Procedimientos Penales

Uno de los cambios paradigmáticos de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008 fue posibilitar el
ejercicio de la acción penal por parte de particulares. El monopolio ostentado por el Ministerio Público en la investigación y persecución del delito dejó de ser tal y se revolucionó el papel de las víctimas u ofendidos en el proceso penal.
A más de diez años de tal reforma, se suman las narrativas de los códigos y leyes adjetivas penales de algunas entidades federativas, las cuales inicialmente regularon la acción penal particular. En la actualidad, la posibilidad de que víctimas u ofendidos formulen acusación penal en determinados delitos se encuentra regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante, los supuestos de procedencia que posibilitan la participación del acusador particular son problemáticos e imprecisos.
Este texto aborda las dificultades que se han generado en la práctica de la acción penal por particulares en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales y coloca en el centro de análisis las respuestas jurisdiccionales que, de manera disyuntiva y contrapuesta, se han generado al respecto.

La técnica especial de investigación de agente encubierto es un instrumento de política criminal internacional legitimado bajo el supuesto de ser el medio idóneo para la lucha eficaz contra la criminalidad organizada y mecanismo para otorgar seguridad a la comunidad internacional en la lucha contra los crímenes en una sociedad globalizada. La criminalidad organizada es el enemigo
internacional declarado al que se le aplican dispositivos de control y vigilancia; dispositivos que progresivamente se han ido aplicando a otros tipo de criminalidad para la cual no fueron previstos, limitando en consecuencia otros derechos de la ciudadanía en general, permeando las investigaciones penales de delitos diferentes y en lugar de ser un instrumento de averiguación de la verdad en el proceso penal se convierte en dispositivo de vigilancia y control social.

Al coexistir dicha política de control y el valor normativo de los derechos
fundamentales en los Estados constitucionales sociales de derecho, se genera una tensión entre derechos y eficacia que se debe resolver con base en la protección material de éstos, restringiendo y controlando, en mayor grado, la injerencia del Estado en las prerrogativas iusfundamentales.

El sistema constitucional colombiano desarrolla las políticas de lucha contra la criminalidad en un contexto de indeterminación normativa y escasa claridad legal sobre su ámbito de aplicación, razón por la cual, las técnicas especiales de investigación deben ser controladas judicialmente y con criterios de proporcionalidad definidos previamente por el legislador, en este sentido, se debe: 1) fortalecer el proceso penal como un escenario de garantías y protección de derechos en el marco del constitucionalismo contemporáneo, 2) La aplicación de las técnicas especiales y la política criminal eficientista se debe ejecutar con base en
controles judiciales previos que garanticen la menor injerencia y la mayor protección de los derechos fundamentales, 3) el agente encubierto como instrumento de lucha eficaz contra la criminalidad niega los principios y derechos previstos en un proceso penal de la constitución, y 4) las injerencias y negación de principios iusfundamentales hacen que la figura tenga fuertes reparos de constitucionalidad, no obstante ello, en cumplimiento de compromisos internacionales, el Estado colombiano las debe delimitar y reglamentar para que su uso sea restringido y solo en aquellos supuestos en los que cumpla los fines para los que ha sido prevista.

La entrevista videograbada de la Ley 21.057: Un instrumento que reivindica el interés superior de niños, niñas y adolescentes y su naturaleza jurídica como sujetos de derechos en Chile The video-recorded interview of Law 21,057: An instrument that claims the best interests of the child and their juridical nature as subjects of rights in Chile

Mariano Hilario Cornejo no fue un jurista. Fue un sociólogo proveniente, principalmente, del positivismo francés. Esta particularidad permite identificar un singular aborde de la justicia penal, bajo la vigencia de un discurso que, si bien no se ajusta al tradicional discurso jurídico procesal, sí resulta bastante claro y sistemático, hasta el punto de haberse concretado en el Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1920 cuyo mérito, a diferencia de los demás movimientos de reforma procesal penal en el Perú, fue marcar un antes y un después en lo concerniente a la separación de las funciones de investigación y juicio que, de hecho, las siguientes reformas mantendrían. Así, en apretada síntesis, el cambio gravitacional de la reforma en materia de justicia penal en el Perú no se debió a la influencia de los juristas, sino al pensamiento sociológico. Desde esta perspectiva, en el presente artículo se advertirá como el pensamiento de D. Mariano Hilario Cornejo fue una constante en su desarrollo, como académico y político, a partir de la noción central del “equilibrio de poderes” y de “paridad entre los mecanismos de poder y de control”, que, en el ámbito de la justicia penal, le permita fundamentar la necesidad de implementar un sistema de jurado en el Perú de inicios del siglo XX.

La regla de exclusión consagrada en el inciso final del artículo 29 constitucional como una garantía del sistema de derechos fundamentales fue consagrada expresamente para el proceso penal con la Ley 906 de 2004, en ella se establece que, toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo cual deberá excluirse de la actuación procesal, sin embargo en la misma ley se consagran excepciones a dicha regla generando así, una erosión al sistema de garantías de los derechos fundamentales y por ende un ejemplo de irracionalidad legislativa.

Cada vez está más cerca el 1 de enero de 2005, fecha en la cual, según lo dispone el Acto Legislativo 03 de diciembre 19 de 2002, debe entrar a regir el nuevo sistema de procesamiento penal: el sistema acusatorio. En el acto legislativo1 y en el proyecto de Código de Procedimiento Penal que desarrolla dicho sistema de procesamiento, si bien es cierto el Jurado de Conciencia se enuncia como uno de los órganos llamados a administrar justicia, no se le asigna esquema de funcionamiento alguno -número de integrantes, forma de elección, posesión, instalación, operatividad, etc.- como tampoco se señala qué delitos estarían sometidos al juzgamiento con participación de dicha Institución.

El presente trabajo ofrece un estudio de la medida cautelar de detención regulada en los artículos 122 y siguientes del Código Procesal Penal a la luz de las reformas legales que han alterado su estructura y de los proyectos de ley en tramitación que buscan modificar la regulación legal actualmente vigente en la materia. El artículo expone una visión crítica de los procesos legislativos llevados a cabo en esta área, así como del contenido de las reformas propuestas.