Videovigilancia

El presente trabajo e enmarca en la línea de investigación propuesta por la OIT a efectos de abordar los diversos problemas que quedan comprendidos en las nociones  “futuro del trabajo” o “trabajo del futuro”, y forma parte del resultado del proyecto: “El futuro del trabajo: una mirada desde Latino América y el Caribe”, dirigido por el Prof. Dr. César Arese radicado en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (2018/2019).
Asumiendo que efectuar un abordaje completo del impacto de las innovaciones tecnológicas en el ámbito del trabajo puede ser una tarea inalcanzable y, a la vez, no exclusiva de la disciplina jurídica, se han seleccionado situaciones con la pretensión de indagar cuál es la respuesta jurídica a los problemas que plantean (de existir alguna) y valorar si tal respuesta resulta adecuada y eficaz.
Se analiza el estado de situación de modalidades de trabajo a distancia, como el teletrabajo y el trabajo conectado remoto, como de una de las modalidades de prestación de servicio de mayor debate en la actualidad, el trabajo a través de plataformas digitales y, finalmente, se trabaja sobre la facultad de control empresario empleando medios técnicos, su alcance y modo en que puede efectuarse.
En síntesis, se trata de situaciones donde la innovación tecnológica aparece como el elemento necesario -aunque no excluyente- para generar cambios en el mundo del trabajo.

La evolución tecnológica ha dado lugar a la generalización del uso de videocámaras en espacios públicos. Este artículo revisa las implicaciones jurídicas que tienen las actividades de videovigilancia en estos lugares por parte de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado español. Estas autoridades deben actuar conforme a su deber de respeto a los principios de proporcionalidad e idoneidad, pero teniendo en cuenta el derecho a la seguridad ciudadana, que ampara el uso de estos medios tecnológicos, aunque supongan una intromisión en el derecho a la intimidad. Se centra la investigación en el posible empleo de dichas imágenes captadas por videocámaras instaladas por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español como prueba en el proceso penal, habida cuenta de la falta de desarrollo normativo contenido al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. El objetivo es determinar el valor probatorio de dichas imágenes y la legitimidad del uso procesal de ellas, analizando a estos efectos si otras normas del ordenamiento español atribuyen a estas grabaciones un carácter suficientemente garantista, de forma que puedan suplir la ausencia de regulación referida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la postura de los tribunales sobre esta cuestión.

Se estudia la prevalencia del uso de tecnología en materia de prevención del delito. Particularmente se analiza la instalación de cámaras de videovigilancia y alarmas como medidas de protección de los hogares en México a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Se parte de la hipótesis de que la inversión de los hogares en medidas de prevención del delito vinculadas a tecnología ha incrementado en los últimos años y existen diferentes perfiles de personas que invierten en tecnología para proteger sus hogares que no están únicamente relacionados a la victimización y nivel socioeconómico alto.

"(De la conclusión)
La combinación entre una buena comprensión de los condicionantes previos, de las fuerzas inmediatas y no inmediatas y de las posibilidades de la actuación concreta a varios niveles, es una de las posibles vías de generación de dinámicas colectivas. Dinámicas que desde lo local rompan con el discurso del miedo al otro (joven, pobre, recién llegado) como chivo expiatorio de procesos de revanchismo, apropiación y pauperización a nivel global, y apuesten por la construcción de sociedades (y ciudades) maduras, responsables, participativas y, al fin y al cabo, políticas como alternativa a la dictadura del miedo."

Extracto de "El uso policial de las bodycam y sus propuestas de mejora",  de Pedro Fernández Sánchez. Bodycams: visión jurídica de la videovigilancia móvil policial. Con un reglamento de más de 20 años, el autor ofrece una propuesta de mejora. Guía práctica de los usos de estos dispositivos móviles (bodycams), con protocolos y guía informaticas para la policía local. ISBN:  978-84-290-2135-6

La instalación de cámaras de videovigilancia para la prevención del delito se ha convertido en una prioridad para los ciudadanos y los gobiernos en México. En este artículo se analiza la demanda ciudadana de videovigilancia como mecanismo de prevención y reducción del crimen y de protección vecinal. Utilizando datos obtenidos de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo en la Ciudad de México en 2015-2016, se encuentra evidencia del incremento de esta demanda. Los resultados sugieren que este tipo de política se expande territorialmente en las colonias vecinas, así como se manifiesta en la suma de opiniones y expectativas favorables por parte de la ciudadanía para implementar proyectos de este tipo.

La presente investigación pretende aportar a los debates del campo de las políticas públicas de seguridad y los estudios de vigilancia, particularmente, los vinculados a la implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación en el marco de los modelos de “ciudad inteligente”. Con esta tarea, se realiza una evaluación sobre cómo el Gobierno Nacional de la República Argentina y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementaron sus políticas de videovigilancia policial en la Capital Federal entre los años 2010 y 2015, período durante el cual se desarrolló un conflictivo proceso de descentralización de las funciones de seguridad de la órbita federal a la autonómica, que dejó como resultado una superposición de idénticas políticas de Estado, entre las que se destacó la instalación simultánea y redundante de dos Circuitos Cerrados de TV en el mismo espacio urbano. Utilizando el análisis estratégico históricamente situado como marco analítico para este estudio de caso, se traza el objetivo de analizar la matriz política desde la cual los actores estatales desarrollaron sus estrategias de poder y utilizaron estas políticas para disputar, con recursos y capacidades diferenciales, la redefinición de las fronteras territoriales de la capacidad estatal de coacción sobre el espacio público de la ciudad, así como el poder de representación simbólica sobre el tópico de la seguridad. La hipótesis que sostiene este trabajo es que el conflicto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hicieron que las políticas de videovigilancia implementadas volvieran contingente, no sólo el resguardo del derecho a la privacidad, sino también el fortalecimiento del derecho a la seguridad, en una relación de suma variable.

Director de Tesis: Ph.D. Carlos H. Acuña.
Jurados de tesis: Dr. Marcelo F. Saín, Dr. Gabriel Kessler y el Dr. Luciano Andrenacci.
Máxima calificación unánime.

El abuso policial constituye una problemática de interés sociológico y un objeto de preocupación social derivado de la "nueva visibilidad" que adquieren las interacciones de violencia entre la policía y la población, como resultado de los diferentes usos de las tecnologías de vigilancia, particular-mente de formas como la vigilancia desde abajo o sousveillance. A partir de la sistematización y el análisis de datos cualitativos, se discute el impacto de las tecnologías de vigilancia en 129 casos de abuso policial registrados en video en América Latina. Los resultados indican que la videovigilancia se ha convertido en un mecanismo relevante para documentar y determinar en qué casos se cometieron violaciones graves a derechos humanos; sin embargo, la discrecionalidad institucional, las fallas en los registros y la facultad de los agentes estatales para decidir cuándo registrar o no una práctica arbitraria imposibilita que se conviertan en mecanismos de control efectivos para sancionar y evitar las prácticas de arbitrariedad. Palabras clave: videovigilancia, nueva visibilidad, violencia, letalidad poli-cial, sousveillance. Abstract Police abuse constitutes a problem of sociological interest and an object of social concern derived from the "new visibility" acquired by violent interactions between the police and the population, as a result of the different uses of surveillance technologies, particularly of forms such as surveillance from below or sousveillance. Based on the systematization and analysis of qualitative data, we discussed the impact of surveillance technologies in 129 cases of police abuse recorded on video in Latin America. The results indicate that video surveillance has become a relevant mechanism to document and determine in which cases serious human rights violations were committed; however, institutional discretion, deficiencies in registries, and the power of state agents to decide when or not register an arbitrary practice, make it impossible to become effective control mechanisms to sanction and avoid arbitrary practices.

Los trabajos compilados, parten de creativos estudios de caso para analizar prácticas y discursos de vecinos que reclaman seguridad, de policías que recorren el territorio y de diversos agentes encargados de implementar dispositivos públicos y privados que procuran brindar seguridad en la provincia de Buenos Aires. Coinciden en el uso de metodología cualitativa y en otorgarle un lugar central al trabajo de campo empírico. El volumen incorpora además una entrevista a una referente del campo académico del delito y la seguridad que, junto con la introducción realizada por los compiladores, permite contextualizar estos procesos y habilitar una reflexión política más amplia con relación a ellos.

El presente artículo presenta los resultados de investigación sobre el uso, la planeación y la regulación de la videovigilancia con fines de seguridad ciudadana en Latinoamérica. A partir del análisis de los Programas Nacionales de Seguridad o similares de cada país, se identificó si existe o no planeación respecto al uso de la tecnología en materia de seguridad ciudadana, específicamente de la videovigilancia. La autora pone en evidencia la desconexión entre el uso de este dispositivo tecnológico, su regulación jurídica y la planeación gubernamental.

The (in)sensibilities to the vigilance of others in contemporary cities are studied. In particular, the analysis focuses on the surveillance technologies that permeate the urban structure on a global scale as a way of observing those who live and transit more systematically. Starting off of the premise that these technologies are deployed territorially in order to make them perceptible to society, generating sensibilities to regulate and control their behaviour. However, the effects of surveillance on society are not homogeneous, and while some are permanently violated because they are sensible to the possible observation of others, there are those who manage to normalize this surveillance and even be insensible to its presence. The research is mainly circumscribed in Mexico City where, as part of the broader research project, the phenomenon was studied and semi-structured interviews were carried out regarding the perceptions and sensibilities of the inhabitants. But also, relevant international social practices are taken into account.

La llegada de las Nuevas Tecnologías ha impactado notablemente en la sociedades actuales en las que vivimos. Ningún ámbito de nuestra vida es ajeno a este fenómeno, ni mucho menos lo es el de las relaciones laborales. El uso de las mismas por parte de los trabajadores y el control que pueden efectuar los empresarios con motivo de las potestades que les otorga el ordenamiento jurídico nacional, hace que la intromisión o injerencia de estas tecnologías en las relaciones empleador - empleado se presente tanto en una vertiente negativa como en una positiva. La positiva haría referencia al uso de las mismas para mejorar la eficacia y las condiciones de productividad. La negativa tiene que ver con la posibilidad de vulneración de los derechos laborales y fundamentales de los trabajadores por el uso del empleador de estos mecanismos. Por ello, este trabajo centrará su atención en mostrar cuál ha sido el impacto de estas tecnologías y cómo se ha afrontado por parte de la doctrina científica, la jurisdiccional y el legislador en el ámbito de la videovigilancia empresarial. Se intentará mostrar el impacto en el centro de trabajo de este concreto medio tecnológico para luego dar paso a resoluciones judiciales nacionales e internacionales concretas sobre el asunto y la normativa comunitaria y nacional al respecto vigente a día de hoy.

La videovigilancia automatizada y semiautomatizada, con algoritmos de reconocimiento facial y de comportamientos, está generando debates a nivel internacional que son importantes de profundizar sin apresurarnos a conclusiones rápidas, pero tampoco lentas. A diferencia de otros países de América y de Europa, Argentina, aún en 2020 no cuenta con una ley nacional regulatoria de la videovigilancia clásica y, el distrito más poblado y con más cámaras del país, la Provincia de Buenos Aires, tampoco se ha dado un marco regulatorio integral propio. Los frágiles cimientos institucionales que hacen de puerto de llegada a esta tecnología de punta no deberían ser desatendidos si se quieren evitar efectos negativos, no sólo en la protección de la privacidad, sino también en clave de fortalecimiento del derecho a la seguridad, el motivo que legitima su implementación. La intención principal de este escrito, enmarcado en el campo de los estudios de vigilancia y las políticas públicas, es aportar elementos desde las Ciencias Sociales para intentar desentrañar algunos nudos conceptuales que, además de generar malentendidos recurrentes, tienen efectos normativos que colaboran en naturalizar ciertas prácticas que deberían requerir mayor detenimiento. Entre ellos podemos mencionar la imprecisa y mecánica asimilación entre vigilancia y seguridad; la efectividad relativa de los sistemas de videovigilancia en función de seguridad y en función judicial; la relación entre los derechos a la privacidad e intimidad con el espacio público; los vínculos entre lo tecno-lógico y lo ideo-lógico; etc. Estos aspectos serán ejemplificados a partir del caso de la implementación de esta tecnología en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del análisis documental de normativas y documentos oficiales.

Automated and semi-automated video surveillance, with facial and behavioral recognition algorithms, is generating international debates which are important to delve into without rushing to quick, but neither slow, conclusions. Unlike other countries in America and Europe, in 2020 Argentina still does not have a national regulatory law for classic video surveillance, and the most populated district with the most cameras in the country, the Province of Buenos Aires, does not have its own integral regulatory framework either. The fragile institutional foundations that receive this advanced technology should not be overlooked if negative effects are to be avoided, not only in the protection of privacy, but also in terms of strengthening the right to security, which is the reason that legitimizes its implementation.
The main intention of this paper, framed in the field of surveillance studies and public policies, is contribute from a Social Sciences perspective to unravel some conceptual knots that, in addition to generating recurrent misunderstandings, have normative effects that collaborate in naturalizing certain practices that require further thought. Among them, we can mention the imprecise and mechanical assimilation of surveillance and security; the relative effectiveness of video surveillance systems in terms of security and judicial functions; the relationship between the rights to privacy and intimacy with public space; the links between the techno-logical and the ideo-logical; etc. These aspects will be exemplified through the case of the implementation of this technology in the City of Buenos Aires, through the documentary analysis of regulations and official documents.

El presente artículo estudia la política pública de videovigilancia en México, que ha sido implementada en diversas ciudades con la instalación de decenas de miles de videocámaras públicas que forman parte de la trama urbana. El análisis se realiza a partir del estudio de los planes nacional y estatales de desarrollo y de los recursos federales que han sido destinados en la materia. Los hallazgos permiten concluir que la política pública de videovigilancia en México se ha implementado en mayor medida a nivel local en las entidades y municipios, sin embargo, aun y cuando los sistemas de videovigilancia operan en territorios acotados y definidos, existen los elementos suficientes para iniciar el proceso de transterritorialización que genere una política pública de videovigilancia a nivel nacional en aras de la seguridad ciudadana.

En un contexto de aguda segregación espacial derivada de procesos de privatización de las playas y el paisaje costero en el Corredor Turístico de Los Cabos (Baja California Sur, México), la amenaza del crimen organizado al funcionamiento de las cadenas hoteleras internacionales ha sido respondida por el gobierno estatal con esquemas de videovigilancia y la criminalización de actos que se considere atenten contra los intereses turísticos en la zona. En este trabajo se emplean los conceptos de neoliberalismo autoritario, asociados a un tipo de producción del espacio, para analizar el fenómeno de videovigilancia en un contexto de conflictos y tensiones sociales auspiciadas por el propio modelo de crecimiento turístico en la región cabeña. Se utilizó una metodología cualitativa, recurriendo al trabajo de campo mediante observación por el área de estudio, análisis de bibliografía pertinente y reportes de prensa.

Na moderna sociedade de consumo, muitas práticas e formas de comunicação comercial comportam riscos para a privacidade dos consumidores. O regime jurídico de protecção de dados pessoais é o mote para uma reflexão em torno de algumas situações particularmente lesivas da intimidade do cidadão-consumidor, como sejam a videovigilância, as comunicações publicitárias não solicitadas (spam) e os testemunhos de conexão online (cookies).

En un contexto de aguda segregación espacial derivada de procesos de privatización de las playas y el paisaje costero en el Corredor Turístico de Los Cabos (Baja California Sur, México), la amenaza del crimen organizado al funcionamiento de las cadenas hoteleras internacionales ha sido respondida por el gobierno estatal con esquemas de videovigilancia y la criminalización de actos que se considere atenten contra los intereses turísticos en la zona. En este trabajo se emplean los conceptos de neoliberalismo autoritario, asociados a un tipo de producción del espacio, para analizar el fenómeno de videovigilancia en un contexto de conflictos y tensiones sociales auspiciadas por el propio modelo de crecimiento turístico en la región cabeña. Se utilizó una metodología cualitativa, recurriendo al trabajo de campo mediante observación por el área de estudio, análisis de bibliografía pertinente y reportes de prensa.

Resumen. El presente artículo tiene como objetivo estudiar los efectos de la violencia y la inseguridad en las empresas mexicanas, enfocándose en la inversión en medidas preventivas que consideran las tecnologías de vigilancia-alarmas y cámaras de video-como alternativa para protegerse de la inseguridad. A partir del análisis estadístico de cuatro encuestas de victimización de empresas en México-2012, 2014, 2016 y 2018-a las que se tuvo acceso a través del Laboratorio de Microdatos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se encontró que las empresas han incrementado su inversión en tecnologías de vigilancia en los últimos años y que esta inversión no está únicamente asociada con la victimización directa, sino también es una medida preventiva que se explica a partir de variables como el entorno a nivel local, la percepción de inseguridad, las fallas de la seguridad pública, entre otras.

En el año 2007 se instalaron en la ciudad de Córdoba veinte cámaras de seguridad tipo 'domo' en el espacio abierto y vigiladas las 24 horas por la Policía de Córdoba. Ese mismo año se aprobó en la Legislatura la Ley Provincial 9.380 que “reglamenta el tratamiento de imágenes y sonidos de personas físicas, identificadas o identificables, que se obtengan en la vía pública, en lugares públicos o de acceso público”. Aparecía así una novedosa táctica policial para gobernar la ciudad: la video vigilancia policial cordobesa. Desde ese entonces mediante acuerdos entre la Policía, el Ministerio de Seguridad y otras instituciones tanto públicas como privadas, se instalaron e integraron cámaras de video vigilancia en el espacio abierto de la ciudad, además de toda la infraestructura técnicanecesaria para que esos aparatos puedan funcionar. Según lo enunciado por quienes llevan adelante esta política, y según las líneas teóricas que utilizan para argumentar, el objetivo central de esta camarización de la ciudad es 'prevenir' un tipo muy especial de delito: el 'delito predatorio'. En este escrito pretendo presentar los resultados del Trabajo Final de Licenciatura que realicé junto a quien fue mi director, Santiago Llorens. En tal Trabajo indagué acerca de la espacialidad de esta estrategia policial de prevención que monta un enorme aparato para hablar de, y mirar a, la ciudad de Córdoba.

Afirmaciones coloquiales como “la policía no hace nada” denotan una preocupación en la población por un tema muy vigente en Uruguay que es la inseguridad. Pero la sensación de inseguridad, los temores, los miedos; los héroes y los villanos... ¿Se pueden construir? ¿De ser así,
se puede hacer creer a la población que las cosas son de un modo y no de otro?
Este trabajo apunta a comprender algunos de los contenidos de la política de seguridad llevada a cabo por el Ministerio del Interior a partir del análisis de audiovisuales subidos a su canal oficial de Youtube, mediante el descifrado del papel y de los contenidos de la política de comunicación de dicho Ministerio. Se analizará la voz del Ministerio, pero no desde las tradicionales entrevistas con jerarcas, oficiales o policías “de calle”, sino desde audiovisuales. Para ello, se parte del supuesto de que ningún video sale a la luz sin edición, dando por sentado que lo subido a su canal de Youtube es lo que el Ministerio quiere que sea subido.
Por otro lado, en muchos de los casos, estos audiovisuales son tomados por los medios de comunicación de masas, con la incidencia que esto tiene. Por ejemplo, piénsese en el efecto que puede tener que los medios de comunicación recojan la perspectiva ministerial directamente del canal de Youtube y así la masifiquen. En la reproducción discursiva y en su repetición, como sucede con otros discursos que llegan a los medios, se consolida una realidad y se legitiman ciertas ideas. Qué ideas y qué discursos, cómo ve la sociedad y qué entiende el Ministerio del Interior que debe hacer por ella son el aliciente y el eje de esta investigación.
Este estudio fue subdividido en 4 capítulos, con diferentes apartados cada uno. El primer capítulo esboza el problema de investigación y los objetivos, describiendo por qué despierta interés y cuáles son los cuestionamientos fundamentales que han de ser resueltos.
El segundo capítulo realiza un racconto de antecedentes relevantes vinculados, buscando no superponer esta investigación a resultados anteriores y apuntando generar nuevos aportes. A la vez, en este capítulo se realiza la construcción de un marco teórico que proporciona las herramientas interpretativas para el análisis del segmento de realidad a ser estudiado. El capítulo cierra dando cuenta sobre el camino transitado para la recolección de datos, describiendo la metodología y las técnicas de investigación.
El capítulo tercero realiza un análisis de los datos colectados y su interpretación, y se divide en 5 secciones: la sección 1 busca entender cómo el Ministerio intenta mostrarse a sí mismo como eficiente en respuesta a la percepción social de “la policía no hace nada”; la sección 2 describe la trinidad del delito: policía, delincuentes y víctimas, buscando contestar, entre otras preguntas ¿cómo se construye la figura de cada uno? ¿qué valores son mostrados? ¿cómo están vestidos?; la sección 3 apunta a comprender la conexión entre dos características propias de la nueva policía (como se autodenominan), que son la demostración de fuerza y el uso y aplicación del saber científico en
investigaciones criminales; la sección 4 indaga sobre los métodos para generar una identidad policial triunfante, donde se analiza el caso del Hospital Policial y sus mejoras y los cursos de capacitación.
En el último capítulo de esta investigación se esbozan unas reflexiones finales vinculadas al papel de la política de comunicación y seguridad del Ministerio del Interior. Se arribó a tres roles fundamentales que cumple la política de comunicación del Ministerio. En primer lugar, tiene como objetivo mostrar el cambio en las características de la policía, enfatizando la eficacia mostrando celeridad de respuesta, mejora en la capacidad de captura, la utilización de fuerza para combatir delitos “menores”, cambios en la forma de patrullajes, etcétera. Con ello se busca mostrar que la policía ha dado respuesta a las demandas de la población, exhibiendo una policía que “sí hace algo”.
Un segundo rol que cumple la política de comunicación es la de crear chivos expiatorios individuales y barriales, con el fin de poder, con los primeros, generar un miedo próximo, dado que, los delincuentes, al ser mostrados como sujetos errantes en las urbes, omnipotentes y omniscientes, pueden atacar en cualquier momento; con los segundos, se apunta a encarnar el delito en un espacio físico, en particular barrios marginados para intervenir esos lugares con operativos aleatorios y, a su vez, justificar el avance del control y la vigilancia en los otros, por “prevención. Con esto busca generar inseguridad, exhibirla y presentar su solución (¿panacea?), apuntando a relegitimar a la policía.
Por último, se arriba al tercer rol de la política comunicacional: mostrar a la tecnología como garante de toda la reforma del Ministerio del Interior o en palabras más sencillas: sin ella nada de
esto sería posible.

This research focuses on the study of the validity of audiovisual recordings made in the workplace. Scientific analysis of legislation, jurisprudence and doctrine on this question allows a balance of forces, considering the weight of the power of the employer to their employees over the rights fundamental workers. In this sense, it is concluded that the employer's power is not absolute and must respect the rights of their workers. Therefore, the surveillance can take place in the workplace respecting the limits set by the fundamental rights of workers. In the same way, the
limits of fundamental rights are reflected in a requirement for proportionality in the recording of images and some administrative requirements oblige employers to register what personal data stored employees and inform them. Now when the recordings were used by the company for a purpose other than originally stated, they have been derived problems with the involvement of two fundamental rights: the fundamental right to privacy of individuals (and workers / as) and right fundamental data protection. However, the interpretation of the courts has varied in relation to the two fundamental rights mentioned. While that first advocated the defense of the privacy of employees, the new court towards the right brand that prevails is the fundamental right to data protection. Therefore means that the employee has control over their personal data and if he has not given the company consent to the treatment of his image, or if not informed properly of the end of the recordings concerning him, the company does not it may use the records kept by video surveillance. This new interpretation must be taken into account in future business actions, but we will lose the critical spirit that pushes us to ask if the new reality that we live, in which information is an element of great value, must serve trials that hinder and bureaucratized such a social relationship as employment.