Patrimonio de la represión: usos y reflexiones

Patrimonio de la represión: usos y reflexiones1 Loreto López G.2 Lo que intentaré hacer es ilustrar el camino que recorren ciertas memorias para adquirir luego una forma institucionalizada al transformarse en patrimonio, centrada en el caso de las memorias de la represión o más bien de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante la dictadura de Pinochet en Chile. Con el fin de presentar algunos problemas relativos a las disputas por la memoria del período, y los usos a los que pueden ser sometidos los nuevos patrimonios –de la represión-. No voy a detenerme en las discusiones en torno a la construcción del patrimonio, pues desde ya verán que mi opción para tratar el tema, lo asume como algo construido y deliberadamente activado por sujetos o grupos sociales movidos por ciertos intereses. Es decir, el patrimonio no preexistiría a aquellos sujetos, y estaría luego sometido a ciertos usos y alentado por ciertos encuadres y debates nacionales e internacionales. del patrimonio como un tipo especial de vínculo con el pasado, susceptible de ser realizado o construido desde cualquier espacio social donde se emprenda la búsqueda de identidad y la consagración de la herencia. Presentación Desde 1995 a la fecha, Chile ha logrado ingresar cinco patrimonios a la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO.3 Estos logros internacionales junto al proceso desencadenado para conseguirlos, parecen dar cuenta de una nueva percepción respecto a la importancia del patrimonio como carta de presentación para los países, en especial para casos que como el chileno, reingresan a la vida internacional desde un contexto democrático. A su vez, dichas proclamaciones motivan a la comunidad local hacia la búsqueda de sus patrimonios, ya no sólo desde el punto de vista de la protección y conservación de lo existente, de aquello que ya ha sido identificado como patrimonio, sino también en torno a posibles bienes o prácticas que a veces escapan a la noción clásica que ha dominado el escenario patrimonial en Chile desde la construcción de la República hasta nuestros días. Así, diversos tipos de patrimonios irrumpen en la escena nacional, atendiendo a una nueva reflexividad sobre el pasado, la herencia y la identidad. No sólo el 1 Ponencia presentada en el VIII Congreso Argentino de Antropología Social, 19-22 septiembre de 2006. Salta-Argentina. 2 Antropóloga, Universidad de Chile 3 Isla de Pascua, Iglesias de Chiloé, Valparaíso, Oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura, y Campamento minero de Sewell. 1 patrimonio inmaterial plantea un desafío en la comprensión del patrimonio, más allá de sus fronteras materiales e inmutables, sino también otros que siendo formalmente clásicos manifiestan un carácter revolucionario en su sentido, como ocurre con los lugares de la memoria vinculados a las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, pues escapan a la idea del patrimonio como lugar vacío de conflictos. Como nunca antes, el patrimonio comienza a ser apropiado por diversos sectores que entienden en él una forma de legitimar su identidad e historia, presentándola públicamente bajo la forma de un bien común llamado patrimonio. No es que esta vinculación entre patrimonio e identidad no haya sido entendida antes, es evidente que los sectores mejor representados en la construcción patrimonial en Chile, a saber la Iglesia católica, el Estado, las Fuerzas Armadas, así como las elites políticas, culturales y económicas (las oligarquías de antaño), trabajaron rápidamente en la consagración de sus herencias en tanto patrimonio nacional. Sin embargo, el actual contexto democrático y las transformaciones ocurridas al interior del propio campo del patrimonio, hacen insostenible continuar sacralizando una herencia parcial como el patrimonio de todos los nacionales. Una comunidad nacional debe poder verse reflejada y proyectada en sus patrimonios, como forma de fortalecer su identidad, pero es importante aceptar que aunque el patrimonio se construye, aquella construcción no puede hacerse sobre la negación de las diversas herencias y pasados, o del olvido de experiencias “ingratas” que escapan al canon “heroico y feliz” del patrimonio, pero que proveen de sentido a la sociedad, pudiendo ser ofrecidas públicamente para la reflexión crítica del pasado. El caso de las memorias de la represión y sus consecuentes patrimonios es ilustrativo del proceso de disputa y construcción patrimonial. Las formas que las memorias de las violaciones a los derechos humanos han encontrado para visibilizarse, legitimarse y consagrarse públicamente en Chile han debido sortear una serie de obstáculos, dirigidos a desconocerlas, en el peor de los casos, o a privatizar, restringir o minimizar su alcance, en el más común de ellos. Aún así, el “trabajo de la memoria” llevado a cabo por los “emprendedores de la memoria” a decir de Elizabeth Jelin, ha logrado abrirse paso como nunca antes había ocurrido en la sociedad chilena ante episodios que provocaron una fisura al interior de ella, significada hoy desde diversas versiones y posiciones, pero ineludible a pesar de las amnistías y los apremios dirigidos a sacrificar la memoria por el bien superior de la unidad y la paz social. Recuperación de sitios de detención, erección de memoriales y monumentos, marcas territoriales señaladas por rituales conmemorativos en fechas emblemáticas o por hitos que intervienen discretamente la materialidad del lugar, han sido los caminos seguidos por agrupaciones de sobrevivientes, ex detenidos y familiares de detenidos desaparecidos. Estas iniciativas han sido apoyadas por 2 sectores de la sociedad civil, para articular y convocar las memorias de la represión, intentando construir y consolidar luego un patrimonio de la represión. El paso de las memorias a los patrimonios, supone un nuevo posicionamiento de las memorias a nivel público, así como un salto cualitativo respecto del tratamiento y uso al que serán sometidas. Ya no se trata de servir de referente para procesos judiciales, recuperar información para el presente o sostener la veracidad de una experiencia del pasado que convoca a una determinada colectividad involucrada en aquella experiencia, sino que supone transformar las memorias de la represión, unidas a determinadas fechas y lugares, en un bien público a disposición de la sociedad en su conjunto. Este proceso abre una serie de interrogantes relativas a los encuadres a los que responden esas iniciativas o “activaciones patrimoniales” en torno a fechas y lugares, las potencialidades reflexivas contenidas en ellas, la opción política de la(s) identidad(es) unida(s) a esos patrimonios, así como el rol que pueden cumplir en el procesamiento del pasado (y en particular en la problematización de la responsabilidad colectiva ante el fatal legado que dejó la violencia y la eliminación ejercida por una parte de la sociedad contra otra). La memoria y la construcción de patrimonios Puesta al servicio de la resistencia en los años dictatoriales, el poder testimonial de la memoria de la represión construida desde las víctimas de violaciones a los derechos humanos, dio cuenta de una realidad que fue sistemáticamente negada y rechazada por las fuentes oficiales de información empeñadas en emprender un acto de doble borradura sobre quienes estaban siendo intervenidos, eliminados o desaparecidos de la vida nacional: negar los procesos de negación, desaparecer las prácticas de desaparición.4 De esta manera, los testimonios y prácticas destinadas a develar una nueva verdad sobre los hechos que estaban aconteciendo en el país durante la dictadura, se convirtieron en un espacio de denuncia y resistencia, tanto a nivel nacional como internacional.5 Ahí, la memoria actuaba como un valioso soporte para retener y divulgar información detallada sobre los sucesos que experimentaban las personas portadoras de los recuerdos, que sin embargo debían mantenerse en una red silenciosa de complicidades y solidaridades. Las memorias que se construyeron y operaron durante la dictadura estaban orientadas por urgencias inmediatas dirigidas a registrar circunstancias de 4 “Desde entonces se puede comprender fácilmente por qué la memoria se ha visto revestida de tanto prestigio a ojos de todos los enemigos del totalitarismo, porque todo acto de reminiscencia, por humilde que fuese, ha sido asociado con la resistencia antitotalitaria.” Todorov, 2000:14. 5 Al respecto, resulta emblemático el caso del temprano testimonio Tejas Verdes de Hernán Valdés, publicado en el año 1976 en España, el que fue rápidamente traducido a varios idiomas en los años que siguieron. 3 detención, ejecución y desaparición de quienes estaban siendo perseguidos. Y que además, recibían el influjo del dolor y abatimiento provocado por el fin de un período inédito en la historia nacional (y del mundo).6 Los archivos de derechos humanos, que el año 2003 fueron declarados por UNESCO patrimonio mundial en el Programa Memoria del Mundo,7 podrían representar una de las formas emblemáticas de operación y de configuración de la memoria de la represión durante la dictadura, al concentrarse en documentos judiciales, declaraciones y testimonios en procesos de búsqueda, entre otro tipo de registros. Sin embargo, tras la recuperación de la democracia puede decirse que las orientaciones para la configuración de la memoria fueron cambiando. El nuevo contexto democrático no sólo abrió la posibilidad de demandar verdad y justicia para las víctimas, sino que inauguró un escenario donde paradojalmente las memorias unidas a las violaciones a los derechos humanos debieron sortear la resistencia de enfoques, posiciones e intereses que veían en ellas una amenaza, más que una oportunidad, para el desarrollo y consolidación de la democracia recuperada. En este sentido, el discurso de la reconciliación popularizado en Chile durante el primer gobierno democrático y las promesas del fin de la transición, del segundo,8 intentaron poner obstáculos al trabajo de la memoria, en un gesto que pretendía reiterar la llamada “vía chilena de reconciliación política”, basada en acuerdos de amnistías y pactos de silencio y olvido. Pero la bondad de los acuerdos cupulares que caracterizaron a la historia chilena frente a otros episodios de violencia y represión, no han surtido efecto en el contexto actual, pues las condiciones 6 Atendiendo a las características que concurren en la definición de la memoria, entendida como la recuperación del pasado orientada por marcos que permiten significar eventos y experiencias a partir del presente, organizándolos en una constelación de olvidos y recuerdos. Para Maurice Halbwachs, la memoria colectiva se encuentra orientada a partir de ciertos “marcos sociales”, ahí radica el nivel social y cultural de la memoria, a través de los cuales las memorias individuales logran actualizarse: todo recuerdo individual requiere de la complicidad con otros, de lo contrario corre el riesgo de ser clasificado como alucinante. Los marcos sociales, es decir normas que indican qué se debe recordar y cómo, tales como principios, valores, juicios que operan en el presente sobre el pasado, organizando, seleccionando, jerarquizando e interpretando, hacen posible el vínculo entre el individuo y el colectivo, y sin duda la persistencia de la identidad, o bien la identidad como posibilidad. “(…) la memoria es, en todo momento y necesariamente, una interacción de ambos (supresión y conservación). El restablecimiento integral del pasado es algo por supuesto imposible (…) y, por otra parte, espantoso; la memoria, como tal, es forzosamente una selección: algunos rasgos del suceso serán conservados, otros inmediata o progresivamente marginados, y luego olvidados.” Todorov, 2000:16. 7 Compuestos por documentación archivada y recopilada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Corporación CODEPU, la Corporación Justicia y Democracia, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristiana (FASIC), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), la Fundación de Archivos de la Vicaría de la Solidaridad y la Productora Nueva Imagen. 8 Apresurándose al devenir histórico, y tal vez desconociendo la complejidad del tema, el presidente Aylwin declaró que la tarea de su gobierno sería alcanzar la “reconciliación nacional”, “cerrando” el problema de las violaciones a los derechos humanos. 4 nacionales e internacionales no favorecen la alternativa del olvido jurídico y social para conseguir la “paz social”. Inmersa en un nuevo escenario internacional de carácter global, la sociedad chilena ha debido aceptar, muchas veces con renuencia, las señales que le indican la imposibilidad de continuar indiferente ante las transformaciones culturales que consagran la ética de los derechos humanos como una ética universal, con la consecuente dificultad de “dar vuelta la página” frente a la herencia del pasado. La detención de Pinochet en Londres el año 1998, advierte el contexto al cual Chile debe adaptarse “poniéndose al día” lo más pronto posible, no sólo en la ratificación de acuerdos y convenios internacionales que tienden a promover y garantizar el respeto a una serie amplia de derechos, sino también olvidando interpretaciones que culpaban al “marxismo internacional” de las fatalidades del ex dictador, visión que algunos de sus adherentes quisieron popularizar. La legitmitimación que UNESCO hace de las memorias de las violaciones a los derechos humanos como una memoria universal, junto a una naciente justicia supranacional y a las obligaciones contraídas por el Estado chileno al firmar o ratificar convenios que protegen los derechos humanos, en contra de prácticas de olvido cada vez más intolerables en el nuevo escenario global, han contribuido también a promover el trabajo de la memoria en torno a las violaciones a los derechos humanos en Chile durante la dictadura. Por otra parte, puede decirse que el eje de los conflictos que ha escondido la historia chilena respecto de otras amnistías e indultos en períodos anteriores, es la tensión que provoca en la sociedad la persistencia de memorias que por el sólo efecto de la ley no logran albergar el pretendido olvido. Esta situación señala además la complicidad entre la actividad historiográfica y el poder que impone el olvido, pues se deduce que muchos de los episodios anmistiados, parecen haber sido omitidos de los relatos oficiales, con el fin de sanar el trauma, develando así los delicados vínculos entre historia y política.9 9 Esta relación es objeto de una revisión crítica por la corriente de la historia social chilena, de la cual Gabriel Salazar es uno de sus más importantes representantes, señalando que “La memoria política de los chilenos debe ser, por tanto, revisada e intervenida. Reestructurada según criterios cívicos y democráticos, a objeto de rescatar y reconstruir el gran ‘capital humano’ que ha perdido” (Salazar, 2005:21) producto de un relato historiográfico oficial que ha narrado como democráticas tradiciones autoritarias, arbitrarias y represivas que difícilmente hoy pueden ser aceptadas como afiliadas a valores y actitudes democráticas, pues desde el origen de la nación hasta mediados del siglo XX impidieron la efectiva participación ciudadana, consagrando su ausencia en la vida política del país. “(...) en Chile, al ser celebrada y mitificada la estabilidad y recurrencia del ‘orden’ establecido por los estadistas Portales, Alessandri y Pinochet, y al heroificarse a sus restauradores, no se ha hecho otra cosa que exaltar como valores patrióticos el autoritarismo, la arbitrariedad gubernamental y la represión de los derechos cívicos y humanos de los chilenos, y condenar al olvido o a la negación fáctica los valores propios de la sociedad civil, la ciudadanía y la humanización.” (Ídem: 19) 5 De esta manera, las omisiones que cierta historiografía y memoria social han cometido, contribuyeron a construir y consolidar un conjunto de mitos sobre la “tradición chilena”, como la excepcionalidad de una tradición constitucionalista y la ausencia o minimización de la violencia y la brutalidad en la historia nacional.10 Es por ello que la reconciliación en este último período, aunque también en otros, emerge como consigna política o meta simbólica, más que como una realidad tangible.11 Ante un contexto nacional contradictoriamente adverso,12 la recuperación del pasado dictatorial en su cara represiva, ya no podía aludir únicamente a la búsqueda de justicia por las vías jurídicas, sino que se amplió al necesario 10 El llamado “mito de la excepcionalidad chilena” ya ha sido propuesto y revisado por algunos autores. Por ejemplo, uno de los “mitos” o “verdades a medias” que ha persistido para conformar una autoimagen del país, ha sido la idea de la excepcionalidad chilena en el contexto latinoamericano, sin embargo el golpe de Estado de 1973, provocó un cierto aire de familiaridad con los demás países de la región, delatando “(...) que éramos, a fin de cuentas, astillas del mismo palo.” (García de la Huerta, 2003: 156). “La excepcionalidad atribuida a los militares chilenos, por ejemplo, llevó a algunos a pensar que eran una especie de civilistas de nacimiento, que jamás llegarían a atentar contra un gobierno constitucional.” García de la Huerta, 2003: 157. “Se puede suponer con verosimilitud que la patente ingenuidad respecto del discurso y del quehacer que mostró la Unidad Popular se basó en uno de nuestros mitos políticos identitarios, la creencia en la excepcionalidad de la experiencia política chilena.” Moulian, 1997: 162. “Es un hecho evidente que el mito de la diferencia constitucionalista chilena no fue narrado por la historiografía del siglo XIX (...) El mito de la excepcionalidad constitucional y el orden republicano chileno se narró en pleno siglo XX, especialmente hacia la década de 1920-1930, en momentos en que el país atravesaba por una profunda crisis económica y política, siendo obstruida la reforma por la élite parlamentaria y habiendo sido golpeada la institucionalidad por sucesivos cuartelazos militares de signos políticos disímiles, pero todos bastante críticos al régimen político oligárquico, y cuyas tendencias oscilaban entre un reformismo conservador hasta un reformismo socialista. En estas circunstancias, un grupo de historiadores conservadores, encabezados por Francisco Antonio Encina, construyen el mito portaliano de la excepcionalidad histórica chilena, la que habría sido sustentada por un ordenamiento autoritario republicano, capaz de conjurar la ‘anarquía’ impuesta por los gobiernos liberales de la década de 1820, los que supuestamente se habrían visto incapacitados de otorgarle estabilidad al país, siendo derribados por una seguidilla de cuartelazos dirigidos por caudillos.” Illanes, 2002: 165-166. 11 “Había, como nunca antes en la historia del país, una resistencia intensa y visceral en algunos sectores al olvido social y jurídico, un rechazo a la impunidad por delitos ‘políticos’ cometidos durante un período de polarización y represión política. Si bien no era la primera vez en que en el país la represión política se realizaba mediante asesinatos y desaparecimiento de personas por agentes del Estado, muchos chilenos crían que esta práctica represiva era inédita. Tampoco lo era la tortura en 1973, ya fuera en las cárceles o cuarteles, en lugares destinados a ‘interrogatorios’ de los servicios de Inteligencia e Investigaciones, o en el propio entrenamiento de las fuerzas armadas. La tortura ha sido parte de la formación de marinos y soldados en América latina, en Chile, y en muchos países del mundo. No obstante, en la historia del país jamás existió resistencia tan prolongada a alguna anmistía, como en el caso de la ley 2.191 de 1978. Nunca antes el olvido jurídico, por delitos de funcionarios del Estado, civiles o uniformados se había resistido con tanta pasión.” Loveman y Lira, 2002:18. 12 “(...) para muchos ha resultado incomprensible que, una vez dadas las condiciones, hace una docena de años, no haya sido publicado (Tejas Verdes. Diario de un Campo de Concentración en Chile) en el país que le dio origen. La verdad es que ha habido débiles intentos y fuertes oposiciones. No de los militares o de la derecha, que hace ya algún tiempo han perdido todo miedo a las palabras, sino de grupos de presión (o de omisión) de lo que tímidamente me atrevería a llamar el actual poder político.” Valdés, 1996:3. 6 reconocimiento público de lo ocurrido entrando en pugna con otras memorias sobre el período. No se trataba entonces de una memoria que circulara únicamente por los pasillos de los tribunales como triangulación de testimonios dirigidos a elucidar la verdad de los hechos, el destino de los detenidos desaparecidos, o a conseguir condenas y reparaciones, sino de una empresa más compleja como situar a aquella memoria en tanto espacio legítimo para abordar y reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del país. Si se considera que la memoria contribuye a estructurar la experiencia y asegura la continuidad de tradiciones de una colectividad, operando entonces como un eje para la construcción de identidad, el poner a disposición de la ciudadanía la memoria de las violaciones a los derechos humanos construida por las víctimas de aquellas violaciones, sus familiares y amigos, interpela a la sociedad chilena a convocarse y verse reflejada en aquella memoria, pero no tanto desde un sentido compasivo o solidario, sino desde la posibilidad de incorporarla como parte de la historia nacional (oficial) y una identidad compartida. El desafío en este punto, supone reflexionar acerca de qué memoria es la que convocará a la sociedad chilena, problema que abordaremos más adelante al aproximarnos a los retos del procesamiento del pasado. La importancia de los lugares de memoria Si los testimonios, relatos y el propio “cuerpo de los condenados”, fueron el espacio donde se convocaron las memorias de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, tras la recuperación de la democracia otros nudos han concurrido en la configuración de estas memorias. Del espacio privado del cuerpo, el testimonio personal, la conversación y la práctica terapéutica, las memorias de la represión saltaron al espacio público de los actos y conmemoraciones activadas en fechas identificadas como significativas, así como al lugar de los memoriales, monumentos y marcas territoriales que tejen la topografía del terror legada por la dictadura. Fechas y lugares, hitos temporales y espaciales, fueron adquiriendo importancia en la medida que el olvido, la ignorancia y la indiferencia amenazaban con sepultar el pasado reciente “dando vuelta la página”, e impidiendo a la sociedad chilena integrar en su memoria los aspectos “indeseables” de la dictadura que contribuían a relativizar la lectura exitista de la “gran obra” constitucional, institucional y económica heredada por el gobierno de facto. Era necesario entonces buscar hitos que permitieran convocar a las memorias emblemáticas de la represión sufrida por las víctimas, y que pudiesen ser apropiados por otros sectores de la sociedad, no necesariamente considerados como “herederos directos” de aquellas memorias. 7 Así, la proliferación de “lugares de memoria” como anclaje para el recuerdo se tradujo en la recuperación de sitios –ex centros de detención, específicamente- y en la edificación de memoriales. Es importante considerar que los lugares actúan en una primera instancia como “nudo convocante” para las memorias,13 y no necesariamente se constituyen inmediatamente en patrimonios, como se verá más adelante. Se entiende entonces, que un lugar de memoria (no solo sitios, sino también fechas), responde a la intencionalidad de establecer una marca significativa “(...) cuando en un sitio acontecen eventos importantes, lo que antes era un mero ‘espacio’ físico o geográfico se transforma en un ‘lugar’ son significados particulares, cargado de sentidos y sentimientos para los sujetos que lo vivieron.” (Jelin y Langland, 2003:3) Deriva además del trabajo de un colectivo: los “emprendedores de memoria”, integrado por sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas, así como organismos de derechos humanos y partidos políticos, que invierten voluntades y recursos en la transformación de un espacio en lugar, en lugar de memoria de la represión en este caso, sobre los sitios donde ocurrieron las violaciones a los derechos humanos (en la mayor parte de los casos).14 A estos emprendedores nacionales, se unen además agentes internacionales que no sólo apoyan el trabajo de memoria efectuado, sino que también orientan el camino a seguir promoviendo el intercambio entre experiencias de distintos países y la coordinación internacional en este ámbito.15 13 “(...) hay que conceptualizar cuales son los nudos convocantes de la memoria y el olvido, para ver con mayor claridad los actores sociales y las situaciones que van creando y hasta exigiendo puentes de memoria, ligando lo suelto y lo emblemático en la sociedad. Hay tres tipos de nudos nudos que son grupos humanos, nudos de "hechos y fechas" y nudos que son sitios o restos físicos-, que van convocando múltiples memorias y exigiendo que se construya puentes hacia la memoria y el olvido colectivo.” Stern, 2000:13. “Los nudos convocantes de la memoria son los seres humanos y las circunstancias sociales que exigen que se construyan puentes entre el imaginario personal y sus memorias sueltas por un lado, y el imaginario colectivo y sus memorias emblemáticas por otro.” Ídem :22. 14 “(…) un lugar de memoria es una ‘unidad significativa, de orden material o ideal, a la que la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo convirtieron en un elemento simbólico de una determinada comunidad’. La idea de fabricación, de producción del lugar subyace a la definición. (...) Una vez que el lugar es producido, es difícil abolirlo. Salvo en los casos de amnesia espontánea de un grupo, esto no puede llevarse a cabo sin la destrucción física del lugar, cuando se trata de un lugar material.(...) En la expresión lugares de memoria hay que entender la preposición con el significado más de una pertenencia o una procedencia –son lugares que pertenecen a la memoria, que son producto de ella, que viene de ella- que como una simple indicación de localización: los lugares en los que la memoria encarna. Si hay lugares que parecen sobredeterminados por la memoria, más destinados que otros para acogerla, es porque ésta ya trabajó allí y depuso, con el correr del tiempo, capas sucesivas de sedimentos de memoria hasta tal punto que a veces satura de sentido estos sitios particulares.” Candau, 2002: 112-113. 15 Al respecto, el caso del Parque por la Paz Villa Grimaldi es emblemático, puesto que mantiene vínculos con distintos organismos e instituciones dedicadas al rescate de la memoria y el procesamiento del pasado traumático en distintos países, como Memoria Abierta en Argentina, la Fundación Ana Frank en Holanda, por ejemplo, a la vez que participa de instancias internacionales 8 Aunque la mayor parte de los centros de detención correspondió a dependencias e instalaciones propias del funcionamiento institucional de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, otros se establecieron deliberadamente en sitios e inmuebles que fueron adquiridos (a veces apropiados a la fuerza) para fines de detención y tortura, y que posteriormente en los años previos a la transición democrática, fueron abandonados, traspasados a otros propietarios y a veces destruidos. Son justamente ese tipo de sitios, que no quedaron en manos de la institucionalidad pública, los que han sido objeto de recuperación por parte de sobrevivientes junto a ciertos sectores de la sociedad civil, y han sido transformados en lugares de memoria. Como ya se mencionó, es importante destacar que el trabajo de la memoria encarnada en el proceso de recuperación de un sitio y su traducción en lugar de memoria, ha debido sortear una serie de obstáculos. Por una parte, con frecuencia los propios sitios susceptibles de identificación y recuperación han sido sometidos a una estrategia de desaparición o encubrimiento ya sea por demolición (destrucción física del lugar), ocultamiento (otra actividad o circunstancia desvincula al lugar de su identidad como centro de detención), apropiación (por el traspaso a otro dueño se impide la acción pública en el lugar), simulación (se disfraza la identidad del centro al cambiar, por ejemplo, su numeración), aislamiento (cuando existen barreras geográficas o de accesibilidad) o desconocimiento (sin registro de la ubicación del centro ni relación con su identidad como centro de detención y tortura).( Silva y Rojas, 2005: 133) En la capital del país, ejemplos emblemáticos de demolición han sido los casos de la casa de José Domingo Cañas (ex Cuartel Ollagüe) y Villa Grimaldi (ex Cuartel Terranova), mientras la simulación se ha efectuado sobre el inmueble de Londres 38, que hoy lleva por numeración el número 40. Por otra parte, ya que la mayoría de los recintos y centros de detención operaron en instalaciones institucionales de propiedad del Estado, tras la finalización de la dictadura éstas regresaron a sus funciones normales, encubriendo las labores extraordinarias a las que estuvieron destinadas durante la dictadura a través de un proceso que podría llamarse de “normalización”.16 En Chile, son pocos los recintos o centros de detención actualmente noinstitucionales, que han sido recuperados, puesto que en propiedad de particulares el proceso de recuperación y resignificación se inicia a la vez como de coordinación como es la Coalición Internacional de Museos en Sitios Históricos de Conciencia (http://www.sitesofconscience.org). 16 En Argentina se ha suscitado un proceso de recuperación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de un sitio que desde la dictadura que se instauró luego del Golpe de Estado de 1976, había pertenecido a las Fuerzas Armadas. El predio e instalaciones donde actualmente se ubica la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) ha sido devuelto a las manos de la ciudad, y pronto se convertirá en un museo de la memoria, previo desalojo del personal militar que en ese lugar desempeña funciones. 9 una disputa entre privados: el propietario por una parte y la agrupación de sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos del lugar, por otra, hasta que la interpelación al Estado para que tome parte y se involucre en la disputa, surte efecto y las autoridades públicas toman cartas en el asunto. Así ocurrió con Villa Grimaldi, ex Cuartel Terranova durante la dictadura, que de ser una propiedad particular antes del Golpe pasó luego a manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), posteriormente a la Central Nacional de Informaciones (CNI), luego al Servicio de Vivienda y finalmente a una empresa constructora que, tras arrasar con el sitio, proyectaba edificar un conjunto habitacional. Sin embargo, gracias a un amplio movimiento ciudadano compuesto por familiares de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas, sobrevivientes, pobladores de las comunas de Peñalolén y La Reina, sacerdotes y religiosas, organizaciones de derechos humanos, personalidades del mundo de la cultura y la política, coordinado con instituciones del Estado, fue posible recuperar el sitio en los primeros años de la democracia, rescatándolo de su desaparición final y definitiva. En este caso se contó con el apoyo del Estado quien, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, expropió el sitio que hoy es de propiedad pública, y permitió que el año 1994 las puertas del otrora centro de detención fueran abiertas a la ciudadanía, el que posteriormente fue transformado en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, inaugurado y abierto a la comunidad el año 1997.17 En la línea de la construcción de lugares de memoria, pero desde otro ángulo, las recomendaciones respecto de la adopción de medidas de reparación de carácter simbólico derivadas del Informe Verdad y Reconciliación,18 se concretaron, entre otras formas, en el desarrollo de una Política de memoriales al interior del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Si bien ya existían varios memoriales financiados o no con aportes del Estado, cuando comenzó a operar el Programa de Derechos Humanos en el año 2001, 17 Al momento de la recuperación la mayor parte de las instalaciones originales del centro de detención no existían, pues habían sido deliberadamente arrasadas, de manera que las alternativas de intervención espacial consideraban o bien la reconstrucción exacta del lugar, o bien una reinterpretación espacial, como finalmente se hizo, lo que ha significado debates en torno a las formas de representación de la memoria y la experiencia del lugar. 18 “(...) las recomendaciones de la Comisión Rettig estuvieron dirigidas a abordar el tema de la reparación tanto hacia los familiares de las víctimas, como también hacia toda la sociedad, entendida ésta como el restablecimiento del Estado de Derecho y la restauración del honor y la dignidad de las víctimas a través de la justicia. La reparación del daño moral y material, por lo tanto, se ha expresado en distintos planos: a través de avances en el establecimiento de verdad y justicia, a través de medidas que atienden necesidades sociales de las víctimas y sus familiares, con medidas de prevención y socialización de una cultura de respeto de los derechos humanos en el ámbito de la educación formal e informal, en la generación de un espacio público para el debate y difusión del tema; y en la adopción de medidas de carácter simbólico. Las formas de reparación tienen una diversidad de expresiones, que se materializan según la capacidad de movilización y conciencia que adquiere la sociedad en su conjunto.” Mejías, 2005. 10 esta repartición pública ha continuado con la tarea de reparar a las víctimas acogiendo las solicitudes de diversas agrupaciones de sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, con el fin de establecer lugares destinados a recordar a las víctimas, disponer de espacios para la conmemoración y la visbilización de las memorias de las violaciones a los derechos humanos. A raíz de que los memoriales se erigen en respuesta a la solicitud y planteamiento de agrupaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y en el marco de un conjunto de políticas de reparación, el Estado no ha emprendido de forma autónoma y premeditada una política de memoria dirigida a la sociedad chilena en su conjunto, sino que ha respondido a los agravios que en otros momentos agentes del Estado ejecutaron contra ciudadanos chilenos. Es decir, los memoriales responden a una visión restringida de la memoria donde la motivación fundamental parece estar centrada en poner la memoria al servicio de la reparación de las víctimas. De esta manera, la construcción recuperación de sitios, por una parte, otra, parece seguir un camino que perteneciendo a la constelación de memoria. de lugares de memoria a través de la y gracias a la edificación de memoriales, por en algún punto se bifurcará aunque sigan iniciativas vinculadas con el trabajo de la De la memoria al patrimonio de la represión El trabajo de la memoria construida a partir de la experiencia de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, se ha intensificado a medida que han transcurrido los años de democracia, a pesar de que en los primeros momentos la resistencia a aceptar la legitimidad de esa memoria atentó contra su viabilidad pública. Si bien el Estado ha respondido a este trabajo definiendo algunas acciones públicas, su incorporación ha sido lenta y cautelosa, manteniéndose a la zaga del movimiento ciudadano. Esta distancia entre el poder estatal y la sociedad civil, representa uno de los puntos críticos cuando los lugares de la memoria y las memorias mismas de la represión aspiran a convertirse en patrimonio de la nación. La intención de que las memorias convocadas alrededor de los centros de detención recuperados y los memoriales erigidos, sean consideradas y tratadas a través de ellos, con un status patrimonial, supone no sólo legitimar la posibilidad de que aquellas memorias aparezcan y circulen públicamente, sino que además son susceptibles de recibir un trato diferencial respecto de otras memorias, más aún cuando demandan el reconocimiento y garantización pública por parte del Estado –“reconocimiento legítimo por la sanción aprobatoria del Estado” (Jelin y Langland, 2003:3)-. 11 Aquí es importante considerar primero que toda aseveración acerca de la existencia de un patrimonio, supone poner en práctica un criterio de distinción sobre ciertos bienes (o prácticas) dirigido a valorizarlos por sobre otros, es decir el valor del bien no radica en él mismo sino en la mirada que lo distingue y lo valoriza, de ahí entonces que el patrimonio no preexista a aquel juicio de valor. Este supuesto trasunta entonces que tan importante como el bien mismo, lugares en este caso, son los criterios de selección y el grupo social que ha puesto en marcha esos criterios. Actualmente es muy difícil sostener que los patrimonios tienen un valor intrínseco y que no responden a un proceso de naturalización de aquel valor. Luego, lo anterior tiene relación con los problemas de filiación simbólica que revisten a la construcción del patrimonio, es decir con qué símbolos, imágenes o modelos busca una comunidad emparentarse y constituirse como heredera. Y de ahí qué personajes, episodios o materialidades vale la pena recordar, conmemorar o conservar. Por cierto que este problema, tiene su símil en la narrativa historiográfica: ¿qué rescatar, qué describir, qué transmitir?. En otras palabras, los patrimonios orientados y activados en este caso por las memorias de la represión, se encuentran en relación no sólo con unos determinados hechos ocurridos en los lugares, sino más aún con un proyecto identitario que pretende ser validado y aceptado socialmente, e incluso reproducido; en síntesis considerado un bien común para la sociedad. De lo anterior se desprende que las filiaciones identitarias que sostienen al patrimonio de la represión, deben ser cuidadosamente escogidas si se espera que tengan una recepción positiva al interior de la sociedad, y luego que para lograr aquello es necesario contar con una cuota de poder que permita lograr el objetivo, pues “(...) no activa (patrimonios) quien quiere, sino quien puede” (Prats, 1997:33) Para comprender mejor el problema de las filiaciones y su aceptabilidad pública, es interesante pensar cómo en muchos casos las identidades políticas de las víctimas son sacrificadas por otras que permiten proyectar mejor una nueva identidad en el contexto democrático. Por ejemplo, la concepción de los derechos humanos tiende a restar identidad política a los sujetos en la medida en que sólo se detiene en el concepto de persona humana, que como tal es sujeto de derechos básicos, más allá de su credo, raza u opción política: los seres humanos necesariamente son considerados en abstracto y a partir de la idea de individuo y no en su pertenencia a un grupo o en su existencia histórica concreta.19 19 En el caso argentino, frente a la necesidad de condenar los actos de terrorismo de Estado se opta por “obviar” la identidad política de las víctimas de ese terrorismo de Estado, como si el hecho de pertenecer a organizaciones armadas cuestionara la idea de que eran víctimas del accionar del terrorismo de estado. Se construye una imagen de víctima reforzando su inocencia a partir de una negación de su condición de militante armado: el que está armado o conoce de armas, parece decir el discurso de la justicia basada en los derechos humanos, es menos “víctima” o es también responsable de lo que le sucedió: justificaría el terrorismo de Estado. Se opta, entonces, por 12 Así, para que puedan ser asumidas públicamente como bien común, las memorias de la represión en su versión institucional ya sea patrimonial, histórica o museográfica, deben proponer una identidad basada en la ejemplaridad y no en la literalidad de las experiencias,20 escogiendo marcos que permitan una conexión más generalizada con la memoria. Sin embargo, esto no anula la posibilidad de futuros conflictos por los sentidos del pasado o del propio patrimonio que representa aquel pasado, pudiendo significar un “(...) eje de negociación y conflicto –entre víctimas ‘directas’ y sociedades más ‘amplias’, entre espacios y lugares concretos y ‘literales’ y sentidos ‘ejemplares’- está en el corazón de la relación entre memoria e identidad de grupos y actores sociales, estableciendo cuán amplio o limitado va a ser definido el ‘nosotros’ que rememora y conmemora.” (Jelin y Langland, 2003:15) Es por ello que los vínculos con el poder público son tan importantes, no únicamente para lograr visibilidad pública, sino para intentar resguardar los lugares, ya no de la destrucción física sino de la intervención simbólica e ideológica.21 En los últimos años varios lugares que durante la dictadura fueron centros de detención han sido declarados Monumento Nacional, a través de la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales22. Pero ello no significa que el Estado se involucre activamente en la gestión de esos lugares y tampoco que pasen a formar parte de una política pública de memoria, puesto que aún existen resistencias a emprender una tarea de esa envergadura. De hecho, pareciera que la sociedad civil, y en particular los emprendedores de memoria de los patrimonios de la represión, tuviesen mayor confianza en aquellas estrategias oficiales de construcción de patrimonios, que el propio Estado que las ejecuta. considerar a las víctimas no como militantes que habían asumido consciente y deliberadamente la opción de la lucha armada, sino como idealistas, románticos, inocentes y heroicos. Pernasetti, 2005. 20 “(...) no hay mérito alguno en ponerse en el lado acertado de la barricada, una vez que el consenso social ha establecido firmemente dónde está el bien y dónde el mal; dar lecciones de moral nunca ha sido una prueba de virtud. Sin embargo, hay un mérito indiscutible en dar el paso desde la propia desdicha, o de la de quienes nos rodean, a la de los otros, sin reclamar para uno el estatuto exclusivo de antigua víctima.” Todorov, 2000:13. 21 “La memoria como garantía de identidad puede ser objeto de lucha por parte de los grupos que intentan imponer su propia versión (sus propios sentidos) del pasado (...) la acción se orienta al presente, pero al mantenimiento de las nociones establecidas, de los marcos sociales que le dan sentido a la memoria de ese grupo que se siente amenazado o que se encuentra disputando su legitimidad. Las banderas que se levantan, aunque hagan referencia a la memoria, en realidad son una forma de reforzar un modo particular (del grupo) de entender los vínculos sociales sus normas.” Pernasetti, 2005. 22 Tales como la Cárcel de Pisagua, los Hornos de cal de Lonquén, el Estadio Nacional, los inmuebles de José Domingo Cañas 1367 y Londres 38 (ex Cuartel Yucatán), el Parque por la Paz Villa Grimaldi (ex Cuartel Terranova), el inmueble de calle Santa Teresa 037 (Nido 20) y el patio 29 del Cementerio General. 13 El patrimonio de la represión y la profundización de la democracia Cuando se piensa qué proyecto identitario es el que los patrimonios de la represión ofrecen a la sociedad al ponerse a disposición como un bien público, qué visión del pasado y que reflexión para el presente y el futuro, es importante recordar que la constitución de aquel proyecto se ha configurado al calor del paso del tiempo y de los debates, tanto nacionales como internacionales, en torno a la memoria y su importancia para la consolidación de la democracia. Desde el punto de vista de los usos de las memorias y los patrimonios, es muy posible advertir que durante varios años ciertos sectores de la sociedad chilena que fueron víctimas directas de las violaciones a los derechos humanos, e incluso organismos y agentes que enarbolaron la defensa de aquellos derechos durante la dictadura, han asumido que les corresponde ser “garantes de los derechos humanos” en el país.23 Esta identificación como los únicos autorizados a hablar y debatir acerca de aquellos derechos y sus transgresiones resultó un arma de doble filo, pues operó al servicio de la identidad de las víctimas por una parte, pero también a favor de otros proyectos identitarios (ideológicos y políticos) que han buscado acorralar y constreñir la ética de los derechos humanos a ciertos grupos y experiencias, impidiendo su irradiación a la sociedad chilena en su conjunto. De esta manera, un patrimonio que pretenda formar parte de la memoria colectiva nacional no puede seguir sosteniéndose en exclusiones que demandan actitudes compasivas, solidarias o reparativas por parte de quienes no vivieron en carne propia las violaciones a los derechos humanos. Así, el patrimonio es concebido únicamente como un elemento ilustrativo respecto de una alteridad de la cual quien contempla el patrimonio no forma parte, e impide que las nuevas generaciones, por ejemplo, vean en él una herencia compartida. A partir de otras perspectivas, es posible asumir que el problema trasciende las legitimidades y garantías de grupo, y que por lo tanto involucra a toda la sociedad chilena, en ese caso el recuerdo no opera automáticamente para detener la reiteración de los errores y garantizar el “nunca más”, sino que debe ser puesto en el contexto de ciertos marcos de sentido y lecturas que interpelen a la sociedad y a las generaciones, promoviendo una revisión del pasado que permita apropiarse de los patrimonios (es decir una nueva política patrimonial). En esta línea, el procesamiento del pasado no supone únicamente la recuperación de aquel para el presente, sino la reflexión en torno a los aprendizajes sociales 23 Esta visión puede representar otro prisma para mirar la versión del “sacrificio necesario” planteado por las memorias emblemáticas de la salvación, pero ahora desde el punto de vista de quienes sufrieron las violaciones a los derechos humanos, donde su sufrimiento sería la plataforma para internalizar los derechos humanos en la sociedad chilena, es decir habría valido de algo. 14 posibles de ser extraídos desde las experiencias pasadas y la forma en cómo ellos reditúan en la consolidación de la democracia. Es evidente que una primera revisión crítica que plantean los patrimonios de la represión, en su aspiración a ser considerados patrimonios nacionales, es a las memorias políticas oficiales que han gobernado la interpretación del pasado nacional, en función de ciertos proyectos políticos y culturales. “Que en una nación coexistan por largo tiempo una memoria y una conciencia políticas de esa naturaleza (basadas en una escala invertida de valores sociales, representadas por hechos y figuras autoritarias, arbitrarias y represivas) no es una cuestión de menor cuantía histórica, por el contrario, un tema estratégico atingente a su éxito o fracaso como nación.” (Salazar, 2005:20)24 Por una parte, como se ha visto, no es posible sostener la bondad de reprimir la memoria de las violaciones a los derechos humanos en función de la consolidación de la unidad y la paz social, suponiendo que ello no tendrá consecuencias en los procesos de profundización democrática, y por otro suponer que aquella memoria debe permanecer como patrimonio propio y restringido de un sector de la sociedad, ambas alternativas desvirtúan la potencialidad de la memoria para enfrentar un futuro compartido.25 Asumir el pasado como propio, no significa sólo acumular y retener citas, héroes y efemérides, sino que supondría que los ciudadanos aprendieron a responsabilizarse tanto por los hechos del pasado como por los del presente, pero ello involucra además el desarrollo de una nueva conciencia democrática, es decir de una actitud reflexiva y proactiva con relación a los hechos que ocurren en la sociedad y sobre todo a las acciones que emprenden las autoridades. Al respecto es elocuente la pregunta de Karl Jaspers sobre la situación alemana: “¿Tenemos que responder nosotros los alemanes por las atrocidades que hemos sufrido por parte de alemanes o por aquéllas otras de las que nos hemos librado 24 “La mitificación y heroificación de los personajes nombrados (O’Higgins, Portales, Alessandri e Ibáñez) –y otros que no cabe consignar aquí- ¿ha respondido a una necesidad colectiva de todos los chilenos, o sólo a la necesidad particular de un grupo determinado?. La interpretación predominante del período 1810-1837 (señalado como el “tiempo madre” de la construcción nacional) ¿es una interpretación historiográficamente probada y teóricamente consolidada, o fue y es sólo una oportunista construcción ideológica tendiente a justificar, tras la máscara encubridora de ‘la patria’, la imposición abusiva de los intereses y conveniencia de un grupo particular de chilenos a toda la nación?.” Salazar, 2005:24. 25 El caso chileno manifiesta aquí algunas similitudes con la situación alemana de postguerra, donde el privilegio de la unidad de la Alemania Federal frente a las amenazas del bloque soviético, habrían frenado el proceso de desnazificación y revisión del pasado, temiendo fracturas al interior de la sociedad alemana, las que igualmente se produjeron cuando las generaciones jóvenes interpelaron a las mayores acerca de un pasado compartido y marcado por el horror del holocausto. En el caso chileno, la resistencia a “enfrentar el pasado aclarándolo” aún persiste, el temor a la disidencia, al conflicto y a revisar actuaciones personales por parte de las elites políticas y dirigenciales, han dificultado que el procesamiento del pasado sea percibido como una oportunidad más que como una amenaza para la democracia. Habrá que esperar el paso del tiempo, para realizar esta tarea pendiente. 15 milagrosamente? Sí, en tanto que hemos tolerado el surgimiento de un régimen tal entre nosotros.” (Jaspers, 1998: 80) La única salida que el filósofo ve para impedir la reiteración de los errores del pasado y trabajar seriamente por el “nunca más” es que los ciudadanos y sus autoridades se hagan responsables, que reconstruyan la comunidad no sólo en el presente sino hacia el pasado y el futuro.26 Este punto es particularmente relevante cuando se pretende construir un patrimonio de la represión y ponerlo a disposición pública, pues el patrimonio fundamentalmente establece filiaciones identitarias hacia el pasado manifiestas, expresadas o representadas por el patrimonio en el presente. Si los sujetos de hoy no pueden identificarse con la experiencia de la víctima en tanto tal, puesto que el contexto actual es democrático y no represivo, habrá que buscar anclajes que permitan que los integrantes de la sociedad puedan ver en el patrimonio no sólo un vestigio del pasado, sino que un medio de interpelación en el presente: ¿cómo fue posible lo ocurrido?, ¿qué haría yo en esas circunstancias?, ¿cómo me involucro hoy con esa herencia?, etc. 27 El problema de las responsabilidades sigue siendo un tema escasamente abordado en el debate sobre el pasado reciente del país, a pesar de que los gobiernos han promovido políticas de reparación desde el Estado a nombre de todos los chilenos, así se entiende que todos deben hacerse cargo de reparar a las víctimas, a través de las acciones del Estado.28 Si las generaciones se encuentran “implicadas y atrapadas” por los hechos del pasado, quienes buscan el “borrón y cuenta nueva” sólo desean la debilidad de la comunidad nacional, pues es necesario cargar tanto con lo bueno como con lo malo, y esa actitud refuerza el sentimiento colectivo de la comunidad previniendo su fractura.29 26 Aquí son importantes las precisiones que Hannah Arendt hace sobre el concepto de responsabilidad colectiva derivada de la culpa política, donde todos los ciudadanos de un Estado son responsables de las consecuencias originadas por las acciones de ese Estado (el Estado criminal es una carga para los ciudadanos), lo cual es posible si dos condiciones se encuentran presentes: a) el sentirse responsable por algo que uno no ha hecho porque se es parte de un colectivo que ningún acto voluntario de un miembro puede disolver (lo que lo diferencia de las sociedades de negocios o las aglomeraciones circunstanciales de personas, que pueden ser disueltas); b) cuando todas las comunidades políticas (naciones) y no únicamente los gobiernos representativos (Estados) asumen la responsabilidad por los hechos del pasado o las acciones de sus predecesores. 27 La perspectiva que divulga la Fundación Ana Frank trabaja en esa línea, mientras en la Alemania nazi unos delataban otros asumían la opción personal de proteger a los perseguidos, es decir siempre es posible plantear la interrogante. 28 “La culpa, tanto en sentido moral como en sentido jurídico, se imputa a personas particulares, mientras que los ciudadanos de una comunidad política deben ‘responder’ de las vulneraciones de la dignidad humana practicadas o incluso legalizadas en ella.” Habermas, 2001: 53. 29 La debilidad del “nosotros” que detectaba el Informe de Desarrollo Humano del año 2002 no redunda sólo en una escasez de referentes simbólicos compartidos, sino en la debilidad de un compromiso colectivo y de una mayor conciencia que permita resguardar la dignidad e integridad 16 Así, pensar en las memorias de las violaciones a los derechos humanos y los lugares de memoria activados por esas memorias, como patrimonio, y como patrimonio nacional, implica el desafío de identificar una herencia en la cual la diversidad de chilenos puedan identificarse, no sólo con la resistencia a la dictadura, con el sufrimiento de las víctimas, sino más allá, con los procesos y fatalidades que desencadenan la reiteración del mal y la necesidad de dar un salto cualitativo en la integración de los derechos humanos como parte de una cultura y actitud cotidianamente democrática con la cual se comprometen como comunidad política, sin la necesidad de consagrar en ello tradiciones y filiaciones ancestrales o esenciales. 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