LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS

LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 2 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS Contenido Redes y organizaciones impulsoras de los Encuentros Regionales para la Paz Red de Programas de Desarrollo y Paz - Redprodepaz Ruta Pacífica de las Mujeres Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base Pensamiento y Acción Social – PAS Comité de Impulso Marina Gallego Zapata Irma Adela Perilla Piñeros Gonzalo Murillo Escobar 5 1. Presentación 7 2. Paz, conflictos y violencia: visiones y perspectivas desde los territorios Coordinación Programática Irma Adela Perilla Piñeros Coordinación Metodológica 23 3. La Paz Territorial: hacia un modelo civilista de desarrollo y paz territorial 37 4. Hoja de ruta para la construcción de Paz Territorial Diego de Jesús Pérez Guzmán Análisis Cultural Carlos Hernán Fernández Niño Sistematización Olga Lucía Ramírez Ramírez Diego de Jesús Pérez Guzmán Carlos Hernán Fernández Niño Con el apoyo de: Comunicaciones María Mercedes Abad Olaya Germán Moreno Fundación Chasquis Oficina del Alto Comisionado para la Paz Diseño e impresión Fundación Chasquis Embajada de Suecia Embajadas de Suiza Embajada de Noruega 40 Anexos 3 4 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 1. Presentación Los Encuentros Regionales para la Paz (ERP), fueron la iniciativa que la Redprodepaz1, en alianza con la Ruta Pacífica de las Mujeres2, la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base3 y la Corporación Pensamiento y Acción Social (PAS)4, presentaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), a propósito de generar movilización social y activar la participación ciudadana en torno al proceso de paz que se desarrolla en La Habana. A este esfuerzo se vincularon con profundo compromiso las Embajadas de Suecia, Suiza y Noruega, a quienes les expresamos el más sincero reconocimiento. 1 Durante el segundo semestre de 2014 se realizaron 12 Encuentros Regionales para la Paz en los siguientes municipios: Quibdó, Puerto Asís, Sincelejo, Popayán, Florencia, Chaparral, Tumaco, Granada, Barrancabermeja, Tibú, Apartadó y Tame. En total participaron 5.608 personas que representaron a 2.143 organizaciones, de las cuales 1.443 pertenecen a la sociedad civil, (67%). Del 33% restante, se destaca la baja participación de las alcaldías y gobernaciones (5.2%), más del doble de esa proporción del sector empresarial (12.1%), y una significativa participación de los medios de comunicación social (22.1%). 2 La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista y pacifista, que está presente en 9 departamentos del país. De ella hacen parte cerca de 300 organizaciones de mujeres. El Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ha promovido el concepto de Paz Territorial indicando que “en el centro de su visión de paz hay una preocupación por el territorio y una preocupación por los derechos”5. Con base en este enfoque se impulsó un diálogo social en estas doce regiones, con la finalidad de informar y analizar los avances del proceso de negociaciones del Gobierno y las FARC en La Habana, discutir las implicaciones que tienen los acuerdos para las regiones, y reconocer e identificar los procesos, propuestas y agendas de construcción de paz en estos territorios. Los Encuentros hacen posible concebir la Paz Territorial como un proceso democrático por medio del cual, el conjunto de actores y organizaciones con asiento y presencia en los diferentes territorios, logran articular sus intereses, expectativas y agendas alrededor de una visión compartida de futuro, como fruto del diálogo útil y respetuoso del territorio consigo mismo, la nación y la comunidad internacional. Este proceso para que sea efectivo debe conducir a la construcción de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y ambientales, que permitan ordenar el territorio y refundar las relaciones en el respeto y la protección de los Derechos Humanos La Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz es un Sistema de Coordinación Nacional de la Sociedad Civil que convoca y articula a 24 iniciativas regionales de desarrollo y paz y a 18 entidades de apoyo que desde hace más de 12 años promueven procesos participativos de construcción de Estado social de derecho desde el territorio, bajo un enfoque de paz y reconciliación. 3 La Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base agrupa a 30 iniciativas y procesos locales/ regionales de paz con presencia en 7 departamentos del país. 4 Pensamiento y Acción Social (PAS) es una ONG que a través de aliados y socios, desarrolla propuestas y acciones estratégicas con un enfoque desde la base, alrededor de sus tres líneas de trabajo: construcción de paz; seguridad y protección; y territorios y Derechos Humanos. JARAMILLO, Sergio. Alto Comisionado para la Paz. La Paz Territorial, Conferencia en la Universidad de Harvard, 13 de marzo de 2014. 5 5 6 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS Por tanto, la Paz Territorial supone un gran proceso de reingeniería social, política e institucional, capaz de activar transformaciones de fondo en la vida de los pobladores. Para ello resulta imperativo detener la guerra. Es el primer paso indispensable para generar condiciones favorables a la construcción de una paz participativa y sostenible en los territorios. Las y los participantes consideraron cada uno de los componentes propuestos por el Gobierno para el enfoque de la Paz Territorial, a saber: enfoque territorial del desarrollo, participación política y ciudadana, relaciones con la institucionalidad, construcción de ciudadanía y reconciliación. En esta primera aproximación y desde sus realidades y prácticas locales y regionales, se hicieron importantes contribuciones que recoge este documento bajo el título “Modelo Civilista de Desarrollo y Paz Territorial” (MCDPT). Finalmente concluyeron que es necesario profundizar en este enfoque territorial de la paz. Para formular los elementos claves del modelo propuesto, se consideró pertinente empezar por identificar y analizar las visiones y lecturas que se tienen en los territorios acerca de los conflictos, las preocupaciones y esperanzas sobre el actual momento de negociación que cursa en La Habana, y socializar las visiones sobre la paz deseada para sus territorios. Por último, bajo el criterio de participación activa de las comunidades y organizaciones en la construcción de la paz en sus territorios, se plantea una hoja de ruta a seguir que va más allá de la actual coyuntura. LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 2. Paz, conflictos y violencia: visiones y perspectivas desde los territorios “Así como nosotros estamos en La Habana, en una mesa de conversaciones, para lograr unos acuerdos… así también hay que construir un modelo de pactos en los territorios.” 6 Sergio Jaramillo – Alto Comisionado para la Paz Para que la paz sea pactada, también desde los territorios, como lo señala el Alto Comisionado para la Paz, es necesario hacer reconocer las diferentes comprensiones y significados que tienen los actores sociales y políticos acerca de los cambios que se requieren para construir la paz, lo que está en juego, las exigencias, retos y dificultades que tendrá el proceso. Reconocer diversas visiones y perspectivas para tender puentes entre ellas, es un paso importante en la tarea de generar acuerdos territoriales que sean sostenibles en el tiempo. El presente capítulo es fruto del análisis de la información recogida en el marco de los Encuentros Regionales para la Paz, realizados en 12 regiones colombianas durante el segundo semestre del 2014.7 Se hace un balance de las principales visiones, perspectivas y retos que plantean los actores regionales acerca de la construcción de la paz y el lugar que dan a las “Conversaciones de La Habana”. Por otra parte, se presentan diferentes aproximaciones sobre la violencia y el conflicto en los territorios, los principales retos a nivel de las prácticas políticas, organizativas e institucionales, y algunas perspectivas para avanzar hacia la convivencia y la reconciliación. 2.1 La construcción de paz… ¡Más allá de “La Habana”! Sin duda el primer significado de la paz en los territorios tiene que ver con desactivar la violencia armada. Es el punto de partida para avanzar en la construcción de paz sostenible. Sin embargo, frente a un posible acuerdo para poner fin al conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las FARC- EP, la población -especialmente de regiones victimizadas por la guerraexpresa diversas preocupaciones: i) incertidumbre ante lo que pueda suceder con los desmovilizados. Si van a dejar las armas, a seguir con sus actividades de manera soterrada, o a convertirse en “nuevos delincuentes” debido a la falta de garantías para su reintegración. ii) Miedo ante la continuidad del accionar de otros grupos. Por un lado el ELN y el EPL, con los cuales se insiste “también hay que negociar”; y por otro, con las Bacrim y las mafias que querrán ocupar el espacio dejado por las FARCEP, y a las cuales el Estado no tiene capacidad de someter. iii) Temor por los y las jóvenes, niñas y niños que han vivido el trauma de la guerra y han recibido el legado de la violencia. iv) Desconcierto ante las continuas amenazas y el hostigamiento a líderes y organizaciones sociales, incluso hacia quienes apoyan el proceso de paz, sin que el Gobierno tome medidas. v) Preocupación ante el incremento de la violencia contra las mujeres, la cual se manifiesta no solo en su 6 Comentario realizado por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, en el Encuentro Nacional de Sistematización de los Encuentros Regionales para la Paz. Bogotá 23 de febrero de 2015. 7 Ver en anexos el conjunto de la información organizada en documentos por cada región, así como documentos síntesis: Hojas de ruta, Análisis cultural, Sistematización de preguntas y preocupaciones. 7 8 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS utilización como arma de guerra en el marco del conflicto armado, sino en todos y cada uno de los ámbitos de la vida pública y privada. Estas preocupaciones, fundadas en hechos del pasado y en la continuidad de la guerra y las violencias en el territorio, generan un sentimiento contradictorio en la población, que gira entre la imposibilidad de creer en otra realidad distinta a la omnipresencia de la violencia, y la esperanza de que se le ponga fin. La paz significa también el desarme de la vida cotidiana en los territorios. Desterrar en especial la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y asegurar las condiciones sociales, institucionales y educativas para la no repetición. La presencia histórica y profunda de la guerra y el militarismo en la vida de las regiones ha naturalizado la violencia y aumentado la propensión a “empuñar las armas”, al “uso de la fuerza” y el “recurso cotidiano a métodos violentos” (intimidación y amenaza) como medios para el logro de objetivos personales y colectivos, o para tramitar los conflictos. La comprensión de la paz como fin de la violencia incorpora una dimensión preventiva/educativa que involucra a las nuevas generaciones en el sentido de enseñarles métodos y prácticas no-violentos de transformación de los conflictos. Pero si bien la paz significa el fin de la violencia armada, no significa el fin de los conflictos, sino la generación de condiciones para su transformación no-violenta. Se entiende y afirma que además del fin de la confrontación armada, la paz requiere abordar los conflictos que aún están irresueltos: “porque el conflicto sigue ahí”. En este sentido, emerge otra comprensión: la paz es un “proceso”, de largo plazo, a través del cual los conflictos se pueden transformar por vías pacíficas. Esta comprensión de la paz implica necesariamente que una vez termine la guerra, se hace necesario generar condiciones democráticas que permitan abordar los conflictos pendientes que dieron origen a diversas formas de violencia: estatal, guerrillera, mafiosa, etc. De allí que los acuerdos de “La Habana” se asumen como “un esfuerzo para parar la guerra”, “concretar unos mínimos” o “definir una carta de intención” que abrirá la puerta para abordar los conflictos que están detrás de la violencia. Un segundo significado de la paz es que es el resultado de transformaciones económicas, políticas y sociales. Estas, deben subsa- LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS nar la ausencia, tolerancia o complicidad del Estado con la injusticia social y la inequidad territorial, por lo que debe pagar la deuda histórica (social, económica y ambiental) contraída con las regiones más victimizadas. Esta deuda tiene relación con el respeto por el derecho a la tierra, al territorio, y a la autonomía de comunidades y pueblos a decidir su futuro. En un sentido amplio la paz se entiende como la plena vigencia de los Derechos Humanos y como la posibilidad de un desarrollo humano integral. Desde otro ángulo, el de la “confianza inversionista”, la paz se percibe como seguridad y garantías para las actividades productivas y la llegada de programas sociales, lo cual llevaría al florecimiento de las regiones “que no se han podido desarrollar a causa de la guerra”. “La paz es un camino, un proceso de diálogos donde se reconstruye un orden justo, se mejoran las condiciones de vida y existe solidaridad. El horizonte es un país nuevo que exige esfuerzos en varios niveles: personal, familiar, comunitario, local, regional y nacional”. (Encuentro Regional para la Paz – Magdalena Medio) Con respecto a estas comprensiones, el proceso de conversaciones y acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARCEP se percibe de diferentes formas: como el lugar en el cual se están definiendo y resolviendo todos y cada uno de los conflictos y ausencias que ha tenido el Estado a lo largo de la historia; como una oportunidad y una parte importante y definitiva (pero solo una parte del proceso) que abrirá el camino hacia una construcción más amplia, la cual tiene que ser realizada por los actores regionales y exigirá esfuerzos en un tiempo hasta de 20 o 30 años; y finalmente, quienes ven el proceso de La Habana como un escenario más de los que ya se han dado, donde no sucederá algo significativo para la población, y que incluso traerá nuevos problemas y nuevas violencias. “La paz es un compromiso de conciencia más que la firma de un papel” (Encuentro Regional para la Paz- Tumaco/ Nariño) La altísima expectativa que tiene una parte de la población acerca de lo que sucede en los acuerdos de La Habana, tiene que ver con la magnitud de las necesidades de las comunidades (vías, salud, educación), con la profunda inequidad que sufren, con el abandono histórico que han experimentado los habitantes de los lugares más apartados de las grandes ciudades capitales, así como con la vulneración y falta de garantías para la plena vigencia de sus derechos humanos. Es evidente que para la población no es clara la distinción entre las implicaciones que tiene la construcción de la paz (los tiempos y cantidad de esfuerzos que ella requiere), y el alcance (limitado) de los acuerdos de La Habana. Pero más allá de la necesaria distinción entre lo que es la construcción de paz y lo que son los acuerdos de La Habana, existe una divergencia importante entre quienes esperan cambios sustanciales en el modelo económico y político, y quienes piensan que solo se trata de hacer las correcciones y ajustes institucionales que permitirán un mejor juego democrático. “La paz es una construcción de largo plazo que requiere nuevos códigos de ética y de relacionamiento que permitan superar los conflictos que surgen del traslape de diversos modelos de desarrollo.” (Encuentro Regional para la Paz – Montes de María) En este sentido, es necesario clarificar varios aspectos que resultan cruciales. Por un lado, si los acuerdos de La Habana van a afectar -y hasta qué punto- las estructuras sociales, económicas y políticas (modelo de desarrollo, estructura política, etc.), y si los cam- bios van a beneficiar realmente a los sectores excluidos y marginados. Por otra parte, supone hacer claridad sobre los tiempos, la forma y los procedimientos a través de los cuales se producirán y se harán sostenibles dichos cambios; por ejemplo, en términos de la inversión económica que se requiere o de las responsabilidades de los diferentes actores, y cómo sería su participación en el proceso. En tercer lugar, la paz se entiende como reconocimiento de la pluralidad y respeto de la autonomía de las comunidades en las decisiones sobre la vida del territorio. Si “La paz se construye desde el territorio y con la gente”, como afirma el Gobierno Nacional8, entonces se trata de una paz diferencial que requiere adecuarse a los diversos actores e intereses, así como a las particularidades de los territorios (subregiones, micro-regiones). Pero si bien es deseable una paz diferencial, ésta exige también unos mínimos compartidos. Ellos son la garantía de que los particularismos no se profundicen y reproduzcan la fragmentación social. La paz ha de incluir niveles de especificidad, de acuerdo con las particularidades poblacionales, generacionales, así como territoriales a escalas cada vez más locales, y a la vez desarrollar niveles de consenso y acuerdo en torno a los horizontes y metas, desde lo local hasta lo nacional, pasando por lo regional, teniendo presente los mecanismos que permitirán alcanzarlas. La construcción de mínimos compartidos exige la apertura de un campo político adecuado para tramitar los intereses diversos y los conflictos que se presenten. Requiere garantías e imparcialidad por parte del Estado, para el ejercicio equilibrado del poder por parte de los diferentes actores sociales. Existe el temor de que “las cosas van a seguir igual” o que la posibilidad de cambios dependerá de la capacidad social e institucional para contener a quienes toman decisiones de forma unilateral y privada sobre los asuntos públicos, así como de las reales garantías para que las decisiones sobre los planes y programas sean tomadas de forma participativa, concertada y con respeto de los planes de vida (diferenciados) de los habitantes del territorio, incluyendo a la población campesina. 8 Enunciado recurrente en las presentaciones del Gobierno Nacional acerca de la Paz Territorial y del papel de las regiones en la etapa de pos-acuerdo. 9 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 10 9 http://www.elpais.com.co/elpais/ judicial/noticias/pais-urbano-sabe-guerra-francisco-roux 10 No se pretende aquí agotar el universo de significados de paz en las regiones; solamente recoger algunos de los significados más recurrentes. 11 Los altos niveles de escepticismo registrados en los encuentros coinciden con los resultados de la Encuesta Polimétrica de Cifras y conceptos del 2014 en la cual apenas un 39% de los encuestados cree que el proceso gobierno-FARC llegará a un final positivo, mientras que el 57% piensa que no. “La paz es solidaridad, es superar el modelo de “cada quien se acomoda como puede” sin que importe si otro muere de hambre.” (Encuentro Regional para la Paz – Tumaco/Nariño) Cada grupo y sector social presenta demandas relativas a sus necesidades y particularidades, las cuales considera condiciones para la paz. En medio de estas innumerables demandas es posible extraer algunos significados recurrentes. Para las mujeres la paz significa la eliminación de las violencias contra ellas en lo privado y en lo público; la inclusión, participación y el desarrollo de políticas que erradiquen la discriminación en todas las dimensiones de la vida social, política, económica y cultural. Para los y las jóvenes, la paz es reconocimiento como sujetos políticos, que sean tomados en serio en su palabra y sus propuestas y les sean brindadas oportunidades para su desarrollo. Para las minorías sexuales LGTBI significa el cese de la estigmatización y del señalamiento, así como la incorporación de sus particularidades en las políticas públicas. Para las iglesias, la apertura de espacios de diálogo y entendimiento entre quienes han estado enfrentados, perdón y reconciliación. Para indígenas y comunidades negras la paz está ligada al respeto a sus culturas, modos de vida y a los territorios colectivos: “la paz es un proceso para restituir el sentido colectivo de lo que está bien para quienes habitan el territorio”. (Encuentro Regional para la Paz – Magdalena Medio). De forma transversal a estas múltiples aproximaciones, y dada la magnitud de los efectos de la guerra, es particularmente relevante el lugar de las víctimas y lo que para ellas significa la paz: restitución de la dignidad, de la tierra, reconocimiento y reparación individual y colectiva del daño que les ha causado todos y cada uno de los grupos armados, incluyendo a la fuerza pública, bien por acción como por omisión. Otro aspecto que resulta significativo es la distinción entre lo que es la paz en el mundo rural y lo que significa en el mundo urbano. Es evidente que tienen características muy distintas. Lo que no es evidente es que están íntima- LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS mente relacionadas, como lo están los conflictos urbanos y rurales. Dado que muchos de los conflictos tienen que ver con las valoraciones y la forma como se dan las interacciones económicas, sociales y políticas entre uno y otro lugar, la definición de una política de desarrollo rural integral para el campo no puede estar al servicio de los modelos de vida en las ciudades, sino que debe tener su propio lugar dentro de un modelo de sociedad. La paz y el desarrollo en las ciudades no pueden condicionar ni comprometer la paz de los habitantes de las áreas rurales9. Por último, la paz se entiende como un ejercicio de coherencia por parte del gobierno en relación con el respeto a los acuerdos suscritos y cumplimiento de lo pactado10: una paz de hechos y no de palabras. La paz que se quiere no es una paz de los discursos: “como la de estos encuentros” – señala un líder-, sino que debe ser una paz de hechos concretos y resultados en el corto plazo, que tenga coherencia entre lo que se dice y lo que realmente se va a realizar: “No queremos la paz de las promesas”. Esta comprensión de la paz, alude a un aspecto esencial de la confiabilidad del proceso y es que “al fin suceda lo que nunca antes ha sucedido”. Más aún, existe la pregunta sobre ¿por qué creer a un gobierno que se compromete nuevamente a hacer (esta vez en el marco de unos acuerdos de paz) lo que, siendo su deber constitucional, no ha hecho en el pasado? Existe desconfianza y escepticismo frente al proceso de paz, a los acuerdos de La Habana y a su real implementación. En algunas regiones hay un alto nivel de descrédito de los actores de la negociación, y escepticismo ante los resultados de las conversaciones.11 Tres factores nutren la desconfianza y el escepticismo: El primero de ellos, la larga historia de incumplimientos a los acuerdos suscritos con las organizaciones y movimientos sociales (campesinos, indígenas), por parte de los gobiernos de las últimas dos décadas. Esto refuerza el hecho de que el gobierno central actúa de manera incoherente cuando, por un lado en la mesa de negociación, plantea transformaciones importantes que van a generar paz (acuerdo sobre Desarrollo Rural Integral) y, por otro lado, sostiene y continúa profundizando las políticas que están generando pobreza y haciendo daño al territorio, tales como las zonas de integración económica y específicamente la política minero-energética. Esta incoherencia cuestiona la seriedad y confiabilidad del proceso de paz y reafirma la idea de que existe una doble agenda por parte del Gobierno Nacional en la cual, como ha sucedido con otros acuerdos anteriormente, los intereses privados seguirán prevaleciendo sobre los proyectos de vida de las comunidades y de la vocación de los territorios. La desconfianza también se da a raíz de los mensajes ambiguos del lado de las FARC, en el sentido de que una cosa dicen sus negociadores en La Habana y otra los comandantes de frente en las regiones, particularmente en relación con la real desmovilización y dejación de armas. “Los acuerdos de La Habana los hacen los que hicieron la guerra pero la gente hace la verdadera paz y ella es sobre todo, tierra para los campesinos...el gobierno y la burguesía saben qué paz quieren y para qué la quieren… ¿estarán dispuestos a escuchar?” (Encuentro Regional para la Paz - Magdalena Medio) Un segundo factor que alimenta la desconfianza en el proceso es el desprestigio deliberado por parte de sectores políticos opuestos al gobierno, que no están de acuerdo con el proceso de paz, no consideran a la guerrilla un actor político y esperan que se repita el fracaso del Caguán. Para algunos esta posición obedece a una lucha por el poder entre sectores hegemónicos. La paz se ha tomado como bandera política, y se ha sumido en una lógica de polarización entre amigos/promotores y enemigos/detractores, en la cual se asocia la paz con el partido de gobierno y la guerra con el partido mayoritario de oposición. Para muchos líderes esto está haciendo mucho daño a la construcción de paz y por tanto se requiere que la sociedad civil tome la bandera de la paz como una responsabilidad social y humana. El tercer factor tiene que ver con la poca información y claridad cómo la población participará en la implementación de los acuerdos de La Habana y sobre sus responsabilidades en la construcción de la paz. Respecto a la forma como se ha comunicado el proceso de La Habana se requieren desarrollos pedagógicos adecuados, especialmente hacia las poblaciones rurales. Por otro lado, que la participación de las ciudades no se limite a la adhesión a campañas mediáticas, sino que haya verdaderos compromisos de sectores que no han vivido de cerca la violencia armada y que probablemente no se sienten actores claves de la transformación. 12 Ver anexo 6, sobre categorización, cuantificación y análisis de las preguntas y preocupaciones de los 12 Encuentros Regionales para la Paz, 2014. 13 Por ejemplo, “en el Patía, se está viendo la venta de nuestros recursos, de nuestro territorio, al extranjero”. Estrategias comerciales como el Tratado de Libre Comercio en Colombia (en el cinturón del pacífico), están al servicio de los grandes capitales que crean condiciones desfavorables para los pueblos y comunidades. 14 2.2 Conflictos violencias y territorio: la disputa por la tierra y los recursos “Ellos tenían la capacidad de doblegarnos, pero nunca tuvieron la autoridad” (Testimonio Encuentro Regional para la Paz – Magdalena Medio) Ocupación violenta del territorio: despojo y desplazamiento. Los conflictos alrededor de la tierra y los recursos naturales son el eje central de la conflictividad en Colombia12. Estos abarcan la apropiación violenta de la tierra, su posesión y despojo legal e ilegal, los conflictos interétnicos, la invasión de zonas protegidas, la no titulación de tierras, el ordenamiento productivo impuesto, la colonización transnacional13, la presión por desplazamiento14, las malas condiciones para la producción y el mercadeo, la carencia de asistencia técnica e investigación agropecuaria, el daño a las fuentes hídricas y la contaminación de los territorios por actividades ilícitas -como el narcotráfico- o lícitas en el caso de la actividad minero-energética. El ordenamiento territorial ha fluctuado entre la legalidad y la ilegalidad sin una política respetuosa de los territorios y sus comunidades. La guerra y las violencias han afectado la identidad y han configurado formas particulares de territorialidad. Uno de los efectos más notables sobre la cultura es que se han trastocado formas de vida ancestrales y tradicionales de quienes han habitado el territorio, a favor de lógicas de apropiación, explotación y supuesto bienestar que, bajo el pretexto del “desarrollo como progreso”, pasan por encima de los pro- Hubo un desplazamiento legal: “Una apropiación de tierras que pertenecían a los indígenas inicialmente o a los campesinos, y de las cuales fueron despojados con argucias “legales”. Entre estas tierras varias intervenciones se refirieron a las dedicadas al monocultivo de caña de azúcar, “especialmente en el norte del Cauca”. “El monocultivo se metió hasta el límite de las casas”. 11 12 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS yectos de vida de las comunidades y pueblos generando impactos irreversibles. El horizonte de riqueza material relacionada con la producción y con la rentabilidad de los negocios, se ha puesto por encima de las condiciones de sostenibilidad del territorio, de “su verdadera riqueza” que son los pobladores, sus tradiciones e identidades. Se ha transformado la identidad regional en tanto se ha dividido y marcado el territorio: zonas de presencia guerrillera o paramilitar, de dominio de mafias o Bacrim. En un contexto de polarización estas marcas operan como estigmas y propician señalamientos, aumenta la fragmentación social y política e impiden la construcción de territorio y de futuro compartidos. En todas estas regiones, en mayor o menor medida, el control del territorio por parte de los actores armados se dio a través de la intimidación, la represión y el terror. La degradación a la cual llegó la violencia en muchas de ellas, especialmente la violencia paramilitar, generaron altos niveles de afectación, no solo transformando la condición de los pobladores en víctimas, sino del territorio en su conjunto, el ser de la región. “Aquí hubo una guerra degradada que se ensañó contra la población… la imposición de unos y otros actores dejan en la región un profundo resentimiento”. (Encuentro Regional para la Paz – Urabá y Córdoba). La guerra y las violencias han definido también unas formas de interacción, de comunicación, de construcción de comunidad, marcadas por la desconfianza, la impotencia y el sufrimiento. Según algunos líderes, zonas demarcadas como de presencia guerrillera han sido segregadas por parte de los gobiernos en el marco de políticas antidroga o contrainsurgente, y bajo el pretexto de que “allí es imposible hacer inversión” se ha estigmatizado a la población, privándola del acceso a bienes y servicios. Se ha instalado una noción de seguridad asociada a las armas y al control militar. Esta función de control en muchos casos ha pasado a manos de la mafia y de la delincuencia organizada. A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS pesar de ello, las poblaciones también han generado formas de resistencia y cuidado que les han permitido sobrevivir, subsistir y mantener unos mínimos niveles de cohesión de la comunidad, incluso desarrollando formas muy fuertes de solidaridad y vida comunitaria. Para muchos habitantes de estas regiones los medios masivos de comunicación (nacionales) han contribuido a profundizar rasgos de identidad territorial cuando registran particularmente hechos negativos o transmiten versiones sesgadas de la realidad. A ello se suma la idea de que en los niveles centrales de gobierno hay muy poco interés por conocer realmente las realidades regionales desde la voz de sus actores, y se conforman con visiones estereotipadas y fragmentadas sobre el territorio, que tienen impactos importantes sobre el tipo de inversión social que se plantea. El territorio tiene significados distintos para quienes lo habitan dependiendo de su lugar social, su identidad y sus proyectos de vida: los humedales para los pescadores, la tierra para los campesinos y campesinas, la madre tierra para los indígenas, el ganado para los ganaderos, los espacios seguros para las mujeres, las vías para los comerciantes, el acceso a bienes y servicios para los citadinos, los minerales para las transnacionales. El territorio es un proceso integrado de múltiples factores, una composición dinámica de ámbitos: geográfico, productivo, poblacional, de identidades. Querer imponer uno sobre otro ha sido también la causa de los conflictos. Un buen ejemplo de ello son las visiones que proponen como “mejor” y más “deseable” la vida en las ciudades antes que la del campo, o que segregan lo campesino y sus formas de vida y comunidad, señalándolas de “atrasadas” e incongruentes con “lo moderno” o con “lo realmente productivo”. El efecto que tienen las significaciones sobre lo rural tiene un gran impacto en la manera como se conciben y diseñan los planes y programas que buscan llevar el desarrollo a las poblaciones que habitan estas zonas, o consolidar el Estado en esas regiones. En este sentido, algunas reflexiones en los Encuentros plantean la necesidad de hacer explícitos los diversos significados acerca del territorio y del Estado y cómo entran en juego y dialogan para dar paso a un determinado ordenamiento del territorio. En la disputa por el control del territorio se han desconocido, irrespetado y atacado las formas tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas, afro y campesinos, sus relaciones con la tierra y sus formas de vida comunitaria, debido a la presión por parte de actores externos que “no viven en el territorio” pero que tienen intereses sobre los recursos naturales. La afirmación de las poblaciones autóctonas, sus identidades, la vocación productiva del territorio, parece estar en contradicción con algunos intereses nacionales y trasnacionales que se ordenan según otras pautas acerca de lo que es el bienestar y la vida buena. “¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria, si en el territorio hay acumulación de tierras para empresas extractivas, latifundios, monocultivos, agro-combustibles, cultivos transgénicos?”. A este panorama del conflicto se suma que no existen espacios ni canales adecuados para tramitar estas divergencias, para acercar posiciones y mucho menos construir visiones compartidas donde sea posible “decidir entre todos y todas qué vamos a hacer con la riqueza que tenemos” (Encuentro Regional para la Paz – Urabá y Córdoba). ¿Es posible resolver el conflicto entre biodiversidad, autonomías étnico-territoriales y la explotación de la riqueza minero-energética, sin destruir los recursos naturales y sin poner en riesgo la sostenibilidad del territorio? ¿Es posible concertar una visión de bienestar en la cual la rentabilidad no signifique desigualdad, injusticia, inequidad y exclusión? ¿Es posible articular modelos diferentes de desarrollo? Se evidencian dos formas de entender el territorio que determinan la naturaleza del conflicto. Por una parte, se entiende el territorio como un espacio donde se da la actividad humana productiva y donde las riquezas son fuente de progreso y bienestar para toda la población. En esta noción se asume el territorio desde el potencial productivo que tiene. Pero existen otras comprensiones que entienden el territorio como un sistema de interacciones humanas y con el resto de la naturaleza, en el cual unos y otros se determinan y afectan mutuamente; estas interacciones van más allá de las dinámicas productivas, de explotación de recursos y riqueza natural, y abarcan la vida social y política, la identidad y la cultura de quienes lo habitan, y una visión de sostenibilidad del medio ambiente. Se trata de sistemas de interacción considerados como “propios” que tienen arraigo en la historia del territorio. Por lo tanto se puede y se debe hablar del territorio como un sujeto social y político. “El territorio es un espacio geográfico… la madre tierra, lo que sale de ella son hermanos nuestros y por eso la cuidamos y la defendemos… ocupamos colectivamente y esa es la esencia de lo ancestral, de las prácticas. Las comunidades negras conservan y defienden el territorio a partir de los planes de vida y planes de etno-desarrollo.” (Encuentro Regional para la Paz – Tumaco – Nariño) El conflicto expresa formas diversas de asumir los fines de la productividad en el territorio. La guerra ha modificado la propiedad y uso del suelo, pero a su vez responde al enfrentamiento entre formas distintas de entender la productividad y sus fines, así como la propiedad y uso del suelo. Por una parte, la comprensión que tienen grandes inversionistas, dueños de capitales y algunos funcionarios gubernamentales según la cual las economías campesinas basadas en la pequeña propiedad no son rentables y deben “insertarse” a las nuevas dinámicas económicas, las cuales exigen mayores niveles de productividad y renta. Y por otra parte, la comprensión que en general abanderan comunidades campesinas, afro e indígenas, y que propende por beneficios para sus poblaciones poniendo límites a la explotación de recursos a gran escala. En este panorama se han generado altos niveles de presión sobre la tierra, lo cual ha desencadenado el desplazamiento de población, el despojo, y en algunos casos ha provocado enfrentamientos entre las mismas comunidades por los traslapes entre zonas de resguardo, zonas de reserva natural, zonas de comunidades negras y zonas de reserva campesina. Lo anterior ha tenido también consecuencias para los gobiernos locales, debido a que la gran 13 14 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS cantidad de población desplazada genera una demanda creciente de bienes y servicios que no son posible subsanar con los presupuestos asignados. Todo ello se expresa dramáticamente en las transiciones de campesinos a miserables en las urbes buscando refugio y protección, en la modificación de las aspiraciones y proyectos de vida de los y las jóvenes que desdeñan el trabajo campesino para irse a las ciudades atraídos por la oferta de un supuesto progreso personal o familiar, por la falta de bienes públicos y oportunidades en los campos. Se evidencia en los discursos dos visiones sobre el desarrollo que están en disputa. Por una parte, se habla de un modelo extractivo y depredador, que hace juego a la cultura del dinero fácil y corresponde a una idea de progreso económico que se confunde con el enriquecimiento de unos pocos (empresas transnacionales / mafias): “Aquel desarrollo que tolera la destrucción de la naturaleza y del recurso hídrico, es un desarrollo que no conduce a la paz porque vulnera la calidad de vida de la gente”. Por otro lado, está un modelo representado en las culturas ancestrales, basado en la relación armónica entre las comunidades humanas y la naturaleza. Este modelo propio de las organizaciones étnico-territoriales (indígenas, campesinas, afro-descendientes pero que también comparten algunas organizaciones sociales y ambientales), que es necesario reparar y reconstruir, sustenta las exigencias de autonomía y el derecho a decidir sobre sus planes y proyectos de vida y desarrollo. Claramente los dos modelos enunciados están enfrentados y generan situaciones de agudo conflicto en los territorios. LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS Si bien el gobierno expresa la voluntad de construir paz “desde las regiones y con la gente”, no es claro cómo va a garantizar el equilibrio en cuanto a las desventajas comparativas que tienen las organizaciones étnico-territoriales frente a los intereses empresariales (proyectos extractivos). La percepción acerca del conflicto por parte de las comunidades es que existen intereses de grandes inversionistas “que quieren quedarse con la tierra” y que el gobierno es funcional a esos intereses. En todas las regiones y para la gran mayoría de organizaciones sociales y comunitarias la mayor preocupación y motivo del conflicto es la expansión de las concesiones minero-energéticas y el cambio de vocación de los territorios; no solo porque vulnera el derecho a la autodeterminación, sino porque altera las dinámicas y perspectivas de vida de la población, afecta la sostenibilidad de los ecosistemas y la naturaleza, y porque las llamadas “bonanzas” traen consigo graves problemas de alcoholismo, drogadicción, prostitución, consumismo y exacerban las violencias contra las mujeres. Existen otras visiones del desarrollo que resultan de la combinación de las ya señaladas y que sugieren la posibilidad de que estos modelos, al parecer excluyentes, convivan en un mismo territorio. Se reconoce que todas las actividades económicas en uno y otro modelo han tenido que adaptarse y/o han estado influidas por la dinámica de la guerra y por las economías ilegales. El control territorial por parte de la guerrilla en muchas zonas impidió el desarrollo de actividades productivas diversas, así como la provisión de bienes y servicios públicos como obras de infraestructura vial o la prestación de servicios de salud, educación, vivienda y controló el negocio del narcotráfico como una estrategia de financiación. De otro lado, durante su auge, el paramilitarismo asociado a las mafias ofreció servicios de seguridad y control para la instalación y permanencia de proyectos productivos, y a su sombra desarrolló toda una red de economía ilegal que permeó y afectó la vida social, económica y política de las regiones. El problema del narcotráfico no se resuelve atacando a los cultivadores de coca, amapola y marihuana. Muchas comunidades campesinas reconocen que ha sido un error su vinculación a este tipo de economía, pero a la vez rechazan las políticas punitivas del gobierno (fumigaciones, judicialización) y exigen mayor apertura para reconocerlos como actores sociales con un potencial que puede contribuir a la reactivación de las economías campesinas y de paso afectar la cadena mafiosa del narcotráfico. Para los investigadores sobre el tema, no será posible un cambio en el panorama cocalero en los territorios si no se modifica la visión que tienen los cultivadores sobre lo legal e ilegal, y a la vez un cambio en la visión que tienen los gobiernos del problema y de los cultivadores: “a los campesinos cocaleros se les ve como infractores de la ley y no como campesinos que requieren alternativas para la realización de sus proyectos de vida.” Los alcances de los programas de sustitución son muy escasos. También a este respecto se señalan incumplimientos del gobierno en cuanto a la promesa de suspensión de las fumigaciones, lesivas para otros cultivos y causante de desplazamientos15. La expectativa es la de una política que respete los usos ancestrales de la coca y por ello no se comparte la posición gubernamental de “coca cero”, ni la sustitución sin atender a un criterio de gradualidad. Por otra parte, el creciente consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en la población juvenil, empieza a ser muy preocupante en varias regiones. La cultura mafiosa y de ilegalidad permearon gravemente los territorios y han servido para justificar procesos violentos de ordenamiento. En relación con la guerra y como una de sus fuentes de financiación, el narcotráfico y los negocios ilegales han contribuido a instalar (particularmente en la población más joven) la idea del dinero fácil y de la ganancia rápida, y a acentuar el machismo y la cosificación de las mujeres. A su vez, en un contexto de abandono estatal, muchos de los procesos económicos y políticos se vieron contaminados por negocios ilegales que vincularon a mucha población y cooptaron a la precaria institucionalidad. Las condiciones de necesidad extrema, así como el interés de beneficio particular o de acumulación de riqueza, han hecho que muchos participen del “problema de la droga”. Hay un reconocimiento de que la cultura de la ilegalidad, la cultura mafiosa, no solo está asociada al narcotráfico, sino a un conjunto de procesos sociales y políticos que se dan en el territorio: contrabando de combustibles (Norte de Santander); minería ilegal, (Magdalena Medio, Cauca, Chocó Nariño, Caquetá.); permi- sos ilegales para explotación de maderas, (Caquetá, Putumayo, Meta); desvío de fondos para inversiones públicas y regalías, (Meta, Sucre, Arauca); poder político influido por el paramilitarismo, (parapolítica); licencias mal habidas para megaproyectos; compra de funcionarios para incumplir las normas nacionales y las obligaciones internacionales en materia de respeto a los grupos étnicos y protección al medio ambiente. Es decir, la cultura de la ilegalidad ha permeado amplios sectores de la sociedad, no solo de abajo, sino también de arriba, incluyendo a los encargados de aplicar la ley y administrar los bienes públicos. Finalmente la cultura mafiosa se expresa en múltiples comportamientos y prácticas cotidianas: la favorabilidad y prebendas a unos en detrimento de otros, la cultura de la trampa y del dinero fácil, el tráfico de influencias, la justificación de la viveza y la ley del más fuerte como mecanismos de movilidad social, entre muchos otros16. 2.3 La fractura entre el Estado y la Sociedad Una visión sobre la institucionalidad está relacionada con el mal manejo de los recursos públicos, con la inoperancia, con el clientelismo y la corrupción política para favorecer intereses particulares de familias y élites locales. La imagen que se tiene del Estado a través del funcionamiento institucional que existe en los territorios es la de un Estado ausente o cuya presencia se reduce al control policivo y militar, incongruente en sus diferentes niveles, que impone las políticas, contaminado por la corrupción, cooptado por poderes económicos o mafiosos, incapaz de legislar a favor de amplias capas de población o de hacer cumplir la ley. A esta radiografía se suma la que pesa sobre las organizaciones sociales y políticas en el territorio, que en algunas regiones están desarticuladas y con poca incidencia política. La fragmentación interna debida a múltiples factores -entre ellos la guerra-, la arraigada visión paternalista del Estado, plantea retos importantes en cuanto a la participación social y política de la sociedad civil para lograr las transformaciones sostenibles del territorio que permitan aclimatar la paz. 15 Hay que decir que luego del Encuentro del Putumayo se hizo un acuerdo con el Gobierno del Presidente Santos para suspender las fumigaciones y financiar el plan de desarrollo integral amazónico -PLADIA La película Mateo que se presentó al final de algunos de los Encuentros, expresa con mucha elocuencia esta cruda realidad. 16 15 16 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 2.3.1 Sobre los procesos organizativos, la participación y la acción política. En el imaginario político las actividades relacionadas con la organización y la movilización social han adquirido un estatus peyorativo, lo cual impide generar las transformaciones mediante un proceso democrático. En el contexto de la confrontación armada, la organización social ha tenido grandes dificultades para sostenerse, ha estado sometida a los efectos de una aguda polarización y ha recibido presiones de uno y otro actor armado: señalamientos, intimidación, amenazas, desapariciones, desplazamientos, reclutamiento forzado. Lo anterior, sumado a que el Estado no ha brindado garantías para la actividad organizativa -incluso ha desplegado medidas represivas para contener la movilización en algunas de sus expresiones-, ha tenido como efecto que los procesos organizativos sean vistos como un “riesgo” o como una “amenaza”, como una actividad indeseable y en el mejor de los casos, sospechosa. Muchos líderes sociales que reclaman sus derechos han sido “tachados” de guerrilleros, amenazados y perseguidos. El caso paradigmático es el exterminio político de la UP que ha dejado un trauma profundo en algunas regiones, ha contribuido a naturalizar la práctica de la eliminación del contradictor y ha socavado las posibilidades de la organización política. En otros casos, las organizaciones emergentes de poblaciones históricamente excluidas: mujeres, jóvenes, comunidad LGTBI, encuentran todo tipo de dificultades para organizarse y ser reconocidas como tales. A ello se suma que no existe memoria colectiva y un reconocimiento social y político de los procesos organizativos, mucho menos estímulos para su fortalecimiento ya sea a nivel de la formación o de la infraestructura. Un rasgo de la cultura organizativa es la visión paternalista y centralista del poder y de la política. Es recurrente encontrar una actitud pasiva frente a las transformaciones. Se espera que las reformas lleguen del Estado “como caídas del cielo” o que sean otros quienes las realicen. Esto se compagina con la práctica según la cual cada organización “se las arregla como puede”. Existe la idea de que el Estado debe dar a cada uno lo que le corresponde, sin que ello implique la organización y participación política. Más aun, la garantía de los derechos se ha pervertido convirtiéndolos en favores políticos LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS antes que en una obligación del Estado. La debilidad del tejido social, la escasez de recursos, y la imposición de intereses particulares, se conjugan con una tradición política de corte centralista y paternalista, produciendo una dinámica organizativa fragmentaria, limitada en la participación y la incidencia política. Por otra parte, algunas de las prácticas organizativas asociadas a la competencia, incluso generada por el mismo Estado, las empresas o la cooperación internacional, terminan fragmentando aún más los procesos sociales. Se evidencia cómo algunas organizaciones, en el propósito de lograr sus intereses y reivindicaciones, terminan desconociendo a otras, compitiendo de forma desleal por beneficios, o aceptando prebendas en detrimento de los intereses de otras organizaciones, grupos y sectores. La urgencia por tener un mayor grado de participación en las decisiones sobre recursos, se ha convertido también en un motivo de exclusión, de favorecimiento de intereses que claramente fractura los procesos organizativos y el territorio. Existe una frágil disposición para el diálogo, que trascienda los intereses particulares. Esto se muestra no solo en relación con el contradictor político, sino incluso entre quienes comparten afinidades. Ha sido evidente el desconocimiento que muchas organizaciones tienen de otras que trabajan en el mismo territorio -no saben de su existencia o no les reconocen sus experiencias y propuestas-. También es sintomática la dificultad para “escucharse” y abrirse a la posibilidad de una construcción conjunta; esto resulta más dramático en contextos donde la guerra fue más cruenta y donde existen diferencias políticas profundas. Para muchos líderes un diálogo real es posible si hay garantía para expresar libremente la simpatía por ideas de izquierda o derecha sin que ello signifique señalamiento ni descalificación del otro. Recuperar la posibilidad del diálogo pasa por el reconocimiento de que existen fuerzas políticas divergentes, donde es vital mantener los escenarios para la deliberación y el debate, y que las posibilidades de obtener un triunfo no pasen por la imposición de uno sobre otro, sino por la contienda democrática. En los territorios se han configurado unas formas de comunicación que ponen en riesgo la función social de la comunicación y contribuyen a la prolongación de los conflictos y a la fragmentación. Como se ha expresado ante- riormente la guerra ha modificado e impuesto unas formas de comunicación e interacción social en el territorio; ha modelado y regulado lo que se dice, lo que es posible hablar y lo que no. El ejercicio de la comunicación y el periodismo ha estado sujeto a las presiones de los poderes hegemónicos locales. La comunicación ha tenido que adaptarse también a la polarización, y los comunicadores y periodistas se han visto obligados a amoldarse a las circunstancias. En contextos de guerra, periodistas y comunicadores ejercen su oficio en condiciones muy precarias: los señalamientos de uno y otro bando de la confrontación y la presión que ejercen los actores armados para inclinar la balanza de la opinión pública a su favor. Los niveles de polarización impiden que comunicadores y periodistas puedan asumir abiertamente y desde su carácter más humano su opción por la paz sin que se les tilde de amigos o enemigos del gobierno. El afán por “la chiva” y la “rapidez” de la información impiden buena cobertura de fuentes y profundidad en los análisis. La politización de los recursos que sostienen el trabajo de los medios y de los periodistas genera múltiples sesgos en la información. Por otra parte, se tiene la idea de que los grandes medios de comunicación se han equivocado al “estigmatizar” poblaciones, territorios, organizaciones y líderes sociales o políticos, y al presentar una imagen falsa o parcial de las regiones, de sus procesos sociales, problemas y soluciones17. Esta dinámica de la comunicación afecta de manera grave las posibilidades del diálogo social plural y abierto, y por ende una de las condiciones básicas de la interacción política. En cuanto a la comunicación y su papel en la construcción de paz surgen múltiples preguntas: ¿Cómo hablar de paz y del proceso en medio de los hechos de guerra que a diario suceden en los territorios? ¿Cómo hablar de paz sin quedar inscrito a uno de los lados de la polarización? Las expresiones y manifestaciones artísticas y de identidad cultural en las regiones, operan como poderosas fuentes de cohesión social. La guerra en su despliegue no solo ha afectado la identidad sino que ha trastocado las manifestaciones y referentes culturales, ha regulado muchas de sus expresiones e incluso ha instalado y fijado referentes de comportamiento: usos, modas y costumbres, que van asumiendo diferentes nombres: la “cultura del miedo”, la “cultura traqueta”, “la cultura mafiosa”. Pero es posible ver cómo la cultura ha sido también un factor de resistencia y de cohesión de la sociedad ante los efectos de la guerra. Encontramos manifestaciones artísticas en todos los ámbitos, así como múltiples expresiones de creatividad a través de las cuales ha sido posible tramitar el dolor y hacer el duelo, expresar situaciones de inconformidad, o afirmar valores y visiones del mundo. A pesar de que la guerra y sus lógicas constriñen y disminuyen la capacidad de las expresiones culturales, estas son en sí mismas ejercicios que sostienen las formas de vida comunitarias de solidaridad y aportan a la cohesión social, a resignificar la vida y a generar sentidos de pertenencia claves en la reconstrucción de los territorios. Los territorios poseen unas culturas organizativas ancladas en tradiciones de pobladores y procesos sociales legítimos. Identidades y autonomías indígenas, afro y campesinas son factores de cohesión y de resistencia ante el avance de la explotación económica irracional del territorio. Estas fuerzas sociales no tienen el suficiente reconocimiento como autoridad y como potencial de transformación de los conflictos, y se ha ignorado su capacidad como conocedores de las vocaciones productivas y de generación de alternativas coherentes con el medio natural. La autoridad sobre el territorio, cimentada en un complejo entramado de variables relacionadas con los procesos organizativos, queda a merced de la normatividad económica dependiente de los flujos y reflujos del gran capital que se maneja desde el centro: “La propiedad sobre el subsuelo es una muestra de autoritarismo por parte del Estado Central”. (Encuentro Regional para la Paz – Catatumbo). De allí las dificultades que tiene el Gobierno Nacional para reconocer a las organizaciones étnico-territoriales y planes y proyectos de vida, porque no existe una conciencia del valor que representa para una democracia fortalecer a las organizaciones sociales. Existe una visión de los procesos sociales organizativos como “atrasados” ante las dinámicas productivas del orden global y que por tanto deben ser adaptados a nuevas realidades a modelos de economía que siguen imágenes y patrones de bienestar globalizados y estandarizados “a los que se debe acceder” porque son los “objetivos del progreso”. Sin embargo, 17 Por ejemplo en Urabá “uno de los efectos más claros de la violencia y el conflicto en la región ha sido la polarización y la estigmatización a que ha estado sometida la población, se piensa que el Urabá es exportador de guerrilleros y paramilitares. Esa imagen ha sido reforzada por los grandes medios de comunicación, y por tanto ellos tienen una responsabilidad en la transformación”. 17 18 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS en términos comparativos estas formas organizativas que supuestamente están en el pasado, poseen un potencial de construcción del territorio mucho mayor porque están basadas en la solidaridad y la cooperación, en una noción más integrativa del territorio, en valores ancestrales de protección y cuidado de la comunidad. “Si los liderazgos no tienen raíces en la gente son fáciles de corromper, no hay contextura ni raíces dentro del movimiento (se necesita) gente que contenga a los líderes, que les dicte sus procedimientos” (Encuentro Regional para la Paz – Tumaco Nariño) Las organizaciones y movimientos sociales no ven en la participación social ni política una posibilidad de transformación, debido al historial de engaños, incumplimientos, y a la tergiversación de la actividad política como una plataforma de enriquecimiento y usufructo privado. Para muchas organizaciones está más que comprobada la inutilidad de participar de un sistema que usa a la población no solo en periodos electorales, sino para legitimar espacios en los cuales sus necesidades y propuestas son escuchadas pero no son tenidas en cuenta. La participación se reduce a información y a un requisito de consulta, pero las decisiones se toman en otras instancias, lo cual aumenta la falta de credibilidad y confianza en el Estado. Por otra parte, se reconoce que mucha gente, incluso líderes sociales, participa en política solo si ello trae beneficios particulares inmediatos. A esta noción de participación corresponde una comprensión de los derechos como favores políticos y como dádivas y ayudas, lo cual refuerza la dinámica paternalista en la relación Sociedad – Estado. Sin embargo existen otras nociones de participación ligadas a la movilización social que demuestran un potencial político cimentado en bases organizativas sólidas. Para muchas organizaciones sociales la movilización y la protesta ha sido la estrategia más eficaz en el logro de objetivos colectivos; “y lo seguirá siendo mien- LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS tras no haya transformaciones reales”, señalan algunos líderes que no ven a futuro un cambio real o sustancial de las lógicas y dinámicas de la participación. 2.3.2 Sobre la institucionalidad del Estado “Lo que se promete en los acuerdos de paz es lo que los gobiernos han debido hacer siempre. Esa era y sigue siendo su función” (Encuentro Regional para la Paz – Montes de María) “ Esperamos que el proceso de paz funcione pero no creemos en las instituciones” (Encuentro Regional para la Paz – Caquetá) El Estado ausente de la vida de las regiones más apartadas ha sido un factor de profundización de los conflictos y de la violencia. Es recurrente la referencia al vacío de Estado que han sufrido los territorios, al abandono y a la “deuda histórica” que este debe saldar con las poblaciones. En general se percibe que este abandono ha sido uno de los factores generadores de violencia y por ende que el Estado debe reparar y “hacer lo que no ha hecho durante décadas”: garantizar los derechos como una condición para la paz. Simultáneamente al reclamo de la presencia estatal se hacen algunas precisiones sobre el tipo de presencia que es deseable: “La presencia del Estado no es que el gobierno venga a decirnos cómo vivir la vida en el territorio”. (Encuentro Regional para la Paz – Tumaco – Nariño). En esta frase se condensa un reclamo por el respeto a la autonomía y la idea de que los gobiernos no han sido garantes del proceso democrático, por el contrario, han asumido decisiones sobre la vida de la población por encima de sus planes y proyectos. Ante las limitaciones de avanzar en planes y programas de desarrollo en un contexto de guerra, la presencia Estatal ha hecho énfasis en la recuperación/mantenimiento de la seguridad y el orden público, tomando la forma de una presencia de tipo militar. Incluso, en muchos casos las fuerzas militares han asumido el desarrollo de tareas propias de las administraciones municipales, campañas educativas, de salud y prestación de servicios, como queda plasmado en las referencias a las zonas de consolidación. Los significados que adquiere la presencia estatal para la población, asociados al control y a la seguridad militar, reducen la naturaleza que el Estado debe tener en una democracia. “Un Estado legalista con mil reglamentaciones y una tradición de incumplimiento, con funcionarios incapaces, y una población con una pobre cultura política son terreno propicio para la ilegalidad. Estas formas de violencia están más allá del fin del conflicto armado y no se resuelven con más militarización de la vida civil” (Encuentro Regional para la Paz – Tumaco – Nariño) Existe una visión centralista del poder y de las decisiones que tienen que ver con la vida de los territorios. Ha quedado en evidencia que los gobiernos locales dependen en gran medida de las decisiones del gobierno central y que tienen muchas limitaciones para ejercer con cierta autonomía sus funciones: carecen de recursos suficientes, los procesos están burocratizados, existe el temor a los controles con criterio político. Esta dependencia refuerza la idea de que las soluciones a los problemas del territorio no surgen del territorio mismo, sino que se toman en otros escenarios y por otros actores ajenos al territorio. Si bien se reconoce que deben existir unas orientaciones políticas de orden nacional, estas deben considerar y respetar las autoridades territoriales y el derecho que tienen las poblaciones para decidir la vida que quieren vivir en los territorios. El gran reto consiste en darle legitimidad a esas orientaciones políticas nacionales con la articulación de las expectativas e intereses de los niveles territoriales. Por otra parte, los funcionarios públicos tienen la visión de que las labores de gobierno y las funciones del Estado son “dádivas” para la población, o que la población está en función del gobierno y no el gobierno al servicio de la población. Finalmente la visión centralista se plasma en que no existen espacios de interacción legítimos, donde efectivamente se escuchen las necesidades y visiones que tiene la población de lo que debe ser la vida en los territorios, y que estas puedan decidir sobre los planes y programas que afectan sus vidas. Una nueva institucionalidad supone ir más allá de las formalidades legales, profundizar la democracia e incluir al conjunto de la población en las decisiones de gobierno de manera concertada. La burocracia y las trabas administrativas son una fuente de indignación cotidiana para la población, y en el caso de las víctimas se ha convertido en un factor más de re-victimización: “Los funcionarios se comportan como operarios sin humanidad ante los reclamos y las necesidades de las personas” (Encuentro Regional para la Paz – Montes de María). Por otra parte, el problema de la desarticulación y falta de coherencia en el aparato estatal aumenta el descrédito del Estado y las instituciones: no hay coherencia de programas o no se hablan entre sí. Es evidente la inexistencia de una formación política de los funcionarios públicos, de los líderes sociales y políticos, y de mecanismos claros para comprobar su idoneidad para asumir sus cargos. La corrupción en las entidades públicas, la manipulación de los recursos y de las instituciones para fines privados, ha generado más víctimas y ha sido más violenta que el mismo conflicto armado. Este pensamiento ha sido expresado de manera recurrente y puede sintetizar uno de los mayores retos que tiene la construcción de paz en el país. Significa que no solo se trata de un cambio formal en las instituciones sino de una profunda reforma política ligada a una transformación cultural. Los niveles de corrupción y la “cultura mafiosa” que impera en los territorios y que vincula a gran parte de la población, es uno de los factores más fuertes de escepticismo. Existe una clase política local y 19 20 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS regional hegemónica que históricamente ha gobernado y gobierna en beneficio de actores y actividades económicas privadas o ilegales. El mal funcionamiento de la institucionalidad local y regional (alcaldías y gobernaciones), se ha interpretado como una evidencia de la apatía de los gobiernos ante los procesos de organizaciones y movimientos sociales que buscan la plena vigencia de los Derechos Humanos. Pareciera que es imposible imaginar estrategias que logren: garantizar compromisos reales con la paz por parte de las clases políticas, romper la relación entre las clases políticas y las prácticas corruptas y mafiosas, o generar un cambio de concepción así como de comportamiento de la población frente al cuidado de los recursos públicos. La corrupción ha llegado incluso hasta los mecanismos de control y de justicia. Esto en particular genera una profunda sensación de desprotección; la premisa de la ley del más fuerte queda validada en toda su extensión: ¿Quién controla a los organismos de control? Algunas posturas sugieren que la sociedad en su conjunto debe fortalecer las tareas de control y vigilancia; sin embargo, se pregunta la población ¿Dónde cabe entonces la responsabilidad de los gobiernos frente al fenómeno? En muchos territorios la institucionalidad del Estado y las prácticas políticas han sido cooptadas por grupos al margen de la ley. Esta cooptación se da en doble vía: por un lado, la institucionalidad en muchos casos fue cooptada por los actores de la guerra, y con ello se afirmó el descrédito en las instituciones y la lógica implícita de que la vida política queda fácilmente expuesta a quien tiene la capacidad para ejercer violencia. Por otro lado, los grupos armados en su disputa por el territorio y el poder político desarrollaron formas de ejercer autoridad, controlaron actividades económicas, administraron justicia, ofrecieron seguridad y en algunos casos reemplazaron las funciones del Estado, también en términos de ofertar bienes y servicios tales como educación, salud y obras públicas. Este panorama deja retos importantes sobre la forma como funcionará la institucionalidad en cada territorio en un eventual pos-acuerdo. Por una parte, se deberá reconocer formas de autoridad comunitarias; y por otra, erradicar formas de “autoridad” impuestas por la guerrilla, o por la violencia mafiosa y el poder político asociado al paramilitarismo. LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 2.4 El horizonte de la convivencia y la reconciliación Es recurrente la idea de que la reconciliación está en un horizonte lejano, más allá de la reconstrucción tras la violencia. No será fácil construir paz en territorios atravesados por el dolor, en poblaciones que durante décadas fueron desconocidas y olvidadas por el Estado, a la suerte de la violencia brutal de unos y otros grupos armados, de las mafias del narcotráfico, de los políticos corruptos, de intereses privados que han exprimido la riqueza. La reconciliación en el marco de la construcción de paz sostenible tiene como su mayor reto construir un horizonte de futuro compartido, para lo cual se requiere un mínimo de confianza y credibilidad para activar la esperanza de que será posible superar la violencia y generar las condiciones de no repetición. La reconciliación se entiende como un horizonte de largo plazo, ya que los cambios que pueden abrir su posibilidad aún están por suceder. Las visiones sobre reconciliación giran principalmente en torno a la reparación de las víctimas y del territorio, a la recuperación de la confianza entre Estado, empresas y Sociedad Civil, a la convivencia entre víctimas y victimarios (reintegración de excombatientes) y a la recuperación del sentido y la práctica de la justicia. El territorio debe ser reparado. La reparación tiene que ver con el reconocimiento del sufrimiento y el daño causado a las víctimas, pero también con el reconocimiento del profundo efecto que ha dejado la guerra en el conjunto de la sociedad, al verse afectada la confianza en la vida, en lo humano y en el futuro del territorio. La violencia sufrida por la población, ha dejado heridas muy profundas. Superarlas requiere que se reconstruya lo sucedido y que esta reconstrucción sea colectiva: “que la mayoría de la población sepa lo que sucedió”, que se reconozcan las fracturas y el daño causado, y que se establezcan los caminos para la reparación. Sobre los territorios han quedado las huellas del horror, el estigma sobre poblaciones enteras, la carga emocional que supone una identidad impuesta, redefinida alrededor del sufrimiento. La reparación del territorio supone por otra parte, la restitución de la dignidad de los sujetos colectivos afectados: gru- pos étnicos, mujeres, agrupaciones políticas, así como el reconocimiento de aquellas expresiones de la movilización y la organización social que fueron victimizadas. Finalmente la reparación del territorio significa la reparación del daño a la naturaleza y a las formas de vida comunitaria y ancestral que fueron trastocadas, alteradas y destruidas. A pesar de la existencia y los paulatinos avances en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las víctimas no se sienten reconocidas, atendidas y mucho menos reparadas. Por el contrario, sienten que han sido abandonadas a su suerte, que la verdad aún está por ser esclarecida; que la justicia “se burló” de ellos al permitir que los victimarios que cometieron las atrocidades, pagaran sus crímenes con penas de prisión de ocho años; y que la reparación se va quedando en un mensaje de buena voluntad, porque ni el Gobierno Nacional ni los gobiernos locales con su estructura y su funcionamiento tienen la capacidad real para atender a tantas víctimas en los aspectos mínimos, mucho menos para hacerlo de manera diferenciada: “¿Cómo se va a reparar a las víctimas si no hay recursos suficientes?”. Más aún, cuando las garantías de no repetición, es decir las condiciones estructurales para una paz estable y duradera, todavía tienen el reto de encarar los conflictos de fondo que dieron origen a la violencia. Por otra parte, las víctimas se sienten impotentes ante la precaria acción institucional, en la que se destaca la lentitud y desarticulación con que se adelantan los procesos que señala la ley para la restitución de la integralidad de sus derechos vulnerados. Las víctimas no se sienten protegidas en su integridad para adelantar los procesos de reclamación y retorno a las tierras que les fueron despojadas, porque continúan siendo objeto de amenazas por parte de las estructuras armadas que dejaron los paramilitares y que ahora se denominan Bacrim. Por otro lado, porque los mecanismos para adelantar los procesos judiciales en aras de la reparación o la restitución de tierras no cuentan con una adecuada información, no funcionan, o se estancan en los procedimientos burocráticos y la tramitología. Ante la violencia sucedida, la perspectiva de la mayoría de las víctimas es continuar sus vidas con el dolor, muchas de ellas sin la tierra que les daba el sustento y teniendo que afrontar a diario la tarea de suplir sus necesidades inmediatas en condiciones de indigencia muy precarias. Existe mucha desconfianza en la justicia debido a los altos niveles de impunidad. Por una parte, no se hizo justicia con quienes ejercieron violencia directa en el marco de la confrontación armada, así como tampoco se han hecho visibles los “crímenes de cuello blanco” que fueron auspiciados desde lugares de poder político y económico. Por ello, y sin desconocer su potencial, para muchos resulta limitada y voluntarista una reconciliación que se centra en el perdón, mientras se sostiene un sistema donde la ilegalidad socava los valores y las normas que soportan el ejercicio de la justicia, y donde el Estado no tiene la capacidad ni la credibilidad para garantizar el respeto a la ley y la plena vigencia de los Derechos Humanos. Todo lo anterior hace que los procesos de reintegración y la convivencia con excombatientes generen mucha inquietud en las comunidades. Por una parte, existe preocupación por las condiciones para la reintegración, y por otra el riesgo de que se reactiven estructuras de origen paramilitar que inicien nuevamente procesos de exterminio, como los que han sucedido en el pasado. Para muchos el Estado fracasó en el proceso de desmovilización de los paramilitares porque no hubo justicia, ni reparación, ni reintegración. Este hecho ha dejado una secuela profunda que impide a las 21 22 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS víctimas plantearse la posibilidad de la convivencia con el victimario y mucho menos de volver a confiar en la justicia. Se reconoce que la consolidación de identidades y el sentido de pertenencia al territorio son elementos claves para la reconstrucción de la sociedad y la reconciliación. En tal sentido, se otorga a la responsabilidad, el reconocimiento y la solidaridad la capacidad para la superación colectiva del daño y la reconstrucción del territorio. La reconciliación va a requerir procesos sostenidos de recuperación de la vida como valor fundamental, disminución de la polarización social y formas de memoria LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS colectiva, el cumplimiento de la ley de víctimas y restitución de tierras, procesos adecuados de reintegración y garantías de seguridad, así como recuperación de la confianza en las instituciones, especialmente en la justicia. Pero en el largo plazo va a requerir de formación a las nuevas generaciones dirigida a nuevos códigos de convivencia, una educación contextualizada a las realidades de las comunidades rurales, a los grupos étnicos; una educación pertinente y de calidad que incentive formas de interacción basadas en la cooperación y la solidaridad y no en la competición y el progreso particular a cualquier costo. 3. La paz territorial, contribuciones desde un enfoque civilista del desarrollo y la paz. El diálogo social facilitado entre las y los participantes de los doce Encuentros Regionales para la Paz, permitió tender varios puentes entre los temas sobre los que existe un acuerdo parcial en la mesa de La Habana (desarrollo rural, participación política, drogas ilícitas y los diez principios generales para la discusión del tema de las víctimas) y las preocupaciones y propuestas de paz que tienen algunos actores sociales desde sus territorios. Ese ejercicio permite evidenciar un importante punto de encuentro: El Gobierno Nacional y las FARC coinciden en que el modelo para la implementación de los acuerdos de La Habana se basa en el concepto de Paz Territorial. De manera reiterada, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ha señalado que éste concepto está en el centro de la visión de paz del gobierno, unido a la preocupación por los derechos, que surge de reconocer las brechas en el territorio y la necesidad de un modelo de construcción diferenciada de Estado. Agrega que los componentes de este modelo deben surgir de las especificidades de cada región o territorio18. Este planteamiento, que para algunos sectores del establecimiento es innovador y para otros un riesgo de federalización, ha sido la matriz his- tórica de las resistencias y de las demandas de las comunidades y de las organizaciones populares, sociales y étnico territoriales del país, que en medio del conflicto armado han venido construyendo propuestas de paz y exigiendo al Estado una presencia garantista de los derechos constitucionales, fundamentales y colectivos. Pero sin lugar a dudas hay aquí un puente tendido entre los actores del territorio, la institucionalidad y las FARC. Lo planteado por las y los participantes en los doce Encuentros Regionales se estructura entorno a los cuatro componentes de la Paz Territorial planteados por la Oficina del Alto Comisionado (OACP), a saber: 1) Enfoque territorial del desarrollo, 2) Participación política y ciudadana, 3) Relaciones con la institucionalidad, y 4) Construcción de ciudadanía y reconciliación; a fin de identificar con la mayor claridad posible, las contribuciones y énfasis que desde éstos territorios se le da a cada uno de los componentes. Un punto de consenso en las doce regiones fue la necesidad de agregar un componente más, denominado “des-escalar el conflicto para ambientar la paz territorial”. Al conjunto de planteamientos y propuestas se le ha llamado “contribuciones para un modelo civilista de desarrollo y paz territorial” (MCDPT) y puede ser el marco para articular los acuerdos que se logren en la mesa de negociaciones de La Habana para terminar el conflicto armado, con las dinámicas, experiencias y prácticas de construcción de paz en y desde las regiones. 18 La tesis central fue planteada en una conferencia dictada por el doctor Sergio Jaramillo en la Universidad de Harvard el 13 de marzo de 2014. Ampliaciones del enfoque de paz territorial fueron expuestas por el mismo Alto Comisionado para la Paz, en los Encuentros Regionales de Chocó, Montes de María, Cauca-Valle y Urabá en los que participó personalmente, y por los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado: Diego Bautista, Julián Arévalo, María Lucía Méndez en los doce Encuentros en los que se contó con su participación y análisis. También el Alto Consejero para los Derechos Humanos doctor Guillermo Rivera participó en algunos de éstos Encuentros. 23 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 24 20 Entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014, se registraron 644 víctimas de MAP/MUSE según cifras oficiales (40% de los cuales son civiles), lo que significa que cada día una persona (militar o civil) fue víctima de estos artefactos explosivos. Los niños, niñas y adolescentes representan el 37% de las víctimas civiles. En este periodo, cinco departamentos (Antioquia, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y Putumayo) concentraron el 67% de las víctimas. 3.1. Des-escalar el conflicto para ambientar la Paz Territorial. Para las y los pobladores (e incluso algunas autoridades locales/regionales) de los territorios donde el conflicto armado se ha desarrollado, las negociaciones de La Habana revisten vital importancia en cuanto terminen con la confrontación armada y disminuyan los niveles de violencia y agresiones a sus territorios. Así mismo, tienen claro que allí no se negocia los aspectos sustanciales de la paz integral con justicia social, y comparten que el esquema (de la negociación) está bien diseñado, pero que en ningún momento constituye una política pública para la paz. Bajo el concepto de Paz Territorial, el gobierno manifestó que el enfoque de derechos es central en el proceso de negociación. Incluso en La Habana se acordó que la satisfacción de los derechos de las víctimas se encuentra en el centro del acuerdo. El propio Presidente Santos ha reiterado que “los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables”. Al presentar los acuerdos parciales alcanzados en la mesa de La Habana en los Encuentros, los delegados de la OACP afirmaron que en el primer punto de la agenda sobre política de desarrollo agrario integral, se están garantizando los derechos de los habitantes del campo; que en el tema de participación política se buscó garantizar los derechos políticos, y que “oír a las víctimas no tiene otro sentido que el de satisfacer sus derechos, comenzando por la medida más efectiva de protección y no repetición: poner fin al conflicto” 19. También se manifestó que, en los últimos años, el Gobierno ha hecho esfuerzos significativos para reconocer las condiciones de las víctimas y sus necesidades. La aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y la creación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) como entidad que debe liderar y coordinar la acción pública en materia de víctimas, han supuesto avances muy importantes. Sin embargo, también se reconocen las debilidades, especialmente en las regiones, para ofrecer la atención más adecuada a las víctimas. En los Encuentros se expresó claramente que la apuesta es por la terminación definitiva del conflicto armado y que mientras se firma el LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS acuerdo final y se inicia la implementación, las partes deben avanzar en un progresivo des-escalamiento del conflicto y por tanto el respeto efectivo de los derechos fundamentales de la población civil que se encuentra en las zonas de conflicto. Des-escalar el conflicto es el puente que puede unir una implementación exitosa de los acuerdos con las guerrillas y la creación de ambientes y condiciones positivas para la paz territorial, estable y sostenible. La transición debe estar marcada por hechos y acciones concretas (del Gobierno y de las FARC) que muestren claramente a la población el compromiso de respetar los Derechos Humanos, individuales y colectivos, y permita recuperar la confianza de los ciudadanos en el Estado y en las FARC para construir, sin el recurso de las armas, la ruta que va de la implementación de los acuerdos al desarrollo y la paz en los territorios. En las doce regiones se analizó la grave crisis humanitaria que aún persiste y se evidenció que la violencia continúa generando nuevas víctimas en el país, a pesar de que se reconoce la reducción en la intensidad de la confrontación desde que se iniciaron los diálogos de La Habana. En los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Antioquia, Arauca y Caquetá se señaló el confinamiento de comunidades y limitaciones de movilidad que restringieron su acceso a bienes y servicios indispensables para su supervivencia. Las causas más comunes de estas restricciones fueron las hostilidades, amenazas o limitaciones impuestas por los grupos armados no estatales, las retenciones masivas y control de alimentos realizados por la fuerza pública, presencia de campos minados20, bloqueos de vías, alteraciones del orden público y represión de la fuerza pública a las protestas sociales. Como ya fue planteado en el capítulo anterior, los pobladores de los territorios manifiestan dudas sobre un mejoramiento sustancial de la situación humanitaria en la fase de transición21. Consideran que hay algunos factores críticos o de alto riesgo si el Estado no llena rápidamente los vacíos dejados por una eventual dejación de armas por parte de las FARC, porque otros actores lo harán, especialmente si se trata de zonas estratégicas para el control de economías ilegales. En algunas zonas habría tensiones y diferencias al interior de las FARC que podrían llevar a desmovilizaciones parciales y a que persistan reductos. Existe también una preocupación por la militarización del territorio y el rol de las Fuerzas Armadas en el pos-acuerdo, aunque es previsible que haya un incremento de la presencia militar en zonas anteriormente controladas por las FARC, el impacto va a depender de los roles que asuman y de la relación que establezcan con las instituciones civiles y las comunidades. Finalmente, se manifestó entre los pobladores la preocupación de una posible oposición violenta a los acuerdos de paz y a su implementación en algunas zonas por poderes locales de facto en contra del proceso. Desde las regiones se considera que el componente humanitario de la Paz Territorial es un paso fundamental en la recuperación de confianzas. La población que ha sufrido las afectaciones de la confrontación debe sentir que la violencia ha disminuido ostensiblemente en sus vidas, en sus cuerpos y en sus territorios, que puedan percibir el compromiso de las Partes en el cumplimiento e implementación de los acuerdos y que puedan observar que se van generando condiciones apropiadas para hacer de sus territorios escenarios de paz, basados en el respeto y garantía de sus derechos y se evite el riesgo de caer en nuevos ciclos de violencia. Las acciones bélicas (principalmente combates y hostigamientos) se concentraron en el norte del Cauca, Arauca, la región del nudo de Paramillo, la antigua zona de distensión en Caquetá, la costa pacífica y la región del Catatumbo. Para ello, se propone tener en cuenta los siguientes elementos y enfoques: La denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado fue una constante en los Encuentros. Se dijo que entre noviembre de 2012 y septiembre de 2014 fueron registradas 548 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, 88% de las cuales fueron mujeres. Los niños, niñas y adolescentes constituyen el 27% de las víctimas. • Con el acuerdo final que se logre en La Habana no se resuelven las causas profundas de la conflictividad. El conflicto continuará después de los acuerdos, pero es una oportunidad para que la sociedad gane en capacidad de tramitar pacíficamente esos conflictos y el Estado deberá garantizar y promover los mecanismos institucionales adecuados para tramitarlos, de forma tal que nadie, ni individual ni colectivamente, recurra a la fuerza y a la violencia para resolverlos. • Este proceso de negociación para terminar el conflicto armado con la insurgencia es incompleto si no se realiza también con el ELN. Es conveniente, para las partes y para el país una negociación que cierre definitivamente el conflicto armado con las guerrillas. • Una gran preocupación, manifestada en los Encuentros, se centró en las amenazas a líderes y lideresas sociales, defensores de Derechos Humanos y trabajadores por la paz, acrecentada22 en el segundo semestre del 2014. En tal sentido se planteó la necesidad de hacer una evaluación rigurosa del actual sistema nacional de protección tanto en su enfoque conceptual como en los dispositivos y procedimientos para brindar y garantizar la protección de las personas amenazadas. El 56% de las solicitudes de protección hechas por defensores y defensoras en los últimos 3 años, fueron desestimadas por el Gobierno23. En el mismo sentido se debe revisar y ajustar la ley de víctimas y restitución de tierras, para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. • El Estado y las FARC deben asumir el respeto por los territorios, las poblaciones indígenas y afrocolombianas, su cultura, su organización social y política, el ejercicio de su autonomía y gobierno sobre sus territorios. De igual forma, respetar el derecho a la movilización y a la protesta pacífica de los pobladores de las regiones; acordar una propuesta de desminado humanitario para lo cual las comunidades de Nariño (Samaniego), Mico-ahumado (Morales), entre otras, ofrecen su experiencia y aprendizajes; la eliminación inmediata de las prácticas de agresión sexual contra las mujeres, lo que incluye violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. • Se recuerda que en varias regiones hay experiencias de reintegración de excombatientes a las comunidades, tales como 21 Ver recuadro No.1 en este mismo texto y el anexo, incluido en el CD que acompaña ésta publicación, sobre preguntas y comentarios hechos en los Encuentros, referidos a los temas de derechos de las víctimas, justicia transicional, procesos de reconciliación, desmovilización y reinserción de excombatientes, permanencia de otros grupos armados y condiciones de seguridad para la población. 22 Según la información registrada por Somos Defensores, en 2014 fueron 626 los casos de defensores/as agredidos. Durante el 2013, se habían reportado 366 defensores agredidos. Con relación a las agresiones por género, se registró que de los 626 defensores agredidos en 2014 el 65% fueron hombres y el 35% correspondió a mujeres. Esta medición arroja un incremento cercano al 160% en la agresión contra defensoras de Derechos Humanos en 2014 (221 casos), frente al 2013 que presentó un registro 85 agresiones contra mujeres defensoras. 23 Entre enero de 2012 y junio de 2014 la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha recibido cerca de 17.000 solicitudes de ciudadanos y ciudadanas colombianas buscando la protección estatal. De esta cifra, aproximadamente 5872 solicitudes, fueron realizadas por civiles que defienden los Derechos Humanos (líderes de víctimas, de mujeres, de restitución de tierras, indígenas, afros, comunales, comunitarios, sociales entre otros), es decir, el 34% del total de solicitudes en casi tres años. De estas 5872 solicitudes hechas por defensores, 2611 fueron respondidas de manera positiva por la UNP; las restantes 3261 fueron devueltas o declaradas sin riesgo (o con riesgo ordinario como lo mencionan los decretos). 25 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 26 24 Jaramillo, Sergio. Paz Territorial, conferencia en la Universidad de Harvard. Los demás elementos fueron planteados y profundizados en las distintas intervenciones en los doce Encuentros Regionales para la Paz, por los delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. la realizada por los indígenas del norte del Cauca (ACIN), la realizada por la Asociación Campesina del Carare (ATCC) en Cimitarra. Se sugiere que los programas que se establezcan para la reintegración de excombatientes a la vida de las comunidades y dinámicas del territorio, deben ser concertadas con las organizaciones e instituciones territoriales, con la finalidad de no generar nuevos conflictos. 3.2. Enfoque territorial del desarrollo. Bajo el concepto de Paz Territorial el Gobierno Nacional considera que el enfoque territorial del desarrollo debe contemplar los siguientes presupuestos y elementos: “La política pública en Colombia se piensa sectorialmente. Necesitamos empezar a pensar territorialmente; espacializar la política pública”. Y agrega el Alto Comisionado para la Paz: “Hay que complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial. Primero porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no se va a lograr si no se articulan esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios alrededor de la paz 24”. Según el Gobierno, la meta debe ser la inclusión y la integración del territorio, y el mecanismo debe ser la ejecución de acciones integrales en el territorio. Esto implica: • Definición de objetivos claros para el territorio • Infraestructura, bienes públicos asistencia técnica, generación de capacidades e incen- LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS tivos, de acuerdo con los objetivos definidos • Necesidad de sub-regionalizar las políticas públicas, pues en cada región hay subregiones claramente definidas con características propias y vocación productiva específica. • Identificación de potencialidades y capacidades existentes en las comunidades en el territorio. Es a partir de los recursos, talentos, conocimientos y esfuerzos culturales para la resolución de conflictos donde es posible levantar procesos de construcción de paz También hay que pensar con enfoque territorial la reintegración de los combatientes de las FARC, así como de quienes se sometan a la justicia por parte de las Bacrim. A pesar de que vienen de procesos muy diferentes, todos llegan o se encuentran en los mismos territorios, luego el modelo debe tener enfoque territorial. Pero no será el Gobierno Nacional el que defina esos objetivos territoriales, esto se debe definir con los actores del territorio. El diálogo, respecto del tema, realizado durante los Encuentros permitió identificar como elemento central y compartido la trascendencia del enfoque territorial para la construcción y sostenibilidad de la paz. Sin duda ese enfoque territorial tiene una dimensión clave que es la del desarrollo, pero no exclusivamente. Por eso se considera que es necesario seguir profundizando en las significaciones que el territorio (y dentro de él, el desarrollo) tiene para los distintos actores que viven, actúan e interactúan en él. Desde las regiones se identificaron algunas consideraciones y significados, que son útiles para éste componente del modelo, pero que también se retomarán en los siguientes componentes. • Toda relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado. • El territorio es un espacio de poder, de gestión y de disputa por el dominio entre varios actores: el Estado, los individuos, grupos, organizaciones sociales y étnicas territoriales, empresas locales, nacionales y multinacionales. • El territorio es una construcción social y el conocimiento que se tenga del mismo implica el conocimiento de los distintos procesos y vocaciones productivas. • La actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto, su capacidad real y potencial de crear, recrear y apropiarse del territorio, es desigual. • En el espacio ocurren y se sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, nacionales (e incluso mundiales), con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes que generan relaciones de complementación, de cooperación y de conflictos. • El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y desequilibrado. La realidad geo social es cambiante y por tanto requiere permanentemente nuevas formas de organización y de ordenamiento territorial. En el caso de un conflicto prolongado como el colombiano, el territorio adquirió un ordenamiento en función de los intereses de la guerra y de los actores participantes en ella. Se requiere entonces diseñar un nuevo ordenamiento que haga posible y viable la paz. Diálogo entre participantes, analistas y Oficina del Alto Comisionado para la Paz • El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que el ejercicio de la ciudadanía y de la acción ciudadana solo adquieren existencia real a partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se sobreponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades. 25 Ver el recuadro No. 1 en este mismo texto y el anexo detallado sobre preguntas de las y los participantes. El análisis del preacuerdo de La Habana sobre el “desarrollo agrario integral” y sobre el modelo de desarrollo territorial concitó el mayor número de intervenciones, comentarios y preguntas en los doce Encuentros25. Así mismo se hicieron varias contribuciones para este componente de enfoque territorial del desarrollo: l Ordenamiento social de la propiedad de la tierra y del territorio. El conflicto social y armado ha cambiado los patrones de ocupación y uso de cada territorio. Los señores de la guerra (actores armados ilegales, narcotraficantes, crimen organizado) han acumulado y concentrado la propiedad de las tierras, refuerzan una estructura feudal y expulsan población campesina a la periferia improductiva sin ningún control del Estado. Es necesario por tanto avanzar en un reordenamiento del territorio que permita entregar Los temas más relevantes en las intervenciones y preguntas: 239 Sobre el modelo de desarrollo territorial y los acuerdos sobre el punto de reforma rural integral. 213 Sobre la construcción de paz y su relación con el proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP 126 Sobre las víctimas, la justicia transacional y los procesos de reconciliación. 96 Sobre las transformaciones institucionales, sobre las transformaciones en el papel de las fuerzas militares y de policía. 80 Sobre la participación social y política de diversos actores en el proceso de paz. 69 Sobre la desmovilización de las FARC-EP, la permanencia de otros grupos armados y las condiciones de seguridad para la población. 33 El problema de las drogas ilicitas. 41 Propuestas generales (no constituyen todavía agendas regioneles, se trata de propuestas frente a la información recibida y los temas tratados) Recuadro Nº 1 27 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 28 28 Arévalo Bencardino, Julián. “La Paz Terrirorial, elementos generales del modelo”, agosto 17 de 2014, p.4 tierras con capacidad productiva a campesinos que fueron despojados, hacer productivas las grandes propiedades ociosas que están en los mejores suelos, delimitar los territorios con base en la concertación con las comunidades de políticas sociales y de desarrollo, discutir y reconocer los distintos sentidos del territorio. Se reconoce en los Encuentros que hay profundas diferencias frente al concepto, uso y manejo, apropiación y sentido del territorio. Para un mismo territorio se están proponiendo modelos totalmente contrapuestos: unos desde la lógica del capital para la cual los territorios son la fuente de acumulación de riquezas, otros desde la lógica de la integración de los territorios a una idea de Nación definida por las clases dominantes, y otros desde la lógica de las comunidades campesinas, afro, indígenas y mujeres que consideran el territorio como el lugar para el buen vivir. Las posibilidades de la paz duradera pasa por la discusión de estos modelos y por el consenso en torno a las lógicas que van a ordenar y articular el territorio El enfoque planteado por el Gobierno26 incluye la necesidad de hacer un profundo ejercicio de re-ordenamiento territorial, que incluya una presencia diferenciada de Estado para que sea posible la paz regional y duradera. Para las comunidades, organizaciones sociales y étnico territoriales, el asunto del ordenamiento territorial es un tema sustancial de sus reivindicaciones, ya que ha sido un elemento estructurante del conflicto y no ha permitido el desarrollo de sus planes de vida y de etno desarrollo. Advierten, sin embargo, que este ejercicio no puede traducirse mecánicamente en la implementación del acuerdo pertinente entre las FARC y el Gobierno, sino que requiere de decisiones políticas que no son neutrales, deben ser el resultado de un proceso de consenso no desprovisto de tensión y disputa entre posturas antagónicas, reflejo de los múltiples intereses que tienen los agentes y actores sociales que coexisten en los territorios. Antes de adentrarse en una nueva planificación territorial, es necesario hacer un análisis de interpretación de los procesos más allá de la habitual descripción de las transformaciones espaciales. Un análisis integral e interpretativo de los procesos socio-espaciales, conlleva la comprensión de lo que hay en juego en medio de los cambios territoriales y da respuesta a LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS inquietudes como: ¿qué elementos y relaciones los configuran, cuáles son las fuerzas y las tensiones que se producen?, y de esta forma ser realmente operativos y útiles en la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales del desarrollo que hay en los territorios. En ésta dirección, los pobladores manifiestan preocupaciones frente a algunas de las figuras jurídicas planteadas en los acuerdos, tales como las zonas de interés de desarrollo rural y económico (ZIDRE), zonas de reserva campesina (ZRC) y zonas o territorios interétnicos. l Reconocer y fortalecer la vocación productiva propia de cada territorio. En primer lugar se plantea la necesidad de reconocer y entender al territorio en su conjunto, según su geografía física, sus condiciones de suelo, su topografía, su hidrografía y su localización para poder definir las áreas de productividad. En los Encuentros se dijo que las decisiones de proyectos y políticas económicas como las extractivas, violentan la vocación productiva propia de muchos de los territorios. Como ejemplos se señaló la necesidad de considerar la ubicación geoestratégica y la gran biodiversidad del territorio chocoano; o la vocación amazónica, antes que minero-energética del Putumayo y el Caquetá; o la gran riqueza ictiológica del mar Pacífico en la costa nariñense, además de la riqueza de minerales, especies de maderas finas e industriales; el departamento de Nariño que vivió la bonanza de la quina, de la tagua, del oro, de la madera, de la coca, de la minería reciente, pero al que ahora se le impone la lógica y las necesidades de los Tratados de Libre Comercio (TLC), de la Alianza de la Cuenca del Pacífico y de la economía extractiva. El tipo de desarrollo territorial debe fijarse, además de las condiciones de infraestructura, de productividad, de dotación de bienes públicos esenciales como salud, educación, vivienda, atención a la infancia, atención a las mujeres, también en la satisfacción de las necesidades propias de los habitantes de estos territorios y principalmente en las prácticas productivas tradicionales, ancestrales, en los planes de vida de las comunidades indígenas, en los planes de etno desarrollo de las comunidades negras y en los planes de vida agroalimentarios de las comunidades campesinas. Actuar en ésta dirección permitirá la construcción de programas de desarrollo territorial concertados entre organizaciones sociales, autoridades locales y sector privado que surjan de iniciativas de abajo hacia arriba, permitiendo la identificación de objetivos comunes, de circuitos económicos y sociales, de tal forma que estos actores puedan constituirse como un territorio y ser protagonistas del desarrollo rural. Así mismo, sería conveniente para la Paz Territorial definir conjuntos de comunidades como territorios, con su propia vocación productiva y capacidad de representación y acción colectiva, facilitar procesos de interlocución con el gobierno central y la concertación horizontal entre comunidades, instituciones locales y otros actores claves. l l Fortalecer las organizaciones sociales de base territorial. El conflicto social y armado produjo una transformación profunda de las formas de organización campesina y popular, y la destrucción de buena parte del tejido social de las comunidades. Surgieron movimientos de víctimas, asociaciones de desplazados, iniciativas como los Programas de Desarrollo y Paz en diferentes regiones azotadas por la violencia, siguiendo el ejemplo del Magdalena Medio, y aparecieron múltiples esfuerzos locales de autogestión y resistencia lideradas principalmente por mujeres. Paralelo a la destrucción y reorganización de las organizaciones campesinas, las autoridades e instituciones locales y regionales fueron cooptadas por organizaciones armadas y mafiosas en regiones donde el Estado central perdió el control territorial. Esta llamada “captura del Estado local” compromete su capacidad para responder a las demandas ciudadanas, cuyos voceros no encuentran interlocutor legítimo en el entorno local y, por tanto, buscan interpelar al gobierno nacional. A esto obedece el surgimiento reciente de la Cumbre Nacional Agraria, étnica y popular, y la Mesa de Unidad Agraria, producto de los paros y movilizaciones del 2013 y 2014. Buena parte de las organizaciones campesinas de éstas doce regiones están vinculadas de alguna forma a estos dos espacios, más allá de que compartan, parcial o totalmente, las plataformas político ideológicas de estos movimientos. Por estas razones, se considera que los reconocimientos del protagonismo de las organizaciones comunitarias, sociales, étnicas territoriales y demás actores del territorio y de sus prácticas productivas y planes de vida, deben ser el punto de partida para el diseño y ejecución de los programas de desarrollo territorial. Un cambio en el modelo de desarrollo que permita saldar la deuda histórica con las regiones. “La paz exige un gran esfuerzo para el Estado colombiano porque ha sido responsable de lo que ha sucedido en el Catatumbo. El primer paso y el más difícil es recuperar la confianza, (…) superar el abandono histórico y la profundidad de la huella dejada por la guerra. Es necesaria una política de paz, en la que el Estado tiene la obligación de avanzar independientemente de los acuerdos de La Habana; no puede poner como condición el éxito de la negociación con la insurgencia, para cumplir con sus deberes constitucionales de garantizar los derechos a la población”27. La presencia de un Estado civilista es indispensable para generar confianza, y la forma de generar confianza es hacer inversión social en salud, educación, saneamiento y cuidado ambiental, vivienda, vías, programas de apoyo al campesino. Es necesaria una respuesta estructural del Estado frente a incumplimientos históricos. Pero saldar la deuda histórica con las regiones no solo supondría la necesaria inversión social en las zonas golpeadas por el conflicto armado, sino un cambio en el modelo de desarrollo, modelo que deberá concertarse con los actores territoriales. Desde el punto de vista del desarrollo, el modelo implica resolver los conflictos generados alrededor de la tierra y la prioridad debería ser el ordenamiento territorial. En la fase de transición o de construcción de la paz, el Estado debe dar pasos hacia la resolución satisfactoria a la inequidad campo-ciudad, en cuanto a la tenencia de la tierra, el apoyo a la economía campesina 28, la soberanía alimentaria y, en general, al problema de la pobreza. Es necesario insistir en la cuestión del acceso a la tierra como elemento desactivador de factores de violencia, así como en la convivencia pacífica y al cuidado del me- 27 Encuentro Regional para la Paz, Catatumbo. 28 En varios de los ERP se reclamó la reactivación del IDEMA, el cual desapareció por la aplicación de políticas neoliberales. 29 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 30 29 Encuentro Regional para la Paz, Granada, Meta. 30 En los ERP de Putumayo y Caquetá se afirmó la vocación amazónica de esos territorios. 31 Intervención de Pedro Arenas, en el ERP de Putumayo. dio ambiente (a lo que contribuyen las Zonas de Reserva Campesina o Zonas de Reserva Agroecológicas), a la ampliación de resguardos, y la reglamentación y aplicación plena de la ley 70. Dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana en materia de tierras podría representar el pago de la deuda histórica del Estado con los territorios. Una propuesta para generar recursos en favor de la paz, contribuir a erradicar la pobreza, cuidar el medio ambiente, y propiciar con todo ello el crecimiento de las comunidades, es “que las tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la nación, sean distribuidas de manera eficaz e igualitaria. Esto significará un apoyo a la participación de la comunidad y a planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental, además de la formalización legal de las tierras”29. l Alta relevancia de la dimensión ambiental. Fue generalizada la preocupación por la amenaza que pesa sobre los ecosistemas estratégicos de los bosques andinos, amazónicos y pacíficos, resultado de procesos como la colonización maderera, coquera y ganadera, y recientemente la política extractivista y agroexportadora que deben revertirse para cerrar la expansión de la frontera agraria y salvar los bosques, acuíferos y el 35% de suelos que están en proceso de erosión. Dada la alta relevancia de este componente y su importancia estratégica para el país y el mundo, también el MCDPT implica el cuidado de la naturaleza. En tal sentido, debe abordarse la cuestión del daño al medio ambiente causado por los proyectos mineros y la explotación de hidrocarburos. El respeto al medio ambiente es posible partiendo de una política de regulaciones para el sector minero-energético que contenga y haga cumplir el cuidado de los recursos naturales, como el agua y la tierra; por otra parte, respetando las autonomías de los pueblos y comunidades ancestrales, sus planes de vida y de etnodesarrollo, acordes con su cosmovisión y valores culturales30. En el MCDPT las entidades étnico-territoriales y campesinas son las primeras responsables del medio ambiente. Existen propuestas en relación con el tema de los cultivos de uso ilícito en los acuerdos de la Habana. En los ERP, frente a los cultivos de coca se propuso que “no se debe partir del principio “coca cero”, sino de reconocer al productor y visi- LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS bilizarlo, darle la oportunidad de subsistir de la coca, pues no podría mantenerse en el territorio sin ésta. Mucha gente ha cambiado, sin ayuda del gobierno, los cultivos ilícitos por otras actividades, pero esto ha sido posible por los excedentes de la coca, y poco a poco han llegado a ser sujetos de crédito. Muchos pasaron a ser ganaderos con la ayuda de la coca. También es fundamental concertar con las comunidades cómo salir de los cultivos ilícitos. Las comunidades deben comprometerse a no sembrar y resembrar. En este tema hay un universo de posibilidades, siempre y cuando se le cumpla a las comunidades y se llegue a la paz” 31. Las riquezas naturales de los territorios deben beneficiar a sus habitantes. La riqueza en biodiversidad y en agua es estratégica para la nación y para la humanidad, y su cuidado es la garantía de recursos a futuro para las comunidades que lo habitan. Las comunidades no se oponen por sí mismo al desarrollo minero-energético. Lo que piden es que se generen diálogos informados y veraces, reconociendo los conocimientos, intereses, expectativas y las propuestas de las comunidades. El desarrollo minero-energético no debe implicar una invasión y depredación de los territorios. Permitir que las alternativas y soluciones tengan en cuenta a las comunidades, con la debida información y concertación, trasformaría constructivamente los conflictos, se ganaría en confianzas mutuas, y ayudaría a que las empresas generasen desarrollo en las zonas donde se instalan y se articulen adecuadamente a las dinámicas territoriales. En los Encuentros Regionales para la Paz se planteó que el problema central de la participación política y ciudadana radica más que en la ausencia de mecanismos de participación, en el sentido y finalidad última de la participación. Los sectores históricamente excluidos participan pero no inciden en las decisiones. De otro lado, una participación efectiva y responsable de la ciudadanía pasa por disminuir las asimetrías de poder, de forma tal que sea posible el diálogo y el respeto por la opinión del otro, en igualdad de condiciones. Frente a lo señalado por la Oficina del Alto Comisionado, en los Encuentros se hicieron los siguientes planteamientos: l 3.3. Participación política y ciudadana. Para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el componente de la Paz Territorial implica un cambio en el modelo de ciudadanía; de pasiva, receptora de las acciones del Estado, a una ciudadanía activa que prioriza, define y ejecuta las acciones que le afectan directamente. Esto pasa por fortalecer y desarrollar varios mecanismos tales como: la planeación participativa. Planeación de abajo hacia arriba. Fortalecimiento de la democracia. Definición de espacios que permitan la creación de visiones compartidas del territorio y del desarrollo territorial. Identificación de problemas y de rutas de solución a partir de los actores y las trado la pervivencia, el vigor, la capacidad propositiva, las agendas, las realizaciones de las organizaciones de base en los territorios, así como su reclamo de autonomía. Se ha constatado no solamente la resistencia y fortaleza de las organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres, también puede hablarse de las organizaciones de afrodescendientes, de jóvenes, de trabajadores de la cultura, de artistas, de la comunidad LGBTI, de las víctimas, de las asociaciones de productores, de las mesas de concertación presentes en todos los territorios, de los desplazados, de los artesanos, los pequeños productores, los cocaleros, las ONGs, las redes de pobladores, los defensores de Derechos Humanos, las juntas de vivienda comunitaria, y las múltiples iniciativas de paz, entre otros. potencialidades del territorio. Importancia de que la representación sea plural y no cooptada por sectores que están mejor organizados. Concientización ciudadana acerca de los alcances de la política pública. Espacios de participación como espacios de reconciliación. Articulación de las iniciativas de la sociedad civil con las administraciones municipales, la institucionalidad nacional y la comunidad internacional. l Reconocer los órdenes sociales impuestos por los actores del conflicto. Para transformar la “cultura” de participación ciudadana actual es necesario reconocer e identificar claramente los innumerables conflictos por el control de la tierra, de las poblaciones y de los recursos naturales y públicos, que han configurado nuevos y cambiantes órdenes sociales impuestos por los diversos actores armados y sus aliados políticos, sociales y económicos. Esto tiene importantes consecuencias al momento de implementar los acuerdos de La Habana, por ejemplo en territorios en los cuales las mismas FARC u otros actores armados han impuesto su dominio. De un lado, se requiere reivindicar a estas poblaciones y territorios, y de otro, reconocer la capacidad y autonomía de las comunidades, de sus organizaciones y de autoridades tradicionales para tomar decisiones independientes y legítimas. La fuerza organizativa y movilizadora de las regiones. Uno de los mayores hallazgos en los Encuentros fue la visibilización de la capacidad organizativa del pueblo colombiano, y esta es la mayor fortaleza para un modelo de Paz Territorial. Los ERP han mos- Se identificaron importantes avances en la construcción de “agendas territoriales de paz”, impulsadas por instancias de coordinación y de acción conjunta entre organizaciones e iniciativas de paz que existen en los territorios. En el ERP del Magdalena Medio se observó un trabajo explícito en función de una articulación de las diversas agendas. En otros ERP se evidenciaron esfuerzos y pasos metodológicos los cuales no han alcanzado aún consenso departamental, pero tienen importante presencia en algunas subregiones, como es el caso de Nariño. Las organizaciones de mujeres, por su parte, tienen en muchos territorios su agenda propia. Las agendas regionales o territoriales de las organizaciones de mujeres parten de la experiencia que estas organizaciones tienen por ejemplo en proyectos agroecológicos, así como en su visión del desarrollo territorial. En todos los territorios hay procesos sociales que avanzan cada vez más hacia la articulación en torno a una visión regional y territorial en la que se involucren todos los actores relevantes. l La valoración y reivindicación de las mujeres y su acción política. En todos los ERP se destacó el aporte de las mujeres y de sus organizaciones a la paz. Las mujeres se han opuesto a la militarización de la vida cotidiana y han planteado públicamente lo que la guerra significa para sus cuerpos, sus vidas y los territorios que habitan. Es importante destacar la alta participación de las mujeres en los ERP, uno de cuyos “desa- 31 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 32 32 Ver anexo: Análisis de la participación de personas y sectores en los Encuentros. Intervención de Carlos Medina, ERP en Tame-Arauca. 33 Intervención de Margarita Jaimes Velásquez, sobre Derechos de las víctimas y justicia transicional, en Montes de María. 34 35 Encuentro Regional para la Paz, Magdalena Medio. fíos fue romper con las brechas en relación a la participación social y política de las mujeres. Del total de participantes (5.608), el 44% correspondió a mujeres y el 56% a varones”32. Este porcentaje es significativo si se tiene en cuenta que el análisis solo toma en cuenta las mujeres que son representantes de organizaciones. Este hecho es revelador de la fuerza que tienen las organizaciones de mujeres que, en medio de una cultura patriarcal, logran una movilización alrededor de propósitos comunes, especialmente el propósito de la paz: “las mujeres claman a la insurgencia y al gobierno nacional, parar la guerra y que se reconozca la afectación a sus familias, las mujeres merecen nuestro respeto y reconocimiento. Tanto el gobierno como las FARC reconocen que las mujeres pagaron un costo muy alto en su cuerpo. Las mujeres les reclaman parar la guerra, no más vientres para la guerra. Que se pague la deuda histórica con las mujeres de este país. El 70% de las víctimas son mujeres. Ellas quedaron al frente de familias por amor a la vida” 33. La mujer rural es la principal víctima del conflicto. Han sido las que históricamente han llevado la peor parte, y las más interesadas en que el conflicto se acabe. Viven a diario el drama de la pobreza y el desplazamiento forzado. Dado el papel de las mujeres como productoras, estas deben ser reconocidas como sujetos de titulación de tierras, y debe haber un seguro agrario que las contemple: inversión en la política familiar y jubilación para la mujer rural. “Asignar presupuesto en programas y políticas de apoyo a las mujeres”. En general se requiere desarrollar una política de seguridad social para las mujeres campesinas y una política pública integral con enfoque de género. l Reconocimiento y participación real de las víctimas. En los ERP se señalaron los desafíos actuales para el reconocimiento de los derechos de las víctimas: la “poca articulación entre las medidas de indemnización administrativa y las demás medidas de rehabilitación, la insatisfacción por las medidas de no repetición, debido también a sus pocos avances. La baja concreción de medidas eficaces para determinar la verdad acerca de las violaciones perpetradas, ni para garantizar la investigación e imposición de sanciones proporcionales a los autores y partícipes en dichas violaciones en términos de justicia. LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS La incapacidad de que las medidas simbólicas trasciendan los eventos públicos. La baja capacidad de brindar atención adecuada en salud mental, recuperación emocional y priorización de atención de las consecuencias físicas del conflicto armado (problema estructural del sistema de salud). El bajo impacto en la recuperación de proyectos de vida y recuperación de la capacidad económica de las víctimas, y el recrudecimiento de la pobreza” 34. Desde la perspectiva de una paz regional, en los ERP se precisó que aún hay un débil compromiso de las entidades territoriales para la atención y la reparación individual y colectiva de las víctimas. Es muy débil el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las víctimas (SNARIV), que tiene poca articulación con otras agencias y políticas estatales. Hay debilidad en la atención diferencial y en la aplicabilidad de los principios de justicia transicional que plantea un marco flexible en el que priman los derechos de las víctimas. Y hay fallas en los procesos de registro de víctimas por los términos de inscripción y declaración. Los ERP se percibieron como una posibilidad de aumentar la incidencia y participación política de las organizaciones de víctimas. La construcción de la paz requiere un papel activo y crítico de las víctimas organizadas. En todos los ERP las víctimas se pronunciaron sobre la reparación a la que aspiran: la reparación colectiva como el reconocimiento del lugar de las organizaciones y movimientos sociales como sujetos políticos, con su identidad, y valores colectivos. Los participantes expresan que la reparación debe incluir los cambios que se requieren en los territorios; que se tenga en cuenta cómo la guerra ha impactado de manera diferencial: “reparación del territorio, pues la historia de la guerra en Barranca ha generado una afectación profunda del territorio, de sus procesos sociales y organizativos que es necesario reparar, no solo de forma individual y colectiva a través de la reparación integral a las víctimas, sino a través de hechos sociales que reivindiquen el carácter justo de las demandas sociales, y los daños que sobre la naturaleza se han hecho bajo el pretexto del desarrollo”35. Si bien en varios ERP se expresó la importancia de los 10 principios que con relación a las víctimas adoptó la mesa de La Habana, dado el papel central de las víctimas en el desarrollo de la Justicia Transicional, se expresa preocupación por los retrasos actuales en la aplicación de la ley de víctimas. Una conclusión contundente de los ERP es que la reconciliación pasa por una respuesta positiva del Estado a los compromisos que implican la Constitución Nacional y al cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana. 3.4. Relaciones con la Institucionalidad. La Oficina del Alto Comisionado plantea que el proceso de construcción de la Paz Territorial requiere de un papel activo de la institucionalidad local. Se requiere instituciones fuertes y bien articuladas en el nivel local, que a su vez estén en capacidad de mantener un diálogo fluido con las iniciativas de la sociedad civil. • El impulso a las iniciativas de abajo hacia arriba y el fortalecimiento de la institucionalidad local no debe entenderse como una multiplicidad de procesos desarticulados. Es necesario desarrollar diseños institucionales que permitan la correcta articulación de estos procesos con la institucionalidad a nivel nacional, siempre partiendo de las particularidades de cada territorio. Tanto la institucionalidad nacional como la local tienen que reconocer y legitimar lo que ya hay en el territorio. l Construir un Estado civilista. Un Estado civilista es aquel en el que la palabra (el diálogo) prima sobre el uso de la fuerza, en el que la sociedad está regida no por los paradigmas y normas militares propias de la guerra sino por políticas civilistas en las que prima la pedagogía, la prevención, la tramitación “civilizada” de los conflictos. La humanización de los conflictos por la vía del respeto y la palabra es la prioridad de un Estado civilista. Ante la pregunta acerca de si hay o no capacidad para tramitar los conflictos, la cuestión de la civilidad es central, pues toca con la legitimidad y el carácter del Estado mismo. En el ERP de los Montes de María, los asistentes definen la cultura de paz a la que aspiran y ésta “se asocia a reconocer el conflicto y el diálogo, y no el uso de las armas, como camino para transformarlo”. En el Magdalena Medio se planteaba que “la seguridad no tiene que ver con lo militar ni con las ganancias económicas, sino con el diálogo y el respeto a la dignidad, con la solidaridad como principios”. • De la mano de lo anterior, en algunos territorios será necesario incorporar de forma importante a las autoridades tradicionales en la construcción de la Paz. En ese sentido, en departamentos como Cauca, Norte de Santander o Chocó es necesario definir cómo se va a fortalecer a los resguardos y cabildos indígenas, o los consejos comunitarios de comunidades negras. En otros ERP como en Caquetá se plantea que “es importante revertir y modificar la idea de la legitimidad y del ejercicio de la autoridad por la vía de la fuerza y de las armas. Esto tiene que ver con una noción de seguridad que no esté asociada a la militarización”37. Así mismo en todos los Encuentros, se reafirmó de diversas maneras que el diálogo y no el uso de la fuerza es el camino hacia la paz. Se habla también de modelo civilista por el explícito rechazo de la población al “militarismo”. Por militarismo se refieren al control de la vida de las poblaciones por parte del ejército y de la guerrilla, pero especialmente se refiere a los bombardeos, la estigmatización y persecución a los líderes sociales, incluso a la falta de libertad de expresión. Las y los participantes en los Encuentros consideran que las relaciones de la ciudadanía y de sus organizaciones con la institucionalidad del Estado se han dado en un marco de desconfianza, de ausencia de Estado en los territorios, justificada a veces por la presencia de actores ilegales haciendo aparecer al Estado como otra víctima más. Perciben al Estado en forma de ocupación militar, de exclusión política, de corrupción e ilegitimidad. Se plantean entonces algunas propuestas para complementar el enfoque de éste componente: Se evidencia mucha sensibilidad entre los participantes por la presencia militar del Estado, que sigue una lógica de la seguridad basada en el control, y deja el ordenamiento del territorio en manos de autoridades cívico-militares. La idea de consolidación, por ejemplo, está basada en la militarización de la vida civil como forma de ocupación del territorio, lo cual corresponde a un escenario de guerra y no a un escenario de paz. En cuanto a las garantías de no repetición es importante subrayar la idea de que la seguridad no la dan las armas, sino la cohesión social 37 Ver informe de análisis cultural e informe de cada ERP. 33 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 34 38 Ibidem. Al respecto de esta alianza y agenda, ver publicación de Rafael Antonio Pabón en http://contraluzcucuta.co/ articulos/construyen-agenda-socialy-de-paz-para-norte-de-santander/. “Los ejes centrales propuestos son: reconciliación y paz, alternativas productivas sostenibles y solidarias, dinámica social fronteriza, inclusión social y gobernabilidad. Las propuestas planteadas por la Alianza son las siguientes: 1. Diálogos regionales y subregionales de paz. 2. Educación integral para la paz. 3. Programa de derechos humanos y DIH. 4. Promoción y difusión de los Derechos Humanos, DIH. 5. Participación y garantías de los derechos de las víctimas. 6. Inclusión social”. 39 y la solidaridad. Hay que pensar cuál es la fuerza pública necesaria para el nuevo modelo de Paz Territorial con enfoque civilista. También es de resaltar que se habla de un modelo civilista en el sentido de priorizar la inversión que el Estado debe hacer en seguridad alimentaria, educación, salud, etc., por encima de la inversión militar. De manera reiterada en los ERP se criticó la alta inversión militar mientras se mantiene al abandono de los territorios por parte del Estado. Por civilista se entiende la presencia de un Estado que destina los recursos públicos a la atención de las necesidades más urgentes de las regiones. En conclusión, esta civilidad es posible alcanzarla en Colombia sobre la base de una “alianza entre el Estado y la sociedad para establecer conjuntamente institucionalidad, definida como el conjunto de prácticas y normas que regulen la vida pública y produzcan bienestar”38. Este Estado será posible si existe un pacto de punto final al conflicto armado, y si se facilitan escenarios reales de diálogo entre actores diversos en los territorios. l La existencia de una “sociedad organizada” con un proyecto territorial compartido. Como en todos los ERP, en el Caquetá se clamó por “el fin de la violencia que ejercen diversos grupos (FARC, ELN, Bacrim y FFMM), y la humanización del conflicto. Así mismo se decía que “la firma de un acuerdo con una de las guerrillas significa avanzar en condiciones para la solución de los conflictos, con la convicción de que las armas no son el camino, y que la salida a los conflictos requiere una sociedad organizada”. Se ha insistido en que existe una “sociedad organizada en todos los territorios”, que exige “respeto por las autonomías de los pueblos y comunidades ancestrales, por sus planes de vida y de etnodesarrollo”, entre otros aspectos. Los pobladores asumen que sus organizaciones tienen la madurez para “que el Estado contrate directamente con estas organizaciones o instancias de coordinación regional las obras y políticas a desarrollar en el territorio”. “¡No somos niños!” expresaba un indígena que protestaba porque el Estado no entregaba directamente a las autoridades indígenas los dineros a los que tenían derecho, sino que lo entregaba a través de las alcaldías. En el Chocó se planteaba LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS “que los recursos que se dedican a los afrocolombianos en el territorio y son manejados por alcaldías, lleguen para el ejercicio de la autonomía en los consejos comunitarios y se creen mecanismos de control para que esto se cumpla”. Un buen ejemplo de la madurez que la sociedad civil ha alcanzado en diversas regiones de Colombia es la agenda regional producida por la “Alianza por el Buen Gobierno”, en Norte de Santander. En nombre de esa alianza habló en el Encuentro Regional de Tibú, el Obispo de esta ciudad. “La alianza es el producto del encuentro de voluntades entre las autoridades civiles y la Iglesia de esta zona de frontera. Se han vinculado la academia y organizaciones civiles regionales. Esta alianza lanzó una Agenda por la Paz”39 . Esta “agenda social y de paz para Norte de Santander contiene los componentes que se requieren para la construcción de la paz. O damos un paso hacia adelante de manera integrada y coordinada, o los problemas nos ahogan”, concluyó el Obispo. ca; se requiere el diseño de instrumentos para combatirlos, pero también una amplia movilización social para deslegitimarlos: “estos instrumentos no solo están a cargo del Estado, pues la corrupción se ha hecho cultura, y es responsabilidad de la sociedad y del Estado responder a este problema, causante protagónico de los males históricos de la nación”. Los efectos de la corrupción, plantean que el MCDPT debe estar fundado en la primacía del ser humano sobre la renta (el dinero) y en la búsqueda del bien común sobre el usufructo privado. Superar el narcotráfico y la cultura de la ilegalidad requiere afrontar la corrupción y la complicidad de funcionarios estatales, de las Fuerzas Armadas y de Policía con organizaciones mafiosas (paramilitarismo); estos vínculos generan incredulidad, desconfianza, miedo y alejan cada vez más al Estado de la población y sus organizaciones. En los ERP se percibió también la conciencia de las organizaciones acerca de los aprendizajes históricos que han fortalecido la organización social: en el Magdalena Medio, “la historia de resistencia en torno a la solidaridad ha dejado en la región un sello característico a partir del cual es posible la reconstrucción tras la violencia”. En Arauca, “las formas asociativas -señala uno de los líderes- son parte de la cultura.” 3.5. Construcción de ciudadanía y reconciliación. Para afrontar las causas de los conflictos y superar la inequidad y la miseria, se requiere una sociedad organizada que exija sus derechos y contribuya a desmontar el “modelo neoliberal” que ha causado pobreza y violencia, en pro de un modelo basado en la justicia social como fundamento de la paz. Estas acciones no solo están orientadas a cerrar brechas y garantizar derechos económicos, sociales, culturales y políticos, sino también a promover la reconciliación, fomentar la confianza de los ciudadanos entre sí, así como entre ellos y el Estado. En ese sentido, la mayor presencia institucional del Estado contribuye de forma importante al objetivo de la reconciliación, pero no es suficiente. Se requiere impulsar el diálogo social y otras estrategias que fomenten la construcción de ciudadanía. l Un trabajo integrado Sociedad - Estado para afrontar la corrupción y generar un cambio en la cultura política. La importancia que adquiere la perspectiva cultural para el MCDPT está dada por el hecho de que hay serios obstáculos para la paz, que solo podrán desaparecer con un trabajo de largo plazo: 1) Los altos niveles de corrupción administrativa; 2) La politiquería, y 3) La apropiación privada de los recursos públicos. Estos fenómenos ponen en evidencia un problema de moral pública de graves proporciones que no se resolverá con los ajustes que plantea el punto de participación políti- La Oficina del Alto Comisionado plantea que “un tema esencial que no puede perderse de vista en este modelo de Paz Territorial es el elemento de reconciliación que debe incorporar muchas de las acciones que se lleven a cabo en la fase de construcción de paz.”40 En tanto la confianza es resultado de procesos acumulativos de intercambio entre actores sociales, este es un tema que el Estado y la sociedad deben empezar a trabajar desde ya, abonando el terreno para la implementación de los acuerdos. La Paz Territorial necesita apalancarse a partir de iniciativas en el territorio que puedan contribuir a la construcción de la paz y la reconciliación, y para ello es importante el aporte del trabajo cultural y la construcción de imaginarios de convivencia pacífica y tratamiento adecuado de los conflictos. El análisis de la representatividad y participación en los doce Encuentros Regionales para la Paz, muestra quiénes son los actores que se mueven en la búsqueda de la paz, quiénes son líderes y lideresas reconocidos y legitimados por sus comunidades e instituciones, quiénes articulan y tejen puentes entre actores contradictores y median conflictos. Se identificó que existen espacios relacionales que vinculan a diferentes personas e intereses, que en una misma región hay conexiones interdependientes, pero con independencias y autonomías localizadas, y que la construcción de la paz, más que ganar “adeptos” es la capacidad de tejer redes y construir relaciones y espacios, permanentes y legitimados, que puedan pensar estratégicamente sus territorios. l Un futuro compartido y su construcción participativa. Un modelo civilista-territorial de paz incluye a las autoridades civiles, comunitarias, y étnicas presentes en cada territorio. Es un hallazgo importante, el que en todas las regiones existen espacios de concertación, con diferentes niveles de consolidación, entre instituciones y organizaciones sociales. En ellos se encuentran organizaciones sociales, la Iglesia Católica y otras iglesias, empresarios, organizaciones de mujeres, indígenas, afrodescendientes y grupos de jóvenes. Estos importantes espacios de diálogo social reciben diferentes nombres según las regiones, el más frecuente es “mesas de concertación”. Existen variaciones entre las organizaciones que en ellos participan en cuanto a su grado de consolidación y experiencia. Estos espacios constituyen los motores del proceso social necesario para poner en marcha los acuerdos de la Habana en cada región. El liderazgo y la representatividad institucional y social de estos espacios son relevantes. Un modelo civilista requiere la construcción de visiones de futuro que fundamenten las agendas regionales para el desarrollo y la paz, que recojan las propuestas que los actores regionales tienen y logren concertar como prioridades entre ellos, para llegar a un proyecto regional compartido. La definición de prioridades regionales es una vía práctica para la concertación41. 40 Arévalo Bencardino, Julián. “La Paz Terrirorial, elementos generales del modelo”, agosto 17 de 2014, p.3 41 “Estos encuentros permiten fortalecer el rol de la sociedad civil y tener información directa de las necesidades desafíos y oportunidad de las comunidades, con la voz directa de mujeres, niños, víctimas, medios, iglesias, indígenas y todos los que participan. Sus testimonios son la clave para pasar de la teoría a la práctica, y dotar de contenido la paz territorial”. (Intervención de la embajadora de Suecia, en ERP de Tibú.) 35 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS 36 42 Intervención del Obispo de Tibú, en ERP del Catatumbo. El tipo de participación que propone el MCDPT corresponde a un “concepto de participación, ligado a la entraña misma de la democracia y marca la diferencia entre democracia representativa y democracia participativa. La primera es cuantitativa, y la segunda cualitativa. En el último caso, son claves los consensos. En este sentido, hay que entender un nuevo enfoque de democracia que debe estar marcado por la participación efectiva, incluyente y que abre caminos de reconciliación. Cuando las decisiones, los procesos y las proyecciones son asumidos por unos pocos, que no cumplen requisitos de pulcritud y competencia, y que no se compenetran con las mayorías, no hay democracia verdadera”42 . LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS Implementar lo acordado en La Habana, en términos de construcción de ciudadanía y reconciliación, debe traducirse en favorecer la construcción de una ciudadanía rural, que no ha existido, pues no solo se vulneraron los derechos de los campesinos sino que se ha estigmatizado a ésta población en su condición de ciudadanos autónomos, por el hecho de vivir en territorios de presencia y dominio de actores armados ilegales. Así mismo, debe crear condiciones para generar un futuro compartido y hacer una construcción colectiva. La paz implica un proceso difícil de recuperación de la confianza, tanto en las relaciones en la vida cotidiana como de la Sociedad con el Estado. Para ello será necesario superar los traumas y dar garantías para que no se repita lo que sucedió con la Unión Patriótica. 4. Hoja de ruta para la construcción de la Paz Territorial. Esta fase de Encuentros Regionales concluyó con un seminario nacional43 de balance y perspectivas para la continuidad del proceso de construcción de Paz Territorial. Entendiendo que hay en marcha otras iniciativas similares, éste documento y las premisas y proyecciones planteados en éste capítulo pueden ser de utilidad para el diseño de la hoja de ruta a seguir. Diferentes percepciones de lo que implica la fase de transición (pos-acuerdos y construcción de paz) y desniveles en las capacidades de preparación de las regiones. En los ERP se ha verificado que hay diversos niveles de preparación de las regiones para su participación en la etapa de transición hacia la paz. Las hojas de ruta de cada región44 muestran el grado de avance de los procesos y propuestas regionales de paz. Por lo tanto, es conveniente una caracterización más precisa de las regiones, identificando las capacidades y niveles de preparación y lo que hace falta en éstas regiones para un alistamiento adecuado para el periodo del pos-acuerdo. Un proceso sostenible. La sostenibilidad del proceso de paz, entendido en su dimensión positiva, pasa por ayudar a construir estructuras de coordinación y articulación entre los diferentes actores territoriales, para evitar que la inercia del conflicto y de la institucionalidad sofoquen los vientos de cambio. Empeñar todos los recursos, solamente en los canales políticos tradicionales, es seguir dejando al margen amplias capas de la población que no creen en el Estado, pero cuya participación resulta fundamental para que opere la fórmula de cambiar “votos por armas”, y para que se fortalezca y se profundice la democracia. Reconocer la diversidad de actores. La participación de diferentes actores sociales (sector público, sector privado, organizaciones sociales, culturales y étnico territoriales, organizaciones de víctimas, academia, iglesias, organizaciones de mujeres, comunidad LGBTI, pobladores urbanos, organizaciones gremiales y sindicales, medios de comunicación y comunicadores sociales) recibiendo la misma información sobre el estado de las negociaciones en La Habana, comunicando sus puntos de vista, preocupaciones y reconociéndose como actores (distintos en sus identidades e intereses) pero compartiendo un mismo territorio, más allá del escaso número de participantes por algunos sectores, es uno de los mayores logros de los Encuentros. No se tuvo la pretensión de llegar a concertar agendas, sino al reconocimiento mutuo como actores claves del territorio y a la socialización de sus propuestas y agendas. Este es sin duda, un paso en firme para la preparación de las regiones en perspectiva de la implementación de los acuerdos de La Habana y de la cons- 43 Encuentros Regionales para la Paz, Seminario Nacional, Bogotá, Febrero 23 de 2015. En este seminario participaron 100 personas delegadas y delegados de las doce regiones, el doctor Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz y el experto internacional en construcción de paz y mediación de conflictos, Francisco Diez. 44 Ver el anexo referido a “hojas de ruta”, informe específico de cada una de las regiones. 37 38 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS trucción de la Paz Territorial. La armonización entre los alcances de los acuerdos, y las visiones y propuestas de las organizaciones locales sobre la construcción de la paz en sus territorios, es todavía una tarea por desarrollar. Esto requiere de otros ejercicios de concertación y negociación en los que deben estar clara y directamente involucrados los actores sociales y políticos de estos territorios. El diálogo establecido durante el seminario permite concluir que hay varios puntos de encuentro, entre las y los participantes y el Alto Comisionado de Paz, sobre la hoja de ruta a seguir. “Este (2015) es el año de las decisiones. Vamos a decidir si llegamos a la paz en Colombia o no. A partir de las lecciones aprendidas en estos Encuentros debemos decidir qué es lo que vamos a hacer distinto en la siguiente fase” . Al respecto, varias de las mesas de trabajo plantearon: “hacer más ERP adentro de las regiones, preparar los ERP previamente, buscar mecanismos para la participación de administraciones y empresas, hacer ERP municipales, vincular más a la población rural, manejar enfoque diferencial, incluir sector educativo y a la academia en general, articular e incidir con las conclusiones de los ERP a los planes de desarrollo municipales y departamentales, incorporar aprendizajes en desmovilización, impulsar pactos territoriales de paz, que el Presidente convoque a la institucionalidad, mayor comunicación y difusión, vincular a los candidatos y promover los consejos territoriales de paz” . Crear espacios permanentes articulando a otros actores del territorio. Con los Encuentros se ha logrado ya unos espacios de discusión y deliberación en los territorios. Se requiere consolidar esos espacios con la participación LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS de otros actores distintos a los mismos de siempre y a los contradictores. Al respecto, Francisco Diez, planteó que el gran desafío para el futuro inmediato es “construir los espacios de articulación estratégica, los cuales consisten en espacios y apoyos necesarios para que se lleven a cabo los procesos de cambio deseados. Son como los cimientos que sostienen la casa del cambio social, a partir de allí se construyen plataformas transformativas con capacidad de respuesta sostenida” . Recoger las experiencias y reconocer la diversidad. Se debe continuar recogiendo e identificando las experiencias de construcción de paz de las organizaciones territoriales, atender las particularidades y la diversidad sociocultural de cada territorio para profundizar y aportar al modelo de Paz Territorial. Avanzar en una visión compartida del territorio y del futuro. El reto fundamental es construir una visión compartida del territorio y de la paz. Para ello habrá que innovar en las metodologías que faciliten ésta construcción, que vincule a todos los actores claves del territorio y que articule a la institucionalidad (alcaldes y gobernadores) y establezca alianzas con otros actores, nacionales e internacionales, que pueden aportar a ésta construcción. Promover pactos territoriales. Es necesario avanzar en las regiones en la construcción de pactos territoriales para la paz. Al respecto, dijo Sergio Jaramillo: “una de las características de la paz en Colombia es que va ser una paz pactada”. Estos pactos se constituyen en la sostenibilidad de la paz territorial. Para Francisco Diez, la clave está en la identificación y selección de los “Quiénes estratégicos” Elevar la “temperatura social” por la paz, la difusión y la pedagogía. Se requiere crear un clima en el que la gente común sienta la paz cercana y no algo que está en La Habana. Habrá que desarrollar estrategias más contundentes de movilización social por la paz, de pedagogía y comunicación, en todos los territorios. 39 40 LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LOS TERRITORIOS ANEXOS INCLUIDOS EN EL CD 1. Documento: La Construcción de Paz desde los Territorios (Esta publicación en PDF) 2. Documentos de Sistematización (de cada uno de los encuentros) 3. Documentos de Análisis Cultural (de cada uno de los encuentros y final) 4. Video Resumen Encuentros 5. Hojas de ruta 6. Análisis de preguntas frecuentes 7. Estadísticas de participación 8. Declaración final 9. Acuerdos parciales de La Habana