Edward Snowden no es un héroe, pero la humanidad le debe un enorme favor. Los documentos que el ex topo de la CIA filtró al mundo demuestran lo que hasta acá la política global sabía pero no se atrevía a denunciar: que Estados Unidos no ahorrará en crímenes para seguir siendo lo que es. Un imperio voraz.
Los habitantes de América latina podríamos presumir que no necesitábamos de Snowden para saberlo. En esta región, Estados Unidos propició golpes, dictaduras genocidas, políticas económicas predatorias y elites financieras mafiosas con el evidente objetivo de succionar sus recursos naturales, materiales y humanos. La intervención fue tan vasta y letal que en la diplomacia regional aún se intercambia un viejo chiste: “¿Sabe por qué en Estados Unidos no hay golpes de Estado? Porque allí Estados Unidos no tiene embajada”.
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A pesar de las evidencias históricas, en varios países de Latinoamérica, como la Argentina, abundan quienes creen que la intervención estadounidense en asuntos domésticos es pura ficción. El equívoco fue alimentado por formadores de opinión aliados o cooptados por la diplomacia estadounidense, como lo revelaron
los cables difundidos por Wikileaks, donde abundan referencias a los vínculos entre La Embajada y el sistema tradicional de medios que en nuestro país conduce el multimedios Clarín. Un detalle: referirse a la sede diplomática estadounidense como “La Embajada” explicita hasta qué punto se naturalizó a EE.UU. como faro político. Pero no son las sedes diplomáticas las únicas que perpetran las actividades intervencionistas de EE.UU. en la región. El país del Norte cuenta con una compleja red de organismos que, con fachadas varias, fueron y son utilizados para tareas sucias que van desde el espionaje y la formación de cuadros dirigenciales adictos hasta la desestabilización de gobiernos y economías con su consecuente costo político y social.
Una de las organizaciones más activas es la
United States Agency International Development (USAID), un organismo que EE.UU. creó con la proclamada intención de desplegar tareas humanitarias en los países del Tercer Mundo. Su origen se remonta a la
Alianza para el Progreso, creada el 13 de marzo de 1961 por los mismos funcionarios que varios años antes habían alumbrado el
Plan Marshall con la intención de poner a su país a la cabeza de la reconstrucción de la Europa de posguerra. La Alianza fracasó a poco de nacer luego de que los países de la región rechazaran las condiciones de la “revolución pacífica y democrática” que pretendía imponer EE.UU. a cambio de los 20.000 millones que prometía invertir. Pero antes de que fuera cancelada, en noviembre de 1961 se fundó la USAID, una de sus agencias que, en las formas, debía vehiculizar parte de las inversiones a programas de desarrollo humanitario, fachada que se mantiene hasta hoy.
La fantasía filantrópica le permitió forjar, a través de
generosos aportes financieros,
una red de fundaciones y ONGs destinadas a difundir los beneficios del alineamiento con EE.UU. y su “american way of life” mediante propaganda y programas de formación. Pero esa es apenas la cara amable de su tarea. Apenas maquillado, el verdadero rostro de la agencia es más hostil: intervenir en los procesos políticos de la región con el pretexto de proteger la seguridad nacional de su país.
La militarización de los objetivos de la USAID tocó cumbre en 2010 cuando el presidente Barack Obama incluyó al general
Jeam Smith –un estratega militar que estuvo en la OTAN– en el Consejo de Seguridad sólo para que atendiera los programas de “asistencia social” que llevaba adelante la agencia. Y como director adjunto se nombró a
Mark Feierstein, cuya hoja de servicios encajaba con los desafíos que EE.UU. percibe en la región: experto en
guerras de cuarta generación –o campañas de desinformación–, y dueño de Greenbarg Quinlan Rosler, una firma que ofrece orientación estratégica sobre campañas electorales, debates, programación e investigación.
Alérgico a los gobiernos populares que se extienden por América latina,
Feierstein probó la eficacia de su método como asesor de Gonzalo Sánchez de Lozada durante la campaña que lo depositó en la presidencia de Bolivia. Goñi, como lo llamaban en su patria, fue el paroxismo del coloniaje político que EE.UU. impartió en los 90 sobre los países del Sur. Criado, educado y formado en suelo estadounidense, Sánchez de Lozada volvió a su tierra de nacimiento para ser presidente de la mano de Feierstein. Duró en el cargo algo más de un año: la denominada “Masacre del Gas”, en 2003, donde murieron más de 60 personas, lo eyectó del poder y lo devolvió a EE.UU., donde vive como prófugo de la Justicia boliviana amparado por el gobierno que nombró a su amigo Feierstein al frente de la USAID.
Las correrías de su director no es lo único que liga a la agencia con Bolivia. El pasado 1 de mayo, el presidente
Evo Morales no sabía que el escándalo Snowden lo llevaría a protagonizar
una vergonzosa detención en Europa. Pero sí sabía de lo que la
USAID era capaz. Por eso, en esa jornada emblemática donde los trabajadores celebran su día, el presidente anunció que expulsaba a la agencia de suelo boliviano por “injerencia política” y “conspiración”. Días después, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, detalló:
“No se trata de una agencia inocente de cooperación filantrópica de Estados Unidos a Bolivia y al mundo. La agencia estadounidense sirvió para legitimar las dictaduras entre 1964 y 1982, para promover el neoliberalismo entre 1985 y 2005, además es un factor externo que alimenta la inestabilidad en el país desde 2006”.
Uno de los hechos que llamó la atención del gobierno boliviano fue la materialización, en 2007, de un convenio entre el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y la USAID para llevar adelante “programas sociales” en Bolpedra, Cobija y El Porvenir. El apoyo logístico estuvo a cargo del Comando Sur y la cobertura institucional de la Iniciativa de Conservación de la Cuenca Amazónica. Otro episodio que motivó la expulsión fue la activa participación de la agencia estadounidense vía Wildlife Conservation Society (Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre) en la disputa violenta entre los pobladores de Caranavi y Palos Blancos por el lugar de instalación de una planta procesadora de frutas en enero de 2010, a pocos días de que Evo Morales asumiera su primer mandato dentro del Estado Plurinacional.
La utilización de fundaciones y ONGs para tercerizar operaciones es una práctica habitual de la USAID. En la Argentina, por caso, hay una decena de fundaciones que operan por cuenta y orden de la agencia estadounidense. Que los movimientos sean más sigilosos no implica que sean menos potentes. Un ejemplo: entre el 8 y el 12 de abril de este año, la USAID financió una cumbre de la derecha internacional. Organizada por la Fundación Libertad –el tentáculo predilecto de la agencia en nuestro país–, a la cita concurrieron el Nobel Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro –reactivos a los gobiernos populares que habitan la región–; José María Aznar –ex presidente español que impulsó la invasión a Irak–; el pinochetista Joaquín Lavín; Marcel Granier, presidente de la emisora venezolana RCTV que apoyó e impulsó el golpe a Hugo Chávez en 2002, y la cubana anticastrista Yoani Sánchez, quien a último momento desistió de la visita.
El seminario abundó en críticas contra los procesos emancipadores de la región. Y los expositores, sin sutilezas, pidieron terminar con los gobiernos populares en curso para reemplazarlos por otros más “modernos”, a tono con los conceptos de “democracia” que EE.UU. impuso como doctrina global. No fue, por cierto, un planteo original. Cinco años atrás, en el mismo escenario empachado de prosperidad sojera, se había realizado un seminario similar, con el propio
Vargas Llosa como animador principal.
Aquel seminario contó con varios “expertos” alineados con las políticas del
Consenso de Washington como el periodista de La Nación Carlos Pagni, el ex candidato presidencial Ricardo López Murphy, y Mauricio Macri, regente del Pro y de la Fundación Pensar, co-organizadora del evento.
Estas fundaciones, como otras similares que operan en la región, cuentan con el aval financiero del National Endowment for Democracy (NED, Fundación Nacional para la Democracia), financiada oficialmente por el Congreso norteamericano. Pero la vinculación no se agota en los aportes. En los ochenta, mucho antes de ser director de la USAID, el inefable Feierstein trabajó para la NED en Nicaragua. Su objetivo: evitar el triunfo del sandinista Daniel Ortega. Lo logró patrocinando la candidatura de Violeta Chamorro.
Las operaciones de la dupla USAID-NED en América latina fueron reveladas por Wikileaks, el sitio que difundió millones de telegramas internos del Departamento de Estado. En uno de ellos, el ex embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, reveló cómo su país alimentó la oposición a Hugo Chávez con ideas y millones. El telegrama, enviado desde la embajada de EE.UU. en Caracas en noviembre de 2006, detallaba cómo docenas de organizaciones no gubernamentales recibían financiamiento del gobierno norteamericano por intermedio de la USAID y de la Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transition Initiatives –OTI–). Este operativo incluyó “más de 300 organizaciones de la sociedad civil venezolana”, que iban desde defensores de los discapacitados hasta programas educativos.
En apariencia, esos programas tenían objetivos humanitarios, pero fue el propio embajador Brownfield quien detalló los objetivos reales de esas inversiones: “La infiltración en la base política de Chávez... la división del chavismo... la protección de los intereses vitales de EE.UU... y el aislamiento internacional de Chávez”.
Brownfield escribió que el “objetivo estratégico” de desarrollar “organizaciones de la sociedad civil alineadas con la oposición representa la mayor parte del trabajo de USAID/OTI en Venezuela”. A confesión de partes…
En una excepción a su modus operandi, en Paraguay la agencia hizo el trabajo sucio sin intermediarios. Invirtió 65 millones de dólares en el proyecto “Umbral”, un programa que incluyó la confección de un Manual Policial, lo que le permitió hacer pie en una institución que resultaría clave en el devenir político del país. Fue la policía, con una brutal e injustificada represión rural, la que sirvió en bandeja la excusa para derrocar al presidente Fernando Lugo. Ya lo predijo el ministro de la Corte argentina Raúl Zaffaroni: sepultado el partido militar, son las fuerzas de seguridad quienes ejercerán el rol de fuerza de choque de los poderes fácticos de la región interesados en interrumpir procesos políticos que contraríen sus intereses.
Las operaciones de la agencia revelan que la verdadera amenaza para la consolidación del proceso político de la región no es el espionaje, sino las decisiones que EE.UU. tome a partir de esa información. Como se demostró en Irak –donde el Pentágono utilizó información falsa para justificar la invasión–, ni siquiera es necesario que los datos sean fiables. Basta con que la CIA o algún organismo similar evalúe que algún país de América latina representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense para que se avance con ataques preventivos hacia esa nación. La avanzada puede ser brutal, como en Irak, o más sofisticada, ejecutando tareas que desestabilicen a un gobierno popular. Una conspiración que nunca descansa.
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Todos bajo la lupa
A partir de las revelaciones de
Edward Snowden, el ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos, se descubrió un manto que confirma la red de espionaje del gobierno de Barack Obama. Todo comenzó cuando le ofreció a The Guardian y The Washington Post la publicación de documentos e información confidencial. Siguió con el episodio del
secuestro del presidente Evo Morales luego de visitar Rusia, donde se suponía que estaba Snowden, cuando no le permitieron usar el espacio aéreo de España, Italia, Portugal y Francia por sospechar que estaba escondido en su avión. El hecho mereció
el repudio de todos los mandatarios de la Unasur que se reunieron en forma urgente en Bolivia, para brindar apoyo a Evo.
Mientras Snowden buscaba asilo político y con Estados Unidos tratando de cazarlo en todo el planeta, hace pocos días volvió a revelar nuevos documentos, esta vez fueron publicados en el diario brasileño
O Globo.
Se conoció que la red de espionaje de Estados Unidos se expandió por toda América latina, operando fuertemente en Brasil, México y Colombia, pero con una rigurosa vigilancia en países como la Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Panamá.
Los datos confirman el espionaje vía satélite de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y conversaciones online, hasta por lo menos marzo de este año. El monitoreo se realizaba a través de los programas de software: el Prism (Prisma) que permite el acceso a e-mails, conversaciones online y llamadas de voz de usuarios de Google, Microsoft y Facebook y el Boundless Informant (Informante Sin Límites), que permitían violar toda clase de comunicaciones internacionales, faxes, e-mails, entre otros. Los temas más controlados por los espías fueron petróleo y acciones militares en Venezuela, energía y drogas en México, un mapeo de los movimientos de las FARC en Colombia, además de la agonía y muerte de
Hugo Chávez.
La presidenta
Cristina Fernández de Kirchner mostró su preocupación en el acto del 9 de julio en Tucumán y señaló:
“Me corre frío por la espalda cuando nos enteramos que nos están espiando a todos a través de sus servicios de informaciones. Más que revelaciones, son confirmaciones que teníamos de lo que estaba pasando”. De paso, aprovechó para hacer un llamado de atención: “Los gobernantes de los pueblos de la América del Sur, que hemos dado batalla en esta década incluyendo a millones de compatriotas, tenemos el deber de mirar lo que está pasando y unir nuestras fuerzas”. El viernes 12.07 se reúnen los representantes del Mercosur y la Presidenta espera “un fuerte pronunciamiento y pedido de explicaciones” al gobierno de Obama.
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Manual del golpista ilustrado...
