Resumen El presente artículo tiene como objetivo realizar un balance general sobre las muertes ocurridas durante la conflictividad política en Venezuela entre abril y julio de 2017. Se comienza con un análisis del contexto político y...
moreResumen
El presente artículo tiene como objetivo realizar un balance general sobre las muertes ocurridas durante la conflictividad política en Venezuela entre abril y julio de 2017. Se comienza con un análisis del contexto político y social, en el cual se refleja la crisis institucional que generó la ola de protestas. A continuación se ofrece una serie de consideraciones conceptuales sobre el uso excesivo de la fuerza, dando cuenta sobre la obligación que tienen los funcionarios de seguridad de asegurar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica, razones por las cuales deben utilizar la fuerza de manera legal y proporcional. Luego, se explica la base normativa nacional sobre control de manifestaciones, donde se especifican los principios que los funcionarios deben respetar. Además, se expone la distribución de competencias entre los distintos cuerpos de seguridad venezolanos en cuanto a control de manifestaciones. Se continúa con la presentación de una caracterización de las muertes ocurridas entre el 6 de abril y el 27 de julio con base en los registros publicados por el Ministerio Público, incluyendo en el análisis variables de lugar, fecha, tipo de medio empleado, así como perfiles de víctimas y de victimarios. Por último, se ofrecen unas reflexiones finales con miras a establecer algunas recomendaciones ante el difícil contexto que se vislumbra en el futuro inmediato.
Balance of violent deaths that ocurred in the context of political unrest between April and July 2017 in Venezuela
Summary
This article has the objective of doing a general balance of the deaths occurred during the political unrest in Venezuela between April and July 2017. It begins with an analysis of the political and social context, reflecting the institutional crisis that led to the protests. Then a series of conceptual considerations about the excessive use of force are offered, in order to give an account of the obligation of security officials to guarantee and assure the right to life and to pacific assembly, as well as the obligation to use the force legally and proportionally. The national laws on the police management of mass demonstrations and the distribution of competences among the different security corps are next stressed. It continues with a characterization of the deaths occurred between April 6 and July 27 based on the reports published by the State Attorney’s General Office, including variables such as place and date of deaths, as well as profiles of victims and perpetrators. Lastly, some final conclusions are presented in order to offer recommendations ahead of the complicated context that 2018 brings.
