Human Rights Institute

El interés de esta comunicación radica en explorar el nacimiento, la evolución y las características de un concepto que se desprende directamente del principio de igualdad y de no discriminación. De este modo, los jueces en un sistema de common law, y sin base legal explícita, han creado un mecanismo reparador de las lesiones a derechos fundamentales provocadas por un tratamiento homogéneo de las diferencias individuales. Es así como el acomodo razonable se convierte en garantía última del principio de igualdad. De origen estadounidense, ha sido la jurisprudencia canadiense la que ha contribuido principalmente al desarrollo de esta figura, de modo que una cultura de acomodos está ya plenamente arraigada en la sociedad canadiense, y funciona tanto a nivel institucional como a nivel privado.

Fecha de recepción 07/06/2013 | De aceptación: 01/12/2013 | De publicación: 18/12/2013 RESUMEN Este artículo ofrece una perspectiva panorámica de diferentes modelos 2 de integración, como categorías teórico--abstractas que se han visto más o menos reflejadas en las políticas de determinados países. La evolución en materia de política migratoria ha implicado la necesidad de políticas de integración. Si bien existen diferentes modelos de integración, no existe una integración modélica. Aunque la evolución desde modelos segregacionistas o asimilacionistas hacia modelos multiculturalistas o interculturalistas ha supuesto un avance en reconocimiento y respeto de los derechos e identidad cultural de las minorías inmigradas, este progreso teórico exige una plasmación fáctica, verificable mediante un sistema objetivo de indicadores.

El interés de este texto radica en explorar el nacimiento, la evolución y las características de un concepto que se desprende directamente del principio de igualdad y de no discriminación. De este modo, los jueces en un sistema de common law, y sin base legal explícita, han creado un mecanismo reparador de las lesiones a derechos fundamentales provocadas por un tratamiento homogéneo de las diferencias individuales. Es así como el acomodo razonable se convierte en garantía última del principio de igualdad. De origen estadounidense, ha sido la jurisprudencia canadiense la que ha contribuido principalmente al desarrollo de esta figura, de modo que una cultura de acomodos está ya plenamente arraigada en la sociedad canadiense, y funciona tanto a nivel institucional como a nivel privado.

Mestre(UniversitatdeValència) ÀngelsGalianaSaura(UniversitatRoviraiVirgilideTarragona) Algunos de los temas y propuestas que hemos podido debatir en los paneles del seminariosonlossiguientes: 1)Reconocerqueloscasosdeviolenciadegénerosonuncasodevulneraciónde los derechos humanos. De hecho la mutilación genital solo una muestra de la vulneracióndelosderechoshumanosquesufrenlasniñas. Por ejemplo, así se reconoce en el preámbulo de la Ley 5/2008, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. (BOE número 131 de 30/5/2008) que entró en vigorel9demayode2008. "Es preciso acometer la violencia machista como una vulneración de los derechos humanos, teniendoencuentalanaturalezamulticausalymultidimensional,porloquelarespuestadebeser global y obligar a todos los sistemas. Al mismo tiempo, la integralidad y la transversalidad de las medidas exigen que cada organismo implicado defina acciones específicas desde el ámbito respectivodeintervención,siempredeacuerdocondichomodelodeintervención." La prevención se realiza mejor en el ámbito local, el más cercano. Esto exige tambiéncoordinarlosdiferentesservicios,organizacionesyentidadesqueexistan enlacomunidad. En Cataluña a través de la creación de "Mesas" o grupos de trabajo en el ámbito local. El objetivo final es garantizar un trabajo coordinado que facilite la prevencióndelaMGFyladetecciónprecozdesituacionesderiesgo.Esimportante tener información del riesgo y compartir la información entre los agentes implicados Desde mediados de 2008 (hasta febrero de 2009) se han creado unas 30 mesas territorialesenlosmunicipiosdondeexisteunnúmerorelevantedepoblaciónen riesgodesufrirlaMGF.

En los últimos años se ha incorporado a nuestra sociedad una importante corriente migratoria, en gran parte mujeres, cuyo destino laboral más frecuente es el servicio doméstico. En buena medida, su trabajo colon hogares se ha constituido cola alternativa que prolonga la permanencia de los papeles de género y evita enfrentarse a la necesidad de cambios en el ámbito privado. En este articulo, por una parte, se analiza la persistente invisibilidad del trabajo doméstico y de la trabajadora inmigrante y, por otra, las estrategias ciclas propias mujeres inmigrantes para negociar y hacer visible lo doméstico.

Mestre(UniversitatdeValència) ÀngelsGalianaSaura(UniversitatRoviraiVirgilideTarragona) Algunos de los temas y propuestas que hemos podido debatir en los paneles del seminariosonlossiguientes: 1)Reconocerqueloscasosdeviolenciadegénerosonuncasodevulneraciónde los derechos humanos. De hecho la mutilación genital solo una muestra de la vulneracióndelosderechoshumanosquesufrenlasniñas. Por ejemplo, así se reconoce en el preámbulo de la Ley 5/2008, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. (BOE número 131 de 30/5/2008) que entró en vigorel9demayode2008. "Es preciso acometer la violencia machista como una vulneración de los derechos humanos, teniendoencuentalanaturalezamulticausalymultidimensional,porloquelarespuestadebeser global y obligar a todos los sistemas. Al mismo tiempo, la integralidad y la transversalidad de las medidas exigen que cada organismo implicado defina acciones específicas desde el ámbito respectivodeintervención,siempredeacuerdocondichomodelodeintervención." La prevención se realiza mejor en el ámbito local, el más cercano. Esto exige tambiéncoordinarlosdiferentesservicios,organizacionesyentidadesqueexistan enlacomunidad. En Cataluña a través de la creación de "Mesas" o grupos de trabajo en el ámbito local. El objetivo final es garantizar un trabajo coordinado que facilite la prevencióndelaMGFyladetecciónprecozdesituacionesderiesgo.Esimportante tener información del riesgo y compartir la información entre los agentes implicados Desde mediados de 2008 (hasta febrero de 2009) se han creado unas 30 mesas territorialesenlosmunicipiosdondeexisteunnúmerorelevantedepoblaciónen riesgodesufrirlaMGF.

La actual crisis de los cuidados en occidente ha puesto de manifiesto las limitaciones de la ciudadanía sexuada, y la persistencia del sistema de dominio que afecta a las mujeres. La asignación del espacio doméstico a las mujeres no ha sido nunca una cuestión de diferencia, sino una cuestión de subordinación frente a la que se alzan, de un lado, las estrategias relativas al derecho antidiscriminatorio; de otro, las demandas de participación política real de las mujeres y de su mayor presencia en los ámbitos políticos de representación. El trabajo presenta algunas de estas estrategias y argumentos; sus limitaciones y potenciales, y argumenta que necesitamos resignificar la ciudadanía incluyendo la dependencia humana y su gestión, así como las redes globales actuales que dicha gestión genera.

This chapter discusses adjudication, expertise, and cultural difference as it appears in criminal court cases concerning female genital cutting (FGM) in the EU, as reported in a 2015 comparative overview. It begins with the distinction between typical and atypical FGM cases; a distinction that connects court cases to the cultural realities of the practicing communities, suggesting that the lack of cultural knowledge can cause unnecessary suffering to families and/or individuals who wrongly undergo prosecution in alleged FGM cases. A contrario, the intervention of experts in FGM court cases could be a positive approach to assessing the legitimacy of public intervention in certain cases.

Este repaso a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de derechos humanos en materia de trata en los últimos quince años señala con preocupación el abandono de las categorías de esclavitud, servidumbre y trabajo forzado y la omnipresencia de la trata; una categoría que deja en situación de desamparo a buena parte de sus víctimas. El artículo se detiene en tres casos paradigmáticos: caso Siliadin v. Francia (2005); Rantsev v. Rusia y Chipre (2010); y S.M v. Croacia (2020). El análisis es crítico con el concepto de trata  que utiliza el TEDH en su jurisprudencia e insiste en la necesidad de regresar al derecho internacional de los derechos humanos abandonando la categoría de trata y su uso perverso.

The project included as partners the Foundation for Women's Health, Research and Development (FORWARD, United Kingdom); Lund University (Sweden); Commission pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles, (CAMS, France), the Centre of Studies on Citizenship, Migration and Minorities of the University of Valencia (GECIM, Spain), and the above mentioned ICRH (Ghent University, Belgium). The Spanish report is an interdisciplinary research done by the Centre of Studies on Citizenship, Migration and Minorities (University of València), directed by professor Javier De Lucas, and which counts with researchers and collaborators both, from the

This report was prepared for the European Commission. The terminology used is theirs. This study develops a comparative overview of recent FGM (Female Genital Mutilation) court cases within the EU, as well as an exploratory survey of transnational movement in relation to FGM. The legal aspects of 20 recent criminal court cases in Europe are analysed, and evidence about transnational movement to have FGM performed is assessed. The report is based on data collected by country experts in eleven European countries. Data include court decisions, migration background of groups from FGM-practising countries in the host countries, the process of FGM-reporting, and stakeholders’ proposals and opinions regarding FGM. The report addresses the general legal context or framework to fight FGM in the eleven countries, and it briefly analyses the impact that the embracing of the due diligence standard could have, as a consequence of the signature of the Istanbul Convention by all the countries in the report. A finding of our study is the fact that the responses given by different countries to FGM are modelled by disparities of public prosecution systems in Europe. Calling upon state parties to apply the Istanbul Convention and accordingly modify existing provisions that limit their jurisdiction over FGM cases (art. 44) could have an impact on such procedural disparities, although further research is needed in this area. The review of existing court cases shows the legal concepts of ‘error of prohibition’ and ‘neglect of care’ as novel approaches for both prosecution and prevention of FGM in Europe. As a consequence, the report points out that these aspects (due diligence, neglect of care, and error of prohibition) ought to be further explored in future discussions, not primarily for their potential to result in more criminal court cases of conviction, but because of their potential power as preventive tools. In the analysis of collected data, we distinguish between ‘typical’ and ‘atypical’ cases, provide examples of those categories, and discuss what the criminal court cases tell us about the geography of illegal FGM activities among migrants in European countries. A strong tendency in the data is that rumours about a transnational movement to have FGM carried out state that girls are brought to their countries of origin to undergo FGM. This situation is reflected in court cases: although FGM has been carried out in France, Italy, Switzerland, and possibly in Spain, a majority of criminal court cases regard FGM performed in African countries. As for the process of reporting suspicious, pending, or performed FGM cases, most countries establish for professionals a duty to report. However, there are conflicting interpretations of such duties between legal operators and lay people, provoking practical difficulties and ethical dilemmas. Country experts collected possible reasons for the scarcity of reported suspected cases within the EU. Amongst the reasons stated by stakeholders in the different countries, the two more important were lack of first-hand information and fear of disproportional measures (such as parents under arrest and institutionalisation of children). Children at risk of FGM are not in abusive environments, but the system responds as if that were the case. As for the policy suggested, the report briefly discusses the legal and ethical implications of some of the stakeholders’ suggestions. For instance, a valuable suggestion is the idea of creating incentives to report by offering better service provisions for affected women and girls. This suggestion tries to counterbalance the idea many professionals have that reporting will only make things worse for the affected family, as special services and provisions are not in place. Access to services or rights would not rely on the willingness of victims themselves to cooperate or report but on the establishment of a system of services that professionals can use when reporting such cases. A stronger emphasis in awareness-raising campaigns among professionals and communities, on medical and social support for affected girls and women would possibly strengthen as well the incentive to report. The report identifies several areas where further research is needed. One such area is processes of social and cultural change as regards views and practice of FGM among immigrants from FGM-practising countries. A future key question is how legislation, policies, and preventive efforts can speed up the processes of abandonment of FGM among immigrant communities in Europe.