DEMOCRACIA DIGITAL Y EMPODERAMIENTO CIUDADADANO

CAPÍTULO 7. YAYOS INFLUENCERS. EMPODERAMIENTO DE LA TERCERA EDAD A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES ................................... 146 LAURA PICAZO-SÁNCHEZ DAVID GARCÍA-MARÍN CAPÍTULO 8. EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN LAS MOVILIZACIONES DE MAYORES VENEZOLANOS............................................ 167 ELÍZABETH MANJARRÉS RAMOS CAPÍTULO 9. LA PARTICIPACIÓN EN LA CONSULTA PÚBLICA DE LA LEY TRANS: ESTUDIO SOBRE LA REPERCUSIÓN DE LA CAMPAÑA COMUNICATIVA ...................................................................................................... 184 BENJAMÍN CRISTIAN SANTIAGO MONTIEL MIRIAM SARA RANEDO RODRÍGUEZ CAPÍTULO 10. EMPODERAMIENTO COMUNICATIVO Y PARTICIPACION DE UNA ZONA DE COMPENSATORIA EN ZONA DE TRANSFORMACION, USANDO UN CANAL EDUCATIVO DE CREACIÓN PROPIA: SCHOOLCOR CAFÉ .................................................................................. 201 MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ BAUTISTA ANTONIO VILLANUEVA MARTÍN CAPÍTULO 11. COMUNICACIÓN/EDUCACIÓN COMO MODELO CONVERGENTE PARA POBLACIONES AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA ........................................................................................................ 218 VERÓNICA MARTÍNEZ GUZMÁN CAPÍTULO 12. EL NUEVO BESUG DE LOS BOSQUESINOS: EXPERIENCIAS DE LOS INDÍGENAS DEL AMAZONAS COLOMBIANO CON LAS ACTUALES TIC’S ............................................................................................. 240 MARTHA LUNA SEONERAY SECCIÓN II ACTIVISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAPÍTULO 13. DEMOCRACIA DIGITAL Y EMPODERAMIENTO CIUDADADANO ....................................................................................................... 257 ENRIQUE CONEJERO PAZ MARÍA DEL CARMEN SEGURA CUENCA CAPÍTULO 14. EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES .......................................................................... 278 RAQUEL FERNANDA GARCÍA OJEDA MARINA DEL PILAR OLMEDA GARCÍA CAPÍTULO 15. DEMOCRACIA DIGITAL Y NUEVOS MOVIMIENTOS URBANOS. LA APROPIACIÓN TECNOPOLÍTICA TRAS EL 15M EN ESPAÑA ...................................................................................... 296 FRANCISCO JAVIER MORENO GÁLVEZ CAPÍTULO 13 DEMOCRACIA DIGITAL Y EMPODERAMIENTO CIUDADADANO ENRIQUE CONEJERO PAZ Universidad Miguel Hernández de Elche MARÍA DEL CARMEN SEGURA CUENCA Universidad Miguel Hernández de Elche 1. INTRODUCCIÓN Desde hace más de cuatro décadas la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) está cambiando radicalmente la forma en que vivimos y nos relacionamos. Ya desde sus comienzos se abrió la posibilidad de que surgieran nuevas formas de participación política, con la promesa de nuevas dinámicas democráticas que, desde entonces, han sido etiquetadas como potencialmente innovadoras, modernas y participativas y que podrían materializar un empoderamiento ciudadano efectivo. Si bien estas promesas parecían justificadas con respecto a las TIC, es importante destacar que las diferentes propuestas de democracia digital o electrónica se basan, explícita o implícitamente, en conceptos bien enraizados en la teoría democrática (Lindner y Anchholdzer, 2020). En este sentido, las visiones, objetivos y enfoques normativos representados por las diferentes conceptualizaciones de la democracia digital se pueden rastrear volviendo a los principios fundamentales de la teoría democrática. Las democracias liberales siempre son imperfectas y, tradicionalmente, existe un debate permanente sobre el marco institucional y legal, así como sobre el conjunto de hábitos y costumbres que exprese adecuadamente los valores democráticos impregnados en una sociedad y que pueda constituir la quintaesencia de un sistema democrático (Conejero, 2005). ‒ ‒ Existen diferentes concepciones normativas de la democracia28, por consiguiente, cada variante de la democracia basada en las TIC está inspirada por una concepción normativa, esto es, por una comprensión específica de una visión ideal-típica de la comunidad política y su vínculo con el proceso de toma de decisiones políticas. Algunos enfoques de la democracia ponen su énfasis principal en alcanzar un alto grado de representatividad, otros enfoques promueven la protección de los derechos y libertades, mientras que otros argumentan la necesidad de lograr la participación inclusiva y completa de la ciudadanía (Schmidt, 2008). Para este trabajo, se han seleccionado tres modelos ideal-típicos de democracia29, esto es, el modelo liberal, el republicano (o participativo) y el modelo deliberativo (Habermas, 1992; Held, 2006; Lembcke et ál., 2012; Schmidt, 2008; Schultze, 2004). Estos tres modelos se pueden distinguir según concepciones divergentes sobre la naturaleza humana, el papel atribuido al individuo en relación con la sociedad, la ciudadanía, y la comprensión de la libertad. La siguiente descripción general de los tres modelos principales se basa principalmente en los enfoques propuestos por los autores citados con anterioridad. El modelo liberal democrático se basa en elementos clave de la política liberal. Una característica fundamental de este modelo es su fuerte énfasis en los procedimientos. Esto es, en lugar de intentar conceptualizar una forma predefinida de sociedad, este modelo se centra en el análisis de procesos e instituciones que aseguren una toma de decisiones generalmente vinculante. Desde este prisma, el proceso democrático se conceptualiza como una competencia entre actores estratégicos: grupos de interés, partidos Existen múltiples aproximaciones sobre los modelos o tipos de democracia, en este sentido, Held (2002) apuntaba que “dentro de la teoría democrática hay un profundo conflicto entre quienes consideran que la democracia debe referirse a cierto tipo de poder popular y quienes entiende la democracia como un mecanismo que facilita el proceso de toma de decisiones” (p. 25) 29 Otros autores, como Collier y Levitsky (1997) definen más de 550 subtipos de democracia, por lo que el análisis sobre la calidad de las democracias siempre será un problema de índices de democracia. 28 ‒ ‒ políticos, élites, etc. De esta forma, el ciudadano es conceptualizado como un actor racional cuya participación política se limita más o menos a la expresión periódica de sus preferencias individuales por medio del voto. Los procesos de formación de la voluntad política, basados en el debate público y el aprendizaje, no reciben mayor atención en este modelo. Así, la voluntad política de la comunidad democrática se entiende como el resultado de la interacción de intereses en competencia y la agregación de las preferencias individuales de los votantes. En el modelo liberal, el estatus del ciudadano y su esfera privada están protegidos por una serie de derechos fundamentales. El modelo participativo (republicano) descansa en el supuesto de la participación activa de los ciudadanos en la política30. Para lograr este objetivo, se requiere una comunidad política que comparta un amplio conjunto de valores comunes y una orientación al logro del bien común. La comprensión del modelo de lo político va mucho más allá de los simples procedimientos para toma de decisiones colectivas. De esta forma, el proceso político se conceptualiza como el medio central a través del cual la sociedad se constituye y toma conciencia de sí misma como comunidad. Aquí, el escepticismo del modelo liberal hacia la participación política es reemplazado por la primacía de la participación ciudadana. Los procesos colectivos de formación de la voluntad entre ciudadanos libres e iguales se consideran un valor en sí mismo, y la participación se entiende como una característica holística e integral de la política. Por último, el modelo deliberativo está estrechamente relacionado con el anterior, pero incorpora elementos importantes del modelo liberal. En este sentido, este ideal requiere una comprensión específica y exigente de las condiciones de comunicación bajo las cuales se realizan los procesos de formación de la voluntad pública. Podemos decir que surge como una crítica tanto del modelo liberal como del participativo. Así, mientras que el primero privilegia la autonomía individual para 30 Una variante del modelo de democracia participativa es la propuesta de Barber (1984) sobre la democracia fuerte, apostando por una sociedad civil crítica y activa que utilice “nuevas tecnologías para establecer un foro cívico nacional en el debate civil y la discusión política razonable entre comunidades geográfica y económicamente dispersas” (Barber, 2000, p.91) ‒ ‒ evitar la “tiranía de la mayoría”, el segundo pone la soberanía popular en el centro del escenario. En lugar de contraponer los derechos individuales y soberanía popular, ambos objetivos reciben el mismo peso en el modelo deliberativo. El paso integrador es el establecimiento de condiciones sofisticadas para una deliberación pública racional y justa. Idealmente, estas condiciones deben incluir apertura a todos los posibles participantes y puntos de vista, razonamiento e igualdad y libertad de expresión. A diferencia del modelo participativo, este procedimiento orientación no requiere un acuerdo ex ante de gran alcance sobre una determinada forma de sociedad u otras fuentes sustantivas de legitimidad. Las preguntas sobre qué normas deben ser constitutivas de la comunidad son temas clave en los procesos de deliberación pública. Al mismo tiempo, la deliberativa modelo incorpora el constitucionalismo y la garantía de los derechos individuales y libertades. Así, en el modelo deliberativo, el poder político permanece ligado a las instituciones políticas y públicas, y los procedimientos establecidos para la toma de decisiones. La idea de soberanía popular se realiza mediante deliberaciones racionales en la esfera pública y en las redes de organizaciones de la sociedad civil, que ejercen su poder comunicativo para influir en el sistema de toma de decisiones políticas. Una de las principales promesas de las TIC era que su desarrollo permitiría profundizar en la consolidación democrática, sobre todo abriendo nuevas vías para que los modelos de democracia participativa y deliberativa pudieran acercarse a su tipo-ideal. Abundando en lo antedicho, las primeras predicciones sobre las tecnologías de la información y la comunicación también preveían una transformación en la forma en que la sociedad civil interactuaría con el gobierno. No obstante, a nuestro juicio, el desarrollo y la implementación de dicha tecnología, hasta ahora, no ha logrado transformar radicalmente el proceso democrático. Eso sí, la tecnología ha cambiado ciertos aspectos de la administración pública, particularmente para aquellos sectores que usan intensivamente las TIC, como se ha visto durante la pandemia de la COVID-19, pero aún no se ha logrado una síntesis completa entre la participación pública y la tecnología. ‒ ‒ En este capítulo se analizan los requisitos previos para la implementación efectiva de la democracia digital, que incluye, pero no se limita a la implementación de las TIC por parte de los poderes públicos. Más allá de la implementación efectiva de la tecnología, la democracia electrónica también requiere una sociedad civil virtualmente comprometida que desee y sea capaz de utilizar una esfera pública virtual. Al respecto, debemos tener mucho cuidado porque en el camino del desarrollo de la democracia digital pueden aparecer importantes brechas digitales, marginando a los ciudadanos que carezcan de la capacidad de conectarse por diversas razones, como pueden ser desigualdades de renta, infraestructura o preocupaciones por su privacidad. Las diferentes olas de nuevas TIC tienen el potencial de fomentar una esfera pública más inclusiva y fortalecer la democracia, pero se debe tener mucho cuidado para garantizar que no se produzca una censura innecesaria, que las grandes corporaciones no abusen de la esfera pública virtual, que la democracia electrónica sea accesible, que la privacidad de los participantes esté protegida y que los ciudadanos en la esfera pública virtual puedan actuar de buena fe. En este sentido, Sunstein (2003) nos advertía que: Ante el reciente y enorme incremento de las opiniones comunicativas, existe un riesgo omnipresente de sobrecarga informativa: demasiadas opciones, demasiados temas, demasiadas opiniones, una cacofonía de voces. Además, el riesgo de sobrecarga y la necesidad de filtración van de la mano (p.61). 2. DEMOCRACIA DIGITAL Podemos rastrear la literatura sobre la relación entre las TIC y la democracia ya desde la década de los años 60 del siglo pasado, desde entonces se viene anunciando que las nuevas TIC tienen un enorme potencial para transformar las prácticas existentes de comunicación política y los propios sistemas políticos (McLuhan, 1964). Desde entonces la literatura científica ha crecido exponencialmente con la misma velocidad de expansión de las TIC. Y al mismo tiempo se debatía sobre sus implicaciones sobre las instituciones y procesos políticos-administrativos tanto ‒ ‒ en la teoría como en la práctica. Como muchos conceptos en las Ciencias Sociales, no hay consenso sobre la definición de democracia digital. Algunos autores se refieren al término como “democracia electrónica o e-democracia” (Hagen, 1997) o “democracia digital” (Hacker y van Dijk, 2000). Por otra parte, en los inicios del debate encontramos definiciones como “tele democracia” (Becker, 1981), “democracia virtual” (Norris y Jones, 1998) o “ciberdemocracia” (Tsagarousianou et ál., 1998). La democracia digital es un concepto que se ha utilizado durante las últimas dos décadas para referirse a las tecnologías y herramientas habilitadas digitalmente que propician diferentes tipos de procesos participativos, como el seguimiento de políticas y representantes, la firma de peticiones, procesos deliberativos, redacción de textos legales, la votación, etc. Entre las numerosas concepciones más o menos diferentes, se pueden discernir definiciones con un sabor normativo y otras más neutrales. Y cada una de estas definiciones se puede asociar con uno de los modelos básicos de democracia descritos anteriormente. A continuación, revisaremos brevemente algunos de ellos para establecer los conceptos básicos y esbozar el marco conceptual para nuestro análisis de herramientas y sistemas digitales. Una colección de contribuciones, que se centran tanto en cuestiones teóricas como prácticas. Destacando la relación entre los nuevos medios y la democracia, en este sentido, Hacker y van Dijk conceptualizan la “digital democracia” como un concepto normativo, esto es, la democracia digital es el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la comunicación mediante computadores (CMC) en todo tipo de medios (por ejemplo, Internet, radiodifusión interactiva y telefonía digital) con el fin de mejorar la democracia o la participación de la ciudadanía en la comunicación democrática (2000, p.1). En una contribución más reciente, van Dijk (2012) proporciona una actualización de la definición anterior cuando puntualiza que “la democracia digital se puede definir como la búsqueda y la práctica de la ‒ ‒ democracia en cualquier punto de vista utilizando los medios digitales en línea y comunicación política offline” (p.51). Tanto Hacker como van Dijk argumentan a favor del término “democracia digital” como preferible a todos los demás. Sin embargo, esto no significa que la democracia digital reemplace el uso de los medios de comunicación tradicionales. Nosotros nos decantamos en este trabajo por el uso del concepto de “democracia electrónica o e-democracia” como sinónimo de “democracia digital”. Por su parte, Coleman y Norris (2005) también apuestan por la “e-democracia” como concepto clave y señalan un elemento común esencial, esto es, “un hilo conductor ... es la suposición de que la democracia electrónica tiene algo que hacer con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar estructuras y procesos democráticos ” (p. 6 y siguientes); “La democracia electrónica es tanto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba; se trata tanto de los procesos institucionales de jerarquías como de la arreglos de redes más fluidos” (p. 32). Cuando nos referimos a la democracia digital31 se pueden incluir formas híbridas de participación (en línea y fuera de línea) en lugar de solo formas “digitales” o “electrónicas”. Otros términos comunes para designar este amplio dominio son “tecnología participativa” o “tecnología cívica”. Más recientemente, la “democracia digital” también puede incluir formas emergentes de criptodemocracia para la construcción descentralizada de sistemas políticos y el gobierno corporativo y organizacional democrático (Allen et ál., 2019). En los últimos años, el ecosistema de la democracia digital se ha expandido con un número creciente de plataformas y aplicaciones que aprovechan los datos geográficos (mapeo colaborativo), tecnologías 31 Por su parte NESTA (2017, p.11) plantea que se debe establecer una distinción entre las definiciones "minimalista" y "maximalista" de democracia digital. La primera se centra en dar a los ciudadanos acceso a la información y permitiéndoles interactuar con los gobiernos a través de consultas en línea y servicios transaccionales online. La segunda apuesta por una participación más activa de los ciudadanos, permitiéndoles colaborar con los políticos y empleados públicos, tomando sus propias decisiones sobre cómo ellos y sus comunidades locales quieren ser gobernados. ‒ ‒ web semánticas (que proporcionan taxonomías y estructura a temas y argumentos), algoritmos de aprendizaje automático (que sugieren temas relacionados) y una serie de herramientas de colaboración para la colaboración sincrónica y asincrónica (wikis, hojas de cálculo en línea, foros y chats, etc.). La nueva generación de tecnologías cívicas se alinea con diferentes modelos de democracia (liberal, monitorizada, participativa, deliberativa y epistémica) en función del énfasis de sus funcionalidades (Poblet et ál., 2019). Ya en 2009, nos encontramos un proceso de institucionalización de la democracia electrónica cuando se produce la Recomendación europea del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre democracia electrónica (e-democracia)32. Se plantean 12 recomendaciones, haciendo énfasis en que: El Comité de Ministros, de acuerdo con el artículo 15.b del Estatuto del Consejo de Europa [...]. Recomienda que los Estados miembros: 1. considerar la posibilidad de aprovechar las oportunidades que ofrece la edemocracia para fortalecer la democracia, las instituciones democráticas y los procesos democráticos; 2. considerar e implementar la e-democracia como el apoyo y fortalecimiento de la democracia, las instituciones democráticas y los procesos democráticos a través de las TIC, y vinculado con el compromiso a la participación y la reanudación de la participación de los ciudadanos en la democracia; [...] (p. 3) También, en su anexo, incorpora una larga lista de 80 “principios de la democracia electrónica” y 102 “Directrices”. Cabe destacar dos principios fundamentales: Al introducir o tomar medidas para mejorar democracia electrónica, las partes interesadas deben tener en cuenta los siguientes principios de la democracia electrónica: 1. La e-democracia, como apoyo y mejora de la democracia, las instituciones democráticas y los procesos democráticos a través de las TIC, tiene que ver sobre todo con la democracia. 2. La e-democracia es una de varias estrategias para fomentar la democracia, las instituciones y procesos democráticos, y la 32 Ver Recomendación CM / Rec (2009) 1 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la democracia electrónica (e-democracia) (Adoptada por el Comité de Ministros el 18 de febrero 2009 en la reunión del 1049a Delegados de Ministros). ‒ ‒ difusión de los valores democráticos. Es adicional, complementario e interrelacionado con los procesos tradicionales de democracia. Cada proceso tiene sus méritos: ninguno es de aplicación universal. Por último, a raíz de la pandemia de la COVID 19 y la necesidad imperiosa de un mundo cada vez más digital, la Comisión Europea ha presentado una hoja de ruta para la transformación digital de Europa hasta 2030. En este sentido, se pretende convertir a la Unión Europea digitalmente soberana en un mundo abierto e interconectado, e implementar políticas digitales que empoderen a las personas y a las empresas con el objetivo de alcanzar un futuro digital centrado en el ser humano, sostenible y más próspero. La llamada “Brújula Digital” se basa en la estrategia digital de la Comisión Europea de febrero de 2020 y gira en torno a cuatro puntos clave (Comisión Europea, 2021): 1) Ciudadanos con capacidades digitales y profesionales del sector digital altamente cualificados: En 2030, al menos el 80% de todos los adultos deberían tener competencias digitales básicas y la UE debería tener 20 millones de especialistas en TIC, con perspectiva de género. 1) Infraestructuras digitales seguras, eficaces y sostenibles: En 2030, todos los hogares de la UE deberían tener conectividad de gigabit y todas las zonas pobladas deberían estar cubiertas por redes 5G; la producción de semiconductores de punta y sostenibles en Europa debería representar el 20% de la producción mundial; deberían desplegarse en la UE diez mil nodos externos muy seguros y climáticamente neutros; y Europa debería tener su primer ordenador cuántico. 3) Transformación digital de las empresas: Para 2030, tres de cada cuatro empresas deberían utilizar servicios de computación en nube, macro datos e inteligencia artificial; más del 90% de las pymes debería alcanzar al menos un nivel básico de intensidad digital; y el número de unicornios de la UE debería duplicarse. 4) Digitalización de los servicios públicos: Para 2030, todos los servicios públicos clave deberían estar disponibles en línea; todos los ciudadanos deberían tener acceso a su historial médico electrónico; y el 80% ‒ ‒ de los ciudadanos deberían utilizar una solución de identificación electrónica. A nuestro juicio la implementación efectiva de la democracia digital debe intentar solventar los siguientes retos: a) Participación Una de las grandes promesas de la democracia digital es alcanzar unos mayores niveles de participación política. El reto es mayúsculo porque según informe del Índice de democracia (2020), elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, donde se hace un análisis del estado de la democracia en el mundo en el año de la COVID-19, las noticias son desalentadoras: se constata un retroceso de la democracia a nivel global. En el año 2020, casi la mitad de la población, eso es el 49%, vive en algún tipo de democracia. Y solo el 8,4% vive en las democracias llamadas “plenas”. Y todavía más de un tercio de la población mundial, el 35,6%, vive en sistemas políticos no democráticos. De esta forma, sólo 75 de los 167 países analizados, es decir, el 45% del total, se consideran democracias. b) Igualdad de acceso: Globalmente, el número de usuarios de Internet ha aumentado de 738 millones en el año 2000 a 5.000 millones en 2020 (Internet World Stat, 2020). Esto es, casi el 80% del mundo puede conectarse a Internet. Una de las principales causas de que los ciudadanos no usen Internet, aun teniendo posibilidades de acceso, se deriva de su elevado coste. En este sentido, entendemos que, si se ha constitucionalizado la participación política como un derecho, y se necesita del acceso a la red para participar, entonces deberíamos procurar que el acceso a Internet también se convierta en un derecho. Sin embargo, el “derecho a estar conectado” puede estar amenazado por las desigualdades económicas y sociales, por un lado, y por el afán de restringir el acceso y controlar la información en Internet por parte de algunos gobiernos y las propias empresas tecnológicas que van acumulado posiciones de oligopolio. c) Validación: ‒ ‒ En la democracia virtual los procesos de validación no son sólo el desarrollo de máquinas de votación fiables y seguras, sino que se debe mejorar una amplia gama de temas sobre la protección de los actuales sistemas de votación: verificación de identidad, seguridad y privacidad de los datos, privacidad del voto y auditabilidad. d) Deliberación: En los procesos tradicionales de un solo canal: una persona puede hablar a la vez. Esto es viable para pequeños grupos de comunicación, pero el número de conversaciones potenciales crece exponencialmente con el número de participantes. Si solo hay un micrófono: un ayuntamiento o una asamblea, por ejemplo: las cosas se pueden volver rápidamente inmanejables debido al cuello de botella que se puede producir en el debate. Este es uno de los mayores desafíos para la toma de decisiones grupales. Las TIC y las redes sociales proporcionan comunicación multicanal, pero el poder de estas innovaciones, en sí mismas, han creado otros desafíos. No esta demás, recordar los impactos de la creación de silos y la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales. Por tanto, para que funcione una democracia digital no basta con tener canales de comunicación disponibles. Se necesita deliberación, argumentación y debate para alcanzar entre todos el bien común. Las herramientas de comentarios de las plataformas de redes sociales como Facebook no suelen favorecer el diálogo deliberativo. Sin embargo, en los últimos años ha habido una considerable innovación en el apoyo a la comunicación de estilo debate en línea. Son ya bastantes las experiencias en la creación de plataformas de software libre para la toma de decisiones colectivas. Ya en 2003 la OCDE nos advertía de los desafíos a los que se enfrentaba la implementación de la democracia electrónica, destacando que los niveles locales de gobierno eran escenarios ideales para aprovechar las innovaciones de las TIC en la democracia, para después ser incorporada a otros niveles de gobiernos e instituciones políticas. Resaltando también que cualquier enfoque de participación electrónica que resulte exitoso en un contexto dado debe adaptarse a la cultura, tradiciones y objetivos de cada país. Los 5 desafíos siguen estando presentes hoy en día: ‒ ‒ 1. Escala Desde la perspectiva de un ciudadano, ¿cómo puede la tecnología permitir que la opinión de una persona pueda ser escuchada y no perderse en el debate de masas? Existe, por tanto, una necesidad de adoptar medidas políticas y tecnologías que sirvan para promover y mantener los espacios públicos virtuales que permiten que la voz de un individuo se convierta en una comunidad pública. Desde la perspectiva de los poderes públicos, se presenta el desafío de cómo escuchar y responder adecuadamente a cada contribución individual. No cabe otra opción que fomentar las comunidades en línea y desarrollo de herramientas TIC para apoyar tales las comunidades. 2. Capacidad El segundo desafío se refiere a cómo proporcionar a los ciudadanos una mayor información sobre asuntos públicos y mejorar su capacidad para escuchar y participar con argumentos y contraargumentos. Al mismo tiempo, se debe realizar los esfuerzos necesarios para crear la cultura adecuada en el ecosistema político-administrativo, con respecto a las oportunidades y límites de los nuevos canales para la participación y colaboración ciudadana en el ciclo de políticas públicas que ofrecen las TIC. La accesibilidad, la información comprensible y la oportunidad de participar en un debate, habilitados por herramientas tales como foros de discusión, son condiciones básicas. Temas estrechamente relacionados con lo anterior, son la necesidad de tender puentes entre la brecha digital y la participación de grupos tradicionalmente marginados en la formulación de políticas (por ejemplo, mayores, jóvenes o personas con menos recursos). El desafío se enmarca en desarrollar herramientas efectivas para la participación virtual que brinden a los ciudadanos la oportunidad tanto de participar como de comprender el trabajo colectivo de toma de decisiones y el desarrollo de habilidades para empoderar a la ciudadanía. 3. Coherencia Los gobiernos deben adoptar una visión holística del ciclo de políticas públicas y diseñar tecnologías para apoyar los procesos de información, ‒ ‒ consultoría, participación, diseño, retroalimentación y evaluación. Sin duda, conducirá a diseñar mejores políticas y servicios públicos, que tienen más probabilidades de ser implementados con éxito. También, se debe considerar la posibilidad de abordar qué medida las técnicas de gestión del conocimiento podrían respaldar el ciclo de formulación de políticas públicas. 4. Evaluación A medida que los gobiernos apoyan cada vez más el desarrollo de las TIC para permitir participación ciudadana en asuntos públicos, la ciudadanía se vuelve más crítica y exigente. Por tanto, se necesitan herramientas y mecanismos de evaluación para valorar científicamente el valor agregado de la participación virtual. La evaluación es la herramienta que nos permite mejorar y rendir cuentas de los recursos invertidos. 5. Compromiso Corresponde a la consolidación de las democracias involucrar a los ciudadanos en la esfera pública virtual, la mera existencia de las TIC genera expectativas legítimas de que la opinión pública se utilizará para mejorar la toma de decisiones políticas. Por este motivo, los gobiernos deben adaptar sus estructuras y procesos para asegurar que los resultados de las consultas en línea sean analizados, difundidos y utilizados. Este compromiso debe ser comunicado ampliamente, demostrado en la práctica y validado regularmente. (por ejemplo, a través de informes anuales, auditorías, revisiones parlamentarias). 3. DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO AL GOBIERNO DIGITAL Para materializar las promesas políticas es indispensable la acción de los gobiernos y de las administraciones públicas. Desde los comienzos de este siglo hemos ido transitando en la evolución del concepto de gobierno, poniendo etiquetas como gobierno electrónico (Baum y Di Maio, 2000; Gascó, 2014), gobierno abierto (Conejero, 2013; Meijer et ál., 2012) o gobierno digital (Fishenden y Thompson, 2012) ‒ ‒ El gobierno electrónico hacía alusión a la incorporación del las TIC a las administraciones públicas, con el objetivo de mejorar los procesos internos y la provisión de servicios públicos utilizando las nuevas tecnologías disponibles, redundando en una buena gobernanza pública. Por su parte, un gobierno abierto es aquel que establece una constante deliberación con los ciudadanos, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente (Calderón y Lorenzo, 2010). Por otro lado, se puede considerar como una doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a transparencia para conseguir una mayor participación ciudadana y una mejor regulación. Desde otra perspectiva, para la OCDE el término ha evolucionado desde una mirada basada en tres dimensiones relevantes que apelan a contar con una Administración Pública transparente, accesible y receptiva (OCDE, 2006), a un enfoque donde se le considera como plataforma para resolver cómo el gobierno puede trabajar con la sociedad y los individuos para co-crear valor público (OCDE, 2010). En su informe del año 2003 “Un gobierno abierto: fomentar el diálogo con la sociedad civil”, la OCDE ya adelantaba una noción preliminar sobre el concepto de Open Government bajo el rótulo de “Administración Abierta”, concebida como plataforma de base para “implantar sólidos marcos jurídicos, institucionales y políticos que rijan el acceso a la información, la consulta y la participación pública en la materia contribuye a mejorar la política pública, a luchar contra la corrupción y a incrementar la confianza de la sociedad en la Administración”. En su concepción y propósito original, aludía a la necesidad del gobierno y la administración pública para conectar de manera más fluida con la sociedad civil en el marco de lograr una mayor implicación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas y promover el buen gobierno: “informar, consultar y hacer participar a los ciudadanos constituyen los pilares de todo buen gobierno, los medios adecuados de fomentar la apertura, y una buena inversión para mejorar la elaboración de las políticas públicas” (OCDE, 2003) ‒ ‒ Los comienzos de la Administración Obama en los EE.UU. y sus esfuerzos por modernizar la administración federal significaron el inicio del redescubrimiento del concepto gobierno abierto (open government) dentro del sector público en todo el mundo. En este sentido, el Memorándum for Transparency and Open Government (21 de enero de 2009), incorporó esta cuestión como una prioridad política de primer orden en torno a tres principios claves: colaboración, transparencia y participación. A partir de entonces el paradigma de gobierno abierto se ha desarrollado por todo el mundo33. En cuanto al gobierno digital, la OCDE (2020) propone un marco de actuación en políticas para su implementación efectiva (figura 1) basado en seis ejes: 1) Digital por diseño;2) Sector público basado en datos; 3) Gobierno como plataforma; 4) Abierto por defecto; 5) Impulsado por el usuario, y 6) Proactividad. FIGURA 1. Marco políticas gobierno digital OCDE Fuente: OCDE (2020, p. 6) Existe una Alianza del Gobierno Abierto desde 2011, que incluye 78 países y 76 gobiernos locales, ver en https://www.opengovpartnership.org/es/about/ 33 ‒ ‒ 1) Digital por diseño: Para que la transformación digital del gobierno tenga éxito, las tecnologías digitales deben estar completamente integradas en la formulación de políticas públicas y en los procesos de diseño de servicios desde el principio. Se propone un sector público por diseño, esto implica la movilización de las tecnologías de última generación y la gestión efectiva de los datos existentes y emergentes para repensar y rediseñar los procesos públicos. El objetivo es simplificar los procedimientos, innovar los servicios públicos y abrir múltiples canales de comunicación y compromiso a través de la red o gobernanza pública: contar con los actores públicos, privados, del tercer sector y la ciudadanía. Esto es esencial para fomentar sectores públicos que no solo sean más eficientes en la creación de valor público, sino que también sean capaces de generar resultados con políticas más sostenibles y centradas en los ciudadanos. Un enfoque que es digital por diseño requiere un liderazgo político claro y mecanismos de coordinación efectivos con estrategias sólidas, herramientas de gestión y regulaciones, para garantizar que lo “digital” se considere no solo sea considerado como un tema técnico, sino también como un elemento transformador obligatorio que debe integrarse. a lo largo de los procesos de diseño de servicios y políticas públicas. Una cultura digital por diseño requiere que los gobiernos sean agnósticos en tecnología, pero plenamente conscientes de las oportunidades digitales existentes para un mejor funcionamiento de la administración y el sector público, alcanzado una mejor creación de valor público. Un gobierno digital necesita un sector público capaz de abordar los desafíos técnicos a fin de sentar las bases para un rápido desarrollo tecnológico y la digitalización progresiva de los servicios públicos. 2) Sector público basado en datos: Un gobierno verdaderamente impulsado por datos debería: ‒ Reconocer y gobernar los datos como un activo estratégico clave, definir su valor, medir su impacto y reflejar los esfuerzos activos para eliminar las barreras para administrar, compartir y reutilizar datos. ‒ ‒ ‒ Aplicar datos para transformar el diseño, la entrega y el seguimiento de las políticas y los servicios públicos. ‒ Valorar los esfuerzos para publicar datos abiertos y el uso de datos dentro, entre y fuera de las organizaciones públicas. ‒ Comprender los derechos de los ciudadanos respecto a los datos en cuanto a comportamiento ético, transparencia en su uso, protección de la privacidad y seguridad de los datos. 3) Gobierno como plataforma: Los gobiernos están rediseñando cada vez más los servicios para centrarse en las necesidades de sus ciudadanos de forma que aprovechen los datos, Internet y las tecnologías digitales. Dado el alcance y la complejidad del sector público, existe el riesgo de que la transformación de los servicios gubernamentales se produzca de manera fragmentada durante un período prolongado en lugar de entregarse de manera oportuna de acuerdo a la escala, coherencia y eficacia requeridas. El gobierno propuesto como plataforma permite la transformación a escala mediante la creación de un ecosistema que permite a los equipos de servicio centrarse en las necesidades únicas de sus usuarios. Por lo tanto, el gobierno como plataforma no es solo una cuestión de implementar varias plataformas tecnológicas para mejorar la experiencia del usuario de un servicio determinado; representa un enfoque más integral para abordar los desafíos que pueden enfrentar un equipo de servicio que luego puede enfocarse en las necesidades de los usuarios. Fuentes claras de datos y transparencia en torno al acceso, la capacidad de mejora dentro de los equipos y un mejor acceso a los proveedores, así como la orientación sobre cómo entregar adecuadamente y acceder a la tecnología y las herramientas, facilitando la prestación de servicios públicos de manera más eficiente y efectiva. 4) Abierto por defecto: Abierto por defecto se corresponde con el paradigma de gobierno abierto planteado con anterioridad, significa comunicar, informar, consultar y comprometerse con actores externos e internos para co-crear valor público, generar conocimiento y desarrollar inteligencia pública basada en una cultura basada en el diseño. ‒ ‒ 4. CONCLUSIONES Este trabajo ha puesto de manifiesto las potencialidades de las TIC en la profundización de la democracia participativa y deliberativa que pueden lograr un empoderamiento efectivo de la ciudadanía. Pero, a su vez, hemos expuesto que el desarrollo exponencial de las TIC no ha cumplido con las expectativas generadas en cuanto a la mejora de la participación y colaboración ciudadana. El mundo pospándemico demandará cada vez más una gobernanza inteligente de los asuntos públicos, también debemos destacar que el impacto de dos grandes crisis en apenas una década (la Gran Recesión de 2008 y la crisis de la COVID-19) obligan a los poderes públicos a transformar radicalmente su forma de actuar, por tanto, se hace necesario implementar políticas que desarrollen la democracia y el gobierno digital para dar una respuesta más efectiva a las necesidades y problemas de la sociedad. Es evidente que las posibilidades de las TIC son infinitas, pero sólo se materializarán si se cuenta con la voluntad política y la habilidad técnica para incorporarlas al proceso político-administrativo, sin embargo, en la práctica nos encontramos con las resistencias del actual sistema de democracia representativa. La tecnología es poder, y en este sentido, las TIC pueden equilibrar las relaciones de poder entre el sector público, el sector privado y la ciudanía, brindándole a este último un empoderamiento que permita una mejora de la calidad de nuestras democracias. El proyecto seguirá siendo el mismo construir sociedades más prósperas, inclusivas, democrática y sostenibles. Los gobiernos y sus Administraciones públicas deben liderar este camino a través de una gobernanza inteligente efectiva, la transformación que supondrá la Revolución 4.0 debe ir acompañada de una implementación real de la democracia digital, el futuro de nuestras sociedades depende de su éxito. ‒ ‒ 5. 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