Salud sexual y reproductiva

Se hace una aproximación descriptiva y exploratoria de los conocimientos, actitudes, prácticas y significados de los varones
de zonas rurales sobre los procesos de embarazo, parto y puerperio.
La población estudiada fue de 440 hombres entre 18 y
55 años de edad de comunidades rurales peruanas dedicados
a actividades agropecuarias. La metodología fue similar a la
de grupos focales, recogiéndose opiniones, creencias, costumbres,
lenguaje y valores socialmente compartidos. Se constata
un sentimiento de responsabilidad masculina en los procesos
de embarazo, parto y puerperio que deriva, principalmente,
de su condición dominante, que otorga al hombre el papel y
obligación de garantizar la vida y salud de las mujeres y donde
la falla en producir un hijo es señal social de fragilidad masculina.
Dadas las precarias condiciones de la población estudiada,
el parto, muy frecuentemente, coloca en riesgo la vida de la
mujer, siendo también, un momento crítico y decisivo para el
varón que coloca en juego su prestigio de protector.

LaConferenciaInternacionalsobrePoblaciónyDesarrollocelebradaen El Cairo en 1994, trajo consigo una serie de cambios en las pers- pectivas de contemplar y atender la salud sexual y reproductiva (El Cairo, 1994), el planteamiento de que la salud en este ámbito en especí co dependía sobremanera de contextos culturales, so- ciales y políticos que procuraran la igualdad entre hombres y mu- jeres, establecía nuevos retos para los estados, desbiologizaba la sexualidad y exigía esfuerzos intersectoriales para confrontar las problemáticas que derivaban de una inadecuada sexual y repro- ductiva (Galdos, 2013).
Con este posicionamiento se han obtenido resultados favora- bles, según reportes de la Organización de Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial, la mortalidad materna disminuyó en un 44% en el periodo de 1990-2015 (oms, 2015) sin embargo, los retos persisten en un problema que afecta la vida de las mujeres pero que también representa un problema de salud pública dadas las repercusiones que la muerte de una mujer-madre representan en general para el desarrollo social de la población.
Por otra parte, resulta pertinente puntualizar que, si bien la mor- talidad materna es el indicador más alarmante de las de ciencias de la salud sexual y reproductiva, los compromisos de los estadosen este rubro no deben limitarse exprofesamente a evitar la muer- te, también a dar cumplimiento con una serie de derechos que ga- ranticen que las personas accedan a las condiciones para tener una completa salud sexual y reproductiva, entendiendo ésta como:
Un estado general de bienestar físico, mental y social es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no ha- cerlo (unfpa, 2010).
En el sentido anterior, la salud sexual y reproductiva debe evaluarse no sólo en función de la incidencia de mortali- dad materna, sino también del acceso que tengan las per- sonas a ejercer de manera integral sus derechos sexuales y reproductivos, garantizando métodos de anticoncepción, programas de pf, programas de educación integral laica y cientí ca y a recibir atención en materia de salud sexual y reproductiva ape- gada a derechos humanos, intercultural y con perspectiva de géne- ro; sólo mediante modelos basados fundamentados en estas tres aristas puede garantizarse un impacto real en la salud y el bienestar reproductivo (Allotey, Diniz, DeJong, Delvaux, Gruskin, Fonn, 2013).
San Luis Potosí es un estado que se clasi ca por su in- cidencia de mortalidad materna en un estado prome- dio, es decir, con menor incidencia que los estados del Sur pero mayor que los estados del Norte, en este contexto y sin embargo, la atención a la salud sexual y reproductiva represen- ta un foco rojo, dado de manera importante por la diversidad cultu- ral que caracteriza al Estado, donde habita una parte importante de los grupos indígenas (ceidas, 2007).
Entre las variables que nos llevaron a considerar la pertinen- cia de elaborar este diagnóstico se encontró el hecho de que San Luis Potosí se erige con 18 casos, como el estado con mayor núme- ro de quejas por violencia obstétrica en las comisiones de  arbitrajemédico (gire, 2015)2. La problemática ha sido tal respecto al tema que en junio de 2015 personal del imes presentó de forma ciuda- dana ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, la propuesta para la reforma de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir la de nición de violencia obstétrica.
Estableció su concepto como:
Todo abuso, conducta, acción y omisión intencional, ne- gligente y dolosa que lleve a cabo el personal de salud, de manera directa o indirecta, que dañen, denigren, discrimi- nen y den un trato deshumanizado a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad.
Dado que nuestro enfoque es integral y que asumimos que la atención a la salud sexual y reproductiva no puede ni debe circuns- cribirse a los procesos reproductivos, en este trabajo se consideraron las perspectivas de las mujeres embarazadas y las mujeres madres, sin embargo, también se indagó sobre las experiencias que tienen hombres y mujeres adolescentes en el ámbito de su salud sexual y reproductiva.
Por otro lado, apostando a que la complejidad de los fenómenos sociales requiere establecer indagatorias que recuperen la mayor di- versidad en los puntos de vista, este diagnóstico recupera tanto las perspectivas de las mujeres usuarias como del personal de salud y partería que proporcionan atención a la salud sexual y reproductiva en la región.
El objetivo general de este informe es generar evidencia local que posibilite reforzar, redireccionar o rediseñar políticas públi- cas y prácticas institucionales establecidas para combatir la pro- blemática en materia de salud sexual y reproductiva, analizandolas desigualdades sociales, genéricas e interculturales y con pleno apego a los derechos humanos de la población participante.
El trabajo se estructura en siete capítulos cuyo desarrollo bus- ca llevar de la mano a la persona lectora en la comprensión de la complejidad que se implica en la salud sexual y reproductiva de es- tas mujeres particularmente vulnerables. En el primer capítulo se recuperan y sistematizan las estadísticas generadas en torno a la salud materna en la región, la  nalidad es dar cuenta del contexto sociodemográ co en que se llevó a cabo este estudio, así como de las estadísticas o ciales que se manejan en torno a la salud materna en esta región en particular.
El segundo capítulo describe las experiencias que las y los ado- lescentes de la región compartieron respecto a cómo viven sus derechos sexuales y reproductivos, y sobre los factores de riesgo o protección frente al embarazo adolescente en este grupo poblacio- nal. Se identi ca que entre las y los jóvenes prevalecen contextos de desigualdad para el ejercicio de la sexualidad, aunque ambos grupos resultan vulnerados, las formas de violencia más drásticas se dirigen contra las jóvenes.
El tercer capítulo aborda las experiencias que las mujeres emba- razadas tuvieron en relación a las acciones dirigidas a la salud pre- concepcional por parte de los servicios de salud, así como sobre los riesgos que enfrentan las mujeres en esta etapa y las acciones que son dirigidas a contenerlos. El hallazgo principal lo representa el he- cho de que la mayoría de las mujeres no se acerca a los servicios de salud hasta que ocurre el primer embarazo, así como que continúan presentándose casos de negación de métodos de anticoncepción o métodos que se imponen sin considerar la opinión o experiencia de las mujeres en su uso.
El cuarto capítulo describe las experiencias de las mujeres como usuarias de control prenatal, las acciones que reciben y las que no, así como los factores de riesgo y protección que prevalecen en la etapa gestacional. Se identi có que el contacto para el control prenatal suele ser tardío, que continúan presentándose casos  denegación de los servicios de control prenatal, que no se garantiza la atención odontológica o nutricional (aun en los casos de riesgo elevado) y que la insu ciencia de insumos incrementa el riesgo prenatal. Se identi có también que entre las mujeres de la región prevalece un imaginario en el que la atención otorgada por los mé- dicos privados es contemplada como más segura que la oferta los servicios públicos de salud.
En el quinto capítulo se describen las experiencias que las muje- res madres de menores de un año tuvieron durante sus procesos de parto y postparto con personal profesional y de partería. Se identi - có que prevalecen una serie de prácticas que están desaconsejadas por el marco normativo de los servicios de salud para la atención del parto de bajo riesgo, se documenta también una serie de conductas del personal de salud que poco reconocen los derechos sexuales y reproductivos, y que vulneran sobremanera la salud física y psicoló- gica de las mujeres que atienden sus partos de manera institucional.
El sexto capítulo hace una evaluación de la atención (conoci- mientos, habilidades y actitudes) desde la perspectiva del personal sanitario que se desempeña en la región, en las etapas preconcep- cional, prenatal, natal y posnatal. También se describe la percepción del personal de salud respecto a la calidad que se oferta en los pro- cesos de atención de las mujeres de esta Región.
Enelséptimosehaceunaevaluacióndelaatención(conocimientos, habilidades y actitudes) que brinda el personal de partería respecto a la salud sexual y reproductiva en las mujeres de la Región, en las etapas preconcepcional, prenatal, natal y posnatal. Se describe tam- bién la percepción del personal de partería respecto a la calidad que se oferta en los procesos de atención de las mujeres de esta Región.
La pretensión de este informe no es asignar culpas o victimizar, sino tratar de esbozar lo más completo posible el contexto en el que personal de salud y mujeres se relacionan, los imaginarios que prevalecen, las condiciones de carencia que se tienen y las limita- ciones de formación profesional que persisten, los obstáculos paragarantizar una salud sexual y reproductiva no son unilaterales y las limitaciones no son personales, son colectivas, compartidas, son li- mitaciones del Estado.

Objetivo: El presente artículo busca conocer cómo los profesionales conciben la sexualidad de mujeres en etapa de climaterio, enfatizando aspectos relativos a la salud sexual, al deseo sexual y a los problemas de la sexualidad. Métodos: Enfoque cualitativo basado en la Teoría Fundamentada (Grounded Theory). Se realizaron diez entrevistas en profundidad a profesionales de dos Centros de Salud Familiar (CESFAM) del sector sur de Santiago. Resultados: Los resultados muestran que, si bien existe cierta tendencia a concebir el climaterio desde un punto de vista biologicista centrada principalmente en la “falla hormonal”, los/as profesionales muestran diversos grados de reflexividad respecto a cómo aspectos socioculturales, económicos y de género moldean la sexualidad de mujeres en la etapa de climaterio. Conclusiones: Los/as profesionales asumen posturas críticas respecto al rol de las instituciones y programas en salud, a las limitaciones laborales en los centros de salud (por ej. materiales, tiempo, etc.) y a la formación profesional. Este artículo promueve la formulación de políticas de salud en la materia, así como la revisión de los planes de estudio de las carreras de la salud.

La crisis de derechos humanos que vive Venezuela ha aumentado de forma alarmante las brechas de género colocando los derechos de mujeres y niñas en una grave situación de vulnerabilidad. Por ello, la coalición Equivalencias en Acción en su informe “Mujeres al límite 2019” exige a las autoridades y distintos actores políticos y de la sociedad civil realizar un esfuerzo inmediato para la implementación de planes y políticas públicas que atiendan de manera eficaz el impacto negativo que ha dejado la emergencia humanitaria compleja, como parte de las acciones a favor de la recuperación económica, política y social del país.

La combinación de una ausencia de políticas públicas efectivas en salud sexual y reproductiva, el colapso del sistema público de salud y la escasez de métodos anticonceptivos, ha generado un grave retroceso en el disfrute de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres venezolanas, impactando de manera alarmante en el aumento de la mortalidad materna, el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual y abortos inseguros asociados a embarazos no deseados.

El informe “Mujeres al límite 2019” detalla que entre 2012 y 2016,  se confirma la tendencia a altas cifras de  muertes maternas en el país e incluye testimonios de profesionales de la salud que señalan que las pacientes se están complicando durante el embarazo a causa de infecciones, hipertensión arterial o hemorragias,  para lo cual los centros  hospitalarios no tienen los medicamentos ni insumos para atenderlas.

Salud sexual y reproductiva en emergencia

Según la investigación, en cuatro instituciones hospitalarias estudiadas por cada 4 partos hubo un aborto durante el período agosto-diciembre de 2018. Se registró un total de 2.246 abortos, lo que representa 15 abortos diarios en promedio. Expertos consultados aseguran que esto se debe a las deficiencias nutricionales y a la falta de atención prenatal en el caso de los abortos espontáneos y en el de los inducidos los asocian a las fallas en la planificación familiar y las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos.

La investigación refiere que en 2018, según cifras de Cáritas, 21% de las mujeres embarazadas en parroquias de 7 estados de Venezuela presentaban desnutrición aguda, de las cuales 24%  eran adolescentes menores de 19 años. Esto refleja cómo las precarias condiciones socio-económicas en la que se encuentra la mayoría de la población venezolana condicionan el acceso a alimentos para toda la población, incluidas las mujeres embarazadas y cómo esto ha generado consecuencias graves para ellas y sus hijos por nacer.

En temas de salud sexual y reproductiva, debido a la gravedad del contexto actual en el país preocupa que las esterilizaciones quirúrgicas se ofrezcan como la única solución para protegerse de embarazos no deseados,  la mayoría de ellas promovidas desde instancias oficiales en varias regiones. En estas prácticas se conocen casos de mala praxis y al menos una muerte.

También el informe da cuenta de la grave escasez de métodos anticonceptivos en Venezuela, que ronda en 90% y que los pocos disponibles tienen costos inaccesibles para una población que devenga uno de los salarios mínimos más bajos de la región.

Asimismo,  la coalición Equivalencias en Acción, alerta que debido a la ausencia de respuestas y la negativa por parte de las autoridades en reconocer la existencia de la emergencia humanitaria compleja, muchas mujeres venezolanas deciden cruzar la frontera hacia Colombia o Brasil para dar a luz y recibir atención médica de calidad en otros países de la región. Según Migración Colombia, entre abril y junio de 2018, se registró la entrada de 8.209 mujeres venezolanas embarazadas, 6.304 (76.7%) de ellas sin control prenatal y según un informe de la Secretaría de la Presidencia de Brasil, el 10% de los partos en el estado fronterizo de Roraima entre enero de 2017 y marzo de 2018, correspondieron a mujeres venezolanas.

Problemas que crecen con la crisis

Un capítulo de la investigación está dedicado a explicar que en el país existe una tendencia creciente en la jefatura femenina en el hogar y una clara división sexual del trabajo que limita, excluye y expulsa a las mujeres del mercado laboral público y formal que mantiene las brechas en materia de cuidados entre mujeres y hombres: según datos del INE para 2016, había 3.071.881 de mujeres dedicadas exclusivamente al hogar contra sólo 64.000 hombres. Para las mujeres, esta responsabilidad por los cuidados ha disminuido sus oportunidades de ingresar al mercado laboral y de lograr autonomía económica debido a la crisis.
La violencia contra la mujer persiste y aunque se desconoce el número de casos que reciben anualmente los órganos receptores de denuncias, quiénes son los procesados y los que llegan a juicio, según cifras del portal Cotejo.info citadas por el informe, se encuentran 448 femicidios en Venezuela durante todo el año 2018, con un incremento en 10,89 % de la tasa de femicidio con respecto a 2017 y que 35 de cada 100 femicidios ocurrió a mujeres cuya edad oscilaba entre 25 y 45 años; mientras que en aproximadamente 27 de cada 100 se trató de mujeres de menos de 25 años.

La precarización de las condiciones de vida ha exacerbado una cultura que alienta la explotación sexual de mujeres y niñas. En ese sentido, Equivalencias en Acción señala que en 2018 se reportó explotación sexual en niñas y adolescentes indígenas de la etnia Wayuú en el estado Zulia; niñas y adolescentes explotadas sexualmente en La Guaira, estado Vargas; y cita la identificación de una red de trata y tráfico de mujeres, adolescentes y niñas venezolanas que operaba en el Estado Táchira en la región fronteriza con el departamento Norte de Santander de Colombia, donde las víctimas eran traficadas hacia Brasil y Colombia.

Las mujeres indígenas continúan siendo marginadas y objeto de desidia estatal. Según datos de la Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru citados por el informe “Mujeres al Límite 2019”, la violencia hacia esta población por motivos asociados a la actividad minera se centra en la construcción de poblados donde se instalan bares, casas de prostitución y ventas de comida controladas y administradas por los mismos trabajadores de la minería, quienes terminan haciendo negocios con fines de explotación sexual que derivan en altos índices de femicidios y violencia territorial. El informe indica que las niñas y adolescentes que se encuentran en esta zona son obligadas a la escogencia para intercambios sexuales o compra de esclavas por gramos de oro.

Finalmente, la coalición Equivalencias en Acción – formada por las organizaciones AVESA, CEPAZ, Freya y Mujeres en Línea - indica la necesidad urgente de abrir las puertas para el espacio humanitario y garantizar la vida con dignidad de mujeres y niñas en Venezuela, generando políticas efectivas donde sus derechos no sean vistos como problemas de primer mundo.