De todo lo que está pasando y lo que no está pasando en Venezuela, podríamos empezar por el intento de golpe pero mejor empecemos por los derechos humanos.
Porque del intento de golpe, creo que podemos decirlo, estamos más protegidos. Está la Unasur, está la Celac. Dicho en criollo, el golpe ya no garpa como antes. Ni a los que les va mal, ni a los que les va bien como Micheletti en Honduras o Franco en Paraguay. ¿Dónde están ahora? Ambos debieron llamar a eleciones libres, aislados y deslegitimados mientras duró su usurpación del poder. Y no vamos a comparar a Venezuela con esos países pero sí podemos decir que en la mayoría de la oposición venezolana hubo una educación democrática desde el intento de golpe del 2002 contra Chávez hasta el día de hoy. El referente principal de la oposición, Henrique Capriles , el mismo que tuvo un rol menor, pero rol al fin, en el intento de golpe del 2002, ahora llama a la paz y al respeto a la autoridad constitucional del presidente Nicolás Maduro, y repudia los llamados a destituirlo. O sea, aún dentro de la opocisión, los golpistas hoy son minoría y los grandes actores que antes sacaban rédito del golpe_ los grupos empresarios, la embajada de Estados Unidos, las fuerzas armadas_hoy no parecen tener el peso suficiente para imponer una salida autoritaria, aún en un escenario de escasez, inflación, inseguridad y violencia política.
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Más difícil es ignorar las violaciones a derechos humanos que ocurrieron la semana pasada en Venezuela, en medio de una ola de protestas y contraprotestas que tornaron violentas por el accionar de grupos de choque de ambos lados. Cinco personas murieron por heridas de bala. Tres eran estudiantes universitarios que protestaban desarmados en contra del gobierno. Bassil Da Costa, alumno de la Universidad Alejandro de Humboldt de Caracas, fue baleado por una pandilla motorizada en Caracas. La modelo Génesis Carmona, estudiante de la Universidad Tecnológica del Centro de Valencia, recibió un disparo en la cabeza mientras participaba de una marcha en Carabobo. En el caso de la modelo, tanto el ministro del interior como la ministra de Comunicación informaron que Carmona fue muerta por la espalda, sugiriendo que los disparos partieron de la manifestación.
El tercer muerto es Robert Redman, un tuitero antichavista conocido como @escuálidoreloaded que transmitía la protestas en vivo, informando poco antes de su muerte sobre un ataque con piedras de una banda motorizadas chavista. Poco antes de morir, Redman había sido fotografiado cargando con Da Costa. Pero Redman no era un estudiante. En Facebook se describe a sí mismo como “montañista”. El viernes pasado en una conferencia de prensa Maduro sugirió que Redman fue víctima de un crimen por encargo. “Hay periodistas sagaces que deberían preguntarse por qué el muchacho (Robert Redman) que cargó lamentablemente al muchacho caído (Bassil Dacosta) en la noche quemando cauchos, aquí cerca en Chacao en el este de Caracas, fue asesinado por una motos de alta cilindrada, pa pa (haciendo el sonido de dos disparos), como quien asesina a alguien por encargo”.“¿Nadie se ha preguntado esto, nadie está investigando? Eso hay que investigarlo, son eventos que están bajo investigación policial pero sería bueno hacer la invetigación”, dijo Maduro.
El cuarto muerto es el ex policía Juan Carlos Montoya, más conocido como “Juancho”. estuvo preso entre 2008 y 2010 por presunto terrorismo después de que la cámaras de video del edificio de la central empresaria Fedecámaras lo captara colocando un artefacto explosivo en esa propiedad. El cómplice de Montoya murió en el atentado cuando la bomba explotó antes de tiempo. Montoya era considerado un referente para alguno de los “colectivos” más importantes de Caracas. Los “colectivos” son grupos armados que se visten de negro, circulan en motos y según el gobierno defienden la revolución, pero además actúan como fuerzas de choque paraestatales encargadas de disciplinar e intimidar a la población. Montoya, además de haber sido policía, es un referente del colectivo 23 de Enero, una fuerza surgida del barrio obrero que lleva ese nombre, el más emblemático de Caracas. Cuando Montoya cayó preso por terrorismo, el colectivo 23 de Enero protestó frente a los tribunales de esa ciudad exigiendo su liberación, ya que lo consideraban un prisionero político. Tras dos años de detención obtuvo su excarcelación mientras el juicio en su contra continuó hasta el día de su muerte, sin que se dictara sentencia. Anteayer fue velado en la parroquia 23 de enero. Sus deudos pusieron sobre el cajón una bandera venezolana, una ametralladora y tres cargadores de municiones (foto).
Las tres muertes en Caracas aparecen extrañamente relacionadas. Mientras el tuitero Redman cargó con el estudiante Da Costa, el estudiante Da Costa fue asesinado con la misma arma que el ex policía Montoya, según pericias realizadas por la justicia venezolana. “¿Qué cosa no? uno de aquí y uno de allá”, ironizó Maduro en la conferencia de prensa.
La Fiscal General Luisa Ortega Díaz informó el viernes que además de estos cuatro muertos hubo otras cuatro personas que fallecieron por accidentes automovilísticos relacionados con las barricadas. Así elevó a ocho el número de víctimas fatales, equilibrando las muertes entre chavistas y antichavistas. La fiscalía informó que además hubo 124 heridos y más de 60 detenidos. El sábado se sumó un quinto muerto, Geraldine Moreno, de 23 años, estudiante de la Universidad Arturo Michelena de Carbobo,baleada en la cara a quemarropa, falleció luego de varios días de agonía.
En la conferencia de prensa del viernes pasado Maduro informó que hay funcionarios estatales involucrados en las muertes de la semana pasada y en otros casos donde manifestantes sufrieron heridas de bala “Ya están buscando a algunos que está comprobado que dispararon, presos tienen que ir, lo primero no tenían que estar ahí ni de broma y segundo armados menos y tercero disparando menos”, declaró el presidente. Acusó a funcionarios del Servicio de Inteligencia (Sebin) de desobedecer una orden directa de no salir a la calle. “Están detenidos los funcionarios públicos que usaron armas el 12-F. Los entregué. Si alguno está involucrado que pague con cárcel, los del Sebin que están ahí incumplieron la orden directa del director del Sebin de no salir a la calle menos, de armas. Estoy investigando todo eso y si llegaran a aparecer elementos se lo diría a mi patria y a ustedes de que hay conspiradores dentro del Gobierno o ha sido comprado algún funcionario, se lo diría al país con cuatro pares de voluntades que tengo y diría los nombres de los complotados tengan la seguridad”.
Entre los señalados por la prensa opositora como identificados en los videos disparando figurarían el comisario de la Sebin Melvin Collazos y el sargent del ejército Johnathan Rodríguez, del cuerpo de seguridad del Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres.
Los derechos humanos se ocupan de los crímenes cometidos desde el Estado. “Desde el Estado” se puede interpretar de distintas maneras. Un asesinato, por ejemplo, se puede cometer “desde el Estado” si lo comete un agente del Estado, a sueldo del Estado, con armas provistas por el Estado. O el asesino puede ser parte de una organización armada de civiles que opera al amparo del Estado, que recibe prebendas del Estado, que recibe cobertura del Estado para portar armas y reconocimiento del Estado para ejercer la autoridad en su zona de injerencia. Un asesinato cometido desde el Estado en cualquiera de estas formas es una grave violación a los derechos humanos, y más aún si el Estado no actúa rápidamente para aclarar los hechos y castigar a los culpables.
“El mundo entero ha visto las imágenes del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, incluido el uso de armas de fuego; la violencia con la que se han desarrollado algunas protestas y los ataques perpetrados impunemente por parte de grupos de civiles armados .Tanto periodistas como defensores de derechos humanos han sido víctimas de hostigamiento y abusos. Todos estos actos son violaciones de los derechos humanos y son por lo tanto intolerables,” denunció Amnistía Internacional en un comunicado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también denunció a los “grupos civiles armados” que atacaron a los manifestantes durante las protestas de la semana pasada. “La Comisión ha prestado especial atención a las graves denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes durante las protestas que han seguido teniendo lugar en el país. En este contexto, varias personas resultaron heridas y una fallecida por herida de arma de fuego,” dice el comunicado de la CIDH.
Los colectivos venezolanos no son nuevos. Vienen de la época de Chavez. En diciembre del 2007 entrevisté a Lina Ron , entonces la líder más reconocida de los colectivos. Fue al día siguiente de la derrota de un plebiscito por la reelección indefinida de Chávez. La entrevisté porque era la única dirigente del oficialismo dispuesta a dar la cara horas después del revés, mientras el líder bolivariano masticaba su derrota en silencio en el Palacio de Miraflores. Vi las armas de Lina Ron, vi sus motos, me regaló una remera y un compact disc con canciones referidas a sus andanzas. “Que este coñazo nos sirva de lección,” me dijo sobre el resultado electoral. No sé qué lección aprendió, pero tiempo después lideró una toma del Palacio Episcopal de Caracas y después una toma de la cadena televisiva Venevisión, por la cual pasó varios meses presa. Murió de un paro cardíaco en el 2011 y en el entierro Chávez fue el orador principal. “Con Chávez todo, sin Chávez plomo” era la frase preferida de Lina Ron.
Lejos de responder la inquietudes de Amnesty y dela CIDH, Maduro defendió esta semana a los colectivos bolivarianos. "La única forma de regularizar esta situación es con la justicia. Yo les doy garantías de que esos colectivos lo que están haciendo es trabajar producir, organopónicos, cultura. Ellos debieron armarse en el pasado y se han organizado para proteger a su comunidad. Si hay alguna persona en esos colectivos, culpable de algún delito, irá preso. "No acepto la campaña de demonización de los colectivos venezolanos. Sigamos trabajando. Si en algún lugar hay conciencia es en estos colectivos," dijo el presidente venezolano.
Eso, por un lado. El presidente elogió a los grupos armados que atacaron las protestas de la oposición. Por otro lado, si bien Maduro dijo que entregó a la justicia a los agentes del Sebin que le dispararon a los manifestantes, el gobierno y la justicia aún no dieron ninguna información sobre estos agentes, ni el nombre, ni el rango, ni los crímenes que les imputan, ni las pruebas que los incriminan. Aún si Maduro no hubiera dado la orden de reprimir, como Jefe de Estado le cabe una responsabilidad. Le cabe por las patotas de civiles armados que su gobierno permite patrullar las calles, supuestamente en defensa de la revolución, y que durante las marchas cumplieron la función de golpear y hostigar a los manifestantes. Y le cabe también por el supuesto descontrol en la agencia de inteligencia, donde según Maduro un grupo de agentes decidió disparar munición viva contra civiles desarmados sin que nadie se lo pida. Y si esa orden hubiese existido, es entendible que quien la diera no lo quisiera admitir. El cuento de los “excesos” no es precisamente novedoso.
Por eso resultó llamativo que el gobierno argentino, primero a través del jefe de gabinete y luego a través de la presidenta, salieran a respaldar el accionar de Maduro sin hacer ninguna mención a las violaciones de derechos humanos del gobierno bolivariano. “Las elecciones se ganan o se pierden, pero no por perderse una elección se puede poner en vilo a un país y a una región que fue declarada como región de paz", dijo Cristina Fernández de Kirchner el jueves, sin pronunciar ni una vez la palabra “derechos humanos”. Así se sumó a los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en expresarsu solidaridad con Maduro. Es llamativo porque el gobierno de Kirchner se presenta en foros internacionales como un referente mundial en derechos humanos pero de gobiernos amigos no dice nada. Y es llamativo porque otros gobiernos progresistas de la región como Brasil y Uruguay mantuvieron un silencio cauteloso y distante con respecto a la crisis venezolana, a la espera de que se aclaren estos episodios tan graves, que empañan la legitimidad de cualquier gobierno.
Tampoco se entiende bien que la principales organizaciones de derechos humanos de la Argentina no se hayan pronunciado sobre los crímenes cometidos la semana pasada desde el Estado venezolano. Por caso el Centro de Estudios Legales y Sociales, que habitualmente opina sobre casos notorios de violaciones a los derechos humanos y amenazas a la democracia en la región, hasta ahora no tuvo los reflejos necesarios como para denunciar la crítica situación en Venezuela. Eso sí, anteayer emitió un comunicado anunciado la apertura del juicio contra los policías y funcionarios responsables por la represión en diciembre del 2001, durante las últimas horas del gobierno de Fernando De la Rúa. Pero no hay violaciones a los derechos humanos simpáticas que merecen silencio, y violaciones antipáticas que merecen repudio. Para ser creíble hay que ser coherente.