St Andrew's Scot School
La nota completa:
Lo indica un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que solicitó un habeas data para que el gobierno porteño ofrezca detalles sobre esa subvención. La medida fue apelada por la administración macrista.
Lo indica un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que solicitó un habeas data para que el gobierno porteño ofrezca detalles sobre esa subvención. La medida fue apelada por la administración macrista.
En lugar de especificar el criterio y los detalles acerca de los cuantiosos recursos públicos que se destinan a subvencionar colegios privados, el gobierno porteño apeló una medida de la justicia que obligaba a brindar esa información, por pedido de una ONG. Según informes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y de legisladores de la oposición porteña, en plena crisis de la educación pública, la administración macrista subsidia a escuelas privadas que cobran cuotas de hasta $ 1600 mensuales, con un presupuesto fijo de más de 800 millones de pesos, y que se calcula que superará los 900 millones por incrementos salariales.
En julio de este año, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Petrella, hizo lugar a la acción de habeas data de ACIJ, que ordenó al GCBA proporcionar en quince días, y bajo apercibimiento de recibir sanciones, la información detallada sobre el criterio, los montos y los porcentajes de los aportes entre 2006 y 2010.
Ahora la ONG pidió que se rechace la apelación y se confirme la sentencia, argumentando que el gobierno de la ciudad sólo contestó uno de los tres pedidos y que, en los otros dos, la información es “incompleta, escasa y contradictoria”. Por ejemplo, no hay datos sobre los montos de los aranceles, ni sobre los valores absolutos de los subsidios que recibe cada instituto, así como tampoco si fueron autorizadas cuotas extraordinarias para mantenimiento. También aseguran que en la página Web faltan datos de los años 2006, 2007 y 2008 y que en los cuadros correspondientes a 2009 hay graves contradicciones, como el hecho de que 130 instituciones educativas figuran con distintos aranceles, a pesar de que no varía ni el nivel educativo ni la modalidad.
El legislador del Encuentro Popular para la Victoria, Francisco “Tito” Nenna, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, advirtió en un informe que los colegios que más subsidios reciben son aquellos que cobran cuotas de alto valor, como “el San Columba, con un arancel de $ 648,52 para la escuela media, el Instituto Summa, con un arancel para primaria de $ 733,91; Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo arancel informado es de $ 1189,80 para la escuela media y de $ 1094 para la primaria”. También señaló que la distribución de dinero es mayor en los distritos de clase media y alta ($ 14.956.236,17) y muy inferior en aquellos de clases medias y bajas ($ 6.610.120,78).
A su vez, el informe de ACIJ compara el porcentaje de subsidios destinado a la masa salarial docente, con la cuota que cobra cada institución. Por ejemplo, el colegio La Salette recibe un subsidio del 100% y cobra un arancel de $ 345,20, y el colegio Mekhitarista percibe un monto del 60% y su cuota alcanza los $ 1616.
Antes de llegar a la justicia, la ONG había hecho dos pedidos de informes a la Dirección General de Educación de Gestión Privada amparados en la Ley 104, pero no hubo respuesta.
Tanto el artículo 65 de la Ley de Educación Nacional como el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires determinan que la contribución estatal destinada a salarios docentes debe estar basada en criterios objetivos de justicia social y dando preferencia a las instituciones que reciben alumnos de menores recursos. Sin embargo, ACIJ estableció que sólo el 50% de los cuantiosos recursos se destinan a escuelas con aranceles más bajos.
Las conclusiones de la ONG son elocuentes: “Parte del aporte estatal destinado a educación de gestión privada contribuye a profundizar desigualdades educativas entre los sectores más pobres y ricos de la ciudad”, porque el presupuesto que se destina a esas escuelas con altas cuotas “se sustrae de la educación de gestión estatal, a la que asisten los alumnos que padecen peores condiciones de acceso a la educación”.
En julio de este año, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Petrella, hizo lugar a la acción de habeas data de ACIJ, que ordenó al GCBA proporcionar en quince días, y bajo apercibimiento de recibir sanciones, la información detallada sobre el criterio, los montos y los porcentajes de los aportes entre 2006 y 2010.
Ahora la ONG pidió que se rechace la apelación y se confirme la sentencia, argumentando que el gobierno de la ciudad sólo contestó uno de los tres pedidos y que, en los otros dos, la información es “incompleta, escasa y contradictoria”. Por ejemplo, no hay datos sobre los montos de los aranceles, ni sobre los valores absolutos de los subsidios que recibe cada instituto, así como tampoco si fueron autorizadas cuotas extraordinarias para mantenimiento. También aseguran que en la página Web faltan datos de los años 2006, 2007 y 2008 y que en los cuadros correspondientes a 2009 hay graves contradicciones, como el hecho de que 130 instituciones educativas figuran con distintos aranceles, a pesar de que no varía ni el nivel educativo ni la modalidad.
El legislador del Encuentro Popular para la Victoria, Francisco “Tito” Nenna, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, advirtió en un informe que los colegios que más subsidios reciben son aquellos que cobran cuotas de alto valor, como “el San Columba, con un arancel de $ 648,52 para la escuela media, el Instituto Summa, con un arancel para primaria de $ 733,91; Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo arancel informado es de $ 1189,80 para la escuela media y de $ 1094 para la primaria”. También señaló que la distribución de dinero es mayor en los distritos de clase media y alta ($ 14.956.236,17) y muy inferior en aquellos de clases medias y bajas ($ 6.610.120,78).
A su vez, el informe de ACIJ compara el porcentaje de subsidios destinado a la masa salarial docente, con la cuota que cobra cada institución. Por ejemplo, el colegio La Salette recibe un subsidio del 100% y cobra un arancel de $ 345,20, y el colegio Mekhitarista percibe un monto del 60% y su cuota alcanza los $ 1616.
Antes de llegar a la justicia, la ONG había hecho dos pedidos de informes a la Dirección General de Educación de Gestión Privada amparados en la Ley 104, pero no hubo respuesta.
Tanto el artículo 65 de la Ley de Educación Nacional como el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires determinan que la contribución estatal destinada a salarios docentes debe estar basada en criterios objetivos de justicia social y dando preferencia a las instituciones que reciben alumnos de menores recursos. Sin embargo, ACIJ estableció que sólo el 50% de los cuantiosos recursos se destinan a escuelas con aranceles más bajos.
Las conclusiones de la ONG son elocuentes: “Parte del aporte estatal destinado a educación de gestión privada contribuye a profundizar desigualdades educativas entre los sectores más pobres y ricos de la ciudad”, porque el presupuesto que se destina a esas escuelas con altas cuotas “se sustrae de la educación de gestión estatal, a la que asisten los alumnos que padecen peores condiciones de acceso a la educación”.
Queda perfectamente claro por qué entonces, Esteban Bullrich ataca a la educación pública.
