Tratado de derecho civil

TRATADO DE DERECHO CIVIL

INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD

ISBN 978-958-710-2997-4

ISBN 978-958-710-522-3 E-BOOK

ISBN 978-958-772-017-4 EPUB

© 2007, GENEVIÈVE VINEY

© 2007, FERNANDO MONTOYA MATEUS (TRAD.)

© 2007, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

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Primera edición: diciembre de 2007

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PREFACIO

Con el fin de aligerar el volumen consagrado a las condiciones de la responsabilidad y de agilizar una reedición que se hizo esperar demasiado, el profesor JACQUES GHESTIN, director de esta colección, así como el editor, me permitieron separar de la misma esta Introducción, la cual debió ser enriquecida y ampliamente reorganizada, para tener en cuenta la evolución del derecho positivo, particularmente con el aporte de la Ley del 5 de julio de I985, que aceleró el proceso de objetivación de la responsabilidad de los autores de accidentes, y de aquella del 6 de julio de I990, que mejoró de manera importante la protección de las víctimas de infracciones, así como la evolución de la jurisprudencia, muy marcada, en lo que respecta, por ejemplo, a la admisibilidad de la acción civil accesoria a la acción pública y, de manera más general, el lugar de la víctima en el proceso penal, así como los diferentes aspectos de la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual, cuyo debate se encuentra hoy muy animado.

Me esforcé sin embargo en mantener, tanto como me fuera posible, el orden de los desarrollos y aun la numeración de los párrafos que había adoptado en la primera edición, con el fin de facilitar su consulta por parte de aquellos que ya conocían esta obra.

A los autores que han escrito sobre temas que yo aquí abordo, así como a los magistrados que profirieron las decisiones en las cuales me he basado, dirijo mis agradecimientos. Ellos suministraron los materiales de los cuales este libro fue hecho. Es mi deseo que, a cambio, mi trabajo pueda contribuir, aun cuando sea un poco, a nutrir y a apoyar su búsqueda de soluciones cada vez más justas y humanas.

Julio de I995

 I. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA OBRA

La expresión responsabilidad civil designa en el lenguaje jurídico actual{I} el conjunto de reglas que obligan al autor de un daño causado a otro a reparar ese perjuicio ofreciendo a la víctima una compensación. Ella engloba entonces tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual. En cambio, gracias a una interpretación particular del principio de la separación de los poderes, el derecho francés dio competencia, para decidir los litigios planteados por los particulares contra la Administración, a un orden jurisdiccional autónomo que no se estima ligado ni por los textos ni por los principios del derecho civil{2}. De ahí nació una rama nueva del derecho, el derecho administrativo, cuya autonomía se manifestó en el terreno de la responsabilidad, entre otros, de tal suerte que la reparación de los daños resultantes del funcionamiento del servicio público escapa hoy ampliamente a la influencia del derecho civil y obedece a reglas particulares formuladas en los tratados de derecho administrativo{3}.

 2. PLAN DE LA OBRA

Por razones que serán formuladas posteriormente{4}, no pareció deseable separar el estudio de la responsabilidad contractual de aquel de la extracontractual y, por consiguiente, utilizar esta distinción como plan de la obra.

En cambio, pareció necesario exponer en una introducción las cuestiones generales que dominan la materia: lo que será el objeto del primer volumen; el segundo estará consagrado a las condiciones de la responsabilidad, y el tercero a sus efectos.

INTRODUCCIÓN GENERAL

Esta Introducción está compuesta de tres capítulos consagrados respectivamente a la evolución general de la responsabilidad civil, y a las distinciones entre responsabilidad civil y responsabilidad penal, de una parte, y entre responsabilidad extracontractual y contractual, de la otra.

CAPÍTULO PRIMERO

Evolución general de la responsabilidad civil

 3. DISTINCIÓN ENTRE EL PERÍODO PRECEDENTE Y EL SUBSIGUIENTE A LA REDACCIÓN DEL CÓDIGO CIVIL

Aunque la responsabilidad civil no ha adquirido su plena autonomía sino en época reciente{5}, su historia ha sido extremadamente convulsionada{6}. Por lo demás, la misma se encuentra aún lejos de haberse estabilizado.

En Francia, la redacción del Código Civil constituye ciertamente una etapa decisiva pues los textos consagrados por los autores de ese código a la responsabilidad civil permanecen hoy intactos, al menos en su formulación literal. Y sin embargo la codificación no ha impedido de ninguna manera la evolución, sino todo lo contrario. Es en efecto a partir del último cuarto del siglo XIX que las transformaciones decisivas que dan a la institución su fisonomía actual tuvieron comienzo.

Distinguiremos, pues, el período que precedió la redacción del Código Civil, donde se encuentran, desde nuestro punto de vista, los orígenes del sistema francés actual (secc. i), de aquel que se abre con la entrada en vigor de ese código (secc. 2).

SECCIÓN I

LOS ORÍGENES DEL SISTEMA ACTUAL

Después de haber buscado e identificado las corrientes esenciales que se manifestaron antes de la redacción del Código Civil (§I), examinaremos las intenciones de los autores de ese código y el espíritu general que inspiró su obra en materia de responsabilidad civil (§2).

§ I. EL PERÍODO ANTERIOR A LA REDACCIÓN DEL CÓDIGO CIVIL

4. LA DIVERSIDAD DE LAS FUENTES DEL ANTIGUO DERECHO FRANCÉS

Se sabe que el derecho del Antiguo Régimen, en Francia, surgió de una doble tradición: aquella que le legara Roma, y que no ha cesado de ganar importancia bajo la influencia de los estudios hechos en las universidades sobre los trabajos de los jurisconsultos romanos progresivamente redescubiertos en la Edad Media y en el Renacimiento, y aquella de los derechos bárbaros que fueron aplicados en la época franca.

Intentaremos extraer en consecuencia los aportes esenciales de esta doble tradición hechos al derecho de la responsabilidad civil (I), antes de buscar cuáles fueron las tendencias y las orientaciones que se manifestaron durante el curso del largo período que precedió la Revolución de I789 (II).

I . LAS DOS TRADICIONES DE DONDE SURGIÓ

EL ANTIGUO DERECHO FRANCÉS

Esas tradiciones son extremadamente diferentes, lo que acaso pueda explicar en parte las dificultades que experimentaron los autores de la antigua Francia en realizar una síntesis.

A. EL DERECHO ROMANO{7}

5. Para un jurista moderno, la utilidad del examen del derecho romano consiste sobre todo en permitirle descubrir concepciones y métodos diferentes de aquellos a los cuales lo han acostumbrado el estudio y la práctica de su propio derecho. Ahora bien, dentro de esta óptica comparatista, varios rasgos resultan particularmente interesantes de resaltar, en razón del contraste que ellos permiten hacer sobresalir entre el derecho de la responsabilidad practicado en Roma y aquel que se encuentra actualmente en vigor en Francia.

6. INEXISTENCIA DE LAS ACTUALES DISTINCIONES FUNDAMENTALES

En primer lugar, el observador se ve impresionado de inmediato por el hecho de que las distinciones consideradas hoy como esenciales entre responsabilidad civil y responsabilidad penal, de una parte, y entre responsabilidad contractual y extracontractual, de otra, no adquirieron en Roma -y de lejos- ni la nitidez ni la importancia que ellas revisten en Francia desde la codificación.

Es cierto, en primer lugar, que el derecho romano nunca distinguió completamente la pena de la reparación (y por consiguiente la responsabilidad civil de la penal); pues si él creó, en la época clásica, acciones con fines principalmente indemnizatorios (las acciones reipersecutorias), y otras acciones llamadas penales, destinadas principalmente a golpear con una sanción al autor de un delito, la oposición entre esos dos tipos de acciones no fue sistematizada nunca, y en el Bajo Imperio esa oposición tuvo la tendencia a desvanecerse por razón de la creación de las llamadas acciones mixtas, las cuales tendían a la vez a la imposición de una pena y a una condena al pago de daños y perjuicios{8}.

En cuanto a la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual, no se encuentra huella en los textos romanos. Los diferentes delitos para los cuales la ley o el pretor concedían acciones a la víctima consistían, en efecto, tanto en la violación de un contrato como en la violación de una regla extracontractual, pero esa circunstancia no ejercía, en sí misma, ninguna influencia sobre el régimen de la sanción.

Dicho de otra manera, la noción romana de delito no se opone en nada, como en derecho civil francés, a la indemnización de una culpa contractual. Dicha noción se asemejaría aún más a aquella que consagra el derecho penal contemporáneo, por cuanto ella designa ciertos actos generadores de daños a los cuales la ley o el pretor atribuyeron diversas sanciones adaptadas a la gravedad y a la naturaleza del perjuicio infligido. Sin duda el derecho romano no ignoró la acción fundada en la inejecución del contrato, la cual, según parece, permaneció siempre totalmente independiente de las acciones pertenecientes a la víctima de un delito. Ella intervenía en efecto en los casos en que precisamente la inejecución del contrato no entraba en la definición de uno de los delitos para los cuales la ley o el pretor ya habían previsto acciones especiales. No había así en principio concurrencia posible entre la acción nacida del contrato y las acciones destinadas a sancionar uno u otro delito {8a}.

7. INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO GENERAL DE RESPONSABILIDAD

Por lo demás -y abordamos aquí la diferencia esencial entre el derecho romano y el derecho francés moderno- solamente existían en Roma delitos especiales, y no un principio general comparable a aquel que enuncia el artículo I382 C. C. francés.

Sin duda, la evolución consistió en multiplicar las hipótesis que daban lugar al otorgamiento de una o varias acciones de naturaleza penal o reipersecutoria. En lo que concierne particularmente a los atentados a la persona (injuriae), si la Ley de las xii Tablas no preveía en efecto sino la ablación de un miembro, la fractura de un hueso y las violencias ligeras, el pretor creó rápidamente nuevas acciones dirigidas prácticamente a los diferentes tipos de daños corporales y aun a ciertos atentados contra el honor, contra la reputación, y su obra fue en ello completada por la lex Cornelia de injuriis (8I a. C.).

En lo que concierne a los atentados al patrimonio (damni), la evolución fue análoga. Ya el más antiguo derecho reprimía el robo (furtum), cuya sanción fue perfeccionada enseguida gracias a la adjunción a la acción penal de acciones reipersecutorias que permitieron la indemnización de las víctimas. En las XII Tablas se vio aparecer una serie de nuevos delitos consistentes en el hecho, por ejemplo, de hacer o dejar pacer sus rebaños en el terreno de otro, de cortar el árbol de otro, de incendiar la casa de otro, de romper la cosa o de herir el esclavo de otro, de destruir cosechas, etc. Pero el texto más conocido en la materia fue ciertamente la lex Aquilia, que data aproximadamente del año 250 a.

Esta ley organizó la represión y la indemnización de un gran número de actos consistentes en atentados al patrimonio ajeno. Sin embargo, las incriminaciones que ella preveía fueron extendidas y atenuadas en el Bajo Imperio por el pretor, el cual concedió acciones útiles a una serie de víctimas que chocaban con una disposición restrictiva de la ley{9}. Además el pretor creó acciones de violencia y, sobre todo, de dolo que parecen haber sido ampliamente utilizadas. En fin, se vio aparecer, en las Institutas de Justiniano, acciones llamadas quasi ex delicto porque estaban destinadas a reprimir, como si se tratara de delitos, ciertos hechos dañinos que no habían sido previstos en los textos anteriores{9a}.

La multiplicación de acciones destinadas a reprimir los hechos dañinos y a reparar sus consecuencias permite entonces pensar que, al menos en la época de JUSTINIANO, muchas víctimas podían obtener indemnización de sus perjuicios. Sin embargo, el derecho romano permaneció siempre fiel al método casuístico: nunca elaboró un principio general de responsabilidad civil{I0}.

8. LUGAR RELATIVAMENTE MODESTO DE LA CULPA

La anterior es, entre otras cosas, la razón por la cual los juristas romanos no fueron llevados realmente a formularse la pregunta sobre cuál es el fundamento de la responsabilidad civil. Y, aun en este punto, la oposición con el derecho francés contemporáneo es manifiesta puesto que, mientras que éste coloca a la culpa en el centro de la responsabilidad civil, esta noción sólo apareció tardíamente en el derecho romano y nunca adquirió un lugar comparable a aquel que le confirió el Código Civil de I804{I0a}.

En el derecho antiguo, parece aun que la sanción de los delitos no estaba de ninguna manera condicionada por la culpa en cuanto tal. La acción era concedida a la víctima de un perjuicio que presentara ciertos caracteres objetivos. Y fue sólo al final de la República que algunos jurisconsultos delimitaron la noción de culpa como fundamento de la acción de dolo. Pero, aún en la época clásica, solamente para ciertos delitos, en particular aquellos de la lex Aquilia, la culpa parecía haberse convertido realmente en una condición de la responsabilidad.

En cambio, el papel de la culpa se desarrolló de manera particular en el Bajo Imperio, principalmente en materia contractual. En efecto, los juristas bizantinos establecieron una clasificación de los contratos que daba lugar a una responsabilidad fundada en ciertos tipos de culpas (dolus, culpa levis in concreto, culpa levis in abstracto, culpa levísima...), siendo el deudor obligado de manera más estricta en la medida en que el contrato representara para él una utilidad más grande.

Sin embargo, a pesar de esos progresos, la culpa nunca fue presentada por los jurisconsultos romanos como una condición general del derecho a reparación, ni a fortiori como el fundamento de la responsabilidad civil. Por lo demás, el derecho romano siempre conoció casos de responsabilidad objetiva, como por ejemplo aquella que sancionaba "la acción de effusis et dejectis"{II} y aquella que incumbía a los dueños de navíos, a los posaderos y a los dueños de escuderías por razón de los robos cometidos por sus dependientes. De manera más general, hasta el Bajo Imperio, para la definición de la mayor parte de delitos no se acudía a la noción de culpa. Se trataba de hechos dañinos ocurridos dentro de ciertas circunstancias y provenientes de ciertos comportamientos cuyas manifestaciones exteriores eran mucho más importantes que los móviles sicológicos{I2}.

Se puede entonces constatar hasta qué punto el derecho romano permaneció, hasta el fin, ajeno a la idea de un principio general de responsabilidad fundada en la culpa subjetiva. Inversamente, los romanistas coinciden en reconocer que, desde su fase más antigua, el derecho romano consagraba una responsabilidad individual, mientras que la mayor parte de los derechos primitivos no reconocían sino una responsabilidad colectiva. Ahora bien, en eso la tradición romana difiere de aquella que fue legada a nuestro antiguo derecho por las leyes bárbaras que se impusieron en nuestro territorio en la época franca.

B. LAS LEYES BÁRBARAS EN VIGOR EN LA ÉPOCA FRANCA{I3}

9. Esas leyes, de las cuales la más conocida es la Ley Sálica, se presentaban en esencia como tarifas de composición. En efecto, concernía a una serie de delitos, previendo para cada uno una penalidad denominada wergeld, cuyo monto era fijado en consideración de la naturaleza del daño causado y de la condición de la víctima (franco o romano, libre o esclavo, etc.).

El objeto de esas penalidades consistía en recuperar el derecho de venganza que se ejercía en principio bajo la forma de una verdadera vendetta entre la familia del culpable y aquella de la víctima. Sin embargo, ésta no estaba obligada, al menos durante el período que precedió al reinado de CARLOMAGNO, a aceptar la composición: podía rechazarla y continuar la vendetta.

Al igual que el derecho romano, el derecho franco tampoco conoció la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual, y reinó una confusión total entre responsabilidad civil y responsabilidad penal: el wergeld desempeñaba en efecto, a la vez, el papel de una pena y el de una indemnización, pues una parte era tomada por el Tesoro Real, mientras que la otra era dada a la víctima o a su familia. Se trataba de una responsabilidad objetiva, comparable a este respecto con aquella del antiguo derecho romano puesto que cada delito estaba definido por sus características materiales (atentado a una parte del cuerpo, destrucción de uno u otro bien, etc.), y ningún lugar ocupaba la búsqueda de una culpabilidad subjetiva.

En cambio, el sistema franco se separaba de aquel del antiguo derecho romano por el carácter colectivo, y más precisamente familiar, de la indemnización. En efecto, el pago de la composición no incumbía solamente al autor del delito, sino en parte a sus padres, y la suma debida era igualmente dada en parte a los parientes próximos de la víctima.

En el momento de las invasiones bárbaras, las leyes de los diferentes pueblos vencedores no fueron impuestas a los romanos, que conservaron su derecho en aplicación del principio de la personalidad de las leyes, admitido en ese entonces. Pero, muy rápidamente después de la conquista, el sistema de las composiciones sería adoptado también por los romanos, de tal suerte que fue ampliamente aplicado durante todo el período de la Alta Edad Media.

No obstante, la influencia creciente del Cristianismo estaba destinada a marcar de manera profunda las instituciones jurídicas en su conjunto, y en particular el derecho de la responsabilidad.

II. EL ANTIGUO DERECHO FRANCÉS

I0. La evolución que se produjo en Francia durante el curso del largo período que se extendió desde la Edad Media hasta el final del Antiguo Régimen{I4} es muy compleja para ser descrita aquí aun cuando sea concisamente. Por lo anterior nos conformaremos, después de señalar los factores esenciales que determinaron esa evolución, con indicar las principales líneas de fuerza de la misma.

II. LA SIMBIOSIS ENTRE LA INFLUENCIA DEL CRISTIANISMO Y AQUELLA DE LA CULTURA GRECO-LATINA

La influencia que el Cristianismo ejerció en todos los países de Europa occidental, y en particular en Francia desde el comienzo de la Edad Media, se hizo sentir progresivamente en el campo jurídico, y en especial en aquel de la sanción y de la reparación de los delitos{I4a}, gracias a los canonistas{I4b} que tomaron de la obra de los teólogos más importantes, como SANTO TOMÁS{I4c}, los principios por estos puestos como base del sistema que edificaron.

No obstante, es importante señalar que los teólogos católicos, en particular SANTO TOMÁS, estaban impregnados de la cultura greco-latina y no renegaron jamás de la herencia del derecho romano, buscando solamente imprimirle una nueva inspiración surgida de los principios del Evangelio. De otra parte, fue en esa misma época que los escritos de los jurisconsultos romanos comenzaron a ser redescubiertos y estudiados en las universidades, después de un olvido de varios siglos. Ello explica entonces todo el esfuerzo de nuestros juristas del antiguo derecho, los cuales se esmeraban en no perder los beneficios de esa tradición romana cuyo valor tanto apreciaban; esfuerzo que consistió en interpretar esos textos dentro de un espíritu cristiano, lo que los condujo, particularmente en la materia que nos interesa, a remodelar las soluciones romanas, colocando en la base de la responsabilidad jurídica las concepciones cristianas relativas a la responsabilidad moral{I5}. El ejemplo más completo de este tipo de proceder es suministrado por la obra de DOMAT. Este fue el primero en presentar, en el siglo xvii, una teoría general de la responsabilidad civil, que inspiró ampliamente a los redactores del Código Civil{I6}?. Ahora bien, como ellos mismos lo escribieron puntualmente, la doctrina de la Iglesia, tal como ésta aparece en los textos del Evangelio y del Antiguo Testamento, ocupa un lugar de privilegio en la obra de DOMAT. Pero fue el derecho romano el que le sirvió de guía en el detalle de las materias del derecho civil. DOMAT trabajó directamente sobre la base de los textos romanos{I7}.

Es en consecuencia de una simbiosis entre las soluciones romanas y los grandes principios de la moral cristiana que debía nacer la concepción moderna de la responsabilidad que finalmente consagró el Código de I804.

Sin embargo, cuando se busca determinar las influencias que marcaron la evolución del derecho de la responsabilidad durante el Antiguo Régimen, no es posible atenerse a factores puramente ideológicos. En efecto, el cambio de las condiciones políticas, sociales y económicas jugó un papel igualmente importante a este respecto. La relajación progresiva de las costumbres, la rarefacción de las guerras privadas, la autoridad creciente del poder real, que paulatinamente tomó a su cargo el juzgamiento de los litigios entre particulares, y, más tarde, la importancia creciente dada al dinero en una civilización cada vez más orientada hacia la búsqueda de la comodidad del provecho material, son factores que contribuyeron a favorecer la aparición y el desarrollo de una responsabilidad puramente civil cuyo aspecto patrimonial tuvo tendencia a concurrir y luego a suplantar al aspecto puramente vindicativo.

I2. LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE FUERZA DE LA EVOLUCIÓN

Habida cuenta de la variedad de las costumbres y de las diversidades regionales que subsistieron en Francia hasta finales del Antiguo Régimen, es cierto que el derecho de la reparación de los daños{I8} no alcanzó en todas partes el mismo desarrollo, y que en la misma época coexistieron, en territorio francés, sistemas profundamente diferentes{I9}. Las líneas de fuerza de la evolución{20} aparecen entonces antes a través de la obra doctrinal de los juristas que buscaron hacer la síntesis del derecho de su época, en particular aquella de Domat. Este, en su obra titulada De las leyes civiles en su orden natural, logró en el siglo XVII hacer el balance de la experiencia adquirida durante el curso de los siglos precedentes y construyó, a partir de ahí (lo que no había sido hecho con anterioridad), un verdadero sistema coherente de responsabilidad organizada alrededor de principios fundamentales.

Si se compara esta obra con los escritos anteriores, algunas tendencias se desprenden nítidamente.

En primer lugar, al parecer la responsabilidad colectiva que se mantuvo durante largo tiempo en la Edad Media{2I} cede el paso enseguida a la idea de responsabilidad individual que el renovado regreso del derecho romano favoreció.

Pero la evolución más importante es ciertamente aquella que llevó a nuestros antiguos autores a disociar la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. Inspirados por las distinciones romanas entre delito público y delito privado, acción penal y acción reipersecutoria, dichos autores establecieron poco a poco la idea de que la represión de las infracciones debe estar asegurada a título principal por el Estado, mientras que la reparación de los daños es un asunto que interesa en primer lugar a los particulares, y a partir de ahí comenzaron a hacer una distinción entre pena e indemnización. Sin embargo, a este respecto, no hay que exagerar la oposición, pues esta encontró fuertes resistencias durante mucho tiempo{2Ia}, y aun en DOMAT, que nítidamente la admite y extrae de ello numerosas consecuencias, se encuentran ciertas secuelas de la antigua confusión entre deuda de reparación y pena{2Ib}

Sea como fuere, lo cierto es que el logro más original de la reflexión de nuestros antiguos autores consistió en establecer un principio general de responsabilidad civil fundado en la noción de culpa civil{22}. Aun aquí, sin embargo, no se debe creer que las cosas se hicieron rápidamente ni que la evolución fue perfectamente lineal{23}. En efecto, es sólo en la obra de DOMAT que se encuentra por primera vez expresado ese famoso principio general que sirvió de piedra angular del sistema francés contemporáneo de la responsabilidad civil{24}.

Por demás, su aparición está estrechamente ligada al reconocimiento de la autonomía de la responsabilidad civil en relación con la responsabilidad penal. Vimos en efecto que si, en derecho romano, la multiplicación de las acciones destinadas a sancionar los diferentes delitos no había llegado nunca a una generalización, es precisamente porque cada delito implicaba a la vez consecuencias civiles y penales, y nunca se había admitido que un derecho a reparación pudiera nacer de un hecho que no era penalmente reprimido. En cambio, a partir del momento en que se renunció a hacer de la existencia de una infracción una condición de la responsabilidad civil, se volvió posible establecer una regla más general tendiente a asegurar a las víctimas la reparación del conjunto de los daños que sufren injustamente.

Esto permitió, en primer lugar, extender considerablemente la noción de perjuicio reparable. Mientras que, en el derecho romano, solamente ciertos atentados materiales a la integridad de la persona o de los bienes eran tomados en consideración para justificar el otorgamiento de acciones reipersecutorias, atadas a las acciones penales que sancionaban delitos nominados. Se hizo posible contemplar la reparación de los daños morales, de las pérdidas de ganancia y, de manera más general, de todos los daños cuya realización no era directamente tomada en consideración para justificar una incriminación penal{25}.

Pero es evidente que fue la noción de hecho generador de la responsabilidad la que resultó afectada más profundamente por la separación entre responsabilidad civil y responsabilidad penal.

Admitiendo que no era necesaria la prueba de una infracción para justificar un derecho a reparación civil, los autores del final del Antiguo Régimen abrieron en efecto la puerta a una extensión considerable del dominio de esta responsabilidad. Y, a este respecto, la obra de DOMAT es aún capital, pues este autor tuvo el inmenso mérito de establecer el famoso principio que fuera luego consagrado en I804 por el artículo I382 C. C. Es -escribe- una consecuencia natural de todas las especies de compromisos particulares, y del compromiso general de no dañar a nadie, que aquellos que causan cualquier daño, sea por haber infringido un compromiso cualquiera o por haber faltado a él, están obligados a reparar el entuerto que han causado{26}.

¿Es decir que, por ello, DOMAT quiso establecer un principio de responsabilidad objetiva que obligara al autor de cualquier especie de daño a repararlo, sin consideración de las circunstancias en las cuales éste se produjo? La respuesta negativa al anterior interrogante no es objeto de ninguna duda. Si DOMAT afirmó en efecto, en la forma más nítida, que no es necesario probar una infracción para justificar el derecho a reparación de la víctima contra el autor del daño, subordinó sin embargo la existencia de ese derecho a la prueba de una culpa. En este punto los intérpretes son unánimes{27}. Sin duda, algunas de las soluciones que él propuso, inspirándose en el derecho romano, pudieron hacer pensar que él no siempre habría sacado exactamente las consecuencias de ese principio, pues admite, por ejemplo, que el caso fortuito puede ser fuente de obligación{28} y confiere un lugar bastante amplio a la responsabilidad por el hecho de las cosas{29}. Por ello, puede aparecer entonces, de una cierta manera, como el primero en haber puesto en relieve la noción de riesgo en la responsabilidad civil{30}. Sin embargo, es cierto que en su espíritu la culpa es no solamente una condición de la responsabilidad, sino aun la medida de la reparación. Si ocurre -escribe- algún daño como una consecuencia imprevista de un hecho inocente, sin que se pueda imputar culpa al autor de ese hecho, éste no estará obligado por tal consecuencia³! Y el autor afirma más adelante que los crímenes y delitos o la mala fe deben acarrear una deuda más pesada que incluya las consecuencias directas o indirectas del acto dañino, mientras que éstas no deben ser soportadas por el autor de una negligencia o de una culpa simple{3I}.

Es seguro entonces que los autores del final del Antiguo Régimen, después de haber liberado la responsabilidad civil de la tutela de la responsabilidad penal, buscaron la forma de atribuirle otro límite, que extrajeron de una nueva noción cuyos contornos dibujaron: se trata de la culpa civil{32}.

¿Cómo concebían ellos esta culpa? Aun aquí es necesario referirse a DOMAT{33}: Son culpas civiles todas aquellas que no se refieren a un crimen o a un delito, y da un ejemplo: aquellas de las personas que faltan a los compromisos de las convenciones, como un vendedor que no entrega la cosa vendida, un arrendatario que no efectúa las reparaciones a que está obligado, y aquellas que no tienen relación con las convenciones y que se refieren a un crimen o a un delito; si animales mal guardados causan algunos daños, si se causa un incendio por una imprudencia, si un edificio que amenaza ruina, no siendo reparado, cae sobre otro dañándolo, etc.. Y agrega más adelante que todas las pérdidas y todos los daños que puedan ocurrir por el hecho de alguna persona, sea por imprudencia, ligereza, ignorancia de lo que se debe saber u otras formas similares, tan ligeras como puedan ser, deben ser reparadas por aquel cuya imprudencia u otra culpa ha dado lugar a ellas{34}.

DOMAT da entonces una definición muy amplia de la culpa, que él identifica con el hecho ilícito. Se denominan hechos ilícitos -escribe- no solamente aquellos que están prohibidos por leyes expresas sino todos aquellos que vulneran la igualdad, la honestidad o las buenas costumbres, aun cuando no existiese ley escrita que los expresase, pues todo lo que es contrario a la igualdad, a la honestidad o a las buenas costumbres es contrario a los principios de las leyes divinas y humanas{35}.

¿Es decir que los autores de nuestro antiguo derecho lograron establecer una definición unitaria e incontestada de la culpa civil? Sobre este punto conviene introducir algunos matices distinguiendo la responsabilidad contractual de la responsabilidad extracontractual.

En lo que concierne a los daños resultantes de un hecho exterior al contrato, se puede decir que al final del Antiguo Régimen el acuerdo se realizó a favor de una definición amplia de la culpa generadora de responsabilidad civil. Sin duda POTHIER diferencia el delito (el hecho por el cual una persona, por dolo o maldad, causa un daño o cualquier otro ultraje a alguien) del cuasidelito (el hecho por el cual una persona, sin maldad pero por una imprudencia que no es excusable, causa algún ultraje a alguien){36}. Pero en los dos casos admite que el autor de la culpa debe responder civilmente.

Al contrario, en materia contractual, la influencia de los textos romanos condujo a la mayoría de los autores a introducir distinciones. Ellos admitieron, en efecto, que ciertos deudores no debían responder sino de sus culpas graves, mientras que otros eran obligados a responder de sus culpas leves o aun muy leves, estando fundadas esas diferencias de tratamiento en el interés más o menos grande que el contrato suponía presentar para el autor de la inejecución. Esta teoría fue defendida todavía en el siglo XVIII por POTHIER, cuyos trabajos constituyen la fuente más directa del Código Civil. Pero, así mismo, ella fue combatida por otros{37}. Esa teoría se encontraba entonces en plena crisis en la víspera de la Revolución de I789 cuando algunos habían expresado su voto por que toda inejecución de una obligación contractual fuera considerada como generadora de responsabilidad.

Se puede constatar entonces que al final del Antiguo Régimen la vía estaba bien preparada para la consagración de un principio general de responsabilidad civil fundada sobre una culpa concebida distintamente de la infracción penal, pero atada, como ella, a la culpa moral{38}.

§ 2. LA RESPONSABILIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL{39}

I3. LOS TEXTOS

Los redactores del Código Civil no consagraron un capítulo particular a la responsabilidad civil. Por lo demás, la palabra misma era muy reciente. En efecto, ella no fue consagrada por la Academia Francesa sino en I798{40} y no figura ni siquiera en el Código Civil{4I}. Las dos series de disposiciones que contienen las reglas esenciales de la materia se encuentran ubicadas, una bajo el título De los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación (secc. IV, cap. III, tít. II.I, lib. III, arts. II46 a II55), la otra bajo aquel De los delitos y cuasidelitos (cap. II, tít. IV, lib. III, arts. I382 a I386). Pero a esto hay que agregar una serie de textos esparcidos que figuran bien en el título De los contratos y de las convenciones en general (tít. III, lib. III: es el caso, por ej., lo de los arts. II35, II42 a II44, I245, etc.) o bien en la reglamentación de los diferentes contratos especiales como la compraventa (arts. I630, I64I y ss.), la permuta (art. I705), el arrendamiento (arts. I72I, I732 a I735), la sociedad (art. I857), el comodato (arts. I880 a I89I,I902 a I904), el depósito (arts. I927 y ss., I947, I952 a I954), el mandato (art. I99I a I997, I999 a 2002), etc.

Esta dispersión permite pensar que los autores del Código Civil no consideraban la responsabilidad como una rama autónoma del derecho civil{42}.

Sin embargo, esto no impide de ninguna manera la existencia de una inspiración común que puede resumirse en tres palabras: universalismo, individualismo, moralismo.

I4. EL UNIVERSALISMO

Se conoce el contexto en el cual tuvo lugar la codificación de I804. El mosaico de costumbres que regían en la antigua Francia, ciertos hombres del nuevo régimen, en particular NAPOLEÓN, quisieron sustituirlo por un derecho unificado, inspirado en los principios revolucionarios{43}. Y como, en cuanto partidarios convencidos de la escuela del derecho natural, creían en la existencia de reglas jurídicas válidas para todos los países y todas las épocas, buscaron extraer, tanto como les fuera posible, esos principios fundamentales que DOMAT incluía entre las leyes inmutables y naturales que son esenciales al orden de la sociedad; por oposición a las leyes arbitrarias que la autoridad legítima puede establecer, modificar o abolir, si la necesidad se hace sentir, y que están destinadas a regular las dificultades susceptibles de nacer por la aplicación de las leyes inmutables{44}. Ahora bien, esa voluntad de extraer reglas generales y permanentes inspiradas en la igualdad fue ciertamente el origen de la admisión del principio general de responsabilidad civil que había propuesto precisamente DOMAT y que enuncia el artículo I382: Todo hecho cualquiera del hombre que cause a otro un daño obliga a aquel, por cuya culpa éste ocurrió, a repararlo. Que, redactando este texto, los redactores del Código Civil hayan tenido el sentimiento de formular una regla de alcance universal y eterno es lo que se desprende de los trabajos preparatorios. En la exposición de motivos de la ley sobre los compromisos que se forman sin convención, presentada por TREILHARD, se relevan en efecto fórmulas muy reveladoras a este respecto: Los compromisos de esta especie, afirma, "están fundados en esos grandes principios de moral tan profundamente grabados en el corazón de todos los hombres, de manera que necesitamos hacer a los demás lo que nosotros desearíamos que ellos hagan para nosotros en las mismas circunstancias, y que nos encontramos obligados a reparar los entuertos y los daños que hayamos podido causar. Las disposiciones, cuya lectura ustedes escucharán, son todas ellas consecuencias más o menos alejadas, pero necesarias, de esas verdades eternas. En su informe al Tribunado, BERTRAND de GREUILLE hizo eco a esa opinión: Todo individuo es garante de sus hechos", dice, "Es una de las primeras máximas de la sociedad; y, después de haber expuesto el detalle de las disposiciones que forman hoy el título IV del libro III del Código Civil, concluye dirigiéndose a los miembros de la Asamblea: Ustedes deben haber podido observar que todas esas disposiciones han sido extraídas de la razón, la sabiduría, la equidad natural y de los principios de la más sana moral, bases esenciales de una buena y durable legislación".

Pero ciertamente fue el tribuno TARRIBLE, en su discurso ante el cuerpo legislativo, quien supo expresar mejor aquella creencia en el valor permanente del principio general de responsabilidad civil expresado por el artículo I382 C. C.: "Esta disposición que da una garantía de conservación de las propiedades de todo género está llena de sabiduría. Cuando un daño es cometido por la culpa de alguien, si se sopesan el interés del infortunado que lo sufre con aquel del hombre culpable o imprudente que lo causó, una vía repentina de la justicia se eleva y responde que ese daño debe ser reparado por su autor. Esta disposición abarca en su vasta latitud todo género de daños y los sujeta a una reparación uniforme que tiene por medida el valor del perjuicio sufrido. Desde el homicidio hasta la herida leve, desde el incendio de un edificio hasta la ruptura de un inmueble raquítico, todo está sometido a la misma ley; todo se declara susceptible de una apreciación que indemnizará a la persona perjudicada de cualesquiera daños que ella sufra".

No se puede repudiar más nítidamente el método casuístico practicado por los romanos, cuya tradición algunos derechos mantuvieron hasta nuestros días{45}. Los redactores del Código Civil quisieron edificar un sistema de responsabilidad que estuviera enteramente fundado en un principio de alcance general sobre el cual precisaron enseguida algunas aplicaciones particulares. Y ellos tuvieron la convicción de que ese principio respondía a una exigencia permanente de justicia, válida para toda sociedad humana.

I5. EL INDIVIDUALISMO

Un segundo rasgo característico del sistema del Código Civil reside en haber tomado partido por el individualismo{46}. En efecto, en ese Código no se encuentra ninguna alusión a los casos de responsabilidad colectiva que se habían mantenido en el antiguo derecho francés{47}; ni a la responsabilidad de los grupos tales como las sociedades o las asociaciones, a las cuales será más tarde reconocida la personalidad jurídica. A este respecto, por lo demás, se puede pensar que la posición de los codificadores no fue solamente el fruto de una opción filosófica deliberada, sino, también, el reflejo de las estructuras sociales y económicas de la sociedad francesa de finales del siglo XVIII. En efecto, en un mundo en donde la actividad económica seguía siendo principalmente artesanal, generalmente las relaciones de derecho privado vinculaban a individuos y, en caso de daño, se trataba entonces de un litigio entre individuos que era necesario resolver.

Sin embargo, ciertamente ese carácter siempre fue puesto de relieve por el vínculo que los redactores del Código Civil quisieron mantener entre la responsabilidad civil y la responsabilidad moral.

 I6. EL MORALISMO

En los propósitos de los oradores que presentaron los textos del futuro Código Civil, en particular el título IV del libro III, a las asambleas que debían votarlos, se pueden resaltar alusiones muy frecuentes a la moral, la más sobresaliente de las cuales está contenida en la última frase del discurso de TARRIBLE ante el cuerpo legislativo: "¿Se trata de daños causados? Este proyecto agota todos los medios para asegurar su reparación; y entre esos medios, el mismo ubica una responsabilidad moral que deberá redoblar la vigilancia de los hombres encargados del depósito sagrado de la autoridad y que prevendrá así más desórdenes de los que ella deberá reparar".

Por ello, los autores del Código Civil se conformaron con la tradición extraída de los canonistas por los más grandes juristas de nuestro antiguo derecho, particularmente por DOMAT{48}. Ahora, esa preocupación de atar la responsabilidad civil a la responsabilidad moral tuvo como principal consecuencia la de colocar la noción de culpa en el centro de la responsabilidad civil. Sin duda, y nadie lo cuestionaba ya en I804, el otorgamiento de daños y perjuicios no estaba reservado solamente a las víctimas de una infracción penal. La responsabilidad civil es definitivamente separada de la responsabilidad penal y la pena es distinguida en forma nítida de la reparación{49}. Pero como en la responsabilidad penal, la responsabilidad civil es la consecuencia y, de cierta manera, la sanción de un acto ilícito y moralmente reprensible. Los propósitos de TREILHARD son elocuentes a este respecto. Después de haber presentado los artículos I382 a I386, emite en efecto el siguiente juicio: Así regulada, la responsabilidad es de total justicia. A aquellos a quienes ella es impuesta, por lo menos se les puede imputar debilidad a los unos, equivocada escogencia a los otros, y, a todos, negligencia: ¡afortunados todavía si su conciencia no les reprocha tener malos principios y, más aún, dar malos ejemplos!.

La referencia moral no concierne entonces solamente a los casos de responsabilidad por el hecho personal del autor del daño. Ella involucra igualmente la responsabilidad de los padres, la de los maestros por el hecho de los menores, aquella de los comitentes y artesanos por el hecho de sus dependientes y aprendices, aquella de los propietarios por los daños causados por el hecho de los animales o por la ruina de edificios que les pertenezcan.

De otra parte, los trabajos preparatorios revelan de manera indiscutible que para los autores del Código Civil las reglas dadas por los artículos I384 a I386 no eran sino aplicaciones particulares del principio de la responsabilidad por culpa establecido en los artículos I382 y I383. La exposición de motivos de TREILHARD es completamente clara en este punto: Aquel que por su hecho ha causado un daño está obligado a repararlo: se compromete a esa reparación aun cuando no hubiere de su parte ninguna malicia, sino solamente negligencia o imprudencia [...] Al principio, una vez establecido, no tuvimos más que una disposición que añadirle: que se es responsable no solamente del daño que se ha causado por su propio hecho, sino aun de aquel que ha sido causado por el hecho de las personas por las cuales se debe responder, o por el hecho de las cosas que se tienen bajo su guarda.

Y TARRIBLE es todavía más nítido: "El daño -se precisa en su discurso, para que sea objeto de reparación- debe ser el efecto de una culpa o de una imprudencia atribuible a alguien: si no puede ser atribuido a esa causa, será obra del azar, del que cada cual debe soportar su suerte; pero si hubo culpa o imprudencia, cuyo grado cualquiera de levedad haya influido en el daño cometido, será debida su reparación. Es a este principio que se liga la responsabilidad del propietario, relativamente a los daños causados por sus animales, o por la ruina de un edificio mal construido o mal cuidado. Es al mismo principio que se liga también la responsabilidad más importante, pronunciada por el artículo I384, contra el padre, la madre, los maestros y los comitentes, los institutores y los artesanos, por los daños causados por los niños menores, por los empleados domésticos y los dependientes, por los alumnos y los aprendices".

Sin duda, en materia contractual, el fundamento moral de la responsabilidad está menos nítidamente subrayado, pues el artículo II47 ata la deuda de daños y perjuicios a la inejecución de la obligación o al retardo en la ejecución, y no a la culpa. Pero no hay que olvidar que la responsabilidad contractual es antes que todo la sanción de la fuerza obligatoria del contrato que los redactores del Código Civil fundaron, al menos parcialmente, en el principio moral del respeto de la palabra dada.

No es entonces dudoso que la intención de los legisladores de I804 fue la de dar a la responsabilidad civil raíces morales.

Pero lo que, en nuestra opinión, merece ser igualmente subrayado es que esas mismas exigencias morales que los incitaron a afirmar la necesidad de una culpa para justificar la condena del responsable los condujeron así mismo a consagrar soluciones que, en una cierta medida, contradicen ese principio. Por ejemplo, imponiendo la regla de la reparación integral del daño que consiste en medir la condena, no en función de la gravedad de la culpa (como lo había preconizado DOMAT) sino de la medida del perjuicio; y aboliendo la antigua distinción entre culpas grave, leve y muy leve, en provecho de una concepción unitaria y muy amplia de la culpa civil, que junta todos los matices morales, los redactores del Código Civil no tuvieron sin embargo la sensación de sacrificar las exigencias de una sana moral. Sobre este punto, ciertas observaciones de BERTRAND de GREUILLE al Tribunal nos parecen muy reveladoras. Después de haber insistido en la generalidad del principio establecido en el artículo I383 que impone la reparación del daño, aun al autor de una simple imprudencia o negligencia, el orador en efecto prosigue: "Se puede, bajo un primer aspecto, preguntarse si esta consecuencia no es demasiado exagerada y si no hay alguna injusticia en sancionar a un hombre por una acción que acusa únicamente debilidad o desdicha y a la cual su corazón y su intención son absolutamente extrañas. La respuesta a esta objeción se encuentra en ese gran principio de orden público; la ley no puede sopesar entre aquel que se equivoca y aquel que sufre. Por doquier, en donde ella perciba que un ciudadano ha padecido una culpa, la ley examina si le fue posible al autor de esa culpa el no causarla; si ella encuentra en él ligereza o imprudencia, deberá condenarlo a la reparación del daño que ha causado. Todo lo que él tiene el derecho de exigir es que no se incurra en sevicia contra su persona, que se le conserve el honor, porque las condenas penales no pueden alcanzar sino el crimen, y éste no puede existir más que allí en donde la intención de perjudicar ha sido establecida y reconocida. Pero no es exigir demasiado de él el constreñirlo a algunos sacrificios pecuniarios para la entera indemnización de lo que ha hecho sufrir por su poco de prudencia o su desatención".

Con independencia del valor intrínseco de las soluciones que han sido aquí preconizadas, esta argumentación permite constatar que los redactores del Código Civil habían comprendido perfectamente que, para asegurar una correspondencia tan estrecha como fuera posible entre los principios jurídicos y los principios morales en el terreno de la responsabilidad civil, no basta tener en cuenta la culpabilidad o la inocencia del autor del daño, sino que es igualmente necesario examinar las necesidades y la situación de la víctima. Ellos presintieron entonces -lo que aparecerá más tarde con evidencia- que no es haciendo de la culpa el alfa y el omega de la responsabilidad civil que se llega necesariamente a las soluciones más conformes con los ideales que propone una moral digna de ese nombre{50}.

SECCIÓN 2

 EL PERÍODO CONTEMPORÁNEO

I7. LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN LA EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Hasta cerca de los años I880, no se habló casi de la responsabilidad civil. De manera general, por lo demás, durante este período no había modo de reorganizar profundamente un código cuyo prestigio era considerable. En cuanto a la doctrina y a la jurisprudencia, ellas limitaban su ambición a dar una interpretación tan exacta como fuera posible a los textos codificados{5I}.

Sin embargo, desde los comienzos de lo que se ha llamado la Revolución Industrial, las cosas cambiaron bruscamente. La multiplicación repentina de los accidentes provocados por la explotación de técnicas mal dominadas todavía, de las cuales fueron víctimas principalmente los obreros de la industria, y después los usuarios de los medios de transporte entonces en plena expansión, sacó brutalmente a la luz las insuficiencias del sistema de responsabilidad individual y subjetiva concebido por los redactores del Código Civil. En la inmensa mayoría de los casos, las víctimas de esos acontecimientos en efecto se encontraron en la imposibilidad absoluta de probar el origen exacto del daño, a fortiori de establecer una culpa personal causante de éste, y muchas de ellas se vieron, por ese hecho, privadas, de la noche a la mañana, de sus medios de subsistencia, sin ningún otro recurso jurídico útil. Pronto esta situación apareció como una injusticia tan flagrante que ni siquiera los admiradores más incondicionales del Código de I804 pudieron ignorarla. La jurisprudencia, la doctrina y, más tarde, el legislador conjugaron sus esfuerzos para intentar mejorar el derecho de la reparación de daños, en particular de aquellos que resultaban en accidentes corporales.

La responsabilidad civil adquirió así el papel de gran protagonista del derecho civil que por lo demás no ha cesado de desempeñar desde ese entonces. En efecto, ese esfuerzo de adaptación se reveló pronto tanto más difícil, pues los enunciados tecnológicos, económicos y sociales a partir de ese momento no cesaron de evolucionar con una cadencia muy acelerada: los tipos de accidentes se diversificaron. Primero los ferrocarriles, después el automóvil y el avión entraron en la vida cotidiana. La utilización industrial de substancias peligrosas, la fabricación y la distribución comercial de aparatos y productos susceptibles de explotar, de incendiarse, de envenenar a las personas, de intoxicar la atmósfera, las perturbaciones ocasionadas a la vida cotidiana de los habitantes de ciertas localidades por la instalación de algunas explotaciones contaminadoras o de aeropuertos ruidosos, la invasión de la naturaleza por desechos no eliminados, los derrames de hidrocarburos en el mar en proximidad de las costas, etc. lanzaron un desafío renovado sin cesar a los juristas deseosos de resolver de manera satisfactoria el problema de la reparación de los daños.

Al mismo tiempo el desarrollo del seguro trastornó el equilibrio interno del sistema tradicional de la responsabilidad civil abriendo la vía a la colectivización de los riesgos, pese a que el progreso de las preocupaciones igualitarias, el cuidado de la seguridad y del bienestar material dentro de un contexto de enriquecimiento general incitaban a crear mecanismos nuevos de indemnización destinados a asumir la carga de algunos riesgos llamados sociales.

En fin, la generalización de las técnicas de redacción estandarizada de los contratos{52} acentuó el fenómeno de desigualdad entre profesionales y consumidores, fenómeno que suscitó el famoso movimiento consumista nacido en Estados Unidos en los años 6o e importado a Europa a partir de los años 70. Ahora bien, esto puso el acento en la necesidad de una protección específica de los consumidores contra los riesgos que creó para ellos esta situación de inferioridad{53}.

Evidentemente todas esas transformaciones no podían sino repercutir en el sistema de responsabilidad establecido en el Código Civil. Y, de hecho, desde el final del siglo xix esta institución no ha cesado de estar perpetuamente en construcción, sin por lo demás haber logrado nunca una real estabilidad. Los fundamentos que le habían asignado los autores del Código de I804 fueron violentamente controvertidos y, en parte, abandonados. Pero el acuerdo jamás se realizó sobre las líneas directrices de una construcción de reemplazo, de tal suerte que no se puede, en nuestra opinión, negar hoy la existencia de una verdadera crisis de la responsabilidad civil{54}, que por lo demás no es de ninguna manera propia de Francia, pues se encuentran todos los síntomas de la misma en el derecho de otros países industrializados{55}.

Para intentar dar una luz sobre esta evolución caótica e inacabada y sacar algunas enseñanzas sobre la dirección que debe seguirse en el porvenir, nos parece necesario puntualizar las transformaciones esenciales del derecho positivo (subsecc. I), antes de abordar las controversias doctrinales que se elevaron a propósito de los conceptos fundamentales y de la orientación general de la responsabilidad civil (subsecc. 2).

SUBSECCIÓN I

LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO POSITIVO

I8. EL CONTRASTE ENTRE LA RELATIVA ESTABILIDAD DE LOS TEXTOS Y LA AMPLITUD DE LOS CAMBIOS REALES

Si alguno de los autores del Código Civil pudiera leer, en la versión actual de ese código, los textos consagrados a la responsabilidad civil, estaría tentado de creer que nada ha cambiado en esta materia, pues encontraría prácticamente intactas las disposiciones aprobadas en I804. Pero suponiendo que él no profundice mucho en su búsqueda, no tardaría en perder todas sus ilusiones, pues vería inmediatamente la amplitud de las transformaciones efectuadas a la institución, tanto por el desarrollo del seguro, que modificó completamente su economía, como por el trabajo de los tribunales que han sabido utilizar los silencios, las lagunas y las ambigüedades de la ley para añadirle estructuras enteras, y por las intervenciones legislativas consagradas a algunas actividades particulares y que, por esta razón, no fueron integradas al Código mismo.

Por lo demás, sin duda nuestro autor no tendría dificultad en detectar las grandes líneas de esta evolución que, aunque se la mire desde lejos, aparece nítidamente. Constataría así que, bajo la influencia del desarrollo del seguro, la responsabilidad civil perdió en gran parte su carácter individual, y que no raras veces se encuentra cada vez menos subordinada a la prueba de una culpa.

Ocaso de la responsabilidad individual, progreso de las responsabilidades objetivas o de pleno derecho: tales son, en efecto, las dos tendencias gemelas que han impresionado a todos los observadores (§i).

Pero, ampliando su campo de investigación al conjunto de las instituciones que concurren a la reparación de los daños, se percibiría igualmente que la responsabilidad se encuentra hoy ampliamente en competencia con otros procedimientos que le permiten a la colectividad hacerse cargo de ciertos riesgos{56}, lo que le llevaría tal vez a interrogarse sobre el lugar que le corresponde hoy a esta institución en este conjunto complejo (§2).

§ I. LAS MUTACIONES PROVOCADAS POR EL DESARROLLO

DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

I9. EL DESARROLLO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD

Desde el comienzo del siglo xx el desarrollo del seguro de responsabilidad civil fue verdaderamente espectacular en todos los países industrializados{57}. Y basta con consultar los reportes publicados anualmente en Francia sobre el comportamiento del seguro durante el curso del ejercicio terminado{58} para constatar que, en esta rama, la progresión continúa. Ahora bien, este movimiento es tanto más significativo si se considera que la práctica del seguro ilimitado, que fue durante largo tiempo excepcional, se ha extendido{59} particularmente en lo que concierne a los daños corporales.

Es necesario por lo demás resaltar que la gran Ley del I3 de julio de I930 sobre el contrato de seguro contribuyó a ese éxito, pues despejó las últimas dudas sobre la validez del seguro de culpas, aun graves{60}. Además, la Corte de Casación expresó de la manera más nítida su voluntad de restringir la definición de la culpa intencional o dolosa no asegurable{6I}, y reaccionó con vigor contra las cláusulas que limitaban abusivamente la garantía debida por el asegurador de responsabilidad civil excluyendo, por ejemplo, las consecuencias dañinas de ciertos tipos de culpas{62} o las consecuencias inevitables o previsibles de las modalidades de trabajo prescritas por el asegurado{63}, o subordinando el beneficio del seguro a la prueba del carácter puramente accidental del daño{64}.

Agreguemos que el legislador mismo intervino en múltiples ocasiones para imponer la obligación de asegurar la responsabilidad civil{64a}: este deber se impone hoy particularmente a toda persona que ponga en circulación un vehículo terrestre a motor{65} o que se dedique a la cacería{66} o a otros deportes peligrosos{67}. Incumbe, además, a aquellos que ejercen ciertas actividades profesionales{68} o lucrativas{69}. Y es necesario precisar que, dentro del marco del seguro de vehículos terrestres a motor y del seguro de casa, la obligación legal fue completada por la organización de un fondo de garantía cuya misión consiste en hacerse cargo de la indemnización de los daños cuando el autor de los mismos no ha sido identificado o no se encuentra asegurado{70}.

Por lo demás ocurre hoy, aun fuera de los casos en que el legislador ha instituido una obligación de seguro, que los tribunales estiman que hay imprudencia culposa en no haber tomado un seguro, especialmente si los usos profesionales prevén ese seguro{7I}.

Esta tendencia a la generalización del seguro de responsabilidad civil, según nosotros, ejerció una influencia profunda sobre la responsabilidad civil misma, primero, estimulando su desarrollo (I) y, enseguida, aportándole transformaciones que tienden a desfigurar la institución tal como había sido concebida por los redactores del Código Civil (II).

I . EL ESTÍMULO APORTAD O POR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD AL DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL{72}

20. EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

En efecto, es claro que la víctima, cuando sabe que el autor del daño está garantizado por un seguro, no duda en requerirlo en responsabilidad y en pedirle daños y perjuicios correspondientes al valor real de su menoscabo. En cuanto a los tribunales, éstos se encuentran así mismo incitados a interpretar liberalmente las condiciones de la responsabilidad y a evaluar los daños y perjuicios de manera tendiente a indemnizar en forma completa a las víctimas, si saben que el responsable ha tomado precisamente la precaución de hacerse garantizar por un seguro, teniendo entonces la condena por único efecto el de permitir la aplicación de esa garantía en provecho de la víctima. Es pues claro que la extensión del seguro de responsabilidad contribuyó poderosamente a acrecentar el número de demandas de reparación y a establecer en la opinión la creencia de que todo daño causado a otro conduce a una indemnización.

Es necesario añadir que ese mismo factor permitió así mismo dar un alcance real al principio de la reparación integral que los redactores del Código Civil habían establecido, pero que ciertamente no habría podido ser aplicado en todo su rigor si la incidencia de los daños y perjuicios hubiera pesado únicamente sobre el patrimonio del individuo juzgado responsable. A este respecto se puede afirmar que el desarrollo actual de la noción de daño reparable{73}, que engloba no solamente los atentados físicos a los bienes y a la persona, sino las pérdidas de ganancia y toda clase de atentados a la personalidad que se designan bajo la apelación de daños morales, debe mucho a la práctica del seguro de responsabilidad. Se puede decir otro tanto del desarrollo de la teoría de la "obligación in solidum que permite a la víctima obtener una indemnización integral dirigiéndose a una de las personas que, habiendo contribuido con otras a la producción del daño, es parcialmente responsable de las consecuencias de éste{74}. Y aun, nosotros pensamos que se puede atar a este fenómeno la interpretación deliberadamente restrictiva dada por la jurisprudencia al artículo II50 C. C. que excluye en principio la reparación del daño contractual imprevisible", etc.{75}.

El seguro de responsabilidad fue ciertamente la causa esencial del desarrollo prodigioso que conoció la responsabilidad civil entre los años I880 y el período actual.

II. LAS TRANSFORMACIONES APORTADAS A LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD

2I.Esta extraordinaria inflación, en efecto, se realizó al precio de una transformación profunda que en realidad desfiguró completamente la institución imaginada por los redactores del Código Civil{76}. Y nosotros pensamos que el seguro de responsabilidad tuvo una influencia determinante sobre ese proceso, no solamente porque provocó el debilitamiento del papel de la culpa en la dinámica del derecho a reparación (A), sino también porque contribuyó al desvanecimiento del responsable mismo, que hoy tiende a desaparecer detrás de su asegurador (B).

A. DECLIVE DEL PAPEL ATRIBUIDO A LA CULPA SUBJETIVA

 22.El declive del papel atribuido a la culpa subjetiva, en tanto que condición de la responsabilidad civil, es el rasgo que más hondamente ha sorprendido a todos los autores que han buscado la forma de describir la evolución del derecho de la responsabilidad civil durante el curso del siglo XX{77}. En nuestra opinión ello se explica principalmente por la supremacía creciente del seguro sobre la responsabilidad.

I. CONVERGENCIA DE LAS EVOLUCIONES LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

23. EL PAPEL DESEMPEÑADO POR LA JURISPRUDENCIA

Señalaremos en primer lugar la interpretación dada a partir de I896 al inciso I.° artículo I384 C. C. del cual los tribunales hicieron la sede de un principio de responsabilidad de pleno derecho, concerniente a todos los daños causados por el hecho de una cosa{78}. En efecto, hay allí una regla cuyo alcance práctico es hoy considerable, pues es susceptible de aplicarse a casi todos los daños accidentales que no estén sometidos a un estatuto particular.

Pero la acción de la jurisprudencia a favor del desarrollo de las responsabilidades sin culpa no se limitó a ello. Por ejemplo ella creó, en todas sus piezas, desde el final del siglo xix, en provecho de las víctimas de perturbaciones o de inconvenientes anormales o excesivos de vecindad, un régimen de responsabilidad de pleno derecho que no puede ser descartado por la prueba de la ausencia de culpa{79}. De otra parte, ella dio del inciso 5.° artículo I384 C. C., sobre la responsabilidad del comitente por el hecho de sus dependientes, una interpretación que no permite ya ver allí la sanción de una culpa en la escogencia o