Papers by Pensamiento y Acción Social
Proteger a los Defensores Colectivos de Derechos Humanos, un desafío para las Políticas Públicas en Colombia, 2020
Colombia figura en el escenario internacional como el país más peligroso para ejercer el derecho ... more Colombia figura en el escenario internacional como el país más peligroso para ejercer el derecho a defender los derechos humanos. Entre la firma del Acuerdo Final de Paz, que fue en 2016, y agosto de 2020 han sido asesinados alrededor de mil líderes(as) y defensores(as) de derechos humanos (Indepaz). Mientras tanto, el Gobierno Nacional
busca respuestas mediante la expedición de leyes, como el Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos (Decreto 2137/18), y a través de la preparación de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), anunciado desde finales de 2019. A su vez, las entidades de
control y el Ministerio Público evidencian la insuficiencia e insostenibilidad de los programas de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección, mientras que los departamentos y municipios no inician la aplicación del Decreto 660/18, entre otras razones, por falta de presupuesto. Por lo tanto, es necesario buscar otras respuestas.
Por consiguiente, este trabajo explora las potencialidades y limitaciones de tres expresiones diferentes de la política pública de protección a líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos que han sido desarrolladas en escenarios locales rurales. Ello con el propósito de extraer aprendizajes sobre cómo pueden construirse otras medidas de protección diferentes a la oferta de la Unidad Nacional de Protección y cuáles son las más eficaces para estas comunidades, cuyas experiencias, además, pueden servir a otros grupos que vean vulnerados sus derechos.
Para tal efecto, el documento ha sido estructurado en tres partes, cada una de las cuales describe las características centrales del contexto en el cual se definió la medida de protección, presenta la medida de protección, valora su impacto e identifica los factores que contribuyen a explicar dicho impacto, así como las razones que condujeron a su
adopción. Y, finalmente, aborda algunos de los posibles aprendizajes derivados de la experiencia.
El corredor minero La Guajira - Cesar: Los Derechos Humanos al vaivén de la voluntariedad (Informe completo), 2019
Este informe se realiza en el marco del proyecto "Empresas transnacionales y Principios Rectores:... more Este informe se realiza en el marco del proyecto "Empresas transnacionales y Principios Rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de los Derechos Humanos en América Latina", llevado a cabo por 4 países bajo la consultoria de COSPE y el cofinanciamiento de la Unión Europea. En esta página encontrará todo el material audiovisual, gráfico y escrito realizado como parte del informe, en el que se evidencian las afectaciones que las actividades extractivistas han dejado en las comunidades y la ineficacia de los mecanismos voluntarios para frenar las violaciones a los Derechos Humanos que producen las empresas.
El corredor minero La Guajira - Cesar: Los Derechos Humanos al vaivén de la voluntariedad, 2019
Este informe se realiza en el marco del proyecto "Empresas transnacionales y Principios Rectores:... more Este informe se realiza en el marco del proyecto "Empresas transnacionales y Principios Rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de los Derechos Humanos en América Latina", llevado a cabo por 4 países bajo la consultoria de COSPE y el cofinanciamiento de la Unión Europea. En esta página encontrará todo el material audiovisual, gráfico y escrito realizado como parte del informe, en el que se evidencian las afectaciones que las actividades extractivistas han dejado en las comunidades y la ineficacia de los mecanismos voluntarios para frenar las violaciones a los Derechos Humanos que producen las empresas.
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Las realidades sociales rurales en Colombia son complejas y las transformaciones propuestas en el... more Las realidades sociales rurales en Colombia son complejas y las transformaciones propuestas en el Acuerdo de paz contienen acciones inmediatas, así como de mediado y de largo plazo; por lo que no resulta plausible esperar que la mera firma del Acuerdo de 2016 conduzca, por sí misma, al cambio. A pesar de que a nivel nacional los cambios legislativos e institucionales comprometidos en la implementación del Acuerdo de paz llevan un ritmo lento y enfrentan permanentes avances y retrocesos, en las regiones pasan muchas cosas que pueden reflejar el país real, mientras el discurso nacional continúa reflejando el país formal.
El objetivo de la investigación realizada, cuyos resultados se presentan
en este documento, fue identificar cómo está impactando el proceso de
implementación del Acuerdo de paz, la realidad regional en el país y, en
particular, cómo estos cambios a su vez, están afectando la defensa de derechos asociados a la tierra y el territorio, qué cambios está imponiendo a los defensores rurales, a sus riesgos, sus prioridades y/o sus aliados. En otras palabras, se trata de dar cuenta de cómo están viviendo estos defensores la firma del Acuerdo y su implementación en las regiones, con énfasis en los impactos que están teniendo sobre los riesgos que cotidianamente enfrentan por su labor de defensa.
Entre abril de 2015 y diciembre de 2016, desde el Protection Desk Colombia Pensamiento y Acción S... more Entre abril de 2015 y diciembre de 2016, desde el Protection Desk Colombia Pensamiento y Acción Social -PAS y Protection International
PI, se dieron a la tarea de investigar la forma cómo en Colombia se ha abordado el tema de la protección de los defensores de derechos humanos que defienden aquellos asociados a la tierra y el territorio, así como a conocer con mayor profundidad los riesgos que enfrentan, sus vulnerabilidades, capacidades y respuestas.
Con base en las experiencias de las comunidades acompañadas, buscó derivar aprendizajes que sustenten un enfoque alterno de la protección
colectiva, en el que no se protege una sumatoria de personas, cuyo vínculo está dado por su condición de víctimas de una violación masiva de derechos humanos, como el desplazamiento forzado, sino por su naturaleza como sujeto colectivo. En esta investigación se explora un enfoque comprensivo a partir del concepto de protección colectiva y las posibilidades que este ofrece.
Como resultado de este trabajo, en febrero de 2017 se publicó el documento La protección colectiva de los defensores del derecho a la tierra y el territorio en Colombia: Desarrollos conceptuales y desafíos metodológicos. Este documento corresponde a la primera fase de la investigación que centró su mirada en la situación de los campesinos, en su calidad de sujetos sociales defensores de derechos humanos.
Ahora bien, en tanto la defensa de derechos asociados a la tierra y el territorio no es una actividad exclusiva de los grupos y organizaciones campesinas, esta investigación previó el desarrollo de una segunda fase enfocada a reconocer la experiencia de protección colectiva de comunidades indígenas. Con este propósito, se concertó con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) el desarrollo de un estudio de caso para dar nuevos elementos a la investigación en desarrollo.
Tres elementos motivaron el trabajo de investigación que se presenta
en este documento. El primer... more Tres elementos motivaron el trabajo de investigación que se presenta
en este documento. El primero de ellos es la situación de riesgo de los
DDH que habitan y actúan en las áreas rurales. El segundo se relaciona con la necesidad de ampliar el foco de atención de la protección de
estos defensores más allá del Programa Gubernamental de Protección
que, después de 15 años de operación, ha mostrado fuertes limitaciones
para responder a los riesgos que enfrentan. Por último, se consideró el
interés que, en 2015, despertó el tema de la protección colectiva en los
escenarios de jurisprudencia y en el campo de los derechos humanos en
Colombia. La combinación de estos tres elementos genera un escenario
propicio para las reflexiones que se proponen.
En esta investigación se explora un enfoque comprensivo de la protección para DDH rurales ligados a la defensa de la tierra y el territorio. La lectura se realiza a partir del concepto de protección colectiva y las posibilidades que este ofrece. En este marco, los objetivos específicos que orientan su desarrollo son:
1. Ofrecer una revisión crítica de los abordajes que ha tenido el tema
de la protección colectiva en Colombia.
2. Aportar elementos conceptuales y metodológicos cuya función sea
suscitar una reflexión que rompa los límites restrictivos de la concepción de la protección.
3. Derivar de las experiencias de protección de las organizaciones rurales DDH con las cuales ha trabajado el Protection Desk, claves,
estrategias y/o medidas de protección, que alimenten un enfoque
alterno de la protección colectiva.
Este manual, es resultado del acompañamiento que PAS y PI realizan
a comunidades campesinas, afro... more Este manual, es resultado del acompañamiento que PAS y PI realizan
a comunidades campesinas, afro e indígenas en diferentes regiones
de Colombia y hace parte del esfuerzo que adelanta PI para caracterizar y prevenir este fenomeno a nivel mundial2
. Tiene como objetivo
ofrecer elementos prácticos y de reflexión a los defensores rurales y
a sus comunidades, sobre cómo la estigmatización, criminalización y
judicialización, son utilizadas para desestabilizar y debilitar sus procesos organizativos de defensa de derechos, caracterizándose como una
estrategia más para consolidar el despojo de sus tierras.
Esperamos que el manual sirva como una herramienta de fortalecimiento de la labor de los defensores rurales, que en el país continúan
resistiendo pacíficamente y luchando por la defensa legitima de sus
derechos y su permanencia en el territorio.
El estudio de caso aquí presentado describe cómo los derechos de los niños, niñas y adolescentes ... more El estudio de caso aquí presentado describe cómo los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad de El Hatillo han sido afectados por las operaciones de las empresas mineras dedicadas a la extracción de carbón, conjuntamente con un incumplimiento por parte del Estado colombiano de regular y supervisar adecuadamente
sus actividades y proporcionar los servicios sociales básicos.
A tal fin, el documento contiene una breve nota sobre la metodología aplicada para el estudio y sobre los autores; una introducción a la comunidad de El Hatillo; un análisis de los daños sufridos por la comunidad, con especial atención a lo que concierne a los niños,
niñas y adolescentes; la identificación de las principales violaciones y amenazas a sus derechos (en particular el derecho a un ambiente sano y otro derechos relacionados), incluyendo acciones y/u omisiones por parte del Estado colombiano. El incumplimiento de las obligaciones se esboza en lo que refiere a los atributos de disponibilidad, acceso, idoneidad y sostenibilidad. Por último, se ofrece una breve referencia a la historia de la defensa y la promoción de los derechos, así como las principales reivindicaciones de los niños, niñas y adolescentes afectados y recomendaciones para mejorar la situación.
Marco normativo derivado del Acuerdo Final de Paz para la protección de defensores de derechos humanos, 2019
El presente documento expone las normas referidas al derecho a defender los derechos y, más espec... more El presente documento expone las normas referidas al derecho a defender los derechos y, más específicamente, las medidas integrales para la protección de los defensores colectivos de la tierra y el territorio derivadas del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016.
Las normas se presentan a manera de síntesis, sin ningún análisis o valoración, con el único propósito de ordenar e informar sobre su contenido.
Este documento hace parte de los insumos de trabajo para el desarrollo de la investigación monográfica que adelanta Protection Desk Colombia - PDCOL (Alianza entre Pensamiento y Acción Social & Protection International) en la que se analiza este marco normativo desde la perspectiva de política pública.
Este informe sombra quiere ser un aporte al ejercicio del deber de la sociedad civil de vigilar y... more Este informe sombra quiere ser un aporte al ejercicio del deber de la sociedad civil de vigilar y requerir la responsabilidad de las grandes empresas y corporaciones transnacionales frente a los múltiples impactos que generan en el mundo con su desempeño corporativo, ambiental, laboral, social, económico, así como en materia de derechos humanos. Para el caso de Glencore PLC en Colombia, este deber de vigilancia ha sido ejercido por organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y Europa. Desde 2010 Glencore ha comenzado a realizar reportes de sostenibilidad de sus operaciones bajo los estándares y criterios del GRI2 – Global Reporting Iniciative–, publicando hasta hoy cuatro reportes mundiales desde la casa matriz en Zug (Suiza) y dos reportes de sostenibilidad desde su grupo empresarial en Colombia (C.I. Prodeco).
Desde ese mismo año, las organizaciones no gubernamentales Grupo de Trabajo Suiza-Colombia (ASK) y Pensamiento y Acción Social (PAS) comenzamos a hacer seguimiento de las operaciones de Glencore en Colombia a través de la recopilación, documentación y análisis de información dispersa en miles de folios de trámites ambientales, procesos laborales, sanciones corporativas, informes de auditoría públicas e independientes y estados financieros, entre otras fuentes documentales relacionadas con la historia de la multinacional suiza en Colombia.
La investigación de archivos y expedientes es desarrollada simultáneamente con el acompañamiento y presencia permanente en las regiones donde Glencore desarrolla sus actividades, lo cual nos ha permitido desarrollar un informe sombra en el que se discuten y contrastan algunos aspectos, hechos y hallazgos de los informes de sostenibilidad de la multinacional. Con ello, hemos querido documentar, analizar y valorar el alcance material de lo que la compañía reporta en relación a asuntos corporativos y fiscales, impactos al medio ambiente y al patrimonio natural de la nación, garantías laborales y sindicales, relaciones con las fuerzas de seguridad estatales y reasentamientos involuntarios de las comunidades afectadas por las operaciones mineras.
Los Encuentros Regionales para la Paz (ERP), fueron la iniciativa que la Redprodepaz , en alianza... more Los Encuentros Regionales para la Paz (ERP), fueron la iniciativa que la Redprodepaz , en alianza con la Ruta Pacífica de las Mujeres , la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base y la Corporación Pensamiento y Acción Social (PAS) , presentaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), a propósito de generar movilización social y activar la participación ciudadana en torno al proceso de paz que se desarrolla en La Habana. A este esfuerzo se vincularon con profundo compromiso las Embajadas de Suecia, Suiza y Noruega, a quienes les expresamos el más sincero reconocimiento. Durante el segundo semestre de 2014 se realizaron 12 Encuentros Regionales para la Paz en los siguientes municipios: Quibdó, Puerto Asís, Sincelejo, Popayán, Florencia, Chaparral, Tumaco, Granada, Barrancabermeja, Tibú, Apartadó y Tame. En total participaron 5.608 personas que representaron a 2.143 organizaciones, de las cuales 1.443 pertenecen a la sociedad civil, (67%). Del 33% restante, se destaca la baja participación de las alcaldías y gobernaciones (5.2%), más del doble de esa proporción del sector empresarial (12.1%), y una significativa participación de los medios de comunicación social (22.1%). El Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ha promovido el concepto de Paz Territorial indicando que “en el centro de su visión de paz hay una preocupación por el territorio y una preocupación por los derechos”. Con base en este enfoque se impulsó un diálogo social en estas doce regiones, con la finalidad de informar y analizar los avances del proceso de negociaciones del Gobierno y las FARC en La Habana, discutir las implicaciones que tienen los acuerdos para las regiones, y reconocer e identificar los procesos, propuestas y agendas de construcción de paz en estos territorios. Los Encuentros hacen posible concebir la Paz Territorial como un proceso democrático por medio del cual, el conjunto de actores y organizaciones con asiento y presencia en los diferentes territorios, logran articular sus intereses, expectativas y agendas alrededor de una visión compartida de futuro, como fruto del diálogo útil y respetuoso del territorio consigo mismo, la nación y la comunidad internacional. Este proceso para que sea efectivo debe conducir a la construcción de nuevos pactos sociales, políticos, económicos y ambientales, que permitan ordenar el territorio y refundar las relaciones en el respeto y la protección de los Derechos Humanos.
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Política pública de protección para defensores colectivos de la tierra y el territorio: Límites y posibilidades en el posacuerdo, 2019
La inclusión del problema sobre las garantías de protección a los y las defensoras de los derecho... more La inclusión del problema sobre las garantías de protección a los y las defensoras de los derechos humanos (DDH) en la agenda de negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, su posterior incorporación en el Acuerdo Final de Paz y su implementación normativa, es sin duda un avance en materia de políticas públicas. Sin embargo, no logra aún contener una realidad en la que las agresiones contra los DDH aumentan. ¿Cuáles son los límites y posibilidades del nuevo marco normativo para atender los riesgos que enfrentan los DDH que defienden los derechos a la tierra y el territorio?
Frente a este interrogante, la investigación ofrece una lectura integral del nuevo marco normativo desde una perspectiva de políticas públicas para observar su potencial eficacia en la protección de los DDH y la garantía del derecho a defender los derechos. A partir de la identificación de los riesgos permanentes y emergentes de los defensores colectivos de los derechos a la tierra y el territorio en el escenario de posacuerdo de paz.
Contrastar el nuevo marco normativo con los riesgos que enfrentan los DDH en los territorios, permite concluir que las decisiones de política pública derivadas del Acuerdo Final de Paz no logran superar la inercia de la acción estatal que se resiste a los cambios en los modelos de gobernanza por cuenta de la configuración del Estado local, los cambios de orientación política del Gobierno Nacional y la poca capacidad del sistema jurídico para permear la voluntad de los actores sociales, políticos, económicos y gubernamentales con incidencia en la política pública.
No obstante, el nuevo marco normativo abre un escenario de posibilidad para la acción integral frente a los riesgos en la medida en que se incorporan en la agenda pública perspectivas amplias de garantías (derecho a defender los derechos), se afianzan temas exigidos por los DDH (protección colectiva, investigación, no estigmatización) y se asignan nuevas competencias al Estado en los territorios (gobernaciones y alcaldías) buscando una mayor y mejor integración vertical de la institucionalidad estatal.
Esta investigación busca, finalmente, aportar al debate que ha desatado el Acuerdo Final de Paz, proponiendo elementos de análisis para la definición de estrategias eficaces para la garantía del derecho a defender los derechos de DDH asociados a la tierra y el territorio.
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busca respuestas mediante la expedición de leyes, como el Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos (Decreto 2137/18), y a través de la preparación de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), anunciado desde finales de 2019. A su vez, las entidades de
control y el Ministerio Público evidencian la insuficiencia e insostenibilidad de los programas de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección, mientras que los departamentos y municipios no inician la aplicación del Decreto 660/18, entre otras razones, por falta de presupuesto. Por lo tanto, es necesario buscar otras respuestas.
Por consiguiente, este trabajo explora las potencialidades y limitaciones de tres expresiones diferentes de la política pública de protección a líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos que han sido desarrolladas en escenarios locales rurales. Ello con el propósito de extraer aprendizajes sobre cómo pueden construirse otras medidas de protección diferentes a la oferta de la Unidad Nacional de Protección y cuáles son las más eficaces para estas comunidades, cuyas experiencias, además, pueden servir a otros grupos que vean vulnerados sus derechos.
Para tal efecto, el documento ha sido estructurado en tres partes, cada una de las cuales describe las características centrales del contexto en el cual se definió la medida de protección, presenta la medida de protección, valora su impacto e identifica los factores que contribuyen a explicar dicho impacto, así como las razones que condujeron a su
adopción. Y, finalmente, aborda algunos de los posibles aprendizajes derivados de la experiencia.
Ver Informe
El objetivo de la investigación realizada, cuyos resultados se presentan
en este documento, fue identificar cómo está impactando el proceso de
implementación del Acuerdo de paz, la realidad regional en el país y, en
particular, cómo estos cambios a su vez, están afectando la defensa de derechos asociados a la tierra y el territorio, qué cambios está imponiendo a los defensores rurales, a sus riesgos, sus prioridades y/o sus aliados. En otras palabras, se trata de dar cuenta de cómo están viviendo estos defensores la firma del Acuerdo y su implementación en las regiones, con énfasis en los impactos que están teniendo sobre los riesgos que cotidianamente enfrentan por su labor de defensa.
PI, se dieron a la tarea de investigar la forma cómo en Colombia se ha abordado el tema de la protección de los defensores de derechos humanos que defienden aquellos asociados a la tierra y el territorio, así como a conocer con mayor profundidad los riesgos que enfrentan, sus vulnerabilidades, capacidades y respuestas.
Con base en las experiencias de las comunidades acompañadas, buscó derivar aprendizajes que sustenten un enfoque alterno de la protección
colectiva, en el que no se protege una sumatoria de personas, cuyo vínculo está dado por su condición de víctimas de una violación masiva de derechos humanos, como el desplazamiento forzado, sino por su naturaleza como sujeto colectivo. En esta investigación se explora un enfoque comprensivo a partir del concepto de protección colectiva y las posibilidades que este ofrece.
Como resultado de este trabajo, en febrero de 2017 se publicó el documento La protección colectiva de los defensores del derecho a la tierra y el territorio en Colombia: Desarrollos conceptuales y desafíos metodológicos. Este documento corresponde a la primera fase de la investigación que centró su mirada en la situación de los campesinos, en su calidad de sujetos sociales defensores de derechos humanos.
Ahora bien, en tanto la defensa de derechos asociados a la tierra y el territorio no es una actividad exclusiva de los grupos y organizaciones campesinas, esta investigación previó el desarrollo de una segunda fase enfocada a reconocer la experiencia de protección colectiva de comunidades indígenas. Con este propósito, se concertó con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) el desarrollo de un estudio de caso para dar nuevos elementos a la investigación en desarrollo.
en este documento. El primero de ellos es la situación de riesgo de los
DDH que habitan y actúan en las áreas rurales. El segundo se relaciona con la necesidad de ampliar el foco de atención de la protección de
estos defensores más allá del Programa Gubernamental de Protección
que, después de 15 años de operación, ha mostrado fuertes limitaciones
para responder a los riesgos que enfrentan. Por último, se consideró el
interés que, en 2015, despertó el tema de la protección colectiva en los
escenarios de jurisprudencia y en el campo de los derechos humanos en
Colombia. La combinación de estos tres elementos genera un escenario
propicio para las reflexiones que se proponen.
En esta investigación se explora un enfoque comprensivo de la protección para DDH rurales ligados a la defensa de la tierra y el territorio. La lectura se realiza a partir del concepto de protección colectiva y las posibilidades que este ofrece. En este marco, los objetivos específicos que orientan su desarrollo son:
1. Ofrecer una revisión crítica de los abordajes que ha tenido el tema
de la protección colectiva en Colombia.
2. Aportar elementos conceptuales y metodológicos cuya función sea
suscitar una reflexión que rompa los límites restrictivos de la concepción de la protección.
3. Derivar de las experiencias de protección de las organizaciones rurales DDH con las cuales ha trabajado el Protection Desk, claves,
estrategias y/o medidas de protección, que alimenten un enfoque
alterno de la protección colectiva.
a comunidades campesinas, afro e indígenas en diferentes regiones
de Colombia y hace parte del esfuerzo que adelanta PI para caracterizar y prevenir este fenomeno a nivel mundial2
. Tiene como objetivo
ofrecer elementos prácticos y de reflexión a los defensores rurales y
a sus comunidades, sobre cómo la estigmatización, criminalización y
judicialización, son utilizadas para desestabilizar y debilitar sus procesos organizativos de defensa de derechos, caracterizándose como una
estrategia más para consolidar el despojo de sus tierras.
Esperamos que el manual sirva como una herramienta de fortalecimiento de la labor de los defensores rurales, que en el país continúan
resistiendo pacíficamente y luchando por la defensa legitima de sus
derechos y su permanencia en el territorio.
sus actividades y proporcionar los servicios sociales básicos.
A tal fin, el documento contiene una breve nota sobre la metodología aplicada para el estudio y sobre los autores; una introducción a la comunidad de El Hatillo; un análisis de los daños sufridos por la comunidad, con especial atención a lo que concierne a los niños,
niñas y adolescentes; la identificación de las principales violaciones y amenazas a sus derechos (en particular el derecho a un ambiente sano y otro derechos relacionados), incluyendo acciones y/u omisiones por parte del Estado colombiano. El incumplimiento de las obligaciones se esboza en lo que refiere a los atributos de disponibilidad, acceso, idoneidad y sostenibilidad. Por último, se ofrece una breve referencia a la historia de la defensa y la promoción de los derechos, así como las principales reivindicaciones de los niños, niñas y adolescentes afectados y recomendaciones para mejorar la situación.
Las normas se presentan a manera de síntesis, sin ningún análisis o valoración, con el único propósito de ordenar e informar sobre su contenido.
Este documento hace parte de los insumos de trabajo para el desarrollo de la investigación monográfica que adelanta Protection Desk Colombia - PDCOL (Alianza entre Pensamiento y Acción Social & Protection International) en la que se analiza este marco normativo desde la perspectiva de política pública.
Desde ese mismo año, las organizaciones no gubernamentales Grupo de Trabajo Suiza-Colombia (ASK) y Pensamiento y Acción Social (PAS) comenzamos a hacer seguimiento de las operaciones de Glencore en Colombia a través de la recopilación, documentación y análisis de información dispersa en miles de folios de trámites ambientales, procesos laborales, sanciones corporativas, informes de auditoría públicas e independientes y estados financieros, entre otras fuentes documentales relacionadas con la historia de la multinacional suiza en Colombia.
La investigación de archivos y expedientes es desarrollada simultáneamente con el acompañamiento y presencia permanente en las regiones donde Glencore desarrolla sus actividades, lo cual nos ha permitido desarrollar un informe sombra en el que se discuten y contrastan algunos aspectos, hechos y hallazgos de los informes de sostenibilidad de la multinacional. Con ello, hemos querido documentar, analizar y valorar el alcance material de lo que la compañía reporta en relación a asuntos corporativos y fiscales, impactos al medio ambiente y al patrimonio natural de la nación, garantías laborales y sindicales, relaciones con las fuerzas de seguridad estatales y reasentamientos involuntarios de las comunidades afectadas por las operaciones mineras.
Books by Pensamiento y Acción Social
Frente a este interrogante, la investigación ofrece una lectura integral del nuevo marco normativo desde una perspectiva de políticas públicas para observar su potencial eficacia en la protección de los DDH y la garantía del derecho a defender los derechos. A partir de la identificación de los riesgos permanentes y emergentes de los defensores colectivos de los derechos a la tierra y el territorio en el escenario de posacuerdo de paz.
Contrastar el nuevo marco normativo con los riesgos que enfrentan los DDH en los territorios, permite concluir que las decisiones de política pública derivadas del Acuerdo Final de Paz no logran superar la inercia de la acción estatal que se resiste a los cambios en los modelos de gobernanza por cuenta de la configuración del Estado local, los cambios de orientación política del Gobierno Nacional y la poca capacidad del sistema jurídico para permear la voluntad de los actores sociales, políticos, económicos y gubernamentales con incidencia en la política pública.
No obstante, el nuevo marco normativo abre un escenario de posibilidad para la acción integral frente a los riesgos en la medida en que se incorporan en la agenda pública perspectivas amplias de garantías (derecho a defender los derechos), se afianzan temas exigidos por los DDH (protección colectiva, investigación, no estigmatización) y se asignan nuevas competencias al Estado en los territorios (gobernaciones y alcaldías) buscando una mayor y mejor integración vertical de la institucionalidad estatal.
Esta investigación busca, finalmente, aportar al debate que ha desatado el Acuerdo Final de Paz, proponiendo elementos de análisis para la definición de estrategias eficaces para la garantía del derecho a defender los derechos de DDH asociados a la tierra y el territorio.
busca respuestas mediante la expedición de leyes, como el Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos (Decreto 2137/18), y a través de la preparación de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), anunciado desde finales de 2019. A su vez, las entidades de
control y el Ministerio Público evidencian la insuficiencia e insostenibilidad de los programas de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección, mientras que los departamentos y municipios no inician la aplicación del Decreto 660/18, entre otras razones, por falta de presupuesto. Por lo tanto, es necesario buscar otras respuestas.
Por consiguiente, este trabajo explora las potencialidades y limitaciones de tres expresiones diferentes de la política pública de protección a líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos que han sido desarrolladas en escenarios locales rurales. Ello con el propósito de extraer aprendizajes sobre cómo pueden construirse otras medidas de protección diferentes a la oferta de la Unidad Nacional de Protección y cuáles son las más eficaces para estas comunidades, cuyas experiencias, además, pueden servir a otros grupos que vean vulnerados sus derechos.
Para tal efecto, el documento ha sido estructurado en tres partes, cada una de las cuales describe las características centrales del contexto en el cual se definió la medida de protección, presenta la medida de protección, valora su impacto e identifica los factores que contribuyen a explicar dicho impacto, así como las razones que condujeron a su
adopción. Y, finalmente, aborda algunos de los posibles aprendizajes derivados de la experiencia.
Ver Informe
El objetivo de la investigación realizada, cuyos resultados se presentan
en este documento, fue identificar cómo está impactando el proceso de
implementación del Acuerdo de paz, la realidad regional en el país y, en
particular, cómo estos cambios a su vez, están afectando la defensa de derechos asociados a la tierra y el territorio, qué cambios está imponiendo a los defensores rurales, a sus riesgos, sus prioridades y/o sus aliados. En otras palabras, se trata de dar cuenta de cómo están viviendo estos defensores la firma del Acuerdo y su implementación en las regiones, con énfasis en los impactos que están teniendo sobre los riesgos que cotidianamente enfrentan por su labor de defensa.
PI, se dieron a la tarea de investigar la forma cómo en Colombia se ha abordado el tema de la protección de los defensores de derechos humanos que defienden aquellos asociados a la tierra y el territorio, así como a conocer con mayor profundidad los riesgos que enfrentan, sus vulnerabilidades, capacidades y respuestas.
Con base en las experiencias de las comunidades acompañadas, buscó derivar aprendizajes que sustenten un enfoque alterno de la protección
colectiva, en el que no se protege una sumatoria de personas, cuyo vínculo está dado por su condición de víctimas de una violación masiva de derechos humanos, como el desplazamiento forzado, sino por su naturaleza como sujeto colectivo. En esta investigación se explora un enfoque comprensivo a partir del concepto de protección colectiva y las posibilidades que este ofrece.
Como resultado de este trabajo, en febrero de 2017 se publicó el documento La protección colectiva de los defensores del derecho a la tierra y el territorio en Colombia: Desarrollos conceptuales y desafíos metodológicos. Este documento corresponde a la primera fase de la investigación que centró su mirada en la situación de los campesinos, en su calidad de sujetos sociales defensores de derechos humanos.
Ahora bien, en tanto la defensa de derechos asociados a la tierra y el territorio no es una actividad exclusiva de los grupos y organizaciones campesinas, esta investigación previó el desarrollo de una segunda fase enfocada a reconocer la experiencia de protección colectiva de comunidades indígenas. Con este propósito, se concertó con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) el desarrollo de un estudio de caso para dar nuevos elementos a la investigación en desarrollo.
en este documento. El primero de ellos es la situación de riesgo de los
DDH que habitan y actúan en las áreas rurales. El segundo se relaciona con la necesidad de ampliar el foco de atención de la protección de
estos defensores más allá del Programa Gubernamental de Protección
que, después de 15 años de operación, ha mostrado fuertes limitaciones
para responder a los riesgos que enfrentan. Por último, se consideró el
interés que, en 2015, despertó el tema de la protección colectiva en los
escenarios de jurisprudencia y en el campo de los derechos humanos en
Colombia. La combinación de estos tres elementos genera un escenario
propicio para las reflexiones que se proponen.
En esta investigación se explora un enfoque comprensivo de la protección para DDH rurales ligados a la defensa de la tierra y el territorio. La lectura se realiza a partir del concepto de protección colectiva y las posibilidades que este ofrece. En este marco, los objetivos específicos que orientan su desarrollo son:
1. Ofrecer una revisión crítica de los abordajes que ha tenido el tema
de la protección colectiva en Colombia.
2. Aportar elementos conceptuales y metodológicos cuya función sea
suscitar una reflexión que rompa los límites restrictivos de la concepción de la protección.
3. Derivar de las experiencias de protección de las organizaciones rurales DDH con las cuales ha trabajado el Protection Desk, claves,
estrategias y/o medidas de protección, que alimenten un enfoque
alterno de la protección colectiva.
a comunidades campesinas, afro e indígenas en diferentes regiones
de Colombia y hace parte del esfuerzo que adelanta PI para caracterizar y prevenir este fenomeno a nivel mundial2
. Tiene como objetivo
ofrecer elementos prácticos y de reflexión a los defensores rurales y
a sus comunidades, sobre cómo la estigmatización, criminalización y
judicialización, son utilizadas para desestabilizar y debilitar sus procesos organizativos de defensa de derechos, caracterizándose como una
estrategia más para consolidar el despojo de sus tierras.
Esperamos que el manual sirva como una herramienta de fortalecimiento de la labor de los defensores rurales, que en el país continúan
resistiendo pacíficamente y luchando por la defensa legitima de sus
derechos y su permanencia en el territorio.
sus actividades y proporcionar los servicios sociales básicos.
A tal fin, el documento contiene una breve nota sobre la metodología aplicada para el estudio y sobre los autores; una introducción a la comunidad de El Hatillo; un análisis de los daños sufridos por la comunidad, con especial atención a lo que concierne a los niños,
niñas y adolescentes; la identificación de las principales violaciones y amenazas a sus derechos (en particular el derecho a un ambiente sano y otro derechos relacionados), incluyendo acciones y/u omisiones por parte del Estado colombiano. El incumplimiento de las obligaciones se esboza en lo que refiere a los atributos de disponibilidad, acceso, idoneidad y sostenibilidad. Por último, se ofrece una breve referencia a la historia de la defensa y la promoción de los derechos, así como las principales reivindicaciones de los niños, niñas y adolescentes afectados y recomendaciones para mejorar la situación.
Las normas se presentan a manera de síntesis, sin ningún análisis o valoración, con el único propósito de ordenar e informar sobre su contenido.
Este documento hace parte de los insumos de trabajo para el desarrollo de la investigación monográfica que adelanta Protection Desk Colombia - PDCOL (Alianza entre Pensamiento y Acción Social & Protection International) en la que se analiza este marco normativo desde la perspectiva de política pública.
Desde ese mismo año, las organizaciones no gubernamentales Grupo de Trabajo Suiza-Colombia (ASK) y Pensamiento y Acción Social (PAS) comenzamos a hacer seguimiento de las operaciones de Glencore en Colombia a través de la recopilación, documentación y análisis de información dispersa en miles de folios de trámites ambientales, procesos laborales, sanciones corporativas, informes de auditoría públicas e independientes y estados financieros, entre otras fuentes documentales relacionadas con la historia de la multinacional suiza en Colombia.
La investigación de archivos y expedientes es desarrollada simultáneamente con el acompañamiento y presencia permanente en las regiones donde Glencore desarrolla sus actividades, lo cual nos ha permitido desarrollar un informe sombra en el que se discuten y contrastan algunos aspectos, hechos y hallazgos de los informes de sostenibilidad de la multinacional. Con ello, hemos querido documentar, analizar y valorar el alcance material de lo que la compañía reporta en relación a asuntos corporativos y fiscales, impactos al medio ambiente y al patrimonio natural de la nación, garantías laborales y sindicales, relaciones con las fuerzas de seguridad estatales y reasentamientos involuntarios de las comunidades afectadas por las operaciones mineras.
Frente a este interrogante, la investigación ofrece una lectura integral del nuevo marco normativo desde una perspectiva de políticas públicas para observar su potencial eficacia en la protección de los DDH y la garantía del derecho a defender los derechos. A partir de la identificación de los riesgos permanentes y emergentes de los defensores colectivos de los derechos a la tierra y el territorio en el escenario de posacuerdo de paz.
Contrastar el nuevo marco normativo con los riesgos que enfrentan los DDH en los territorios, permite concluir que las decisiones de política pública derivadas del Acuerdo Final de Paz no logran superar la inercia de la acción estatal que se resiste a los cambios en los modelos de gobernanza por cuenta de la configuración del Estado local, los cambios de orientación política del Gobierno Nacional y la poca capacidad del sistema jurídico para permear la voluntad de los actores sociales, políticos, económicos y gubernamentales con incidencia en la política pública.
No obstante, el nuevo marco normativo abre un escenario de posibilidad para la acción integral frente a los riesgos en la medida en que se incorporan en la agenda pública perspectivas amplias de garantías (derecho a defender los derechos), se afianzan temas exigidos por los DDH (protección colectiva, investigación, no estigmatización) y se asignan nuevas competencias al Estado en los territorios (gobernaciones y alcaldías) buscando una mayor y mejor integración vertical de la institucionalidad estatal.
Esta investigación busca, finalmente, aportar al debate que ha desatado el Acuerdo Final de Paz, proponiendo elementos de análisis para la definición de estrategias eficaces para la garantía del derecho a defender los derechos de DDH asociados a la tierra y el territorio.