses difusos, siempre contra grandes empresas y ante diversos tipos de juzgados, civil, constitucional y penal respectivamente: TÍTULO VI - DEFENSA COLECTIVA DE LOS CONSUMIDORES 1031 – Demanda por daños y perjuicios contra Kimberly Clark (EE.UU.) y Protisa (Chile) por la concertación del papel higiénico por 10 años (sancionado por la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, en el 2017, mediante la Resolución N° 010-2017/ CLC-INDECOPI). Esta demanda fue presentada por AINCUS (Asociación Internacional de Consumidores y Usuarios de Seguros), AICHAH (Asociación de Consumidores de Chincha), y APU (Asociación de Protección al Usuario), que integran la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Consumidores, es decir una federación de asociaciones. – Acción de Amparo contra la compra de Química Suiza por parte del Grupo Intercorp (2018), con la finalidad de garantizar los derechos constitucionales de protección al consumidor, a la salud y a la libre competencia, frente a la concentración del mercado de cadenas de farmacias, laboratorios y distribuidoras de medicamentos. Esta demanda fue presentada por el Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD y por el Instituto de Protección al Ciudadano IDOM y se viene tramitando en el 9no Juzgado Constitucional de Lima, bajo el Expediente N° 01909-2018. – Demanda de Hábeas Corpus contra las concesionarias Rutas de Lima (Odebrecht) y Línea Amarilla (OAS) por instalar peajes sin vías alternas, cobrar tarifas de peajes según fórmulas no pactadas en el contrato y mantener a los ciudadanos de Lima secuestrados dentro de nuestra ciudad (Expediente N° 06174-2018), teniendo que pagar tarifas abusivas que afectan el orden público económico para poder ejercer nuestro derecho al libre tránsito. Este hábeas corpus se encuentra en la actualidad en trámite de Recurso de Agravio Constitucional ante el Tribunal Constitucional y fue interpuesto por las asociaciones: Instituto Anticorrupción, Instituto Proyecto Solidaridad Global, Instituto del Derecho Ordenador del Mercado IDOM y el Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD, integrantes del gremio de asociaciones CONACUP.

Este trabajo analiza las diferentes normativas en relación a la prohibición de contratar con el Sector Público (debarment): en la Directiva 2014/24/UE  del Parlamento Europeo y del  Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, en la Ley de Contratos del Sector Público y en especial su previsión como pena en el Código Penal español. Desde esta última perspectiva, se estudia su ámbito de aplicación, su naturaleza, las consecuencias que  se derivan de su imposición en relación a los delitos de corrupción y la posibilidad de que la empresa sancionada eluda la prohibición de contratar cumpliendo las condiciones legalmente exigidas o adoptando un programa de prevención de delitos

El right of publicity es la figura conexa a la propiedad intelectual de aparición más reciente y protege los componentes de la personalidad de personas famosas, sean artistas, músicos, celebridades, entre otros. Dicha figura protege el valor de la voz, la imagen, las frases célebres, los lemas comerciales, la apariencia, el vestuario, tanto de forma directa o indirecta y su relevancia jurídica irá de la mano con el desarrollo de la industria del entretenimiento y ha superado el ámbito de protección
del derecho a la imagen y la voz propias. (Actualidad Jurídica, Julio 2018, N° 296 pp. 198-222)

El autor analiza la naturaleza de la cláusula general en la represión de la competencia, reflexionando sobre los pronunciamientos del Indecopi a partir de lo establecido en la legislación peruana sobre dicha materia, y explorando los alcances de la referida cláusula. Presta atención, particularmente, a dos pronunciamientos que podrían generar dilemas respecto a cuál sería la función de la cláusula general en la represión de la competencia desleal.

I. Introducción: clasificación de los actos de competencia desleal Las conductas desleales constituyen una especie del género de las prácticas comerciales ilícitas, denominadas, en nuestro medio, genéricamente como "abusivas"(1). A su turno, los actos desleales pueden ser clasificados según distintos criterios. Mermillod los catalogaba dualmente: en actos que debilitan o destruyen el posicionamiento del competidor en el mercado, y los que pretenden fortalecer la posición del agente de la conducta mediante confusión, imitación o afirmaciones falsas (2). Ascarelli amplió la sistematización, distinguiendo los actos de confusión, denigración y apropiación o sustracción (3). Roubier la ensanchó aún más, separando los actos de confusión entre el agente y sus competidores, la denigración del competidor o de su establecimiento o productos, la desorganización del competidor y los medios para desorganizar el mercado (4); postura asumida en la Argentina por Otamendi (5) y Molina Sandoval (6). Hefermehl agrupa a los actos de competencia desleal en cinco tipos: captación de clientela, obstaculización de los competidores, explotación de esfuerzos ajenos, obtención de ventaja mediante violación de normas y perturbación el mercado (7). Guidini diferencia entre conductas que atentan contra los actos "distintivos" de la empresa, actos contra su "promoción", contra la situación de la empresa en el mercado y su acceso (función "distributiva") y actos contra las áreas de investigación y relaciones laborales de la empresa (8). Menéndez distingue entre prácticas que atentan contra la posición del empresario competidor, contra la autonomía del consumidor y la deslealtad del mercado (9). El maestro español Bercovitz confecciona las siguientes categorías: actos desleales para aprovecharse del esfuerzo de otros participantes del mercado, ataques directos a otras empresas y actos que impiden el funcionamiento correcto del mercado (10). Virgós desarrolla la siguiente clasificación de los actos desleales: de captación de clientela, obstaculización de los competidores, explotación de esfuerzos ajenos, creación de ventaja competitiva por infracción del orden jurídico y perturbación del mercado (11). Finalmente, García Menéndez entiende que las conductas de competencia desleal pueden agruparse en los siguientes actos: de desorganización del competidor, contra la competencia del mercado y de violación de las reglas generales del mercado (12). II. Aprovechamiento de reputación ajena II.1. Regulación legal El inc. g) del art. 10 del novel dec. 274/2019 enuncia, como una de las prácticas desleales, la explotación indebida de reputación ajena, definida como: "realizar actos que aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro". Este tipo de conducta desleal se encuentra contemplada en todas las legislaciones de competencia desleal del derecho comparado. El art. 12 de la Ley de Competencia desleal española prescribe: "se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelos', 'sistema', 'tipo', 'clase' y similares". La fórmula española ha sido reproducida, en términos idénticos, en el art. 15 de la ley 256 del 15 de enero de 1996 de Colombia. Una regulación semejante a la nuestra es la contenida en el art. 4º inc. a) de la ley 20.169 de Chile, que sanciona: "toda conducta que aproveche indebidamente la reputación ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero". Básicamente, para que medie explotación de reputación ajena, debe verificarse que exista una reputación industrial, comercial o profesional adquirida por un tercero; un aprovechamiento de esa reputación; y que ese aprovechamiento esté calificado como indebido. El fundamento ético de la reprensión legal fue expuesto en "Zacchini"(13), donde se sostuvo que la conveniencia de la prevención del enriquecimiento injusto por la apropiación no autorizada del prestigio Documento © Thomson Reuters Información Legal 1

Resumen: En el presente artículo, el autor desarrolla la problemática de
la publicidad sexista y plantea la autorregulación como una alternativa
para sancionarla. En esa línea, introduce al CONAR como una institución
encargada de la autorregulación dentro de la publicidad, y destaca la
emisión de un criterio objetivo para la evaluación y eventual sanción de
la publicidad sexista, esto en el marco de la vigencia de su Código de
Ética Publicitaria del 2007, pero luego de una serie de modificaciones
al marco regulatorio, el autor crítica su falta de aplicación, y culmina
afirmando las ventajas de una autorregulación publicitaria, representada
a través del CONAR.

Resumen: Tras presentar la problemática de la competencia judicial internacional respecto de ac-tos desleales contra competidores en el epígrafe I, en el apartado II se analizan las estrategias procesales a seguir, que básicamente pueden ser de tres tipos: la pactada entre las partes litigantes; la general, válida para cualquier materia patrimonial; y la específica para actos de competencia desleal. En el epígrafe III, se proyectan estas estrategias en la distinta morfología de las conductas desleales, según las esferas de interés de los competidores perjudicados: sus activos intangibles, sus relaciones en el mercado y sus gru-pos de interés (clientes, proveedores, trabajadores…). En el apartado IV, y precisamente por esta morfo-logía tan específica, se analizan las zonas limítrofes con otras normas de competencia, principalmente, en materia de contratos, en materia de propiedad industrial y en materia concursal. La valoración final es que, debido al silencio de las normas de competencia en materia de competencia desleal, se depende en exceso de la construcción jurisprudencial del TJUE, la cual tiene luces y sombras. Palabras clave: competencia judicial internacional, competencia desleal, competidores, materia extracontractual, lugar del hecho dañoso, activos del competidor, relaciones con los competidores, gru-pos de interés del competidor.

Abstract: After presenting the issues of international jurisdiction regarding unfair acts against competitors in section I, in section II the litigation strategies are analyzed, which basically can be of three types: one based on the agreement of the parties; second one based on general rules for any economic matter; and the third one based on specific rules. In section III, these strategies are projected in the different morphology of unfair acts, according to the areas of interest of the injured competitors: their intangible assets, their relationships in the market and their stakeholders (customers, suppliers, workers...). In section IV, and precisely because of this very specific morphology, the bounderies with other jurisdiction rules are analyzed, mainly in matter of contracts, intellectual property and insolvency. The final assessment is that, due to the silence of the jurisdiction rules in respect of unfair competition, we excessively depend on the case law construction of the CJEU, which has lights and shadows.

La pandemia del SARS-CoVID-2 evidenció muchas debilidades e incapacidades de nuestro sistema sanitario, público y privado, pero también terminó de desnudar lo que era un secreto a voces: el mercado nacional de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos está completamente distorsionado, con indicios fuertes de compras coludidas, fijación de precios, acuerdos horizontales y verticales entre proveedores, así como la captura de los compradores y adquirientes. Otro aspecto que prevalece es la competencia desleal. Todo lo anterior en detrimento de la economía familiar y para el caso del sector público, en contra de las finanzas y la capacidad de prestar servicios de salud de calidad, eficientes y efectivos.

La Ley de Represión de la Competencia Desleal, aprobada por el Decreto Legislativo 1044, trata de evitar confusiones acerca de qué se protege como secreto empresarial y qué supuestos de apropiación indebida deberían sancionarse.
En el presente artículo, el autor cuestiona la interpretación y aplicación que se le ha venido dando, en muchos casos, a algunos de los términos contenidos en dicha ley. Para ello, explica el significado del secreto empresarial, y de otros términos relacionados como la competencia prohibida y la finalidad concurrencial. Luego, pasa a elaborar un análisis sobre la función económica de proteger los secretos empresariales y de cuál debería ser la correcta aplicación de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

La Ley 42-08 sobre defensa de la competencia en la República Dominicana establece un listado no limitativo de actividades que constituyen competencia desleal. Uno de ellos es la confusión por uso de derechos de propiedad intelectual de terceros. Siendo los delitos contra la propiedad intelectual una infracción precedente de acuerdo a la Ley 155-17, contra el lavado de activos y prevención del terrorismo, este artículo desarrolla el nexo causal sobre cuándo un acto de competencia desleal puede conllevar al lavado de activos.

Tras 35 años de juego autorizado en España, en mayo de 2011 ha entrado en vigor la Ley de Regulación de Juego. En un estudio explicativo de las transformaciones que han abocado a la aparición de este nuevo marco legislativo, el autor, tras examinar la trayectoria histórica de la regulación del juego de azar y analizar la complejidad del escenario actual, sostiene la tesis de que las políticas públicas en la materia han sido temerosas e insuficientes porque, pretendiendo defender valores morales, en realidad aspiraban a preservar los intereses recaudatorios. Además, las administraciones públicas no han sabido prever el impacto de internet. Se analizan en este texto las consecuencias de ello: la entrada en España de operadores no controlados, la aparición de nuevos y fortísimos intereses colaterales y la competencia desleal con las empresas operadoras autorizadas para el juego presencial. Esto ha llevado, en definitiva, a que la Hacienda Pública dejara de recaudar los impuestos y tasas que esta nueva actividad debería haber devengado.

After 35 years of authorised gaming in Spain, May 2011 saw the enactment of Spain's Gambling Regulation Act. In an explanatory study of the transformations focusing on the emergence of this new legislative framework, after examining the historical background of the regulation of gambling and analysing the complexity of the current scenario, the author takes the view that public policy on gambling over the years has been fearful and inadequate because while pretending to defend moral values, in reality these policies aspired to preserve the interests of revenue collection. In addition, governments have failed to foresee the impact of the Internet. The articles examines the consequences of this failure: the entry into Spain of unregulated operators, the emergence of new and strong collateral interests and unfair competition with licensed operating companies of physical gaming establishments. This has ultimately prevented the Treasury from collecting the taxes and charges that this new activity should have accrued.

West Brands Llc. 3.-Tomás Oeschle vs. Tiendas Peruanas III.-Problemática de las marcas zombie. IV.-El Goodwill residual. V.-Hacia una política ad hoc para el tratamiento de las marcas zombie. 1.-Afán especulativo de la solicitante. 2.-Tiempo de abandono de la marca zombie. 3.-Atención a lo que dice el mercado

In the context of a claim of unfair competition, the defendants contest the jurisdiction arguing that their acts are linked to an assignment of
business in the frame of an insolvency proceeding and, by this way, the
courts of the State of the insolvency proceeding have exclusive
jurisdiction. The EU Court of Justice rightly denies the insolvency
characterization because the action is not based on insolvency law and
does not derive directly from insolvency proceeding.

El autor analiza la naturaleza de la cláusula general en la represión de la competencia, reflexionando sobre los pronunciamientos del Indecopi a partir de lo establecido en la legislación que regula dicha materia, y explorando los alcances de la referida cláusula. Presta atención, particularmente, a dos pronunciamientos que podrían generar dilemas respecto a cuál sería la función de la cláusula general en la represión de la competencia desleal en la legislación peruana.

El articulo presenta los resultados parciales de la investigacion denominada “Responsabilidad social y creacion de valor economico en la relacion de las firmas con sus proveedores”, proponiendo la consideracion del criterio de capacidad de negociacion como un factor relevante para la determinacion del grado de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la relacion comercial entre empresas clientes y proveedoras. De la misma forma, busca establecer conexiones entre las practicas de RSE y las conductas de abuso de posicion dominante y competencia desleal. Para este efecto, se realizo una exploracion de las practicas comerciales que se dan en el segmento de las Grandes Superficies dentro del sector minorista en Colombia, estableciendo la naturaleza de las mismas y analizandolas a la luz del concepto de abuso de posicion dominante y de la normatividad vigente sobre competencia desleal.

Nuestro sistema de protección al consumidor y de represión de la competencia desleal genera en muchas ocasiones duplicidades innecesarias en los casos de engaño al consumidor. Esto determina que exista poca claridad e incertidumbre para los consumidores, quienes se pueden enfrentar ante procedimientos y criterios resolutivos distintos para un mismo tipo de casos. En este artículo se revisan los distintos criterios de interpretación adoptados por los órganos del Indecopi para distribuir las competencias entre la Comisión de Competencia Desleal y la Comisión de Protección al Consumidor, hasta llegar a la regla general y actual prevista en el artículo 17 del Código de Consumo, cuya aplicación práctica no ha sido del todo coherente; razón por la que se propone una interpretación a fin de que el reparto de competencia sea más eficiente.

Resumen: El objetivo de este trabajo es hacer un análisis de algunos de los casos que consideramos los más relevantes que se han presentado en los últimos años con la llegada de algunos nuevos agentes económicos al sector telecomunicaciones, y ello en virtud de los conflictos de competencia desleal que han tenido por publicidad engañosa o publicidad alusiva ilícita. Para tales efectos, el presente artículo tendrá una parte teórica de las modalidades de competencia desleal comentadas (enfocada en la publicidad difundida en el mercado de las telecomunicaciones) y luego se hará un breve análisis de los casos relevantes en esta materia.

Abstract: This paper seeks to make an analyze some cases considered the most relevant that has happened in the last years with the arrival of new economic operators on telecommunications sector, in virtue of some conflicts about unfair competition that has happened because of misleading advertising or illegal allusive advertising. For that purpose, the present paper will have theoretical part of the modalities of unfair competition mentioned. In the second part, it will analyse some relevant case of the matter.

El Dumping es la forma de Competencia desleal más común en el Comercio Internacional, y es por esta razón que es fundamental que todas las naciones del mundo tengan, dentro de sus ordenamientos jurídicos, reglamentos especiales acerca de este tema.

Resumen
El presente trabajo consiste en la intervención comunicacional de un emprendimiento rosarino Cuchillos Argentinos, en el marco de las plataformas virtuales. El período trabajado es desde octubre de 2019 a octubre de 2020. Se plantea describir la lógica de comunicación actual, con el objetivo general de proponerle acciones que le brinden un crecimiento en cuanto a su alcance.
Para el abordaje de la investigación las técnicas metodológicas utilizadas fueron, entrevista semiestructurada y observación etnográfica virtual. Las mismas generaron inquietudes que posibilitaron delinear diferentes hallazgos. Estas herramientas fueron claves para proponer acciones que se traduzcan en aportes concretos hacia el emprendimiento.
La Tesina concluye con la importancia de generar un plan comunicacional como eje de cualquier tipo de intervención disciplinar. Definido en tanto a su estructura y desarrollo, en concordancia con el público objetivo de la organización.
Palabras clave. Comunicación estratégica, público, emprendimiento, competencia, redes sociales, plataformas virtuales, imagen, identidad.

En el presente trabajo formularemos una sucinta descripción del reciente decreto de necesidad y urgencia (1) (DNU) 274/2019 (2), por el que se modifica el régimen de lealtad comercial que hasta ahora venía impuesto, insuficiente e ineficientemente, por la ley 22.802 y sus modificatorias.

En el presente artículo el autor analiza la figura de la inducción al incumplimiento, la cual si bien forma parte del sistema jurídico peruano desde hace más de un cuarto de siglo, no existe más que un puñado de pronunciamientos sobre el particular.

Caso Pura Vida: entre la publicidad y las normas técnicas Según fuentes de INACAL, hasta el año 2017, Perú cuenta con 4787 normas técnicas, de las cuales 900 están dirigidas al rubro alimentos. De todas estas normas técnicas, solo 4 (de 4787) son obligatorias para los proveedores. Proponemos como ejemplo para ilustrar la importancia de las normas técnicas lo acontecido recientemente en Panamá y Perú: el caso de la leche “Pura Vida”. Producida por la empresa Gloria. “Pura Vida” era una versión de bajo costo del producto bandera de la empresa, el tarro de leche Gloria, cuya composición sí era leche. La otra leche (sic), o la versión accesible a un público de nivel socio económico C, D y E, “Pura Vida”, cuyo rotulado fue observado en Panamá por no adecuarse a la normativa técnica del sector lácteo, debido a que en el CODEX (norma internacional sobre productos alimenticios) se establece que la leche no debe llevar aditivos, y en caso los lleve, no podrá ser promocionada como leche. Por lo que para la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) al promocionar Gloria una mezcla láctea como si se tratara de leche, estaría incumpliendo con la normativa técnica que regula los alimentos a nivel COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 1154 mundial (el CODEX), infracción que ameritaba suspender la comercialización de leche “Pura Vida” en Panamá hasta que se adecue su rotulado a la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados. La AUPSA consideró que tanto el rotulado, como las imágenes de la etiqueta y la publicidad con la que se promovía el consumo de “Pura Vida”, no cumplía con los dos principios generales, artículos 3.1 y 3.2 del CODEX STAN 1-1985 o Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados. 3. PRINCIPIOS GENERALES 3.1 Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto. 3.2 Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran a -o sugieran, directa o indirectamente- cualquier otro producto con el que el producto de que se trate pueda confundirse, ni en una forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto. (Cursivas nuestras). Como indica dicho reglamento, la impresión errónea respecto de su naturaleza, es la que deriva del nombre por el que se reconoce al producto: “Leche Pura Vida”. Lo que constituiría una infracción a las normas técnicas para las autoridades sanitarias de Panamá constituye en Perú una infracción al deber de información del Código de Protección y Defensa del Consumidor (arts. 2 y 3) y al principio de veracidad publicitaria y, en consecuencia, a la normativa de competencia desleal bajo la modalidad de engaño (art. 8 del D. Leg. N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal). En la misma línea, aquí en Perú, las asociaciones de consumidores CAUDAL – Instituto de Protección al Consumidor, Instituto del Derecho Ordenador del Mercado – IDOM, Instituto Proyecto Solidaridad Global, y la organización que represento, el Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD, presentamos dos denuncias por afectación a los intereses difusos de los consumidores ante la Comisión de Competencia Desleal. La primera contra Gloria (Expedientes 099-2017/CCD y 117-2017/CCD) debido a que estaba promocionando, en el mercado peruano, el producto “Pura Vida” como si se tratara de leche tanto en su etiquetado, anuncios de televisión, packaging y páginas web; y una segunda denuncia contra la transnacional Nestlé (Expedientes 098-2017/CCD y 193-2017/CCD), por realizar una práctica similar con su producto “Reina del Campo”. Como representante del Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD, y en línea con las interpretaciones pro-consumidor de los dilectos juristas e investigadores Alcántara, Durand y Kresalja, considero que la afectación a la libre competencia también vulnera los derechos de los consumidores, de manera que, obviar la normativa técnica obligatoria, al momento de promocionar y difundir publicitariamente (en diversos medios y soportes) un producto como si fuera leche es un acto de engaño, sancionable por la CCD, debido a que, en realidad, dicho producto contenía ingredientes no lácteos que sustituían total o parcialmente algunos de sus compuestos lácteos. Así mismo, existe un tipo de competencia desleal basado en la violación e inobservancia de normas (las normas técnicas del CODEX integradas en nuestro Código) que el INDECOPI no ha tomado en cuenta. CAPÍTULO IV - Calidad y normalización en la producción de productos y servicios 1155 Para ahondar más en el tema, el Codex Alimentarius, elaborado por la FAO, la rama de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, señala que la definición de leche queda conceptualizada en la siguiente frase: “Producto de la secreción mamaria normal de animales lecheros, obtenida mediante uno o más ordeños, sin ningún tipo de adición o extracción, destinada al consumo en forma de leche líquida o elaboración ulterior”. Es por ello que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) en primera instancia y mediante la Resolución N° 159-2017/CCD-INDECOPI, del 22.12.2017, reconoce la infracción a la norma que regula la publicidad engañosa, en concordancia con lo señalado por el principio 3.2 de la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados, una norma del soft law que se torna en exigible al ser recogida por nuestro ordenamiento, debido a que Gloria utilizaría ilustraciones de vacas en las etiquetas de las diversas versiones de su producto cuestionado. En segunda instancia, ya en el 2018, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) confirmó la resolución de la CCD y a través de la Resolución 0273-2018/SDC-INDECOPI sancionó por publicidad engañosa a Gloria con una multa ascendente a S/.2’940,000 (700 UIT), casi tres millones de soles. La presencia de la representación gráfica del animal “vaca” en la etiqueta, empaques, páginas web y anuncios en televisión, adicionados a la palabra “leche” en el rotulado fueron determinantes para concluir que el producto, conocido hasta ese momento como “Leche Pura Vida” contenía en su presentación un paquete de datos que aporta información errónea al consumidor, dado que este podría asumir que se trata de un producto de origen animal, de la vaca, y que se trataría de leche de vaca, y no de lo que era en la realidad, una mezcla láctea con soya y otros agregados. Similar fue el caso de Nestlé en el que la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, en la Resolución N° 0273-2018/SDC-INDECOPI, la sancionó con 304 UIT. En la actualidad, debido al alcance mediático de ambos casos, el Poder Ejecutivo decidió incluir las especificaciones de la normativa técnica de la leche que se encontraban en el CODEX y normas técnicas nacionales, dentro del Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, lo cual dota a la norma técnica de un revestimiento legal que hace que deje de lado su condición de soft law, para ser ahora de obligatorio cumplimiento para los productores de leche y derivados de la leche.

Este trabajo tiene por objeto examinar el sistema de acciones de la Ley de Competencia Desleal chi-lena; y con ello, cuestionar si se trata de un régimen alternativo o acumulativo, o más bien dependiente. Para esto, se incorporará el tratamiento judicial que se ha dado a estas materias.

Resumen:
El artículo presenta los resultados parciales de la investigación denominada “Responsabilidad  social y creación de valor económico en la relación de las firmas con sus proveedores”, proponiendo la consideración del criterio de capacidad de negociación como un factor relevante para la determinación del grado de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la relación comercial entre empresas clientes y  proveedoras. De la misma forma, busca establecer conexiones entre las prácticas de RSE y las conductas de abuso de posición dominante y competencia desleal. Para este efecto, se realizó una exploración de las  prácticas comerciales que se dan en el segmento de las Grandes Superficies dentro del sector minorista en Colombia, estableciendo la naturaleza de las mismas y analizándolas a la luz del concepto de abuso de  posición dominante y de la normatividad vigente sobre competencia desleal.

Abstract:
This article presents the partial results of the research “Social responsibility and creation of economic value in the relationship between companies and their suppliers”; proposes to take the bargaining power rule as an important factor into consideration for determining the Corporate Social  Responsibility (CSR) degree in the relationship between enterprises customers and suppliers; and seeks to establish connections between CSR practices and abuse of dominance conducts and unfair competition. To this end, an exploration was carried out about commercial practices in the hypermarkets within retail  sector in Colombia. Such exploration establishes and analyses the nature of these hypermarkets in the light of the abuse of dominance concept and the regulations currently in form about unfair competition.