Nota aparecida en Miradas al Sur:
Negociados y derechos humanos
Año 4. Edición número 173. Domingo 11 de septiembre de 2011
Martínez de Hoz. El ministro de Economía de Videla fue, ante todo, un operador de las mafias empresarias en la Argentina. (TELAM)
El papel de las mafias empresarias
En el relato mediático, la inseguridad se alimenta con delitos cometidos por piratas del asfalto con protección policial, secuestros de niños, motochorros y micrófonos abiertos para opiniones silvestres. Cierto sentido común reconoce, por su parte, la existencia de “delitos legales”, esos que suelen hacerse públicos por la prensa cuando coinciden con la línea editorial. A veces se fraguan: es cuando los periodistas se convierten en fiscales de la república, figura que en la Argentina tiene un largo historial antidemocrático.
Los delitos se legalizan cuando las mafias se apropian del Estado, construyendo su propia legitimación. Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, se refirió a ello durante un acto en el que se recordó a un centenar de abogados desaparecidos: “En cada golpe militar hubo abogados y jueces complacientes, cuando no la propia Corte de Justicia... hubo interrogadores jurídicos en los centros clandestinos de detención, y también elaborando decretos para poner a disposición del Poder Ejecutivo, o justificando cualquier suerte de tropelía”.
Ejemplos sobran. La desaparición del funcionario Juan Carlos Casariego de Bel en 1979, en medio de la negociación por la estatización fraudulenta de la Compañía Ítalo de Electricidad, pretendió encubrir una estafa al Estado por parte de la controlante Motor Columbus con todas las formalidades de la ley. El avalista Banco Nacional de Desarrollo (Banade) pagó a la británica Brown & Boveri (socia de Motor Columbus) la compra de dos turbogeneradores adquiridos por la Ítalo. Como broche de oro, la estatización no se abonó con fondos genuinos sino con un préstamo de la Unión de Bancos Suizos, también socio de Motor Columbus. Casariego desapareció mientras se dirigía al domicilio de Guillermo Walter Klein (h), llamado por éste, quien intentaba disuadirlo de negarse a firmar una resolución en favor de la Ítalo como empresa extranjera que legalmente ya no era, en cuyo caso la estafa previa habría quedado al descubierto.
A veces resulta difícil marcar una diferencia clara entre actividad empresaria y mafias.
Los avales estatales fueron una fuente de corrupción centrada en el ex-Banade durante la dictadura, pero también reconfiguraron la estructura productiva y social. En los ’90, un incendio destruyó los archivos de ese banco, donde se guardaban constancias de sus mayores deudores. Sabemos que determinadas mafias perfectamente identificadas construyeron una prolija legitimación de sus crímenes, pero el delito termina dejando su huella en los lugares más insospechados. Por eso, la reforma del sistema judicial es una tarea pendiente de los próximos cuatro años.
Entre esos grandes deudores estaban Papel Prensa y Acindar. El caso de esta última es paradigmático. En sus instalaciones se inició durante 1975 una brutal represión ilegal en colusión con las fuerzas armadas que ya habían decidido desalojar al gobierno constitucional luego de una reunión con el Consejo Empresario Argentino (presidido por Martínez de Hoz) donde se acordó el precio cash para cada comandante.
Con el objetivo explícito de destruir a la estatal Somisa, Acindar había iniciado en 1975 un programa de integración (reducción directa) que costó 649 millones de dólares de esa época, con avales del Banade. Durante la dictadura, la empresa consolidó su monopolio en el sector de no planos, como lo han demostrado estudios del fallecido Azpiazu, Basualdo, Kulfas y otros. Esa deuda fue estatizada en 1981 por Domingo Cavallo, la cuarta en magnitud luego de las de Cogasco (1.338 millones de dólares), Autopistas Urbanas Ausa (951) y Celulosa Argentina (836).
Martínez de Hoz había renunciado a la presidencia de Acindar para asumir como ministro, colocando a un ex-ejecutivo de la misma empresa, Juan Alfredo Etchebarne, al frente de la Comisión Nacional de Valores.
Esa dupla, secundada por Christian Zimmerman en el Banco Central, Juan Alemann en la secretaría de Hacienda y el mencionado Klein en la secretaría de programación económica, operó en el desapoderamiento de los bienes de David Graiver en favor de otros grupos económicos domésticos y multinacionales. Cuando los dueños de Industrias Siderúrgicas Grassi, asociados con unos empresarios del rubro inmobiliario, los Chavanne, intentaron capitalizarse adquiriendo el banco de Hurlingham a la viuda Lidia Papaleo, el dúo fantástico promovió una carambola: piratear los activos del banco y sacar del medio a Industrias Grassi, que se interponía en la reconversión de Acindar.
El banco fue intervenido por la Conarepa (que delegó las decisiones en Zimmerman, vicepresidente del Bcra) y el ministerio de Justicia designó como su veedor al virtuoso jurista Gregorio Badeni mientras los Grassi y los Chavanne estaban chupados clandestinamente en la prisión de Campo de Mayo. El Bcra liquidó el banco mediante el recurso habitual de la denuncia anónima y a pesar de que los técnicos del propio Central lo daban como viable.
Los interrogatorios y torturas estuvieron a cargo del gendarme Rei (apropiador de Pedro Sandoval), del juez federal Rafael Sarmiento y de dos abogados de la CNV, Garris y Spinosa. Sarmiento y Garris se reciclaron en democracia, convirtiéndose en profesores de la Universidad de la Policía Federal, y en esa condición siguieron hasta la creación del Ministerio de Seguridad. Spinosa circula en uno de los tantos pliegues del poder político de la provincia de Buenos Aires.
Las torturas y privaciones de la libertad padecidos por los Grassi y los Chavanne no pueden atribuirse a sus vínculos con la subversión ni a exceso de celo de los interrogadores. Unos eran empresarios cercanos a Martínez de Hoz, quien en un cóctel realizado en la Bolsa de Comercio, ya como ministro, amenazó así a Luis Grassi: “O me vendés la empresa (se refiere a Acindar) o te la saco”. Los Chavanne (impulsores del balneario Santa Clara del Mar y otros destinos turísticos) eran ricos propietarios de Pergamino (el campo “La Ambógena”, escenario de las dos batallas de Cepeda) y vinculados con la noble familia Duggan.
Para financiar la compra del banco de Hurlingham, los Chavanne vendieron sus campos al banquero Oddone. Refugiado en Miami, el quebrado Oddone también dice haber sido víctima de delitos de lesa humanidad porque fue secuestrado por la Policía Federal. En realidad, se presentó voluntariamente ante ésta, creyendo que no podía ser blanco de la represión cuando su temible y numerosa custodia personal estaba organizada por la propia Federal, era él un fanático adherente de la dictadura y quizás financiara actividades ilegales desde su cueva en Santos Lugares.
Oddone y los Gotelli del quebrado Banco de Italia han iniciado sendas querellas contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la persecución que habrían sufrido en la dictadura y luego, en democracia. Pretenden sumas astronómicas por la liquidación de sus bancos que, en el caso de los Gotelli, ya cobraron luego de que la Justicia dictaminara la prescripción de la causa.
Los Gotelli tienen un largo historial. Socios de Martínez de Hoz en La Buenos Aires Seguros y de Macri en el banco de Italia, funcionarios de varias dictaduras, abrieron las puertas del mercado bancario local a Gaith Pharaon, titular del Bcci. Fue en la misma época en que el egipcio era representado en la Argentina por el fallido candidato a vicepresidente Javier González Fraga. Se quedaron en los ’90, por unos pesos, con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro a través de su controlada Leucadia y la revendieron de inmediato a los Werthein con una astronómica diferencia. En la dictadura, Luis María Gotelli le dio una mano a Motor Columbus y elaboró un fantasioso dictamen según el cual la Ítalo era oro en polvo cuando en realidad no había invertido un peso en 50 años. Hoy, el empresario textil Guillermo Gotelli (ex-Alpargatas, ex-Gatic) integra el sector más liberal de la UIA (Grupo Industriales) que lidera Techint.
La frontera entre mafias y negocios empresarios es turbia e inestable. Esto pone en otros contextos qué se esconde cuando unos pocos sostienen que el Gobierno Nacional defiende los derechos humanos de un solo lado.
Cuando Yabrán enfrentó a los empresarios norteamericanos que querían quedarse con el Correo Argentino, le quedó a Don Alfredo el mote de mafioso, y con razón porque el entrerriano se había hecho poderoso desde el subsuelo de la represión ilegal y sería instigador del asesinato del fotógrafo Cabezas. Sin embargo, detrás de los alegatos éticos del ex-ministro Cavallo estaban el Citicorp, el Exxel Group y otras multinacionales prestigiosas que reconocían extraños vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. El choque entre unos y otros se hizo patente cuando debía definirse si el Estado tendría el control del contenido de la correspondencia.
Los delitos se legalizan cuando las mafias se apropian del Estado, construyendo su propia legitimación. Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, se refirió a ello durante un acto en el que se recordó a un centenar de abogados desaparecidos: “En cada golpe militar hubo abogados y jueces complacientes, cuando no la propia Corte de Justicia... hubo interrogadores jurídicos en los centros clandestinos de detención, y también elaborando decretos para poner a disposición del Poder Ejecutivo, o justificando cualquier suerte de tropelía”.
Ejemplos sobran. La desaparición del funcionario Juan Carlos Casariego de Bel en 1979, en medio de la negociación por la estatización fraudulenta de la Compañía Ítalo de Electricidad, pretendió encubrir una estafa al Estado por parte de la controlante Motor Columbus con todas las formalidades de la ley. El avalista Banco Nacional de Desarrollo (Banade) pagó a la británica Brown & Boveri (socia de Motor Columbus) la compra de dos turbogeneradores adquiridos por la Ítalo. Como broche de oro, la estatización no se abonó con fondos genuinos sino con un préstamo de la Unión de Bancos Suizos, también socio de Motor Columbus. Casariego desapareció mientras se dirigía al domicilio de Guillermo Walter Klein (h), llamado por éste, quien intentaba disuadirlo de negarse a firmar una resolución en favor de la Ítalo como empresa extranjera que legalmente ya no era, en cuyo caso la estafa previa habría quedado al descubierto.
A veces resulta difícil marcar una diferencia clara entre actividad empresaria y mafias.
Los avales estatales fueron una fuente de corrupción centrada en el ex-Banade durante la dictadura, pero también reconfiguraron la estructura productiva y social. En los ’90, un incendio destruyó los archivos de ese banco, donde se guardaban constancias de sus mayores deudores. Sabemos que determinadas mafias perfectamente identificadas construyeron una prolija legitimación de sus crímenes, pero el delito termina dejando su huella en los lugares más insospechados. Por eso, la reforma del sistema judicial es una tarea pendiente de los próximos cuatro años.
Entre esos grandes deudores estaban Papel Prensa y Acindar. El caso de esta última es paradigmático. En sus instalaciones se inició durante 1975 una brutal represión ilegal en colusión con las fuerzas armadas que ya habían decidido desalojar al gobierno constitucional luego de una reunión con el Consejo Empresario Argentino (presidido por Martínez de Hoz) donde se acordó el precio cash para cada comandante.
Con el objetivo explícito de destruir a la estatal Somisa, Acindar había iniciado en 1975 un programa de integración (reducción directa) que costó 649 millones de dólares de esa época, con avales del Banade. Durante la dictadura, la empresa consolidó su monopolio en el sector de no planos, como lo han demostrado estudios del fallecido Azpiazu, Basualdo, Kulfas y otros. Esa deuda fue estatizada en 1981 por Domingo Cavallo, la cuarta en magnitud luego de las de Cogasco (1.338 millones de dólares), Autopistas Urbanas Ausa (951) y Celulosa Argentina (836).
Martínez de Hoz había renunciado a la presidencia de Acindar para asumir como ministro, colocando a un ex-ejecutivo de la misma empresa, Juan Alfredo Etchebarne, al frente de la Comisión Nacional de Valores.
Esa dupla, secundada por Christian Zimmerman en el Banco Central, Juan Alemann en la secretaría de Hacienda y el mencionado Klein en la secretaría de programación económica, operó en el desapoderamiento de los bienes de David Graiver en favor de otros grupos económicos domésticos y multinacionales. Cuando los dueños de Industrias Siderúrgicas Grassi, asociados con unos empresarios del rubro inmobiliario, los Chavanne, intentaron capitalizarse adquiriendo el banco de Hurlingham a la viuda Lidia Papaleo, el dúo fantástico promovió una carambola: piratear los activos del banco y sacar del medio a Industrias Grassi, que se interponía en la reconversión de Acindar.
El banco fue intervenido por la Conarepa (que delegó las decisiones en Zimmerman, vicepresidente del Bcra) y el ministerio de Justicia designó como su veedor al virtuoso jurista Gregorio Badeni mientras los Grassi y los Chavanne estaban chupados clandestinamente en la prisión de Campo de Mayo. El Bcra liquidó el banco mediante el recurso habitual de la denuncia anónima y a pesar de que los técnicos del propio Central lo daban como viable.
Los interrogatorios y torturas estuvieron a cargo del gendarme Rei (apropiador de Pedro Sandoval), del juez federal Rafael Sarmiento y de dos abogados de la CNV, Garris y Spinosa. Sarmiento y Garris se reciclaron en democracia, convirtiéndose en profesores de la Universidad de la Policía Federal, y en esa condición siguieron hasta la creación del Ministerio de Seguridad. Spinosa circula en uno de los tantos pliegues del poder político de la provincia de Buenos Aires.
Las torturas y privaciones de la libertad padecidos por los Grassi y los Chavanne no pueden atribuirse a sus vínculos con la subversión ni a exceso de celo de los interrogadores. Unos eran empresarios cercanos a Martínez de Hoz, quien en un cóctel realizado en la Bolsa de Comercio, ya como ministro, amenazó así a Luis Grassi: “O me vendés la empresa (se refiere a Acindar) o te la saco”. Los Chavanne (impulsores del balneario Santa Clara del Mar y otros destinos turísticos) eran ricos propietarios de Pergamino (el campo “La Ambógena”, escenario de las dos batallas de Cepeda) y vinculados con la noble familia Duggan.
Para financiar la compra del banco de Hurlingham, los Chavanne vendieron sus campos al banquero Oddone. Refugiado en Miami, el quebrado Oddone también dice haber sido víctima de delitos de lesa humanidad porque fue secuestrado por la Policía Federal. En realidad, se presentó voluntariamente ante ésta, creyendo que no podía ser blanco de la represión cuando su temible y numerosa custodia personal estaba organizada por la propia Federal, era él un fanático adherente de la dictadura y quizás financiara actividades ilegales desde su cueva en Santos Lugares.
Oddone y los Gotelli del quebrado Banco de Italia han iniciado sendas querellas contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la persecución que habrían sufrido en la dictadura y luego, en democracia. Pretenden sumas astronómicas por la liquidación de sus bancos que, en el caso de los Gotelli, ya cobraron luego de que la Justicia dictaminara la prescripción de la causa.
Los Gotelli tienen un largo historial. Socios de Martínez de Hoz en La Buenos Aires Seguros y de Macri en el banco de Italia, funcionarios de varias dictaduras, abrieron las puertas del mercado bancario local a Gaith Pharaon, titular del Bcci. Fue en la misma época en que el egipcio era representado en la Argentina por el fallido candidato a vicepresidente Javier González Fraga. Se quedaron en los ’90, por unos pesos, con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro a través de su controlada Leucadia y la revendieron de inmediato a los Werthein con una astronómica diferencia. En la dictadura, Luis María Gotelli le dio una mano a Motor Columbus y elaboró un fantasioso dictamen según el cual la Ítalo era oro en polvo cuando en realidad no había invertido un peso en 50 años. Hoy, el empresario textil Guillermo Gotelli (ex-Alpargatas, ex-Gatic) integra el sector más liberal de la UIA (Grupo Industriales) que lidera Techint.
La frontera entre mafias y negocios empresarios es turbia e inestable. Esto pone en otros contextos qué se esconde cuando unos pocos sostienen que el Gobierno Nacional defiende los derechos humanos de un solo lado.
Cuando Yabrán enfrentó a los empresarios norteamericanos que querían quedarse con el Correo Argentino, le quedó a Don Alfredo el mote de mafioso, y con razón porque el entrerriano se había hecho poderoso desde el subsuelo de la represión ilegal y sería instigador del asesinato del fotógrafo Cabezas. Sin embargo, detrás de los alegatos éticos del ex-ministro Cavallo estaban el Citicorp, el Exxel Group y otras multinacionales prestigiosas que reconocían extraños vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. El choque entre unos y otros se hizo patente cuando debía definirse si el Estado tendría el control del contenido de la correspondencia.
